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Corte Constitucional - Autos

Contiene corte constitucional - autos y sentencias expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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2026

Auto A-1019 de 2026

[Resumen automatizado: En el Auto 899 de 2025, la Sala declaró el cumplimiento bajo del primer objetivo constitucional, relacionado con "aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua", al constatar que las acciones, y por lo tanto los datos informados por las entidades obligadas, eran insuficientes para reconocer avances significativos respecto de la situación advertida en la Sentencia T-302 de 2017. || Respecto a su resolutivo segundo, la Sala le ordenó al Comité Técnico de Agua Potable (CTAP) del MESEPP[12] que, por medio de la Consejería Presidencial para las Regiones (la Consejería), atendiera tres grupos de medidas que debían ser acreditados: (i) dar cuenta de un informe sobre el impacto en las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad y calidad el agua[13]; (ii) la culminación y publicidad de un inventario de infraestructura en materia de agua[14]; y (iii) acreditar que las acciones adoptadas en el PPA garantizan el 100% de las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, del total de la población infantil conocida en el corto plazo[15].] - [Palabras claves automatizadas: agua, sala, cumplimiento, auto, información, población, comunidades, derecho, calidad, potable, informe]

Auto A-1017 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, conformada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente providencia. || Este auto tiene como finalidad ordenar la práctica de una inspección judicial, dirigida a constatar aquellas acciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos, así como, al control, seguimiento y verificación de las acciones implementadas en el marco del Plan Provisional de Acción. || Transcurridos ocho (8) años desde la notificación de la sentencia y cuatro (4) desde la orden de diseñar un Plan Provisional de Acción, la Sala requiere verificar directamente los resultados de las acciones ejecutadas por los gobiernos nacional y regional, su ajuste a la cosmovisión del pueblo indígena, la situación actual de la niñez Wayuu frente al goce efectivo de sus derechos, y los bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que impiden la superación definitiva del ECI. || En segundo lugar, la información recabada constituirá un insumo relevante para posteriores valoraciones judiciales sobre el cumplimiento de la sentencia y de sus autos de seguimiento, en tanto permitirá identificar avances, obstáculos y bloqueos, así como establecer soluciones que posibiliten superarlos o, en su defecto, determinar los factores que han impedido avanzar en la ejecución de las órdenes estructurales impartidas.] - [Palabras claves automatizadas: inspección, diligencia, sala, judicial, agua, salud, condiciones, sentencia, así, nacional, auto, calidad, municipios]

Auto A-1015 de 2026

[Resumen automatizado: A su turno, señaló que el juez de instancia: (i) "no realizó un análisis exhaustivo de las pruebas allegadas"[4]; (ii) desconoció la normativa y la jurisprudencia que debía aplicarse al caso en concreto, la cual establece que es el empleador quien debe adelantar el trámite de reconocimiento y pago de la licencia de paternidad ante la EPS; y (iii) resaltó que la sola comunicación que sostuvo con su jefe directo es suficiente para acreditar que la empresa tenía conocimiento de su solicitud, toda vez que, como superior inmediato, le asistía la obligación de indicar los canales a los que debía remitir la información, lo cual no hizo. || En efecto, la Sala concluyó que, por un lado, la empresa accionada había vulnerado el derecho de petición del actor al no haber brindado una respuesta a sus solicitudes y, por el otro, que el accionante cumplió con los dos presupuestos legales necesarios para activar el fuero de paternidad, a saber: (i) la notificación verbal o escrita al empleador del estado de embarazo de su cónyuge; y (ii) la entrega de una prueba que acreditara el estado de gestación, dentro del término legal previsto.] - [Palabras claves automatizadas: corte, solicitud, sentencia, parte, fuero, i, ii, resolutiva, sala, reintegro, trabajador, empresa, si, licencia, constitucional]

Auto A-1014 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario, y en los Centros de Detención Transitoria, declarado, reiterado y extendido en las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015, SU-122 de 2022 y SU-512 de 2024 (en adelante, Sala o Sala Especial), integrada por las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez, Paola Andrea Meneses Mosquera, y por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, profiere el presente || Mediante auto del 2 de diciembre de 2024, la Sala Especial ordenó a las gobernaciones departamentales que, en un término de un (1) mes contado a partir de la notificación, coordinaran con cada uno de sus municipios la remisión de un informe unificado por departamento sobre la disposición de inmuebles para el traslado temporal de las personas privadas de la libertad procesadas no condenadas recluidas en los centros de detención transitoria de su jurisdicción.[7] La Secretaría General de la Corte notificó ese auto mediante el oficio B-556/2024 del 5 de diciembre de 2024.] - [Palabras claves automatizadas: sala, especial, departamento, corte, auto, sentencia, constitucional, general, la, mayo, documentos]

Auto A-1011 de 2026

[Resumen automatizado: La señora Sofía indicó que la entidad accionada desconoció el principio de condición más beneficiosa, dado que, en sus circunstancias, supera "el test de procedencia", por cuanto: (i) tiene 89 años, fue identificada en el grupo de pobreza moderada (grupo B3) del Sisbén, es beneficiaria de uno de sus hijos en el sistema de salud y no tiene ingresos propios; (ii) la falta de reconocimiento de la prestación pensional afecta su posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas; (iii) siempre dependió económicamente de su esposo porque, por el contexto histórico en el que creció, no pudo acceder a educación ni al mercado laboral; (iv) su esposo no continuó realizando aportes al sistema de pensiones por causas estructurales relacionadas con la informalidad del sector en el que trabajaba (construcción), la edad avanzada y las barreras en el acceso al empleo; y (v) fue diligente para solicitar el reconocimiento de sus derechos pensionales en la vía administrativa. || Con fundamento en los anteriores parámetros, la Sala Primera de Revisión estima necesario decretar, como medida provisional, el reconocimiento y pago del 50% de la mesada pensional de sobrevivientes a favor de la señora Sofía, a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), mientras la Corte Constitucional adopta una decisión de fondo en el trámite de revisión del expediente T-11.919.968.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, decisión, proceso, trámite, tutela, sala, la, protección, medida, pensión, pensional, expediente, entidad, corte, situación, constitucional, revisión, principio, si]

Auto A-1001 de 2026

[Resumen automatizado: Adicionalmente, en el escrito de corrección el demandante reiteró los hechos expuestos dentro de la demanda inicial, relacionados con su vinculación al Ejército Nacional, los actos de presunto acoso laboral, su condición de salud y posterior desvinculación, lo cual llevó al despacho a evidenciar que el actor no formuló cargo alguno concreto de inconstitucionalidad y a colegir que el accionante busca el reconocimiento y pago de acreencias, aspectos estos que corresponden a finalidades ajenas al control abstracto de constitucionalidad y que, a su turno, se deben perseguir mediante otros mecanismos judiciales especialmente dispuestos para tal efecto. || El 22 de junio de 2026, dentro del término de ejecutoria del auto de rechazo[8], el accionante presentó recurso de súplica en el que reiteró las situaciones fácticas planteadas tanto en el escrito de demanda, como en el escrito de corrección. || La Sala Plena procede a evaluar si el recurso de súplica presentado por Brayan Alexis Vargas Roballo contra el Auto del�17 de junio de 2026,�que rechazó la demanda de inconstitucionalidad correspondiente al radicado D-17476, cumple con los requisitos de procedencia.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, recurso, constitucional, rechazo, corte, escrito, junio, inconstitucionalidad, salud, auto, sala, laboral]

Auto A-969 de 2026

[Resumen automatizado: REMITIR al presidente de la República el denominado “Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia sobre la creación de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional (Zona Económica Especial Binacional)”, suscrito en Caracas el 17 de julio de 2025, para que le imparta el trámite constitucionalmente previsto para los tratados internacionales, esto es, la aprobación por el Congreso de la República y la revisión por la Corte Constitucional. || DECLARAR que el denominado “Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia sobre la creación de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional (Zona Económica Especial Binacional)”, suscrito en Caracas el 17 de julio de 2025, no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados internacionales, de conformidad con los artículos 150.16 y 241 numeral 10 de la Carta Política. || A través de dos asuntos acumulados los demandantes cuestionaron por vía de acción de inconstitucionalidad el memorando de entendimiento entre Venezuela y Colombia sobre la creación de una Zona Económica Especial Binacional, al considerar que con independencia de la denominación formal del instrumento y del reconocimiento expreso que no crea obligaciones vinculantes, por su contenido material lo convierte en un tratado internacional, por lo que ha debido someterse a la aprobación del Congreso de la República y al control automático de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tratado, internacional, internacionales, república, cooperación, colombia, instrumento, magistrado, corte, constitucional, obligaciones]

Auto A-762 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, la Corte Constitucional concluye que el Juzgado 002 Civil del Circuito de Tuluá�es la autoridad competente para conocer el presente asunto, porque el contenido de la escritura pública cuya nulidad se pretende (i) surge del ejercicio de la Ley 675 de 2001 sobre propiedad horizontal, (ii) no se trata ni contiene un acto administrativo y (iii) tampoco se refiere a un contrato en el cual intervenga una entidad estatal. || Las controversias relacionadas con actas de asamblea de propiedad horizontal, proferidas en ejercicio de la Ley 675 de 2001, aunque sean protocolizadas mediante escritura pública, son competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.8 y 382 del Código General del Proceso, con independencia de que una persona de derecho público ejerza un coeficiente de copropiedad en dicha propiedad horizontal. || Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7536 al Juzgado 002 Civil del Circuito de Tuluá para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia al Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, pública, administrativo, propiedad, ley, estatal, jurisdicciones, constitucional, asunto, corte, ordinaria, controversias, conflicto, conocer, contenido, proyecto]

Auto A-761 de 2026

[Resumen automatizado: Como sustento de las pretensiones, la parte actora señaló que: (i) CHEC S.A. y VATIA S.A. son empresas prestadoras de servicios públicos de energía[2], reguladas por el artículo 333 de la Constitución Política, que forman parte del mercado de energía mayorista[3], a través de la frontera comercial[4] FRT20657, debidamente registrada ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales[5] (ASIC)[6]; (ii) con ocasión de la frontera comercial, CHEC S.A., como operador de la red, entrega energía eléctrica a VATIA S.A., en su calidad de comercializador del Consorcio Canales Nacionales Privados, bajo las condiciones técnicas y comerciales establecidas en las Resoluciones CREG[7] 084 de 2007[8], CREG 156 de 2011[9] y CREG 157 de 2011[10]; (iii) durante el periodo comprendido entre enero y julio de 2024, se evidenciaron pérdidas atípicas en el transformador correspondiente a la frontera comercial FRT20657, por error en el factor de multiplicación; (iv) durante los 7 meses que duró el error se registró una pérdida de 49.000 kWh correspondiente a energía efectivamente entregada por CHEC S.A; (v) la energía no facturada 49.000 kWh se valoriza en $32.774.824 , de acuerdo con las tarifas aplicables al período, la cual fue incluida por CHEC S.A. en la factura de venta No. RI9061.] - [Palabras claves automatizadas: ley, energía, proceso, jurisdicción, mercado, corte, comerciales, servicios, contratos, públicos, administrativo, conflicto, empresas, demanda]

Auto A-759 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional[1], en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente auto, por medio del cual resuelve una solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-767 de 2015, con base en los siguientes: || Al respecto, esta Sala de Revisión pone de presente que, en los términos de los artículos 23, 27, 36 y 52 del Decreto 2591 de 1991, la competencia ordinaria para adelantar el trámite de cumplimiento y, eventualmente, el incidente de desacato, con el fin de procurar la observancia de las órdenes proferidas en la Sentencia T-767 de 2015, recae, en principio, en la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en su calidad de autoridad judicial de primera instancia[27]. || SEGUNDO:�Por intermedio de la Secretaría General,�REMITIR�la solicitud de Juana María Castro Borrero a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para que, en los términos de los artículos 23, 27, 36 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991, se pronuncie sobre el cumplimiento de la Sentencia T-767 de 2015, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.] - [Palabras claves automatizadas: corte, cumplimiento, constitucional, desacato, competencia, tutela, decreto, sección, sentencia, juez, instancia, sala, decisión, trámite, fallo]

Auto A-758 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés González y la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente: || Específicamente, (i) el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Plato, Magdalena, ha ejercido su competencia, prueba de ello, es la apertura formal del incidente mediante Auto del 27 de abril de 2026[14]; (ii) la autoridad que en criterio de la accionante no ha obedecido las órdenes proferidas en la Sentencia T-266 de 2024 no es una alta Corte; (iii) la Sentencia T-266 de 2024 no contiene órdenes complejas que demanden un seguimiento permanente o la aprobación de nuevas decisiones y tampoco; (iv) se evidencia que hasta el momento la intervención de esta Corporación sea imperiosa para lograr el cumplimiento del fallo, salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional o lograr la protección efectiva de derechos fundamentales. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR la solicitud presentada por la señora Paola, junto con sus anexos, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Plato, Magdalena, para que sea incorporada al trámite del incidente de desacato relacionado con el cumplimiento de la Sentencia T-266 de 2024 y, en ejercicio de sus competencias, continúe con su conocimiento y adopte las decisiones a que haya lugar, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.] - [Palabras claves automatizadas: auto, corte, juez, desacato, cumplimiento, primera, órdenes, solicitud, sala, constitucional, sentencia, tutela, autoridad]

Auto A-756 de 2026

[Resumen automatizado: La Contraloría General de la República, en el Informe CGR-CDSJ 007-2025 de auditoría de cumplimiento de las órdenes del Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, identificó deficiencias críticas en la gestión del ERON Sabanas de San Ángel, entre ellas: (i) debilidades sustanciales en la planeación integral del proyecto, evidenciadas en cronogramas incumplidos y subestimación de costos; (ii) ejecución financiera desalineada con el avance físico, con el 62,55 % de recursos ejecutados frente al 47,85 % de avance físico al corte de julio de 2025, lo que sugiere sobrecostos o deficiencias en la supervisión; (iii) ausencia de permisos ambientales vigentes para algunas actividades constructivas y operativas; (iv) debilidades graves en la supervisión e interventoría contractual; y (v) riesgos altos de incumplimiento de cronogramas por una desfinanciación estimada superior a $118.946 millones de pesos.[11] La Sala contrastó estas conclusiones con la información remitida de la USPEC -que reportó un avance del 76 % al 15 de octubre de 2025-,[12] y con la verificación de la Defensoría del Pueblo.[13] Ese contraste no desvirtúa los hallazgos estructurales de la Contraloría ni elimina la persistencia de los riesgos financieros, contractuales y operativos que comprometen la viabilidad del proyecto.] - [Palabras claves automatizadas: sala, corte, ministerio, presupuestal, san, proyecto, recursos, auto, cupos, sentencia, constitucional, especial]

Auto A-755 de 2026

[Resumen automatizado: SEXTO.-�En el expediente�T-9.879.144, se advierte que se mantiene el ECI declarado en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, en razón de lo cual se resuelve,�REVOCAR�la sentencia�del 18 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Superior de Manizales -Sala de Decisión Penal- que confirmó el fallo emitido el 10 de agosto de 2023, por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, que negó la acción de tutela interpuesta por Rubén Darío Giraldo López y 150 internos más, del pabellón número 5 de�la�CPAMS La Dorada�-Caldas-, contra la Dirección de la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- y la Dirección General del INPEC, y en su lugar,�AMPARAR�los derechos�fundamentales a la dignidad humana, a un trato digno y a una vida digna, invocados. || DÉCIMO NOVENO.-�ORDENAR�por Secretaría General de la Corte Constitucional,�REMITIR�COPIA�de esta decisión a la Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022, para que, en el marco de sus competencias, valore la pertinencia de las medidas adoptadas en relación con la vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad, concretamente en el�Establecimiento Penitenciario y Carcelario «La Juana» de La Dorada -Caldas.] - [Palabras claves automatizadas: sentencia, cumplimiento, desacato, tutela, derechos, instancia, corte, constitucional, competencia, acción]

Auto A-754 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien la preside, y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar y, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve lo pertinente respecto de la solicitud de aclaración, cumplimiento y modulación del resolutivo segundo de la Sentencia T-313 de 2024, con fundamento en lo siguiente: || La Corte Constitucional[14] ha precisado que la solicitud de aclaración no procede para (i) cuestionar la decisión judicial adoptada; (ii) adicionar nuevos elementos jurídicos al fallo original; o (iii) cuando las observaciones del solicitante se refieren a aspectos marginales incluidos en la parte motiva, que no guardan una relación inescindible con lo decidido en la parte resolutiva de la sentencia; ni (iv) para absolver consultas. || A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR este Auto y la solicitud presentada por Rafael a la Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus competencias, valore si hay lugar a brindar orientación, acompañamiento o impulsar las actuaciones que estime procedentes ante el juez competente para efectos del cumplimiento de la Sentencia T-313 de 2024.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, corte, juez, sentencia, cumplimiento, debe, parte, auto, decisión, sala, solicitud, órdenes, fallo, cargo, desacato, si]

Auto A-753 de 2026

[Resumen automatizado: Con fundamento en lo anterior, solicitaron que[4]: (i) se concediera el amparo de los derechos fundamentales a la educación, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y de petición de los niños, niñas y adolescentes representados; (ii) se ordenara "el traslado de los estudiantes a la sede Bajo San Francisco de la Institución Educativa Kilischaw Sek u otra sede que reúna las condiciones de acceso, disponibilidad, calidad y seguridad, en un plazo razonable"[5]; (iii) se ordenara a las accionadas que adopten medidas inmediatas para garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo, como la asignación de docentes idóneos, la adecuación de la infraestructura y la eliminación de prácticas no pedagógicas que limiten la libertad de los estudiantes; (iv) se suministrara una respuesta de fondo a la petición presentada el 18 de junio de 2025; y (v) se adoptaran las medidas necesarias para evitar futuras violaciones de la garantía invocada. || Por consiguiente, la Sala estima que la falta de notificación de la providencia de primera instancia a las partes y a los sujetos vinculados al trámite de tutela constituye una nulidad insubsanable y se asemeja a la pretermisión de la instancia. || En suma, no obra constancia en el expediente de la notificación[21] de la sentencia de única instancia a: (i) las dos únicas direcciones de correo electrónico suministradas por los accionantes en el escrito de tutela y en su subsanación; (ii) la Institución Educativa Kilischaw Sek Sede Filadelfia, quien funge como parte accionada en el proceso de tutela; y (iii) el Ministerio de Educación Nacional vinculado al trámite de amparo.] - [Palabras claves automatizadas: instancia, tutela, proceso, sala, corte, sede, sentencia, derecho, nulidad, derechos, trámite]

Auto A-752 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 240 de 12 de marzo de 2026 "[p]or el cual se adoptan medidas tributarias adicionales destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026". || Por consiguiente, la Sala ha determinado que, por la especialidad de los asuntos de control abstracto y, particularmente, de los estados de excepción, la suspensión del proceso debe decretarse a partir del día siguiente a:�(i)�la presentación del concepto por el procurador general de la Nación o�(ii)�al vencimiento del término previsto para tal efecto[7]. || Con base en estas previsiones, la prejudicialidad derivada de la relación entre el decreto que declara un estado de excepción y los decretos legislativos de desarrollo ocasiona la suspensión del proceso que estudia la constitucionalidad de aquellos y hasta tanto se resuelva sobre la exequibilidad de aquel. || Primero:�SUSPENDER el proceso con radicado RE-403, correspondiente al Decreto Legislativo�240�de 2026,�"[p]or�el cual se adoptan medidas tributarias adicionales destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026",�a�partir del día siguiente a�la fecha�en que�se reciba el concepto del procurador general de la Nación o se venza el término correspondiente, lo que ocurra primero.] - [Palabras claves automatizadas: decreto, legislativo, proceso, suspensión, constitucionalidad, patrimonio, impuesto, sala, general, control]

Auto A-750 de 2026

[Resumen automatizado: Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 175 de 24 de febrero de 2026, “[p]or el cual se adoptan medidas extraordinarias para el financiamiento, crédito y alivio de pasivos, y se dictan otras disposiciones para la reactivación del sector agropecuario y de desarrollo rural en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 150 de 2026” || En atención a la especialidad de los asuntos de control abstracto y, particularmente, de los estados de excepción, la Sala concluye que debe decretarse la suspensión del proceso a partir de la fecha, y hasta el día hábil siguiente a la publicación del comunicado de la decisión que se adopte respecto del Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, “por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional” (RE-390). || SUSPENDER, a partir de la fecha, el proceso contenido en el expediente RE-393, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 175 del 24 de febrero de 2026, “[p]or el cual se adoptan medidas extraordinarias para el financiamiento, crédito y alivio de pasivos, y se dictan otras disposiciones para la reactivación del sector agropecuario y de desarrollo rural en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 150 de 2026.”.] - [Palabras claves automatizadas: decreto, constitucionalidad, desarrollo, suspensión, control, decretos, sala, corte, proceso, general, legislativo, expediente, excepción]

Auto A-749 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió dos acciones de tutela que fueron acumuladas por los jueces de instancia, interpuestas por varias mujeres periodistas, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y un abogado, que alegaron que el presidente de la República vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a no ser discriminadas, al referirse a “las periodistas del poder” como “muñecas de la mafia” en medio del acto de posesión de la defensora del pueblo[2]. || En sede de revisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la tutela interpuesta por las mujeres periodistas era procedente y fijó el problema jurídico en determinar si el presidente de la República vulneró sus derechos fundamentales a vivir una vida libre de violencias, a no ser discriminadas y a la libertad de expresión cuando, en un acto oficial, se refirió a ellas como “muñecas de la mafia”. || Primera, porque de acuerdo con los artículos 27 y 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es la autoridad competente para conocer de la solicitud presentada por la apoderada especial de Gustavo Francisco Petro Urrego.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, corte, juez, constitucional, cumplimiento, solicitud, sala, instancia, sentencia, orden, órdenes, fallo]

Auto A-748 de 2026

[Resumen automatizado: En criterio de la Sala Plena, esto podría causar una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, lo cual, a su vez, podría comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política. || El 30 de abril de 2026, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió al despacho de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera el escrito mediante el cual el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Igualdad y Equidad SINTRAIGUALDAD presentó "solicitud de modulación de los efectos de la sentencia C-161 de 2024"[1]. || Además, las tres primeras organizaciones presentaron las mismas cuatro solicitudes: (i) tenerles como coadyuvantes en el presente asunto; (ii) "acceder a la modulación de los efectos del fallo, ampliando el término de diferimiento"; (iii) "convocar o permitir espacios de audiencia pública o participación, para que las comunidades, organizaciones sociales y las catorce (14) poblaciones priorizadas puedan ser escuchadas directamente por esta Honorable Corporación" y (iv) "garantizar que cualquier decisión preserve la continuidad de programas, políticas públicas y mecanismos de protección dirigidos a poblaciones históricamente excluidas". || Por esta razón, la Corte ha sostenido que, en los procesos de constitucionalidad, las solicitudes de modulación presentadas con posterioridad al fallo son improcedentes, pues de aceptarse, "se afectaría el principio de cosa juzgada constitucional y el principio de seguridad jurídica"[13].] - [Palabras claves automatizadas: corte, sentencia, constitucional, solicitud, ministerio, solicitudes, plena, constitucionalidad, término, protección, sala, ley]

Auto A-747 de 2026

[Resumen automatizado: En primer lugar, porque el escrito remitido no cumplió con los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional para un pronunciamiento de fondo: i) el demandante en su escrito incurrió en errores similares a los de su demanda, pues sus planteamientos no fueron claros, en la medida en que no contenían las razones por las cuales los artículos acusados vulneran la Constitución, ii) el escrito no cumplió con el requisito de certeza porque se acudió a argumentos que apelan a una situación particular, en la cual, a juicio del accionante, no pudo ejercer su derecho de defensa. || Respecto del argumento del auto de rechazo que tiene que ver con el incumplimiento del requisito de pertinencia, en la medida en que la acusación no está fundada en el desconocimiento de normas constitucionales sino en apreciaciones subjetivas, el accionante i) cuestionó si el magistrado Camargo Assis se confundió de expediente, ii) debatió el argumento de que su demanda contiene razones que se enmarcan en una situación personal, cuando para el actor, los artículos acusados han vulnerado los derechos de decenas de colombianos y, iii) cuestionó si el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca vulneró los derechos del accionante de manera excepcional.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, artículos, corte, ley, recurso, escrito, constitucionales, rechazo, constitucional, razones, sino, proceso, requisito]

Auto A-745 de 2026

[Resumen automatizado: En criterio del actor, las expresiones acusadas vulneran los artículos 29, 104, 113 y 114 de la Constitución, pues permiten entender que el vencimiento del plazo previsto para que el Senado de la República se pronuncie sobre la conveniencia de convocar una consulta popular nacional habilita al presidente de la República para emplear dicho mecanismo, aun sin contar con el concepto previo y favorable exigido por el artículo 104 superior. || Mediante Auto del 25 de marzo de 2026, el magistrado Juan Carlos Cortés González inadmitió la demanda al considerar que, aunque el actor acreditó su legitimación, cumplió los requisitos mínimos formales e identificó las normas acusadas y los artículos constitucionales presuntamente vulnerados, no satisfizo la carga argumentativa cualificada exigible para controvertir disposiciones estatutarias previamente sometidas a control constitucional. || Además, sostuvo que la propia providencia impugnada confirmaba que el problema jurídico no había sido resuelto antes, pues para rechazar la demanda construyó una interpretación según la cual las normas acusadas regulan etapas posteriores al concepto favorable del Senado y no inciden en sus condiciones de validez.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, demanda, senado, acusadas, recurso, rechazo, constitución, disposiciones, en, consulta, popular, normas, concepto, previo, juzgada, control]

Auto A-743 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Recurso de súplica contra el auto del 21 de abril de 2026 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 (parcial) del artículo 16 de la Ley 2445 de 2025, “Por medio de la cual se modifica el Título IV de la Sección Tercera, del Libro Tercero de la Ley 1564 de 2012, referente a los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante y se dictan otras disposiciones” || Frente a la especificidad, señaló que el escrito corregido abandonó el cargo por omisión legislativa relativa e identificó un defecto constitucional concreto, consistente en la oponibilidad de la suspensión sin condición mínima de cognoscibilidad, y lo vinculó con una línea jurisprudencial sobre debido proceso, conocimiento de las decisiones y posibilidad real de defensa (Sentencias T-103 de 2006, C-357 de 2019, C-925 de 1999, C-641 de 2002, T-324 de 1999 y C-1114 de 2003). || En tal sentido, a juicio del recurrente, la demanda no se limitó a invocar en abstracto el artículo 29 de la Constitución, sino que formuló una confrontación concreta entre la norma acusada y el estándar constitucional de cognoscibilidad de las decisiones adoptadas en los procesos.] - [Palabras claves automatizadas: recurso, rechazo, demanda, constitucional, suspensión, ley, norma, corte, despacho, efectos, corrección, cargo, acusada, disposición, sala]

Auto A-742 de 2026

[Resumen automatizado: A su juicio, no existe identidad de cargos ni de parámetro de control, porque la demanda actual no se limita a un debate sobre igualdad, sino que invoca el derecho a la paz, la reparación integral, el acceso a la justicia y las garantías transicionales derivadas del Acuerdo Final y de los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017. || 8. En cuanto al tercer cargo, relacionado con la inclusión en el Registro Único de Víctimas de personas acreditadas ante la JEP o reconocidas por la UBPD, el auto de inadmisión sostuvo que la demanda no cumplía los presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. || De otro lado, planteó la configuración de una omisión legislativa relativa respecto de la expresión "cuando no hagan parte de él", contenida en el parágrafo 3° del artículo 48 de la Ley 2421 de 2024, porque, a su juicio, esa fórmula excluiría del procedimiento a personas ya inscritas en el RUV por hechos distintos a los acreditados ante la JEP.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, cargo, ley, reparación, demanda, constitucional, recurso, rechazo, parágrafo, omisión, personas, derecho, jep, hechos, corrección]

Auto A-741 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, autoridad que, el 15 de mayo siguiente, resolvió promover un conflicto negativo de competencia y remitir el expediente a esta Corte[3]. || Segundo, habida cuenta de que ambas autoridades son competentes para conocer el asunto desde el factor territorial porque en Bolívar se encuentra la entidad accionada que debe dar respuesta a la petición y Cali fue el sitio escogido a prevención por la accionante para la presentación de la tutela. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 14 de mayo de 2026, dictado por el Juzgado 028 Civil Municipal de Oralidad de Cali, y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. || Además, advertirá al Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional. || ADVERTIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: municipal, tutela, corte, plena, sala, constitucional, conflicto, competencia, autoridades, petición, civil, mayo, magistrado]

Auto A-740 de 2026

[Resumen automatizado: Por reparto, el proceso fue asignado a la Sala Primera de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, la cual, a través de Auto del 13 de mayo de 2026, admitió parcialmente la acción de tutela, negó la medida provisional y escindió las pretensiones dirigidas contra el Juzgado 010 Laboral Municipal de Bogotá, por lo que ordenó remitir esa parte del asunto a los jueces laborales del circuito de esa ciudad. || Finalmente, se le advertirá al Juzgado 018 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades establecidas para dicho efecto en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018 de la Corte Constitucional. || ADVERTIR al Juzgado 018 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación] - [Palabras claves automatizadas: tutela, constitucional, corte, sala, competencia, decreto, judiciales, auto, superior, judicial, acción]

Auto A-739 de 2026

[Resumen automatizado: De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 002 Civil Municipal de Garzón se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por el señor Libardo Gaitán Olaya, con fundamento en las reglas de reparto, a pesar de que estas no desplazan su competencia para fallar la acción constitucional (ver fj. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 14 de mayo de 2026, proferido por el Juzgado 002 Civil Municipal de Garzón, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su remisión a los jueces del circuito de Garzón, toda vez que desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido explícito del parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, y afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. || En consecuencia, se advertirá a los juzgados 002 Civil Municipal de Garzón y 001 Penal del Circuito de Garzón que, en lo sucesivo, deberán observar con estricto rigor las normas que regulan la competencia en materia de tutela y la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia, en particular las reglas reiteradas en la presente providencia, para que se abstengan de separarse del conocimiento de acciones con fundamento en reglas de reparto.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, municipal, corte, conocimiento, civil, reglas, reparto, penal, jueces, decreto, autoridad, conflicto, constitucional, sala]

Auto A-738 de 2026

[Resumen automatizado: En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 7 de abril de 2026 dictado por esa autoridad; (ii) le remitirá el expediente para que adopte una decisión; (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 y (iv) le advertirá al Juzgado 002 Promiscuo de Familia de Magangué que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional. || ADVERTIR al Juzgado Promiscuo de Familia de San Marcos (Sucre) que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021. || Sin embargo, para la Sala es claro que el Juzgado Promiscuo de Familia de San Marcos se apartó del conocimiento de la tutela únicamente con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, san, sala, decreto, reglas, reparto, corte, plena, secretaría, fundamento]

Auto A-737 de 2026

[Resumen automatizado: Así las cosas, al tener en cuenta que estos preceptos no pueden servir de fundamento para que los jueces se aparten del conocimiento de las solicitudes de amparo, la Corte ha expresado que "en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales". || La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 002 Civil del Circuito de Bogotá señaló no ser la autoridad judicial competente para adelantar el trámite de la acción de tutela presentada por el señor Fredy Alonso Gamboa Puin con base en reglas de reparto. || Así, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta Sala considera que le corresponde al Juzgado 002 Civil del Circuito de Bogotá resolver la acción de tutela presentada por el señor Fredy Alonso Gamboa Puin, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, tutela, corte, acción, competencia, reparto, reglas, judicial, constitucional, sala, autoridad, decreto, auto]

Auto A-736 de 2026

[Resumen automatizado: De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en el factor territorial, toda vez que el Juzgado 036 Administrativo Oral del Circuito de Medellín fundamentó su falta de competencia argumentando que la accionante residía en el municipio de Barbosa; mientras que el Juzgado 001 Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Girardota se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela, alegando que en la ciudad de Medellín se producía la presunta vulneración a los derechos de la accionante, o allí se extendían sus efectos. || En ese sentido, la Corte dejará sin efectos el Auto del 04 de mayo de 2026, y enviará el expediente ICC-5411 al Juzgado 036 Administrativo Oral del Circuito de Medellín para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar[19].] - [Palabras claves automatizadas: tutela, territorial, competencia, factor, constitucional, corte, sala, auto, lugar, administrativo, municipio, efectos, conflicto]

Auto A-735 de 2026

[Resumen automatizado: Para la Sala Plena, el Juzgado 011 Civil Municipal de Bucaramanga no podía apartarse del conocimiento de la acción de tutela con base en reglas de reparto, dado que estas son apenas pautas de asignación de expedientes de tutela y no corresponden a ningún factor de competencia. || Así las cosas, se resolverá: (i) dejar sin efectos el Auto del 4 de mayo de 2026, dictado por el Juzgado 011 Civil Municipal de Bucaramanga; (ii) remitir el expediente de la referencia a dicho despacho judicial para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que en derecho corresponda; y, (iii) advertir al Juzgado 011 Civil Municipal de Bucaramanga, para que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, por cuanto tal actuación contraría la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional. || ADVERTIR al Juzgado 011 Civil Municipal de Bucaramanga, para que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, por cuanto tal actuación contraría la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, tutela, corte, decreto, competencia, reglas, municipal, auto, civil, reparto, acción]

Auto A-734 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente asunto se configuró un conflicto aparente de competencia entre el Juzgado 008 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería y el Juzgado 002 Civil del Circuito de Montería, derivado de la aplicación de las reglas previstas en los artículos 2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.2 del Decreto 1834 de 2015, relacionadas con el fenómeno de las denominadas tutelas masivas. || En consecuencia, la Sala debe establecer si, en efecto, se cumplió con la carga argumentativa para acreditar la configuración del fenómeno de tutela masiva y si las solicitudes de amparo promovidas por Henry Keep Morales cumplen los presupuestos de identidad de causa, objeto y sujeto pasivo exigidos por la jurisprudencia constitucional para que proceda la acumulación de tutelas bajo dicha figura. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos los autos del 21, 23 y 29 de abril de 2025, proferidos por el Juzgado 008 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería y (ii) remitirá la actuación a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite los procesos y adopte las decisiones a que haya lugar en relación con las acciones de tutela referidas.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, constitucional, acciones, corte, expediente, identidad, petición, competencia, derecho, administrativo]

Auto A-733 de 2026

[Resumen automatizado: El juzgado consideró que la acción presentada por Alejandro Quintana Gómez guardaba identidad con aquella tutela, pues ambas se dirigían contra la DIAN y la CNSC, se fundaban en la presunta falta de uso pleno y oportuno de la lista de elegibles vigente del concurso DIAN 2022, alegaban la vulneración de derechos como el acceso a cargos públicos, la igualdad y el debido proceso, y planteaban el riesgo de vencimiento de la lista como posible perjuicio irremediable. || En particular, sostuvo que el Juzgado 004 Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Cúcuta había conocido previamente una acción de tutela presentada por Daniela Rocío Arias García, también participante del Proceso de Selección DIAN 2022 Ingreso, respecto del empleo Analista V, Código 205, Grado 5, OPEC 198223. || Así las cosas, la Corte concluye que el Juzgado 004 Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Cúcuta es la autoridad competente para resolver, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Alejandro Quintana Gómez, pues se acreditó identidad de sujeto pasivo, causa y objeto entre la acción puesta en su conocimiento y la tutela previamente tramitada.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, penal, corte, lista, identidad, competencia, constitucional, acción, decreto, reparto, elegibles, sala]

Auto A-732 de 2026

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la resolución de conflictos de competencia en materia de acción de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996[10]. || Por lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para dirimir el presente asunto, en ejercicio de su competencia residual y de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Acuerdo 01 de 2025, que atribuye a esta Corporación la función de decidir los conflictos de competencia en materia de tutela, acorde con el artículo 43 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. || Por lo anterior, la Sala dejará sin efectos el Auto del 29 de abril de 2026, mediante el cual el Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería remitió la acción de tutela al Juzgado 001 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería. || REMITIR el expediente ICC-5407 al Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería para que, de manera inmediata, continúe con el trámite de la acción de tutela presentada por Henry Keep Morales contra el Centro Zonal Montelíbano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, identidad, acciones, competencia, administrativo, judicial, civil, decreto, reglas, auto, conflicto, autoridad, objeto]

Auto A-731 de 2026

[Resumen automatizado: En efecto, la Corte ha expresado que, en virtud del factor territorial, la competencia para conocer una acción de tutela corresponde�al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la presunta violación de los derechos fundamentales o donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio o sede de alguna de las partes[19]. || En el caso bajo examen, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que se configuró un conflicto negativo de competencias, toda vez que: (i) el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Tumaco consideró que la competencia corresponde a los juzgados de Pasto, dado que la accionante en la solicitud que radicó a la Fiduprevisora informó como dirección de notificaciones un apartado de tal ciudad y la sede de la entidad que emitió los actos administrativos a favor de la accionante se encuentra en Pasto. || Por lo expuesto, la Sala Plena resolverá: (i) dejar sin efectos el Auto del 28 de abril de 2026 proferido por el Juzgado 004 Penal del Circuito de Pasto; y (ii) remitir el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que en derecho corresponda.] - [Palabras claves automatizadas: corte, tutela, competencia, constitucional, auto, efectos, ciudad, territorial, tumaco, penal, lugar, conflicto]

Auto A-730 de 2026

[Resumen automatizado: Finalmente, mediante auto del 27 de abril de 2026, el Juzgado 051 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá propuso conflicto negativo de competencia frente al Consejo de Estado y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera la controversia[16]. || Ese juzgado sostuvo que, aunque las reglas previstas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, correspondían a criterios de reparto y no de competencia, la autoridad competente para conocer la acción de tutela era el Consejo de Estado, toda vez que la pretensión principal de la demanda estaba dirigida contra la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. || En efecto, el Juzgado 051 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. consideró que la pretensión principal de la demanda estaba dirigida contra la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; posteriormente, el Consejo de Estado estimó que el accionante atribuía la presunta vulneración, entre otros, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y esta última corporación concluyó que las referencias a dicha autoridad correspondían únicamente al contexto fáctico de la controversia.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, corte, competencia, acción, expediente, bogotá, penal, decreto, sala, autoridades, reparto]

Auto A-729 de 2026

[Resumen automatizado: El proceso se envió al Juzgado 004 Administrativo de Neiva, y a través de auto 24 de abril de 2026 explicó que, conforme a la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional, la competencia a prevención, para conocer y tramitar el presente amparo, recae en la primera autoridad judicial a la que se le repartió el trámite, sin que sea viable aceptar la invocación de las reglas de reparto como factor de competencia en materia de tutela. || Por un lado, el Juzgado 004 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva estimó que era incompetente para conocer del proceso porque: (i) la accionada es una entidad del orden nacional, de acuerdo con las reglas fijadas en el Decreto 333 de 2021, y (ii) el domicilio del demandante era el municipio de Pitalito, por esto, era allí donde se producían los efectos de la presunta vulneración. || En consecuencia, como el Juzgado 004 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva fue la primera autoridad a quien le correspondió el conocimiento de la presente acción de tutela, la Corte (i) dejará sin efectos el Auto del 24 de abril de 2026 mediante el cual declaró su falta de competencia, y (ii) le remitirá el expediente para que adopte una decisión de fondo.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, factor, lugar, corte, acción, autoridad, petición, conflicto, seguridad, conocer, efectos]

Auto A-727 de 2026

[Resumen automatizado: Dadas las circunstancias, la Corte reitera la regla de decisión del Auto 232 de 2023 que dispone lo siguiente: "[e]n virtud de lo establecido en la cláusula general de competencia del artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es�competente para conocer sobre procesos ejecutivos promovidos contra entidades públicas�como�las Empresas Sociales del Estado (ESE), en los casos en los que el juez del conflicto no tuviere certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pudiere ser la causa del título valor que se pretende ejecutar". || [16] Regla de decisión: "[e]n virtud de lo establecido en la cláusula general de competencia del artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer sobre procesos ejecutivos promovidos contra entidades públicas como las Empresas Sociales del Estado (ESE), en los casos en los que el juez del conflicto no tuviere certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pudiere ser la causa del título valor que se pretende ejecutar".] - [Palabras claves automatizadas: contrato, auto, constitucional, conflicto, competencia, administrativo, estatal, jurisdicciones, jurisdicción, decisión, corte, contencioso]

Auto A-726 de 2026

[Resumen automatizado: En cumplimiento a la orden de tutela, el 2 de marzo de 2026 la Inspección de Convivencia y Paz de Tuchín resolvió remitir el asunto a la Corte Constitucional conforme lo previsto en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política para que definiera la autoridad que debía continuar con el trámite de la querella policiva[7], tras advertir que con antelación, el Tribunal de Justicia Propia del Resguardo Indígena Zenú San Andrés de Sotavento, mediante la Sentencia 0030718 de 23 de octubre de 2018, amparó la posesión ejercida por Luz Esther Bello de Gómez sobre el referido bien inmueble. || La Inspección de Convivencia y Paz del municipio de Tuchín, Córdoba declaró su falta de jurisdicción para conocer de la querella policiva por perturbación de la posesión y la mera tenencia promovida por la querellante con el argumento de la existencia de una sentencia proferida por el Tribunal de Justicia Propia del Resguardo Indígena Zenú San Andrés de Sotavento que amparó la posesión ejercida por Luz Esther Bello de Gómez sobre el bien inmueble objeto de controversia.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicciones, jurisdicción, conflicto, paz, corte, convivencia, indígena, municipio, san, asunto, posesión, andrés, magistrado, constitucional]

Auto A-725 de 2026

[Resumen automatizado: Dicho despacho consideró que el conocimiento del asunto le corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil porque la competencia para conocer de un proceso debe ser estudiada al momento de la admisión de la demanda, en virtud del “principio de la perpetuación de la jurisdicción”[14] y del Auto 225 de 2023 y la Sentencia C-755 de 2013 de la Corte Constitucional. || Presupuesto objetivo[19]� Demuestra el cumplimiento del presupuesto objetivo puesto que la controversia gira en torno al proceso judicial de demanda ordinaria de responsabilidad civil extracontractual promovido por Marta y Darío en contra de la IPS Clínica San Rafael y la Nueva EPS S.A. Presupuesto normativo[20]� Satisface el presupuesto normativo porque las autoridades enfrentadas expusieron las razones jurídicas por las cuales consideran que no son competentes para conocer el asunto�y, por lo mismo, se configura un conflicto negativo de�competencia entre�jurisdicciones�(§�2 a 4). || En consecuencia,�la Sala concluye que el�Juzgado�002�Civil del Circuito de Pereira es el competente para conocer la demanda de responsabilidad civil extracontractual presentada por Marta y Darío en contra de la IPS Clínica San Rafael y de la Nueva EPS S.A. Por lo tanto, ordenará el envío del expediente CJU-7658�a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite correspondiente.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, corte, momento, auto, demanda, jurisdicciones, constitucional, responsabilidad, entidad, proceso, conocer, médica, civil, naturaleza]

Auto A-724 de 2026

[Resumen automatizado: Indicó que, con base en el numeral 4 del artículo 104 del (CPACA) y autos 314 de 2021 y 1602 de 2025, el cual a su vez citó el Auto 1037 de 2022 de la Corte Constitucional “la jurisdicción ordinaria laboral es competente para conocer controversias relacionadas con bonos pensionales por el tiempo laborado en calidad de servidor público y cuyo régimen pensional es administrado por una entidad de derecho privado”.[6] Así mismo, indicó que “la naturaleza de servidor público no determina la jurisdicción que conoce las controversias relacionadas con los bonos pensionales, sino la administradora de fondo de pensiones que esté a cargo del reconocimiento pensional”. || Reiteración Auto 1037 de 2022:�"La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer de demandas en las que se pretende la emisión de un bono pensional por el tiempo laborado como servidor público de un trabajador cuyo régimen es administrado por una entidad de derecho privado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 4º del artículo 2 de la Ley 712 de 2001”.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, auto, pensional, jurisdicción, corte, público, jurisdicciones, sala, laboral, plena, constitucional, entidad, reconocimiento]

Auto A-723 de 2026

[Resumen automatizado: El despacho sostuvo que la jurisdicción ordinaria laboral es competente para conocer el asunto, pues, aunque el demandante prestó servicios a entidades públicas, su controversia se relaciona con la seguridad social administrada por un fondo privado de pensiones, Protección S.A. Con fundamento en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996, 2.1, 2.4 y 2.5 del CPTSS, 104.4 y 105.4 del CPACA; así como en los autos 1154 de 2021, 329 de 2021, 406 de 2021, 784 de 2021 y 1992 de 2024 de la Corte Constitucional, precisó que la jurisdicción contencioso administrativa solo conoce los asuntos de seguridad social de empleados públicos cuando el régimen está administrado por una persona de derecho público[6]. || En el presente caso, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer del asunto bajo examen, con fundamento en regla de decisión fijada en el Auto 871 de 2025. || "La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer de un proceso promovido contra una AFP de naturaleza privada por una persona que busca obtener la devolución de aportes pensionales, con independencia del tipo de vinculación que tuvo al realizar las cotizaciones a Sistema General de Pensiones.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, competencia, laboral, ordinaria, social, devolución, privada, constitucional, corte, jurisdicciones, auto, demanda, seguridad, sala]

Auto A-722 de 2026

[Resumen automatizado: Sostuvo que el objeto del proceso es el cobro de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud por accidentes de tránsito amparados por el SOAT, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, de acuerdo con el artículo 622 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante, CPTSS) y el Auto 343 de 2023 de la Corte Constitucional. || Adicionalmente, puso de presente que, de acuerdo con los autos 1410 y 1860 de 2024 y 113, 269 y 1790 de 2025 de la Corte Constitucional, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, conocer de las demandas ejecutivas por facturas de venta originadas en la prestación de servicios de salud. || En este caso se satisfacen los presupuestos para aplicar la regla fijada en el Auto 788 de 2021, y unificada en el Auto 1410 de 2024, conforme a la cual, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer de las demandas ejecutivas en las que se reclame el pago de facturas por concepto de prestación de servicios médicos de urgencia, respecto de las cuales no medie un contrato estatal suscrito entre las partes, ni se enmarque en ninguno de los eventos regulados en el numeral 6 del artículo 104 del CPACA.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, auto, competencia, conflicto, corte, ordinaria, administrativo, asunto, jurisdicciones, corresponde, conocer, servicios, laboral, conocimiento]

Auto A-721 de 2026

[Resumen automatizado: En ese sentido, en decisión del 23 de enero de 2023[6], el Juzgado 009 Administrativo de Neiva resolvió, entre otras cosas, no reponer la providencia recurrida, admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de algunos demandantes e inadmitirla frente a los señores Alter Sisney Rojas Polania, Gentil Méndez Tellez, Yirley Perdomo Arteaga, Marta Cecilia Ruiz Marulanda, Liliana Marcela Palomares Mayor y Wilfer Augusto Fierro Mejía por carencia de poder para actuar de sus representantes judiciales. || En el Auto 1071 de 2021, la Corte Constitucional determinó que en los asuntos en los cuales se discuten conflictos de competencia entre jurisdicciones puede declararse la existencia de la cosa juzgada cuando la competencia ya se asignó por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. || Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional,�REMITIR�el expediente CJU-7641 al�Juzgado 009 Administrativo de Neiva, para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia al�Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón�y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, conflicto, competencia, jurisdicciones, sala, constitucional, corte, judicatura, superior, consejo, civil, juzgada, jurisdicción, auto]

Auto A-720 de 2026

[Resumen automatizado: En el auto 492 de 2021, este tribunal definió que la competencia para conocer de las demandas promovidas en contra de entidades públicas para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios, corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || Se precisa que, como lo indicó la Corte en el auto 492 de 2021, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de las demandas promovidas en contra de entidades públicas para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios entre las partes. || Así las cosas, en línea con lo dispuesto en el mencionado auto, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial que debe conocer sobre la demanda promovida por�Eliana Fernanda Caro Rodríguez en contra del Instituto Termal de Paipa - ITP es el Juzgado 2 Administrativo de Duitama. || "La Corte determina que,�de conformidad con el artículo 104�del CPACA,�la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado"[19].] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, laboral, corte, conflicto, contratos, autoridades, servicios, jurisdicciones, conocer, prestación, contencioso, relación, jurisdicción, existencia]

Auto A-719 de 2026

[Resumen automatizado: Como fundamento de su decisión sostuvo que la demandante prestó sus servicios bajo una relación legal y reglamentaria, en calidad de empleada pública, razón por la cual el asunto debe ser conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con los artículos 104 y 105 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[4] y del Consejo de Estado[5]. || En esa medida, no se activa la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque esta conoce de los procesos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, así como la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público, en virtud del artículo 104.4. || En esa línea, en el Auto 1037 de 2022 la Sala Plena estableció que cuando el régimen de seguridad social de un empleado público es administrado por una persona de derecho privado, se activa la competencia general y residual de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, competencia, ordinaria, laboral, corte, público, asunto, barranquilla, ley, social, constitucional, administrativo, contencioso, conflicto, seguridad, expediente]

Auto A-718 de 2026

[Resumen automatizado: Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud en decisión del 8 de abril de 2026 insistió nuevamente en su falta de competencia y explicó que, conforme a lo dispuesto en el Auto 861 de 2021 "la competencia judicial para conocer asuntos relacionados con el pago de reclamaciones judiciales al Estado por servicios prestados a pacientes que entran en la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT- recae en los jueces contencioso-administrativos"[6]. || De acuerdo con las consideraciones esbozadas en precedencia, la Sala Plena estima que el conocimiento de la demanda que promovió las Hermanas de la Caridad Dominicanas de la Presentación de la Santísima Virgen - Clínica de la Presentación en contra del Ministerio de Salud y Protección Social y la Adres para el pago de los servicios prestados a las personas víctimas de riesgos catastróficos, accidentes de tránsito, acciones terroristas y/o catástrofes naturales con cargo a la subcuenta ECAT corresponde al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Bogotá. || La competencia judicial para conocer asuntos relacionados con el pago de reclamaciones judiciales al Estado por servicios prestados a pacientes que entran en la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito -ECAT- recae en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.] - [Palabras claves automatizadas: servicios, superintendencia, pago, competencia, administrativo, bogotá, conocer, auto, corte, prestados, víctimas, salud, nacional, social]

Auto A-717 de 2026

[Resumen automatizado: Sin perjuicio de lo anterior, mediante Auto del 11 de febrero del 2025, el Juzgado 003 Civil del Circuito de Yopal declaró su falta de jurisdicción y ordenó la remisión del expediente a los juzgados administrativos de Yopal, para que asumieran el conocimiento del asunto[4]. || De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[8], la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones. || La Sala observa que en el presente asunto se acredita el presupuesto subjetivo, por cuanto dos autoridades de distintas jurisdicciones promovieron el conflicto de competencia, en esta ocasión, el�Juzgado 003 Civil del Circuito de Yopal que pertenece a la jurisdicción ordinaria y el Juzgado 001 Administrativo de Yopal, que pertenece a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || Por estas razones, la Sala Plena se declarará inhibida para decidir el presente asunto y ordenará regresar el expediente CJU-7629 al�Juzgado 003 Civil del Circuito Judicial de Yopal�para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión. || Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-7629 al Juzgado 003 Civil del Circuito de Yopal para que adelante las funciones de su competencia y para que comunique lo pertinente a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicciones, constitucional, civil, asunto, conflicto, auto, administrativo, sala, jurisdicción, corte, proceso]

Auto A-716 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución política, dicta el presente auto, de acuerdo con los siguientes: || Mediante auto del 27 de marzo de 2026, ese despacho declaró que no era competente para conocer la acción de cumplimiento y promovió conflicto negativo de jurisdicción ante la Corte Constitucional[13]. || Para sustentar esa conclusión, acudió al principio de especialidad y explicó que la Ley 388 de 1997 regula de manera particular las acciones dirigidas a obtener el cumplimiento de leyes o actos administrativos relacionados con instrumentos urbanísticos, planes de ordenamiento territorial y usos del suelo. || Esa misma línea fue reiterada en los Autos 019 de 2022, 442 de 2023 y 2849 de 2023, en los que la Corte sostuvo que corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad Civil, conocer las acciones de cumplimiento que busquen hacer efectivos deberes relacionados con instrumentos de ordenamiento territorial, usos del suelo o actuaciones urbanísticas previstas en la Ley 9ª de 1989 y en la Ley 388 de 1997.] - [Palabras claves automatizadas: ley, cumplimiento, bogotá, acción, civil, jurisdicción, competencia, expediente, reconocimiento, acciones, ordinaria, técnico, corte, conflicto, administrativo]

Auto A-715 de 2026

[Resumen automatizado: Con base en lo anterior y en el estudio del caso concreto, el juzgado administrativo advirtió que, pese a formularse un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos que calificaron y rechazaron parcialmente acreencias en el proceso liquidatorio de Comfaguajira, el núcleo del litigio era el reconocimiento y pago de acreencias derivadas de servicios de salud prestados por Clinivida y Salud IPS S.A.S. Así pues, con base en los autos 453 y 1912 de 2024 de la Corte Constitucional, esta autoridad judicial concluyó que el asunto bajo estudio no se trataba de una reclamación indemnizatoria por perjuicios, sino de un conflicto sobre recursos del sistema de seguridad social en salud entre instituciones de dicho sistema, que debía conocer la jurisdicción ordinaria laboral[5]. || La Corte Constitucional en los autos 343 y 687 de 2021, estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias dirigidas contra los actos expedidos por agentes especiales liquidadores en procesos de liquidación forzosa administrativa, cuando estos versan sobre la aceptación, rechazo, prelación, graduación o calificación de créditos.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, administrativo, actos, corte, jurisdicciones, plena, sala, constitucional, auto, judicial, servicios, conocer, la, contencioso]

Auto A-714 de 2026

[Resumen automatizado: De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[9] la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones. || Al respecto, el inciso 1° del artículo 18 de la Ley 270 de 1996 estableció que la Corte Suprema de Justicia es la Corporación encargada de dirimir los conflictos de competencia “que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos”. || En consecuencia, la Sala Plena se declarará inhibida y, conforme al contenido del artículo 18 de la Ley 270 de 1996,[16] ordenará remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva el conflicto de competencia suscitado dentro de la jurisdicción ordinaria, en el que está involucrado el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, y la Superintendencia de Industria y Comercio. || Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-7622 a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el conflicto de competencia entre el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, y la Superintendencia de Industria y Comercio, y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicciones, conflicto, corte, jurisdicción, auto, ordinaria, conflictos, superintendencia, constitucional, sala, autoridades, jurisdiccionales, laboral]

Auto A-713 de 2026

[Resumen automatizado: El artículo 246 de la Constitución Política dispone la facultad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales en el ámbito territorial de la comunidad, de conformidad con sus usos y costumbres propios, siempre que sean compatibles con la Constitución y la Ley. El citado precepto señala, en todo caso, que “[l]a ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”[16]. || Presupuesto normativo: las autoridades judiciales en conflicto señalaron las razones jurídicas por las cuales consideran que son competentes para conocer del proceso, con fundamento en la Constitución Política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia y en los elementos que estructuran el fuero indígena y la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena (ver supra 5 a 17). || En efecto, aunque las fuentes consultadas, particularmente la información de la ONIC y del Censo DANE 2005, evidencian la presencia de integrantes de este pueblo indígena en Putumayo, se trata de información general y estadística que, por sí sola, no permite demostrar una extensión territorial o cultural específica del resguardo hacia ese lugar, máxime cuando las mismas fuentes muestran que la presencia mayoritaria del pueblo Pasto se concentra en el departamento de Nariño y no se aportaron elementos concretos que permitieran establecer vínculos organizativos, comunitarios o de ejercicio de autoridad propia en el territorio donde presuntamente ocurrieron los hechos.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, comunidad, corte, autoridades, reglamento, resguardo, conductas, hechos, constitucional, territorial, autoridad, jurisdicción]

Auto A-712 de 2026

[Resumen automatizado: Precisado este contexto, se apoyó en los artículos 104 y 297 del CPACA, así como en los Autos 909 de 2021, 553 de 2022 y 094 de 2023 de la Corte Constitucional, para indicar que como los títulos ejecutivos aducidos derivan de una aparente actividad contractual estatal o, cuando menos, de un asunto en el que no existe certeza sobre la existencia de un contrato estatal, la competencia corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || En armonía con lo anterior, en el Auto 553 de 2022 la Corte fijó una regla específica para resolver los conflictos de jurisdicciones suscitados en procesos ejecutivos promovidos contra entidades públicas sujetas al Estatuto General de Contratación Pública, esto es, la Ley 80 de 1993, cuando el juez del conflicto no cuenta con certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que hubiere podido servir de causa al título cuya ejecución se pretende. || Esta forma de resolver los conflictos de jurisdicciones ha sido retomada por la Sala Plena en los Autos 959 y 969 de 2025, en los que se reiteró que, ante la falta de certeza sobre la existencia de un contrato estatal que pudiere servir de causa al título cuya ejecución se persigue, el conocimiento del asunto corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, contrato, estatal, asunto, conflicto, ejecución, entidad, jurisdicción, colombia, contencioso, corte, títulos]

Auto A-711 de 2026

[Resumen automatizado: Colpensiones, mediante la Resolución GNR 268344 del 25 de julio de 2014[3], reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor del señor Manuel María Vizcaino Escorcia, en cumplimiento de la sentencia proferida el 25 de octubre de 2013 por el Juzgado 014 Laboral del Circuito de Barranquilla, que había condenado a la entidad al reconocimiento de la prestación, el retroactivo, intereses moratorios, costas y agencias en derecho. || Sin embargo, el juzgado laboral sostuvo que la demanda promovida por Colpensiones correspondía al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues pretendía la nulidad de la Resolución GNR 268344 del 25 de julio de 2014, acto administrativo mediante el cual la entidad reconoció una pensión de vejez al señor Manuel María Vizcaino Escorcia en cumplimiento de una orden judicial. || Por ello, en ejercicio del control de legalidad previsto en el artículo 132 del CGP (Código General del Proceso), dejó sin efectos el numeral tercero del auto de 26 de octubre de 2022 y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto negativo de competencia suscitado con el Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Barranquilla.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, auto, barranquilla, competencia, nulidad, acto, derecho, octubre, demanda, conflicto, restablecimiento, jurisdicciones, corte, jurisdicción, mediante]

Auto A-710 de 2026

[Resumen automatizado: Sostuvo que “[r]evisada la demanda se advierte que la controversia versa sobre la ejecución del acuerdo de reestructuración de pasivos (…)” por lo que, en virtud del artículo 37 de la Ley 550 de 1999 y el Auto 1561 de 2022 de la Corte Constitucional, concluyó que la Superintendencia de Sociedades es la entidad competente para conocer los procesos judiciales derivados de la ejecución de los acuerdos de reestructuración de pasivos de entidades territoriales. || El asunto fue remitido a la Superintendencia de Sociedades la cual, mediante auto del 2 de marzo de 2026, declaró su falta de jurisdicción para conocer el proceso, trabó el conflicto negativo y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional. || La Sala Plena de esta Corte concluye que el Juzgado 008 Administrativo Oral del Circuito de Montería es la autoridad competente para pronunciarse sobre este proceso, de conformidad con la regla de decisión contenida en el Auto 3121 de 2023. || Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7601 al Juzgado 008 Administrativo Oral del Circuito de Montería para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia a la Superintendencia de Sociedades y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: acuerdo, jurisdicción, competencia, administrativo, conocer, jurisdicciones, superintendencia, conflicto, corte, reparación, directa, constitucional, auto, contencioso]

Auto A-709 de 2026

[Resumen automatizado: Argumentó que esa autoridad era competente para conocer los procesos judiciales derivados de la ejecución de acuerdos de reestructuración de pasivos de entidades territoriales, con fundamento en el artículo 37 de la Ley 550 de 1999 y en el Auto 1561 de 2022 de la Corte Constitucional. || Con base en lo anterior, en el Auto 3121 de 2023, esta Corporación fijó la siguiente regla de decisión: "[d]e conformidad con los artículos 104.1 y 140 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer las demandas de reparación directa en las que se pretende la indemnización de perjuicios derivada de las acciones u omisi[ones] de una entidad pública"[10]. || La Sala Plena concluye que la autoridad competente para conocer la demanda promovida por María Claudia Cuadrado Petro contra el departamento de Córdoba es el Juzgado 008 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería[16]. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 008 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería y la Dirección de Procesos Especiales de la Superintendencia de Sociedades, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 008 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería es la autoridad competente para conocer de la demanda de reparación directa promovida por María Claudia Cuadrado Petro contra el departamento de Córdoba.] - [Palabras claves automatizadas: superintendencia, administrativo, corte, constitucional, reparación, auto, jurisdicción, pago, conocer, directa, acuerdo, ley, conflicto, jurisdicciones]

Auto A-708 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante Auto del 13 de marzo de 2026, el Juzgado 005 Civil del Circuito de Pasto declaró que carecía de jurisdicción para conocer de la demanda promovida por el Consorcio "HD EL TABLÓN" contra Fiduciaria Bogotá S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER[4]. || En consecuencia, la Sala Plena ha concluido que Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, al estar constituido mayoritariamente con recursos públicos y destinado a la ejecución de proyectos de interés estatal, se asimila a una entidad pública para efectos de determinar la jurisdicción competente conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. || DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 006 Administrativo Oral del Circuito de Pasto y el Juzgado 005 Civil del Circuito de Pasto, en el sentido de DECLARAR que el conocimiento del medio de control de controversias contractuales promovido por el Consorcio "HD EL TABLÓN" contra la Fiduciaria Bogotá S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, jurisdicciones, recursos, entidad, administración, objeto, autónomo, autónomos, auto, proyectos, sala, patrimonio, conflicto, administradora, competencia, públicos, ejecución, naturaleza, contrato, contractuales, administrativo]

Auto A-707 de 2026

[Resumen automatizado: En ese contexto, manifestó que el asunto se inscribe dentro del ámbito de la planificación y ordenación del territorio, por lo que resulta aplicable la regla especial de competencia prevista en el artículo 116 de la Ley 388 de 1997, conforme a la cual corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, conocer de las acciones de cumplimiento relacionadas con el uso del suelo y los instrumentos de ordenamiento territorial. || Esta Corporación, mediante�Auto 951 de 2021, estableció como regla de decisión que "[l]a Jurisdicción Civil será la competente para conocer de las acciones de cumplimiento cuando estas son dirigidas contra una entidad de naturaleza pública o particulares en ejercicio de su función administrativa, cuando se pretenda el cumplimiento de deberes establecidos en la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991, relacionadas con los planes de ordenamiento territorial y usos del suelo. || En ese orden, la Sala Plena dirime el presente conflicto de jurisdicción en el sentido de determinar que el� Juzgado 003 Civil Municipal de Apartadó, Antioquia,�es la autoridad competente para conocer de la acción de cumplimiento presentada por la Junta de Acción Comunal Vereda Guapa las Mercedes, a través de apoderado judicial, contra el Municipio de Chigorodó.] - [Palabras claves automatizadas: cumplimiento, ley, competencia, corte, civil, territorial, administrativo, ordenamiento, municipal, jurisdicciones, jurisdicción, junta, constitucional, acciones, auto, conflicto]

Auto A-706 de 2026

[Resumen automatizado: El 12 de junio de 2025[3], el Juzgado 042 Laboral del Circuito de Bogotá profirió un auto que declaró su falta de jurisdicción, luego de considerar que el conocimiento correspondía a los jueces administrativos según la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional en el Auto 389 de 2021 y otros[4]. || El juez expuso que, según la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional en el Auto 788 de 2021, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral conoce los procesos ejecutivos que no encajen en ninguno de los supuestos del artículo 104.6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y en los que se pretenda el pago de facturas de venta por servicios de salud. || En el Auto 160 de 2025, al dirimir otro conflicto negativo de jurisdicciones para conocer la ejecución de obligaciones por la prestación de servicios de atención en urgencias a usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, la Corte Constitucional reiteró la regla jurisprudencial del Auto 788 de 2021 y declaró competente al juez laboral. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7574 al Juzgado 042 Laboral del Circuito de Bogotá para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a la institución demandante y al Juzgado 017 Administrativo de Medellín.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, corte, administrativo, servicios, expediente, el, demanda, jurisdicciones, constitucional, competencia, bogotá, venta, conflicto, laboral]

Auto A-705 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 014 Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Juzgado 012 Civil del Circuito de Barranquilla, Atlántico, sobre la competencia para conocer la acción de cumplimiento que interpuso la Iglesia Pentecostal Los Soldados de Jesús INC M.I. en contra de la Alcaldía Distrital de Barranquilla-Secretaría de Planeación Distrital de Barranquilla. || En el Auto 951 de 2021[27], la Corte Constitucional precisó que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, el conocimiento de las acciones de cumplimiento “cuando se pretenda el cumplimiento de deberes establecidos en la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991, relacionadas con los planes de ordenamiento territorial y usos del suelo”. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7572 al Juzgado 012 Civil del Circuito de Barranquilla, Atlántico, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado 014 Administrativo del Circuito de Barranquilla.] - [Palabras claves automatizadas: ley, cumplimiento, barranquilla, corte, competencia, jurisdicciones, administrativo, constitucional, conocer, auto, jurisdicción, distrital]

Auto A-704 de 2026

[Resumen automatizado: Para la Superintendencia, el Auto 1620 de 2025 no contempla que sea competente para conocer controversias sobre la validez de actos administrativos que reconozcan acreencias laborales presentadas en un acuerdo de reestructuración de pasivos, pues ello incluso contraría disposiciones normativas como los artículos 155.2 del CPACA y 19, 25, 26 y 37 de la Ley 550 de 1999. || En el presente caso, en aplicación de la regla de decisión adoptada en el Auto 625 de 2026, mediante la cual se extendió la regla de decisión fijada en el Auto 946 de 2023, la Sala Plena considera que la competencia para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor Francisco Miguel Petro Durango debe ser asignada a la autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || Por las razones expuestas, la Corte concluye que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada en este caso por el Juzgado 009 Administrativo del Circuito Judicial de Montería, es la autoridad competente para conocer del medio de�nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Francisco Miguel Petro Durango contra el departamento de Córdoba. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7568 al Juzgado 009 Administrativo del Circuito Judicial de Montería para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a la Superintendencia de Sociedades, a las partes y a los demás interesados en el proceso.] - [Palabras claves automatizadas: acuerdo, auto, corte, administrativo, superintendencia, competencia, actos, jurisdicción, conocer, nulidad, ley, no, mediante, administrativos, autoridad]

Auto A-703 de 2026

[Resumen automatizado: Esta Corporación ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones[12]: (i)�presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[13]; (ii)�presupuesto objetivo,�según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[14]; y (iii)�presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa. || Ello, en atención a que el Juzgado Penal del Circuito 1, no desarrolló ni fijó una postura sobre dicha cuestión pues, en su lugar, se limitó a remitir los alegatos presentados por la defensa y la Fiscalía a esta Corporación. || En consecuencia, la Sala Plena se declarará inhibida para pronunciarse sobre el presente asunto y ordenará remitir el expediente CJU-7561 al Juzgado Penal del Circuito 1. || Declararse INHIBIDA para dirimir el conflicto de jurisdicciones remitido por�el�Juzgado Penal del Circuito 1, por las razones expuestas en la presente decisión. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7561 al Juzgado Penal del Circuito 1, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los sujetos procesales y partes interesadas.] - [Palabras claves automatizadas: conflicto, jurisdicciones, expediente, corte, asunto, magistrado, jurisdicción, constitucional, competencia, penal, proceso, dos, decisión, sala, causa]

Auto A-702 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, fijó la siguiente regla de decisión: "[l]a jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer de las demandas que se presenten en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante las cuales se pretenda la nulidad de actos administrativos proferidos por funcionarios del orden municipal. || En desarrollo de esta finalidad, y en virtud del artículo 116 de la Constitución[13], la norma le atribuyó a la Superintendencia de Sociedades determinadas funciones jurisdiccionales, entre ellas, la de dirimir controversias relacionadas con la ineficacia de los acuerdos de reestructuración, así como conocer de las demandas sobre su existencia, validez, eficacia, oponibilidad o sobre la celebración de estos o de alguna de sus cláusulas. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 009 Administrativo del Circuito de Montería (Córdoba) y la Superintendencia de Sociedades, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 009 Administrativo del Circuito de Montería (Córdoba) es la�autoridad competente para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Edilberto Ramos Blanquicet en contra del departamento de Córdoba en el expediente CJU-7560. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7560 al Juzgado 009 Administrativo del Circuito de Montería (Córdoba) para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a la Superintendencia de Sociedades, a los sujetos procesales y a las partes interesadas.] - [Palabras claves automatizadas: administrativos, administrativo, superintendencia, mediante, acuerdo, corte, derecho, auto, nulidad, conocer, ley, jurisdicción, actos]

Auto A-701 de 2026

[Resumen automatizado: Sin embargo, en este caso la autoridad judicial articuló ese argumento con otras razones de naturaleza legal y jurisprudencial, particularmente con el artículo 164 del CPACA, la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los presupuestos del fuero de atracción y el Auto 149 de 2025 de esta Corporación, a partir de las cuales concluyó que no existían fundamentos fácticos y jurídicos para vincular a una entidad pública y que, por tanto, la jurisdicción de lo contencioso administrativo carecía de competencia para conocer del asunto. || En ese sentido, fijó la siguiente regla: la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las demandas por responsabilidad médica que se dirijan contra entidades públicas y sujetos de derecho privado (concomitantemente), siempre que: (a) los hechos y la causa que fundamentan la eventual responsabilidad de los sujetos de derecho privado y las entidades estatales son los mismos; (b) los hechos, las pretensiones y las pruebas que obran en el expediente permiten inferir razonablemente que existe una probabilidad “mínimamente seria” de que las entidades estatales serán condenadas; (c) el demandante haya planteado fundamentos fácticos y jurídicos para imputar el daño antijurídico a la entidad estatal.] - [Palabras claves automatizadas: auto, responsabilidad, entidad, asunto, demanda, civil, jurisdicciones, jurisdicción, expediente, conflicto, daño, competencia, regional, corte, hechos, conocer, contencioso]

Auto A-700 de 2026

[Resumen automatizado: No obstante, precisó que la Corte Constitucional en el Auto 600 de 2022, estableció que corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral conocer de las demandas promovidas contra las decisiones adoptadas por el Ministerio del Trabajo en relación con la autorización para la terminación de contratos de trabajo de personas en condición de discapacidad del sector privado. || Objetivo La controversia objeto de la presente decisión se enmarca en el conocimiento de una demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la cual la parte demandante solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Nación Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Cesar, a través de los cuales se revocó la autorización otorgada a Carbones de La Jagua S.A. para dar por terminado el contrato de trabajo del señor Gustavo Adolfo Benjumea Rave, con ocasión de su participación en una huelga declarada ilegal. || En el Auto�600 de 2022, la Sala Plena resolvió un conflicto entre la jurisdicción ordinaria laboral y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con ocasión del ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por una trabajadora en situación de discapacidad, en contra de los actos administrativos expedidos por el Ministerio del Trabajo que autorizaron la terminación de su contrato de trabajo con la empresa Bayer S.A.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, auto, conflicto, laboral, corte, ministerio, administrativo, derecho, decisión, nulidad, constitucional, ordinaria, demanda]

Auto A-699 de 2026

[Resumen automatizado: En aplicación de la cláusula general de competencia�establecida en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 15 del CGP, la Jurisdicción Ordinaria en la especialidad civil es la competente para conocer de las controversias presentadas por las Empresa de Servicios Públicos privadas, relacionados con contratos de suministro cuando no conste que estos últimos puedan derivarse de un contrato estatal. || En este caso la Sala Plena aplicará la regla de decisión establecida a través del Auto 2778 de 2023 la cual determina que: en aplicación de la cláusula general de competencia�establecida en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 15 del CGP, la Jurisdicción Ordinaria en la especialidad civil es la competente para conocer de las controversias presentadas por las Empresa de Servicios Públicos privadas, relacionados con contratos de suministro cuando no conste que estos últimos puedan derivarse de un contrato estatal.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, ley, servicios, públicos, constitucional, auto, servicio, prestación, corte, empresas, contrato, contratos, competencia, en, jurisdicciones]

Auto A-698 de 2026

[Resumen automatizado: El 21 de septiembre de 2006, el señor José de los Reyes Mejía Noriega, a través de apoderado judicial, presentó una demanda ejecutiva en contra del municipio de San Bernardo del Viento, con el fin de obtener el pago de una condena establecida a su favor en una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 16 de diciembre de 2005, como resultado de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que había promovido contra dicha entidad territorial[1]. || En consecuencia, el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Lorica (Córdoba), mediante auto del 18 de septiembre de 2024, declaró que carecía de jurisdicción y ordenó remitir el expediente para su reparto entre los Juzgados Administrativos de Montería[16]. || Al conocer el caso, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante auto del 10 de febrero de 2026, declaró su falta de jurisdicción y ordenó remitir el asunto a la Corte Constitucional, para que dirimiera el conflicto[19]. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7520 al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Lorica para que proceda con lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Tribunal Administrativo de Córdoba y al Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, a las partes y a los demás interesados en el proceso.] - [Palabras claves automatizadas: expediente, jurisdicción, proceso, administrativo, competencia, ejecución, conflicto, tribunal, corte, decisión, pago, civil, jurisdicciones]

Auto A-697 de 2026

[Resumen automatizado: Jinis Dulceys Herrera Gutiérrez y Jeinis Johana Sierra Vitola, mediante apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación Ministerio de Salud y de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Previsora S.A. Compañía de Seguros, la Clínica Santa María S.A.S., Julio César Durango Castaño y Coosalud EPS S.A. Con ello, pretendieron que se declarara responsables a las entidades públicas demandadas y civilmente responsables a los particulares convocados, por los daños y perjuicios ocasionados por la presunta falla en la prestación del servicio médico brindado a Jinis Dulceys Herrera Gutiérrez. || Mediante el�Auto 646 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que para determinar la jurisdicción competente frente a los procesos de responsabilidad médica en los que se demanda de forma simultánea a entidades públicas y privadas resultaba necesario acudir al factor de conexidad o fuero de atracción, en virtud del cual la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa se extiende a personas de derecho privado cuando estas son demandadas de forma concomitante con entidades públicas. || REMITIR el expediente CJU-7518 al Juzgado 002 Civil del Circuito de Sincelejo, Sucre, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado 065 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, entidades, responsabilidad, médica, civil, administrativo, fuero, públicas, jurisdicción, demanda, conflicto, auto, decisión, conocer, corte]

Auto A-696 de 2026

[Resumen automatizado: El 20 de junio de 2024 Juan Carlos García Martínez, actuando en causa propia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en contra del Instituto Nacional de Cancerología (en adelante, INC) y la sociedad GOLD RH S.A.S., con el fin de que: (i) se declare la existencia de un contrato realidad entre el demandante y el INC; (ii) se declare la ineficacia de su despido por "fuero de acoso laboral" y estabilidad laboral reforzada; (iii) sea reintegrado al cargo que desempeñaba en el INC, bien sea en calidad de servidor público o, subsidiariamente, como empleado de la empresa GOLD RH S.A.S; (iv) se condene a las demandadas al pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y demás derechos laborales dejados de percibir desde la terminación del contrato; entre otras prensiones. || Fue así como, con fundamento en los artículos 104 del CPACA y 2 del CPTSS, la Corte recordó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos relacionados con las relaciones legales y reglamentarias entre los servidores públicos y el Estado, mientras que la jurisdicción ordinaria laboral conoce de los conflictos derivados de contratos de trabajo, incluso cuando el empleador sea una entidad pública, como ocurre con los trabajadores oficiales.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, nacional, ley, entidad, jurisdicción, conocer, públicos, bogotá, régimen, contrato, corte, vinculación, pública, naturaleza, trabajo]

Auto A-694 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional[1], en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, resuelve las solicitudes de cumplimiento de la Sentencia T-387 de 2025 presentadas por Stella y la solicitud de aclaración presentada por Erika Marcela Sáenz Rivera, comisaria de Familia de El Agrado. || (i) el juez de primera instancia no adoptó las medidas necesarias para conminar al obligado a la ejecución de la parte resolutiva del fallo de tutela o, cuando las adoptó, pero estas resultaron insuficientes o ineficaces para alcanzar dicho objetivo; (ii) la autoridad desobediente es una Alta Corte, pues la misma no tiene superior funcional que pueda conocer de la consulta sobre la sanción por desacato; (iii) en presencia de un estado de cosas inconstitucional, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo; o (iv) su intervención sea imperiosa para lograr el cumplimiento del fallo[36]. || Lo anterior porque, si bien la señora Stella expresó que los escritos que dirigió ante la Corte Constitucional eran solicitudes para que se garantice el cumplimiento de la sentencia, se advierte que, en realidad, pretende la ejecución de acciones que no están contenidas en las órdenes de la providencia ni en las providencias posteriores del Juzgado Único Promiscuo Municipal de El Agrado.] - [Palabras claves automatizadas: corte, cumplimiento, constitucional, órdenes, tutela, sentencia, solicitud, juez, fallo, providencia]

Auto A-693 de 2026

[Resumen automatizado: Tras la emisión del Auto 1732 de 2025, entre enero y marzo de 2026, fueron recibidas 27 comunicaciones remitidas por personas interesadas en que se abra la participación en el proceso sobre la validación del cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016, a los trabajadores del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., a este último, a la comunidad y a las autoridades locales del municipio La Gloria. || GAHLG reclamó: (i) su vinculación al trámite; (ii) que se considere el impacto que pueden tener las medidas sobre sus trabajadores; (iii) crear un mecanismo de seguimiento que involucre a esa sociedad, como también a las entidades públicas demandadas, a la Procuraduría General de la Nación y a los demandantes; y (iv) ordenar al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja la apertura de una etapa de negociación entre los demandantes y el Grupo, para buscar fórmulas de arreglo que involucren la compensación de los bienes objeto de restitución y la protección de la actividad de explotación económica que se desarrolla sobre el predio, a favor del Grupo.] - [Palabras claves automatizadas: comunidad, sentencia, corte, hacienda, constitucional, cumplimiento, proceso, sala, decisión, tutela, seguimiento, derechos, efectos]

Auto A-692 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario, y en los Centros de Detención Transitoria, declarado, reiterado y extendido en las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015, SU-122 de 2022 y SU-512 de 2024 (en adelante, “Sala” o “Sala Especial”), integrada por las Magistradas Paola Andrea Meneses Mosquera, Lina Marcela Escobar Martínez y por el Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, profiere el presente || El 13 de mayo de 2026, la Sala Especial de Seguimiento recibió un escrito presentado por la Defensoría del Pueblo, suscrito de manera conjunta por la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y la Defensora Delegada para la Política Penal y Penitenciaria, mediante el cual solicitó la intervención de la Sala Especial de Seguimiento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, para que las personas privadas de la libertad no condenadas que se encuentran en centros de detención transitoria puedan participar en la elección del Presidente de la República.[1] || Mediante la Sentencia SU-122 de 2022, la Corte Constitucional señaló que esta Sala está “encargada de la verificación del cumplimiento de las órdenes [allí] impartidas”, lo cual la faculta para adoptar las medidas necesarias respecto de la política penitenciaria y la situación del sistema carcelario y penitenciario y de los centros de detención transitoria, como manifestaciones del estado de cosas inconstitucional objeto de seguimiento y verificación.] - [Palabras claves automatizadas: sala, derechos, personas, seguimiento, pueblo, especial, libertad, privadas, defensoría, medidas, corte, nacional, constitucional, inconstitucional]

Auto A-691 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Miguel Polo Rosero, Paola Andrea Meneses Mosquera y Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política,[1] y 33 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991, profiere el presente || Mediante la Sentencia T-115 de 2014, la entonces Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional[2] revocó el fallo de segunda instancia que había confirmado negar la acción de tutela interpuesta por el señor Javier, en nombre propio y en representación de sus hijos Sara y Julián, en contra de Patricia, madre de los niños, al considerar que había vulnerado sus derechos a tener una familia y no ser separados de ella, porque presuntamente incumplía de manera reiterada el régimen de visitas fijado por una decisión judicial. || Incluso, posterior a la sentencia sobre la que recae la actual solicitud, se tiene que la Circular Interna 10 de 2022 de la Corte Constitucional estableció que, en las providencias que se publican en la página web de esta Corporación, se omitirán los nombres reales de las personas, entre otros, en los siguientes casos: "b) Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes, salvo aquellos datos de naturaleza pública".[13]] - [Palabras claves automatizadas: corte, intimidad, derecho, sentencia, constitucional, providencia, niños, nombres, solicitud, datos, publicación, derechos, niñas]

Auto A-690 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en Sala Dual, integrada por los magistrados Juan Carlos Cortés González y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, previstas en los artículos 27 del Decreto 2067 de 1991 y 95 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 01 de 2025) procede a decidir el impedimento manifestado por el magistrado Carlos Camargo Assis en el proceso de la referencia, con fundamento en los siguientes: || La periodista Claudia Julieta Duque Orrego, a través de apoderado, presentó una acción de tutela contra el auto del 1 de julio de 2025, mediante el cual, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de tramitar el recurso de casación presentado frente a la Sentencia SP-1188 del 7 de mayo de 2025, que resolvió un recurso de impugnación especial a favor del señor Ronal Harbey Rivera Rodríguez. || El magistrado Carlos Camargo Assis solicitó apartarse del conocimiento del expediente T-11.862.653 con base en dos argumentos: (i) que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo promovió demanda de nulidad electoral contra su elección como magistrado, siendo su contraparte en un proceso ante el Consejo de Estado; y (ii) que la accionante fue investigadora de esa organización, la cual tuvo relación con los hechos que originaron la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: sala, proceso, corte, tutela, magistrado, constitucional, acción, penal, recurso, auto, sentencia]

Auto A-689 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala considera que la medida provisional solicitada no satisface el requisito de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia constitucional, tanto respecto de la adolescente Mariana y de su hijo recién nacido o próximo a nacer, como frente a los demás integrantes del núcleo familiar. || En suma, la Sala advierte que las medidas adoptadas de oficio resultan idóneas y adecuadas para atender de manera inmediata la situación de urgencia advertida en el expediente, pues se dirigen específicamente a garantizar el acceso efectivo, oportuno y continuo a los servicios de salud requeridos con ocasión del parto, posparto y atención neonatal, sin supeditar dicha protección a la definición previa de la situación migratoria de la adolescente o de su núcleo familiar. || Garanticen el acceso efectivo, oportuno y continuo a los servicios médicos requeridos con ocasión del parto, posparto y atención neonatal de la adolescente Mariana y de su hijo recién nacido o próximo a nacer, sin imponer barreras administrativas derivadas de su situación migratoria o de la ausencia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo menos hasta tanto la Corte Constitucional adopte una decisión definitiva dentro del trámite de revisión de la referencia.] - [Palabras claves automatizadas: corte, salud, derechos, medidas, atención, situación, revisión, nacido, adolescente, protección, sala, medida, constitucional, servicios, manera]

Auto A-688 de 2026

[Resumen automatizado: En lo que respecta al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (entidad solicitante), la Sentencia T-420 de 2025 lo incluyó entre las autoridades responsables de cumplir las órdenes sexta, décima y decimotercera, relacionadas con las actividades descritas a continuación, en términos de coordinación y en el ámbito de sus competencias: (i) el suministro de agua potable o medios de potabilización de agua para las comunidades étnicas que no dispongan de medios adecuados para obtenerla (orden sexta)[2]; (ii) la formulación e implementación de planes y proyectos para garantizar a largo plazo el acceso al agua potable de las comunidades indígenas, con criterios de disponibilidad, calidad, accesibilidad y pertinencia étnica (orden décima)[3]; y (iii) la prestación de apoyo técnico, financiero, presupuestal y administrativo a las alcaldías de Cumaribo, Puerto Carreño, Santa Rosalía y La Primavera para garantizar el cumplimiento de las órdenes relacionadas con el derecho al agua potable de las comunidades indígenas (orden décimo tercera). || Para dar respuesta a lo anterior, la Sala (i) indicará las reglas aplicables a la modulación de las órdenes de las sentencias de tutela emitidas por la Corte Constitucional y la competencia excepcional de este tribunal en la materia; (ii) reiterará la jurisprudencia sobre la validez constitucional de las órdenes de protección de derechos fundamentales dirigidas a autoridades no vinculadas al trámite judicial; (iii) determinará si en el presente caso concurren los presupuestos que habilitan a esta corporación para asumir excepcionalmente el conocimiento de la solicitud de modulación; y (iv) resolverá el caso concreto.] - [Palabras claves automatizadas: potable, agua, sala, órdenes, corte, cumplimiento, vivienda, ministerio, sentencia, solicitud, autoridades, orden, constitucional, competencias, tutela]

Auto A-687 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional[1], integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Juan Carlos Cortés González y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, quien la preside, procede a resolver la solicitud cumplimiento y apertura del incidente de desacato sobre la Sentencia T-294 de 2025. || Por lo anterior, la ciudadana María del Carmen Báez solicitó que "se adelante incidente de desacato en contra de La Nación Ministerio del Trabajo, La Nación Ministerio de Hacienda y La Nación Presidencia de la República a efectos de que inmediatamente adopten las normas necesarias para poner a funcionar el plan de extensión de cobertura de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional Programa de Subsidio al Aporte en Pensión PSAP y los adultos mayores puedan beneficiarse de sus cotizaciones". || A través de los Autos 1488 de 2025 y 1014 de 2024, la Sala Plena resolvió solicitudes de cumplimiento de órdenes contenidas en la Sentencia SU-067 de 2022, interpuestas por personas que no fueron parte del trámite.] - [Palabras claves automatizadas: cumplimiento, desacato, sentencia, constitucional, fondo, plan, pensional, ministerio, corte, sala, tutela, extensión, nacional, orden, trámite]

Auto A-686 de 2026

[Resumen automatizado: Corte Constitucional devolvió a la Cámara de Representantes ley sobre el traslado de la Dirección Regional Aeronáutica Oriente de la Aerocivil y la operación internacional del aeropuerto El Yopal para subsanar vicios en su votación || Por Secretaría General de la Corte Constitucional, DEVOLVER a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 2368 de 2024, “[p]or medio de la cual se autoriza que la Dirección Regional Aeronáutica Oriente de la Aerocivil se establezca en la ciudad de Yopal, Casanare, y se dictan disposiciones sobre la operación internacional del aeropuerto El Yopal (EYP) también denominado Aeropuerto El Alcaraván”. || ORDENAR al presidente de la Cámara de Representantes que, en el lapso máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia y con el propósito de subsanar el vicio en el que se incurrió en el trámite del otrora Proyecto de ley número 330 Cámara, 213 de 2022 Senado, someta nuevamente a votación de la plenaria: (i) el informe de ponencia en segundo debate; (ii) el articulado; (iii) las proposiciones avaladas; (iv) el título del proyecto y (v) la pregunta sobre si la Cámara de Representantes aprueba en su integridad que la iniciativa legislativa se convierta en ley de la República.] - [Palabras claves automatizadas: ley, cámara, corte, votación, representantes, cumplimiento, iniciativa, previsto, plenaria, disposiciones, vicio]

Auto A-685 de 2026

[Resumen automatizado: En la misma providencia, la Sala ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del auto, remitiera a esta Corporación un informe claro, completo y suficientemente soportado sobre la apropiación, programación, asignación y giro de los recursos destinados a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas para cubrir la atención humanitaria a población desplazada durante las vigencias 2025 y 2026[2]. || REQUERIR, por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que, dentro del mismo término del ordeinal anterior, remita copia íntegra de su respuesta y sus soportes a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, y acredite ante esta Corporación el cumplimiento de dicha remisión, de conformidad con lo ordenado en el numeral cuarto del Auto 530 de 2026. || REQUERIR, por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la comunicación de esta providencia, acredite ante esta Corporación la remisión de la respuesta presentada en cumplimiento del Auto 530 de 2026 y de sus soportes a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República.] - [Palabras claves automatizadas: corporación, general, especial, integral, término, unidad, ministerio, público, auto, administrativa, dentro, crédito, reparación, hacienda]

Auto A-684 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante el Auto 530 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento requirió a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que remitiera un informe integral, claro, completo y suficientemente soportado sobre la operación implementada durante la vigencia 2026 para la colocación y entrega efectiva de los giros de atención humanitaria a la población desplazada[1]. || El 14 de mayo de 2026, la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana solicitó acceso al informe presentado por la Unidad para las Víctimas en cumplimiento al Auto 530 de 2026. || En consecuencia, este despacho estima procedente remitir a la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana copia del informe presentado por la Unidad para las Víctimas en cumplimiento del Auto 530 de 2026, junto con sus anexos. || REMITIR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana copia del informe presentado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en cumplimiento del Auto 530 de 2026, junto con sus anexos.] - [Palabras claves automatizadas: auto, población, presentado, unidad, informe, especial, defensoría, delegada, sala, atención, cumplimiento, derechos]

Auto A-682 de 2026

[Resumen automatizado: Para el estudio de los casos, la Sala Segunda de Revisión agrupó los reproches de los accionantes en tres escenarios de debate: (i) cuestionamientos sobre el proceso de evaluación de la subfase general que culminó con la adopción de la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024, expedida por la escuela judicial, por medio de la cual los excluyó del proceso de la convocatoria; (ii) controversias contra los actos administrativos de carácter individual mediante los cuales se resolvieron, en cada caso, los recursos de reposición interpuestos contra la resolución mencionada, entre ellas, el presunto uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG); y (iii) alegatos asociados al desconocimiento de la cláusula de igualdad en el acceso a cargos públicos en el concurso. || Mediante oficios A-055 del 13 de febrero de 2026 y A-114 del 9 de abril de 2026, la Secretaría General de la Corte Constitucional comunicó a los jueces de primera instancia de cada uno de los expedientes acumulados la presentación de las solicitudes de nulidad radicadas por Karen Lorena Ramírez Rodríguez y Rubén David Suárez Cañizares, así como la solicitud de nulidad presentada por un "Anónimo" contra la Sentencia T-008 de 2026, para el trámite de comunicación respectivo.] - [Palabras claves automatizadas: sala, nulidad, corte, constitucional, proceso, judicial, sentencia, solicitud, plena, solicitante, tutela, debido, solicitudes, motivación, revisión]

Auto A-681 de 2026

[Resumen automatizado: En auto del 2 de marzo de 2026[2], el magistrado sustanciador avocó conocimiento del control automático de constitucionalidad del decreto legislativo de la referencia y ofició, por intermedio de la Secretaría General de la Corte, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a los Ministerios de Educación Nacional, del Interior y de Hacienda y Crédito Público, para que aportaran distintos elementos de juicio al debate. || En atención a la especialidad de los asuntos de control abstracto y, particularmente, de los estados de excepción, la Sala concluye que debe decretarse la suspensión de términos a partir de la fecha, y hasta el día hábil siguiente a la publicación del comunicado de la decisión que se adopte respecto del Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, "por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional" (RE-390). || Primero: SUSPENDER, a partir de la fecha, los términos del expediente RE-394, correspondiente al Decreto Legislativo 0176 de 2026, febrero de 2026, "Por el cual se adoptan medidas en materia de calendario académico y suministro del Programa de Alimentación Escolar - PAE en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional".] - [Palabras claves automatizadas: decreto, constitucionalidad, corte, control, sala, proceso, excepción, sentencia, magistrado, social, general, emergencia, nacional, decretos, constitucional, respecto, ley]

Auto A-680 de 2026

[Resumen automatizado: En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias[1], la Sala Plena de la Corte Constitucional procede a resolver las solicitudes de aclaración, de nulidad y demás peticiones presentadas por el señor Andrés Felipe Falla Montealegre respecto del Auto 1135 de 2025, con fundamento en los siguientes: || Recientemente, en el Auto 838 de 2025[32], la Sala Plena identificó los siguientes presupuestos formales para invocar la nulidad dentro de un proceso de constitucionalidad abstracto[33]: (i) para estar legitimado en la causa el solicitante debe ostentar la calidad de accionante[34], ministerio público[35], interviniente[36] o autoridad vinculada en calidad de ponente o con iniciativa en la expedición de la norma objeto de control[37]; (ii) la solicitud de nulidad procesal será oportuna si es alegada antes de la sentencia[38] o dentro del término de ejecutoria del auto en el cual presuntamente se origina la nulidad[39]; (iii) es manifiestamente improcedente cuando se dirige contra autos de trámite[40] y (iv) debe contar con una carga argumentativa calificada y exigente, en atención a su carácter excepcional, de tal forma que "quien solicita la nulidad debe explicar de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión".] - [Palabras claves automatizadas: auto, corte, nulidad, proceso, sala, constitucional, debido, solicitud, control, andrés, constitucionalidad, recurso, plena]

Auto A-679 de 2026

[Resumen automatizado: En auto del 12 de marzo de 2026[2], el magistrado sustanciador avocó conocimiento del control automático de constitucionalidad del decreto legislativo de la referencia y ofició, por intermedio de la Secretaría General de la Corte, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para que aportara distintos elementos de juicio al debate. || Toda vez que, para la fecha en que se expide esta providencia, el procurador ya había presentado su concepto en el expediente de la referencia, la Sala dispondrá que los términos se suspendan a partir de la fecha, y hasta el día hábil siguiente a la publicación del comunicado de la decisión que se adopte respecto del Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, "por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional" (RE-390). || Primero: SUSPENDER, a partir de la fecha, los términos del expediente RE-400, correspondiente al Decreto Legislativo 222 de 2026, "[p]or el cual se dictan medidas extraordinarias para el sector transporte en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto número 150 de 2026".] - [Palabras claves automatizadas: decreto, corte, control, constitucionalidad, excepción, sala, magistrado, sentencia, proceso, respecto, decretos, constitucional, general, marzo]

Auto A-678 de 2026

[Resumen automatizado: Tratándose de procesos en los cuales la Corte ejerce control automático e integral sobre los aspectos formales del trámite legislativo, como ocurre con el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, el impedimento formulado por quien fue Secretario General del Senado, en principio, resulta fundado, conforme lo declaró la Sala en los Autos 399 y 400 de 2025.[11] || Conforme a dicho estándar, la procedencia de la causal objetiva prevista en el artículo 25 del Decreto Ley 2067 de 1991 exige la concurrencia, en cada caso concreto, de tres elementos: (i) que el cargo admitido a trámite sea de naturaleza formal o que, siendo sustantivo, el procurador asuma y satisfaga la carga argumentativa y probatoria a su cargo; (ii) que se acredite, con soporte documental concreto, una intervención específica del entonces Secretario General que trascienda el ejercicio meramente ritual de las funciones del cargo y que incida en la configuración del vicio imputado; y (iii) que exista una relación directa entre la actuación acreditada y el vicio admitido a trámite, en términos de incidencia material en el debate constitucional que corresponde resolver a la Corte.] - [Palabras claves automatizadas: general, procurador, trámite, nación, intervención, legislativo, senado, cargo, sala, corte, auto, vicio, secretario]

Auto A-677 de 2026

[Resumen automatizado: Según el referido auto, el actor aisló la expresión "por cualquier tiempo", como la exigencia de que el sujeto activo "sin justa causa" no ejerza las funciones propias del comando, jefatura o dirección, y desconoció los criterios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad expuestos en la Ley 1407 de 2010. || El artículo 6 del Decreto Ley 2067 de 1991 "por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional", prevé que contra el auto de rechazo de una demanda de inconstitucionalidad procede el recurso de súplica ante la Sala Plena. || Según la jurisprudencia de esta Corte, el recurso de súplica es un mecanismo que otorga a los demandantes una oportunidad para controvertir la decisión de rechazo, cuando consideran que la misma es equivocada, o que incurrió en un yerro, olvido o arbitrariedad para que, sin la participación del magistrado que examinó la aptitud de la demanda, la Sala Plena examine los presuntos errores en los que pudo incurrir la providencia recurrida.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, rechazo, penal, recurso, sala, en, requisito, constitucional, corte, expresión, auto, plena, tipo]

Auto A-676 de 2026

[Resumen automatizado: Acusó el parágrafo atacado de tener una indeterminación tal que lleva a considerar que el legislador incumplió su deber constitucional de fijar los aspectos centrales y esenciales "del nuevo mandato de contratar unos 'sistemas' por medio del régimen de Contratación Pública".[3] Según su concepto, la disposición "no fija el objeto, las partes, el tipo de contrato, el sujeto que expide las facturas, el 'tercero' a quien se factura, ni establece quién fija ni cómo se fijan las tarifas".[4] Por ello, sostuvo que la norma vulnera tanto la reserva de ley en materia de contratación estatal, prevista en el artículo 150 de la Constitución, como el principio de legalidad tributaria del artículo 338 ibidem. || Ello pues el actor no explicó por qué las supuestas indefiniciones del parágrafo no podían superarse mediante interpretación normativa, ni descartó que otros preceptos legales integraran el marco aplicable y precisaran aspectos como el objeto contractual, la facturación, los terceros o la autoridad competente para fijar tarifas. || Sin embargo, el auto consideró que esa explicación reconducía el cargo a una omisión legislativa relativa, pues el actor alegó que la norma cuestionada reguló la materia, pero dejó de incluir componentes que estimaba indispensables, como el objeto de la contratación, las características de los sistemas, los sujetos de facturación, los destinatarios del cobro, el número de contratos o la autoridad encargada de definir las tarifas.] - [Palabras claves automatizadas: norma, cargo, parágrafo, rechazo, ley, legal, corte, recurso, constitución, acción, contratación, constitucional, si, reserva, tarifas]

Auto A-675 de 2026

[Resumen automatizado: Segundo cargo No se acreditaron los supuestos para el cumplimiento de carga argumentativa de (i) certeza, porque los reproches no se dirigieron contra el contenido normativo del artículo demandado, sino contra posibles actuaciones de terceros (autoridades de cobro, entidades financieras o empleadores), dado que la norma cuestionada únicamente establece sanciones administrativas por conducir en estado de embriaguez y no regula aspectos como embargos, reportes en centrales de riesgo o decisiones laborales; (ii) especificidad, porque el actor no explicó de forma detallada cómo los distintos montos de multa generan una vulneración concreta del derecho al trabajo o al mínimo vital, es decir, no se construye una argumentación que vincule la norma con una afectación directa e injustificada, y se limitó a afirmaciones generales de tipo sociológico (como el posible impacto en la informalidad o el empleo), sin demostrar una contradicción jurídica específica entre la disposición acusada y los derechos invocados; (iii) pertinencia, pues aunque invocó derechos constitucionales, se fundamentó en consideraciones de política pública y en hipótesis sobre conductas de terceros.] - [Palabras claves automatizadas: rechazo, norma, cargo, constitucional, el, recurso, demanda, corte, vigentes, legales, días, mínimos, mínimo, vital, bajo]

Auto A-674 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: recurso de súplica contra el auto del 8 de abril de 2026, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Auto del 8 de abril de 2026, mediante el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por una presunta omisión legislativa relativa derivada de la regulación contenida en la Ley 5 de 1992 y la Ley 1475 de 2011, en relación con los artículos 179 y 183 de la Constitución Política. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial de aquella que le concede el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 49 del Reglamento Interno (Acuerdo 01 de 2025), dicta el presente auto, mediante el cual resuelve el recurso de súplica interpuesto en el asunto de la referencia. || El accionante también manifestó que dicha omisión legislativa entraña una violación del derecho a la igualdad en la competencia política, porque implica una ventaja estructural permanente frente a los ciudadanos que aspiran por primera vez al Congreso; y del derecho a la participación política, pues vacía de contenido real el derecho a ser elegido y desincentiva la participación ciudadana.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, corte, recurso, omisión, principio, reelección, rechazo, constitucionales, congresistas, inconstitucionalidad, normas, igualdad, sala, requisitos, constitucional, sino, legislativa, plena, constitución]

Auto A-673 de 2026

[Resumen automatizado: En cuanto a la competencia de la Corte, el auto precisó que la Ley 1475 de 2011 es una norma de rango estatutario que fue sometida a control de constitucionalidad previo, automático, oficioso, integral y participativo mediante la Sentencia C-490 de 2011, por lo cual, en principio, recae sobre sus disposiciones la cosa juzgada constitucional prevista en el artículo 243 superior, sin que el demandante hubiera indicado ninguna de las causales que permiten debilitarla: (i) cambio en las disposiciones constitucionales relevantes; (ii) configuración del fenómeno de la constitución viviente; o (iii) cambio en el contexto normativo.[6] || La procedencia del recurso de súplica y su estudio de fondo se encuentran supeditados al cumplimiento de tres requisitos: (i) que exista legitimación por activa, lo que implica acreditar dos condiciones concurrentes, primero que el recurrente demuestre su calidad de ciudadano colombiano en ejercicio y segundo que sea la misma persona que presentó la demanda de inconstitucionalidad (condición que puede acreditarse incluso al momento de interponer el recurso)[16]; (ii) que el recurso se interponga con oportunidad, dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto de rechazo; y (iii) que el recurrente satisfaga una carga argumentativa mínima, exponiendo de forma clara, coherente y suficiente las razones por las cuales considera que el rechazo se fundó en criterios equivocados, arbitrarios o infundados.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, recurso, auto, sala, corte, coalición, en, constitucional, rechazo, escrito, ciudadano, inconstitucionalidad, ley]

Auto A-672 de 2026

[Resumen automatizado: El auto de rechazo del 9 de abril de 2026 sustentó la decisión en cuatro fundamentos autónomos e independientes: (i) los cargos siguieron fundados en consecuencias inferidas de las normas y no en su contenido normativo real (incumplimiento de certeza); (ii) el demandante no demostró de qué manera las expresiones acusadas contradicen las normas constitucionales invocadas, ni controvirtió la existencia del mecanismo corrector del artículo 7 de la Ley 1843 de 2017 para eventos de notificación irregular en sistemas de foto-detección (incumplimiento de pertinencia); (iii) la corrección no construyó una oposición objetiva y verificable entre las disposiciones acusadas y la Constitución, limitándose a mencionar sentencias de esta Corporación sin desarrollar el contraste normativo (incumplimiento de especificidad); y (iv) los razonamientos expuestos no suscitaron una duda mínima de inconstitucionalidad que habilitara un pronunciamiento de fondo (incumplimiento de suficiencia). || En consecuencia, debido a que no se encontraron acreditadas los yerros que el recurrente le atribuyó al auto de rechazo y que, adicionalmente, no se advirtió que el auto hubiera desconocido la aplicación del principio pro actione, la Corte rechazará el recurso de súplica presentado por el ciudadano Luis Alberto Torres Álvarez contra el Auto del 9 de abril de 2026, mediante el cual el magistrado Carlos Camargo Assis rechazó la demanda formulada en el expediente D-17.229.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, recurso, rechazo, ley, corte, inconstitucionalidad, plena, principio, sala, manera, constitucional, normas, auto, ciudadano, si]

Auto A-671 de 2026

[Resumen automatizado: Recurso de súplica contra el Auto del 27 de marzo de 2026, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 14 y 204 de la Ley 100 de 1993 y 78 de la Ley 2294 de 2023 || El 15 de abril de 2026, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el escrito al despacho del magistrado sustanciador para tramitar el recurso de súplica contra el auto del 27 de marzo de 2026, que rechazó la demanda. || El inciso 2 del artículo 6 del Decreto Ley 2067 de 1991 "por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional", señala que contra el auto de rechazo de una demanda de inconstitucionalidad procede el recurso de súplica ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. || En consecuencia, al no haberse satisfecho el presupuesto de carga argumentativa, la Sala Plena rechazará por improcedente el recurso de súplica formulado por Álvaro Enrique Cabrera Bayona contra el Auto de rechazo del 27 de marzo de 2026, proferido por el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. || RECHAZAR por improcedente, al no cumplir el requisito de carga argumentativa, el recurso de súplica presentado por Álvaro Enrique Cabrera Bayona contra el Auto del 27 de marzo de 2026, que rechazó la demanda presentada en el expediente D-17247.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, recurso, auto, rechazo, ley, inconstitucionalidad, corte, expediente, magistrado, decisión, marzo]

Auto A-670 de 2026

[Resumen automatizado: Especificidad - La pretensión del accionante supone una petición de carácter aditivo, en la medida en que busca que la Corte incorpore al contenido normativo acusado medidas adicionales de acción afirmativa en favor de las víctimas del conflicto armado; si bien la solicitud del actor podría relacionarse con el reproche sobre la existencia de una omisión legislativa relativa, la demanda no satisface la carga argumentativa mínima para demostrar su configuración. || - Sumado a lo anterior, si el cargo se estructura a partir de la presunta vulneración del derecho a la igualdad, la demanda debía cumplir con una carga argumentativa específica y es que, en estos casos, corresponde al actor identificar con claridad los sujetos o grupos comparables, precisar el criterio de comparación demostrar la existencia de un trato diferenciado y explicar por qué dicho trato carece de justificación constitucional. || La demostración de la calidad de ciudadano colombiano puede hacerse incluso con la interposición del recurso de súplica.[18] Segundo, la oportunidad, en cuanto debe formularse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto de rechazo.[19] Tercero, una carga argumentativa mínima, consistente en explicar de manera clara y suficiente por qué la decisión cuestionada habría aplicado criterios errados, arbitrarios o caprichosos, exigido requisitos ajenos a la fase de admisibilidad o desconocido que el actor sí atendió los requerimientos del auto inadmisorio.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, rechazo, víctimas, corte, constitucional, recurso, omisión, cargo, norma, legislativa, manera, conflicto]

Auto A-669 de 2026

[Resumen automatizado: El despacho sustanciador señaló que el demandante: (i) identificó el precepto legal demandado y aportó copia de su publicación[15]; (ii) enunció las disposiciones constitucionales vulneradas, que son los artículos 11 y 49 de la Constitución; (iii) no acreditó su condición como ciudadano colombiano; (iv) no identificó la norma que le otorga competencia a la Corte para conocer de la demanda de inconstitucionalidad de la normas acusada; (v) no cumplió con la carga mínima de argumentación para formular el concepto de violación; y (vi) no explicó por qué no existe cosa juzgada constitucional, respecto de un examen previo realizado a la misma disposición acusada en la Sentencia C-221 de 1994. || El auto indicó que no es posible determinar con precisión el objeto del actor porque (i) en la primera pretensión no queda claro si también se cuestiona la constitucionalidad del artículo 376 del Código Penal; (ii) en la segunda se solicitó el traslado al Congreso para tipificar el consumo como delito, asunto que excede la competencia de la Corte; y (iii) en la tercera se pidió la “nulidad constitucional” con fundamento en los derechos a la vida y a la salud, ante lo cual el despacho entendió que se trata de una reiteración de la solicitud de inconstitucionalidad de la disposición acusada.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, recurso, consumo, rechazo, auto, estupefacientes, dentro, código, salud, penal, personal, inconstitucionalidad, si, ley, corte, acusada]

Auto A-668 de 2026

[Resumen automatizado: En particular, recordó que, mediante la Sentencia C-577 de 2011, la Sala Plena de esta Corporación se pronunció sobre la constitucionalidad de la expresión “un hombre y una mujer” contenida en el citado artículo, frente a un cargo sustancialmente coincidente con el ahora propuesto la presunta vulneración del derecho a la igualdad de las parejas del mismo sexo, y declaró su exequibilidad. || De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991, el recurso de súplica procede contra los autos que rechazan las demandas de inconstitucionalidad y tiene por objeto permitir al demandante solicitar la revisión de la decisión adoptada[6]. || En esa línea, dado su carácter excepcional y restrictivo, la súplica no se puede convertir en una oportunidad para formular nuevas razones en apoyo de los cargos propuestos, incorporar nuevos elementos de juicio que no fueron objeto de consideración por parte del magistrado sustanciador[8], corregir las deficiencias identificadas[9] o reiterar los argumentos expuestos en la demanda inicial. || En segundo lugar, respecto al artículo 113 del Código Civil, el demandante no expuso razones idóneas por las cuales no se configura el efecto de cosa juzgada constitucional y, además, adicionó nuevos argumentos y amplió el cago formulado en el escrito de súplica.] - [Palabras claves automatizadas: corte, demanda, constitucional, recurso, auto, matrimonio, en, política, constitución, sala, rechazo]

Auto A-667 de 2026

[Resumen automatizado: A su vez, sostuvo que la norma no supera dicho juicio porque: (i) no está amparada por una justificación constitucional válida, en la medida que permite el empobrecimiento progresivo de los pensionados que devengan más de un SMMLV, (ii) la diferencia en el reajuste rompería la proporcionalidad entre lo cotizado y lo devengado, de suerte que carecería de sostenibilidad real y (iii) el Estado, a su juicio, cuenta con mecanismos alternativos para proteger las finanzas públicas sin sacrificar el poder adquisitivo del grupo afectado, particularmente ante la brecha generada en 2026. || Sin embargo, no quedó claro si formularon un único cargo por violación del principio de igualdad o si plantearon cargos autónomos por la vulneración de la igualdad y, adicionalmente, de los derechos a la seguridad social, al poder adquisitivo de las mesadas pensionales y al mínimo vital, derivados de una medida que consideraron desproporcionada. || En relación con la existencia de un “hecho nuevo”, los demandantes en los expedientes D-17.252, D-17.257 y D-17.258 afirmaron que el escenario económico actual difería sustancialmente del existente al momento de las decisiones anteriores, pues mientras entre 1993 y 2017 el IPC y el salario mínimo crecían de manera similar, para 2026 se presentó una brecha cercana al 18 % como resultado de un incremento del SMMLV del 23 % frente a un reajuste pensional por IPC del 5.1 %.] - [Palabras claves automatizadas: mínimo, constitucional, principio, demanda, igualdad, salario, norma, adquisitivo, juicio, rechazo, reajuste, cp, pensional, corte]

Auto A-663 de 2026

[Resumen automatizado: En cuanto al argumento derivado del presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, indicó que si bien el accionante propuso como términos de comparación a los taxis y a los vehículos de servicio público especial (placas blancas), no desarrolló de forma suficiente por qué, pese a las diferencias normativas y funcionales previstas en la regulación del sector transporte, dichos grupos resultarían comparables, desde una perspectiva constitucional. || El despacho sustanciador también se refirió al argumento del accionante en torno a una alegada injusticia en la asignación de la responsabilidad por incumplimiento de las normas al utilizar plataformas digitales para atender a la población en general por parte de los vehículos de servicio especial -que recae únicamente en el conductor, pero no en el usuario-, pues "[e]ste razonamiento no es estirpe constitucional, ni su desarrollo argumentativo se enfocó en contrastar de forma específica cómo la norma contraviene la Constitución al aplicarse respecto de un servicio que fue contratado previamente por parte de un usuario y aceptado por un conductor de camioneta de placa blanca"[23].] - [Palabras claves automatizadas: transporte, demanda, servicio, rechazo, recurso, auto, público, en, especial, sala]

Auto A-661 de 2026

[Resumen automatizado: Esta Corte ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[9]. || Por lo tanto, le corresponde al Juzgado 002 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira resolver la acción de tutela presentada por el ciudadano Víctor Hugo Villamil Osorio, pues la Corte Constitucional no evidenció elementos que justifiquen apartar a la autoridad de la órbita de sus competencias. || Por último, la Sala Plena le advertirá al Juzgado 002 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto. || Asimismo, esta Corporación le advertirá al Juzgado 003 Civil Municipal de Pereira�que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional. || ADVERTIR al Juzgado 003 Civil Municipal de Pereira que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, corte, acción, autoridades, conflicto, constitucional, reglas, sala, autoridad, decreto, reparto]

Auto A-660 de 2026

[Resumen automatizado: El 24 de abril de 2026, el Juzgado 013 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, autoridad judicial a la que correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia territorial para asumir el conocimiento del caso, dispuso remitir el expediente a los jueces de tutela de Bogotá[6]. || Asimismo, citó el auto 762 de 2021 de la Corte Constitucional en relación al factor de competencia territorial en trámites de tutela y resaltó que la propia actora dirigió expresamente la solicitud de amparo ante los jueces de Barranquilla, razón por la cual concluyó que correspondía a dicha autoridad judicial asumir el conocimiento del asunto. || Por tanto, la Sala Plena encuentra que el Juzgado 013 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla es la autoridad en conflicto competente para tramitar la acción de tutela que suscitó el presente conflicto negativo de competencia, comoquiera que (i) es el lugar hasta donde logran extenderse los efectos de la presunta vulneración y (ii) dado que, fue la primera autoridad con competencia territorial en conocer el asunto y en virtud del criterio a prevención, es la autoridad judicial frente a la cual la parte accionante decidió interponer la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, lugar, constitucional, barranquilla, efectos, bogotá, acción, conflicto, territorial, expediente, autoridades, factor, asunto]

Auto A-659 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena considera que el Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali es la autoridad llamada a resolver la tutela por dos razones principales. || Segundo, en cualquier caso, y habida cuenta de que ambas autoridades son competentes por cuanto Barranquilla es el lugar donde se produce parcialmente la presunta vulneración de los derechos de la actora, pues allí tiene su sede una de las entidades accionadas y donde presuntamente no contestaron sus peticiones, Cali fue el sitio escogido a prevención por ella. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 21 de abril de 2026, dictado por el Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, y remitirá el expediente a esa autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. || Además, le advertirá al Juzgado 013 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996. || [4] El 29 de abril de 2026, el Juzgado 013 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla remitió el expediente a la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, corte, sala, competencia, magistrado, barranquilla, plena, autoridades, lugar, municipal, conflicto, allí, constitucional, penal]

Auto A-658 de 2026

[Resumen automatizado: En este sentido, el Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Duitama, mediante Auto del 04 de marzo de 2026 se abstuvo de avocar el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Marco Villareal Hernández, suscitó el conflicto negativo de competencias y remitió el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.[10] Este juzgado citó los autos 198 de 2009, 525 de 2017, 570 de 2017, 588 de 2017, 089 de 2018, 118 de 2018 y 668 de 2018, y determinó que si bien está prohibido para los jueces promover conflictos aparentes de competencia con base en la inobservancia de la reglas de reparto, se ha indicado que "en el evento de comprobarse la existencia de un reparto caprichoso o arbitrario de la acción de tutela, fruto de una tergiversación manifiesta de las reglas sobre el mismo, el caso debe ser remitido a la autoridad judicial a la cual corresponde su conocimiento de conformidad con las disposiciones previstas en las mencionadas normas"[11].] - [Palabras claves automatizadas: corte, competencia, constitucional, decreto, tutela, reparto, acción, reglas, penal, sala, control, autoridad]

Auto A-657 de 2026

[Resumen automatizado: Efectuado el nuevo reparto[4], el asunto fue asignado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el cual, mediante Auto del 08 de abril de 2026[5], resolvió no avocar el conocimiento del asunto, y en su lugar proponer conflicto negativo de competencia con el Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Montería, además de remitir las diligencias a la Corte Constitucional para que lo resolviera. || De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Montería se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por el señor Jose Manuel Jiménez Regino, con fundamento en las reglas de reparto, a pesar de que estas no desplazan su competencia para fallar la acción constitucional (ver fj. || En consecuencia, se advertirá al Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Montería que, en lo sucesivo, deberá observar con estricto rigor las normas que regulan la competencia en materia de tutela y la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia, en particular las reglas reiteradas en la presente providencia, para que se abstenga de separarse del conocimiento de acciones con fundamento en reglas de reparto.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, tribunal, constitucional, decreto, administrativo, magistrado, conocimiento, reglas, reparto, judiciales]

Auto A-656 de 2026

[Resumen automatizado: A su vez, el Juzgado 068 Civil Municipal de Bogotá planteó un conflicto negativo de competencia con fundamento en el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, señalando que se trataba de una entidad del orden nacional (la NUEVA EPS) por lo que el asunto debía remitirse a los Jueces del Circuito. || Por lo tanto, la Corte concluye que el Juzgado 023 Administrativo del Circuito de Bogotá se encuentra en la obligación de tramitar, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Carlos Alberto Salazar Ceballos en contra del Hospital El Tunal Subred Sur y la Nueva EPS, por tratarse de la primera autoridad judicial a la que se le asignó el proceso por reparto. || En consecuencia, la Sala dejará sin efectos el Auto del 21 de abril de 2026, dictado por el Juzgado 023 Administrativo del Circuito de Bogotá y le remitirá el expediente ICC-5399 para que -de manera inmediata- tramite y adopte la decisión a la que haya lugar. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 21 de abril de 2026, dictado por el Juzgado 023 Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del trámite de la acción de tutela presentada por Carlos Alberto Salazar Ceballos en contra del Hospital El Tunal Subred Sur y la Nueva EPS.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, constitucional, competencia, bogotá, corte, administrativo, judiciales, civil, reglas, reparto, acción, municipal]

Auto A-655 de 2026

[Resumen automatizado: El 10 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, autoridad a la que se repartió inicialmente el asunto, declaró su falta de competencia para asumir el conocimiento del caso y ordenó su remisión a los jueces de circuito de Bogotá[4]. || Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada con sustento en reglas de reparto, a pesar de que ellas no desplazan su competencia para resolver la acción constitucional. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el auto del 10 de abril de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, mediante el cual, se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción de tutela impetrada por la parte accionante, toda vez que se desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido explícito del parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y se afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: corte, competencia, tutela, constitucional, sala, decreto, laboral, estado, sección, consejo, conocimiento, reparto, contencioso, segunda, autoridades, administrativo, subsección, acción, judiciales]

Auto A-654 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado 003 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soacha, autoridad que, el 21 de abril siguiente, resolvió promover un conflicto negativo de competencias ante esta Corte[3]. || La Sala Plena considera que el Juzgado 034 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá es la autoridad llamada a resolver la tutela, por dos razones principales. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 16 de abril de 2026, dictado por el Juzgado 034 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, y remitirá el expediente a esa autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. || Además, le advertirá al Juzgado 003 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soacha que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996. || [4] El 22 de abril de 2026, el Juzgado 003 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soacha remitió el expediente a la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, penal, bogotá, corte, sala, plena, conflicto, acción, competencia, magistrado, constitucional, autoridades, autoridad, derechos, competente]

Auto A-653 de 2026

[Resumen automatizado: Por otra parte, la Sala estima que el Juzgado 128 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. también sería competente para conocer de la acción de tutela en virtud del factor territorial, en la medida en que es en aquel municipio donde el accionante debe soportar los efectos negativos de la vulneración a su derecho al habeas data, en la medida en que allí está domiciliado. || En ese sentido, la Corte dejará sin efectos el Auto del 20 de abril de 2026, y enviará el expediente ICC-5393 al Juzgado 128 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar[18]. || Finalmente, se advertirá al Juzgado 037 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín que, en lo sucesivo, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: corte, competencia, municipal, tutela, constitucional, penal, bogotá, auto, sala, factor, fundamentales, territorial]

Auto A-652 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante Auto del 17 de abril de 2026[5], el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches, se abstuvo de avocar el conocimiento de la acción de tutela, trabó un conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional. || En el caso bajo examen, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que se configuró un conflicto negativo de competencias, toda vez que: (i) el Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga consideró que, debido a que la accionante reside en Puerto Wilches, Santander, los hechos y efectos presuntamente vulneradores ocurrieron en dicho municipio; y, (ii) el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches concluyó que la accionante recibe su tratamiento en Bucaramanga, por ello, conforme al criterio a prevención, la actora puede elegir la autoridad que desea que resuelva su caso, según el lugar donde ocurrieron los hechos o donde se producen sus efectos. || Por esa razón, se resolverá: (i) dejar sin efectos el Auto del 17 de abril de 2026 dictado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches; (ii) remitir el expediente ICC-5392 a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que en derecho corresponda; y, (iii) comunicar la presente providencia.] - [Palabras claves automatizadas: corte, competencia, constitucional, tutela, acción, autoridad, auto, lugar, municipal, decreto, efectos, expediente, territorial]

Auto A-651 de 2026

[Resumen automatizado: El 17 de abril de 2026 el Juzgado de Turbo remitió el expediente a la Corte Constitucional de Colombia, para que dirimiera el conflicto de competencia suscitado entre las tres autoridades jurisdiccionales. || De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que, en el presente asunto, se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. || A partir de lo anterior, la Sala Plena concluye que los hechos que motivaron la presentación de la solicitud habrían ocurrido en el municipio de Turbo, pues según las pruebas preliminares que pudo recaudar el Juzgado de Cali el despido injustificado del demandante habría sucedido en esa ciudad, que era donde prestaba sus servicios para la constructora demandada. || Así las cosas, dado que el 13 de abril de 2026, el señor Jader Enrique Marín Hernández presentó la acción de tutela de la referencia ante el Juzgado 035 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D. || Por ende, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 14 de abril de 2026, dictado por esa célula judicial y le remitirá el expediente ICC-5390 para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, corte, sala, documento, competencia, bogotá, constitucional, lugar, expediente, conflicto]

Auto A-650 de 2026

[Resumen automatizado: Sostuvo que la acción de tutela se dirige en contra de una sociedad comercial de carácter privado y, por lo tanto, la competencia debía ser asignada a los juzgados municipales de Bogotá D.C., según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021. || Efectuado el nuevo reparto, el asunto le correspondió al Juzgado 054 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C. Esta autoridad judicial, mediante Auto del 21 de enero de 2026[4], resolvió no avocar conocimiento del presente trámite, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia. || La Corte Constitucional determinó que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[6]. || Así las cosas, la autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por la señora María Helena Rodríguez de Santamaría es el Juzgado 020 Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C., por ser la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el conocimiento del amparo. || Por lo anterior, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 4 de septiembre de 2025 proferido por el Juzgado 020 Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C, mediante el cual declaró su falta de competencia para conocer el asunto.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, corte, constitucional, bogotá, acción, reparto, reglas, conflicto, decreto, administrativo, conocimiento, autoridad, magistrado]

Auto A-649 de 2026

[Resumen automatizado: El despacho fundamentó su decisión en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, así como en la jurisprudencia constitucional sobre la competencia a prevenciónen particular, los autos 124 de 2016 y 070 de 2012, según la cual el conocimiento puede radicarse tanto en el lugar donde ocurre la vulneración como donde se producen sus efectos, con prevalencia de la elección del accionante. || La jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[10]. || De acuerdo con los antecedentes y consideraciones expuestos, la Corte constata que entre las autoridades judiciales involucradas se configuró un conflicto de competencia con fundamento en el factor territorial. || Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará en firme las providencias proferidas por el Juzgado 007 Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Juzgado Único Laboral del Circuito de El Banco, en cuanto ambas autoridades declararon su falta de competencia territorial para asumir el conocimiento de la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, constitucional, corte, efectos, lugar, territorial, banco, marta, santa, factor, acción, autoridades]

Auto A-648 de 2026

[Resumen automatizado: El 9 de abril de 2026[4], el Juzgado 002 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta declaró su falta de competencia para conocer la acción de tutela promovida por Harrison Gil Arce contra la Inspección de Tránsito y Transporte de Curití y ordenó la remisión inmediata del expediente a la Oficina Judicial para que fuera repartido entre los juzgados promiscuos municipales de Curití. || Por otro lado, el Juzgado Promiscuo Municipal de Curití manifestó que, de conformidad con el criterio a prevención, la autoridad competente era el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta, en tanto el accionante reside en dicha ciudad y es allí donde se proyectan los efectos de la presunta vulneración, además de haber sido el lugar elegido para la interposición de la acción de tutela. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la decisión por la cual el Juzgado 002 Penal Municipal de Adolescencia con Función de Control de Garantías de Cúcuta declaró su falta de competencia y (ii) se remitirá el expediente a esa autoridad para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.] - [Palabras claves automatizadas: lugar, tutela, municipal, competencia, efectos, corte, penal, acción, garantías, constitucional, control, plena]

Auto A-647 de 2026

[Resumen automatizado: El 18 de marzo de 2026, el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona resolvió declarar su falta de competencia para conocer de la acción de tutela y ordenar la remisión del expediente a los Juzgados Municipales de Bogotá; consideró que, de acuerdo con las reglas de competencia territorial en materia de tutela, la presunta vulneración de los derechos invocados se relaciona con actuaciones de Coljuegos, entidad ubicada en dicha ciudad, por lo que es allí donde se producen los efectos de la alegada afectación. || En el presente caso, la Sala advierte que el conflicto negativo de competencia se suscitó entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona y el Juzgado 102 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, su resolución correspondería, en principio, a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de dos despachos de la misma jurisdicción ubicados en distintos distritos judiciales; no obstante, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y efectiva, y en atención a los principios de celeridad y eficacia que orientan el trámite de la acción de tutela, la Sala Plena de la Corte Constitucional decide asumir directamente el conocimiento del asunto, evitando así mayores dilaciones en la resolución de fondo.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, municipal, acción, corte, constitucional, sala, lugar, bogotá, derecho, efectos, juez, decreto]

Auto A-646 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue asignado al Juzgado 005 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá[3], autoridad que, en Auto del 9 de abril de 2026[4], rechazó la acción de tutela tras estimar que carecía de competencia para tramitar el amparo y remitió el expediente por reparto a los jueces de Zipaquirá. || Efectuado el nuevo reparto, el asunto le correspondió al Juzgado 002 Civil Municipal de Zipaquirá[5], autoridad que, mediante Auto del 10 de abril de 2026[6], resolvió: i) no avocar conocimiento de la acción de tutela; ii) proponer un conflicto negativo de competencias; y iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional. || TERCERO: ADVERTIR al Juzgado 002 Civil Municipal de Zipaquirá que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves automatizadas: corte, tutela, constitucional, lugar, acción, competencia, conflicto, bogotá, territorial, autoridades, factor, auto]

Auto A-645 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante Auto del 7 de abril de 2026, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Rivera, Huila, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente para reparto entre juzgados del circuito de Neiva[2]. || Así las cosas, en este caso el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Rivera no podía rechazar su competencia en virtud de las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015, por lo que es procedente la devolución del expediente para que esa autoridad judicial tramita la solicitud de amparo. || Mediante auto del 10 de abril de 2026, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Rivera resolvió no avocar conocimiento, propuso el conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional[5]. || La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[7]. || Lo anterior, debido a que el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Rivera propuso el conflicto porque, a su juicio, la competencia les corresponde a los juzgados del circuito, según el Decreto 1069 de 2015.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, municipal, reglas, acción, corte, autoridad, constitucional, decreto, reparto, conflicto]

Auto A-644 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado 087 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., el Juzgado 001 Penal del Circuito de Yopal y la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal declararon su falta de competencia para conocer de la acción de tutela, con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015 y sus modificaciones. || Este Tribunal advierte que el Juzgado 087 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., el Juzgado 001 Penal del Circuito de Yopal y la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal otorgaron un alcance inexistente a las reglas de reparto y desconocieron la jurisprudencia reiterada de esta Corte, según la cual dichas reglas no integran los mandatos procesales en materia de competencia, pues solo son pautas de asignación de expedientes de tutela. || ADVERTIR al Juzgado 003 Civil del Circuito de Yopal que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, autoridades, sala, corte, judiciales, acción, tribunal, judicial, reglas, constitucional, conflicto, superior]

Auto A-643 de 2026

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional procederá a resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado 004 Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Medellín y el Juzgado 045 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C. En efecto, ambas autoridades judiciales rechazaron el conocimiento del asunto con fundamento en el factor territorial, lo que hace necesario determinar cuál de ellas es competente para tramitar la acción de tutela. || La Sala Plena considera que la autoridad competente para conocer la acción de tutela es el Juzgado 045 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C. En materia de tutela, la competencia territorial se determina, a prevención, por el lugar donde ocurre la vulneración o donde se producen sus efectos. || Adicionalmente, la Sala advertirá al Juzgado 045 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C. que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996, antes de acudir a esta Corporación.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, bogotá, penal, lugar, corte, acción, territorial, efectos, constitucional, factor]

Auto A-642 de 2026

[Resumen automatizado: Al respecto, estimó que la obligación cuyo cobro se pretende tiene origen en facturas derivadas de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, las cuales constituyen títulos ejecutivos cuyo cobro corresponde a la jurisdicción ordinaria, conforme al artículo 130 de la Ley 142 de 1994 y al Auto 1699 de 2024 de la Corte Constitucional, razón por la cual dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto suscitado[7]. || Sobre el presupuesto objetivo: se entiende superado en tanto se constata la existencia de una demanda ejecutiva de menor cuantía promovida por la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. en contra el IMDTTM, mediante la cual se solicita el pago de las sumas adeudadas derivadas de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, junto con los intereses moratorios correspondientes, con fundamento en las facturas que sirven de título ejecutivo. || Ante ello, en el�auto 1455 de 2023, la Corte amplió la regla de decisión del auto 708 de 2021, y dispuso que: “La Jurisdicción Ordinaria conocerá de los procesos ejecutivos donde se pretenda cobrar facturas�o acuerdos de pago�suscritos en el marco de un contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el cual fue reformado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001” (Énfasis añadido).] - [Palabras claves automatizadas: ley, públicos, jurisdicción, constitucional, derivadas, corte, servicios, domiciliarios, prestación, ejecutivo, municipal, auto, sala, jurisdicciones, conflicto, administrativo, pago]

Auto A-641 de 2026

[Resumen automatizado: Por medio de Auto del 30 de agosto de 2023,[6] el juez civil admitió la acción popular, y mediante Auto del 1 de agosto de 2025[7] decidió vincular al trámite a tres personas naturales y comunicar el inicio del proceso al Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación -Regional Villavicencio-, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría del Pueblo Regional Meta, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA-, a la Secretaria de Planeación y Vivienda municipal de Acacías, Meta, a la Secretaría de Gobierno municipal de Acacías, Meta, y, al municipio de Acacías, Meta, con el fin de que intervinieran si a bien lo consideraban por ser las entidades encargadas de velar por la protección de los derechos colectivos presuntamente vulnerados. || En consecuencia, esta autoridad judicial manifestó que al dirigirse la acción popular contra los particulares propietarios de los establecimientos de comercio que generan la presunta contaminación auditiva, y no atribuirse responsabilidad directa a las entidades públicas vinculadas, la competencia para conocer del asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.[10]] - [Palabras claves automatizadas: competencia, acción, públicas, popular, auto, entidades, establecimientos, jurisdicción, administrativo, sala, constitucional, corte, jurisdicciones, colectivos]

Auto A-640 de 2026

[Resumen automatizado: Efectuado el reparto[6], el asunto le correspondió al Juzgado 010 Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad que mediante auto del 13 de abril de 2026 declaró su falta de competencia para conocer el expediente, propuso “conflicto negativo de competencia” y lo remitió a la Corte Constitucional. || En consecuencia, la Corte Constitucional se inhibirá de resolver el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 008 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 010 Laboral del Circuito de la misma ciudad, y remitirá el asunto�a la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que (i) resuelva el conflicto de competencia entre estas autoridades judiciales�y (ii) comunique la presente decisión a los interesados. || Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7637 a la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que resuelva el conflicto de competencia entre el Juzgado 008 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 010 Laboral del Circuito de la misma ciudad, y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, autoridades, competencia, bogotá, jurisdicción, resolver, corte, civil, ordinaria, magistrado, conflictos, expediente, conflicto]

Auto A-639 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante auto del 26 de marzo de 2026, ese despacho declaró un conflicto de jurisdicciones y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que lo resolviera[7]. || La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es la competente para conocer las demandas promovidas con el propósito de controvertir la legalidad de un dictamen expedido por una junta regional o nacional de calificación de invalidez. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Ibagué, Tolima, y el Juzgado 002 Laboral del Circuito de la misma ciudad en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Ibagué, Tolima, es la autoridad competente para conocer la demanda ordinaria laboral interpuesta en contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7634 al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Ibagué, Tolima, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de la misma ciudad.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, dictamen, jurisdicción, ordinaria, corte, junta, demanda, capacidad, administrativo, competencia, constitucional, jurisdicciones, pérdida, regional]

Auto A-638 de 2026

[Resumen automatizado: No obstante, la demandada interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, por lo que el conocimiento correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala Civil, Familia y Laboral, que, mediante Auto del 9 de julio de 2025, declaró su falta de jurisdicción, anuló la sentencia y ordenó remitir el expediente a la oficina de reparto de los juzgados administrativos del circuito de la misma ciudad. || Asimismo, destacó que la Corte Constitucional fijó como regla que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe conocer los casos en los que se discuta la existencia de relaciones laborales encubiertas mediante contratos de prestación de servicios celebrados con el Estado, criterio reiterado en los autos 330 de 2021, 479 de 2021, 491 de 2021, 492 de 2021, 739 de 2021, 908 de 2021 y 1389 de 2023, en los que estableció que dicha jurisdicción es la competente para analizar los contratos estatales y determinar la naturaleza jurídica del vínculo entre el contratista y la administración, criterio que resulta vinculante. || Bajo ese entendimiento, la Sala aplica la regla fijada en el Auto 811 de 2022, según la cual, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad Laboral, es competente para conocer de los asuntos promovidos por trabajadores de empresas de servicios públicos de naturaleza privada o mixta que se originen directa o indirectamente en un contrato de trabajo.] - [Palabras claves automatizadas: corte, jurisdicción, sala, servicios, conocer, laboral, administrativo, mediante, contratos, ordinaria, conflicto, constitucional, auto, trabajo, asunto, contrato, empresa]

Auto A-637 de 2026

[Resumen automatizado: El 12 de marzo de 2026, el Juzgado 031 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá (Sección Tercera) propuso conflicto negativo de competencias y remitió el asunto a la Corte Constitucional para que lo dirimiera. || En consecuencia, la Corte Constitucional se inhibirá de resolver el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 044 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá (Sección Cuarta) y el Juzgado 031 Administrativo Oral del Circuito Judicial de la misma ciudad (Sección Tercera) y remitirá el asunto a la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca[10], para que: (i) resuelva el conflicto de competencia entre estas autoridades judiciales;�y, (ii) comunique la presente decisión a los interesados. || A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7623 a la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, en el ámbito de sus competencias, resuelva el conflicto suscitado entre el Juzgado 044 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá (Sección Cuarta) y el Juzgado 031 Administrativo Oral del Circuito Judicial de la misma ciudad (Sección Tercera) y comunique la presente decisión a los interesados en el trámite.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, conflicto, bogotá, constitucional, competencia, corte, sección, sala, autoridades, jurisdicciones, judicial, asunto]

Auto A-636 de 2026

[Resumen automatizado: El 28 de junio de 2013, la señora Julie Alexandra Arias Moreno interpuso una demanda contra el Instituto de Seguro Social (ISS) en liquidación[1], por medio de apoderado judicial[2], con el objetivo de que el juez de conocimiento declare que entre ella y el ISS existió un contrato laboral entre agosto de 2006 y junio de 2008, como “trabajador[a] oficial”, el cual fue encubierto por la entidad a través de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios[3]. || Por medio del Auto 492 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de las demandas dirigidas a obtener la declaración de existencia de un contrato realidad presuntamente encubierto mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios con entidades públicas. || Por ello, el asunto se enmarca en la regla de decisión que fijó esta Corporación en el Auto 492 de 2021, según la cual corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de los procesos en los que se pretende declarar la existencia de un contrato realidad presuntamente encubierto mediante contratos de prestación de servicios suscritos con el Estado.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, expediente, auto, jurisdicciones, tribunal, corte, servicios, contratos, entidad, judicial, prestación, laboral, administrativo, conflicto]

Auto A-635 de 2026

[Resumen automatizado: Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado 004 Civil Municipal Oral de Neiva[3], el cual, mediante Auto del 19 de septiembre de 2022, declaró que el trámite correspondía a un proceso ejecutivo de mínima cuantía y que, por tanto, la competencia recaía en los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple de esa misma ciudad. || Para ello, la autoridad judicial sostuvo que, aunque la ejecución de condenas en costas impuestas a particulares correspondía, por regla general, a la jurisdicción ordinaria cuando se promovía mediante proceso ejecutivo independiente, en este caso la solicitud se había formulado dentro del mismo expediente en el que se profirió la sentencia condenatoria. || Con fundamento en lo expuesto, el Auto 008 de 2022 fijó la siguiente regla de decisión: "[e]l conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP"[19].] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, ejecución, proceso, auto, conocimiento, administrativo, expediente, solicitud, corte, misma, conflicto, jurisdicciones, judiciales, providencia, competencia]

Auto A-634 de 2026

[Resumen automatizado: No obstante, la demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo, por lo que el conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, que, mediante Auto del 23 de mayo de 2025, declaró su falta de jurisdicción, anuló la sentencia y ordenó remitir el expediente al Juzgado 001 Civil del Circuito de Túquerres. || En ese sentido, la Corte ha reiterado que, aunque por regla general las personas vinculadas a este tipo de entidades tienen la calidad de empleados públicos, quienes desempeñan cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o a la prestación de servicios generales ostentan la condición de trabajadores oficiales, razón por la cual el conocimiento de las controversias derivadas de este tipo de vinculación corresponde a la Jurisdicción Ordinaria especialidad Laboral[11]. || Lo anterior, por cuanto le asiste razón al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, toda vez que, aunque la regla general en las Empresas Sociales del Estado es la vinculación de sus servidores como empleados públicos, en el presente asunto se configura la excepción prevista en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990.] - [Palabras claves automatizadas: mediante, administrativo, jurisdicción, sala, generales, conflicto, servicios, laboral, corte, ley, asunto, auto, no, conocimiento]

Auto A-632 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, el asunto fue repartido al Juzgado 012 Laboral de Barranquilla que, a través de Auto del 03 de agosto de 2022, propuso conflicto negativo de jurisdicciones y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional. || La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones de acuerdo con el artículo 241.11 de la Constitución Política de 1991[6]. || La controversia fue suscitada entre dos autoridades que administran justicia, pertenecen a diferentes jurisdicciones y rechazaron la competencia para conocer del asunto: la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada por la Sección C del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, y la jurisdicción ordinaria, representada por el Juzgado 012 Laboral de Barranquilla. || “Cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011”[16]. || Por intermedio de la Secretaría General y en aplicación del principio de celeridad, REMITIR el expediente CJU-7589 a la Sección C del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, corte, competencia, contencioso, derecho, auto, jurisdicción, conflicto, conocer, sección, jurisdicciones, constitucional, tribunal, nulidad]

Auto A-631 de 2026

[Resumen automatizado: Al respecto, indicó que "la Corte Constitucional en el Auto 403 de 2021 estableció que independientemente del régimen aplicable, aquellos contratos, en los que sea parte una entidad pública, son, por definición, contratos estatales". || Asimismo, con fundamento en el Auto 1208 de 2024, la jurisprudencia del Consejo de Estado[6] y el artículo 104 del CPACA indicó que "la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer de los procesos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público". || Con fundamento en este mismo criterio, la Corte en el Auto 1027 de 2021 indicó que "a la luz de los numerales 2° y 6° del artículo 104 del CPACA, es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer los procesos ejecutivos basados en títulos valores que se deriven de un contrato estatal siempre y cuando el litigio se presente entre quienes suscribieron tal vínculo contractual". || Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena remitirá el conocimiento del asunto al Juzgado 001 Administrativo de Florencia para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a las demás partes e intervinientes y al Juzgado 002 Civil Municipal de Florencia.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, administrativo, auto, competencia, corte, proceso, conocer, municipal, contrato, contencioso, constitucional, civil, amazonía, título, partes]

Auto A-630 de 2026

[Resumen automatizado: Para sustentar su decisión señaló que, conforme a los autos 492 de 2021 y 1093 de 2021 de la Corte Constitucional, cuando se pretende la declaratoria de un contrato realidad con una entidad pública y el pago de acreencias laborales derivadas de una aparente contratación indebida de prestación de servicios con el Estado, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo[5]. || Para sustentar su decisión, el despacho señaló que, conforme al artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), la definición sobre la existencia de una relación laboral corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, aun cuando una de las partes sea una entidad pública. || Además, que, de acuerdo con los artículos 104 y 105 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de los conflictos laborales surgidos entre entidades públicas y sus trabajadores oficiales, por lo que ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto. || En aquella oportunidad, la Sala determinó que la competencia para conocer del asunto le correspondía a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, en virtud de las reglas de vinculación aplicables a la Unidad dispuestas en el Decreto 1421 de 1993 y en el Acuerdo 005 de 2023 sobre los trabajadores oficiales del Distrito Capital.] - [Palabras claves automatizadas: contrato, bogotá, corte, auto, jurisdicción, laboral, ordinaria, relación, sindical, entidad, unidad, trabajadores, especial, laborales, demanda, expediente, trabajo, jurisdicciones]

Auto A-629 de 2026

[Resumen automatizado: Consideró que, conforme a los artículos 78 y 79 del Código de Comercio y la Sentencia C-166 de 1995, las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado que ejercen funciones administrativas, por lo cual sus actuaciones son susceptibles de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || En ese sentido, determinó que la solicitud de la actora no constituye una demanda dirigida a dirimir un conflicto societario interno, sino que persigue la declaratoria de nulidad del registro de una situación de control inscrita en la Cámara de Comercio de Pasto, el cual reviste la naturaleza de acto administrativo de carácter particular y concreto, expedido por una entidad privada en ejercicio de funciones administrativas[7]. || Por otro lado, Sala Plena de la Corte Constitucional, a través del Auto 1873 de 2025, estudió un conflicto entre jurisdicciones en el que se demandó a una Cámara de Comercio con el fin de obtener la nulidad de actos de registro realizados ante dicha entidad. || Conforme a la regla de decisión fijada en el Auto 1873 de 2025, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de las demandas en las que se pretenda cuestionar la legalidad de los actos de registro efectuados por las cámaras de comercio.] - [Palabras claves automatizadas: registro, actos, competencia, funciones, conflicto, superintendencia, administrativo, asunto, comercio, acto, demanda, control, ejercicio, jurisdicción, dicha, cámaras]

Auto A-628 de 2026

[Resumen automatizado: El 13 de enero de 2026[1], Sandra Nelly Barrera Jerez, por medio de apoderado, presentó acción de cumplimiento contra el municipio de Barbosa (Santander), para que se ordenara la observancia de un acto administrativo ficto mediante el cual, a su juicio, se concedió la prórroga de una licencia urbanística. || Sostuvo que, si bien la Ley 393 de 1997 establece las reglas generales de competencia para las acciones de cumplimiento, el artículo 116 de la Ley 388 de 1997 asigna de forma especial a la Jurisdicción Ordinaria el conocimiento de estas acciones, cuando versan sobre el cumplimiento de una ley o acto administrativo relacionado con los instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997. || Los autos 988 de 2021, 2849 de 2023 y 368 de 2024 reiteran la regla establecida en el auto 951 de 2021, según la cual la Jurisdicción Ordinaria Civil es competente para conocer las acciones de cumplimiento dirigidas contra entidades públicas o particulares en ejercicio de funciones administrativas, cuando se pretenda el cumplimiento de deberes previstos en la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991, en materia de ordenamiento territorial y usos del suelo.] - [Palabras claves automatizadas: ley, cumplimiento, administrativo, acto, conflicto, acción, acciones, jurisdicciones, san, competencia, judicial, jurisdicción, licencia]

Auto A-627 de 2026

[Resumen automatizado: Sin embargo, mediante auto del 31 de enero de 2025[9], la Sala Sexta de Decisión Laboral resolvió declarar la falta de jurisdicción y competencia para conocer de la demanda, por considerar que, del contenido de la demanda y las pruebas, el señor Arboleda Perdomo ostentó la calidad de empleado público por ser Magistrado del Consejo de Estado. || Como sustento normativo y jurisprudencial, el Tribunal Superior citó el Auto 1007 de 2023 de la Corte Constitucional en el cual se aclaró que la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social es competente para conocer de: (i) los asuntos de seguridad social del trabajador privado, independiente u oficial, sin importar la naturaleza de la entidad administradora y, (ii) empleado público o miembro de corporación pública, cuando la entidad administradora sea de naturaleza privada. || Actualmente está en curso una demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor Enrique José Arboleda Perdomo contra Colpensiones, mediante la cual pretende la reliquidación de su mesada pensional desde el 17 de octubre de 2013 en adelante y el reconocimiento y pago de las diferencias causadas a partir del 1 de julio de 2020, de manera retroactiva hasta el momento en que se haga la reliquidación.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, jurisdicción, ordinaria, bogotá, pensión, sala, corte, competencia, público, judicial, expediente, constitucional, empleado, auto, tribunal]

Auto A-626 de 2026

[Resumen automatizado: En auto 339 del 28 de enero de 2026, el Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta) libró despacho comisorio ante la Comisaría de Familia de Castilla La Nueva (Meta), para que realizara visita al lugar de domicilio de la señora Ángela María Suarez Velasco, con el fin de verificar el cumplimiento de una condena penal[1]. || En auto 390 del 2 de febrero de 2026, el Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta) libró despacho comisorio ante la Comisaría de Familia de Castilla La Nueva (Meta), para que realizara visita al lugar de domicilio del señor Raúl Hernán Jaramillo Gautier, con el fin de verificar el cumplimiento de una condena penal[6]. || En auto 484 del 13 de febrero de 2026, el Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías libró nuevamente despacho comisorio ante la Comisaría de Familia de Castilla La Nueva, para que realizara la visita de verificación de cumplimiento de la condena penal[8]. || En auto 484 del 13 de febrero de 2026, el Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías libró nuevamente despacho comisorio ante la Comisaría de Familia de Castilla La Nueva, para que realizara la visita de verificación de cumplimiento de la condena penal[8].] - [Palabras claves automatizadas: conflictos, jurisdicciones, competencia, conflicto, autoridad, corte, despacho, autoridades, seguridad, constitucional, cumplimiento, ley, administrativa]

Auto A-625 de 2026

[Resumen automatizado: El juez contencioso administrativo estimó que, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 550 de 1999, la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, es competente para dirimir las controversias relacionadas con la ejecución o terminación de los acuerdos de reestructuración de pasivos, incluyendo las diferencias surgidas entre el empresario y los acreedores con ocasión de dicho acuerdo. || De manera complementaria, el artículo 155 del mismo estatuto concreta esta regla al atribuir a los jueces administrativos el conocimiento de las acciones de nulidad contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden municipal o distrital, así como por particulares que ejerzan funciones administrativas en ese mismo ámbito territorial. || De este modo, al tratarse de actos administrativos relacionados con la liquidación de acreencias y no sobre la inclusión de estas al acuerdo, la competencia para conocer del medio de control corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme a los términos de los artículos 104 y 152 del CPACA. || Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-7559 al Juzgado 009 Administrativo del Circuito Judicial de Montería (Córdoba) para que adelante las funciones de su competencia y para que comunique lo pertinente a la Superintendencia de Sociedades y a los demás interesados.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, administrativo, administrativos, acuerdo, nulidad, actos, superintendencia, corte, constitucional, auto, contencioso]

Auto A-624 de 2026

[Resumen automatizado: El 16 de noviembre de 2021[1], Gonzalo Ríos Zapata, a través de apoderado, presentó demanda laboral en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante, UGPP) para que se declare que tiene derecho, en virtud del principio de primacía de la realidad, a recibir los salarios y prestaciones sociales del Instituto de Seguros Sociales (en adelante, ISS) asignados al cargo de profesional universitario "coordinador de prestaciones económica[s]"[2], el cual desempeñó entre el 14 de septiembre de 1992 y el 31 de agosto de 2008. || En la mencionada providencia, la Sala Plena fijó la siguiente regla de decisión: "La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer de una demanda, por medio de la cual se pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo y, por esa vía, se otorgue el reconocimiento de prestaciones laborales y convencionales, cuando se advierte, al menos en principio, que la parte accionante prestó un servicio propio de los trabajadores oficiales, de conformidad con las normas que determinan el tipo de vinculación de los servidores públicos de la entidad demandada." Esta regla fue reiterada recientemente en el Auto 370 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: corte, laboral, demanda, conflicto, autoridades, decreto, jurisdicciones, cargo, bogotá, administrativo, prestaciones, reconocimiento, pensión, agosto, decisión, constitucional]

Auto A-623 de 2026

[Resumen automatizado: La Corte definió, mediante Auto 492 de 2021, que la competencia para conocer de las demandas promovidas en contra de entidades públicas para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios, corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || Todo lo anterior implica que la competencia sea de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al ser la autoridad encargada de conocer sobre contratos estatales y determinar, para casos como el concreto, si el vínculo celebrado es de carácter estatal o es una relación laboral, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° y el numeral 2 del artículo 104 del CPACA. || Como lo indicó este Tribunal en el Auto 492 de 2021, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de las demandas promovidas en contra de entidades públicas para determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios. || De acuerdo con lo previsto en el Auto 492 de 2021, "[l]a Corte determina que, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado"[15].] - [Palabras claves automatizadas: corte, administrativo, bogotá, laboral, relación, conflicto, entidad, contratos, través, prestación, existencia, servicios, jurisdicciones, conocer, competencia]

Auto A-622 de 2026

[Resumen automatizado: Segundo, el Tribunal Administrativo de Santander declaró su falta de jurisdicción con sustento en que el acto cuya nulidad se pretende surge de una asamblea de entidades privadas, en el marco de su organización interna y asociativa, lo que corresponde al ámbito del derecho privado, sin que se demuestre el ejercicio directo de función administrativa delegada o atribuida por la ley, razón por la cual estimó que el asunto no encuadra dentro de las competencias del artículo 104 del CPACA. || Octavo, un acta de la "Asamblea Nacional de Bomberos", constituye un acto sujeto al derecho administrativo, tanto por estar reglado su procedimiento de selección de los representantes ante la Junta Nacional de Bomberos, -la cual cumple importantes funciones decisoras y asesoras-, como por hallarse involucrada en la controversia una entidad pública, supuesto que activa la regla general del inciso primero del artículo 104 del CPACA. || La elección -a través de la asamblea o reunión de comandantes- de quienes integrarán las juntas departamentales no es, por tanto, un asunto de organización interna de asociaciones civiles, sino un acto que repercute directamente sobre la conformación de un órgano que cumple funciones concretas de cara a la prestación del servicio público esencial de gestión del riesgo contra incendios, atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos y ante la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.] - [Palabras claves automatizadas: cuerpos, departamentales, nacional, junta, acto, administrativo, actos, auto, ley, departamental, público, juntas, servicio, elección, derecho]

Auto A-621 de 2026

[Resumen automatizado: En el curso de la diligencia, Oscar, defensor de Gerardo, sostuvo que existía una “causal de competencia”, pues, actuando “debidamente autorizado por las autoridades del resguardo indígena de Ipiales para solicitar el traslado de este proceso a la jurisdicción especial indígena” [4], consideraba que “se cumplen todos los criterios emanados por la jurisprudencia [y] el artículo 246 de nuestra Constitución Política para que [las autoridades indígenas] puedan conocer de este asunto”[5]. || En el curso de la diligencia, el Juzgado 004 Penal del Circuito de Ipiales señaló que, si bien el artículo 246 de la Constitución consagra el pluralismo jurídico y reconoce la diversidad étnica y cultural, la autonomía de la jurisdicción especial indígena no es absoluta, sino que se encuentra limitada por los principios y derechos constitucionales. || En efecto, durante la audiencia celebrada el 22 de enero de 2026, fue Oscar, defensor de Gerardo, quien intervino para solicitar que el conocimiento del caso fuera asumido por las autoridades de la comunidad indígena. || Segundo: Por intermedio de la Secretaría General de la Corte,�REMITIR�el expediente CJU-7554 al Juzgado 004 Penal del Circuito de Ipiales para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados, incluida la Jurisdicción Especial Indígena, Resguardo de Ipiales.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, comunidad, jurisdicción, corte, autoridades, defensor, especial, constitucional, proceso, víctima, autoridad, competencia, asunto]

Auto A-620 de 2026

[Resumen automatizado: Después de que el FOMAG solicitara la reposición y apelación de la anterior decisión[4], el 12 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo del Huila resolvió: (i) revocar el auto proferido por el Juzgado 1 Administrativo Oral; (ii) declarar la falta de jurisdicción para conocer de la demanda ejecutiva y (iii) devolver el expediente al juzgado de origen para que remitiera el asunto a la Oficina Judicial de Neiva y este fuera repartido a los juzgados civiles municipales de la misma ciudad[5]. || Por lo anterior, pese a que el Tribunal Administrativo del Huila fue la autoridad que declaró la falta de jurisdicción y promovió el conflicto entre jurisdicciones, lo cierto es que remitió el expediente al Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, autoridad a la que corresponde continuar con el conocimiento del asunto. || Segundo: REMITIR el expediente CJU-7546 al Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva para que continúe con el trámite del proceso, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la providencia, y comunique la presente decisión a los interesados, incluyendo al Juzgado 7 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, conflicto, proceso, ejecución, jurisdicciones, jurisdicción, asunto, conocimiento, conocer, tribunal, magistrado, el, corte, contencioso, autoridades]

Auto A-619 de 2026

[Resumen automatizado: Con apoyo en los artículos 93 de la Ley 489 de 1998, 14 de la Ley 1150 de 2007, 104 del CPACA y en los autos 609, 693, 1280, 1354, 1597 y 2014 de 2024 de la Corte Constitucional, concluyó que las controversias ejecutivas promovidas por el IFC, originadas en contratos de mutuo o en títulos valores vinculados a estos, deben ser conocidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || Asimismo, el juzgado señaló que no compartía la tesis de la primera autoridad judicial que conoció el caso, según la cual la ausencia de un contrato escrito impedía tener por existente el negocio jurídico subyacente, pues estimó que, dada la naturaleza jurídica del IFC y el régimen de derecho privado aplicable a su actividad propia, el mutuo no requería solemnidad escrita para su perfeccionamiento, sino que bastaba la entrega del dinero, de conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil. || La Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer la demanda ejecutiva promovida por el IFC en el expediente de la referencia es el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Yopal.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, auto, corte, conflicto, entidad, constitucional, contrato, contratos, artículos, contencioso, competente, administrativo, autoridad, casanare]

Auto A-617 de 2026

[Resumen automatizado: La citada autoridad indicó que, si bien es la competente para conocer las pretensiones encaminadas al reconocimiento de una relación legal y reglamentaria entre la señora Muñoz Hurtado y el municipio de Jamundí, de conformidad con lo previsto en el artículo 104.4 del CPACA, le corresponde a los jueces administrativos conocer de los asuntos de la seguridad social de los servidores públicos con vinculación legal y reglamentaria, cuando el régimen es administrado por una persona de derecho público, lo cierto es que, conforme con el artículo 2.4 del CPTSS y lo dispuesto en el auto 406 de 2021, la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer de las controversias relacionadas con los derechos pensionales de servidores públicos afiliados a fondos privados de pensiones[4]. || Superado el análisis de los presupuestos del conflicto, la Sala Plena de la Corte concluye que la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer la demanda interpuesta por el señor Carlos Antonio Muñoz, en nombre propio y en representación del menor de edad Juan José Silva Muñoz, en contra del municipio de Jamundí y Colfondos S.A, de conformidad con la regla fijada por esta Corporación en el aauto 1498 de 2024.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, pensión, conflicto, conocer, administrativo, jurisdicción, competente, municipio, corte, social, demanda, jurisdicciones, público, seguridad, prestación]

Auto A-616 de 2026

[Resumen automatizado: Por tanto, determinó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para resolver sobre la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la ESE, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 104 del CPACA, que le asigna el conocimiento de los procesos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado. || En el auto 347 de 2022, la Sala Plena resolvió un conflicto negativo entre las Jurisdicciones Ordinaria y Contencioso Administrativa, para conocer de una demanda en la que se solicitaba el reconocimiento de una relación laboral con una Empresa Social del Estado encubierta en un contrato sindical. || "[l]as demandas en las que se solicita el reconocimiento de derechos laborales a una Empresa Social del Estado a la cual el demandante le prestó servicios personales en ejecución formal de un contrato sindical, el cual presuntamente se desnaturalizó y habría encubierto una relación laboral con la entidad, serán conocidas por la jurisdicción correspondiente según la regla general de vinculación aplicable a las Empresas Sociales del Estado". || Con base en estos elementos, la Sala concluyó que, cuando las pretensiones de la demanda advierten que el contrato sindical fue utilizado para encubrir una relación laboral con el Estado, la competencia no se determina por la naturaleza de ese contrato, sino por la regla general de vinculación aplicable a la entidad demandada[19].] - [Palabras claves automatizadas: relación, administrativo, conflicto, contrato, jurisdicción, corte, laboral, servicios, regla, jurisdicciones, contencioso, sala, proceso, demanda]

Auto A-615 de 2026

[Resumen automatizado: Leoncio Lopera Pineda promovió acción de cumplimiento en contra de Lucy Esther Martínez Buelvas, en su condición de alcaldesa y representante legal del municipio de Caimito, Sucre, con la finalidad de que se aplique el artículo 9° de la Ley 1228 de 2008[2], sobre el deber de las autoridades urbanísticas en relación con las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión en las carreteras del sistema vial nacional. || Lo anterior le permitió a la Corte Constitucional fijar como regla de decisión que "[l]a jurisdicción civil será la competente para conocer de las acciones de cumplimiento cuando estas son dirigidas contra una entidad de naturaleza pública o particulares en ejercicio de su función administrativa, cuando se pretenda el cumplimiento de deberes establecidos en la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991, relacionadas con los planes de ordenamiento territorial y usos del suelo. || Como se expuso previamente (§ 9 a 11), en virtud del Auto 951 de 2021 la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es competente para conocer las acciones de cumplimiento cuando estas son dirigidas contra una entidad de naturaleza pública o contra particulares en ejercicio de función administrativa, cuando se pretenda el cumplimiento de deberes establecidos en la Ley 9ª de 1989 y en la Ley 3ª de 1991, relacionadas con los planes de ordenamiento territorial y usos del suelo.] - [Palabras claves automatizadas: ley, cumplimiento, uso, ordenamiento, competencia, acciones, conocer, jurisdicción, suelo, áreas, planes, san, autoridades, constitucional, territorial, civil, deber, nacional]

Auto A-614 de 2026

[Resumen automatizado: Este despacho consideró que el conocimiento del asunto le corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, porque en virtud del Auto 1724 de 2024 de la Corte Constitucional y de los decretos reglamentarios 1072 de 2015 y 1352 de 2013 esa jurisdicción es la competente para conocer y decidir las demandas que buscan la nulidad de los dictámenes emitidos por las juntas regionales o nacional de calificación de invalidez. || La Corte Constitucional, mediante Auto 1177 de 2021, determinó como regla de decisión que las demandas promovidas por un empleado público "con la finalidad de que se declare la nulidad de un dictamen expedido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez debe ser conocida y decidida por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral"[23]. || En efecto, para la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia entre jurisdicciones "para controvertir los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de la Invalidez (...) se debe acudir a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social". || Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7521 al Juzgado 006 Laboral del Circuito de Cali para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia al Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Cali y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, laboral, corte, junta, competencia, regional, constitucional, auto, conflicto, calificación, ordinaria, dictamen, origen, expediente, jurisdicciones]

Auto A-613 de 2026

[Resumen automatizado: Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, representada por la Fiscal 039 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida, manifestó que la investigación en la justicia ordinaria se encuentra en etapa de indagación y que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, el uso de la fuerza que exceda los principios de necesidad, proporcionalidad y legítima defensa se aparta del servicio y corresponde a la jurisdicción ordinaria; señaló que aún no es posible determinar si existieron excesos, violaciones a derechos humanos o abuso de autoridad, debido a que persisten dudas y versiones contradictorias sobre las circunstancias de los hechos, por lo que no se encuentra claramente acreditado el presupuesto funcional del fuero penal militar. || Finalmente, el Juzgado 015 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali (Valle del Cauca), con fundamento en el Auto 155 de 2019 de la Corte Constitucional, concluyó que en el caso se configuró una colisión positiva de jurisdicciones al acreditarse los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, pues tanto la jurisdicción ordinaria, representada por la Fiscalía Seccional 039 de la Unidad de Vida, como la jurisdicción penal militar, a través del Juzgado 183 de Instrucción Penal Militar y Policial, reclaman competencia sobre la misma investigación, han adelantado actuaciones dentro de ella y han expuesto fundamentos jurídicos distintos para sustentar su posición.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, conflicto, militar, penal, competencia, control, corte, jurisdicciones, municipal, fiscalía, policial, constitucional, garantías, presupuesto]

Auto A-612 de 2026

[Resumen automatizado: Así mismo señaló que el Resguardo de Puerto Verde cuenta con experiencias efectivas de juzgamiento frente a desarmonías por agresiones sexuales contra menores de edad y relató casos previos en los cuales comuneros del pueblo indígena han sido sancionados por este tipo de conductas. || Por auto del 2 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador profirió auto de pruebas en el que ofició al Cabildo del Resguardo Indígena de Puerto Verde, para que precisara la información sobre el factor territorial y la relación de su pueblo con la ciudad de Ventana del mundo; así como sobre la desvaloración que hace la comunidad de las conductas sexuales contra menores de edad y el procedimiento con base en el que se juzgan y sobre las garantías para las víctimas de este tipo de conductas. || Por el contrario, en esos eventos, el juez que resuelve el conflicto de competencia entre jurisdicciones debe, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte[21]: (i) valorar de qué manera la cosmovisión indígena respectiva y la sociedad mayoritaria aprehenden la gravedad de la conducta presuntamente cometida; (ii) determinar, en el caso analizado, cuál es la afectación del bien jurídico tutelado para la sociedad ancestral y la sociedad mayoritaria y (iii) analizar los demás factores de competencia.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, pueblo, corte, constitucional, especial, debe, violencia, competencia, jurisdicción, proceso, factor, autoridades, edad, conflicto]

Auto A-611 de 2026

[Resumen automatizado: A partir de ello, concluyó que las pretensiones de la demanda encuadran en las reglas de decisión fijadas por esta Corte en los autos 389 de 2021 y 2032 de 2023, conforme a las cuales las controversias originadas en el cobro de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral[7]. || Primero, el Juzgado 002 Civil del Circuito de Ipiales declaró su falta de jurisdicción con fundamento en el artículo 104, numeral 2, del CPACA, al considerar que Pasto Salud ESE y Mallamas EPS Indígena son entidades públicas y que, por tanto, las relaciones jurídicas entre ellas están regidas por el derecho administrativo; citó, igualmente, los autos 403 de 2021 y 232 de 2023 de esta Corte. || La Corte Constitucional, en el Auto 403 de 2021, resolvió el primer conflicto de esta naturaleza e identificó la siguiente regla de decisión: "cuando (i) una entidad estatal (ii) incorpore derechos en títulos-valores (iii) en el marco de sus relaciones contractuales, y (iv) quien fue parte en ese contrato (v) la demande para hacer efectivo el pago del derecho incorporado, (vi) la jurisdicción competente será la de lo contencioso-administrativo, (vii) por tratarse de controversias derivadas del contrato estatal".] - [Palabras claves automatizadas: contrato, conflicto, jurisdicción, administrativo, auto, competencia, contratos, estatal, demanda, entidad, regla, contencioso]

Auto A-610 de 2026

[Resumen automatizado: El despacho consideró que el asunto planteado correspondía a un conflicto generado en la relación legal y reglamentaria entre un empleado público y una entidad pública, en los términos del numeral 4 del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA). || En consecuencia, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer las demandas en los casos en los que un servidor público busque el reconocimiento de un derecho contemplado en un acuerdo colectivo implementado mediante acto administrativo expedido por la entidad correspondiente, en los términos del artículo 104.4 del CPACA. || En el presente asunto, el Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Armenia es el competente para conocer de la demanda interpuesta por Héctor Fabio Llano Londoño en contra de la Universidad del Quindío, por las razones que se exponen a continuación. || La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer las demandas en los casos en los que un empleado público busque el reconocimiento de un derecho contemplado en un acuerdo colectivo implementado mediante acto administrativo expedido por la entidad correspondiente, en los términos del artículo 104.4 del CPACA.] - [Palabras claves automatizadas: públicos, administrativo, laboral, empleados, público, trabajadores, constitucional, acuerdo, corte, conocer, empleado, demanda, competente, auto, colectivo, relación]

Auto A-608 de 2026

[Resumen automatizado: El juzgado agregó que el factor institucional no se cumple en este caso porque el gobernador indígena no explicó de qué manera el Resguardo protege los derechos de las víctimas de violencia sexual a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición, ni cómo se garantiza su participación efectiva en el proceso de juzgamiento. || En relación con el entendimiento de la comunidad indígena acerca de los delitos sexuales cometidos por integrantes de un mismo núcleo familiar, el gobernador explicó que en esos casos “es me[ne]ster consultar a los integrantes de la familia, involucrados, y no tomar una decisión que pueda poner en riesgo la vida del resguardo y el pueblo de Las Montañas, pero tampoco poner en riesgo o revictimizar a la parte afectada”[18]. || Es decir, el entendimiento que cada jurisdicción tiene sobre una misma conducta no debe hacer parte del análisis de la cosa juzgada, en tanto esta es “una garantía constitucional que emana del derecho fundamental al debido proceso e impide que los particulares sean juzgados por los mismos hechos más de una vez”[39] (énfasis propio). || En este caso, la información que reposa en el expediente no permite a la Sala identificar con precisión de qué manera el Resguardo de La Luna garantiza los derechos de las víctimas de conductas de violencia sexual, en especial cuando estas hacen parte del mismo núcleo familiar que el presunto agresor.] - [Palabras claves automatizadas: comunidad, indígena, víctima, proceso, factor, corte, jurisdicciones, conflicto, derecho, gobernador, decisión, indígenas, hechos, autoridades, constitucional, competencia, sala]

Auto A-607 de 2026

[Resumen automatizado: El señor Sinecio León Castro, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de que se declare nula la Resolución 354-2025 del 31 de julio de 2025, a través de la cual la Alcaldía Municipal de La Tebaida negó la existencia de una relación laboral entre el demandante y ese municipio, así como el consecuente pago de acreencias laborales y prestaciones sociales que se derivarían de la misma. || En particular, el despacho se refirió al Auto 1979 de 2024, por medio del cual la Corte Constitucional reiteró que "la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es competente para conocer las controversias originadas en reclamaciones de un vínculo laboral oculto, celebrado bajo la figura del contrato de prestación de servicios con el Estado, cuando se pueda establecer que las funciones que ejecutó el demandante sean de aquellas taxativamente contempladas para quienes tienen la categoría de trabajadores oficiales"[4]. || En esta ocasión la Sala reitera la regla de decisión establecida en el Auto 492 de 2021: "la Corte determina que,�de conformidad con el artículo 104�del CPACA,�la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado".] - [Palabras claves automatizadas: laboral, jurisdicción, corte, contratos, conocer, medio, constitucional, conflicto, servicios, relación, jurisdicciones, sala, expediente, auto, través, existencia, prestación, laborales]

Auto A-606 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue repartido al Juzgado 001 Laboral de Lorica el cual, mediante auto del 09 de octubre de 2025, declaró su falta de competencia para conocer el asunto al considerar que la accionante tenía la calidad de empleada pública, por lo que la jurisdicción competente era la de lo contencioso administrativo, en virtud del numeral 4 del artículo 104 del CPACA. || La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política[11], adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015. || En línea con lo dispuesto en el Auto 613 de 2021 de la Corte Constitucional, mediante el cual se resolvió un conflicto de jurisdicción suscitado en el marco de una demanda ejecutiva orientada al pago de acreencias laborales derivadas de una relación de trabajo reconocida mediante actos administrativos, se precisó que, en virtud del artículo 12 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción ordinaria conoce de todos los asuntos que no estén atribuidos a otra jurisdicción.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, pago, demanda, administrativo, conocer, competencia, constitucional, conflicto, mediante, laboral, corte, expediente, laborales, jurisdicciones]

Auto A-605 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto correspondió al Juzgado 009 Administrativo de Neiva (Huila)[3], quien mediante Auto del 6 de marzo de 2025, resolvió declarar su falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a los juzgados civiles de Garzón (Huila) al considerar que, conforme a la Resolución No. 325-002477 de 2022, la Superintendencia de Sociedades autorizó la fusión de las sociedades Emgesa S. || El asunto correspondió al Juzgado 002 Civil del Circuito de Garzón (Huila)[6] quien, mediante Auto del 10 de noviembre de 2025, propuso conflicto negativo entre jurisdicciones al considerar que conforme al propósito de la demanda que se incluya a los demandantes en el censo de la población afectada del proyecto "El Quimbo", y se les apliquen las compensaciones previstas en el Manual de Compensaciones[7]-, implica facultades extraordinarias que, por su naturaleza, están sujetas al control especial de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || Con base en lo anterior, en el auto mencionado la Sala Plena fijó la siguiente regla de decisión: conforme al artículo 104 del CPACA, corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de las demandas mediante las cuales se solicita la indemnización de perjuicios supuestamente causados por una empresa de servicios públicos mixta, cuando su accionista mayoritario también tiene dicha naturaleza.] - [Palabras claves automatizadas: corte, empresa, públicos, constitucional, demanda, administrativo, naturaleza, proceso, auto, conflicto, servicios, plena, entidad, sala]

Auto A-604 de 2026

[Resumen automatizado: En la Sentencia T-311 de 2024, del 30 de julio de 2024, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional revisó los fallos emitidos a raíz de una acción de tutela interpuesta por Víctor Anobel Guerrero Botina a nombre propio en contra de la Inspección Novena Urbana de Policía de Ibagué, la Secretaría de Gobierno de Ibagué, la Alcaldía Municipal de Ibagué, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Concesionaria San Rafael y la APP GICA. || El señor Guerrero Botina consideró que las accionadas vulneraron sus derechos al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y a la confianza legítima al ordenar, tras un proceso policivo por ocupación del espacio público, la demolición de una caseta en la que desarrolla su negocio informal, llamado El Varientazo, hace 24 años. || El 10 de junio de 2025, dicha Corregiduría hizo una visita a la caseta del Varientazo para hacer la caracterización de quienes trabajan en el lugar, pero el señor Guerrero Botina se opuso, en parte, porque consideró que, en virtud de la Sentencia T-311 de 2024, la única entidad que podía rehacer el proceso era la Inspección Novena Urbana de Policía de Ibagué.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, corte, sentencia, auto, solicitud, parte, policía, sala, si]

Auto A-603 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Juan Carlos Cortés González y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, quien la preside, procede a resolver la presente solicitud en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, y en tal virtud profiere el siguiente || La acción de tutela fue promovida porque la EPS Sanitas suspendió de forma arbitraria la entrega directa del medicamento Factor VIII (incluyendo la dosis domiciliaria de emergencia), que requería Pedro para el tratamiento de su Hemofilia A Severa, condición en la que la sangre coagula al 0.03%, vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud y a la seguridad social. || La Sala considera que la solicitud presentada por la señora María debe ser remitida al Juzgado 44 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en su calidad de juez de primera instancia del expediente T-6.416.011 y autoridad con competencia prevalente para el trámite de verificación de cumplimiento de la sentencia T-196 de 2018, conforme a los artículos 27 y 36 del Decreto 2591 de 1991.] - [Palabras claves automatizadas: cumplimiento, sentencia, corte, tutela, sala, maría, viii, instancia, bogotá, juez, constitucional, primera, penal]

Auto A-602 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en Sala Dual, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y el magistrado Vladimir Fernández Andrade, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el presente auto, con fundamento en los siguientes: || El mensaje de Úrsula está acompañado de varios anexos, que incluyen: (i) órdenes médicas y la historia clínica de sus hijas; (ii) una solicitud de protección policiva especial a su favor, que realizó un comisario de familia en enero de 2026 por las presuntas agresiones del padre biológico de sus hijas; (iii) una copia de la acción de tutela que presentó en marzo de 2026 para la garantía del derecho a la salud de sus hijas; (iv) un certificado de discapacidad de una de sus hijas; (v) un video y una fotografía de un vehículo estacionado al frente de su domicilio; (vi) una foto de una página de un escrito de acusación, donde se resaltan algunas pruebas testimoniales; (vii) la constancia de radicación de su mensaje del 15 de abril ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; y (viii) el Auto del 18 de marzo de 2026, mediante el cual el magistrado Cortés decretó pruebas de oficio en su rol de sustanciador del expediente de la referencia.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, causal, corte, imparcialidad, sala, juez, constitucional, judicial, la, tutela, proceso, el, auto, denuncia]

Auto A-601 de 2026

[Resumen automatizado: Por lo tanto, para poder verificar el cumplimiento integral de este numeral, el magistrado sustanciador ordenará al ministro del Interior y a la directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, como responsables de la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, remitir a más tardar en los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto: (i) una copia de la propuesta presentada a la instancia; (ii) los comprobantes de su envío a cada uno de los integrantes de la instancia en los que conste la fecha; (iii) el cronograma propuesto para que la instancia la discutiera, modificara de ser necesario y aprobara su plan de acción; (iv) los soportes documentales de las convocatorias a cada una de esas sesiones, la lista de asistentes y sus actas. || Por esa razón, este despacho requerirá al ministro del Interior y a la directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, como responsables de la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas presentar, a más tardar en los veinte (20) días siguientes a la notificación del auto, a la Instancia de Alto Nivel y a la Sala, el plan de acción exigible ordenado en el numeral decimoprimero de la parte resolutiva del Auto 1418 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: sistema, plan, información, sala, interior, auto, acción, comisión, siguientes, cumplimiento, días, ministerio, pueblo, entidades, nacional, defensoría, seguimiento]

Auto A-600 de 2026

[Resumen automatizado: En cuanto al cuarto bloqueo, la Sala advirtió que, si bien la Procuraduría ha adelantado diversas actuaciones de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz y al estado de cosas inconstitucional declarado, estas no han resultado conducentes para lograr el cumplimiento material de la orden impartida, en la medida en que no han permitido consolidar un mecanismo de seguimiento articulado, medir el avance real de la política ni incidir de manera efectiva en la toma de decisiones orientadas a la garantía de los derechos de la población firmante. || En ejercicio de esta competencia, el despacho sustanciador de la Sala advierte la necesidad de solicitar información complementaria, detallada y actualizada sobre el avance en el cumplimiento de lo dispuesto en las órdenes octava de la Sentencia SU-020 de 2022 y decimoquinta del Auto 1417 de 2025, ambas relacionadas con la adopción del mecanismo especial de seguimiento al estado de cosas inconstitucional a cargo de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con las funciones de seguimiento asignadas a en el Acuerdo Final de Paz y la normativa que lo desarrolló. || Por ello, en el resuelve decimoquinto del Auto 1417 de 2025, la Sala ordenó a la Procuraduría General de la Nación adoptar un mecanismo claro de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-020 de 2022, al estado de cosas inconstitucional y a la implementación de las garantías de seguridad de la población firmante del Acuerdo de Paz y de sus familias.] - [Palabras claves automatizadas: seguimiento, acuerdo, procuraduría, sala, paz, cumplimiento, auto, mecanismo, implementación, indicadores, final, seguridad]

Auto A-599 de 2026

[Resumen automatizado: Entre ellas, ordenó al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y al Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) que evaluaran la capacidad institucional de la autoridad responsable de la implementación del Acuerdo Final de Paz actualmente, la Unidad de Implementación con el fin de determinar si esta podía responder de manera adecuada y efectiva a sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias. || Posteriormente, y pese a que el DAPRE no dio respuesta a lo requerido en el Auto 085 de 2026, esta Sala tuvo conocimiento de la negativa de viabilidad presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la consecuente elaboración de una nueva estrategia por parte de dicho departamento administrativo, a través del Acta de la Sesión Técnica de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) del 16 de febrero de 2026, remitida por dicha Comisión en respuesta al Auto 324, mediante oficio del 24 de abril de 2026. || Asimismo, la Sala ordenó a dichos departamentos administrativos presentar un informe que incluyera (i) la forma cómo se llevó a cabo la evaluación a la autoridad; (ii) sus resultados; (iii) las acciones que el Gobierno nacional adelantará para este propósito; y (iv) el plan de acción detallado para su implementación, con la indicación de los plazos y las fechas de cumplimiento, el presupuesto y los responsables de ejecutarlo.] - [Palabras claves automatizadas: sala, departamento, cumplimiento, auto, administrativo, informe, paz, proceso, acuerdo, unidad, seguimiento, entidad]

Auto A-597 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en Sala Dual, integrada por los magistrados Juan Carlos Cortés González y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a decidir acerca del impedimento manifestado por el magistrado Carlos Camargo Assis en el proceso de la referencia. || 7. El 14 de marzo de 2023, el magistrado sustanciador, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,�(i)�vinculó a los municipios en los que residen las accionantes;�(ii)�solicitó al juez de tutela de primera instancia la remisión del expediente; y por último,�(iii)�decretó de oficio varias pruebas dirigidas a contar con elementos suficientes para adoptar una decisión. || Adicionalmente, la Corte Constitucional también mencionó en el Auto 004 de 2025 que el análisis para determinar la imparcialidad de los jueces debe realizarse teniendo en cuenta una perspectiva objetiva, que implica la necesidad de acreditar la ocurrencia del hecho contenido en el supuesto fáctico de la causal de impedimento alegada. || El magistrado Camargo Assis, indicó estar incurso en la causal de impedimento prevista en los numerales 1° y 4° del artículo 56 del Código de Procedimiento penal, en la medida que ejerció como defensor del pueblo en el periodo en el cual la Defensoría del Pueblo debía cumplir una orden establecida en el numeral 4º de la parte resolutiva de la Sentencia T-159 de 2023.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, corte, constitucional, pueblo, proceso, jurisprudencia, sala, juez, tutela, procuraduría, sentencia, penal, cumplimiento, causal, manifestación, código, interés]

Auto A-596 de 2026

[Resumen automatizado: Posteriormente, en el Auto 826 de 2024, esta Sala Especial orientó su seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-020 de 2022 y a la superación del estado de cosas inconstitucional, con base en los subcomponentes y los ejes transversales de la política de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz. Allí, identificó que la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final de Paz y el Departamento Nacional de Planeación tienen competencias en el subcomponente de seguimiento de esta política pública. || Asimismo, el despacho le solicita respetuosamente remitir todos los demás actos administrativos vigentes relacionados con la naturaleza jurídica de la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final de Paz, así como de cualquier otra dependencia o unidad de la entidad vinculada a la implementación de las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo Final de Paz, y sus funciones en la política pública de seguridad para la población firmante de paz. || Lo anterior, con el objetivo de que esta Sala pueda incluir dicha información en su archivo sobre la institucionalidad relacionada con el cumplimiento de las órdenes dictadas en la Sentencia SU-020 de 2022, los demás autos de seguimiento proferidos por esta Sala Especial y la superación del estado de cosas inconstitucional.] - [Palabras claves automatizadas: paz, acuerdo, final, sala, seguimiento, procuraduría, sentencia, administrativos, actos, seguridad, delegada]

Auto A-595 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en Sala Dual, integrada por los magistrados Juan Carlos Cortés González y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a decidir el impedimento manifestado por el magistrado Carlos Camargo Assis en el proceso de la referencia. || Indicó que, aunque dicha fundación no era parte dentro del proceso de tutela, su intervención implicaba un pronunciamiento de fondo vinculado al trámite del expediente, razón por la cual, con el fin de salvaguardar los principios de imparcialidad, transparencia y recta administración de justicia, declaró configurada la causal de impedimento prevista en el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991[2], y el artículo 56, numeral 4°, del Código de Procedimiento Penal[3], por ser la Fundación Jacarandas su contraparte en otro proceso judicial. || En lo relativo a la formulación de los impedimentos por parte de los magistrados de la Corte Constitucional, los artículos 39 del Decreto 2591 de 1991 y 98 del Reglamento Interno de esta Corporación remiten al Código de Procedimiento Penal para la determinación de las causales aplicables en los procesos de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, proceso, corte, constitucional, sala, auto, tutela, judicial, magistrados, servicio, acceso, modalidad]

Auto A-594 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés González y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a pronunciarse sobre la solicitud de incidente de desacato respecto de la Sentencia T-107 de 2023, con base en los siguientes: || En primera instancia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 12 de enero de 2022, negó el amparo al considerar que no se cumplía el requisito de inmediatez, dado que, entre los autos proferidos por el tribunal accionado, mediante los cuales se pronunció sobre las irregularidades administrativas, y la presentación de la acción de tutela habían transcurrido más de seis meses. || Los accionantes afirmaron que se configuran los elementos para que esta Corte asuma la competencia sobre el presente incidente, toda vez que se trata de una sentencia de tutela proferida en sede de revisión y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de juez de primera instancia, no ha adoptado las medidas conducentes, pues pese a haber ejercido su competencia el incumplimiento persiste.] - [Palabras claves automatizadas: corte, civil, cumplimiento, desacato, sala, judicial, en, sentencia, autoridad, proceso, instancia]

Auto A-592 de 2026

[Resumen automatizado: ORDENAR al Gobierno nacional, a través de la ministra de Justicia y del Derecho, el ministro de Salud y Protección Social, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda y el director del Departamento Nacional de Planeación, que elabore un diagnóstico integral sobre la situación de las personas con discapacidad psicosocial en el sistema penal, penitenciario y carcelario, así como el diseño de una política pública que corrija los problemas identificados en esta providencia. || Para la elaboración del diagnóstico, el Gobierno nacional deberá convocar, en el término de dos (2) meses siguientes a la notificación de esta providencia, un comité interdisciplinario en el que tengan participación, entre otras entidades u organizaciones, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Contraloría General de la República, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario de Colombia, la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos, Asocapitales, la academia, y, especialmente, organizaciones de personas en situación de discapacidad y sus familias que promuevan los derechos de las personas en situación de discapacidad a la luz de un enfoque social y de derechos.] - [Palabras claves automatizadas: corte, política, solicitud, órdenes, sentencia, general, constitucional, deberá, ministerio, parte, salud, derechos, gobierno, el, nacional, entidades, atención, personas]

Auto A-591 de 2026

[Resumen automatizado: 3. En dicho auto se ordenó, además, (i) solicitar información a los secretarios generales de la Cámara de Representantes y del Senado de la República; (ii) solicitar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que rindan un concepto actualizado sobre los impactos fiscales que tienen las medidas previstas en la Ley 2454 de 2025 y si éstos están contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo; (iii) correr traslado al procurador general de la Nación; (iv) fijar en la lista la norma acusada; y (v) invitar a distintas instituciones y organizaciones a participar en el proceso. || 5. Posteriormente, mediante auto del 19 de febrero de 2026, la magistrada sustanciadora requirió (i) a la Secretaría General del Senado de la República allegar copia de las actas y gacetas del Congreso que den cuenta de las sesiones de anuncio previo, deliberación y aprobación en primer debate del proyecto de Ley 049 de 2023 Senado y 457 de 2024 Cámara, en la Comisión Sexta Constitucional Permanente; y (ii) a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, rindiera un concepto actualizado sobre los impactos fiscales de las medidas previstas en la Ley 2454 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: general, ley, nación, corte, senado, proyecto, trámite, causal, fiscal, concepto, impacto, constitucionalidad, intervención]

Auto A-590 de 2026

[Resumen automatizado: En cuanto a competencia, el demandante indicó que la Corte debe conocer de la demanda porque (i) la acción no se dirige contra la "sentencia en sí misma, sino contra la regla normativa general, abstracta y obligatoria creada mediante la modulación temporal de los efectos de inexequibilidad", contenida en el párrafo 189 y (ii) no se cuestiona "la cosa juzgada, sino la compatibilidad constitucional de [esa] regla de derecho creada jurisprudencialmente, frente a una disposición constitucional"[6]. || En contra del auto de rechazo procede el recurso de súplica, ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, que tiene por objeto "permitirle al actor obtener una revisión de la decisión tomada en el auto de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad"[26]. || En consecuencia, y debido a que el demandante incumplió el requisito de carga argumentativa lo que impide emitir un pronunciamiento de fondo, la Corte Constitucional rechazará por improcedente el recurso de súplica interpuesto en contra del Auto de 17 de marzo de 2026, mediante el cual el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar rechazó la demanda de la referencia por ser manifiestamente incompetente para conocer de ella.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, corte, recurso, sentencia, efectos, sala, inconstitucionalidad, auto, plena, constitucional, rechazo, marzo]

Auto A-589 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Recurso de súplica en contra del auto del 17 de marzo de 2026, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 59 y 65 (parcial) de la Ley 1708 de 2014, "[p]or medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio". || A partir de la carga argumentativa exigida para estructurar demandas por omisión legislativa relativa, el magistrado indicó que la acusación no identificó el deber constitucional específico que impondría al Legislador la obligación de prever el recurso de casación en los procesos de extinción de dominio. || En segundo lugar, respecto del principio de razón suficiente, el magistrado sustanciador sostuvo que el recurso de casación no procede en todos los procesos civiles, comerciales o agrarios como sostiene el actor, pues su procedencia depende, entre otros factores, del tipo de proceso y de la cuantía de las pretensiones. || En efecto, el actor no explicó de qué manera la referencia a la existencia de una actividad ilícita en los procesos de extinción a la que aludió el magistrado sustanciador comporta un error, omisión o arbitrariedad que haya incidido en la decisión de rechazo.] - [Palabras claves automatizadas: recurso, casación, demanda, magistrado, procesos, rechazo, sala, dominio, extinción, suficiente, deber, proceso, corte, manera]

Auto A-588 de 2026

[Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el 13 de enero de 2026 el ciudadano Daniel Enrique Díaz Juan formuló demanda de inconstitucionalidad contra “los actos administrativos, directrices, comunicaciones oficiales o decisiones formales emanadas del Presidente de la República o de entidades del Ejecutivo, mediante los cuales se promueva, organice o impulse la conformación de un comité promotor y la recolección de firmas ciudadanas con el fin de convocar, avalar o activar una Asamblea Constituyente, por fuera del procedimiento establecido en el artículo 376 de la Constitución Política”[1]. || El actor sostuvo que el artículo 376 superior establece de manera expresa, especial y excluyente el procedimiento para convocar una Asamblea Constituyente, consistente en una ley aprobada por el Congreso, el control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y la posterior decisión del pueblo mediante referendo. || En consecuencia, debido al incumplimiento del requisito de oportunidad, la Corte rechazará el recurso de súplica presentado por el ciudadano Daniel Enrique Díaz Juan en contra del auto del 10 de marzo de 2026, mediante el cual la magistrada Natalia Ángel Cabo rechazó la demanda formulada en el expediente D-17.178.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, recurso, corte, constitucional, rechazo, constituyente, inconstitucionalidad, ciudadano, competencia, sala, normas, acto, procedimiento, plena]

Auto A-587 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante un auto del 27 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador señaló que la acción pública de inconstitucionalidad exigía el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2 del Decreto Ley 2067 de 1991 y desarrollados por la jurisprudencia constitucional. || En consecuencia, solicitó expresamente a la Sala Plena revocar el auto de rechazo y admitir la demanda[62], con el fin de que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del marco legal establecido por la Ley 2272 de 2022, a la luz de los cargos formulados y del contexto fáctico expuesto. || Para su procedencia, la Corte ha establecido que el recurso de súplica debe cumplir con tres exigencias formales: (i) legitimación por activa, la cual supone que, primero, el recurrente sea la misma persona natural que formuló la demanda inicialmente y, segundo, que su calidad de ciudadana esté demostrada dentro del trámite[70]; (ii) oportunidad, que requiere verificar que el recurso sea presentado dentro del término de ejecutoria del auto de rechazo, es decir, dentro de los tres días siguientes a su notificación[71]; y (iii) carga argumentativa, según la cual, el recurrente debe presentar una carga argumentativa mínima que le permita a la Sala Plena identificar el yerro, omisión, o la actuación arbitraria en la que supuestamente incurrió el magistrado sustanciador al dictar el auto de rechazo.] - [Palabras claves automatizadas: documento, demanda, expediente, recurso, corte, auto, inconstitucionalidad, rechazo, magistrado, ley, sala]

Auto A-586 de 2026

[Resumen automatizado: El demandante afirmó que la ambigüedad señalada respecto de la norma en cuestión genera un tratamiento desigual entre disciplinados que se encuentran en idéntica situación fáctica y jurídica porque, dependiendo del criterio interpretativo adoptado por cada despacho disciplinario, una misma decisión interlocutoria puede ser notificada bajo procedimientos distintos, con consecuencias diversas en términos de oportunidad para ejercer la defensa y acceder a los recursos. || El 5 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, inadmitió la demanda por (i) el incumplimiento de los supuestos argumentativos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, y (ii) la falta de acreditación de la carga argumentativa aplicable al cargo por violación del principio de igualdad. || El inciso 2 del artículo 6 del Decreto Ley 2067 de 1991[14] señala que contra el auto de rechazo de una demanda de inconstitucionalidad procede el recurso de súplica ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. || Aunque el escrito cumple con los requisitos de oportunidad y de legitimación, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazará el recurso de súplica por el incumplimiento de la carga argumentativa mínima para su estudio de fondo debido a que ninguno de los argumentos del mismo ofrece justificación respecto a que el auto de rechazo del 27 de marzo de 2026 hubiese incurrido en algún yerro, olvido o arbitrariedad.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, recurso, rechazo, debido, decisiones, respecto, norma, final, inconstitucionalidad, constitucional, corte, acusada, ley]

Auto A-584 de 2026

[Resumen automatizado: En particular, recordó que en el Auto 082 de 2026, la Sala Plena (ii) abordó de manera explícita el alcance de la Sentencia C-179 de 1994 en este tipo de asuntos e indicó con suficiencia las razones por las cuales no se verificaba la cosa juzgada constitucional; (iii) examinó y dio cuenta del porqué la posibilidad de decretar una medida cautelar respecto del decreto declarativo del estado de excepción era una de sus competencias y, finalmente, (iii) no omitió el análisis de algún aspecto con relevancia constitucional para adoptar la decisión, precisando, además, que la Sala Plena expuso todos los argumentos para afirmar que la medida acogida era proporcionada en sentido estricto. || Así las cosas, los solicitantes no explicaron la razón por la cual establecer la no producción de efectos del Decreto Legislativo 44 de 2026, como consecuencia de la suspensión provisional del decreto declaratorio del estado de emergencia económica y social ordenada por la Corte Constitucional, viola el derecho al debido proceso de manera ostensible, significativa y trascendente. || Si la Corte estructuró la no producción de efectos de los decretos legislativos de desarrollo como una consecuencia de la suspensión provisional del decreto declaratorio, la solicitud que atacaba principalmente esa providencia matriz y pedía la nulidad de los autos derivados seguía la misma lógica decisoria creada por la Sala.] - [Palabras claves automatizadas: auto, corte, constitucional, decretos, suspensión, nulidad, decisión, solicitud, providencia, provisional, efectos, sala]

Auto A-583 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los Magistrados Miguel Polo Rosero y Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente Auto. || Para resolver este problema jurídico, la Sala procederá a reiterar: (i) las características de la acción de tutela y la excepcionalidad de su inadmisión y rechazo; (ii) el alcance del derecho de acceso a la administración de justicia; (iii) la exigencia de aportar una dirección de notificación personal en el contenido de solicitud de tutela según el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y finalmente, (iv) estudiará el caso concreto. || Para la Sala, esta decisión de rechazo desconoce tanto el derecho al acceso a la administración de justicia como los principios de informalidad y oficiosidad que orientan la acción de tutela, por las siguientes razones.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, juez, justicia, proceso, derecho, acceso, administración, trámite, decreto, rechazo, derechos, corte]

Auto A-582 de 2026

[Resumen automatizado: 3. El 13 de abril de 2026, el Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, autoridad judicial a la que correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia territorial para asumir el conocimiento del caso y dispuso remitir el expediente a los jueces de tutela de Girón. || (ii) Ahora bien, la Sala Plena considera que, en principio, la única autoridad en conflicto habilitada en virtud del factor territorial para asumir el conocimiento de la acción de tutela formulada es el Juzgado 004 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga Descentralizado en Girón. || (iii) Así las cosas, la Sala Plena encuentra que el Juzgado 004 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga Descentralizado en Girón es la autoridad en conflicto competente para tramitar la acción de tutela que suscitó el presente conflicto negativo de competencia, comoquiera que (i) es el lugar donde ocurrió la presunta vulneración y donde se producen los efectos la misma.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, lugar, penal, garantías, municipal, factor, control, conocimiento, tutela, territorial, efectos, reglas, presunta, reparto, asumir, conflicto]

Auto A-581 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado 086 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá, autoridad que, el 14 de abril siguiente, resolvió declararse incompetente para tramitar la tutela y promover un conflicto negativo de competencia[3]. || La Sala Plena considera que el Juzgado 001 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Tunja es la autoridad llamada a resolver la tutela, por dos razones principales. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 6 de abril de 2026, dictado por el Juzgado 001 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Tunja, y remitirá el expediente a esa autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. || Además, le advertirá al Juzgado 086 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 6 de abril de 2026, dictado por el Juzgado 001 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Tunja, en el marco de la acción de tutela promovida por Eydis Saen Murillo Guerra en contra de la sociedad Systemgroup S.A.S.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, bogotá, sala, competencia, corte, garantías, penal, plena, municipal, control, autoridades, magistrado, conflicto, constitucional]

Auto A-580 de 2026

[Resumen automatizado: El juez advirtió que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, y de acuerdo con el análisis de las pruebas aportadas, la competencia territorial para conocer la acción de tutela corresponde a los jueces del circuito de Puerto Tejada (Cauca), y no a los de Cali. || 4. En cumplimiento del anterior proveído, el caso fue repartido al Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada, el cual, mediante Auto del 15 de abril de 2026, se abstuvo de avocar conocimiento de la acción de tutela, suscitó conflicto negativo de competencia por el factor territorial con el juzgado remisor y envió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir la colisión suscitada. || 5. De esta manera, la autoridad judicial sustentó su posición en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y lo indicado por esta Corporación en Auto 177 de 2024 en relación con la competencia territorial en tutela, la cual no se define simplemente por el domicilio del accionante ni por la sede de la entidad demandada, sino por el lugar donde ocurre la vulneración de los derechos fundamentales o donde se producen sus efectos, lo cual puede no coincidir con el domicilio de las partes.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, acción, corte, lugar, conflicto, derechos, materia, factor, territorial, mediante, sala, constitucional, autoridades, auto, efectos]

Auto A-579 de 2026

[Resumen automatizado: 3. El asunto correspondió por reparto a la magistrada Marcela Sabas Cifuentes, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, despacho que, mediante Auto del 06 de abril de 2026, resolvió decretar la nulidad de la sentencia del 20 de febrero de 2026, y ordenar la remisión del expediente a los jueces de lo contencioso administrativo de Bogotá para su reparto. || (ii) Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por Carmen Helena Ortiz Rassa en contra de Colpensiones, con fundamento en reglas de reparto (ver fj. || Por lo anterior, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 06 de abril de 2026, dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite en segunda instancia y dicte una decisión.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, bogotá, tutela, sala, tribunal, distrito, superior, instancia, corte, judicial, decreto]

Auto A-578 de 2026

[Resumen automatizado: Por reparto, el trámite se asignó al Juzgado 001 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca, autoridad judicial que, a través de Auto del 13 de abril de 2026, dispuso la remisión del expediente a los juzgados constitucionales del circuito de Bucaramanga. || La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, debido a que el Juzgado 001 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca se apartó del conocimiento del asunto de la referencia con base en reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2016, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025. || El Juzgado 001 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca, es el competente para resolver la acción de tutela presentada por la señora Lizeth Natalia Barboza Cuevas contra la Registraduría Nacional del Estado Civil Delegación Departamental de Santander y la Registraduría Especial de Floridablanca. || TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado 001 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca, que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, constitucional, registraduría, corte, acción, sala, especial, autoridades, marzo, conflicto, magistrado, reglas, reparto, plena]

Auto A-577 de 2026

[Resumen automatizado: 3. El 7 de abril de 2026, el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Guaduas, autoridad judicial a la que correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia territorial para asumir el conocimiento del caso, dispuso remitir el expediente a los jueces de tutela de Honda y propuso un "conflicto negativo de competencia, en caso de que el despacho judicial al que le [fuera] asignado el presente asunto consider[ara] que no c[ontaba] con competencia". || Por tanto, la Sala Plena encuentra que el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Guaduas es la autoridad en conflicto competente para tramitar la acción de tutela que suscitó el presente conflicto negativo de competencia, comoquiera que (i) es el lugar donde se producen los efectos de la presunta vulneración y (ii) dado que, fue la primera autoridad con competencia territorial en conocer el asunto y en virtud del criterio a prevención, es la autoridad judicial frente a la cual la parte accionante decidió interponer la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: lugar, competencia, tutela, municipal, efectos, factor, conflicto, territorial, acción, corte, sala, presunta, asunto, autoridad]

Auto A-576 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue repartido a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arkansas[6], autoridad que, el 7 de abril de 2026, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta Corte[7]. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 6 de abril de 2026, dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Kansas, en el marco de la acción de tutela promovida por Pedro contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República , el Establecimiento Penitenciario Topeka de Kansas, el Establecimiento Penitenciario de Boston, la Fiscalía 74 Seccional de Kansas, los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Kansas y el Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de la misma ciudad. || ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arkansas que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: sala, judicial, distrito, penal, superior, tutela, tribunal, general, derechos, plena, corte, competencia]

Auto A-575 de 2026

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996; de modo que su competencia sólo se activa en aquellos casos en que la mencionada norma no prevea la autoridad judicial encargada de asumir el trámite o, aun cuando la defina, se requiera dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, a fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales. || Lo anterior, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales; y, (iv) advertir al Juzgado 013 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, para que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar un análisis de los presuntos responsables de las vulneraciones alegadas en el marco de la revisión preliminar de la admisibilidad de la tutela, lo cual afecta los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, judicial, competencia, administrativo, reparto, sección, corte, derechos, acción, bogotá, segunda, constitucional, decreto, reglas]

Auto A-574 de 2026

[Resumen automatizado: De una parte, el Juzgado 013 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, señaló que la presunta vulneración de derechos habría tenido lugar en Medellín, por el ámbito de acción de la sede de la Regional de Antioquia del Sena. || De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que de los dos juzgados en conflicto, el Juzgado 013 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, es el competente para conocer la acción de tutela, por corresponder a la autoridad del lugar donde el actor espera que se le garanticen sus derechos fundamentales, además de ser el despacho escogido para la presentación de la solicitud de amparo. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la decisión del 24 de marzo de 2026, proferida por el Juzgado 013 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, y (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, lugar, tutela, competencia, corte, derechos, acción, curso, constitucional, corresponde, efectos, ciudad, sala]

Auto A-573 de 2026

[Resumen automatizado: De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, dado que el Juzgado�Promiscuo Municipal de Albán Cundinamarca sustentó su falta de competencia en una de las reglas de reparto consagradas en el Decreto 1983 de 2017, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, que señala que las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces del circuito o con igual categoría (ver 3 supra). || Teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas en esta providencia, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 25 de marzo de 2026, proferido por el Juzgado�Promiscuo Municipal de Albán Cundinamarca y (ii) le remitirá el expediente ICC-5372 a esta autoridad judicial para que inmediatamente continúe con el trámite correspondiente y adopte la decisión a que haya lugar; y; (iii) realizará una advertencia dirigida al Juzgado�Promiscuo Municipal de Albán Cundinamarca para que, en adelante, se abstenga�de invocar las reglas de reparto del Decreto 1983 de 2017, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, con el fin de apartarse del conocimiento de acciones de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: cundinamarca, tutela, municipal, corte, constitucional, competencia, decreto, reglas, marzo, acción, reparto]

Auto A-572 de 2026

[Resumen automatizado: De ese modo, la Corte (i) dejará sin efectos el Auto del 17 de marzo de 2026, proferido por el Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga; y (ii) le remitirá el expediente a esta autoridad judicial para que inmediatamente continúe con el trámite y adopte una decisión de fondo. || Adicionalmente, esta Corporación le remitirá las solicitudes de desistimiento presentadas por Lina y Pablo al Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, para que, en su calidad de juez competente de instancia, determine su procedencia y adopte la decisión que corresponda. || REMITIR el expediente ICC 5361 al Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, con el fin de que continúe con el trámite respectivo y dicte la decisión de fondo a la que haya lugar respecto de la tutela presentada por Lina y Pablo contra la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). || REMITIR�al Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga las solicitudes de desistimiento presentadas por la señora Lina y el señor Pablo, para que, en su calidad de juez competente de instancia, determine su procedencia y adopte la decisión que corresponda.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, corte, expediente, acción, derechos, judicial, administrativo, auto, constitucional, conflicto, instancia, lugar]

Auto A-571 de 2026

[Resumen automatizado: La jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera uniforme y pacífica, que el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por los Decretos 1983 de 2017, 333 de 2021 y 799 de 2025) no define competencias judiciales, sino simples reglas para el reparto de las acciones de tutela. || La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenará remitir el expediente ICC-5352 al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán por los siguientes motivos. || De conformidad con lo expuesto, la Corte Constitucional encuentra que, en este caso, se configuró un conflicto aparente de competencia entre el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán y el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Villavicencio[10]. || Por lo tanto, le corresponde al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán resolver la acción de tutela presentada por la ciudadana Adriana Peña González contra Discolmets S.A.S y Nueva EPS, pues la Sala no evidenció elementos que justifiquen sustraer a esta autoridad de la órbita de sus competencias. || Adicionalmente, la Sala le advertirá al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, acción, corte, constitucional, conflicto, reglas, decreto, reparto, sala, autoridad, falta, municipal]

Auto A-570 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante el Auto 293 de 2026, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió un conflicto aparente de competencia entre el Juzgado Laboral y el Juzgado Penal del Circuito de Honda, surgido a partir de una acción de tutela interpuesta por José Javier Pava Franco contra el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. || Por ello, dejó sin efectos la decisión del Juzgado Laboral del Circuito de Honda de apartarse del conocimiento del asunto y ordenó remitirle el expediente, para que continuase con el trámite del señor José Javier Pava Franco (rad. || Luego, el viernes 24 de abril de 2026, el Juzgado 001 Penal del Circuito de Honda remitió al despacho ponente un escrito mediante el cual decía que en el referido Auto 293 la Corte había dejado de pronunciarse sobre otra demanda de tutela que esa misma célula judicial remitió a esta Corporación el 30 de enero de 2026, relacionada estrechamente con la demanda del señor José Javier Pava Franco (rad. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 29 de enero de 2026 proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Honda al interior del trámite de la acción de tutela promovida por el señor José Javier Pava Franco en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en contra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.] - [Palabras claves automatizadas: auto, tutela, documento, competencia, corte, acción, dentro, penal, demanda, expediente, unidad, enero, constitucional, ministerio]

Auto A-569 de 2026

[Resumen automatizado: La controversia se refiere a una demanda que interpusieron Paola y otros para que se declare la responsabilidad civil de la Fundación Clínica del Norte y la Nueva EPS por los daños causados con ocasión de una cirugía. || En este sentido, el Consejo de Estado ha señalado que, en virtud del fuero de atracción, por regla general[13], "al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y contra otra entidad privada cuya jurisdicción es ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera"[14]. || Este caso trata sobre un proceso declarativo de responsabilidad civil por los daños ocasionados en una cirugía realizada a Paola en la Fundación Clínica del Norte, entidad de carácter privado, concretamente por la pérdida de movilidad que ocurrió como consecuencia del procedimiento médico. || Aunque en este caso fueron demandadas una entidad privada y una pública, no hay lugar a la aplicación del fuero de atracción para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca el proceso, por tres razones. || En consecuencia, la Sala concluye que el Juzgado 002 Civil del Circuito de Bello, Antioquia, es el competente para conocer las pretensiones sustentadas en la responsabilidad por el daño causado a Paola en la intervención quirúrgica realizada en la Fundación Clínica del Norte.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, entidad, responsabilidad, daño, consejo, jurisdicción, administrativo, entidades, demanda, auto, contencioso, forma, fuero]

Auto A-568 de 2026

[Resumen automatizado: Por este motivo, la Sala advierte que, como medida de protección de la intimidad de la comunidad en general, así como de la presunta víctima, del procesado y demás involucrados en el caso bajo estudio, se ordenará suprimir de esta providencia y de toda futura publicación, los nombres, datos e información que permitan la identificación de las personas involucradas. || Bajo esa perspectiva, la Corte ha establecido en decisiones como la Sentencia T-523 de 2012 y los autos 206 y 751 de 2021, que el análisis del factor institucional debe estar orientado a verificar cinco elementos esenciales para establecer la legitimidad de la jurisdicción indígena: (i) la existencia de autoridades claramente identificadas y reconocidas por la comunidad como competentes para ejercer funciones jurisdiccionales; (ii) la identificación de los usos y costumbres que sustentan su actuación; (iii) la previsión de la conducta reprochada como socialmente nociva y su correspondiente sanción dentro del derecho propio; (iv) la existencia de mecanismos que aseguren el respeto del debido proceso, lo que incluye la participación activa y efectiva de las víctimas; y (v) la capacidad coercitiva real de la autoridad indígena para ejecutar sus decisiones y asegurar su cumplimiento.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, comunidad, constitucional, corte, especial, jurisdicción, competencia, auto, autoridades, existencia, proceso, sala, factor, protección]

Auto A-567 de 2026

[Resumen automatizado: 2. En primera instancia, el Juzgado 003 Administrativo Oral de Neiva mediante sentencia del 10 de agosto de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio efectuar una liquidación de la pensión de la demandante teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales y, así mismo, lo condenó en costas. || 3. Como consecuencia de lo anterior, La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de apoderado judicial presentó solicitud de ejecución de sentencia judicial para que se librara mandamiento de pago por el valor de las costas aprobadas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila en segunda instancia, así como, por los intereses moratorios por los valores determinados en el auto de costas hasta la tasa máxima permitida en la fecha en que se realice el pago. || La Sala Plena observa que la competencia para conocer y decidir la solicitud de ejecución presentada por�La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en�contra de la señora Raquel Dussan Chaux recae en la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, administrativo, auto, ejecución, sala, jurisdicción, nacional, proceso, juzgado, tribunal]

Auto A-566 de 2026

[Resumen automatizado: El 9 de febrero de 2021, Manuel Antonio Rebolledo Uribe, a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral contra la Empresa de Servicio Públicos de Cravo Norte Jaguey S.A. E.S.P. Con ella pretende (i) declarar la existencia de un contrato de trabajo desde el 2 de enero de 2011 hasta "la fecha de la correspondiente sentencia, o dentro de los extremos temporales que se prueben en el proceso"; (ii) ordenar el pago de la obligación reconocida mediante acta de compromiso No. 001 del "24 de agosto del 2018"; (iii) ordenar el pago de las prestaciones laborales correspondientes desde el 24 de agosto de 2018[3]; (iv) establecer el pago de la sanción moratoria causada desde el 16 de febrero de 2012; y (v) ordenar el pago de las costas y agencias en derecho a las que haya lugar. || A través del Auto 492 de 2021, la Corte Constitucional fijó la regla según la cual, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, servicios, corte, competencia, jurisdicciones, prestación, arauca, administrativo, jurisdicción, contratos, relación, constitucional, conflicto, conocer, contencioso]

Auto A-565 de 2026

[Resumen automatizado: Como consecuencia de lo anterior, el INVIMA formuló la excepción previa denominada "falta de jurisdicción o de competencia" conforme el numeral 1 del artículo 100 del Código General del Proceso (CGP) y explicó que dada la naturaleza de derecho público del insitutoinstituto, no le asiste legitimación en la causa por pasiva para hacerse parte en litigios de los cuales conociera la jurisdicción ordinaria, dado que el juez natural ante el cual debe ser llamado es el juez de lo contencioso administrativo. || 5. EL despacho judicial en comento soportó su decisión en que: (i) conforme al artículo 2 del Decreto 481 de 2004, el INVIMA autoriza la importación de los medicamentos definidos como vitales no disponibles, como es el caso del medicamento requerido por el niño Mateo Reyes Niño, (ii) el INVIMA es un establecimiento público del orden nacional, por lo que el juez natural llamado a conocer sobre las controversias en las que sea parte es el juez de lo contencioso administrativo y (iii) en que en el Auto 646 de 2021 la Corte Constitucional, al resolver un conflicto de jurisdicción al interior de un proceso de responsabilidad médica, dispuso que, vía fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para resolver los asuntos donde comparezcan personas de derecho privado y de derecho público, ante una eventual responsabilidad de la entidad estatal.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, corte, responsabilidad, proceso, auto, civil, entidad, demanda, conflicto, administrativo, decisión, garantía, conocer, llamamiento, jurisdicciones]

Auto A-564 de 2026

[Resumen automatizado: El 19 de junio de 2024, mediante el Auto 1072 de 2024,esta Corporación se declaró inhibida para pronunciarse sobre el conflicto de competencia entre jurisdicciones, promovido la�Fiscalía 001 Delegada ante los Jueces del Circuito de la Seccional de Chocontá, y el Juzgado 142 de Instrucción Penal Militar por la causa judicial mencionada (§1), por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. || La Sala Plena determinó inhibirse porque no se satisfizo el presupuesto subjetivo, por cuanto la Fiscalía General de la Nación carecía de competencia para promover el conflicto al no estar "legitimada para promover un conflicto negativo entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar"[8], pues el delito de abuso de autoridad investigado no se cataloga como una conducta que implica posibles graves violaciones a los derechos humanos. || Finalmente, se advertirá a la Fiscalía 001 Seccional del Chocontá y al Juzgado 142 de Instrucción Penal Militar por promover un segundo conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, pese a que la Sala Plena de esta Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo por inexistencia de dicha controversia, respecto a delitos que no se configuran dentro de graves violaciones de derechos humanos.] - [Palabras claves automatizadas: conflicto, competencia, fiscalía, corte, constitucional, jurisdicciones, violaciones, penal, auto, graves, jurisdicción, derechos]

Auto A-563 de 2026

[Resumen automatizado: El abogado aportó, junto con el referido escrito, los siguientes documentos: (i) certificación de pertenencia étnica del imputado, (ii) certificación de pertenencia étnica de la víctima, el señor Eduardo; (iii) certificación de pertenencia étnica de la víctima, la señora Lucia; (iv) documento denominado "manifestación de vocación de justicia en el marco de solicitud de conflicto de competencia", (v) propuesta de garantías para las víctimas; (vi) acta de reconocimiento comunitario; (vii) prueba del lugar de ocurrencia de los hechos con coordenadas geográficas (casa del señor Mario); (viii) imagen con coordenadas donde el supuesto victimario arrojó a la víctima, el señor Eduardo; (ix) poder especial otorgado al señor Carlos, (x) copia de la cédula y de la tarjeta profesional del señor Carlos y (xi) certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. || Primera, el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política y la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional han indicado que "la jurisdicción especial indígena tiene ciertas prerrogativas para tramitar casos, entre ellos, en materia penal cuando se cumplen ciertas exigencias".] - [Palabras claves automatizadas: indígena, corte, comunidad, constitucional, jurisdicción, autoridades, justicia, ordinaria, competencia, sala, conflicto, proceso, indígenas]

Auto A-562 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado por el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga (Santander) y el Juzgado 001 de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga (Santander) || Posteriormente, mediante Auto del 14 de noviembre de 2023 esta autoridad judicial declaró su falta de competencia para conocer el asunto y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga Reparto. || En�el asunto se cumple el presupuesto�subjetivo,�dado que el conflicto se suscitó entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, en esta ocasión, el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado 001 de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga. || Por estas razones,�la Sala Plena se declarará inhibida para decidir el presente asunto y ordenará el envío del expediente�CJU-7566 al Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión. || Por medio de la Secretaría General de esta Corporación,�REMITIR�el expediente CJU-7566 al Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, para que proceda con lo de su competencia y comunique�la presente decisión a los interesados y al Juzgado 001 de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicciones, proceso, administrativo, corte, ejecutivo, ejecución, constitucional, auto, competencia, conflicto, sala, plena, judicial]

Auto A-561 de 2026

[Resumen automatizado: El 16 de octubre de 2024 el señor Daniel Quintero Blandón en su calidad de apoderado del Bufete Abogados Especializados S.A.S., en su condición de agente especial interventor, presentó demanda de rendición provocada de cuentas contra el señor Octavio Patiño Cardona, persona natural comerciante, en su calidad de consorciado del Consorcio Torres de Centenario, para que rindiera las cuentas de su administración desde el año 2021 hasta la fecha de emisión de la sentencia. || Abogados Especializados S.A.S, para ejercer las funciones de Agente Especial Interventor y adelantar todas las actividades relacionadas con la administración en la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes del Consorcio Torres de Centenario y sus consorciados, entre ellos, el señor Octavio Patiño Cardona en calidad de persona natural comerciante. || Esta autoridad judicial, mediante Auto del 18 de febrero de 2026, decidió declarar su falta de jurisdicción, suscitó conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para su resolución. || En el presente caso, la Sala Plena determina que la competencia para conocer del asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad�civil, en aplicación de la regla establecida en el Auto�1872 de 2022.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, competencia, cuentas, administrativo, civil, corte, constitucional, jurisdicciones, sala, auto, contencioso, proceso, acto, rendición, plena]

Auto A-560 de 2026

[Resumen automatizado: 4. Posterior al nuevo reparto, el Juzgado 062 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, a través de auto del 18 de febrero de 2026, propuso conflicto negativo entre jurisdicciones, al considerar que Seguros del Estado S.A. es una aseguradora de derecho privado, constituida como sociedad anónima comercial y vigilada por la Superintendencia Financiera, de modo que no tiene la naturaleza de entidad pública ni ejerce funciones administrativas. || Sobre el presupuesto subjetivo: la Corte lo encuentra satisfecho ya que el conflicto se suscita entre autoridades que forman parte de la Jurisdicción Ordinaria y de lo Contencioso Administrativo, que rechazaron el conocimiento de la demanda, concretamente, el Juzgado 016 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y el Juzgado 062 Administrativo del Circuito de Bogotá-Sección Tercera. || La Sala Plena constata que en el presente caso se presentó un conflicto entre una autoridad de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil, el Juzgado 016 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y otra de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Juzgado 062 Administrativo del Circuito de Bogotá- Sección Tercera, de acuerdo con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, analizados en los fundamentos jurídicos 10, 11 y 12 de esta providencia.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, jurisdicciones, civil, bogotá, administrativo, conocimiento, responsabilidad, corte, conocer, demanda, competencia, conflicto, entidad]

Auto A-559 de 2026

[Resumen automatizado: Explicó que la demandante se desempeñó como profesora de tiempo completo ocasional y que, según el Auto 246 de 2022 de la Corte Constitucional, corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral conocer los litigios relacionados con la vinculación de dichos docentes en las instituciones públicas de educación superior. || La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015. || Así las cosas, la Corte reiteró la regla de decisión del Auto 3121 de 2023, que establece: "[d]e conformidad con los artículos 104.1 y 140 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer las demandas de reparación directa en las que se pretende la indemnización de perjuicios derivada de las acciones u omisiones de una entidad pública". || Se reitera la regla de decisión del Auto 3121 de 2023: "[d]e conformidad con los artículos 104.1 y 140 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer las demandas de reparación directa en las que se pretende la indemnización de perjuicios derivada de las acciones u omisiones de una entidad pública".] - [Palabras claves automatizadas: conflicto, entidad, corte, reparación, bogotá, demanda, conocer, constitucional, administrativo, pública, directa, jurisdicción, contencioso, auto, jurisdicciones]

Auto A-558 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que�la Superintendencia Nacional de Salud�es la autoridad judicial competente para conocer de la demanda promovida por Administradora Country S.A.S., contra la Secretaría Departamental de Salud de La Guajira, con la cual se pretende que se dirima un conflicto de glosas y/o devoluciones en relación con una factura cuya suma asciende a la suma de COP $615.006.122, y cuyo pago se encuentra insoluto, en los términos de la demanda. || Dadas las circunstancias, la Corte reitera la regla de decisión del Auto 2032 de 2023 que establece lo siguiente: "[d]e conformidad con el artículo 116 de la Constitución y con el literal f del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, la Superintendencia Nacional de Salud es la competente para conocer de controversias entre entidades que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que versen sobre devoluciones o glosas a las facturas correspondientes a la prestación de servicios médicos". || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7545 a la Superintendencia Nacional de Salud para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado 006 Administrativo del Circuito de Riohacha.] - [Palabras claves automatizadas: servicios, nacional, superintendencia, conocer, conflicto, ley, administrativo, pago, corte, demanda, competencia, constitucional, jurisdicciones, secretaría, entidades]

Auto A-557 de 2026

[Resumen automatizado: El Tribunal Administrativo del Huila, Sala 004 de Decisión, mediante auto del 1 de marzo de 2022, declaró su falta de competencia para conocer del asunto, sustentada en los artículos 104.6 y 297 del CPACA, al considerar que, aunque la providencia objeto de ejecución fue proferida por esa corporación, el título ejecutivo no recaía sobre una entidad pública sino sobre una particular, por lo que ordenó remitir el expediente a la jurisdicción ordinaria . || 9. La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es la autoridad competente para conocer de las solicitudes promovidas por el Municipio de Yopal contra el señor Milton Gabriel Cruz Bonilla y por el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en contra de la señora Gloria Fanny Imbachi Sánchez, con las cuales se pretende que se libre mandamiento de pago por el valor de las costas procesales y los subsecuentes intereses moratorios, las cuales fueron aprobadas mediante auto del 08 de julio de 2024 expedido por el Tribunal Administrativo de Casanare, y la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala 004 de Decisión, respectivamente.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, tribunal, proceso, competencia, constitucional, sala, corte, ejecución, jurisdicción, conocer, solicitud, jurisdicciones]

Auto A-556 de 2026

[Resumen automatizado: A través de Auto Interlocutorio No. 083 del 3 de febrero de 2025, esta autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción para conocer el asunto y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Bogotá. || Mediante Auto Interlocutorio No. 031 del 12 de febrero de 2026, esta autoridad judicial no asumió el conocimiento del asunto por falta de jurisdicción, planteó conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera la colisión suscitada[4]. || Al resolver el conflicto, la Corte partió de la regla general prevista en el artículo 104 del CPACA, según la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias originadas en contratos cuando en ellas interviene una entidad pública. || En segundo lugar, la Sala observa que el litigio involucra directamente a una entidad pública como tomadora de un seguro en el marco de una relación contractual, lo cual activa el criterio orgánico previsto en el artículo 104 del CPACA, según el cual corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las controversias originadas en contratos en los que intervengan entidades estatales. || Así entonces, la Sala Plena remitirá el expediente de CJU-7540 al Juzgado A Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, pública, corte, auto, constitucional, aseguradora, entidad, sala, administrativo, jurisdicciones, conflicto, bogotá]

Auto A-555 de 2026

[Resumen automatizado: El 24 de mayo de 2025 Andrés Felipe, Juan Manuel y Jader Alexis García Isaza, a través de apoderado judicial, presentaron una demanda ordinaria de mayor cuantía en contra de la Sociedad AXA Colpatria Seguros S.A., con el fin de que: (i) se declare la existencia, validez y vigencia del contrato de seguro de vida 2242, celebrado entre el municipio de Apía, Risaralda, en calidad de tomador, y AXA Colpatria Seguros S.A., como aseguradora, en virtud del cual se encontraba amparada María Dilia Isaza Martínez al momento de su fallecimiento, ocurrido el 29 de julio de 2023; (ii) se declare que dicho fallecimiento constituye un siniestro cubierto por la referida póliza y que la negativa de la aseguradora a su pago configura un incumplimiento contractual injustificado; (iii) se condene a la demandada al pago de la suma asegurada; (iv) se declare la procedencia del llamamiento en garantía formulado contra el municipio de Apía, como tomador de la póliza; y (v) se condene a la demandada al pago de intereses moratorios y compensatorios, así como de perjuicios materiales y morales, de costas del proceso y de agencias de derecho.] - [Palabras claves automatizadas: contrato, jurisdicción, sala, competencia, civil, ordinaria, garantía, jurisdicciones, entidad, llamamiento, conflicto, parte, proceso, corresponde, tercero]

Auto A-554 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 004 Administrativo Mixto del Circuito de Montería y el Juzgado 004 Transitorio de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, la cual versa sobre la competencia para conocer la solicitud de ejecución de una providencia judicial proferida por un despacho de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la cual se ordenó el pago de costas procesales. || En el�Auto 008 de 2022[30], la Corte estableció la siguiente�regla de decisión: "[e]l conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP". || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7534 al Juzgado 004 Administrativo Mixto del Circuito de Montería, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado 004 Transitorio de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, proceso, ejecución, administrativo, contencioso, constitucional, conocimiento, jurisdicciones, corte, sala, judicial, conocer, judiciales]

Auto A-553 de 2026

[Resumen automatizado: De acuerdo con lo expuesto, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer la demanda ordinaria laboral presentada por José Norberto Giraldo Rivera contra la UGPP y el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. || Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena concluye que el Juzgado 021 Administrativo del Circuito de Cali es el competente para conocer la demanda objeto de estudio, y ordenará remitirle el expediente CJU-7533 para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados. || Se reitera la regla de decisión del Auto 397 de 2024: "En virtud del numeral 4 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de demandas en las que se pretende el reconocimiento y pago de una prestación de la seguridad social de un empleado público, cuyo régimen de pensiones fue administrado por una entidad de derecho público, durante el tiempo de la vinculación objeto de reclamo" [16]. || Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7533 al Juzgado 021 Administrativo del Circuito de Cali para lo de su competencia, y para que comunique esta decisión al Juzgado 015 Laboral del Circuito de Cali y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: conflicto, administrativo, competencia, constitucional, demanda, corte, público, auto, jurisdicciones, jurisdicción, plena]

Auto A-552 de 2026

[Resumen automatizado: Sin perjuicio de lo anterior, el Auto 504 de 2023 aclaró que cuando se presenten demandas contra actos de la seguridad social, en las que se pretenda la emisión de un bono pensional de un servidor público cuyo régimen de pensiones es administrado por una entidad de derecho público y durante el tiempo de la vinculación objeto de reclamo se ostentaba dicha calidad, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el numeral 4 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011[20]. || En esa oportunidad la Corte Constitucional asignó la competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y reiteró la regla contenida en el Auto 504 de 2023, pues determinó que la demanda pretendía el reconocimiento y pago de un bono pensional a favor de un afiliado de Porvenir, respecto de un periodo en el que trabajó en la E.S.E. y la entidad responsable del régimen pensional era de naturaleza pública. || [9] "La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer de demandas en las que se pretende la emisión de un bono pensional por el tiempo laborado como servidor público de un trabajador cuyo régimen es administrado por una entidad de derecho privado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 4º del artículo 2 de la Ley 712 de 2001".] - [Palabras claves automatizadas: entidad, pensional, corte, constitucional, demanda, público, competencia, jurisdicción, barranquilla, ley, conflicto, auto, administrativo, expediente, jurisdicciones]

Auto A-551 de 2026

[Resumen automatizado: El conocimiento del proceso fue asignado al Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Girardot, el cual, mediante Auto del 19 de agosto de 2025, (i) declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto; y (ii) remitió el expediente a la oficina de reparto de los juzgados civiles municipales de Girardot. || La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Girardot y el Juzgado 002 Civil Municipal de Girardot, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda presentada por Luisa Liliana Cartagena Martínez contra el Municipio de Girardot. || En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer de las demandas que pretenden la nulidad del contenido de una escritura pública (II.4 infra). || La Sala Plena considera que la demanda presentada por�Luisa Liliana Cartagena Martínez en contra del Municipio de Girardot debe ser conocida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Girardot y el Juzgado 002 Civil Municipal de Girardot, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Girardot es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por Luisa Liliana Cartagena Martínez contra el Municipio de Girardot.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, jurisdicción, pública, contrato, jurisdicciones, contenido, corte, civil, conocer, demanda, cartagena, municipal, competencia, julio, nulidad, asunto]

Auto A-550 de 2026

[Resumen automatizado: En los autos 1159 de 2021, 1439 de 2023 y 1070 de 2024, la Corte Constitucional sostuvo que, cuando la parte demandante afirma haber prestado sus servicios personales a una entidad pública por conducto de una empresa de servicios temporales o de un tercero que presuntamente actuó como simple intermediario, la determinación de la jurisdicción competente exige establecer la naturaleza del vínculo cuya existencia se reclama y la regla general de vinculación aplicable a la entidad demandada. || En suma, estos antecedentes muestran que, en asuntos relativos al FNA, la Sala Plena ha atribuido el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad Laboral, cuando la pretensión está dirigida a obtener la declaratoria de una relación laboral con esa entidad, a partir de un vínculo formal con empresas de servicios temporales, y no se desvirtúa prima facie que la regla general de vinculación del demandante no sea la de trabajadores oficiales.] - [Palabras claves automatizadas: entidad, regla, vinculación, laboral, general, administrativo, pública, jurisdicción, relación, servicios, sala]

Auto A-549 de 2026

[Resumen automatizado: Citó los Autos 492 de 2021 y 186 de 2023 de la Corte Constitucional, según los cuales corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de los procesos en los que se pretende determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta mediante contratos de prestación de servicios celebrados con el Estado, así como el pago de las acreencias derivadas de ese vínculo. || En el Auto 492 de 2021 la Sala Plena concluyó que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo los procesos promovidos para determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado. || (ii) Presupuesto objetivo: se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla, específicamente, se trata del conocimiento de la demanda promovida por Álvaro Román Benavides Pareja y otros en contra del municipio de Chachagüí, en la que se discute la responsabilidad derivada de un accidente ocurrido durante la ejecución de un contrato estatal de prestación de servicios y se afirma que, pese a esa modalidad contractual, el demandante habría desarrollado labores bajo condiciones propias de una vinculación laboral con la entidad territorial.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, administrativo, contratos, servicios, prestación, relación, jurisdicción, demanda, contencioso, entidad, municipio]

Auto A-548 de 2026

[Resumen automatizado: Como argumentos, este juzgado adujo que i) según el Auto 1470 del 12 de julio de 2023[4] de la Corte Constitucional, la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, conoce[5] de los conflictos originados directa o indirectamente en el contrato de trabajo, con independencia de que el empleador sea un particular o una entidad pública. || En auto interlocutorio laboral No. 009 del 28 de enero de 2026, el Juzgado 001 Civil del Circuito de Túquerres propuso conflicto negativo de jurisdicción y en el resuelve declaró su falta de competencia, conforme a los siguientes argumentos: i) de acuerdo con las pretensiones de la demanda se puede advertir que estas no van encaminadas a declarar la existencia del contrato laboral, sino a declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la respuesta de petición del 15 de octubre de 2024, así como el restablecimiento del derecho, ii) debe aplicarse el artículo 138 del CPACA, iii) y el artículo 104 del CPACA que indica que la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa., y iv) la demanda se dirige en contra de la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Awa Unipa, entidad de derecho público de carácter especial.] - [Palabras claves automatizadas: corte, laboral, jurisdicción, competencia, conflicto, contrato, jurisdicciones, constitucional, auto, conocer, conflictos, trabajo, administrativo]

Auto A-547 de 2026

[Resumen automatizado: En dicha decisión, la Sala Plena concluyó que, para definir la jurisdicción competente en asuntos en los que se discute la naturaleza jurídica del vínculo con una empresa social del Estado, debe atenderse no solo a la forma de vinculación adoptada, sino también a las funciones efectivamente desempeñadas por el trabajador, en particular si están relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y los servicios generales. || En este sentido, en dicho auto se estableció la siguiente regla de decisión: "la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de una demanda laboral contra una Empresa Social del Estado promovida por un empleado público, situación jurídica que se constata con las funciones que desempeña en la entidad acorde con lo previsto en la Ley 10 de 1990". || "La jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de una demanda laboral contra una Empresa Social del Estado promovida por un empleado público, situación jurídica que se constata con las funciones que desempeña en la entidad acorde con lo previsto en la Ley 10 de 1990".] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, laboral, sala, jurisdicciones, contencioso, administrativo, mediante, competencia, conflicto, naturaleza, empresa, corte, estado, conocer, funciones, demanda, social, empleado, plena, público, auto]

Auto A-546 de 2026

[Resumen automatizado: El día 27 de enero de 2026, se realizó audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado 001 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D.C. En esta diligencia, la Fiscalía expuso que la competencia para conocer del asunto le corresponde a la Jurisdicción Penal Militar debido a que los hechos ocurrieron en ejercicio de las labores del señor Juan Camilo Loaiza Sánchez como soldado. || El 5 de febrero de 2026, el Juzgado 001 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D.C., remitió a la Corte Constitucional el expediente para que resolviera el conflicto de jurisdicciones negativo. || La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[7]. || En efecto, en el caso concreto no se acreditó la ocurrencia del presupuesto subjetivo pues el Juzgado 001 Penal del Circuito Especializado de Bogotá hizo la remisión directa del expediente a la Corte Constitucional sin ponerlo en conocimiento de la Jurisdicción Penal Militar, por lo tanto, esta ha sido la única autoridad judicial que ha negado ser competente.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, conflicto, penal, jurisdicciones, corte, competencia, bogotá, asunto, auto, autoridades]

Auto A-545 de 2026

[Resumen automatizado: Ese mismo día, durante la instalación de la audiencia de formulación de acusación, el Juzgado 011 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá determinó la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer del asunto y remitió las diligencias a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto suscitado, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política. || En el caso objeto de estudio, la Corte encuentra satisfecho el presupuesto objetivo en la medida en que existe un proceso penal adelantado por la Fiscalía en contra del señor Carlos ante el Juzgado 011 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, por la presunta comisión de los delitos de acto sexual violento agravado en concurso con acceso carnal violento agravado (artículos 205, 206, 212, 212A, 31, 211 numerales 2 y 48 del Código Penal). || Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional considera que se encuentran acreditados los presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones entre el Cabildo Indígena Aves Maríamulata y el Juzgado 011 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, comunidad, corte, jurisdicción, constitucional, competencia, autoridades, en, factor, proceso, conductas, penal, especial]

Auto A-544 de 2026

[Resumen automatizado: Cuando se presenta una demanda contra un particular, con el objeto de obtener la restitución de bienes o la restitución de tenencia, sin que se advierta la existencia de un contrato estatal y sin que se constate de por medio el cumplimiento de una función administrativa, el asunto deberá ser asumido por la Jurisdicción Ordinaria, en aplicación de la regla general o residual de competencia prevista a su favor en el artículo 15 del Código General del Proceso.] - [Palabras claves automatizadas: bienes, público, uso, bien, demanda, jurisdicción, magdalena, banco, competencia, corte, auto, particular, asunto, general]

Auto A-543 de 2026

[Resumen automatizado: De conformidad con lo anterior, el Juzgado 005 Civil del Circuito de Cúcuta consideró que no era competente para conocer de la demanda porque las facturas enunciadas obedecen a una relación contractual entre la demandante y Coosalud EPS, pues los títulos ejecutivos presentados por la ejecutante fueron aceptados por esa EPS en el marco de un contrato que las vinculaba, el cual fue cedido por la Cooperativa de Desarrollo Integral Coosalud EPS. || Este despacho consideró que cuando se trata de procesos en los que se reclama el pago de facturas de venta originadas en la prestación de servicios de salud, se activa la cláusula general de competencia determinada por el artículo 2.5 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social -CPTSS-; en esa medida, corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral el conocimiento y trámite de dichos procesos ejecutivos.] - [Palabras claves automatizadas: servicios, competencia, corte, auto, salud, ordinaria, jurisdicción, pago, constitucional, prestación, jurisdicciones]

Auto A-542 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante auto del 2 de febrero de 2026, la magistrada sustanciadora decretó una serie de pruebas con el propósito de determinar si, en el caso concreto, concurren los elementos exigidos por la jurisprudencia para la activación de la competencia de la jurisdicción especial indígena. || A partir de las anteriores consideraciones, la Sala considera que, en este caso, no es válido dar curso al conflicto de competencia entre jurisdicciones ante la existencia de un acta de juzgamiento surtida en la JEI por parte del Resguardo de Guachucal, la cual está amparada por la garantía de la cosa juzgada. || En este caso, la decisión proferida por la JEI fue anterior a la configuración del conflicto de competencia entre jurisdicciones y también es anterior al inicio del proceso de incremento de cuota alimentaria adelantado en contra del señor Jorge Enrique Aguirre Jiménez. || Por Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7413 al Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal (Nariño) para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a las partes y a los demás interesados en el proceso.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, jurisdicciones, asunto, jurisdicción, partes, cuota, autoridad, decisión, auto, parte, proceso, en, cosa, juzgada, conflicto]

Auto A-541 de 2026

[Resumen automatizado: Por tal motivo, ordenó oficiar: (i) a las autoridades ancestrales del Resguardo Indígena Nasa de Paniquitá para que indicaran aspectos relacionados con la pertenencia de los indiciados y las víctimas a la comunidad indígena, así como sobre la ubicación geográfica, cultura, política, costumbres y estructura institucional propia; (ii) a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior; (iii) al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y (iv) a la Dirección de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho, con la finalidad de conocer elementos característicos de la referida comunidad[10]. || Por el contrario, en esos eventos, el juez que resuelve el conflicto de jurisdicciones debe, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte[50]: (i) valorar de qué manera la cosmovisión indígena respectiva y la sociedad mayoritaria aprehenden la gravedad de la conducta presuntamente cometida; (ii) determinar, en el caso analizado, cuál es la afectación del bien jurídico tutelado para la sociedad ancestral y la sociedad mayoritaria y (iii) analizar los demás factores de competencia. || Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7274 al Juzgado Promiscuo Municipal de Totoró, Cauca, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y a las autoridades indígenas del Resguardo Indígena Nasa de Paniquitá.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, corte, comunidad, indígena, jurisdicción, especial, proceso, autoridades, institucional, justicia, conducta, derechos, víctimas, competencia, resguardo]

Auto A-540 de 2026

[Resumen automatizado: El conflicto negativo de jurisdicción versa sobre la competencia para conocer de la demanda declarativa promovida por la Asociación de Reciclaje "Movimiento No Es Basura" contra la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS S.A. E.S.P., con la finalidad de obtener la declaratoria de responsabilidad por el traslado indebido de recursos correspondientes a la actividad de aprovechamiento, así como el reintegro de las sumas adeudadas, el pago de intereses moratorios y el reconocimiento de los perjuicios causados a título de daño moral. || En el Auto 946 de 2021, esta Corporación analizó una demanda ordinaria de responsabilidad civil extracontractual formulada contra Electricaribe y, al definir la autoridad judicial competente, reiteró que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los asuntos relacionados con entidades prestadoras de servicios públicos únicamente en tres hipótesis específicas: cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley 142 de 1994; cuando la controversia recaiga sobre actos, contratos, hechos, omisiones u operaciones sometidos al derecho administrativo en los que intervengan entidades públicas, entendidas como aquellas con participación estatal igual o superior al 50% de su capital; y siempre que el asunto no se encuentre dentro de las excepciones contempladas en el numeral 1 del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, jurisdicción, públicos, ley, naturaleza, servicios, responsabilidad, civil, competencia, corte, auto, jurisdicciones, demanda, conflicto, empresa]

Auto A-539 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien la preside, y por los magistrados Carlos Camargo Assis y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente: || Dada la complejidad del caso, la relevancia de los derechos que se reclaman en la tutela y la importancia de un diálogo con las comunidades étnicas involucradas, la magistrada decretó pruebas adicionales con el objetivo de conocer más información sobre (i) los riesgos de seguridad que motivan que los accionantes soliciten medidas de protección; y (ii) los mecanismos de participación implementados en las dos comunidades en relación con el proyecto y las consideraciones que se hayan tenido en cuenta con respecto a su impacto ambiental. || Adicionalmente, en atención a las manifestaciones realizadas por la parte accionante durante el trámite de revisión, en las que se advierte la existencia de un contexto de conflictividad intracomunitaria asociado al desarrollo del proyecto minero, así como la presunta ocurrencia de amenazas, intimidaciones, presiones y actos de estigmatización en contra de quienes se oponen a las actividades extractivas y defienden el territorio, la Sala pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación estos hechos, para que, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, valore la eventual relevancia penal de los hechos descritos y adopte las decisiones a que haya lugar.] - [Palabras claves automatizadas: medidas, proyecto, tutela, trámite, nacional, solicitud, derechos, sala, comunidades, territorio, putumayo, protección, ambiental, corte]

Auto A-538 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, designada por la Sala Plena de la Corte Constitucional para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las órdenes allí impartidas, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y Carlos Ernesto Camargo Assis, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a dictar el presente auto. || No obstante, evidenció falencias en el procedimiento, debido a que (i) la convocatoria a los médicos no fue realizada con suficiente antelación, lo que se tradujo en una baja participación de los especialistas, (ii) la consulta a pacientes no se realizó en todas las ciudades capitales, (iii) se calificaron como excluidas algunas tecnologías sin haber sido sometidas al PTCP (Procedimiento Técnico Científico y Participativo) y (iv) se presentó una falta de claridad en la comunidad acerca de las coberturas del PBS, lo que propició la negación de servicios no excluidos de financiación con recursos públicos de la salud.] - [Palabras claves automatizadas: servicios, salud, tecnologías, sala, financiación, ii, participación, i, recursos, anterior, procedimientos, exclusión, medidas, iii]

Auto A-536 de 2026

[Resumen automatizado: En aplicación de los principios de economía, sostenibilidad fiscal y austeridad del gasto, las listas de elegibles resultantes de los concursos realizados en virtud del parágrafo transitorio del artículo 32 del Decreto-Ley 071 de 2020, luego de que los empleos ofertados sean provistos en estricto orden de méritos, deberán ser utilizadas dentro del término de su vigencia para proveer vacantes generadas con posterioridad a las convocatorias, así como aquellas derivadas de la ampliación de la planta de personal, siempre y cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes. || El proceso de selección cuya convocatoria y reglas se encuentran establecidas en el Acuerdo No. CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, seguirá su curso con independencia de la etapa en que se encuentre y, una vez conformada la lista de elegibles, esta deberá ser utilizada dentro del término de su vigencia para proveer las vacantes ofertadas y aquellas que se generen con posterioridad derivadas de la ampliación de la planta de personal, siempre y cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes”.] - [Palabras claves automatizadas: elegibles, código, listas, vacantes, no, ii, empleos, sala, decreto, cargos]

Auto A-535 de 2026

[Resumen automatizado: 5.�Con el propósito de asegurar una respuesta estatal integral frente a la crisis humanitaria prolongada en el Catatumbo, el 11 de noviembre de 2025 las Salas Especiales de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022[1] y a la Sentencia T-025 de 2004 promovieron un espacio de diálogo que reunió a entidades del orden nacional y territorial, órganos de control, víctimas del conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz y organismos multilaterales, con el fin de identificar soluciones para la superación de la crisis. || ORDENAR a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación de esta providencia, remita a esta Sala Especial de Seguimiento un informe detallado sobre la estrategia y las acciones de respuesta implementadas frente a la crisis humanitaria presentada en la región del Catatumbo a partir de enero de 2025. || ORDENAR a la URT que, en el mismo término, remita a esta Sala Especial de Seguimiento información detallada sobre la gestión del RUPTA en la región del Catatumbo desde enero de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: catatumbo, respuesta, seguimiento, crisis, especial, sala, sentencia, humanitaria, derechos, región, población, medidas, información, fecha]

Auto A-534 de 2026

[Resumen automatizado: La Corte suspende provisionalmente, a partir de la fecha y hasta que se profiera sentencia, los artículos 4 y 9 en su integridad, y algunos apartes de los artículos 7, 8, y 13 del Decreto Legislativo 174 de 2026 “Por el cual se adoptan medidas para la reubicación, relocalización, temporal o definitiva, de unidades de producción agropecuaria y activos rurales, necesarias para el reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 150 de 2026” || La medida opera con efectos hacia el futuro desde la adopción de esta decisión por la Sala Plena y se mantendrá hasta cuando se notifique la sentencia que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control automático e integral del citado decreto legislativo. || La UAEGRTD entregara a través de su Fonda bienes en equivalencia a aquellas personas titulares del derecho a la restitución de tierras, así coma a segundos ocupantes, reconocidos en sentencia judicial en firme, cuyos bienes fueron afectados parcial o totalmente por las inundaciones y demás eventos naturales que dieron lugar a la declaratoria emergencia de que trata el Decreto 150 de febrero de 2026.] - [Palabras claves automatizadas: corte, efectos, nacional, suspensión, decreto, medidas, adquisición, la, decisión, parágrafo, tierras, emergencia, días, propiedad, control, bienes, acto]

Auto A-533 de 2026

[Resumen automatizado: SUSPENDER PROVISIONALMENTE, en lo que respecta a (i) las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial y (ii) las personas jurídicas que se encuentren en liquidación al 29 de abril de 2026, el recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio prevista para el 4 de mayo de 2026, según lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 173 del 24 de febrero de 2026, “por el cual se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026”, hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo. || Primera etapa: verificación de supuestos habilitantes La Corte encontró acreditado el presupuesto habilitante de existencia de evidencia preliminar seria sobre afectaciones intensas de derechos fundamentales, en especial en relación con los derechos a la educación, al trabajo y, en algunos casos, al mínimo vital derivado del pago de la cuota del impuesto, previsto para el próximo 4 de mayo de 2026, a cargo de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) que hacen parte del régimen tributario especial -Estatuto Tributario, art.] - [Palabras claves automatizadas: impuesto, patrimonio, personas, pago, jurídicas, derechos, entidades, suspensión, estatuto, efectos, especial, valor, sociedades, liquidación, decreto, régimen]

Auto A-531 de 2026

[Resumen automatizado: El día 27 de abril de 2026, los magistrados Natalia Ángel Cabo, Paola Andrea Meneses Mosquera, Lina Marcela Escobar Martínez, Miguel Polo Rosero, Vladimir Fernández Andrade y Carlos Camargo Assís, cada uno por separado, presentaron a la Sala Plena de la Corporación su manifestación de impedimento para participar en el debate sobre la solicitud de suspensión provisional del Decreto 173 de 2026 (Expediente RE-391). || A continuación, para resolver el asunto concreto, la Sala Plena: (i) estudiará la causal de impedimento relativa a la existencia de un "interés directo" (ii) analizará los impedimentos formulados por los magistrados y magistradas que manifestaron tener vínculos docentes o académicos con universidades eventualmente sujetas al impuesto referido (iii) examinará el impedimento presentado por la Magistrada Paola Andrea Meneses quien indicó que su cónyuge se desempeña como Jefe Jurídico Administrativo y de Servicios de Ecopetrol S.A y le corresponde dictar conceptos sobre el decreto examinado (iv) Finalmente, resolverá lo concerniente al impedimento presentado por el magistrado Carlos Camargo Assis quien manifestó haber sido vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda también cobijada por dicho tributo.] - [Palabras claves automatizadas: interés, corte, decisión, constitucional, sala, magistrado, causal, magistrados, imparcialidad, directo, control, corporación, decreto]

Auto A-530 de 2026

[Resumen automatizado: En particular, la Sala tuvo conocimiento de la acción de tutela promovida por la Defensoría del Pueblo que relata que, en agosto y octubre de 2025, esa entidad solicitó a la Unidad para las Víctimas información específica sobre las acciones administrativas, presupuestales y operativas previstas para garantizar la entrega oportuna, continua y suficiente de la atención humanitaria en 2026, especialmente frente a las restricciones derivadas de la Ley 996 de 2005, y que las respuestas ofrecidas por la entidad se limitaron a referencias generales sobre vigencias futuras y disponibilidad de personal, sin concretar un plan verificable para asegurar dicha continuidad[1]. || ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación de la presente providencia, remita a esta Corporación un informe claro, completo y suficientemente soportado sobre la apropiación, programación, asignación y giro de los recursos destinados a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para cubrir la atención humanitaria a población desplazada durante las vigencias 2025 y 2026.] - [Palabras claves automatizadas: unidad, atención, humanitaria, efectiva, población, giros, entidad, sala, entrega, información]

Auto A-529 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional conoce tres acciones acumuladas, correspondientes a los expedientes T-11.055.661, T-11.092.074 y T-11.015.326 que giran en torno a las dificultades jurídicas y administrativas que enfrentaron las familias que acudieron a técnicas de reproducción humana asistida y gestación subrogada, en un contexto marcado por la ausencia de una regulación específica sobre esta práctica. || Esto ejes permitirán examinar: (i) los derechos de las niñas y los niños nacidos mediante gestación por sustitución, incluyendo las implicaciones relacionadas con su identidad, filiación y protección integral; (ii) la protección de las mujeres gestantes desde un enfoque de género, así como el posible vinculo que se configura durante el proceso de gestación entra la mujer gestante y el niño o la niña; (iii) un enfoque diferencial de las familias homoparentales y población LGBTI; (iv) la dimensión médica, científica y biogenética de la gestación por sustitución; y (iv) las prácticas administrativas, judiciales y registrales del Estado frente a esta técnica, particularmente en contextos de vacío normativo.] - [Palabras claves automatizadas: sustitución, derechos, sala, técnica, sesión, corte, registro, práctica, mujeres, salud, protección, nacional, civil, colombia, institucionales]

Auto A-528 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Especial de Seguimiento del cumplimiento de las órdenes estructurales proferidas al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Carcelario y Penitenciario, extendido a los Centros de Detención Transitoria, en las Sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015, SU-122 de 2022 y SU-512 de 2024 (en adelante, “Sala” o “Sala Especial”), integrada por las Magistradas Paola Andrea Meneses Mosquera, Lina Marcela Escobar Martínez y por el Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, en ejercicio de sus competencias previstas en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere el presente || El presente Auto tiene por objeto valorar las actuaciones, comunicaciones y hechos conocidos por la Sala Especial de Seguimiento que evidencian restricciones, obstáculos y negativas al ingreso de organismos de control, veedurías ciudadanas, comisiones académicas y organizaciones sociales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional y a los Centros de Detención Transitoria, así como las posibles afectaciones derivadas de dichas actuaciones frente al cumplimiento de las órdenes estructurales impartidas por la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: ingreso, seguimiento, sala, establecimientos, inconstitucional, organizaciones, acceso, comisión, auto, corte, nacional, en, órdenes]

Auto A-527 de 2026

[Resumen automatizado: 6. El 20 de abril de 2026, la Secretaría Técnica del Componente de Gobierno de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI) solicitó, mediante memorial, una ampliación del término judicial concedido para presentar el informe solicitado en el numeral primero de la parte resolutiva del Auto 324 de 2026, hasta el primero (1°) de mayo del año en curso. || 7. De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde al despacho sustanciador de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia SU-020 de 2022 pronunciarse sobre la solicitud de ampliación del término para remitir el informe ordenado en el numeral primero de la parte resolutiva del Auto 324 de 2026. || ACCEDER a la solicitud de ampliación del término hasta el cuatro (4) de mayo del 2026 para que el Gobierno Nacional, en coordinación con los demás componentes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), presenten el informe unificado al que hace referencia el numeral primero de la parte resolutiva del Auto 324 de 2026.] - [Palabras claves automatizadas: seguimiento, acuerdo, auto, sentencia, sala, final, comisión, verificación, corte, gobierno, especial, informe]

Auto A-526 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Especial de Seguimiento del cumplimiento de las órdenes estructurales proferidas al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Carcelario y Penitenciario, extendido a los Centros de Detención Transitoria, en las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015, SU-122 de 2022 y SU-512 de 2024 (en adelante, “Sala” o “Sala Especial”), integrada por las Magistradas Paola Andrea Meneses Mosquera, Lina Marcela Escobar Martínez y por el Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, en ejercicio de sus competencias previstas en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere el presente || Con tal finalidad y en aras de remover los obstáculos que aún persisten en el campo señalado, la Sala desarrollará en la presente providencia los siguientes puntos: (i) identificación e individualización de los presuntos infractores de las normas penales; (ii) respuestas allegadas frente a las obligaciones impuestas en los resolutivos primero, segundo y cuarto del Auto 714 de 2025; (iii) propuestas de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para ser aplicadas en el contexto ilustrado con miras a desentrabar los traslados de población privada de la libertad, fortalecer los canales de comunicación interinstitucional y contribuir al deshacinamiento; (iv) proyecto de implementación del sistema PPL Connect y su articulación con otras bases de datos; y (v) evaluación de cumplimiento de las órdenes anotadas y medidas que se adoptan por la Sala Especial para resolver las problemáticas identificadas.] - [Palabras claves automatizadas: detención, personas, libertad, seguridad, nacional, sala, auto, transitoria, policía, cumplimiento, lugar, información, especial]

Auto A-525 de 2026

[Resumen automatizado: Posteriormente, el 11 de noviembre de 2025, en la continuación de la audiencia de cambio de jurisdicción, el Juzgado 002 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pasto promovió conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones y dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional. || El 28 de enero de 2026, la Sala Plena de esta corporación profirió el Auto 037 de 2026 por medio del cual resolvió el conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 002 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pasto y la Jurisdicción Especial Indígena- Resguardo Campo Alegre, Comunidad Indígena Wiwa Arsario. || Parámetros aplicables a las solicitudes de aclaración de los autos proferidos por la Corte Constitucional que resuelven un conflicto de competencia entre jurisdicciones || No obstante, esta corporación ha admitido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 285 de la Ley 1564 de 2012 CGP y de manera excepcional proceden solicitudes de aclaración de los autos proferidos por la Corte Constitucional que resuelven un conflicto de competencia entre jurisdicciones, cuando (i)�ofrezcan un verdadero motivo de duda y (ii) siempre que las expresiones que generen aquella estén contenidas en la parte resolutiva de la providencia o influyan en ella.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucional, solicitud, competencia, auto, control, municipal, parte, penal, garantías, jurisdicciones, sala]

Auto A-524 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena recordó que el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 confiere a la Corte Constitucional la competencia para definir los efectos en el tiempo de las sentencias de constitucionalidad. || En criterio de la Sala Plena, esto podría causar una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, lo cual, a su vez, podría comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política. || El 24 de marzo de 2026, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió al despacho de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera el escrito mediante el cual Alfredo Acosta Zapata, en calidad de Ministro de Igualdad y Equidad, presentó solicitud de aclaración de la sentencia C-161 de 2024. || En la presente sección, la Sala Plena examinará si la solicitud de aclaración formulada por el Ministro de Igualdad y Equidad satisface los requisitos formales establecidos por la jurisprudencia constitucional. || Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Plena concluye que la solicitud de aclaración formulada por el Ministro de Igualdad y Equidad debe ser rechazada, pues el solicitante carece de legitimación y la solicitud fue presentada de forma abiertamente extemporánea.] - [Palabras claves automatizadas: corte, solicitud, constitucional, sentencia, sala, plena, solicitudes, parte, ley, requisitos, término, dentro, decisión]

Auto A-523 de 2026

[Resumen automatizado: A través de la Sentencia SU-067 de 2022 la Sala Plena resolvió, en sede de revisión, las acciones de tutela interpuestas por los ciudadanos Diego Mauricio Higuera Jiménez[3], Pedro Alirio Quintero Sandoval[4] y Jorge Hernán Pulido Cardona[5], y por la ciudadana María Eugenia Rangel Guerrero[6] contra la Universidad Nacional de Colombia y el Consejo Superior de la Judicatura. || En atención a lo anterior, la Sala Plena (i) confirmó las decisiones adoptadas en sede de impugnación en las acciones de tutela presentadas por los señores Diego Mauricio Higuera Jiménez y Pedro Alirio Quintero Sandoval, que negaron sus solicitudes de amparo resolutivos primero y segundo ; (ii) revocó parcialmente el fallo emitido en sede de impugnación, que negó las pretensiones de la tutela promovida por el señor Jorge Hernán Pulido Cardona, con el objeto de proteger su derecho de petición y ordenar a la Universidad Nacional de Colombia dar una respuesta integral a las inquietudes manifestadas por él resolutivos tercero y cuarto ; (iii) revocó las decisiones que declararon la improcedencia del amparo solicitado por la señora María Eugenia Rangel Guerrero, para, en su lugar, negarlo resolutivo quinto ; y, por último, decidió:] - [Palabras claves automatizadas: sentencia, plena, auto, sala, juez, cumplimiento, solicitud, corte, tutela, constitucional, derechos]

Auto A-521 de 2026

[Resumen automatizado: En su opinión, dichas normas permiten que el Estado utilice sistemas automatizados de datos para tomar decisiones con efectos jurídicos individuales, circunstancia que desconoce los derechos al debido proceso, igualdad, dignidad humana, el principio democrático, las reglas sobre publicidad y transparencia y la violación de la reserva de ley estatutaria. || Al respecto, la magistrada sustanciadora advirtió que el demandante (i) acreditó su calidad de ciudadano colombiano, pues remitió copia de su documento de identidad, (ii) señaló el fundamento de la competencia de este Tribunal para conocer del trámite, (iii) enunció las normas constitucionales que consideró vulneradas y (iv) utilizó los medios electrónicos dispuestos por esta Corte para presentar la demanda. || El actor resaltó que si bien la norma demandada ya fue revisada por esta Corte en la Sentencia C-478 de 2011 y no ha sido modificada ni tampoco ha cambiado el parámetro constitucional del artículo 29 de la Constitución, lo cierto es que con su demanda no pretende cuestionar ni reabrir el juicio abstracto ya adelantado, pues lo que plantea es una nueva dimensión interpretativa, relativa a la necesidad de precisar el alcance de la habilitación legal, cuando el tratamiento de datos incide en decisiones administrativas.] - [Palabras claves automatizadas: norma, recurso, datos, ley, corte, demanda, control, decisiones, constitucional, tratamiento, constitución, debido, decisión, efectos]

Auto A-519 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: recurso de súplica contra el Auto del 10 de marzo de 2026, que rechazó una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2, 6 y 8 (parciales) de la Ley Estatutaria 1751 de 2015[1] || De conformidad con el artículo 6 del Decreto Ley 2067 de 1991, la decisión que rechaza una demanda de inconstitucionalidad puede ser controvertida a través del recurso de súplica, mediante el cual el ciudadano puede solicitar a la Sala Plena que reconsidere tal determinación. || En ese sentido, en lugar de controvertir la conclusión relativa a la existencia de cosa juzgada constitucional y a la falta de corrección de las deficiencias advertidas en la inadmisión, el actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda inicial y en el escrito de subsanación, en particular aquellos relacionados con la inexistencia de identidad de problema jurídico y de ratio decidendi frente a la Sentencia C-313 de 2014. || En consecuencia, debido al incumplimiento de la carga argumentativa, la Corte rechazará el recurso de súplica presentado por el ciudadano Tito Vega Restrepo en contra del Auto del 10 de marzo de 2026, mediante el cual la magistrada Natalia Ángel Cabo rechazó la demanda formulada en el expediente D-17.199.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, salud, corte, recurso, rechazo, juzgada, derecho, cosa, fondo, plena, sala]

Auto A-518 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Recurso de súplica contra el auto proferido por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez el 6 de marzo de 2026, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el parágrafo 6 del artículo 7 de la Ley 2466 de 2025, “[p]or medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales [sic] y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia”. || Con fundamento en lo expuesto y en vista de que no se acreditó en este caso el cumplimiento de la carga argumentativa exigida para su análisis de fondo, la Sala Plena rechazará el recurso de súplica presentado por el ciudadano Edier Esteban Manco Pineda contra el auto proferido por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez el 6 de marzo de 2026, por virtud del cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el parágrafo 6 del artículo 7 de la Ley 2466 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, proceso, recurso, trabajadores, trabajador, rechazo, debido, corte, procedimiento, constitucional, garantías]

Auto A-517 de 2026

[Resumen automatizado: Luego de cumplir con los traslados de las órdenes anteriores, en caso de que la situación de hacinamiento continúe en las inspecciones, estaciones, y subestaciones de Policía, y unidades de reacción inmediata y lugares similares, o exista población procesada dentro de aquellos espacios,�ORDENAR�a las entidades territoriales que tienen bajo su jurisdicción los mencionados espacios a cargo de la Policía Nacional y/o de la Fiscalía General de la Nación que, en el término máximo de un (1) año y medio siguiente a la notificación de esta providencia, dispongan de inmuebles, bien sea que estén bajo su dominio o a través del perfeccionamiento de contratos como el comodato o el arrendamiento, que cuenten con las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y sanidad adecuadas, para trasladar temporalmente a personas recluidas en los denominados centros de detención transitoria y disminuir el hacinamiento. || En particular, ordenó a las gobernaciones departamentales que, en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de dicha providencia, coordinaran con cada uno de sus municipios la remisión de un informe unificado por departamento sobre el cumplimiento de la referida orden, en relación con la disposición de inmuebles para el traslado temporal de las personas privadas de la libertad procesadas -no condenadas-, recluidas en los centros de detención transitoria de su jurisdicción.[5]] - [Palabras claves automatizadas: sala, especial, cumplimiento, detención, orden, entidades, sentencia, territoriales, corte, constitucional, personas, transitoria]

Auto A-516 de 2026

[Resumen automatizado: En efecto: (i) el ciudadano no precisa con claridad cuál es el contenido normativo o la "norma" derivada de la disposición cuya interpretación considera contraria a la Constitución, pues aunque alude a la expresión "docentes", también parece dirigir su reproche a la expresión "antes de 31 de diciembre de 1989"-claridad; (ii) no demuestra que la presunta interpretación judicial sea consistente y reiterada, dado que solo menciona una decisión, posible falencia que incide en la certeza y suficiencia de la eventual acusación; (iii) formula argumentos amplios que no permiten establecer con precisión por qué la interpretación eventualmente cuestionada vulneraría un precepto constitucional, ya que no se define si el reproche se fundamenta en una "regresión injustificada", en el desconocimiento de los artículos 22 de la DUDH, 2 y 4 del PIDESC o en la infracción del principio de favorabilidad; además, se limita a enunciar esas disposiciones sin explicar de qué manera concreta la interpretación las desconocería; y (iv) incorpora reproches que no son de índole constitucional, sino que reflejan una inconformidad con la hermenéutica adoptada, entre otras razones, al afirmar sin ningún desarrollo que "estas decisiones incurren en un error".] - [Palabras claves automatizadas: docentes, demanda, constitucional, recurso, nacionales, requisitos, expresión, cargo, interpretación, rechazo, norma, en, sala, pensión]

Auto A-515 de 2026

[Resumen automatizado: Respecto de los argumentos en contra del artículo 3, que autoriza a la Nación para capitalizar a la sociedad, el magistrado sustanciador encontró que (i) no cumple con el requisito de claridad, pues no es comprensible cómo una circunstancia práctica como la designación del ministerio como de socio fundador y su supuesta condición de moroso, se relaciona con el presunto desconocimiento del derecho a la consulta previa; (ii) no cumple con certeza, pues el artículo 3 no tiene como condición normativa la mora del ministerio o su calidad de socio fundador; además de que la ley no parece interferir en la supuesta deuda del ministerio, por lo que el argumento se construyó al margen del contenido de la disposición; (iii) no cumple con la especificidad, porque no se muestra cómo la supuesta mora del ministerio sirve como premisa para mostrar la violación del derecho a la consulta previa; (iv) carece de pertinencia, dado que la demanda se apoya en argumentos relacionados con una cláusula de los estatutos de SAMA, jurisprudencia del Consejo de Estado, decretos, normas del Código de Comercio y críticas sobre la conveniencia de la capitalización, razones que no tienen naturaleza constitucional; y, (v) por lo anterior, los argumentos no generan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la ley acusada y, en consecuencia, no son suficientes.] - [Palabras claves automatizadas: ley, demanda, previa, comunidades, consulta, derechos, magistrado, razones, corte, comunidad]

Auto A-514 de 2026

[Resumen automatizado: Como conclusión del cargo, el accionante señaló que la habilitación que se le dio al presidente no puede implicar que el ejecutivo pueda, en uso de esas facultades, crear reglas sancionatorias por el ejercicio irregular de la acción de tutela, pues los tipos y sanciones disciplinarias son manifestaciones del poder punitivo del Estado que tienen reserva de ley y hacen parte de las garantías del derecho penal que se trasladan al derecho disciplinario. || Al referirse a la ausencia de certeza en los cargos primero y segundo, el despacho sustanciador inició por explicar que, para el demandante, el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, al haber sido expedido por el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias, carece de sentido formal y tiene una fuerza normativa degradada o atenuada en comparación con las leyes del Congreso de la República. || Cuarto, para el despacho sustanciador del auto, la demanda no cumplió con el requisito de explicar la inexistencia de una razón suficiente, puesto que la jurisprudencia indica que el Decreto Ley 2591 de 1991 fue dictado en uso de facultades extraordinarias y que la regulación de la tutela comprende los aspectos relacionados como las sanciones frente a modalidades ilegítimas de su ejercicio[15].] - [Palabras claves automatizadas: demanda, ley, sanción, rechazo, constitución, decreto, legislador, corte, en, acción, principio, constitucional, fondo, cargo, despacho]

Auto A-513 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Recurso de súplica en contra del auto de 11 de marzo de 2026, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo 03 de 2024, “[p]or el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, así como en contra del artículo 7° (parcial) de la Ley 819 de 2003 || Al respecto, el ciudadano informó que por medio del Acto Legislativo 03 de 2011, el Congreso de la República modificó el artículo 334 constitucional pretendiendo “dar a las personas en Colombia una garantía homogénea, estable y exigible a todos los órganos del Estado, de que se mantendrán las condiciones de sostenibilidad fiscal necesarias para asegurar la efectividad de los derechos económicos y sociales”. || Por lo anterior, el ciudadano interpuso el recurso de súplica con el propósito de que la Sala Plena valorara los reproches formulados en contra del auto de rechazo “antes de acudir a otras instancias”. || En contra del auto de rechazo procede el recurso de súplica, ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, que tiene por objeto “permitirle al actor obtener una revisión de la decisión tomada en el auto de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad”.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, magistrado, sala, constitucional, recurso, rechazo, plena, escrito, fiscal, inconstitucionalidad, constitución, auto, corrección]

Auto A-512 de 2026

[Resumen automatizado: Los accionantes sustentaron el recurso de súplica en tres tipos de argumentos: (i) la subsanación sí satisfizo los requisitos reglamentarios y jurisprudenciales exigidos para la estructuración de los cargos; (ii) el análisis efectuado en el auto que rechazó la demanda desconoce el estándar legal y jurisprudencial aplicable a la admisión de acciones públicas de inconstitucionalidad, que desconoce el carácter de derecho fundamental de la acción pública (Sentencia C-1052 de 2001); y (iii) la decisión adoptada implica una restricción injustificada al ejercicio del derecho fundamental a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político (artículo 40.6), al acceso a la administración de justicia (artículo 229), el principio de prevalencia del derecho sustancial en la administración de justicia (artículo 228) y el Estado Social de Derecho. || Por último, este tribunal ha manifestado que el recurso de súplica debe ser rechazado por falta de carga argumentativa en casos en los que se utiliza para: (i) continuar con el debate del asunto, al interpretarse como una instancia adicional para que la Sala Plena revise la aptitud de la demanda; (ii) subsanar falencias argumentativas o errores en la formulación de los cargos de forma tardía; (iii) reiterar o copiar los argumentos de la demanda o de la subsanación, sin cuestionar la valoración que de estos hizo el despacho sustanciador[17]; o (iv) formular nuevos cargos que, en criterio de quien acciona, suplen las fallas dispuestas respecto del escrito inicial.] - [Palabras claves automatizadas: rechazo, derecho, demanda, acceso, cargo, justicia, recurso, respecto, corrección, extrajudicial, sala, corte, administración, inconstitucionalidad, providencia]

Auto A-511 de 2026

[Resumen automatizado: Cuarto: vulneración del artículo 2 de la Constitución Política Fines esenciales del Estado Reiteró que las disposiciones acusadas, al imponer una exigencia procesal que compromete la eficacia, la economía, la celeridad y el acceso efectivo a la justicia sin una justificación constitucional proporcionada, obstaculizan el cumplimiento del fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los derechos, vulnerando en consecuencia el artículo 2 superior en cuanto impiden la realización de un orden justo fundado en la primacía de los derechos, mencionando de nuevo lo expuesto en el cargo sexto del escrito inicial de demanda sobre los procesos que se tramitan a través de la Ley 600 del 2000 y el desconocimiento de obligaciones internacionales en materia de DDHH y DIH. || Por último, esta Corte ha reiterado que el recurso de súplica no puede ser utilizado para: (i) continuar con el debate del asunto, al interpretarse como una instancia adicional para que la Sala Plena revise la aptitud de la demanda; (ii) subsanar falencias argumentativas o errores en la formulación de los cargos de forma tardía; (iii) reiterar o copiar los argumentos de la demanda o de la subsanación, sin�cuestionar la valoración que de estos hizo el despacho ponente; o (iv) formular nuevos cargos que, en criterio del accionante, suplen las fallas dispuestas respecto del escrito inicial.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, derecho, normas, recurso, procesal, cargos, rechazo, ley, justicia, corte, bajo, escrito, disposiciones, constitucional]

Auto A-510 de 2026

[Resumen automatizado: El 22 de enero de 2026, el ciudadano Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán presentó demanda de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 104 de 1919, "Por la cual se dispone la división de algunos terrenos de resguardo", por considerar que la norma resulta incompatible con la Constitución de 1991, en tanto permite la fragmentación del territorio indígena, desconoce la reserva de ley orgánica en materia de territorios indígenas, vulnera el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de las tierras de resguardo, establece un trato discriminatorio contra la propiedad colectiva indígena y desconoce la autonomía de los pueblos indígenas y las garantías previstas en el bloque de constitucionalidad, en particular en el Convenio 169 de la OIT. || Dentro del término concedido en el auto inadmisorio, el�19 de febrero de 2026�el ciudadano�Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán�presentó escrito de subsanación dirigido al magistrado sustanciador, en el que manifestó expresamente que procedía a corregir la demanda atendiendo los requisitos de�certeza, claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia�señalados en la providencia inadmisoria.[19] || Mediante�Auto del 10 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador�Carlos Camargo Assis�resolvió�rechazar la demanda de inconstitucionalidad�presentada por el ciudadano�Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán�contra la�Ley 104 de 1919, al concluir que el escrito de subsanación, aunque fue radicado oportunamente,�no corrigió las deficiencias advertidas en el auto inadmisorio.[26]] - [Palabras claves automatizadas: demanda, ley, recurso, rechazo, corte, expediente, indígenas, sala, ciudadano, auto, resguardo, en, providencia, división, propiedad, escrito]

Auto A-509 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante Auto del 13 de febrero de 2026, notificado el 17 de febrero, el magistrado Carlos Camargo Assis inadmitió la demanda por el incumplimiento de los parámetros generales de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, así como los dos requisitos específicos cuando se solicita la exequibilidad parcial de una disposición. || En primer lugar, el accionante centró su argumentación en razones abstractas y generales, limitándose a hacer una comparación entre el texto original y el nuevo parágrafo añadido por la Ley 1336 del 2009, explicando “cómo la presunta ausencia de los supuestos de hecho a los que se aplican las sanciones no fue remediada en su totalidad con la inclusión del parágrafo” y citando jurisprudencia sobre el principio de la legalidad de las faltas y la prohibición de hacer una interpretación extensiva de las normas. || Afirma que los razonamientos formulados por el magistrado sustanciador son equivocados en tanto ambos escritos (la demanda de constitucionalidad y el escrito de subsanación) emplearon “una estructura anafórica en la expresión 'estas disposiciones', cuyo antecedente no resulta inequívoco dentro de la norma, lo que permite una interpretación según la cual el régimen sancionatorio previsto se extiende al incumplimiento de cualquier disposición de la Ley 679 de 2001”.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, interpretación, norma, sanciones, disposición, recurso, ley, rechazo, constitucional, corte, constitución, magistrado, principio, constitucionalidad, en]

Auto A-508 de 2026

[Resumen automatizado: En cumplimiento del anterior proveído, el caso fue repartido al Juzgado 001 Penal del Circuito de Fusagasugá, el cual, mediante Auto del 7 de abril de 2026, se abstuvo de avocar conocimiento de la acción de tutela, suscitó conflicto negativo de competencia por el factor territorial con el juzgado remisor y envió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir la colisión suscitada. || De esta manera, la autoridad judicial en comento señaló que, no obstante, el Juzgado 002 Penal del Circuito de Duitama había remitido el asunto a Fusagasugá por ser allí la residencia del accionante (lo cual no estaba demostrado) y donde se extendían los efectos de la vulneración, se omitió que Duitama era la ciudad en donde realmente ocurrió la vulneración que motivó la acción. || Finalmente, se le advertirá al Juzgado 001 Penal del Circuito de Fusagasugá que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades establecidas para dicho efecto en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018 de la Corte Constitucional. || REMITIR el expediente ICC-5376 al Juzgado 002 Penal del Circuito de Duitama (Boyacá) para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por el señor Alan en contra de la Fiscalía Local CAVIF Duitama (Boyacá).] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, lugar, corte, constitucional, penal, auto, territorial, conflicto, acción, efectos, petición, fiscalía]

Auto A-507 de 2026

[Resumen automatizado: De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por la señora Luz Elena García Burítica, con fundamento en las reglas de reparto, a pesar de que estas no desplazan su competencia para fallar la acción constitucional (ver fj. || En consecuencia, se advertirá al Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira que, en lo sucesivo, deberá observar con estricto rigor las normas que regulan la competencia en materia de tutela y la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia, en particular las reglas reiteradas en la presente providencia, para que se abstenga de separarse del conocimiento de acciones con fundamento en reglas de reparto. || TERCERO: ADVERTIR al Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira que, en lo sucesivo, deberá observar con estricto rigor las normas que regulan la competencia en materia de tutela y la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia, en particular las reglas reiteradas en la presente providencia, para que se abstenga de separarse del conocimiento de acciones con fundamento en reglas de reparto.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, municipal, corte, constitucional, tutela, garantías, control, decreto, penal, reglas, conocimiento, plena, reparto]

Auto A-506 de 2026

[Resumen automatizado: El 17 de marzo de 2026, el Juzgado 005 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Sincelejo, autoridad judicial a la que correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia territorial para asumir el conocimiento del caso y dispuso remitir el expediente a los jueces de tutela de Cúcuta[4]. || Por tanto, la Sala Plena encuentra que el Juzgado 005 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Sincelejo es la autoridad en conflicto competente para tramitar la acción de tutela que suscitó el presente conflicto negativo de competencia, comoquiera que (i) es el lugar en donde se producen los efectos de la presunta vulneración y (ii) dado que, fue la primera autoridad con competencia territorial en conocer el asunto y en virtud del criterio a prevención, es la autoridad judicial frente a la cual la parte accionante decidió interponer la acción de tutela. || Por último, se advertirá al Juzgado 008 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta para que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el auto 550 de 2018] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, tutela, lugar, penal, factor, municipal, constitucional, conflicto, territorial, parte, sala, secretaría]

Auto A-505 de 2026

[Resumen automatizado: Por reparto, el trámite se asignó al Tribunal Superior de Buga, Sala Civil Familia, autoridad judicial que, a través de Auto del 16 de marzo de 2026[6], declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, y remitió las diligencias a la Sala Penal del mismo Tribunal, para que asumiera el conocimiento de la acción de tutela en primera instancia. || Mediante Auto del 18 de marzo de 2026[8], dicha autoridad judicial señaló que no era procedente asumir el conocimiento de la tutela impetrada por el señor Torres Victoria, y remitió la demanda a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto de competencia negativo que plantea con la Sala Civil Familia del mismo Tribunal. || La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, debido a que el Tribunal Superior de Buga, Sala Civil Familia, se apartó del conocimiento del asunto de la referencia con base en reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.] - [Palabras claves automatizadas: sala, competencia, tribunal, corte, superior, civil, tutela, acción, constitucional, auto]

Auto A-504 de 2026

[Resumen automatizado: Por otro lado, el referido juzgado adujo que si bien el actor reside en Envigado, la presunta vulneración de derechos se relaciona con las actuaciones administrativas realizadas por el DANE Dirección Territorial Noroccidente, con sede en Medellín, motivo por el cual el accionante presentó la solicitud de amparo en dicha ciudad, comoquiera que allí es donde se producen los efectos de la presunta vulneración. || De una parte, el Juzgado 036 Administrativo Oral de Medellín señaló que la presunta vulneración de los derechos fundamentales ocurría en Envigado, lugar de domicilio del accionante, por lo que aquel carecía de competencia y ordenó la remisión del expediente. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la decisión del 11 de marzo de 2026, proferida por el Juzgado 036 Administrativo Oral de Medellín; (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela; y (iii) advertirá al Juzgado 002 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Envigado que siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 270 de 1996 y conforme la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, lugar, acción, corte, administrativo, nombramiento, dane, conflicto, constitucional, penal, efectos, acuerdo, sala, derechos, autoridad]

Auto A-503 de 2026

[Resumen automatizado: Efectuado el nuevo reparto, el asunto fue asignado al Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual, mediante Auto del 29 de marzo de 2026[4] resolvió abstenerse de avocar el conocimiento, propuso un conflicto de competencia y remitió las diligencias a la Corte Constitucional para que lo dirimiera. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 18 de marzo del 2026, proferido por el al Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, por medio del cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó el reparto al Tribunal Administrativo de Risaralda, debido a que tal decisión afectó la celeridad que rige el trámite constitucional. || En consecuencia, se advertirá al Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira para que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia para tramitar las acciones que se le sean repartidas, argumentando reglas de reparto o razones distintas al incumplimiento de los factores de competencia en materia de tutela, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, penal, constitucional, reparto, decreto, asunto, conocimiento, autoridades, corporación, tribunal, autoridad, magistrado, reglas, auto]

Auto A-501 de 2026

[Resumen automatizado: De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en el factor territorial, toda vez que el Juzgado 011 Administrativo de Sincelejo fundamentó su falta de competencia en que la entidad accionada estaba ubicada en la ciudad de Bogotá, y allí se llevaba a cabo el trámite administrativo que la actora cuestionaba, por lo tanto, eran las autoridades de Bogotá las competentes para conocer de la tutela; mientras que el Juzgado 045 Civil del Circuito de Bogotá se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela, alegando que las reglas de reparto no facultaban a los jueces para declarar su falta de competencia, y que, al ser la accionada una entidad del orden nacional, no era posible determinar el lugar de ocurrencia de los hechos materia de examen, por lo que la acción debía ser conocida por el primer juzgado al que se le repartió. || Por otra parte, la Sala estima que el Juzgado 011 Administrativo de Sincelejo también sería competente para conocer de la acción de tutela en virtud del factor territorial, en la medida en que es en aquel municipio donde la accionante pretendía obtener la respuesta de su petición (ver fj. || En ese sentido, la Corte dejará sin efectos el Auto del 10 de marzo de 2026, y enviará el expediente ICC-5357 al Juzgado 011 Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar[20].] - [Palabras claves automatizadas: competencia, constitucional, corte, bogotá, administrativo, factor, lugar, tutela, auto, territorial, solicitud, decreto]

Auto A-500 de 2026

[Resumen automatizado: De una parte, el Juzgado 020 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C señaló que la presunta vulneración o amenaza a los derechos tuvo lugar en Envigado, por lo que carecía de competencia. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la decisión del 11 de marzo de 2026, proferida por el Juzgado 020 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C.; (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela; y (iii) advertirá al Juzgado 002 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Envigado que, en futuros casos, remita a la autoridad competente las controversias de competencia en asuntos de tutela, según lo dispuesto en la Ley 270 de 1996. || ADVERTIR al Juzgado 002 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Envigado que, en futuros casos, remita a la autoridad competente las controversias de competencia en asuntos de tutela, según lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, tutela, acción, competencia, penal, lugar, sala, corte, derechos, constitucional, presunta]

Auto A-499 de 2026

[Resumen automatizado: El conocimiento de la apelación estuvo a cargo de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien por medio de Auto del 10 de marzo de 2026, declaró la nulidad del proceso de tutela y de las actuaciones surtidas en primera instancia[12]. || En consecuencia, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 10 de marzo de 2026, proferido por�la Sala Civil-Familia del�Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla�y le remitirá el expediente ICC-5354 a esta autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar en sede de impugnación. || ADVERTIR�a�la Sala Civil-Familia del�Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (Atlántico)�para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, sala, corte, judicial, barranquilla, instancia, constitucional, distrito, acción, tribunal, superior, reparto]

Auto A-498 de 2026

[Resumen automatizado: Finalmente, luego de remitido el proceso, mediante decisión del 12 de marzo de 2026 el Juzgado 014 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta promovió conflicto negativo de competencia y envió el expediente a esta Corporación para que lo dirimiera. || Por su parte, el Juzgado 008 Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín, también rechazó el conocimiento del asunto con fundamento en que el accionante señaló como lugar de domicilio la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, escenario en el cual se entendería proyectada la presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados. || Por lo tanto, la Corte (i) dejará sin efectos el Auto del 9 de marzo de 2026, mediante el cual dicha autoridad declaró su falta de competencia, y (ii) le remitirá el expediente para que adopte la decisión a que haya lugar. || ADVERTIR al Juzgado 014 Penal Municipal de Control de Garantías de Cúcuta para que, en lo sucesivo, al remitir los conflictos de competencia en materia de tutela observe rigurosamente las previsiones legales del artículo 18 de la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, garantías, control, tutela, municipal, lugar, penal, asunto, factor, territorial, efectos, municipio, conflicto]

Auto A-497 de 2026

[Resumen automatizado: Efectuado el reparto, el asunto le correspondió al Juzgado 005 Civil del Circuito de Cúcuta, el cual, mediante auto del 27 de febrero de 2026, declaró su falta de jurisdicción para conocer el expediente, propuso conflicto negativo de competencia y lo remitió a la Corte Constitucional. || 8. Con base en lo anterior, en el Auto 834 de 2021, reiterado entre otros en los autos 1463 de 2023 y 1761 de 2025, la Corte Constitucional aclaró que si bien la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene competencia para conocer los procesos ejecutivos derivados de laudos arbitrales en los que haya sido parte una entidad estatal, cuando a través de una demanda ejecutiva se pretende conseguir el pago de las sumas correspondientes a los honorarios y gastos del proceso establecidos en el certificado emitido por el presidente del tribunal de arbitramento, la competencia es de la jurisdicción ordinaria. || "En virtud de lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil es competente para conocer la demanda ejecutiva a través de la cual una de las partes de un proceso arbitral reclame de la otra el reembolso de los honorarios y gastos del tribunal de arbitramento sufragados por quien promueve el proceso ejecutivo".] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, auto, gastos, honorarios, competencia, conflicto, demanda, asunto, jurisdicciones, ordinaria, conocer, pago, constitucional, corte, administrativo]

Auto A-496 de 2026

[Resumen automatizado: El 31 de marzo de 2022, aquel tribunal decidió declarar su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos del Circuito de Cali, pues consideró que el asunto correspondía a esos despachos, en virtud del artículo 155.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-. || 9. En el Auto 316 de 2021 la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que los procesos en los que una institución pública de seguridad social o un fondo de naturaleza pública, a cargo del reconocimiento y/o pago de pensiones, presenta una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto propio, el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || "La Corte Constitucional precisa que cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción [de lo] contencioso administrativ[o], con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011(...)".] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, administrativo, jurisdicción, jurisdicciones, derecho, constitucional, asunto, contencioso, conflicto]

Auto A-495 de 2026

[Resumen automatizado: En el Auto 794 de 2024, la Corte dirimió un conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en torno al conocimiento de la demanda promovida por una persona que pretendía el reconocimiento de una relación laboral con una entidad pública y en virtud de la cual había estado vinculada a través de dos modalidades; contratos de prestación de servicios y contratos de obra o labor, por medio de una empresa de servicios temporales. || En esa medida y a diferencia de los casos estudiados en dichas decisiones, la Corte estimó que “en el asunto de la referencia la última modalidad de vinculación que tuvo la demandante con la corporación fue mediante contrato de prestación de servicios, según lo afirmado por ella en la demanda, y dado que en principio no es factible determinar la existencia de otro tipo de vinculación laboral, la regla de decisión aplicable al asunto bajo estudio es la del Auto 794 de 2024”.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, prestación, laboral, contratos, servicios, relación, guaviare, corte, san, jurisdicción, vinculación, jurisdicciones]

Auto A-494 de 2026

[Resumen automatizado: La autoridad judicial puso de presente que las demandas por enriquecimiento sin causa, promovidas por Colpensiones, son competencia de los jueces laborales del circuito porque la controversia surge de forma “notoria” de la relación entre Colpensiones y los pensionados, en lo que respecta a la seguridad social, lo cual está asignado a la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria conforme lo establece el artículo 2º numeral 4º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), modificado por el artículo 622 del Código General del Proceso (CGP). || Ahora bien, en la medida en que el�Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Zarzal, Valle del Cauca, y el Juzgado 030 Laboral del Circuito de Bogotá, tienen distinta especialidad jurisdiccional y no hacen parte del mismo Distrito Judicial, conforme a los artículos 18 de la Ley 270 de 1996 y 139 del CGP, la competencia para resolver el conflicto intrajurisdiccional le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. || Por medio de la Secretaría General de esta Corporación,�REMITIR�el expediente CJU-7579 a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el conflicto de competencia entre el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Zarzal, Valle del Cauca, y el Juzgado 030 Laboral del Circuito de Bogotá, y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, jurisdicciones, conflicto, jurisdicción, constitucional, conflictos, laboral, juez, bogotá, autoridades, magistrado]

Auto A-493 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: conflicto aparente de competencia entre jurisdicciones propuesto por el Juzgado 016 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. || 6. Debido a que la decisión judicial negó la impugnación de competencia, el Juzgado 016 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C decidió remitir el expediente a la Corte Constitucional para que esta decida si el proceso penal debe continuar en su conocimiento o si, en su lugar, debe ser remitido por competencia a una autoridad de la jurisdicción penal militar y policial. || 9. La Corte Constitucional ha establecido que las partes del proceso no están facultadas para promover un conflicto de competencia entre jurisdicciones. || Por lo tanto, la Corte Constitucional debe declararse inhibida y remitir el expediente al Juzgado 016 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. para lo de su competencia en cuanto a la continuidad de la actuación y para que informe de esta decisión inhibitoria a las partes del proceso. || Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7576 al Juzgado 016 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a las partes del proceso.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicciones, bogotá, conflicto, proceso, corte, penal, constitucional, dos]

Auto A-492 de 2026

[Resumen automatizado: El demandante sostuvo que para el momento en que le fue reconocida su pensión de jubilación se encontraba vigente la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 23 de marzo de 1976 entre la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores Oficiales, la cual estableció en su artículo 15 una serie de prestaciones extralegales a favor de los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación, tales como subsidio familiar, servicios médicos, primas y diversos auxilios. || A partir de lo anterior, la autoridad judicial en comento señaló que de acuerdo con la regla de decisión del Auto 355 de 2025 de la Corte Constitucional- en el que se estudió un caso similar donde una persona era beneficiaria de una pensión convencional a cargo de la Universidad de Antioquia- la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral era la competente para decidir el caso bajo estudio porque no solo debía atenderse a la naturaleza de la relación laboral sino al hecho de que el demandante se hubiera suscrito a una convención colectiva para acceder a los beneficios pactados en esta, pues de acuerdo con el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) solamente los trabajadores oficiales gozan de ese derecho .] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, laboral, corte, competencia, oficial, trabajadores, pensión, oficiales, conocer, auto, constitucional, jurisdicciones, ordinaria]

Auto A-491 de 2026

[Resumen automatizado: El 16 de junio de 2025, Yesid Figueroa García promovió demanda ejecutiva contra los establecimientos de comercio Pesquera Santa Sofía, Pescadería y Cevichería San Jorge, Pesquera Surtipez, Pesquera Gran Trucha y Supermercado Santa Rosita, con el propósito de hacer efectivo el pago de las agencias en derecho y costas procesales reconocidas por el Juzgado 004 Administrativo Oral del Circuito de Tunja, en el marco del proceso de acción popular con radicado 15001333300420180005900. || 6. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 001 Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tunja y el Juzgado 004 Administrativo Oral del Circuito de Tunja, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda ejecutiva de mínima cuantía presentada por Yesid Figueroa García contra los establecimientos de comercio Pesquera Santa Sofía, Pescadería y Cevichería San Jorge, Pesquera Surtipez, Pesquera Gran Trucha y Supermercado Santa Rosita. || La Sala Plena concluye que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para conocer la demanda ejecutiva de mínima cuantía presentada por Yesid Figueroa García contra los establecimientos de comercio Pesquera Santa Sofía, Pescadería y Cevichería San Jorge, Pesquera Surtipez, Pesquera Gran Trucha y Supermercado Santa Rosita.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, corte, proceso, competencia, constitucional, municipal, administrativo, sala, contencioso, ordinaria, judicial, plena, conocer, santa, auto, judiciales]

Auto A-490 de 2026

[Resumen automatizado: El despacho argumentó que, según el numeral 6° del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en materia de procesos ejecutivos, los jueces administrativos sólo conocen de los títulos ejecutivos "derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades". || 8. Teniendo en cuenta este marco, el Juzgado 008 Administrativo del Circuito de Santa Marta argumentó que, en el caso concreto, el título base de la ejecución es la factura electrónica TAY-011-2024, la cual fue emitida unilateralmente por la sociedad demandante con ocasión de los costos de almacenamiento de mercancías en situación de abandono legal. || En consecuencia, dado que la factura electrónica no se derivaba de una condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni de un laudo arbitral, ni de un contrato estatal en los términos del artículo 104.6 del CPACA, esta Corporación le asignó el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria civil. || Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Plena considera que la jurisdicción competente para conocer de la demanda presentada por la sociedad Tayrona Steel Pipe S.A. en contra de la DIAN es la jurisdicción ordinaria civil.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, sociedad, competencia, administrativo, legal, corte, título, santa, demanda, contrato, marta, contencioso, estatal, civil]

Auto A-489 de 2026

[Resumen automatizado: Bajo ese entendido, y con apoyo en los autos 872 de 2021, 314 de 2021, 011 de 2022 y 433 de 2021 proferidos por esta Corte, concluyó que cuando las pretensiones se orientan al reconocimiento o cumplimiento de derechos derivados de una convención colectiva, el asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social, habida cuenta de que dichos instrumentos solo son predicables de trabajadores oficiales y no constituyen actos administrativos en los términos del artículo 104 del CPACA. || Posteriormente, la Sala Plena acogió esta misma interpretación en el Auto 872 de 2021 en el que estableció la regla de decisión según la cual la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es, por regla general, la competente para conocer de las controversias laborales suscitadas por un trabajador oficial, calidad que se constata no solo con la verificación de la naturaleza del vínculo laboral a partir de las funciones desempeñadas, sino también, por ejemplo, por el hecho de pretender el reconocimiento de un derecho derivado de una convención colectiva de trabajo.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, jurisdicción, ordinaria, conflicto, seguridad, asunto, constitucional, jurisdicciones, corte, demanda, trabajo, aplicación, social, pensión, auto, competencia, conocimiento]

Auto A-488 de 2026

[Resumen automatizado: En el escrito de subsanación, la demandante aclaró que dicha referencia no correspondía a un título existente o relevante para el caso, precisando que la controversia versa sobre la nulidad de la resolución mediante la cual se adjudicó la cesión gratuita del bien inmueble objeto de la demanda, acto que dio lugar a su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. || En aplicación de lo anterior, la Corte Constitucional, a través del Auto 946 de 2023, al analizar una demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad con pretensión de restablecimiento del derecho promovida contra una resolución de un ente territorial, estableció como regla de decisión que "[l]a jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer de las demandas que se presenten en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante las cuales se pretenda la nulidad de actos administrativos proferidos por funcionarios del orden municipal. || La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias que tengan su origen en actos administrativos que definan situaciones jurídicas particulares, en la medida que el litigio se centra en el control de legalidad de dichos actos, conforme a lo dispuesto en los artículos 104 y 155 del CPACA.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, administrativo, administrativos, acto, nulidad, actos, contencioso, demanda, corte, jurisdicciones, conflicto, asunto, bien]

Auto A-487 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones, suscitado por el Juzgado 003 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia y el Resguardo Guatavita Túa del municipio de Ortega, Tolima || En sustento de su decisión, sostuvo que no se encontraba satisfecho el factor territorial para asignar competencia a la jurisdicción especial indígena, pues los hechos materia de investigación ocurrieron en el municipio de La Tebaida, Quindío, que es una zona geográfica distinta a aquella en la cual la comunidad indígena desarrolla sus usos y costumbres, esto es, el municipio de Ortega, Tolima. || Enfrenta a dos autoridades de distintas jurisdicciones que reclamaron expresamente la competencia: (i) el Juzgado 003 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia, que hace parte de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal, y (ii) el Resguardo Guatavita Túa del municipio de Ortega, Tolima, que integra la jurisdicción especial indígena. || Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7507 al Juzgado 003 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia para lo de su competencia, así como para que comunique la presente providencia al Resguardo Guatavita Túa del municipio de Ortega, Tolima, y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, comunidad, jurisdicción, especial, proceso, competencia, conducta, autoridades, indígenas, factor, territorio, resguardo, cumple]

Auto A-486 de 2026

[Resumen automatizado: 1. La sociedad FABILU S.A.S., por intermedio de apoderada judicial, presentó demanda ejecutiva contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, con el propósito de obtener el pago de obligaciones derivadas de cuatrocientas dieciséis (416) facturas de venta correspondientes a servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito en los que el vehículo involucrado no estaba identificado o no contaba con póliza SOAT. || Para sustentar su decisión, el despacho consideró que la controversia tenía origen en la prestación de servicios de salud en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que, conforme a la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional en materia de conflictos de jurisdicción, en particular, la desarrollada en autos como el 788 de 2021 y el 177 de 2023, los procesos ejecutivos orientados al cobro de facturas por servicios de salud, cuando no media contrato estatal, corresponden a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. || 9. En el Auto 861 de 2021, reiterado recientemente en el auto 481 del 2025, la Corte explicó que los asuntos relacionados con el pago de las reclamaciones judiciales al Estado por servicios de salud prestados a pacientes en las condiciones previstas para la subcuenta ECAT corresponden a controversias en las que una entidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud cuestiona un acto administrativo emitido por la ADRES.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, servicios, pago, administrativo, prestados, salud, tribunal, general, corte, social, competencia, seguridad]

Auto A-485 de 2026

[Resumen automatizado: TIGO es una empresa de servicios públicos de economía mixta cuya composición accionaria corresponde en un 50% a capital público y en un 50% a capital privado, circunstancia que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), implica que las acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de entidades públicas o de aquellas con participación estatal igual o superior al 50% deben ser conocidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015. || En virtud de los artículos 9, 14 y 15 de la Ley 472 de 1998, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de una acción popular por la presunta vulneración�de derechos e intereses colectivos�originada en actos, acciones u omisiones�de una entidad pública.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, jurisdicciones, capital, jurisdicción, conflicto, corte, públicos, competencia, judicial, empresa, servicios, acciones, entidades, civil, conocimiento, magistrado]

Auto A-484 de 2026

[Resumen automatizado: Como fundamento de su decisión, consideró que la demanda ejecutiva promovida por CLÍNICA MÉDICOS S.A. tiene por objeto el cobro de facturas derivadas de servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito y eventos cubiertos por la subcuenta ECAT, y que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, en especial el Auto 861 de 2021, este tipo de controversias corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la medida en que involucran reclamaciones frente a actos administrativos emitidos por la ADRES. || Esta línea jurisprudencial fue ratificada y armonizada posteriormente en el Auto 1277 de 2023[21], en el cual la Corte Constitucional reiteró que, cuando la controversia tiene por objeto el reconocimiento y pago de obligaciones a cargo del Estado en materia de salud, fundadas en decisiones administrativas adoptadas por la ADRES y referidas a la financiación de servicios ya prestados, la competencia jurisdiccional se define por la cláusula general del artículo 104 del CPACA, y no por las reglas de la jurisdicción ordinaria laboral relativas a la prestación del servicio de seguridad social. || La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Valledupar para conocer y decidir la demanda interpuesta por la CLÍNICA MÉDICOS S.A. en contra de la ADRES, de acuerdo con los fundamentos jurídicos 2 y 3 de esta providencia.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, jurisdicción, auto, corte, constitucional, servicios, pago, jurisdicciones, prestados, demanda, competencia, tribunal, conflicto]

Auto A-482 de 2026

[Resumen automatizado: Por tal razón, aun cuando en la comisión del ilícito los agentes de la Fuerza Pública utilicen elementos usados en tareas institucionales, si la actividad se encuentra desarticulada de una función legítimamente considerada propia del servicio, el resultado punible producto de esa conducta no será un delito de competencia de la jurisdicción penal militar, sino que tendrá carácter común y será conocida por las autoridades ordinarias. || En esos términos, la Corte, a través del Auto 476 de 2021, estableció la siguiente regla de decisión: "[a]nte dudas sobre el vínculo directo del delito con el servicio, requisito que la Constitución exige para que tenga aplicación el fuero penal militar, resulta imperativa la aplicación de la regla general de competencia de la jurisdicción ordinaria porque, el fuero penal militar consagrado en el art. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar y el Juzgado 602 Penal Municipal Transitorio con Función de Control de Garantías de Ocaña, en el sentido de DECLARAR que la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal�es la competente para conocer�del proceso penal adelantado contra el señor�Jonathan Javier Cabrera Quiroga.] - [Palabras claves automatizadas: penal, servicio, jurisdicción, militar, fuero, competencia, corte, ordinaria, elementos, conflicto]

Auto A-481 de 2026

[Resumen automatizado: Las solicitudes de tutela, acumuladas en el trámite de instancia, se dirigieron contra la decisión del 6 de agosto de 2024, por la cual la Sala de Consulta determinó, en el marco de un conflicto de competencia suscitado entre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (en adelante Comisión de Acusaciones) y el Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE), que esta última autoridad era competente para adelantar la investigación administrativa y, eventualmente, imponer sanciones administrativas de carácter pecuniario a Gustavo Francisco Petro Urrego por posibles irregularidades en la financiación de las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta, en virtud de las cuales él resultó elegido presidente de la República. || A partir de tal comprensión, reprochó que en la Sentencia SU-275 de 2025 la Corte, sin reconocer expresamente el precedente descrito y sin justificar el cambio en la jurisprudencia, determinó que “la facultad de investigar y sancionar administrativamente las campañas presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral excluye al candidato presidente, circunstancia que, como se analizó en el cargo anterior, implica una inmunidad total del presidente en esta materia, toda vez que los juicios por indignidad política de competencia del Congreso de la República no se pueden extender a estos aspectos”[16].] - [Palabras claves automatizadas: corte, nulidad, constitucional, república, campañas, sentencia, investigación, sala, presidente, candidato, decisión, financiación]

Auto A-480 de 2026

[Resumen automatizado: En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, 49 del Decreto Ley 2067 de 1991 y 103 del Acuerdo 01 de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional procede a resolver la solicitud de nulidad presentada por Juan Sebastián Ortiz Cotes en contra de la sentencia T-458 de 2025, proferida el 7 de noviembre del año en cita por la Sala Sexta de Revisión de esta Corporación, con base en los siguientes: || Con fundamento en los argumentos expuestos, el nulicitante solicitó a la Corte: (i) suspender la ejecutoria de la sentencia T-458 de 2025, mientras se resuelve el incidente; (ii) declarar la nulidad total de dicha providencia por la configuración de un defecto procedimental absoluto derivado de la falta de vinculación de un tercero directamente afectado; (iii) ordenar que el expediente sea devuelto a la Sala Sexta de Revisión, para que se rehaga la fase de revisión garantizando su vinculación efectiva al trámite constitucional; y (iv) ordenar "la suspensión del Auto de Obedézcase y Cúmplase que haya sido expedido por el Juzgado 12 de Familia de Bogotá (primera instancia), en relación con la exigencia de cumplimiento inmediato de la sentencia T-458 de 2025, hasta tanto se resuelva de fondo el presente incidente de nulidad".] - [Palabras claves automatizadas: sentencia, nulidad, proceso, solicitud, sala, tutela, corte, constitucional, decisión, providencia]

Auto A-479 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Cuarta de Revisión[1] de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, profiere el presente auto, con fundamento en los siguientes || La Sala Segunda de Revisión sostuvo que, si bien las acciones de amparo cumplieron los presupuestos de legitimación en la causa por activa y pasiva, así como el requisito de inmediatez, no acreditaron el presupuesto de subsidiariedad, porque: (i) la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de tutela es improcedente para controvertir actos administrativos, tanto de carácter general como particular; (ii) esta regla general se extiende a los actos administrativos de trámite que disponen la exclusión de participantes en concursos públicos, pues definen situaciones jurídicas concretas y, en consecuencia, pueden ser controvertidos por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii) ninguno de los escenarios debatidos por los actores habilita de forma automática la intervención del juez de tutela; y (iv) tampoco se encontró acreditado un perjuicio irremediable que ameritara conceder el amparo como mecanismo transitorio.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucional, judicial, sala, solicitud, sentencia, decisión, tutela, parte, ix, revisión]

Auto A-478 de 2026

[Resumen automatizado: Ante esta situación, el 22 de agosto de 2025, la señora Graciela Esmeralda Lucero Hernández, en su calidad de alcaldesa del Municipio de Puerres, y el señor Jorge Albeiro Cuaran, como presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Monopamba, interpusieron acción de tutela contra el Departamento de Prosperidad Social, el Banco Agrario de Colombia y a SuRed. En el escrito de tutela solicitaron la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana en la vejez, a la igualdad, a la accesibilidad y a la movilidad personal, al mínimo vital y a vivir en condiciones dignas de las personas mayores habitantes de esa región, los cuales consideran vulnerados por las entidades accionadas con ocasión de las dificultades en el acceso al pago del subsidio del programa Colombia Mayor. || En tal sentido, los accionantes solicitaron, como medida provisional, que se ordene al DPS, al Banco Agrario de Colombia y al operador SuRed disponer y habilitar, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, un punto de pago extendido en el corregimiento de Monopamba, con el fin de garantizar que las personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor reciban efectivamente el subsidio al que tienen derecho.] - [Palabras claves automatizadas: personas, banco, sesión, mayores, técnica, colombia, corte, subsidio, pago, programa, mayor, población, el, constitucional]

Auto A-477 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, profiere el presente auto en el trámite de revisión de la acción de tutela identificada con el número T-11.644.707. || Luego de la revisión y el informe por parte del magistrado sustanciador sobre la documentación aportada al expediente electrónico de la acción de tutela, la Sala Cuarta de Revisión estima que se cumplen con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para (i) decretar medidas provisionales, mientras se finaliza el trámite de revisión; (ii) decretar la práctica de pruebas de oficio adicionales, con fundamento en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; y, en consecuencia, (iii) suspender de forma excepcional los términos judiciales en el presente asunto. || Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR al Juzgado Promiscuo de Familia para que, de forma inmediata a la comunicación de la presente decisión, asegure la suspensión parcial de los efectos de las órdenes que se estén adelantando para su cumplimiento, en lo que se refiere a la determinación de la filiación, nombre y patria potestad de Mauricio, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico 46 de esta providencia judicial.] - [Palabras claves automatizadas: niño, derechos, sala, tutela, proceso, filiación, judicial, constitucional, corte, padres, providencia]

Auto A-476 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, resuelve la solicitud de corrección aritmética de la Sentencia T-360 de 2025, presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) por medio del presente: || La Corte al resolver el asunto concluyó que la decisión judicial controvertida incurrió en los defectos por: (i) violación directa de la Constitución,�pues se inaplicó el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política y se realizó una interpretación contraria a los postulados constitucionales;�(ii) desconocimiento del precedente constitucional, puesto que la autoridad accionada desconoció la línea jurisprudencial trazada por esta Corporación en las sentencias SU-317 de 2021 y SU-273 de 2022, reiteradas en las sentencias SU-049 de 2024, SU-218 de 2024 y SU-428 de 2024, sin cumplir con la carga argumentativa y de transparencia para apartarse válidamente del precedente; y (iii) exigirle a la accionante condiciones que las normas no contemplan para ser beneficiaria del régimen de transición y adquirir el derecho pensional bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990. || En otras palabras, la facultad para corregir, en cualquier tiempo, los errores aritméticos cometidos en una providencia judicial, no constituye un expediente para que el juez pueda modificar otros aspectos - fácticos o jurídicos - que, finalmente, impliquen un cambio del contenido jurídico sustancial de la decisión”.] - [Palabras claves automatizadas: corrección, solicitud, sala, sentencia, corte, constitucional, providencia, la, revisión, parte, judicial, intereses, decisión, presentada]

Auto A-474 de 2026

[Resumen automatizado: Por su parte, mediante Auto 084 del 29 de enero de 2026, la Corte Constitucional determinó que, como consecuencia de lo dispuesto en el Auto 082 de 2026, el Decreto Legislativo 1474 "NO PRODUCIRÁ EFECTOS, a partir de la fecha, [...], hasta que la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de la constitucionalidad del mencionado decreto". || RECHAZAR por improcedentes, las solicitudes de nulidad presentadas por la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República, Édgar Alan Olaya Díaz y los ministerios que conforman el gobierno nacional en contra del Auto 084 de 2026, ante el incumplimiento del presupuesto de carga argumentativa, conforme lo expuesto en esta providencia. || Las solicitudes presentadas por la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República señalaron, en síntesis, que el Auto 082 de 2026 desconoció las reglas constitucionales que rigen el control automático de constitucionalidad de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción; que la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025 no está prevista en el diseño constitucional de ese control; que, por tanto, la Corte incurrió en una extralimitación competencial con incidencia directa en el debido proceso constitucional; y que, además, la medida adoptada desconoció el precedente fijado en la Sentencia C-179 de 1994, con vulneración de la cosa juzgada constitucional[38].] - [Palabras claves automatizadas: auto, corte, nulidad, constitucional, decisión, jurídica, plena, proceso, cosa, providencia, solicitud, sala, solicitudes, debido, juzgada, decreto]

Auto A-472 de 2026

[Resumen automatizado: Con fundamento en estas disposiciones, solicitó a la Corte Constitucional lo siguiente: (i) “[D]eclarar que el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 incurre en una omisión legislativa relativa, al limitar la sanción moratoria prevista en dicha disposición exclusivamente al empleador, pese a que otros sujetos del Sistema General de Pensiones incluidas las administradoras de pensiones pueden incurrir en mora en la consignación, transferencia, imputación o abono de los aportes, causando el mismo perjuicio económico al afiliado”; y (ii) “[D]eclarar el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 exequible en el entendido de que el interés moratorio allí previsto es aplicable a cualquier entidad, agente o sujeto del Sistema General de Pensiones que, por cualquier causa imputable, demore la consignación, transferencia, imputación o abono oportuno de los aportes pensionales, incluidas las administradoras de pensiones, en garantía de los principios de igualdad, propiedad, seguridad social y buena fe”. || Mediante auto del 11 de febrero de 2026, la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez inadmitió la demanda, tras advertir que el actor (i) no identificó la norma atacada y la transcripción de su contenido, puesto que si bien el ciudadano menciona y transcribe parcialmente el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, en la demanda no se incluye el texto completo de la disposición ni se resaltan los apartes censurados; (ii) no refirió la competencia de esta Corporación para conocer de la demanda; y (iii) no acreditó la carga de formular por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad en contra de la norma demandada, en la medida en que las razones presentadas no fueron claras, certeras, pertinentes, especificas, ni suficientes.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, cargo, ley, corte, rechazo, recurso, omisión, constitucional, en, pensiones, administradoras, derecho]

Auto A-471 de 2026

[Resumen automatizado: En particular, la demandante (i) no adujo la razón por la que la Corte era competente para conocer de la demanda; (ii) no precisó cuáles eran las normas demandadas, ni transcribió su contenido; y (iii) los argumentos que expuso no cumplieron las cargas de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, a las que, de manera reiterada, se ha referido la jurisprudencia constitucional, con base en la siguiente justificación: || La magistrada sustanciadora advirtió que la demandante atribuyó a las disposiciones acusadas los siguientes contenidos normativos: (i) al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, "un reajuste anual de pensiones superiores al mínimo basado exclusivamente en el IPC", y (ii) al artículo 204, un "incremento súbito de la tarifa de cotización en salud del 4% al 10% al superar el umbral de un salario mínimo". || A partir de esto, indicó que el cuestionamiento constitucional se "relaciona con el principio de igualdad consagrado en el Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia", de allí que "la demanda plantea que esta regla puede generar efectos desproporcionados cuando se aplica a pensionados cuyas mesadas superan el salario mínimo legal vigente por una diferencia mínima"[17].] - [Palabras claves automatizadas: demanda, mínimo, salario, salud, puede, i, ley, reajuste, ii, diferencia, constitucional, en, corte, recurso]

Auto A-470 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Recurso de súplica contra el auto del 5 de marzo de 2026 que rechazó una demanda presentada en contra de los artículos 320 y 322 (parciales) de la Ley 1564 de 2012, “[p]or medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” || En su criterio, los apartados “únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante” del inciso 1° del artículo 320 de la Ley 1564 de 2012; “deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior” del inciso 2° del artículo 322; y “[l]a misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral” del inciso 4 del mismo artículo, vulneran los artículos 9, 285 y 328 de la Ley 1564 de 2012 (también Código General del Proceso, o GGP), así como los artículos 29, 31, 83, 228, 229 y 93 de la Constitución, y los artículos 1, 2, 3, 5 y 7 de la Ley 270 de 1996 (también Ley Estatutaria de Administración de Justicia, o LEAJ).] - [Palabras claves automatizadas: demanda, instancia, recurso, apelación, ley, artículos, requisito, cargo, juez, doble, primera, normas, segunda]

Auto A-469 de 2026

[Resumen automatizado: A su juicio, se cumplen los requisitos jurisprudenciales para este tipo de omisión, pues: existe una norma determinada sobre la cual recae el cargo; se excluyen supuestos asimilables que debieron ser incluidos, pues la propia ley define de manera neutral la condición de jefe cabeza de hogar sin distinguir por sexo; no hay una razón constitucional suficiente que justifique esa exclusión, ya que la vulnerabilidad proviene de asumir en soledad las cargas económicas, afectivas y de cuidado del hogar, circunstancia que puede recaer igualmente en hombres o en personas con identidades de género diversas; y, finalmente, dicha exclusión genera una desigualdad negativa evidente, porque solo las mujeres acceden a beneficios como empleo preferente, facilidades de crédito, apoyo institucional, asignación prioritaria de recursos y acceso a electrodomésticos, mientras los demás quedan completamente por fuera pese a encontrarse en la misma situación material. || En relación con el requisito de claridad, el auto recordó que para el accionante la Ley 2242 de 2022 excluye de manera absoluta a los hombres y a otras personas con identidades de género diversas jefes de sus hogares de los beneficios reconocidos a las mujeres cabeza de familia, a pesar de reconocer que sí son legítimas las medidas especiales en favor de estas últimas por mandato del artículo 43 de la Constitución.] - [Palabras claves automatizadas: mujeres, cabeza, demanda, beneficios, familia, rechazo, hombres, en, situación, jefes, recurso, ley, constitución]

Auto A-468 de 2026

[Resumen automatizado: “[A] fin de subsanar las deficiencias explicadas, el demandante debe, de cara a los siguientes los requisitos de admisibilidad: (i) explicar por qué se vulneran los artículos 1 y 2 de la Constitución y precisar si la presunta inconstitucionalidad de la norma demandada parte de un único cargo cuya fundamentación atenta contra varias disposiciones constitucionales, o por el contrario, se trata de varios cargos de inconstitucionalidad, uno por cada prerrogativa de la Constitución presuntamente infringida; (ii) construir el cargo por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso y a la defensa técnica a partir de una lectura textual y literal de la norma, teniendo en cuenta que el parágrafo demandado hace parte -y no es una excepción- a la regla general contenida en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, absteniéndose de traer a colación posibles interpretaciones o consecuencias de la norma que no guardan relación con su contenido explícito; (iii) traer a colación, específicamente, cuáles son las razones por las cuales se vulneran cada una de las disposiciones constitucionales acusadas de cara a las exigencias planteadas en la presente providencia, esto es, utilizando como único parámetro argumentos de naturaleza constitucional y evitando traer a colación argumentos de estirpe legal o de implementación; (iv) precisar cuál o cuáles disposiciones contenidas en los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre la designación de representantes resultan presuntamente infringidas con ocasión del parágrafo demandado, y con todo, (v) suscitar siquiera una duda sobre la presunta inconstitucionalidad del acápite demandado”[16].] - [Palabras claves automatizadas: demanda, sindicatos, corrección, cargo, rechazo, sindical, respecto, recurso, empresa, disposición, trabajador, sala, cargos, norma]

Auto A-467 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Apartadó, autoridad que, el 24 de marzo siguiente, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencia[5]. || Adujo que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, las reglas de reparto no pueden ser invocadas para apartarse del conocimiento de tutelas, de manera que el primer juez era quien debía tramitar el asunto. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 20 de marzo de 2026 dictado por esa autoridad; (ii) le remitirá el expediente para que adopte una decisión y (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015. || ADVERTIR al Juzgado 002 Civil Municipal de Apartadó que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y sus decretos modificatorios. || [6] El 24 de marzo de 2026, el Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Apartadó remitió el expediente a la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, reparto, decreto, tutela, constitucional, marzo, sala, reglas, plena, magistrado, civil, municipal]

Auto A-466 de 2026

[Resumen automatizado: De esta manera, la acción de tutela fue repartida al Juzgado 003 Laboral del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, el cual a través de Auto del 18 de marzo de 2026 propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional, al argumentar que la vulneración de los derechos fundamentales ocurrió en Bogotá D.C. y que las reglas de reparto no podían ser invocadas para declarar la falta de competencia por la primera autoridad judicial. || De conformidad con lo anterior, la Sala le ordenará a la Secretaría General de la Corte Constitucional anular el registro del expediente ICC-5367 por motivo del Auto del 6 de abril de 2026 y el correo electrónico del 7 de abril de 2026 del Juzgado 003 Laboral del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, por los cuales corrigió la decisión inicial de remitir el expediente a la Corte Constitucional -adoptada en el Auto del 18 de marzo de 2026- y solicitó su pronta devolución para remitirlo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga por ser la autoridad competente para dirimir el conflicto de conformidad con el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, corte, marzo, magistrado, competencia, sala, conflicto, general, corporación, auto, devolución]

Auto A-465 de 2026

[Resumen automatizado: Por otra parte, la Sala estima que el Juzgado 010 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga es la autoridad competente para conocer de la presente acción de tutela, toda vez que (i) los efectos de la vulneración a los derechos fundamentales de la agenciada se extienden al municipio de Piedecuesta, pues es el lugar en donde la niña tendría que soportar las consecuencias de las actuaciones del FOMAG que habrían impedido su acceso al servicio de salud, en la medida en que ésta reside en dicho municipio, y (ii) el municipio de Piedecuesta hace parte del circuito judicial de Bucaramanga. || Por lo anterior, esta Corporación dejará sin efectos el Auto del 19 de marzo de 2026, y enviará el expediente ICC-5366 al Juzgado 010 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar[16].] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, competencia, tutela, auto, corte, factor, magistrado, lugar, penal, sala, municipio, parte, territorial, niña]

Auto A-464 de 2026

[Resumen automatizado: Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el auto del 9 de marzo de 2026 proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual declaró la nulidad de lo actuado y dispuso la remisión del expediente, toda vez que se desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia y se afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. || En consecuencia, se advertirá a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar la nulidad de las actuaciones surtidas en el trámite de acciones de tutela con base en las reglas de reparto desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en la materia y en virtud al principio perpetuatio jurisdictionis. || TERCERO: ADVERTIR a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia y declarar la nulidad de las actuaciones surtidas en materia de tutela con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tribunal, sala, tutela, competencia, reparto, civil, judicial, distrito, bogotá, conocimiento, acción, reglas, corte, nulidad, superior, instancia]

Auto A-463 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Fusagasugá, autoridad que, el 16 de marzo siguiente, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencia[4]. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 12 de marzo de 2026 dictado por esa autoridad; (ii) le remitirá el expediente para que adopte una decisión y (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y sus decretos modificatorios. || Además, (iv) le advertirá al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Fusagasugá que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional. || ADVERTIR al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Fusagasugá que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, decreto, tutela, corte, reparto, reglas, marzo, constitucional, sala, plena, autoridad]

Auto A-462 de 2026

[Resumen automatizado: Por reparto, el proceso fue asignado al Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga el cual, a través de Auto del 12 de marzo de 2026, declaró su falta de competencia territorial para conocer del asunto y remitió el expediente a los juzgados municipales de Girón. || En cumplimiento del anterior proveído, el caso fue repartido al Juzgado 002 Civil Municipal de Girón, el cual, mediante Auto del 13 de marzo de 2026, no asumió el conocimiento del asunto, suscitó un conflicto negativo de competencia por el factor territorial y envió el expediente a la Corte Constitucional para dirimir la colisión suscitada. || Así las cosas, la Corte dejará sin efectos el Auto del 12 de marzo de 2026 proferido por el Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante el cual declaró su falta de competencia para asumir el conocimiento de la acción de tutela impetrada por el señor Leal León. || REMITIR el expediente ICC-5358 al Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por el señor Henry Leal León en contra de la Nueva EPS.] - [Palabras claves automatizadas: lugar, tutela, competencia, acción, corte, factor, sala, territorial, ciudad, asunto, magistrado, efectos, salud, marzo]

Auto A-461 de 2026

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996; de modo que su competencia sólo se activa en aquellos casos en que la mencionada norma no prevea la autoridad judicial encargada de asumir el trámite o, aun cuando la defina, se requiera dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, a fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[6]. || Así las cosas, se resolverá: (i) dejar sin efectos el Auto del 11 de marzo de 2026, dictado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí; (ii) remitir el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que en derecho corresponda; (iii) advertir al Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí para que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, por cuanto tal actuación contraría la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, corte, constitucional, competencia, acción, auto, reglas, municipal, decreto, reparto, sala, derechos, plena]

Auto A-460 de 2026

[Resumen automatizado: El 25 de febrero de 2026, el Juzgado 004 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, autoridad judicial a la que correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia territorial para asumir el conocimiento del caso y dispuso remitir el expediente a los jueces de tutela de Barranquilla[2]. || De una parte, el Juzgado 004 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá declaró su incompetencia al estimar que la presunta vulneración y sus efectos ocurren en la ciudad de Barranquilla al ser el domicilio principal de la sociedad accionante y el lugar en donde se ubica la dirección para notificaciones judiciales de la persona jurídica. || Por último, se advertirá al Juzgado 004 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá para que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el auto 550 de 2018] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, lugar, tutela, conflicto, territorial, acción, bogotá, constitucional, efectos, autoridades, parte, asunto, factor, sentencias, sala]

Auto A-459 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado 002 Civil Municipal de Zipaquirá, autoridad que, el 12 de marzo siguiente, resolvió promover un conflicto negativo de competencia y remitir el expediente a esta Corte[4]. || La Sala Plena considera que el Juzgado 084 Civil Municipal de Bogotá es la autoridad llamada a resolver la tutela, por dos razones principales. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 10 de marzo de 2026, dictado por el Juzgado 084 Civil Municipal de Bogotá, y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. || Además, advertirá al Juzgado 002 Civil Municipal de Zipaquirá que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional. || ADVERTIR al Juzgado 002 Civil Municipal de Zipaquirá que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, bogotá, civil, competencia, corte, municipal, sala, marzo, conflicto, constitucional, plena, magistrado, territorial]

Auto A-458 de 2026

[Resumen automatizado: Por reparto, el proceso fue asignado al Juzgado 014 Administrativo Oral de Cúcuta, el cual, a través de Auto del 10 de marzo de 2026, determinó que los jueces del municipio de Pamplona (Norte de Santander) eran los competentes para conocer de la acción de tutela y remitió el expediente a la oficina de apoyo judicial de esa municipalidad. || Esta autoridad judicial concluyó que carecía de competencia territorial para conocer la acción de tutela, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, según los cuales es competente el juez del lugar donde ocurre la vulneración de los derechos fundamentales o donde se producen sus efectos. || En ese sentido, concluyó que la presunta vulneración se originó en Cúcuta, pues allí se adoptaron las decisiones determinantes del caso, como la captura, la imposición de la medida de aseguramiento, la custodia a cargo de la Policía y la omisión del INPEC en efectuar el traslado, mientras que la permanencia en Bochalema corresponde únicamente a los efectos de dicha situación, por lo que no resultaba procedente desplazar la competencia. || El Juzgado 014 Administrativo Oral de Cúcuta se declaró incompetente para conocer del asunto al considerar que, conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la competencia territorial se determina por el lugar donde ocurre la vulneración de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, factor, lugar, traslado, judicial, sala, territorial, acción, policía, autoridad, asunto, decreto]

Auto A-457 de 2026

[Resumen automatizado: De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en el factor territorial, toda vez que el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de La Tebaida fundamentó su falta de competencia argumentando que la presunta vulneración de los derechos de la accionante habría ocurrido y se extendían sus efectos al municipio de Garzón, por ser el lugar donde aquella manifestó residir y recibir notificaciones; mientras que el Juzgado 002 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Garzón se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela, alegando que la vulneración había ocurrido en el municipio de La Tebaida, toda vez que esta se derivaba de una actuación atribuida a una autoridad administrativa ubicada en tal municipio. || TERCERO: ADVERTIR al Juzgado 002 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Garzón que siempre que advierta un conflicto de competencia en materia de tutela, éste debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, para lo cual se deben observar las reglas previstas en la jurisprudencia de este Tribunal, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, constitucional, tutela, municipal, factor, lugar, municipio, penal, auto, sala, derechos, conflicto]

Auto A-456 de 2026

[Resumen automatizado: Además, recordó que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que "son competentes para conocer la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", así como la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional en relación con el factor territorial de competencia[4]. || Por lo expuesto, la Sala Plena resolverá: (i) dejar sin efectos el Auto del 6 de marzo de 2026 proferido por el Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C.; (ii) remitir el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que en derecho corresponda; y, (iii) advertir a ese mismo juzgado que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, deberá tener en cuenta que, en principio, este debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual está en la obligación de observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucional, tutela, competencia, penal, auto, sala, bogotá, acción, territorial, parte, derechos]

Auto A-455 de 2026

[Resumen automatizado: Sin embargo, mediante Auto del 2 de marzo de 2026, esta autoridad judicial se abstuvo de conocer la acción presentada por carecer de competencia territorial y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente para ser repartido entre los jueces de circuito de Turbo, Antioquia. || Ese Juzgado argumentó que, aunque también es competente para tramitar la tutela en virtud del factor territorial, la primera autoridad judicial que conoció del proceso no podía abstenerse de adelantar el trámite correspondiente porque los accionantes mencionaron en su escrito que uno de los consejos comunitarios también estaba ubicado en el municipio de Apartadó y, por lo tanto, hasta ese lugar se extienden los efectos de la vulneración invocada. || Esto debido a que tanto el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Apartadó como el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Turbo son competentes para tramitar y resolver la acción de tutela interpuesta por el Consejo Comunitario de Puerto Girón y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Nueva Colonia en contra del Ministerio del Interior y Puerto Bahía Colombia de Urabá, pero el primero de ellos fue el escogido por los accionantes.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, factor, competencia, territorial, autoridades, corte, autoridad, judiciales, competentes, acción, derechos, consejo, magistrado, lugar]

Auto A-454 de 2026

[Resumen automatizado: En el caso bajo examen, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que, el Juzgado 002 Civil Municipal de Apartadó, se apartó del conocimiento de la tutela de la referencia con base en reglas de reparto. || Así las cosas, se resolverá: (i) dejar sin efectos el Auto del 26 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado 002 Civil Municipal de Apartadó; (ii) remitir el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que en derecho corresponda; (iii) advertir al Juzgado 002 Civil Municipal de Apartadó, para que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, por cuanto tal actuación contraría la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional. || ADVERTIR al Juzgado 002 Civil Municipal de Apartadó, para que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, por cuanto tal actuación contraría la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: corte, tutela, constitucional, competencia, reparto, reglas, decreto, civil, acción, auto, municipal, autoridad, conocimiento]

Auto A-453 de 2026

[Resumen automatizado: Efectuado el reparto, el conocimiento del asunto le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas; la cual, mediante Auto del 24 de febrero de 2026, se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción de tutela y ordenó su remisión a los Juzgados del Circuito de Facatativá, Cundinamarca. || Lo anterior, debido a que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas sostuvo que, en virtud de dicho factor, el conocimiento de la acción de tutela correspondía a los jueces del circuito con jurisdicción en Facatativá, lugar de residencia del accionante. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional: (i) dejará sin efectos la decisión por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas declaró su falta de competencia sobre el asunto; (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar; y (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia en materia de tutela con fundamento en reglas de reparto. || Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente ICC-5334 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas para que, de forma inmediata, profiera la decisión a que haya lugar.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, corte, sala, cundinamarca, territorial, tribunal, factor, constitucional, decreto, reglas, autoridades, lugar]

Auto A-452 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, la convocante solicitó ordenar a la DIAN que expida y notifique los actos administrativos de nombramiento en periodo de prueba de todos los elegibles autorizados por la CNSC (Rad. 2025RS179121), en estricto orden de mérito, para el Cargo GESTOR I, Código 301, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198349, teniendo en cuenta el fallo de la Sentencia de la Tutela con radicado 15759-33-33-001-2025-00213-00; suspender el vencimiento de la vigencia de la lista de elegibles establecida en la Resolución No. 5838 del 8 de febrero de 2024; ordenar a la CNSC que se abstenga de permitir u ofertar por nuevo concurso vacantes equivalentes, mientras exista lista vigente; reconducir la vacante OPEC 242680 al uso de la lista de la OPEC 198349 ofertada en la Convocatoria DIAN 2022, e informar el inventario total de vacantes equivalentes reportadas/identificadas y el estado de las autorizaciones. || Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el auto proferido el 19 de febrero de 2026 por el Juzgado 031 Administrativo del Circuito de Medellín, (ii) le remitirá el expediente ICC 5329 a la referida autoridad judicial, para que,�de manera inmediata, continúe con el trámite y adopte la decisión a que haya lugar, y (iii) se le advertirá que cuando considere que se configura el fenómeno de tutela masiva sustente la identidad de sujeto pasivo, objeto y causa de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, administrativo, constitucional, lista, decreto, corte, identidad, proceso, competencia, elegibles, que, no, auto]

Auto A-451 de 2026

[Resumen automatizado: El despacho judicial invocó el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia por el factor territorial de los juzgados ubicados en el lugar donde ocurriese la violación o la amenaza que motiva la acción de tutela o donde se hagan extensivos sus efectos. || Al revisar el auto mediante el cual el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Ocaña rechazó su competencia se observa que la decisión se fundamentó en el factor territorial de competencia previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, pues la vulneración alegada habría ocurrido en el municipio de La Esperanza. || En el auto mediante el cual el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Ocaña rechazó su competencia se señaló que la vulneración habría ocurrido en el municipio La Esperanza, pues ahí reside el accionante. || Por lo tanto, la Corte (i) dejará sin efectos la decisión mediante la cual el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Ocaña declaró su falta de competencia; y (ii) le remitirá a ese juzgado el expediente de la referencia con la finalidad de que decida inmediatamente la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, administrativo, factor, acción, corte, municipio, territorial, parte, conflicto, constitucional, lugar, reparto, magistrado]

Auto A-450 de 2026

[Resumen automatizado: En el caso bajo examen, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que se configuró un conflicto negativo de competencias, toda vez que: (i) el Juzgado 050 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá consideró que es en Yopal donde se materializa la presunta vulneración de derechos, porque el accionado tiene sede en esa ciudad y dictó la medida que se cuestiona. || Por su parte, (ii) el Juzgado 003 Civil del Circuito de Yopal concluyó que, si bien la acción de tutela se dirigió en contra de la gerencia departamental colegiada del Casanare de la Contraloría General de la República, el proceso de responsabilidad fiscal se ventila ante la Contraloría Delegada Intersectorial n°. || Así las cosas, se resolverá: (i) dejar sin efectos el Auto del 13 de febrero de 2026 dictado por el Juzgado 050 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá; (ii) remitir el expediente ICC-5320 a dicho juzgado para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que en derecho corresponda; (iii) advertir al Juzgado 003 Civil del Circuito de Yopal que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, deberá tener en cuenta que, en principio, este debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: corte, bogotá, contraloría, competencia, tutela, acción, auto, república, constitucional, general, casanare, sala]

Auto A-449 de 2026

[Resumen automatizado: El 7 de diciembre de 2018, Fabiola María Zapata Duque, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria laboral contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros y Servi-Industriales y Mercadeo S.A.S., en la cual solicitó que se declarara la existencia de un contrato de trabajo realidad a término indefinido entre la demandante y La Previsora, desde el 23 de marzo de 2005 hasta el 29 de diciembre de 2017, bajo el régimen de trabajadores oficiales, así como que su terminación fue unilateral y sin justa causa. || En segundo lugar, sostuvo que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo los procesos encaminados a determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta mediante la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado. || Afirmó que, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de controversias orientadas a declarar la existencia de una relación laboral encubierta mediante contratos de prestación de servicios suscritos con el Estado, en el presente asunto no se configura dicho supuesto.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, servicios, relación, contratos, existencia, trabajo, administrativo, prestación, jurisdicción, conflicto, contrato, mediante, conocer, entidad, competente]

Auto A-448 de 2026

[Resumen automatizado: El 16 de marzo de 2026, el Juzgado 102 Penal Municipal de Garantías Ambulante de Barranquilla instaló la audiencia de imputación, no obstante, durante la presentación de las partes e intervinientes los señores Corides Maury, coordinador del Resguardo Indígena Mokaná de Tubará, y Digno Santiago Gerónimo, cacique mayor de la Regional Indígena del Atlántico y comunero cabildante de este resguardo, solicitaron la palabra para reclamar la jurisdicción en cabeza de la Jurisdicción Especial Indígena y solo frente al juzgamiento de Deymer Andrés Ariza Alba, Augusto Rafael Gronimo Viloria, Javier Antonio Ariza Higgis y Susana Patricia Beltrán Gómez. || Sin embargo, se pronunció de manera general sobre los factores del fuero especial indígena, concluyendo que: (i) se acreditó el factor personal, debido al reconocimiento efectuado por la autoridad tradicional; (ii) se cumplió "parcialmente" el factor territorial, ya que, de un lado, la captura de tres de los indiciados se llevó a cabo en la zona rural del Balneario de Puerto Caimán, integrante del territorio de la comunidad, y del otro, en el caso de Deymer Ariza, ésta se practicó en el corregimiento del Vaivén, en la carretera que conduce de Algodonal a Juan de Acosta Tubará, sin que sea claro si este se encuentra dentro de los "asentamiento de las comunidades"; y que (iii) no era claro "el nivel de coerción (...) para proteger los bienes jurídicos tutelados"[12].] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, aquí, corte, parte, jurisdicciones, penal, municipal, jurisdicción, garantías, barranquilla, conflicto, factor, competencia, comunidad]

Auto A-447 de 2026

[Resumen automatizado: Afirmó que, por regla general, las controversias en materia de seguridad social corresponden a la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral; salvo aquellos conflictos suscitados entre empleados públicos y entidades de previsión social de la misma naturaleza, cuyo conocimiento corresponde, de manera residual, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || La Corte Constitucional, a lo largo de su jurisprudencia ha reiterado que la Jurisdicción Ordinaria especialidad Laboral es competente para conocer de los asuntos relacionados con la seguridad social de los trabajadores privados u oficiales, sin importar la naturaleza de la entidad administradora, así como de los empleados públicos o miembros de corporaciones públicas cuando la entidad administradora sea privada. || En consecuencia, para la fecha de causación de la pensión cuya reliquidación se reclama, la demandante no tenía vínculo laboral vigente con una entidad pública y su última relación laboral correspondía al sector privado, por lo que no se configura el supuesto del artículo 104.4 del CPACA que habilita la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || "La Corte Constitucional determinó que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer un proceso promovido por un trabajador del sector privado para obtener una reliquidación pensional.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, administrativo, corte, competencia, laboral, conflicto, social, base, pensión, entidad, contencioso, ordinaria, pública, constitucional, calidad]

Auto A-446 de 2026

[Resumen automatizado: Asimismo, señaló que, de acuerdo con el Auto 314 de 2023 de la Corte Constitucional, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de demandas en las que, en el marco de relaciones con empresas temporales o sindicatos, se pretende el reconocimiento de derechos laborales frente a una entidad pública cuya regla general de vinculación sea la de empleado público, siempre que dicha condición no pueda desvirtuarse inicialmente. || (ii) Presupuesto objetivo: se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla, específicamente, se trata del conocimiento de la demanda presentada por Juan Carlos Navarro en contra de la Empresa Social del Estado Popayán ESE en la que pretende que se le reconozca como empleado público. || De ahí que, la controversia introduce la necesidad de examinar si los contratos de prestación de servicios suscritos con dicha entidad encubrieron una relación laboral, lo que activa la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.4 del CPACA y conforme a la línea jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional en los autos 794 de 2024 y 422 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: contratos, servicios, administrativo, prestación, jurisdicción, contencioso, juez, conflicto, vinculación, asunto, corresponde, competencia, relación, laboral, corte, auto, entidad]

Auto A-445 de 2026

[Resumen automatizado: Para la autoridad judicial en comento la competencia para conocer del asunto le corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, a partir de lo señalado por la Corte Constitucional en los Autos 077 de 2022 y 1373 de 2024, al dirimir conflictos entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ordinaria, en su especialidad civil, suscitados por controversias en las que se pretende la ejecución de un acto administrativo en el que se impone una obligación a un particular. || Así las cosas, la Corte se declarará inhibida y remitirá el expediente CJU 7541 al Juzgado 007 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá para que determine si lo envía a los jueces ordinarios en su especialidad civil o plantea un conflicto de jurisdicción con el juez administrativo, comunique la decisión a al Juzgado 023 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y demás interesados. || Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-7541 al Juzgado 007 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión al Juzgado 023 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y demás interesados.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, competencia, bogotá, jurisdicciones, conflicto, administrativo, ordinaria, municipal, contencioso, corte, laboral, civil, judicial, constitucional, auto]

Auto A-444 de 2026

[Resumen automatizado: Una vez efectuado el reparto, el Juzgado 004 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva, mediante Auto del 21 de febrero de 2023, declaró su falta de jurisdicción, propuso el conflicto y remitió el expediente a la Corte Constitucional. || 3. Competencia jurisdiccional para conocer de las solicitudes presentadas a continuación del proceso principal, mediante las cuales se reclama el pago de condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo a particulares. || La Corte Constitucional, en el Auto 857 de 2021, resolvió un conflicto de jurisdicciones entre un juzgado civil y uno contencioso administrativo, originado en una demanda ejecutiva presentada por la Fiduprevisora S.A. contra una ciudadana para hacer efectiva una condena en costas proferida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. || En particular, dicha regla general de competencia exige que concurran dos condiciones para que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pueda conocer del proceso ejecutivo: (i) que la decisión que contiene la obligación haya sido emitida por esa jurisdicción y (ii) que la ejecución se dirija contra una entidad pública.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, proceso, ejecución, jurisdicción, condena, decisión, conocimiento, conflicto, corte, solicitud, constitucional, competencia, contencioso, mediante]

Auto A-443 de 2026

[Resumen automatizado: En el Auto 492 de 2021, la Sala Plena concluyó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo los procesos promovidos para determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado. || Superado el análisis previo, la Sala concluye que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de la demanda interpuesta por Martha Parra Caicedo en contra de la CIAC S.A. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en primer lugar, lo que se pretende con ella es la declaración de una relación laboral que presuntamente fue encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con la empresa demandada, los cuales indicó la demandante que comprenden desde el 17 de junio de 2011 hasta el 31 de enero de 2019; y, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y otras acreencias laborales a las que considera que tiene derecho. || "De conformidad con el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo, un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, que presuntamente fue encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado".] - [Palabras claves automatizadas: contratos, servicios, administrativo, auto, entidad, relación, laboral, bogotá, prestación, conflicto, jurisdicción]

Auto A-442 de 2026

[Resumen automatizado: En el marco de la indagación, los agentes de policía señalaron que entre los tres hombres que arremetieron en su contra, además del joven César, se encontraba el señor Jan Carlos Vargas, alias “Mocho” quien era requerido por las autoridades por delitos cometidos en la zona y quien días antes de los hechos narrados había logrado huir de la fuerza pública, cuando se constató que tenía una orden de captura. || En este caso, la Corte considera que la Fiscalía 213 Especializada de la Dirección Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos de Bogotá puede proponer un conflicto entre las jurisdicciones ordinaria y penal militar porque, a primera vista, los hechos investigados pueden constituir una grave violación de derechos humanos. || A partir del análisis de los elementos que obran en el expediente, existen algunos indicios de que en este caso pudo generarse una violación a los derechos humanos, como lo sostuvo el representante de las víctimas y la autoridad de la justicia penal militar. || Por lo tanto, la Corte Constitucional declarará que la investigación adelantada por la muerte del joven César le corresponde a la jurisdicción ordinaria, representada en este caso por la Fiscalía 213 Especializada de la Dirección Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos de Bogotá.] - [Palabras claves automatizadas: penal, competencia, justicia, corte, ordinaria, militar, fiscalía, conflicto, jurisdicción, agentes, derechos, policía, hechos, jurisdicciones, humanos]

Auto A-441 de 2026

[Resumen automatizado: Como fundamento de su decisión, citó el artículo 104.2 de la Ley 1437 de 2011 y sostuvo que la sociedad actora es una entidad de derecho público, razón por la cual la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, no es competente para conocer la demanda bajo estudio. || De acuerdo con los artículos 104, 105 y 165 de la Ley 1437 de 2011, consideró que el asunto le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, pues se trata de un conflicto contractual suscitado entre entidades públicas aseguradoras respecto del giro ordinario sus negocios. || Al respecto, en el Auto 092 de 2023 la Sala Plena de la Corte Constitucional sentó la siguiente regla de decisión: “Corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, conocer de las demandas en las que se pretenda la declaratoria de responsabilidad civil de entidades aseguradoras, siempre que la discusión se relacione con el giro ordinario de sus negocios y no se hayan demandado simultáneamente entidades del Estado sometidas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || En consecuencia, la Sala dirimirá el presente conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones en el sentido de determinar que el Juzgado 004 Civil del Circuito Bogotá es la autoridad competente para conocer la demanda declarativa de mayor cuantía por responsabilidad contractual presentada por Positiva S.A. contra La Previsora S.A.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, competencia, negocios, conocer, bogotá, jurisdicciones, conflicto, ley, sociedad, demanda, ordinario, entidades, civil, asunto, entidad, ordinaria]

Auto A-440 de 2026

[Resumen automatizado: De acuerdo con lo anterior, el Auto 252 de 2022 de la Corte Constitucional indicó que: “(...) la vinculación laboral del personal de una ESE es, por regla general, bajo la modalidad del empleo público, salvo que se desempeñen en el “mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales”, caso en el cual se consideran como trabajadores oficiales, cuyas controversias están excluidas de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en aplicación del 105.4 del CPACA. || En aquellos casos, si bien esta Corte aplicó reglas distintas a la prevista en el Auto 1186 de 2021 (por tratarse de empleados públicos o vigilantes), reiteró que cuando una ESE es la demandada y el demandante ejerció funciones en cuanto al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, se considera trabajador oficial y, en consecuencia, las controversias laborales que surjan respecto de ellos corresponden a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. || En todo caso, el Auto 1186 de 2021 sí ha sido reiterado entre otros, en los autos 1629 y 1990 de 2025 en los que la Corte Constitucional estudió asuntos similares al presente, relacionados con demandas promovidas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de distintas ESE, mediante las que se pretendía el reconocimiento de acreencias laborales en cabeza de trabajadores oficiales.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, sanción, ley, laboral, oficiales, competencia, corte, pago, nulidad, trabajadores, jurisdicciones, administrativo, auto, constitucional, asunto, reconocimiento, derecho, laborales, conflicto]

Auto A-439 de 2026

[Resumen automatizado: Posterior al nuevo reparto, el Juzgado 064 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá Sección tercera, a través del auto del 29 de enero de 2026, propuso conflicto negativo entre jurisdicciones, al considerar que la obligación cuyo pago se pretende no se deriva de un contrato estatal sino de un acto administrativo (Resolución No. 0516 del 28 de enero de 2025) expedido por ECOOPSOS en liquidación, y en consecuencia, no resulta procedente atribuir el conocimiento del asunto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo por el solo hecho de que una de las partes sea una entidad pública, dado que los procesos ejecutivos derivados de actos administrativos expedidos por agentes liquidadores no se subsumen automáticamente en el supuesto previsto en el numeral 6 del artículo 104 del CPACA. || En el Auto 1011 de 2023, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, conocer los procesos ejecutivos dirigidos a obtener el pago de obligaciones dinerarias derivadas de actos administrativos expedidos por los liquidadores de las EPS.] - [Palabras claves automatizadas: conflicto, laboral, conocer, jurisdicciones, corte, bogotá, competencia, liquidación, jurisdicción, administrativo, pago, social, procesos, seguridad, obligaciones, sección, maría]

Auto A-438 de 2026

[Resumen automatizado: Y segundo, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el artículo 3 del Código Penal Militar, consagra que no podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y, que por su sola comisión, rompan el nexo funcional del agente con el servicio, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. || De acuerdo con esta línea argumentativa, la actuación de la Fiscalía General de la Nación está ligada a la activación de la justicia ordinaria, en el sentido que, el momento pertinente para suscitar el debate sobre las autoridades a quienes corresponde conocer del asunto[30] sea durante la investigación que lleva a cabo el fiscal, por dos razones fundamentales: (i) se garantiza el cumplimiento de los principios de celeridad y economía procesal, al permitir que desde la investigación sea posible dirimir el conflicto, sin trabar tiempos del proceso penal[31]. || La conclusión anterior ha sido adoptada en la SU-190 de 2021, pero su aplicación ha sido fijada en el Auto 704 de 2021, según el cual, la Fiscalía General de la Nación sólo podrá suscitar conflictos de jurisdicción entre la justicia ordinaria y la penal militar, cuando se hallen inmersos hechos en los que existen graves violaciones de Derechos Humanos[34].] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucional, fiscalía, conflicto, competencia, jurisdicción, general, nación, expediente, humanos, jurisdicciones, conflictos, penal]

Auto A-437 de 2026

[Resumen automatizado: A juicio de este juzgado, aunque la jurisdicción de lo contencioso administrativo podría ser competente en virtud del artículo 104 del CPACA y la regla fijada en el Auto 385 de 2021 de esta Corporación[8] -ya que una entidad pública demandó un acto administrativo propio que versa sobre la seguridad social de una persona que en vida tuvo la condición de empleado público y cotizó para los respectivos riesgos en Colpensiones-, en la demanda no se solicitó declarar la nulidad de un acto administrativo ni el reconocimiento de una prestación social propiamente dicho. || Así, indistintamente de que Positiva Compañía de Seguros S.A. sea una entidad pública que, además, tiene la calidad de institución aseguradora[30], lo cierto es que en virtud de los artículos 2.4 y 2.5 del CPTSS, así como las reglas de decisión de los autos 1177 de 2021 y 150 de 2025 de esta Corporación, la demanda formulada en este caso deberá ser conocida por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, ya que principalmente la accionante manifiesta una inconformidad con el origen de la enfermedad determinado en un dictamen de PCL.] - [Palabras claves automatizadas: ordinaria, bogotá, laboral, dictamen, corte, judicial, jurisdicción, seguridad, social, demanda, competencia, administrativo, auto]

Auto A-436 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Paola Andrea Meneses y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente auto: || Aunque la publicidad de las decisiones judiciales es la regla general, la Corte ha sostenido pacíficamente[6] que la información personal contenida en una providencia está sometida a los principios de administración de datos, por lo que al incluir datos sensibles o semiprivados, en la circulación y acceso a dicha información se deben cumplir los principios de finalidad, necesidad y circulación restringida, lo cual habilita la supresión relativa de información con la finalidad de proteger derechos fundamentales tales como la intimidad, el buen nombre o habeas data, entre otros. || De otro lado, la jurisprudencia constitucional[10] ha establecido que la solicitud de reserva de los nombres de las partes o de información sensible que se publique a través de una providencia judicial debe cumplir tres presupuestos: i) legitimación, la solicitud debe ser presentada por quien alega la afectación a sus derechos a la intimidad, honra o buen nombre, bien sea directamente o mediante apoderado judicial.] - [Palabras claves automatizadas: datos, sentencia, derechos, corte, información, constitucional, solicitud, personas, en, nombres, fundamentales, reserva, sala, personales, providencia]

Auto A-435 de 2026

[Resumen automatizado: El 10 de abril de 2026 el director jurídico (e) del Ministerio de Salud y Protección Social dirigió, con destino a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, el oficio con radicado 2026400001387371 mediante el cual solicita a la Sala que el magistrado Carlos Camargo Assis “se declare impedido” para conocer todos los trámites y actuaciones de seguimiento relacionados con la Sentencia T-760 de 2008; que el referido magistrado “exponga todos los argumentos necesarios que sustenten dicha declaratoria de impedimento, y en caso de no hacerlo, exponga de fondo las razones por las (sic) cuales no considera que está incurso en las causales de impedimento establecidas en el Código de Procedimiento Penal”. || Así, en el mencionado oficio, el director jurídico (e) del Ministerio de Salud y Protección Social invoca la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al sostener que las declaraciones, comunicados y actuaciones previas del entonces Defensor del Pueblo constituyen, a su juicio, opiniones previas, conceptos y prejuzgamientos sobre la situación del sistema de salud, lo que afectaría su objetividad para intervenir en el seguimiento de la sentencia T-760 de 2008.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, solicitud, sala, social, corte, seguimiento, defensor, ministerio, trámite, sentencia, oficio, en, salud, tutela]

Auto A-433 de 2026

[Resumen automatizado: Posteriormente, el 5 de diciembre del 2025, el magistrado Camargo Assis presentó un impedimento debido a que consideró que puede estar inmerso en la causal descrita en el artículo 56.1 del Código de Procedimiento Penal, la cual está relacionada con el presunto interés en la actuación procesal que pueda tener el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. || Por lo tanto, para que se configure esta causal de impedimento, el funcionario judicial debe demostrar que tiene interés en la actuación procesal sometida a su conocimiento, de manera que la decisión judicial le pueda generar una utilidad, un provecho o un menoscabo; que existen causas debidamente justificadas que demuestran que ese funcionario puede tener una inclinación especial para fallar el caso y que, debido a esto, debe ser separado del mismo. || En efecto, aunque las demandas en contra de la elección del magistrado Camargo Assis se tramitan ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, eso no demuestra, por sí solo, la existencia de un interés directo en la actuación procesal. || Ello, porque no se acreditó que el magistrado tenga un interés especial o directo, personal o subjetivo, y actual en la decisión que debe adoptar la Corte Constitucional dentro del expediente de tutela de la referencia.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, decisión, judicial, interés, debe, imparcialidad, tutela, elección, corte, funcionario, sala, causal]

Auto A-432 de 2026

[Resumen automatizado: El 7 de abril de 2026, mediante correo electrónico, el magistrado Carlos Camargo Assis, quien preside la Sala Especial de Seguimiento, remitió a los despachos de los magistrados Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, el escrito de la misma fecha por medio del cual el magistrado Camargo Assis manifiesta su impedimento para decidir sobre la participación de la Universidad de Antioquia en la mesa técnica que tendrá lugar el lunes 13 de abril del año en curso, al fungir dicha institución educativa “como actor en la demanda de nulidad” del acto que declaró su elección como magistrado de la Corte Constitucional. || En línea con lo anterior, la Sala advierte que el interés del Magistrado Camargo Assis no es especial ni personal porque, partiendo de las consideraciones que anteceden,�no se demuestra que la actuación judicial decretada para el 13 de abril del año en curso y en particular, la decisión de incorporación en la agenda de esa diligencia a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, pueda afectarlo, positiva o negativamente,�en los términos del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.] - [Palabras claves automatizadas: sala, magistrado, mesa, decisión, interés, imparcialidad, constitucional, nacional, técnica, corte, auto, penal, causal]

Auto A-431 de 2026

[Resumen automatizado: En lo que respecta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público dicha sentencia lo incluyó entre las autoridades responsables de cumplir las órdenes adoptadas en relación con: (i) el suministro de agua potable o medios de potabilización de agua para las comunidades étnicas que no dispongan de medios adecuados para obtenerla (orden sexta)[10]; (ii) el diseño e implementación de planes o programas de atención en salud para los menores de cinco años de comunidades étnicas, incluyendo componentes de prevención de desnutrición infantil, fortalecimiento de la red de servicios de salud rural, medicina tradicional y seguridad alimentaria (orden octava)[11]; (iii) la formulación e implementación de planes y proyectos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de menores de cinco años de comunidades étnicas, con enfoque intercultural y concertación previa con las comunidades (orden novena)[12]; (iv) la formulación e implementación de planes y proyectos para garantizar a largo plazo el acceso al agua potable de las comunidades indígenas, con criterios de disponibilidad, calidad, accesibilidad y pertinencia étnica (orden décima)[13]; y (v) la prestación de apoyo técnico, financiero, presupuestal y administrativo a las alcaldías de Cumaribo, Puerto Carreño, Santa Rosalía y La Primavera, para garantizar el cumplimiento de las órdenes relacionadas con el derecho al agua potable de las comunidades indígenas (orden décimo tercera).] - [Palabras claves automatizadas: nulidad, constitucional, corte, ministerio, proceso, solicitud, auto, crédito, hacienda, comunidades, público, tutela]

Auto A-430 de 2026

[Resumen automatizado: Por último, alegó que la Corte eludió el análisis de asuntos constitucionales esenciales, en particular: (i) la reserva de ley estatutaria en materia de estados de excepción, al crear un nuevo procedimiento sin respaldo legal; (ii) los elementos que descartan un debilitamiento de la cosa juzgada constitucional, pues no se explicó ningún cambio normativo ni constitucional que justificara la reintroducción de la suspensión provisional; y (iii) el juicio de proporcionalidad estricto, dado que existían medidas menos gravosas, como adoptar una decisión de fondo en un plazo más breve. || Sin embargo, ninguno de tales pronunciamientos, ni la sentencia C-179 de 1994, se han ocupado de explicar, de manera detallada, los elementos esenciales que deben ser tenidos en cuenta para efectos de definir la procedencia de la suspensión de los decretos declaratorios, como lo son: (i) la función jurídica que le atribuye la Constitución a esta atribución excepcional a favor del presidente de la República; (ii) la especial naturaleza de su control judicial, decantada en la jurisprudencia de la Corte; (iii) las discusiones sobre los fundamentos de la competencia de este Tribunal para su examen constitucional; (iv) el alcance de la cosa juzgada y la identificación del objeto de control en la citada sentencia C-179 de 1994;y (v) el desarrollo de la figura de la suspensión en el auto 272 de 2023 y su vínculo directo con los mandatos de supremacía constitucional previstos en el artículo 4 de la Carta.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucional, auto, nulidad, decretos, suspensión, cosa, sala, provisional, decisión, medida, control, juzgada]

Auto A-429 de 2026

[Resumen automatizado: En informe del 3 de octubre de 2025, la Secretaría General de esta Corporación informó al despacho del magistrado sustanciador que el Auto del 22 de septiembre de 2025 fue notificado mediante estado del 24 de septiembre siguiente, por lo cual el término de ejecutoria transcurrió los días 25, 26 y 29 del mismo mes y año, e indicó que dentro de dicho término, los días 27 y 29 de septiembre de 2025, se recibió, en tres oportunidades, escritos del accionante Jorge Antonio Pérez Eslava, mediante los cuales manifestó presentar “(…) Recurso de Apelación, Insistencia, Denuncia, Re acusación (sic), Nulidad y Queja (…)”. || RECHAZAR, por falta de pertinencia, la recusación presentada por Jorge Antonio Pérez Eslava dentro del proceso con radicación D-16.844, en contra del magistrado Vladimir Fernández Andrade, en tanto que no se cumple con el criterio de legitimación, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. || LEVANTAR LA SUSPENSIÓN de los términos del proceso con radicación D-16.844 dispuesta en el auto del 7 de octubre de 2025, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad presentada por Jorge Antonio Pérez Eslava, en contra del Decreto Legislativo 806 de 2020 y la Ley 2013 de 2022, a partir de la fecha en la que se notifique esta providencia.] - [Palabras claves automatizadas: nulidad, proceso, solicitud, decisión, si, corte, sala, providencia, demanda, magistrado, trámite, debido, decreto, ley, cuenta]

Auto A-428 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procede a resolver sobre la pertinencia de la solicitud de recusación presentada por Andrés Felipe Falla Montealegre en contra de los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Carlos Camargo Assis, en el expediente de la referencia. || Finalmente, solicitó: (i) realizar un control de constitucionalidad sobre el debido proceso y el principio de imparcialidad; (ii) aclarar que, “en cualquier etapa procesal por medio de las intervenciones, recursos, incidentes o controles, los ciudadanos pueden complementar, adicionar, y agregar elementos al juicio político frente al objeto y fin (…)”; (iii) unificar y hacer un “control de constitucionalidad sobre el control integral de la totalidad de los preceptos de la constitución” y sobre la recusación; (iv) realizar un control de constitucionalidad de la Sentencia T-406 de 1992; (v) declarar los impedimentos de los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Carlos Camargo Assis; (vi) en caso de que la demanda sea admitida, oficiar al Procurador General de la Nación para que designe a un procurador para rendir concepto; (vii) revocar los autos del 17 y 20 de febrero de 2026; (viii) oficiar a la relatoría de la Corte para que subsane las citas de la Sentencia C-210 de 2021; (ix) subsanar el proceso D-16540; (x) aplicar el control de convencionalidad y los instrumentos de Naciones Unidas ratificados por Colombia; y (xi) tutelar “la paz, la amistad y, tolerancia dentro del proceso en curso”, entre otras pretensiones.] - [Palabras claves automatizadas: corte, magistrados, sala, plena, proceso, control, constitucional, demanda, solicitud, nulidad, auto, recusaciones, andrés]

Auto A-427 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver sobre la pertinencia de la recusación presentada por Carlos Augusto Chacón Monsalve, en representación del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), contra el magistrado Vladimir Fernández Andrade en el presente proceso de constitucionalidad. || "[c]omo consecuencia de lo decidido en Auto 082 del 29 de enero de 2026[4], NO PRODUCIRÁ EFECTOS, a partir de la fecha, el Decreto Legislativo 1474 de 2025 "[p]or el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025", hasta que la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de la constitucionalidad del mencionado decreto". || El 30 de enero de 2026, Carlos Augusto Chacón Monsalve, en representación del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), remitió a la Secretaría General de la Corte Constitucional, mediante correo electrónico, escrito de intervención en el proceso de la referencia y solicitud de recusación contra el magistrado Vladimir Fernández Andrade.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucionalidad, constitucional, magistrado, auto, decreto, proceso, fijación, lista, sala, solicitante, enero, sentencia]

Auto A-426 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial de aquella que le concede el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991, dicta el presente auto mediante el cual resuelve el recurso de súplica interpuesto contra la providencia que rechazó la demanda de la referencia. || 1. El 22 de enero de 2026, Yobany Orozco Valenciano presentó demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2385 de 2024, “[p]or medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana”. || En efecto, reiteró con variaciones apenas formales los siguientes argumentos: (i) la norma demandada violó el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, debido a que el Congreso la aprobó sin un análisis de impacto fiscal; (ii) la reconversión laboral resulta una medida “inane” porque no existen certificados de disponibilidad que aseguren los fondos para compensar a las familias; (iii) la Sentencia C-374 de 2025 no impide un estudio de los cargos, pues aquella trató sobre bienestar animal, mientras que la demanda actual se enfoca en la validez del procedimiento de gasto público y de la protección del mínimo vital.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, recurso, ley, cargo, actividades, fiscal, rechazo, norma, corte, artículos, concepto, principio, ministerio, prohibición, falta]

Auto A-425 de 2026

[Resumen automatizado: El accionante formuló un único cargo contra las disposiciones acusadas, en el que sostiene que se configura una omisión legislativa relativa, por cuanto el legislador, al regular el procedimiento penal y los derechos y garantías de los procesados, omitió legislar sobre la “incapacidad sobreviniente o permanente”, vulnerando así los artículos 1º, 2º, 13º, 29, 47, 93, 228 y 229 de la Constitución Política. || El magistrado Juan Carlos Cortés González, a quien inicialmente se repartió la demanda, la inadmitió mediante Auto del 11 de febrero de 2026, al considerar que no cumplía con las cargas argumentativas exigidas por la jurisprudencia para formular el concepto de la violación, ni con los requisitos específicos de admisibilidad para proponer cargos por omisión legislativa relativa. || Así, por ejemplo, el primer “yerro” identificado por el actor en relación con el requisito de certeza, según el cual el auto de rechazo erró al calificar las normas objeto de demanda como neutras, se fundamenta en una reiteración de argumentos que ya habían sido expuestos por el actor en el escrito de corrección, tales como su interpretación sobre el contenido del literal l) del artículo 8, del parágrafo 2 del art.] - [Palabras claves automatizadas: ley, demanda, rechazo, proceso, normas, cargo, artículo, si, penal, personas, derecho, omisión, escrito, respecto, procesal, en]

Auto A-424 de 2026

[Resumen automatizado: Por medio del Auto 693 de 2024, la Sala Plena resolvió un conflicto de competencia en el que se había presentado una acción de tutela contra Caracol S.A. En esa ocasión, la solicitud de amparo fue repartida al Juzgado 004 Penal del Circuito Especializado de Cartagena, autoridad que declaró su falta de competencia y remitió el expediente a los juzgados civiles municipales de la misma ciudad. || Por otra parte, el Juzgado 007 Penal Municipal de Cartagena indicó que las reglas de reparto no definen competencia y que cuando la acción de tutela se dirige contra los medios de comunicación, los jueces del circuito son los competentes. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la decisión del 27 de febrero de 2026, proferida por el Juzgado 005 Administrativo del Circuito de Cartagena; (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela; y (iii) se le advertirá que se abstenga de argumentar su falta de competencia en materia de tutela con fundamento en reglas de reparto y sin considerar los factores de competencia definidos por la jurisprudencia.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, acción, cartagena, reglas, reparto, sala, administrativo, decreto, autoridad, plena, corte, constitucional]

Auto A-423 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante Auto del 20 de enero de 2026, ordenó la remisión del expediente a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que resolviera el conflicto de competencia. || La Corte Constitucional ha establecido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley Estatutaria 270 de 1996[10]. || En efecto, el primero de ellos estimó que la autoridad competente eran los juzgados del circuito de Duitama, al considerar que la vulneración se originaba en ese lugar, pues es donde está recluido el accionante. || La Corte dejará sin efectos el Auto del 19 de enero de 2026, proferido por el Juzgado 012 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá y le remitirá el expediente ICC-5344 para que, de manera inmediata continúe con el trámite y adopte la decisión a que haya lugar. || REMITIR el expediente ICC-5344 al Juzgado 012 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, para que, de manera inmediata, continúe con el trámite y adopte la decisión que corresponda.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, lugar, competencia, conflicto, penal, tutela, factor, asunto, territorial, magistrado, sala, corte, autoridad]

Auto A-422 de 2026

[Resumen automatizado: Posteriormente, el 11 de febrero de 2026, en la Casa Indígena de Riohacha, se llevó a cabo una reunión convocada por la Dirección de Asuntos Indígenas del Municipio de Manaure, con el propósito de reconocer a los miembros de la junta directiva de la asociación WIN WAPULAA WAPUSHA, organización constitutiva en el marco del Contrato No. 001 de 2022 para la construcción e implementación de un proyecto de abastecimiento de agua potable mediante el esquema de pilas públicas en la comunidad de Panchomana. || Para el caso concreto, la presunta vulneración se relaciona con hechos ocurridos en el municipio de Manaure, La Guajira por dos razones: (i) la comunidad Indígena Panchomana tiene su domicilio en el señalado municipio, de acuerdo con la información del acta de la reunión del 11 de febrero de 2026 y, (ii) las entidades frente a las cuales se solicita se emitan ordenes, la Alcaldía de Manaure, ESEPGUA y BIY Manaure Rural, tienen presencia allí. || En ese sentido, la Sala encuentra que el Juzgado 005 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha es competente, por ser la única autoridad en conflicto con competencia territorial para conocer del asunto.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, autoridad, comunidad, competencia, lugar, judicial, territorial, municipio, factor, tradicional]

Auto A-421 de 2026

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[20]. || Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[21] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite o en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y evitar la dilación en la adopción de una decisión. || En efecto, por un lado, el Juzgado 018 Civil Municipal de Oralidad de Medellín sostuvo que carecía de competencia debido a que la presunta vulneración de los derechos del accionante ocurrió en Bogotá y que es en dicha ciudad donde se surten sus efectos. || REMITIR el expediente ICC-5335 al Juzgado 075 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá para que avoque conocimiento de la acción de tutela presentada por el señor José E.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, acción, tutela, bogotá, popular, lugar, corte, civil, territorial, constitucional, sala, conflicto, factor, autoridades]

Auto A-420 de 2026

[Resumen automatizado: Como fundamento de su decisión, el juzgado señaló que, de acuerdo con el artículo 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2017, la Sentencia SU-495 de 2020 y los autos 644 de 2018 y 834 de 2024 de esta Corporación, en virtud del factor subjetivo de competencia en materia de tutelas, cuando una acción de tutela se dirige contra la JEP, le corresponde a esa misma autoridad conocer del asunto. || De una parte, el Juzgado 002 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería señaló que una de las accionadas es la JEP, por lo que la competencia para conocer la tutela recae en el Tribunal para la Paz de dicha jurisdicción. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la decisión del 19 de febrero de 2026 proferida por el Juzgado 002 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería y (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, competencia, jep, paz, sala, parte, tribunal, corte, justicia]

Auto A-419 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto le correspondió por reparto al Juzgado 002 Civil Municipal de Piedecuesta, autoridad judicial que, mediante Auto del 20 de febrero de 2026, se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su remisión a los jueces del circuito de Bucaramanga. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 20 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado 002 Civil Municipal de Piedecuesta, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su reparto ante los jueces del circuito de Bucaramanga, toda vez que afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. || En consecuencia, se advertirá al Juzgado 002 Civil Municipal de Piedecuesta que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia para conocer y tramitar las acciones de tutela que le sean repartidas, con base en argumentos distintos al incumplimiento de los factores de competencia en materia de tutela, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, conocimiento, civil, municipal, asunto, constitucional, corte, autoridad, jueces, magistrado, reparto, lugar, acción]

Auto A-418 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue asignado al Juzgado 039 Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Cuarta, autoridad que, mediante Auto del 18 de febrero de 2026, se abstuvo de asumir conocimiento de la acción de tutela y remitió el expediente por reparto a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. || Efectuado el nuevo reparto, el asunto le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, autoridad que, mediante Auto del 19 de febrero de 2026, resolvió: (i) no avocar conocimiento de la acción de tutela; (ii) proponer conflicto negativo de competencia; y (iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional. || - SAE y que las pretensiones del accionante se orientan a obtener un plazo razonable para la entrega del inmueble, sin que ello genere una colisión con la orden impartida por el Juzgado 002 Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Bogotá. || SEGUNDO: REMITIR el expediente ICC-5326 al Juzgado 039 Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Cuarta, para que, de manera inmediata, tramite y adopte una decisión en la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, bogotá, acción, administrativo, sección, reparto, sala, penal, corte, conflicto, conocimiento, autoridad, asunto, reglas]

Auto A-417 de 2026

[Resumen automatizado: De otra parte, mediante Auto del 17 de febrero de 2026, el Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Apartadó, indicó que la acción de tutela debía ser tramitada por el Juzgado 003 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó, autoridad que inicialmente conoció del asunto, y reiteró que las disposiciones establecidas en el Decreto 333 de 2021 contienen únicamente reglas administrativas de reparto que no permiten a los jueces abstenerse de conocer las acciones de tutela asignadas. || La controversia se originó entre el Juzgado 003 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó y el Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Apartadó, debido a que el primero aplicó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 y la segunda autoridad judicial remitió el asunto a la Corte Constitucional por considerar que el mencionado decreto contiene normas de reparto, las cuales no pueden utilizarse para desprenderse de la competencia. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 16 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado 003 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó; (ii) le remitirá el expediente a esa autoridad judicial para que adopte una decisión; y (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, penal, municipal, conflicto, decreto, reparto, constitucional, corte, acción, autoridad, autoridades]

Auto A-416 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un�conflicto aparente de competencia entre el Juzgado 005 Civil del Circuito de Ibagué y el Juzgado 001 Penal del Circuito de Honda, derivado de las reglas de reparto previstas en el Decreto 1834 de 2015. || Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el auto proferido el 30 de enero de 2026 por el Juzgado 005 Civil del Circuito de Ibagué, (ii) le remitirá el expediente ICC5293 a la referida autoridad judicial, para que,�de manera inmediata, continúe con el trámite y adopte la decisión a que haya lugar, y (iii) se le advertirá que cuando considere que se configura el fenómeno de tutela masiva sustente la identidad de sujeto pasivo, objeto y causa, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, acción, penal, civil, identidad, autoridades, ii, sala, corte, plena]

Auto A-415 de 2026

[Resumen automatizado: En atención a lo expuesto, la mencionada autoridad judicial indicó que, conforme a lo previsto en el artículo 104.4 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de los asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, así como de su seguridad social, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. || Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con lo establecido en los Auto 613 de 2021 y 1426 de 2024 de la Corte Constitucional, corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias derivadas de una relación de trabajo, reconocidas en actos administrativos. || En el Auto 613 de 2021, la Corte Constitucional al resolver un conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado en relación con una demanda ejecutiva, señaló que la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad Laboral, es la competente para conocer de los procesos ejecutivos mediante los cuales se pretende el pago de acreencias derivadas de una relación de trabajo, reconocidas en actos administrativos.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, demanda, conocer, laboral, jurisdicciones, jurisdicción, conflicto, constitucional, administrativo, mediante, anterior, auto, corte, pago, relación]

Auto A-414 de 2026

[Resumen automatizado: Ahora bien, el artículo 18 de la Ley 270 de 1996 establece que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales superiores de distrito judicial resolver los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades judiciales que forman parte de la jurisdicción ordinaria. || En este punto, cabe resaltar que, de acuerdo con el artículo 11 antes citado, la Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad que integra la Jurisdicción Ordinaria y que, al mismo tiempo, de conformidad con los artículos 33[15], 35[16] y 37[17] de la Ley 1708 de 2014, ésta (i) administra justicia de manera permanente en materia de extinción de dominio, durante el juicio; (ii) adelanta el juzgamiento en única instancia de la extinción de dominio de los bienes cuya titularidad recaiga en un agente diplomático y (iii) conoce de los recursos de apelación y de queja interpuestos en contra de los autos proferidos por las Salas de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores, así como de la revisión de las sentencias que se dicten.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, jurisdicciones, penal, jurisdicción, sala, conflicto, garantías, constitucional, judicial, justicia, extinción, dominio, ley, autoridades]

Auto A-413 de 2026

[Resumen automatizado: En esa decisión se unificó la jurisprudencia sobre la materia y se concluyó que, de un lado, conforme a los numerales 2 y 4 del artículo 104 del CPACA: “la jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de las demandas en las que se pretenda (i) la declaratoria de existencia de una relación laboral con una entidad pública a la que la parte demandante aduce haberle prestado servicios personales, a través de un vínculo formal con una empresa, sociedad o entidad que presuntamente habría actuado como simple intermediaria, (ii) cuando la regla general de vinculación de la entidad pública sea la de empleado público y (iii) dentro del trámite no pueda desvirtuarse�prima facie�tal parámetro de vinculación”. || De otro lado, en atención al numeral 4 del artículo 105 del CPACA y al numeral 1 del artículo 2 del CPTSS, se dispuso que: “la jurisdicción ordinaria laboral conocerá de las demandas en las que se pretenda (i) la declaratoria de existencia de una relación laboral con una entidad pública a la que la parte demandante aduce haberle prestado servicios personales, a través de un vínculo formal con una empresa, sociedad o entidad que presuntamente habría actuado como simple intermediaria, (ii) cuando la regla general de vinculación de la entidad pública sea la de trabajadores oficiales y (iii) dentro del trámite no pueda desvirtuarse prima facie tal parámetro de vinculación”.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, jurisdicción, entidad, jurisdicciones, corte, ordinaria, vinculación, pública, competencia, conflicto, asunto, trabajadores, demanda, conocer]

Auto A-412 de 2026

[Resumen automatizado: Recientemente, a través de los autos 1964 de 2025 y 152 de 2026[16], la Sala Plena resolvió unos conflictos entre jurisdicciones que involucraban demandas ejecutivas hipotecarias presentadas por el Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul (FFAMA). || Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena concluye que el entre Juzgado 002 Promiscuo de Aguazul es el competente para conocer la demanda objeto de estudio, y ordenará remitirle el expediente CJU-7474 para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados. || DIRIMIR el conflicto negativo de competencia entre Juzgado 002 Promiscuo de Aguazul y el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Yopal, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 002 Promiscuo de Aguazul es la autoridad competente para conocer la demanda ejecutiva hipotecaria de menor cuantía presentada por el Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul contra Paola Murcia Patrada. || Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7474 al Juzgado 002 Promiscuo de Aguazul para lo de su competencia, y para que comunique esta decisión al Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Yopal y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, jurisdicciones, jurisdicción, conflicto, parte, administrativo, ley, constitucional, auto, sala, pública, plena, ordinaria]

Auto A-411 de 2026

[Resumen automatizado: Luego de librar mandamiento de pago, decretar medidas cautelares, ordenar seguir adelante con la ejecución, liquidar costas y solicitar a las partes la presentación de la liquidación del crédito, el 16 de enero de 2025, la autoridad judicial resolvió declarar su falta de jurisdicción y remitió el expediente a la oficina de reparto de los juzgados administrativos de Yopal, Casanare. || La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 003 Civil del Circuito de Yopal y el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de la misma ciudad, respecto de la jurisdicción que debe conocer la demanda interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare en contra de María Rubiela Velásquez Cárdenas. || La Corte Constitucional ha precisado que en los procesos ejecutivos se resuelve la causa judicial cuando, una vez librado el mandamiento de pago, el auto que ordena seguir adelante la ejecución queda ejecutoriado. || Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7472 al Juzgado 003 Civil del Circuito Judicial de Yopal para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: pago, civil, constitucional, sala, jurisdicciones, proceso, corte, judicial, plena, jurisdicción, conflictos, causa, conflicto, mandamiento]

Auto A-410 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado 001 Civil Municipal de Yopal avocó nuevamente conocimiento del asunto el 10 de octubre de 2023; pero el 28 de noviembre de 2024 declaró carecer de competencia y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos, porque: (i) el artículo 104, numeral 6, de la Ley 1437 de 2011 y los autos 554 y 1280 de 2023 indican que los jueces administrativos conocerán de las demandas ejecutivas que deriven de controversias relacionadas con contratos celebrados con entidades públicas, salvo que se esté ante una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera y que el contrato no corresponda al giro ordinario de los negocios de la entidad, (ii) el IFC no es una entidad financiera autorizada por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; (iii) mediante Auto 1354 de 2024, la Corte Constitucional asignó a los jueces administrativos un proceso ejecutivo, en el que el IFC pretendía el pago de un título valor del cual no se sabía si provenía de un contrato estatal. || En su opinión: (i) el juez civil omitió que la demanda trata de una acción de enriquecimiento sin causa (in rem verso) cambiara y no de un proceso ejecutivo; (ii) esta acción está regulada en el artículo 882 del Código de Comercio y opera cuando el acreedor deja vencer un título valor; (iii) el Consejo de Estado ha indicado que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de esta acción si la demandada es una entidad pública; y, (iv) en este caso, los demandados son particulares, por lo que no aplica la regla del Consejo de Estado.] - [Palabras claves automatizadas: corte, enriquecimiento, acción, conocer, contrato, valor, jurisdicciones, título, competencia, constitucional, jurisdicción, conflicto, entidad, causa, municipal, administrativo]

Auto A-409 de 2026

[Resumen automatizado: El 27 de enero de 2025 se realizó el reparto y el asunto le correspondió al Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Yopal, el cual, mediante auto del 16 de diciembre de 2025, declaró su falta de jurisdicción para conocer el proceso y ordenó que el expediente se remitiera a la Corte Constitucional. || El juez administrativo consideró que en virtud de los artículos 104 y 105 del CPACA y 15 del CGP (Código General del Proceso) y de la regla de decisión fijada por la Corte Constitucional en el Auto 1092 de 2023 “como este asunto comporta un escenario dentro del marco de un proceso ejecutivo hipotecario iniciado por el IFC en contra del señor JAIRO PEREZ MALAGON […] es el Juez Ordinario en su especialidad civil el competente para conocerlo”. || En conclusión, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha decidido que cuando se trata de procesos hipotecarios en favor de una entidad pública, como su origen radica en un derecho real, la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente, en el marco de su competencia general y residual. || “De conformidad con el artículo 15 del Código General del Proceso, la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer de los procesos ejecutivos hipotecarios en los que haga parte una entidad pública.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, corte, administrativo, competencia, jurisdicciones, constitucional, civil, no, conflicto, municipal, conocer, ordinaria, magistrado, pública]

Auto A-408 de 2026

[Resumen automatizado: El juez administrativo señaló que, aunque la controversia versaba sobre el recobro de servicios, medicamentos, insumos y procedimientos no incluidos en el POS/PBS, y el Auto 389 de 2021 de la Corte Constitucional atribuyó este tipo de asuntos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; la competencia ya había sido definida con anterioridad por el Consejo Superior de la Judicatura. || Lo anterior, por cuanto: (i) dos autoridades pertenecientes a distintas jurisdicciones - la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 006 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá - declararon su falta de competencia para conocer del proceso; (ii) existe una causa judicial concreta que dio origen a la controversia, consistente en la demanda presentada por EPS Sanitas S.A. y Colsanitas S.A. contra el Ministerio de Salud y Protección Social; y (iii) ambas autoridades fundamentaron su decisión en disposiciones normativas y jurisprudenciales, particularmente en la aplicación de la regla fijada en el Auto 389 de 2021 y en la eventual configuración del fenómeno de cosa juzgada.] - [Palabras claves automatizadas: auto, competencia, sala, superior, bogotá, jurisdicción, administrativo, judicial, constitucional, conflicto, corte, laboral]

Auto A-407 de 2026

[Resumen automatizado: 4. El asunto fue repartido al Juzgado 004 Civil Municipal de Yopal que en Auto del 30 de abril de 2025 declaró la falta de jurisdicción y ordenó la remisión del expediente a los juzgados administrativos de Yopal, Casanare. || Adicionalmente, citó los autos 609 y 693 de 2023 de la Corte Constitucional que señalan que en las controversias derivadas de pagarés en donde es parte el IFC, la competencia recae en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en atención a que el instituto no está sujeto a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. || 9. La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante el en el Auto 1769 de 2025, resolvió un conflicto de jurisdicciones suscitado entre un juzgado ordinario civil y otro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que tuvo lugar en un�proceso ejecutivo promovido por el IFC en contra de determinados particulares, con el fin de hacer efectivo un título valor que le fue endosado. || "La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil, será competente para conocer los procesos ejecutivos en los que se pretende ejecutar un título valor que fue endosado a un tercero, independientemente de la naturaleza del contrato por el cual se originó el titulo valor y de las partes que suscribieron el endoso.] - [Palabras claves automatizadas: título, jurisdicción, valor, casanare, civil, conflicto, conocer, corte, magistrado, decisión, auto, demanda, constitucional, asunto, competencia, jurisdicciones]

Auto A-406 de 2026

[Resumen automatizado: Con fundamento en el artículo 104 del CPACA y en los Autos 1027 de 2021, 1871 de 2024 y 527 de 2025 de la Corte Constitucional, sostuvo que cuando el litigio no se presenta entre las mismas partes que suscribieron el contrato estatal y el título ha sido endosado, opera la autonomía del título valor y la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. || El despacho sustentó su decisión al concluir que la ejecución del pagaré promovida por el IFEY deriva de un contrato estatal de mutuo celebrado por una entidad pública, lo que activa la cláusula de competencia del artículo 104 del CPACA y la regla jurisprudencial de la Corte Constitucional según la cual los procesos ejecutivos originados en títulos valores vinculados a contratos estatales deben ser conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || Se reitera la regla de decisión del Auto 1769 de 2025: “La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil, será competente para conocer los procesos ejecutivos en los que se pretende ejecutar un título valor que fue endosado a un tercero, independientemente de la naturaleza del contrato por el cual se originó el titulo valor y de las partes que suscribieron el endoso.] - [Palabras claves automatizadas: casanare, jurisdicción, título, competencia, valor, corte, conflicto, conocer, administrativo, competente, constitucional, proceso, contrato]

Auto A-405 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado || Como pretensiones, la parte actora solicitó declarar “la nulidad de las matrículas inmobiliarias y catastrales (…) así como de las demás actuaciones necesarias para que se dejen sin efecto las escrituras públicas por medio de las cuales se realizó la venta de los bienes inmuebles en mención” y que, como consecuencia de ello, se oficiara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de Cúcuta y a las notarías respectivas para que cancelaran la anotación de las matrículas demandadas. || Con fundamento en lo anterior, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante Auto del 11 de diciembre de 2025, declaró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no era la competente para conocer del asunto, propuso conflicto negativo entre jurisdicciones y remitió el expediente a la Corte Constitucional para resolver la colisión suscitada.] - [Palabras claves automatizadas: sala, competencia, jurisdicción, nulidad, corte, auto, judicial, asunto, plena, jurisdicciones, tribunal, consecuencia, parte, distrito, proceso, superior, contenido, pública]

Auto A-404 de 2026

[Resumen automatizado: Ese despacho consideró que, en virtud de los artículos 104 y 105 de la Ley 1437 de 2011 y los autos 492 de 2021 y 1169 de 2024 de la Corte Constitucional, el asunto le corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral porque la demanda tiene como objeto declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes. || La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. || El Juzgado 009 Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo es el competente para conocer la causa judicial bajo examen, en aplicación de la regla de decisión contenida en el Auto 783 de 2023 y que la Sala reitera en esta oportunidad, por las siguientes razones. || Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7439 al Juzgado 009 Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia al Juzgado 002 Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre, y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: ley, competencia, san, jurisdicción, asunto, jurisdicciones, demanda, regla, conflicto, administrativo, corte, instituciones, vínculo, educativa, constitucional, contencioso]

Auto A-403 de 2026

[Resumen automatizado: La empresa Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. instauró demanda ordinaria laboral contra el Departamento Norte de Santander, con miras a obtener el pago de las cuotas partes adeudadas por concepto de las mesadas pensionales canceladas a nueve trabajadores que prestaron sus servicios a diferentes entidades pertenecientes al ente territorial, así como de los valores derivados de las sustituciones pensionales a las que hubo lugar y los intereses correspondientes. || Con base en las anteriores consideraciones, en el Auto 234 de 2025, la Corte fijó la siguiente regla de decisión: “[l]a Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral es la competente para resolver las demandas promovidas contra una entidad pública en relación con la asignación de una cuota parte pensional en favor de la demandante, cuando a quien se le reconoció la pensión, al momento de causar el derecho, (i) fuere un trabajador independiente o privado, con independencia de la naturaleza de la administradora de pensiones o (ii) fuere un trabajador oficial cuya administradora de pensiones sea una entidad pública”.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, jurisdicciones, partes, pensión, entidad, corte, jurisdicción, pensionales, ordinaria, constitucional, pública, conflicto, empresa, conocer, competente, momento]

Auto A-402 de 2026

[Resumen automatizado: Asimismo, refirió el Auto 120 de 2024 que reiteró la regla establecida del Auto 316 de 2021, según la cual: “[c]uando la administración demanda un acto propio en materia de seguridad social en pensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el conocimiento del asunto será competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011”. || La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Tribunal Superior de Medellín, Antioquia, Sala Primera de Decisión Laboral y el Juzgado 033 Administrativo de Oralidad del Circuito de la misma ciudad, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda ordinaria laboral interpuesta por�la señora Teresita de Jesús Arango Castrillón en contra de Colpensiones. || Particularmente, en el caso de demandas que solicitan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en el Auto 954 de 2021 la Sala Plena concluyó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer controversias derivadas de la seguridad social, únicamente, cuando concurran los dos factores establecidos en el artículo 104.4 del CPACA: (i) la calidad de empleado público del causante de la prestación y (ii) “que una persona de derecho público administre el régimen [de seguridad social] que le es aplicable”.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, competencia, proceso, ordinaria, sala, derecho, laboral, administrativo, jurisdicciones, contencioso, pensional, superior, corte, seguridad, pensión]

Auto A-401 de 2026

[Resumen automatizado: Así, afirmó que: (i) si bien el procesado acreditó su pertenencia al Resguardo, la víctima no es miembro de este; (ii) el factor territorial no se cumple porque los hechos sucedieron en el perímetro urbano de Ipiales, un territorio ajeno a los límites geográficos del Resguardo solicitante; (iii) no se acreditó el factor objetivo pues el delito de violencia intrafamiliar es de especial nocividad para la cultura mayoritaria y la autoridad indígena no explicó cómo su cosmovisión y derecho propio comprenden, juzgan y reparan este tipo de delitos; y, (iv) no se acreditó el factor institucional porque no se demostró la existencia de un sistema de justicia propio con procedimientos claros, sanciones específicas para el delito, o mecanismos que garanticen los derechos de una víctima no indígena.] - [Palabras claves automatizadas: comunidad, indígena, víctima, proceso, jurisdicción, autoridades, factor, corte, derecho, especial, autoridad, hechos, territorial, conflicto]

Auto A-400 de 2026

[Resumen automatizado: En auto dictado en audiencia el 6 de noviembre de 2025, la referida autoridad judicial resolvió “aceptar la solicitud del conflicto de competencia positivo entre el Juzgado [002] Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y la Jurisdicción Indígena del territorio Arhuaco Casa de Gobierno Blanca”. || Al respecto, el juez determinó que “se cumplen(sic) con los presupuestos, elementos y factores que tiene en cuenta la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria e indígena” y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a la jurisdicción especial indígena del territorio Arhuaco Casa de Gobierno Blanca. || Aun cuando en la presente providencia se adopta una decisión inhibitoria por la falta de acreditación del factor subjetivo, de manera excepcional y atendiendo a las particularidades del caso concreto, la Sala Plena efectuará consideraciones adicionales sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en función de los derechos prevalentes de la presunta víctima, teniendo en cuenta que la causa judicial está relacionada con un caso de violencia sexual en contra de una niña.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, asunto, autoridades, competencia, jurisdicción, niños, interés, jurisdicciones, derechos, corte, adolescentes, sala, proceso, conflicto, superior, penal, niñas]

Auto A-399 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado 4° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali (Valle del Cauca), expidió el Auto No. 0296 del 26 de junio de 2025, en el cual inadmitió la tutela de Sandra, teniendo en cuenta que ésta: i) no especificó la calidad en la que actúo la señora Marcela, ii) no presentó la manifestación bajo la gravedad de juramento del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, iii) no incluyó el número de documento de identidad de la accionante, y vi) no adjuntó la prueba que acredita la desafiliación por parte de SOS EPS COMFANDI. || REQUERIR a Sandra para que, dentro de los dos (02) días hábiles contados desde la notificación de este auto (i) remita una fotocopia o scanner de su documento de identidad; (ii) informe si la señora Marcela actúa en calidad de accionante o agente oficiosa en la tutela interpuesta; (iii) envíe la comunicación o el documento en el que se le informó que se suspendió su afiliación con la SOS EPS COMFANDI, en calidad de beneficiaria del señor Ricardo, y los argumentos que motivaron dicha decisión; (iv) remita la historia clínica, donde conste el diagnóstico actual y el tratamiento que debe seguir.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, corte, ii, en, juez, expediente, días, constitucional, decreto, si, i, sala]

Auto A-398 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, el demandante presentó un derecho de petición ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para que avalara el uso de la lista de elegibles de ascenso de la Convocatoria 2498, con el fin de proveer los cargos vacantes identificados por la Secretaría de Gobierno de Bogotá. || Mediante sentencia del 22 de octubre de 2025, la Sala Séptima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela del accionante y, en su lugar, amparó de manera transitoria sus derechos y ordenó que la Comisión Nacional del Servicio Civil, junto con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, nombraran a David Camilo Cahuana Martínez en periodo de prueba en el cargo de Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría, Código 233, Grado 23. || Por estas razones, la Corte denegará la solicitud de medida provisional presentada por David Camilo Cahuana Martínez para que se ordenara a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá que en cuarenta y ocho (48) horas expidiera el acto administrativo de nombramiento en período de prueba del accionante, en el cargo de Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1.ª Categoría, Código 233, Grado 23.] - [Palabras claves automatizadas: secretaría, bogotá, tutela, civil, gobierno, sentencia, medida, comisión, derecho, provisional, medidas, elegibles, lista, servicio, instancia, nacional]

Auto A-397 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Acciones de tutela interpuestas por: (i) Martha, en nombre propio y en representación de su hijo Álvaro, contra la EPS Sanitas, la ARL Positiva, la Juez Penal del Circuito de Ámbar, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura Seccional Meta, la Coordinación de Bienestar Social y Salud Ocupacional Seccional Villavicencio, el COPASST Seccional Villavicencio, el Comité Paritario de Salud Ocupacional Nacional, la Unidad de Administración de Carrera, Carmelo y Angélica; y (ii) Teresa, como agente oficiosa de su hermano Luis, contra el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Departamental del Oliva Oficina Jurídica, la EPS Emcosalud y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG || Teresa, actuando como agente oficiosa de su hermano, Luis, presentó acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Departamental del Oliva Oficina Jurídica, Emcosalud y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales, en especial, su derecho a la estabilidad laboral reforzada, por la declaratoria de vacancia de su cargo mientras se encontraba hospitalizado en una clínica de salud mental.] - [Palabras claves automatizadas: salud, proceso, información, acción, protección, secretaría, laboral, decisión, tutela, derecho, cargo, medida, vacancia, i, provisional, medidas, ii]

Auto A-396 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien la preside, y por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, dicta el presente auto, con base en los siguientes: || ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este Auto, haga una visita en cada uno de los lugares donde están asentadas las comunidades Yukpa en los municipios de Cúcuta, El Tarra, Tibú y Teorama para informar a sus integrantes sobre los derechos que tendrían como víctimas de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, en el evento en el que la UARIV los reconozca como tal, así como los trámites que deben realizar para que puedan ser receptores de ayuda humanitaria de emergencia culturalmente adecuada. || Aunque la solicitud remitida por la UARIV el 19 de febrero de 2026 no se presenta como una de aclaración, la Sala Quinta concluye que tiene esta naturaleza a partir de su objetivo principal: que la Corte precise el alcance de la expresión “coordinación con Yukpaojetaw y las autoridades caciques de cada comunidad” para el debido cumplimiento del resolutivo cuarto del Auto 083 de 2026.] - [Palabras claves automatizadas: auto, sala, solicitud, comunidades, corte, ministerio, autoridades, constitucional, derechos, tutela, interior, medidas, cumplimiento, la]

Auto A-395 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional[1], en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, resuelve la solicitud de aclaración o de modulación de la Sentencia T-360 de 2025, presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). || Cuando dicha orden es adoptada en sede de revisión por la Corte Constitucional, según lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, la decisión debe ser comunicada inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta. || En el Auto 1239 de 2024 la Corte definió que las modificaciones efectuadas por el juez de primera instancia deben seguir rigurosamente las siguientes reglas: (i) la facultad de modificación debe ejercerse con la finalidad precisa de lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. || El juez de primera instancia debe tener en cuenta que, mientras la�decisión�de amparo del derecho fundamental es inmutable, las�órdenes�adoptadas para asegurar su protección pueden ser moduladas por él, como juez competente respecto del cumplimiento, aun cuando dichas órdenes hayan sido proferidas por la Corte Constitucional en la medida de lo estrictamente necesario[22].] - [Palabras claves automatizadas: corte, juez, tutela, órdenes, cumplimiento, sentencia, constitucional, decisión, debe, solicitud, fallo, en, sala]

Auto A-394 de 2026

[Resumen automatizado: Con fundamento en estas consideraciones, el señor Goniez Peña formuló las siguientes pretensiones: (i) dejar sin efectos la Resolución 20157090008076 del 5 de octubre de 2015 “Por medio del cual se decide una deportación de territorio colombiano”; y (ii) ordenar a Migración Colombia que, en caso de que encuentre causa vigente sobre los hechos del 5 de octubre del 2015, “emita un acto administrativo que dé inicio a la actuación administrativa migratoria que haya lugar en [su] contra con las garantías plenas al debido proceso en cada una de sus etapas”. || El 15 de diciembre de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió al despacho de la suscrita magistrada un escrito mediante el cual Manuel Alejandro Goniez Peña presentó solicitud de (i) aclaración y adición y (ii) nulidad contra la sentencia T-357 de 2025. || En la presente sección, la Sala Plena examinará si las solicitudes de nulidad, aclaración y adición que formuló Manuel Alejandro Goniez Peña cumplen los requisitos formales establecidos por la jurisprudencia constitucional. || La Sala Plena considera que, por las razones que a continuación se exponen, las solicitudes de aclaración, adición y nulidad presentadas por Manuel Alejandro Goniez Peña no satisfacen el requisito de carga argumentativa.] - [Palabras claves automatizadas: sala, corte, sentencia, solicitudes, nulidad, colombia, solicitud, sanción, plena, constitucional, jurisprudencia]

Auto A-393 de 2026

[Resumen automatizado: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para resolver las solicitudes de nulidad que se presenten contra las actuaciones adoptadas por esta Corporación en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. || Recientemente, en el Auto 838 de 2025, la Sala Plena identificó los siguientes presupuestos formales para invocar la nulidad dentro de un proceso de constitucionalidad abstracto: (i) para estar legitimado en la causa el solicitante debe ostentar la calidad de accionante, ministerio público, interviniente o autoridad vinculada en calidad de ponente o con iniciativa en la expedición de la norma objeto de control; (ii) la solicitud de nulidad procesal será oportuna si es alegada antes de la sentencia o dentro del término de ejecutoria del auto en el cual presuntamente se origina la nulidad; (iii) es manifiestamente improcedente cuando se dirige contra autos de trámite y (iv) debe contar con una carga argumentativa calificada y exigente, en atención a su carácter excepcional, de tal forma que “quien solicita la nulidad debe explicar de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión”.] - [Palabras claves automatizadas: corte, nulidad, proceso, constitucional, cosa, juzgada, control, constitucionalidad, debido, auto, decretos, decreto]

Auto A-392 de 2026

[Resumen automatizado: En ese sentido, afirmó que, de acuerdo con lo expuesto en la Sentencia C-179 de 1994, no resulta procedente la suspensión provisional de los decretos legislativos dictados en estados de excepción dentro del proceso de control constitucional, por cuanto ello vulnera la Constitución. || En esa oportunidad se expuso que “[e]n ese orden de ideas, se observa que ni las disposiciones constitucionales, ni el decreto en cita, establecen la procedencia del recurso de reposición en contra de los autos que dicta la Sala Plena de la Corte Constitucional, al resolver las solicitudes de nulidad que se presentan en contra de las sentencias que dicta, y en la medida en que aquellas no prevén la remisión a ningún otro ordenamiento, el recurso en cita no es procedente contra aquellas decisiones”. || En primer lugar, se advierte que los recursos de reposición y de súplica no están previstos en el Decreto 2067 de 1991, ni en el Acuerdo 01 de 2025, ni han sido reconocidos por la jurisprudencia constitucional como mecanismos procedentes para controvertir decisiones como la adoptada en el Auto 082 de 2026. || En autos recientes, los magistrados de esta Corporación, en seguimiento de dicha línea, han dispuesto que las decisiones mediante las cuales se resuelven solicitudes de suspensión provisional de normas no son susceptibles de ser controvertidas mediante recurso alguno.] - [Palabras claves automatizadas: recurso, corte, recursos, auto, sala, decreto, en, plena, suspensión, alguno, provisional, reposición]

Auto A-391 de 2026

[Resumen automatizado: En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 104 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 01 de 2025), la Sala Plena procede a resolver una solicitud de aclaración presentada respecto del Auto 082 de 2026, con fundamento en los siguientes: || En concreto, manifestó que su requerimiento tiene como finalidad que la Corte precise el alcance temporal del término "inmediatez" contenido en la parte resolutiva de dicha providencia, en particular, el momento exacto a partir del cual deben entenderse producidos los efectos jurídicos de la decisión. || No obstante, con fundamento en el artículo 285 del CGP, la Sala Plena ha admitido la procedencia excepcional de la solicitud de aclaración de sus providencias, entre ellas, las proferidas en ejercicio de control abstracto, cuando fuere necesario para dilucidar cuestiones que en realidad generan duda o confusión sobre el sentido de la parte resolutiva o de apartes de la providencia que resulten determinantes para la decisión. || Corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional analizar la procedibilidad de la solicitud de aclaración del Auto 082 de 2026 presentada por la señora Sara Juliana Valbuena Silva.] - [Palabras claves automatizadas: plena, decisión, corte, providencia, constitucional, solicitud, parte, sala, auto, efectos, magistrado]

Auto A-390 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: examen de pertinencia de la solicitud de recusación formulada por Duverney Ardila Germán de Ribón contra el magistrado Vladimir Fernández Andrade para participar en el proceso de la referencia || En esta oportunidad le corresponde a la Sala Plena resolver sobre la pertinencia de la recusación formulada por el ciudadano Duverney Ardila Germán de Ribón contra el magistrado Vladimir Fernández Andrade para participar en la decisión del expediente RE-387. || En segundo lugar, este Tribunal observa que la solicitud de recusación en contra del magistrado Vladimir Fernández Andrade cumple parcialmente con el requisito de oportunidad. || Ahora bien, en cuanto a la situación de recusación que el ciudadano identificó como "prejuzgamiento", la Corte encuentra que se cumple el requisito de oportunidad, porque esta, según el escrito, ocurrió cuando el magistrado Vladimir Fernández Andrade salvó el voto frente a la decisión adoptada en el Auto 082 de 29 de enero de 2026 que suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1390 de 2025. || RECHAZAR por falta de pertinencia ante el incumplimiento de los requisitos de oportunidad y carga argumentativa la solicitud de recusación formulada por el ciudadano Duverney Ardila Germán de Ribón contra el magistrado Vladimir Fernández Andrade.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, ciudadano, decreto, solicitud, constitucionalidad, corte, sala, plena, interés, causal, control, decisión, enero]

Auto A-389 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: examen de pertinencia de la recusación formulada por Carlos Quintero contra los magistrados y las magistradas que componen la Sala Plena de la Corte Constitucional || El señor Carlos Quintero presentó solicitud de recusación en contra de los magistrados de la Corte "en pleno abstenerse de conocer para su decisión definitiva el fallo de inconstitucionalidad decreto (sic) de emergencia económica, las razones que expreso (sic) para declarar su impedimento es el conflicto de intereses ya que los magistrados que van a fallar del decreto (sic) en mención se van a perjudicar o beneficiar, ya que el decreto contiene una prima de 16 millones que afectará sus ingresos mensuales. || 3. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir sobre las solicitudes de recusaciones formuladas contra los magistrados que la integran, según lo establecido en el capítulo V del Decreto Ley 2067 de 1991, y en los artículos 5 -literal j- y 94 del Acuerdo 01 del 2025. || En esta oportunidad le corresponde a la Sala Plena resolver sobre la pertinencia de la solicitud de recusación formulada por el señor Carlos Quintero contra los magistrados y las magistradas de la Corte Constitucional para participar en la decisión del expediente RE-387. || RECHAZAR, por falta de pertinencia, la recusación presentada por el señor Carlos Quintero dentro del proceso RE-387 en contra de los magistrados y las magistradas de la Corte Constitucional, debido a que no se cumple el requisito de legitimación.] - [Palabras claves automatizadas: corte, magistrados, constitucionalidad, constitucional, solicitud, proceso, sala, decreto, plena, magistrado, dentro]

Auto A-388 de 2026

[Resumen automatizado: No habiendo lugar a imaginar siquiera que obliga por el hecho de que fue adoptada por la Corte Constitucional, cuando nuestro ordenamiento jurídico solo prevé la obligatoriedad de sus decisiones en relación con las sentencias que adopte en ejercicio de las atribuciones que le confiere expresamente la Constitución; aunado a lo anterior, menos aún se logra precisar si contra tal decisión de suspensión procede algún tipo de recurso ordinario o extraordinario, distinto a este medio de nulidad; tampoco se conoce cuál es la oportunidad procesal dentro de la que la Corte está habilitada para pronunciarse sobre la suspensión, si antes de admitir la demanda o durante el procedimiento; todo ello forma parte de una estructura normativa en cuanto a la facultad que radica en cabeza del Congreso de la República, en desarrollo de la cláusula exclusiva de competencia que le confiere los numerales 1 y 2 del artículo 150 constitucional. || En esta oportunidad le corresponde a la Sala Plena resolver sobre la pertinencia de la solicitud de recusación formulada por el señor Raymundo Francisco Marenco Boekhdout contra los magistrados y las magistradas de la Corte Constitucional para participar en la decisión del expediente RE-387.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucionalidad, constitucional, magistrados, sala, proceso, solicitud, plena, decreto, magistrado, en]

Auto A-387 de 2026

[Resumen automatizado: 5. El 9 de febrero de 2026, el magistrado Miguel Polo Rosero profirió un auto que suspendió los términos en el expediente de la referencia hasta tanto la Sala Plena "adopte y notifique una decisión sobre la recusación". || 7. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir la pertinencia de la recusación formulada contra el magistrado Miguel Polo Rosero en un proceso de constitucionalidad, de conformidad con el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 94 del Reglamento Interno de esta Corporación (Acuerdo 01 de 2025). || En ese sentido, la manifestación de transparencia del magistrado Miguel Polo Rosero no puso de presente alguna de las causales de impedimento previstas en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991. || Finalmente, tal como se indicó en la mencionada manifestación de transparencia, en el Auto 2033 de 2025 la Corte Constitucional declaró infundado un impedimento del magistrado Miguel Polo Rosero para conocer otra demanda en contra de la Ley 1333 de 2009. || Por lo anterior, la recusación que formularon los demandantes contra el magistrado Miguel Polo Rosero no es pertinente.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, sala, transparencia, plena, corte, demanda, manifestación, constitucional, decreto, ponente]

Auto A-386 de 2026

[Resumen automatizado: En consideración a lo anterior, pidió al accionante que (i) explicara “por qué contratar (por selección objetiva) con las entidades territoriales, o con sus organismos, se integra al ámbito de los derechos políticos reconocidos en los artículos 40 de la Constitución y 23 de la CADH”; (ii) justificara “la intensidad del juicio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando se analiza la constitucionalidad de una incompatibilidad, se aplica un escrutinio leve por regla general”; (iii) formulara “razones constitucionales para fundamentar las afirmaciones que no justificó, conforme a lo señalado en el considerando 31 de esta providencia”; y (iv) explicara “por qué la norma es desproporcionada a partir de los diferentes elementos e ingredientes que prevé la disposición”. || Finalmente, el señor López Suárez consideró que el auto de rechazo incurrió en un tercer error[13] al concluir que se incumplió el requisito de suficiencia “bajo el argumento de que la supuesta falta de especificidad impediría iniciar el debate constitucional y despertar una duda mínima” sobre la conformidad del texto censurado con las normas superiores relacionadas como vulneradas.] - [Palabras claves automatizadas: corte, demanda, en, recurso, norma, constitucional, interpretación, rechazo, inconstitucionalidad, intereses, sala, juicio, ciudadano, disposición, suficiencia]

Auto A-385 de 2026

[Resumen automatizado: Finalmente, en el auto de admisión se afirmó que la demanda carecía de (i) claridad, pues no permitía identificar con precisión el alcance del reproche, esto es, si se dirigía contra todo el texto de la Ley 581 de 2000 o, como se afirmaba en otros apartes, exclusivamente contra sus artículos 1º, 4º y 13; (ii) certeza, porque los cargos formulados se estructuran sobre una omisión legislativa absoluta y no en una confrontación directa y verificable con el contenido normativo de las disposiciones demandadas; (iii) especificidad, puesto que no exponía razones concretas y diferenciadas que permitieran comprender, con un mínimo de precisión, de qué manera el artículo 1° de la Ley 581 de 2000 vulneraría las normas superiores invocadas; (iv) pertinencia, en tanto los reproches se estructuraban principalmente sobre consideraciones de política pública, conveniencia legislativa y valoraciones subjetivas sobre cómo debería regularse la participación de determinados grupos poblacionales y no sobre un contraste normativo de carácter constitucional; y (v) suficiencia, puesto que los argumentos expuestos no tenían la entidad necesaria para suscitar una duda mínima sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, personas, ley, corte, rechazo, mujeres, en, sentencia, legislativa, cargo, participación, recurso, cargos, auto, omisión, artículos]

Auto A-384 de 2026

[Resumen automatizado: En cuarto lugar, el magistrado Miguel Polo señaló que el cargo relativo a la vulneración del mandato constitucional de proteger el salario y el mínimo vital no cumplía los requisitos de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia[20], porque el actor no analizó si en el ordenamiento existían límites aplicables a las retenciones[21] y ello impidió evaluar si la facultad del Icetex era absoluta. || Como se expuso, del escrito allegado por el ciudadano es posible identificar seis argumentos a saber: (i) error estructural por falta de aplicación del principio pro actione y desconocimiento del principio democrático de la acción pública de inconstitucionalidad; (ii) error estructural por la supuesta omisión del parámetro de constitucionalidad contenido en el artículo 121 superior; (iii) error por omitir analizar el bloque de constitucionalidad; (iv) error por considerar que el control judicial posterior puede atenuar los efectos de la norma; (v) error por condicionar la certeza de la demanda a la definición de la vigencia de la norma; y (vi) error por establecer el consentimiento contractual como el argumento central de la inadmisión. || Ahora bien, la Sala encuentra que los cuestionamientos relacionados con el (v) error por condicionar la certeza de la demanda a la definición de la vigencia de la norma; y el (vi) error por establecer el consentimiento contractual como el argumento central de la inadmisión deben ser analizados de fondo porque son transversales a los cargos y cuestionan las razones del magistrado sustanciador para adoptar su decisión en el auto recurrido.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, efectos, magistrado, control, judicial, rechazo, norma, constitución, corte, ciudadano, requisitos, recurso, respecto]

Auto A-383 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante auto del 18 de julio de 2025, el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño rechazó las demandas contenidas en los 24 expedientes[17], por incompetencia manifiesta de la Corte para adelantar su estudio. || La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para resolver los recursos de súplica sobre las decisiones de rechazo de demandas de inconstitucionalidad, con base en el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991 y en el artículo 49 del Acuerdo 01 de 2025[32]. || La jurisprudencia constitucional se ha referido a la circunstancia de la sustracción de materia indicando que, cuando los preceptos demandados ya no forman parte del ordenamiento jurídico por haber sido expresamente derogados, el objeto sobre el cual recaería el pronunciamiento de esta Corte desaparece y pierde sentido la acusación de la norma que ha dejado de regir, pues no estaría en condiciones de quebrantar la Constitución[34]. || La jurisprudencia constitucional se ha referido a la circunstancia de la sustracción de materia indicando que, cuando los preceptos demandados ya no forman parte del ordenamiento jurídico por haber sido expresamente derogados, el objeto sobre el cual recaería el pronunciamiento de esta Corte desaparece y pierde sentido la acusación de la norma que ha dejado de regir, pues no estaría en condiciones de quebrantar la Constitución[34].] - [Palabras claves automatizadas: demandas, corte, expediente, decreto, junio, constitucional, objeto, plena, auto, materia, recursos, sala, trámite, ciudadana, gobierno, decisión]

Auto A-382 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Samacá sustentó su falta de competencia en dicho factor indicando que, en la medida que el recurso de apelación se encuentra dirigido a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la ciudad de Bucaramanga, corresponde al juez de circuito de esa ciudad conocer de la presente acción de tutela, por ser este el lugar "donde se producen los efectos de la presunta vulneración" de los derechos fundamentales, según lo expuesto en la solicitud de amparo y en los documentos que la acompañan[21]. || En segundo lugar, tras revisar el escrito de petición, la Sala Plena observa que la accionante tiene su residencia y domicilio en el municipio de Samacá, lugar desde el cual promovió la acción constitucional y donde se proyectan los efectos de la presunta vulneración de sus derechos. || En consecuencia, la Sala Plena dejará sin efectos�el Auto del 4 de marzo de 2026, proferido por el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Samacá y remitirá el expediente ICC-5345 a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, corte, lugar, constitucional, competencia, domiciliarios, superintendencia, servicios, territorial, públicos, sala, efectos, expediente, acción, derechos, factor]

Auto A-381 de 2026

[Resumen automatizado: Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales, tal y como lo precisó la Sala Plena en el auto 550 de 2018. || De una parte, el Juzgado 009 Administrativo de Popayán declaró su incompetencia al estimar que la presunta vulneración y sus efectos ocurren en el municipio de Argelia (Cauca), al estimar que corresponde al lugar de residencia del adolescente y donde además se habían redireccionado las solicitudes administrativas.] - [Palabras claves automatizadas: lugar, autoridades, competencia, efectos, territorial, derechos, factor, asunto, tutela, marzo, adolescente, sala, parte, administrativo, corte, conocimiento, conflicto]

Auto A-380 de 2026

[Resumen automatizado: En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 26 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ulloa; (ii) le remitirá el expediente para que adopte una decisión y (iii) le advertirá que en lo sucesivo se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015. || Además, (iv)�le advertirá a esta autoridad que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996�y la jurisprudencia constitucional. || ADVERTIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Ulloa que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en análisis preliminares del asunto o las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y sus decretos modificatorios. || ADVERTIR�al Juzgado Promiscuo Municipal de Ulloa�que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, decreto, conflicto, autoridad, municipal, plena, reglas, sala, reparto, conocimiento, acción, corte]

Auto A-379 de 2026

[Resumen automatizado: Por reparto, el proceso fue asignado a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia la cual, a través de Auto del 19 de diciembre de 2025, resolvió rechazar la tutela y remitir el expediente a la oficina de reparto del Consejo de Estado.[9] Al respecto, esta autoridad judicial declaró su falta de competencia con base en lo dispuesto en el inciso 2°, numeral 8° del artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1. || El asunto fue repartido a la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado la cual, a través de Auto del 13 de febrero de 2026, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para dirimir la colisión suscitada.[11] Esta autoridad judicial refirió que, los decretos 1382 de 2000 y 1069 de 2015, así como sus modificaciones, son reglas de reparto de las tutelas, más no de competencia. || Así, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala considera que le corresponde a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, resolver la acción de tutela presentada por la señora Gloria Patricia Díaz Rodríguez, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto.] - [Palabras claves automatizadas: corte, tutela, sala, acción, constitucional, competencia, decreto, justicia, casación, conocimiento]

Auto A-378 de 2026

[Resumen automatizado: Efectuado el nuevo reparto, el asunto le correspondió al Juzgado 005 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, autoridad judicial que, mediante Auto del 27 de febrero de 2026, decidió no avocar el conocimiento de la acción, proponer el conflicto negativo de competencia, y remitir las diligencias a la Corte Constitucional para que lo dirimiera. || Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 003 Administrativo de Medellín se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por Edwin Yesid Rico Palacio, con fundamento en reglas de reparto, a pesar de que estas no desplazan su competencia para fallar la acción constitucional. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 26 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado 003 Administrativo de Medellín, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su remisión a la oficina judicial de Medellín para su reparto a los jueces municipales, toda vez que desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido explícito del parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y se afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, conocimiento, constitucional, corte, magistrado, reparto, sala, administrativo, acción, judiciales, corresponde, reglas]

Auto A-377 de 2026

[Resumen automatizado: De otra parte, mediante Auto del 25 de febrero de 2026, el Juzgado 075 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C. señaló que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y en el Decreto 333 de 2021 establecen únicamente reglas de reparto y no de competencia en materia de acciones de tutela, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 19 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado 006 Civil del Circuito de Bogotá D.C.; (ii) le remitirá el expediente a esa autoridad judicial para que adopte una decisión; y (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021. || Por último, (iv) le advertirá al Juzgado 075 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y conforme la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, tutela, competencia, acción, corte, decreto, reparto, civil, autoridad, constitucional, sala, conflicto, reglas]

Auto A-376 de 2026

[Resumen automatizado: Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 017 Administrativo Oral de Bogotá - Sección Segunda se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada con sustento en reglas de reparto, a pesar de que ellas no desplazan su competencia para resolver la acción constitucional. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el auto del 20 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado 017 Administrativo Oral de Bogotá - Sección Segunda, mediante el cual, se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción de tutela impetrada por la parte accionante, toda vez que se desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido explícito del parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y se afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. || En consecuencia, se advertirá al Juzgado 017 Administrativo Oral de Bogotá - Sección Segunda que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional. || PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 20 de febrero de 2026 por el Juzgado 017 Administrativo Oral de Bogotá - Sección Segunda, en el proceso de tutela promovido por el señor Carlos Andrés Rodríguez Moreno, quien manifestó actuar en calidad de apoderado judicial de la señora Luz Natalia Quevedo Noreña, contra la Superintendencia de Sociedades.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, tutela, bogotá, constitucional, sección, reparto, conocimiento, decreto, segunda, administrativo, acción]

Auto A-375 de 2026

[Resumen automatizado: Devuelto el asunto, el 25 de febrero de 2026, el Juzgado 001 Civil Municipal de Funza (i) rechazó los argumentos del segundo juez; (ii) promovió conflicto negativo de competencia y (iii) ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 24 de febrero de 2026 dictado por esa autoridad; (ii) le remitirá el expediente para que adopte una decisión; (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 y (iv) le advertirá que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional. || ADVERTIR al Juzgado 001 Civil Municipal de Funza que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, reparto, tutela, reglas, civil, corte, municipal, plena, decreto, sala, constitucional]

Auto A-374 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 002 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó señaló no ser la autoridad judicial competente para adelantar el trámite de la acción de tutela presentada por el señor José Adolfo Cuesta Rentería. || Así, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta Sala considera que le corresponde al Juzgado 002 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó resolver la acción de tutela presentada por el señor José Adolfo Cuesta Rentería, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto. || De otro lado, esta Sala advertirá al Juzgado 002 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, corte, decreto, acción, constitucional, autoridad, autoridades, conocimiento, penal, municipal, conflicto, fundamento, asunto, reglas, judicial, consecuencia]

Auto A-373 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto le correspondió por reparto[3] al Juzgado 024 Administrativo de Bogotá - Sección Segunda, autoridad judicial que, mediante Auto del 16 de febrero de 2026[4], declaró que la acción de tutela de la referencia debe ser asignada a los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá. || Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 024 Administrativo de Bogotá - Sección Segunda se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por Miguel Abdón Gelacio Martínez, con fundamento en reglas de reparto, a pesar de que estas no desplazan su competencia para fallar la acción constitucional. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 16 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado 024 Administrativo de Bogotá - Sección Segunda, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su remisión a los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá para su reparto, toda vez que desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido explícito del parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y se afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucional, tutela, acción, reparto, bogotá, competencia, segunda, administrativo, decreto, sección, conocimiento, autoridades]

Auto A-372 de 2026

[Resumen automatizado: Por último, la Sala advertirá al Juzgado 002 Penal del Circuito Especializado de Valledupar para que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el auto 550 de 2018. || CUARTO: ADVERTIR al Juzgado 002 Penal del Circuito Especializado de Valledupar en el sentido de que siempre que advierta un conflicto de competencia en materia de tutela, éste debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, para lo cual se deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal, expuestas en la presente providencia y compiladas en el auto 550 de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, instancia, corte, conocimiento, civil, acción, nulidad, trámite, materia, segunda, reparto, conflicto, reglas, asunto, constitucional]

Auto A-371 de 2026

[Resumen automatizado: El 18 de febrero de 2026, esta autoridad resolvió remitir la tutela al Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara, por considerar que es la autoridad competente para tramitarla. || El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara, autoridad que, el mismo día, resolvió promover un conflicto negativo de competencia y remitir el expediente a esta Corte. || La Sala Plena considera que el Juzgado 001 Administrativo Oral de Bucaramanga es la autoridad llamada a resolver la acción de tutela, por tres razones principales. || Primero, dicha autoridad es competente en el ámbito territorial para conocer del asunto, por cuanto el municipio de Santa Bárbara, donde se produce la presunta vulneración de los derechos, se encuentra dentro del circuito judicial sobre el que ejerce competencia. || Tercero, habida cuenta de que ambas autoridades son competentes para conocer el asunto desde el factor territorial, Bucaramanga fue el sitio escogido a prevención por la accionante para la presentación de la tutela. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 18 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado 001 Administrativo Oral de Bucaramanga, y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, territorial, autoridad, santa, sala, salud, asunto, plena, administrativo, magistrado, municipio, conflicto, derechos]

Auto A-370 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado 034 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá se declaró incompetente para conocer el asunto al asegurar que, según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la competencia se determina por el lugar de la vulneración, y dado que la accionante residía en Cereté y desde allí solicitó el traslado por amenaza, es en ese municipio donde tiene lugar la posible afectación de sus derechos. || Finalmente, se le advertirá al Juzgado 002 Civil del Circuito de Cereté que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades establecidas para dicho efecto en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018 de la Corte Constitucional. || REMITIR el expediente ICC-5322 al Juzgado 034 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por el señor Euclides en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - Subdirección de Talento Humano.] - [Palabras claves automatizadas: corte, tutela, constitucional, competencia, acción, factor, bogotá, lugar, auto, conflicto, materia, jueces]

Auto A-369 de 2026

[Resumen automatizado: Además, el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de Fredonia fundamentó su decisión en el Auto 133 de 27 de noviembre de 2015 del Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil-Familia, en el que se habría determinado que la competencia funcional de una autoridad judicial para conocer de una tutela dirigida en contra de un juez promiscuo municipal dependería de la naturaleza del asunto en cuestión, civil, penal o de familia, según el caso. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 16 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de Fredonia y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. || CUARTO: ADVERTIR al Juzgado 001 Civil del Circuito de Fredonia que siempre que advierta un conflicto de competencia en materia de tutela, éste debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, para lo cual se deben observar las reglas previstas en la jurisprudencia de este Tribunal, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, auto, corte, sala, civil, constitucional, conocimiento, autoridades, reglas, plena, judiciales, decisión, magistrado, conflicto]

Auto A-368 de 2026

[Resumen automatizado: Esta autoridad judicial, mediante Auto del 13 de febrero de 2026, resolvió no avocar conocimiento de la acción de tutela, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional[6]. || Igualmente, añadió que, si bien los efectos se extienden a la ciudad de Cali, debe darse aplicación al principio a prevención y asignarle la competencia al Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Fundamentó su decisión en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y en el Auto 177 de 2024 de esta Corporación. || Por un lado, el Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. declaró su falta de competencia al estimar que la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante ocurrió y produce sus efectos en la ciudad de Cali. || Con fundamento en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 12 de febrero de 2026 proferido por el Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. En su lugar, le asignará el conocimiento de la acción de tutela de la referencia y le remitirá el expediente ICC-5317 para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a la que haya lugar.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, tutela, corte, competencia, lugar, bogotá, acción, territorial, factor, penal, auto, magistrado, efectos]

Auto A-367 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue asignado al Juzgado 009 Administrativo de Barranquilla, autoridad que, en Auto del 6 de febrero de 2026, se abstuvo de asumir conocimiento de la acción de tutela y remitió el expediente por reparto a los juzgados municipales de Barranquilla. || Efectuado el nuevo reparto, el asunto le correspondió al Juzgado 008 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, autoridad que, mediante Auto del 9 de febrero de 2026, resolvió: (i) no avocar conocimiento de la acción de tutela; (ii) proponer conflicto negativo de competencias; y (iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional. || La Corte ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996. || Así las cosas, la autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por el señor Kevin Yohan Solano Goenaga contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Regional de Calificación del Atlántico, la Administradora de Riesgos Profesionales Seguros Bolívar y Salud Total EPS es el Juzgado 009 Administrativo de Barranquilla por ser la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el conocimiento del amparo.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, barranquilla, corte, reparto, administrativo, acción, reglas, autoridad, conocimiento, conflicto, magistrado, junta, decreto]

Auto A-366 de 2026

[Resumen automatizado: En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera uniforme y pacífica, que el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por los Decretos 1983 de 2017, 333 de 2021 y 799 de 2025) no define competencias judiciales, sino simples reglas para el reparto de las acciones de tutela. || La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenará remitir el expediente ICC-5307 a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por los siguientes motivos. || Por lo tanto, le corresponde a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolver la acción de tutela presentada el 02 de febrero de 2026 por el ciudadano Juan Carlos Arciniegas Rojas, pues la Sala no evidenció elementos que justifiquen sustraer a esta autoridad de la órbita de sus competencias. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto proferido el 03 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la acción de tutela interpuesta por Juan Carlos Arciniegas Rojas contra la Policía Nacional. || [4] El 11 de febrero del 2026, el accionante presentó un recurso de reposición en contra del auto del 03 de febrero de 2026, en el que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó la competencia para conocer la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, acción, consejo, tutela, reparto, corte, reglas, autoridad, conflicto, conocimiento, constitucional, bogotá, decreto]

Auto A-365 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre la Subsección A, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el Juzgado 029 Civil del Circuito de Bogotá D.C. || Esta Corporación ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[4]. || La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, debido a que la Subsección A, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado -autoridad que inicialmente asumió el conocimiento de la acción- declaró su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015 y sus modificaciones. || En consecuencia, la Sala Plena concluye que dicha Subsección debe resolver la acción de tutela presentada por el señor Miguel Ángel Muñoz Méndez, por ser la primera autoridad judicial con competencia a la que se asignó el asunto. || REMITIR el expediente ICC-5299 a la Subsección A, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que le corresponda respecto de la presente acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, constitucional, sala, corte, reparto, administrativo, autoridades, conflicto, acción, decreto, consecuencia]

Auto A-364 de 2026

[Resumen automatizado: En ese contexto, en aplicación de la regla según la cual las normas de reparto no fijan competencia y no pueden ser utilizadas para rechazar el conocimiento ni para promover conflictos en materia de tutela, la autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por el señor Juan Félix Franco Baquero en contra de La Previsora es el Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro. || Así las cosas, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto 29 de enero de 2026, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro y, en consecuencia, remitirá el expediente ICC-5290 a dicha autoridad judicial para que, de manera�inmediata, tramite y decida el amparo solicitado. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 29 de enero de 2026, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro, dentro de la acción de tutela promovida por Juan Félix Franco Baquero en contra de La Previsora. || ADVERTIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro para que, en lo sucesivo, observe con estricto rigor la jurisprudencia constitucional sobre conflictos de competencia en materia de tutela y se abstenga de sustraerse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en reglas de reparto.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, conocimiento, municipal, reparto, autoridad, acción, conflicto, corte, sala, constitucional, enero, magistrado]

Auto A-363 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, subsección A, y el Juzgado 052 Civil del Circuito de Bogotá. || La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, subsección A, por medio de Auto del 23 de enero de 2026, declaró su falta de competencia para conocer el asunto y remitió la acción de tutela a los Juzgados del Circuito de Bogotá, con fundamento en el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015[5]. || En consecuencia, (i) se dejará sin efectos la decisión por la cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, subsección A declaró su falta de competencia sobre el asunto; y (ii) se le remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar. || REMITIR el expediente ICC 5289 al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, subsección A, con el fin de que continúe con el trámite respectivo y dicte la decisión de fondo a la que haya lugar respecto de la tutela presentada por la señora Ana Cecilia Bermúdez contra la Fiscalía 014 ante el Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, constitucional, sección, sala, asunto, reparto, consejo, contencioso, expediente, bogotá, reglas, segunda, administrativo, conflicto]

Auto A-362 de 2026

[Resumen automatizado: El 29 de enero de 2026, a través de la misma providencia judicial, el Juzgado Penal del Circuito Judicial de Honda declaró su falta de competencia para avocar el conocimiento del trámite de las acciones de tutela formuladas por el señor Fabian Hernández Garzón “2026-00019” y Manuel Humberto García Carvajal “2026-00011”, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a esta Corporación. || De otro lado, el Juzgado Penal del Circuito Judicial de Honda afirmó que los juzgados remisores no dieron cumplimiento a la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional, “en tanto se limitaron a afirmar de manera genérica la presunta identidad fáctica y jurídica entre las acciones de tutela remitidas y aquella previamente conocida por [ese] despacho, sin efectuar un análisis concreto y comparativo que permitiera verificar la concurrencia de los presupuestos de identidad de objeto, identidad de causa e identidad de sujeto pasivo”. || En efecto, los Juzgados 006 Administrativo del Circuito de Ibagué y Promiscuo de Familia de Honda estimaron, respectivamente, que las acciones de tutela promovidas por los señores Fabian Hernández Garzón y Manuel Humberto García Carvajal presentaban identidad de objeto, causa y sujeto pasivo respecto de la solicitud de amparo radicada bajo el número 73349-3104-001-2025-00069-00, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Penal del Circuito Judicial de Honda y cuya sentencia fue proferida el 21 de enero del año en curso.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, reparto, enero, competencia, penal, constitucional, acción, decreto, corte, identidad, acciones, asunto, derechos, conocimiento, administrativo]

Auto A-361 de 2026

[Resumen automatizado: Señaló que, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de procesos ejecutivos derivados de laudos arbitrales cuando interviene una entidad pública, en este caso, la obligación cuya ejecución se pretende hace parte del giro ordinario de los negocios de FINAGRO como establecimiento de crédito[3]. || En ese sentido, en el auto 1003 de 2023, la Corte estableció como regla de decisión que "[l]a Jurisdicción Ordinaria es la competente para conocer de las controversias relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, siempre que dichos contratos correspondan al giro ordinario de sus negocios, de conformidad con los artículos 105 del CPACA, 12 de la Ley 270 de 1996 y 15 del Código General del Proceso". || Se reitera el auto 1003 de 2023: "La Jurisdicción Ordinaria es la competente para conocer de las controversias relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, siempre que dichos contratos correspondan al giro ordinario de sus negocios, de conformidad con los artículos 105 del CPACA, 12 de la Ley 270 de 1996 y 15 del Código General del Proceso".] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, competencia, bogotá, entidad, santa, marta, entidades, jurisdicción, decisión, civil, conflicto, ejecución, jurisdicciones, pública]

Auto A-360 de 2026

[Resumen automatizado: El proceso le correspondió a la Fiscalía 218 de la unidad de delitos contra la administración pública, contra la eficaz y recta impartición de justicia Seccional Bogotá, que el 27 de enero de 2026 propuso un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones y dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional[11]. || Esta legitimación de la Fiscalía para proponer conflictos de competencia, en el marco de la Ley 906 de 2004, se circunscribe a los casos en los que el conflicto: (i) surge entre la justicia ordinaria y la jurisdicción penal militar, y (ii) está relacionado con posibles graves violaciones a los derechos humanos. || Por lo tanto, en este caso, la Fiscalía General de la Nación no se encuentra facultada para proponer directamente el conflicto de competencia entre las jurisdicciones, en los términos previstos por la jurisprudencia vigente de la Corte. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7511 a la Fiscalía 218 de la Unidad de delitos contra la administración pública, contra la eficaz y recta impartición de justicia Seccional Bogotá, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: fiscalía, corte, justicia, jurisdicciones, constitucional, competencia, conflicto, delitos, penal, militar, jurisdicción, pública, fuerza]

Auto A-359 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, de conformidad con las consideraciones anteriores, la autoridad judicial competente para conocer el caso bajo estudio es el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Bogotá, por lo que la Sala Plena le remitirá el expediente CJU-7497 para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados. || Lo anterior, en atención a que: (i) a pesar de ser asuntos relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no se refieren a la prestación de servicios propios de la seguridad social y, en esa medida, (ii) aplica la regla de competencia establecida en el artículo 104 del CPACA, al tratarse de controversias que surgen de la expedición de actos administrativos proferidos por entes estatales en ejercicio de sus funciones". || Lo anterior, en atención a que: (i) a pesar de ser asuntos relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no se refieren a la prestación de servicios propios de la seguridad social y, en esa medida, (ii) aplica la regla de competencia establecida en el artículo 104 del CPACA, al tratarse de controversias que surgen de la expedición de actos administrativos proferidos por entes estatales en ejercicio de sus funciones".] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, competencia, administrativos, actos, auto, jurisdicciones, corte, contencioso, administrativo, corresponde, bogotá, nulidad, social, judicial, sala]

Auto A-358 de 2026

[Resumen automatizado: El 5 de diciembre de 2019, Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto propio, presentó demanda para que se declarara la nulidad de la Resolución GNR 289437 del 31 de octubre de 2013[1], por medio del cual reliquidó la pensión de vejez del señor Orlando Escobar Botero, al parecer, sin atender el carácter compartido de la prestación. || Superado el anterior estudio, es del caso aplicar la regla fijada en el Auto 316 de 2021, por virtud de la cual los artículos 97 y 104 del CPACA establecen una cláusula especial de competencia que le atribuye a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la exclusividad para conocer de las demandas que la administración interpone contra sus propios actos administrativos , incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social, como ocurre, en este caso, con la demanda formulada por Colpensiones en contra del acto administrativo de carácter particular y concreto contenido en la Resolución GNR 289437 del 31 de octubre de 2013.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, jurisdicciones, conflicto, administrativo, acto, administración, auto, restablecimiento, demanda, nulidad, pensión, constitucional, competencia, corte, actos, jurisdicción, particular, conocer]

Auto A-357 de 2026

[Resumen automatizado: Para sustentar su decisión, el juzgado laboral destacó la naturaleza jurídica del Departamento como entidad territorial (artículo 233 del Decreto 1222 de 1986) y recordó que, según la jurisprudencia constitucional en particular la Sentencia C-283 de 2002, sus servidores ostentan, por regla general, la calidad de empleados públicos vinculados mediante relación legal y reglamentaria. || El despacho consideró que el señor Pavas Soto no ostentó la calidad de empleado público sino de trabajador oficial, por lo que el litigio no se enmarca en el artículo 104 del CPACA relativo a controversias derivadas de actos administrativos y relaciones legales y reglamentarias sino en el artículo 2 del CPTSS, que atribuye a la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento de los conflictos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. || A partir de ese razonamiento, el Auto 315 de 2023 estableció que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer las demandas laborales presentadas por trabajadores que, en principio, desempeñaron labores propias de un empleado público en una entidad territorial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104.4 del CPACA.] - [Palabras claves automatizadas: mediante, corte, jurisdicción, entidad, naturaleza, administrativo, régimen, público, calidad, competencia, laboral, auto, públicos, departamento, empleado, vinculación, jurisdicciones]

Auto A-356 de 2026

[Resumen automatizado: En la demanda solicitó que, de conformidad con la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre EMCALI y el sindicato SINTRAEMCALI, la Ley 6 de 1945, la Resolución 1000004302020 del 5 de octubre de 2020 y demás normas concordantes, se declare que la entidad debe proveer el cargo de Profesional Operativo II, adscrito al área funcional de Potabilización de Agua de la Unidad de Producción de Agua Potable de la Gerencia de la Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado, vacante desde el 2 de diciembre de 2024 y, en consecuencia, se ordene su ascenso a dicho cargo, junto con el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales legales y convencionales correspondientes. || “Corresponde a la�Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral,�conocer de los asuntos en los que se pretenda el cumplimiento de una convención colectiva de trabajo, celebrada entre trabajadores oficiales y una entidad pública, de acuerdo con el artículo 2º.1 del CPTSS y la cláusula general de competencia establecida en los artículos�15 del CGP y 12 de la Ley 270 de 1996”.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, cargo, asunto, conocimiento, laboral, administrativo, trabajo, conflicto, ordinaria, entidad, elegibles, mediante, corte, trabajadores, demanda, cumplimiento, colectiva]

Auto A-355 de 2026

[Resumen automatizado: Al respecto, indicó que de conformidad con el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas en contra de entidades del Sistema General de Seguridad Social es las cuales se pretenda el pago de obligaciones originadas en la prestación de servicios de salud. || De este modo, estableció que conforme al Auto 1011 de 2023 "la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, conoce de las controversias que se suscitan en demandas ejecutivas cuya finalidad es solicitar el pago de obligaciones dinerarias contenidas en los actos administrativos proferidos por los liquidadores de las EPS, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 del CPTSS y por tratarse de procesos ejecutivos no contemplados en el numeral 6 del artículo 104 del CPACA"[7]. || Competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral para conocer los procesos ejecutivos contra entidades territoriales por concepto de obligaciones derivadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. || En este caso, la Sala Plena consideró que según el artículo 2.5 del CPTSS la jurisdicción ordinaria especialidad laboral es competente para conocer los procesos en los que se pretende la ejecución de obligaciones que emanen del Sistema de Seguridad Social Integral que no correspondan a otra autoridad.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, competencia, pago, auto, administrativo, conocer, seguridad, ordinaria, recursos, social, jurisdicciones, conflicto, obligaciones, corte, plena, laboral, contencioso]

Auto A-354 de 2026

[Resumen automatizado: William Alberto Giraldo Campo, Edier David Zapata Restrepo, Carlos Enrique Morales Quintero, Joaquín Guillermo Palacio Oquendo, Julio César Saldarriaga, Carlos Mauricio Pimienta Mazo, Eduardo Ramírez Orozco, Orlando de Jesús Ospina Cano, Jaime Andrés Cargas, José Suárez Celada, César Augusto Echeverri Roldán, Walter de Jesús Navarro Mendoza, Jhonatan Eduardo Sánchez Ramírez, Jhonny Lumar Gallego Pérez, Jorge Eliecer Betancur Agudelo, Rogelio Cataño Rojo, Sergio León Palacio Rúa, Luis Aníbal Tabares Úsuga, Fabián de Jesús Álvarez Rojas, Oscar Alejandro Restrepo Pérez, Andrés Felipe Galarzo Calle, Francisco Luis García Tobón, José Aníbal Loaiza Giraldo, Álvaro Giraldo Gutiérrez, Luis Erney Betancur, Fabián de Jesús Gómez Flores, Gustavo Arturo Montoya Ayala, Edgar Yovanny Hernández Pérez y Orlando Gómez Quintero, a través de apoderado judicial, presentaron "demanda ordinaria laboral" en contra de Empresas Varias de Medellín E.S.P. || Con base en esta línea jurisprudencial, la Sala Plena de la Corte Constitucional, a través del Auto 1416 de 2024, decidió unificar las reglas de decisión para resolver los conflictos de jurisdicción en este tipo de procesos.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, jurisdicción, presentación, demanda, septiembre, relación, fecha, ordinaria, entidad, corte, pública, mayo, marzo]

Auto A-353 de 2026

[Resumen automatizado: Posteriormente, mediante Auto del 03 de septiembre de 2025, esa autoridad judicial en virtud del control oficioso de legalidad del que trata el artículo 42 del Código General del Proceso, declaró su falta de competencia para conocer el asunto y remitió el expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de Bucaramanga para el correspondiente reparto. || La autoridad judicial citó los autos 604 de 2023 y 1004 de 2021 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, los cuales establecen como regla de decisión que el cobro ejecutivo de facturas de una ESE bajo el Decreto 4747 de 2007 corresponde a la jurisdicción ordinaria civil. || La competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral para conocer de procesos ejecutivos en los que se reclama el pago de facturas generadas por la prestación de servicios de salud en el marco del Decreto 4747 de 2007. || No obstante lo anterior, en el Auto 1410 de 2024, esta Corporación unificó su criterio y precisó que, por regla general, la ejecución de toda clase de obligaciones emanadas del sistema de seguridad social en salud, incluso las surgidas entre las ESE y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo reguladas en el Decreto 4747 de 2007, son competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, ordinaria, sala, laboral, salud, auto, servicios, conocer, jurisdicciones, conflicto, corte, decreto, plena, constitucional]

Auto A-352 de 2026

[Resumen automatizado: Por lo tanto, en su criterio, el conocimiento de la demanda es del resorte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según los autos 1280 y 1354 de 2024 de la Corte Constitucional. || El despacho sostuvo que, en el Auto 1092 de 2023, la Corte Constitucional estableció que la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria debe conocer los procesos ejecutivos con garantía hipotecaria en los que forme parte una entidad estatal. || En esa línea, el Auto 1089 de 2022 dirimió un conflicto entre la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil y la jurisdicción de lo contencioso administrativo para avocar conocimiento de una demanda ejecutiva con garantía hipotecaria que instauró una alcaldía municipal contra un particular. || "De conformidad con el artículo 15 del Código General del Proceso, la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer de los procesos ejecutivos hipotecarios en los que haga parte una entidad pública. || "De conformidad con el artículo 15 del Código General del Proceso, la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer de los procesos ejecutivos hipotecarios en los que haga parte una entidad pública.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, corte, demanda, constitucional, garantía, jurisdicciones, competencia, auto, conflicto, ordinaria, municipal, obligación, judicial, conocer, expediente]

Auto A-351 de 2026

[Resumen automatizado: Por lo tanto, consideró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente porque el asunto trata de un proceso ejecutivo de títulos ejecutivos complejos derivados de una condena ya impuesta, en ese caso, mediante sentencia judicial, de conformidad con el artículo 104.6 del CPACA y los autos 631 de 2021, 634 de 2024 de la Corte Constitucional. || En el Auto 634 de 2024 de esta corporación se estudió un conflicto entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, por una demanda ejecutiva en la que se pretendió librar mandamiento de pago por valores reconocidos en un acto administrativo derivado de una sentencia originada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se condenó pagar a una entidad pública una indemnización por indebida supresión de un cargo[14]. || Sobre la primera regla la Corte Constitucional ha establecido que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce sobre “(i)�las demandas ejecutivas derivadas de las condenas impuestas por los jueces administrativos a las entidades públicas; y,�(ii)�las solicitudes de ejecución que presenten las partes dentro del proceso judicial administrativo correspondiente. || Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7469 al Juzgado 002 Administrativo de Pasto, para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Pasto, y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, jurisdicción, contencioso, corte, auto, competencia, conocer, constitucional, acto, conflicto]

Auto A-350 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, el asunto fue repartido al Juzgado 009 Administrativo del Circuito de Cúcuta que, a través de Auto del 22 de enero de 2026, propuso conflicto negativo de jurisdicciones y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional. || La controversia fue suscitada entre dos autoridades que administran justicia, pertenecen a diferentes jurisdicciones y rechazaron la competencia para conocer del asunto: la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada por el Juzgado 009 Administrativo del Circuito de Cúcuta, y la jurisdicción ordinaria, representada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta[13]. || Además, la Corte indicó que, cuando en un conflicto de competencia sobre este tipo de asuntos no participe una autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, el expediente deberá remitirse a dicha jurisdicción en aplicación del principio de celeridad que rige la administración de justicia. || En consecuencia, en aplicación del principio de celeridad que rige la administración de justicia y de la regla fijada en el Auto 1410 de 2024 según la cual, cuando una autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral haya conocido del asunto, el expediente debe remitirse a esta para que continúe con su trámite, la Corte ordenará la remisión del proceso a dicho despacho judicial.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, auto, corte, ordinaria, asunto, servicios, jurisdicciones, conflicto, competencia, ley, conocer]

Auto A-349 de 2026

[Resumen automatizado: Explicó que, como la parte demandante pretendía que se declarara la existencia de un contrato realidad con la CIAC S.A. y esta última era una Sociedad de Economía Mixta bajo el régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, se debía dar aplicación a la regla de decisión dispuesta en el Auto 492 de 2021 de la Corte Constitucional, en el que la Corporación estableció que�la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer los procesos en los que se pretenda declarar la existencia de una relación laboral con el Estado que habría sido encubierta mediante la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios. || Finalmente, concluyó que, se configuraban los requisitos para declarar su falta de competencia por jurisdicción, porque en el caso (i) se discutía la validez del acto administrativo mediante el cual la administración dio respuesta a la reclamación del contratista y la legalidad de la modalidad contractual; (ii) el fundamento de las pretensiones se estructuraba en un contrato de prestación de servicios estatal; (iii) el juez contencioso administrativo es el competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 “no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados” y (iv) el objeto mismo del proceso consistía en establecer si se configuró un vínculo laboral a través de contratos de prestación de servicios, lo que implicaba un juicio sobre la actuación de la entidad pública.] - [Palabras claves automatizadas: servicios, prestación, auto, jurisdicción, contrato, bogotá, competencia, administrativo, contratos, sala, laboral, contencioso]

Auto A-348 de 2026

[Resumen automatizado: El 19 de septiembre del 2025, el Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño celebró la primera sesión de audiencia de formulación de acusación en la que la defensa de los presuntos victimarios planteó la posible existencia de un conflicto de jurisdicciones entre la ordinaria en su especialidad penal y la especial indígena. || El 6 de octubre del 2025, el Tribunal de Justicia Muco Guarrojo le remitió al Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño una solicitud para remitir el proceso a la autoridad indígena al considerar que tenía jurisdicción para resolver el caso. || La jueza se limitó a “aceptar” la supuesta configuración de un conflicto positivo de jurisdicciones entre dos autoridades que no la involucraban y, en consecuencia, a disponer la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera la controversia, sin presentar una posición, efectuar un análisis propio sobre los elementos del fuero indígena ni exponer las razones jurídicas que sustentaran por qué consideraba que era titular de la competencia en el marco de la jurisdicción ordinaria. || En este caso, ante el reclamo formulado por la autoridad indígena, correspondía a la juez del Juzgado 001 del Circuito de Puerto Carreño pronunciarse sobre si consideraba que la jurisdicción ordinaria debía mantener o no la competencia para conocer del proceso, exponiendo las razones constitucionales y legales que fundamentaran su posición.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicciones, competencia, conflicto, indígena, autoridades, asunto, jurisdicción, corte, autoridad, constitucional, proceso]

Auto A-347 de 2026

[Resumen automatizado: El 18 de enero de 2018 la señora Keila Manuela Pautt por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la ESE Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila, con el fin de que: (i) se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio de 4 de julio de 2017 por el cual la ESE demandada negó el pago de prestaciones sociales (auxilio de cesantías, prima de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, entre otras) a favor de la demandante con fundamento en que la vinculación con aquella se realizó mediante contrato de prestación de servicios, el cual no genera dichas prestaciones; (ii) se reconozca la existencia de un contrato de trabajo entre las partes desde el 14 de noviembre de 2014; y (iii) se declare que la relación laboral fue terminada de forma injusta y unilateral por la parte demandada el 14 de noviembre de 2016. || En virtud de las consideraciones generales expuestas en esta providencia, la Sala Plena determina que, de acuerdo con la regla de decisión fijada en el Auto 492 de 2021, la demanda presentada por la señora Keila Manuela Pautt contra la E.S.E Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila, corresponde conocerla a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, laboral, servicios, competencia, administrativo, auto, contratos, jurisdicciones, mediante, contencioso, prestación, sala, corte]

Auto A-346 de 2026

[Resumen automatizado: Además, se refirió al Auto 316 de 2021 de la Corte Constitucional para explicar por qué cuando una entidad pública o un fondo de naturaleza pública demanda la nulidad y restablecimiento del derecho contra uno de sus propios actos, el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluso si el contenido del acto se refiere a materias laborales o de seguridad social[6]. || Al respecto, añadió que tanto los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011 como el auto 374 de 2023 de la Corte Constitucional le permiten afirmar que, cuando una entidad pública demanda un acto administrativo propio, tras no obtener la autorización del titular para revocarlo directamente, el asunto es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluso si el acto se pronuncia sobre derechos pensionales[7]. || Con fundamento en los anteriores criterios, la Corte concluye que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada en este caso por el Tribunal Administrativo de Santander, es la autoridad competente para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por COLPENSIONES contra la señora Margaret Tatiana Ramírez Rueda.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, tribunal, administrativo, conocer, corte, restablecimiento, contencioso, derecho, auto, competencia, constitucional, acto, nulidad]

Auto A-345 de 2026

[Resumen automatizado: A través de Auto del 23 de octubre de 2025, esta autoridad judicial propuso un conflicto negativo de jurisdicciones y remitió el expediente a la Corte Constitucional[10]. || El juez afirmó que, con fundamento en el Auto 629 de 2025 de la Corte Constitucional, en un proceso ejecutivo, una vez el despacho ordena seguir adelante con la ejecución y aprueba las respectivas liquidaciones, la causa judicial queda agotada, al haberse satisfecho la pretensión de la demanda. || La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones de acuerdo con el artículo 241.11 de la Constitución Política[13]. || Así las cosas, esta Corte se inhibirá de pronunciarse de fondo y enviará el expediente al el Juzgado 002 Civil Municipal de Yopal para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a los interesados. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7452 al Juzgado 002 Civil Municipal de Yopal para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado 001 Administrativo de Yopal y a los demás interesados.] - [Palabras claves automatizadas: corte, municipal, civil, objetivo, proceso, constitucional, presupuesto, adelante, conflicto, seguir, ejecución, jurisdicciones, expediente, pago, magistrado, auto]

Auto A-344 de 2026

[Resumen automatizado: Fundamentó su decisión en el numeral 1º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) -modificado por la Ley 1564 de 2012-, el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y los autos "A479-2021, A908-2021, A492-2021, A330-2021, A491-2021, A739-2021"[21] de la Corte Constitucional, según los cuales corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las controversias en las que se discutan vínculos laborales ocultos bajo contratos de prestación de servicios celebrados con el Estado. || La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 001 Laboral de Pereira y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, la cual versa sobre la competencia para conocer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por Jairo de Jesús Muñoz Álvarez contra el Municipio de Pereira. || En el Auto 901 de 2021[45], la Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró el Auto 492 de 2021 y señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las controversias en las cuales se "cuestiona la legalidad de actuaciones de la administración, como los contratos de prestación de servicios celebrados por una entidad pública o la validez de un acto administrativo".] - [Palabras claves automatizadas: servicios, jurisdicción, prestación, contratos, constitucional, administrativo, medio, expediente, laboral, corte, auto, jurisdicciones]

Auto A-343 de 2026

[Resumen automatizado: El 11 de septiembre de 2019, la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo del Superior de la Judicatura resolvió el conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones y ordenó remitir el expediente al Juzgado 005 Administrativo Oral del Circuito de Neiva. || Sostuvo que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada porque, en su momento, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto sobre el mismo asunto, existiendo identidad de objeto, de causa y de partes en el caso. || En el Auto 1071 de 2021, la Corte Constitucional explicó que en los asuntos en los que se discuten conflictos de competencia entre jurisdicciones puede declararse la existencia de cosa juzgada cuando la competencia ya se asignó por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. || Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7440 al�Juzgado 005 Administrativo Oral del Circuito de Neiva para lo de su competencia, y para que comunique la presente providencia al Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón, Huila�y a los interesados en este trámite. || INSTAR al Juzgado 005 Administrativo Oral del Circuito de Neiva para que se ABSTENGA de plantear conflictos de competencia entre jurisdicciones por asuntos resueltos por el Consejo Superior de la Judicatura y APLIQUE la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia.] - [Palabras claves automatizadas: sala, competencia, constitucional, administrativo, corte, superior, judicatura, expediente, conflicto, jurisdicción, consejo, jurisdicciones, cosa, juzgada, civil, demanda, disciplinaria, jurisdiccional]

Auto A-342 de 2026

[Resumen automatizado: Consideró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer del caso sub examine porque “los perjuicios que pretende el demandante le sean reparados se desprende[n] presuntamente de una responsabilidad extracontractual derivada de la acción u omisión de la autoridad pública accionada”[9], esto es, el Ministerio de Salud y Protección Social. || La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 005 Civil del Circuito de Valledupar, Cesar y el Juzgado 007 Administrativo de la misma ciudad, sobre la competencia para conocer la acción judicial que presentó Joaquín en contra del Ministerio de Salud y Protección Social, Famisanar EPS y la Clínica Azul. || Mediante el�Auto 646 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que para determinar la jurisdicción competente frente a los procesos de responsabilidad médica en los que se demanda de forma simultánea a entidades públicas y privadas resulta necesario acudir al factor de conexidad o fuero de atracción, en virtud del cual la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se extiende a personas de derecho privado cuando estas son demandadas de forma concomitante con entidades públicas.] - [Palabras claves automatizadas: corte, responsabilidad, entidades, jurisdicción, constitucional, competencia, demanda, jurisdicciones, ministerio, conocer, sala, plena, médica, social]

Auto A-341 de 2026

[Resumen automatizado: De esta manera, ha explicado que el presupuesto subjetivo consiste en que la controversia debe suscitarse, al menos, entre dos autoridades que administren justicia y que hagan parte de distintas jurisdicciones; el presupuesto objetivo se refiere a que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa judicial[15], y el presupuesto normativo es aquél, según el cual, es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto. || Así, resulta que cuando una entidad pública, en virtud de un contrato estatal, incorpore derechos en títulos-valores y sea demandada por su contraparte negocial para honrar el pago, debe aplicarse la regla de decisión del Auto 403 de 2021. || En la misma línea, en el Auto 1027 de 2021, la Corte señaló que “A la luz de los numerales 2° y 6° del artículo 104 del CPACA, es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer los procesos ejecutivos basados en títulos valores que se deriven de un contrato estatal siempre y cuando el litigio se presente entre quienes suscribieron tal vínculo contractual (…)”.] - [Palabras claves automatizadas: auto, jurisdicciones, documento, corte, entidad, parte, sala, competencia, expediente, contrato, constitucional, jurisdicción, estatal, pago]

Auto A-340 de 2026

[Resumen automatizado: El 24 de enero de 2025, el señor Daniel Arcángel Guarnizo, por medio de apoderado judicial, presentó una demanda de medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra del Hospital María Inmaculada de Rioblanco Tolima E.S.E., en la que solicitó: (i) la declaratoria de la nulidad del acto administrativo de terminación del vínculo laboral administrativo del 30 de julio de 2024; (ii) que a título de restablecimiento de derecho se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando como auxiliar de facturación; (iii) el pago de salarios, prestaciones sociales, prima de navidad, y demás emolumentos laborales que dejó de percibir durante el periodo de su desvinculación hasta el momento del reintegro laboral; (iv) los “demás derechos laborales establecidas [sic] en las normas laborales de los empleados públicos de extra y ultra petita”; y (v) la correspondiente indexación de los valores. || La Sala Plena concluye que, la autoridad competente para conocer de la demanda que inició el señor Daniel Arcángel Guarnizo por medio de apoderado judicial en contra del Hospital María Inmaculada de Rioblanco Tolima E.S.E., es el Juzgado 005 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, jurisdicción, auto, demanda, laborales, medio, decisión, administrativo, judicial, ley, contencioso, municipal, magistrado]

Auto A-339 de 2026

[Resumen automatizado: El proceso fue repartido al Juzgado 011 Laboral del Circuito de Bogotá, el cual, mediante Auto del 18 de noviembre de 2025, propuso conflicto negativo de jurisdicciones y remitió el asunto a la Corte Constitucional. || Añadió que, pese a la referencia a un despido sin justa causa en la reforma de la demanda, los hechos no habilitan su competencia, pues debe atenderse a la naturaleza del vínculo y de las funciones desempeñadas, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 10 de 1990 y el Auto 492 de 2021 de la Corte Constitucional. || De otro lado, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos, aun cuando estos se refieran a la modificación de las condiciones laborales de un empleado que goza de fuero sindical. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 016 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y el Juzgado 011 Laboral del Circuito de Bogotá y DECLARAR que le corresponde al Juzgado 016 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá el conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Antonio Carlo Vertel Lambraño en contra del Ministerio de Defensa y la Dirección General de Sanidad Militar.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, sindical, jurisdicción, fuero, administrativo, demanda, nulidad, laboral, proceso, contencioso, competencia, jurisdicciones, conflicto]

Auto A-338 de 2026

[Resumen automatizado: No obstante, recordó que esta Corporación, mediante el Auto 788 de 2021, estableció que los procesos ejecutivos encaminados al cobro de facturas de venta originadas en la prestación de servicios de salud deben ser conocidos por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, cuando no se configuren los supuestos previstos en el artículo 104 numeral 6 del CPACA, particularmente cuando no se acredita la existencia de un contrato estatal del cual se derive la obligación cuyo pago se reclama. || En ese sentido, y conforme a la regla establecida por la Corte Constitucional en el Auto 788 de 2021, reiterada posteriormente en decisiones como el Auto 1410 de 2024, la Sala Plena resuelve el presente conflicto de jurisdicción en el sentido de que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, conocer de la demanda, dado que la ejecución de obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud es competencia de dicha jurisdicción, siempre que no se acredite la existencia de una relación contractual estatal que origine el título ejecutivo, como ocurre en el expediente bajo estudio.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, servicios, auto, competencia, prestación, laboral, conflicto, jurisdicciones, conocer, asunto, salud, ordinaria, administrativo, demanda, obligaciones, procesos, entidad]

Auto A-337 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Aparente conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 1702 con Función de Control de Garantías de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y la Fiscalía 001 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la Unidad Especial de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Dirección Seccional de Cundinamarca || En el marco de dicha audiencia innominada, la Fiscal 001 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la Unidad Especial de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Dirección Seccional de Cundinamarca expuso las razones por las cuales considera que el asunto debía continuar su trámite en la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal. || Con fundamento en los hechos narrados, el Juez 1702 Penal Militar y Policial de Control de Garantías ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional "para que se resuelva el conflicto de jurisdicciones entre la Fiscalía 2204 Especializada de la Justicia Penal Militar y Policial, y la fiscalía 1 seccional especializada de la jurisdicción ordinara al proponer conflicto positivo de jurisdicción en audiencia celebrada antes el juzgado 1702 control de garantías, por los hechos en los cuales pierde la vida la vida una menor de edad del día 4 de abril de 2025 en el municipio de [Oman] en el desarrollo de un procedimiento policial"[9].] - [Palabras claves automatizadas: penal, militar, policial, jurisdicción, fiscalía, constitucional, jurisdicciones, corte, hechos, conflicto, en, justicia]

Auto A-336 de 2026

[Resumen automatizado: El 25 de noviembre de 2025, la mencionada Fiscalía 010 Seccional de Calarcá "aceptó el conflicto positivo de competencia" y ordenó remitir las diligencias a la Corte Constitucional, para que "dirima el conflicto" suscitado entre la jurisdicción ordinaria y la especial indígena. || Es necesario mencionar que en el Auto 1152 de 2021, al resolver un asunto análogo al estudiado en esta oportunidad, la Sala Plena advirtió que la Fiscalía General de la Nación ha establecido unos lineamientos aplicables a casos en que se presente un eventual conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena. || Ante la solicitud del Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena La Llanura de asumir el conocimiento del asunto, la Fiscalía, en lugar de acudir ante un juez penal con función de control de garantías para promover la definición de la jurisdicción mediante audiencia innominada, decidió "aceptar el conflicto" y remitir las diligencias directamente a esta Corporación. || REMITIR por medio de la Secretaría General de esta Corporación, el expediente CJU-7362 a la Fiscalía 010 Seccional de Calarcá, Quindío, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados dentro de la causa penal y al Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena La Llanura (Comunidad Piñalito del municipio La Primavera, Vichada).] - [Palabras claves automatizadas: fiscalía, jurisdicción, conflicto, corte, asunto, presupuesto, conflictos, competencia, plena, sala, general, en, penal, jurisdicciones, magistrado, si]

Auto A-335 de 2026

[Resumen automatizado: La demanda correspondió inicialmente al Juzgado 009 Administrativo Oral del Circuito de Neiva (Huila), la cual, mediante Auto del 7 de diciembre 2017, fue rechazada al considerar que la entidad demandada, EMGESA, es una empresa de servicios públicos de carácter particular, constituida conforme a la Ley 142 de 1994, y que, en consecuencia, la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo carece de competencia para conocer del asunto[2]. || Para sustentar su decisión, destacó la configuración de la cosa juzgada, al considerar que el conflicto ya había sido resuelto por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante decisión ejecutoriada del 29 de julio de 2020, la cual dirimió la controversia correspondiente al mismo proceso, con identidad de causa petendi y entre las mismas autoridades judiciales. || Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional,�REMITIR�el expediente CJU-7344 al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva (Huila)[15]�para lo de su competencia, y para que comunique la presente providencia al�Juzgado 002 Civil del Circuito de Garzón (Huila)[16],�y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, corte, auto, administrativo, competencia, juzgada, expediente, jurisdicciones, sala, conflicto, cosa, judicatura]

Auto A-334 de 2026

[Resumen automatizado: La demanda fue inicialmente repartida al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva que, mediante auto del 7 diciembre de 2017 declaró su falta de jurisdicción para conocer el asunto y lo remitió a los juzgados civiles del circuito de Garzón, Huila. || En el presente asunto no hay un conflicto de jurisdicciones por resolver, toda vez que, como fue ilustrado en los antecedentes de esta providencia,�el 9 de octubre de 2019 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado y asignó la competencia al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva. || En consecuencia, la Sala Plena se estará a lo resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y remitirá el expediente CJU-7341 al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los sujetos procesales e interesados y al Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón, Huila. || Por medio de la Secretaría General de esta Corporación�REMITIR�el expediente CJU-7341�al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva�para que proceda con lo de su competencia�y comunique la presente decisión a los sujetos procesales e interesados y al Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón, Huila.] - [Palabras claves automatizadas: sala, jurisdicción, administrativo, judicatura, consejo, asunto, superior, empresa, competencia, disciplinaria, conflicto, jurisdicciones, civil]

Auto A-333 de 2026

[Resumen automatizado: Más adelante, para cubrir los vacíos que pudo dejar la regla anterior, el Auto 1021 de 2021, estableció de forma general que: “[l]a Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social�es competente para conocer de las controversias relacionadas con la seguridad social de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado, sin perjuicio de si la entidad administradora es de derecho público o privado”. || 719 de 2022 Reconocimiento de sustitución pensional de trabajador privado “La Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social es la competente para conocer y dar trámite a aquellos casos en los que se pretenda la sustitución pensional de un docente que prestó sus servicios al sector privado y cuya prestación económica fue reconocida por una entidad administradora de naturaleza pública, de acuerdo con el numeral 4° del artículo 2 del CPTSS.” || 1380 de 2022 Reconocimiento de pensión de invalidez de trabajador privado “La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los asuntos relacionados con aspectos de seguridad social, cuando se acredite la calidad de empleado público del demandante y que la administradora del régimen aplicable es de derecho público.] - [Palabras claves automatizadas: público, seguridad, social, jurisdicción, trabajadores, laboral, competencia, empleado, trabajador, conocer, naturaleza, régimen, derecho, competente, privado]

Auto A-332 de 2026

[Resumen automatizado: El 14 de julio de , el proceso fue asignado por reparto al Juzgado 062 Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que el 27 de agosto de 2025, se declaró incompetente para conocer de la demanda ejecutiva por las siguientes razones: primero, ante esta autoridad no se presentó solicitud de ejecución de providencia judicial y, para que la competencia sea atribuible a esta jurisdicción, dicha solicitud debe formularse dentro del mismo proceso; segundo, el asunto objeto de debate es un proceso ejecutivo independiente que debe ser debatido ante la jurisdicción ordinaria y que ya no guarda relación con la jurisdicción contenciosa administrativa; y tercero, según lo dispuesto en el Auto 857 de 2021: || De igual manera, en el Auto 857 de 2021, la Corte Constitucional concluyó que “la competencia para conocer de los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas a particulares por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando estos se promuevan de manera independiente, corresponde a la jurisdicción ordinaria, conforme a la cláusula general de competencia prevista en el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 422 del Código General del Proceso”.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, jurisdicción, administrativo, corte, proceso, conflicto, competencia, judicial, jurisdicciones, ordinaria, ejecución, constitucional, demanda]

Auto A-331 de 2026

[Resumen automatizado: La autoridad judicial señaló que el titulo ejecutivo referido en la demanda, no se encuentra entre aquellos indicados en el artículo 297 del CPACA, y que el artículo 104.6 del CPACA establece que esta jurisdicción es competente para conocer de los procesos ejecutivos originados en los contratos celebrados por entidades públicas; así mismo, indicó que el artículo 155.7 del CPACA enlista los asuntos de competencia de los juzgados administrativos en primera instancia, e hizo alusión a los Autos 316 y 1782 de 2023 de esta Corporación en los que se ha dispuesto como regla de decisión que la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad Laboral es competente para conocer de los conflictos originados en procesos ejecutivos en los que se pretenda el pago de acreencias derivadas en una relación laboral, reconocidas en actos administrativos. || La Sala Plena observa que se satisface el presupuesto objetivo porque las autoridades judiciales se disputan el conocimiento de la demanda ejecutiva laboral presentada por Marieth Zulay Brito Cárdenas contra la E.S.E. Hospital Armando Pabón López, para obtener el mandamiento de pago en lo relativo a la pretensión ejecutiva de las acreencias laborales reconocidas mediante Resolución N° 2158 del 22 de noviembre de 2017.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, administrativo, jurisdicciones, laborales, reconocidas, contencioso, pago, ordinaria, constitucional, administrativos, mediante, competencia, corte, ejecutiva, actos, conocer]

Auto A-330 de 2026

[Resumen automatizado: Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de purificación, Tolima y la comunidad indígena Yaporox de la vereda La Mata del Municipio de Purificación, Tolima expusieron las razones de índole legal y jurisprudencial que, a su juicio, las hace competentes para asumir el conocimiento de este proceso penal (Cfr., antecedentes y ). || De todo lo expuesto, la Sala plena pasará a analizar los factores de competencia (personal, territorial, objetivo e institucional), a efectos de resolver el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Purificación, Tolima y el Consejo de Justicia Propia de la Comunidad Indígena Yaporox, del Municipio de Purificación - Tolima. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Purificación, Tolima y la Jurisdicción Especial de la Comunidad Indígena Yaporox, Vereda La Mata, municipio de Purificación, Tolima y su Comité de Justicia Propia, en el sentido de DECLARAR que la Jurisdicción Ordinaria es la competente para conocer del proceso penal adelantado en contra de la señora María del Rosario Ruiz dentro del radicado No.: 73585600484202410002100.] - [Palabras claves automatizadas: comunidad, indígena, dentro, corte, municipio, maría, reglamento, documento, penal, sala, conducta, el, expediente, interno, proceso, conflicto, jurisdicciones, autoridades, sentencia, jurisdicción]

Auto A-329 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien la preside, y por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, dicta el presente auto, con base en los siguientes: || El 4 de febrero de 2026, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-014 de 2026, mediante la cual resolvió las acciones de tutela presentadas por tres mujeres en contra de la Alcaldía de Santiago de Cali, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la empresa Salamanca S.A. Las accionantes alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales al haber sido desvinculadas de sus empleos mientras se encontraban en estado de embarazo o durante el período de lactancia. || El 9 de marzo de 2026, la Secretaría General remitió al despacho de la magistrada sustanciadora el informe de reparto de la solicitud de aclaración de la Sentencia T-014 de 2026 presentada por el representante legal del SENA Regional Santander, que actuó como parte accionada en el expediente T-11.294.181.] - [Palabras claves automatizadas: sala, corte, solicitud, constitucional, parte, regional, sentencia, providencia, representante, legal, honorarios, en, embarazo, dentro]

Auto A-328 de 2026

[Resumen automatizado: Octavo Ofició al director de la Agencia Nacional de Tierras para que, en el término de 15 días siguientes a la comunicación de la decisión que eventualmente adopte la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta en el sentido de levantar las medidas cautelares decretadas en el proceso de revisión de asuntos agrarios 11001032600020130016900, presente una ruta concreta de reactivación del proceso de recuperación de los baldíos de la Hacienda Bellacruz y de las labores de su competencia en el marco del presente asunto, sin exceder el plazo de seis meses. || Para quien suscribió el escrito, tampoco es evidente cómo se armonizan las órdenes segunda y cuarta cuando la Corte ordena al Tribunal de Cúcuta que dentro de los veinte (20) días siguientes a la comunicación del Auto tome una decisión de fondo, pero le ordena a la ANT, la URT y los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y, Defensa la elaboración de un concepto técnico que podría sugerir la restitución por equivalencia, en el término de un mes.] - [Palabras claves automatizadas: decisión, auto, sala, proceso, constitucional, cumplimiento, parte, corte, tribunal, sentencia, tierras, orden, hacienda, civil]

Auto A-327 de 2026

[Resumen automatizado: Sobre este punto, el juez de tutela afirmó que el enfoque de género no fue un asunto central ni determinante en el razonamiento del juzgado accionado y que, incluso de no haberse aplicado dicho enfoque, la decisión hubiera sido la misma porque en el proceso se logró demostrar que la señora Gloria tuvo la posesión del inmueble en forma pública, pacífica e ininterrumpida por más de diez años. || Por último, la apariencia de buen derecho también se concreta en la discusión acerca de la titularidad del inmueble y en el hecho de que, en el proceso ordinario, en una primera decisión judicial se declaró que había operado la prescripción adquisitiva de dominio en favor de la señora Gloria. || DECRETAR, como medida provisional, la suspensión inmediata de los efectos de la Sentencia No. 29 del 3 de octubre de 2025 y del Auto No. 70 del 14 de enero de 2026, proferidos por el Juzgado Civil dentro del proceso, hasta tanto se notifique la decisión de fondo que adopte la Sala Quinta de Revisión en el expediente identificado con radicado interno T-11.563.572.] - [Palabras claves automatizadas: inmueble, proceso, corte, sala, tutela, derechos, derecho, no, género, medida, enfoque, provisional, constitucional, juzgado, sentencia, civil]

Auto A-326 de 2026

[Resumen automatizado: La suscrita Magistrada, como Presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente decisión con base en los siguientes || 2. Según se ha informado a la Corte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ha llevado a cabo distintas acciones de atención al pueblo Nükak y concertación con sus comunidades integrantes y líderes durante el segundo semestre de 2025 y hasta la fecha actual. || 3. Para la Sala Especial de Seguimiento es necesario contar con información actualizada acerca de las acciones de atención y concertación desarrolladas por la UARIV en el curso de los últimos meses, ya que dicha información permitirá construir un remedio constitucional apto y efectivo para la situación del pueblo Nükak. || Primero.- REQUERIR al Director (E) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, presente a la Sala Especial de Seguimiento un informe conciso y completo sobre las distintas acciones de atención y concertación desarrolladas por esa entidad con las comunidades, autoridades y líderes del pueblo Nükak durante el segundo semestre de 2025 y hasta la fecha actual.] - [Palabras claves automatizadas: pueblo, seguimiento, sala, especial, situación, concertación, miembros, comunidades, desplazamiento, actual, sentencia, acciones, atención]

Auto A-324 de 2026

[Resumen automatizado: Respecto de la orden quinta del Auto 1417 de 2025, la Sala recibió un informe de cumplimiento de las siguientes autoridades encargadas de los indicadores de las garantías de seguridad y reincorporación en el Plan Marco de Implementación (PMI): la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz y la Unidad Nacional de Protección. || En concreto, ordenará al Gobierno Nacional, en coordinación con los demás componentes de la CSIVI, que entreguen información complementaria y presenten: (i) el cronograma concertado de sesiones para 2026, con el tipo de sesión, las temáticas, las entidades convocadas y la confirmación de asistencia; (ii) el cronograma de acciones del Plan Estratégico de Priorización Temática con plazos y estado de avance; (iii) el cronograma de las sesiones territoriales; y (iv) las medidas previstas para asegurar la continuidad del funcionamiento del componente de Comunes una vez culmine la vigencia del Contrato 1755 de 2025. || Por lo que, en el numeral quinto de la parte resolutiva de la providencia, la Sala ordenó a las autoridades encargadas de los indicadores de las garantías de seguridad y reincorporación del PMI presentar al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Unidad de Implementación al Acuerdo Final las fichas técnicas que no habían presentado y actualizar la información a su cargo en el SIIPO.] - [Palabras claves automatizadas: sala, acuerdo, paz, final, auto, nacional, seguimiento, seguridad, informe, unidad, comisión, cumplimiento]

Auto A-323 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente, las previstas en los artículos 49 del Decreto 2067 de 1991 y 106 del Acuerdo 2 de 2015[1], procede a pronunciarse respecto de la solicitud formulada por María Martha Pimiento de Lozada y Carlos Alberto Albornoz Barajas, en contra de la Sentencia T-529 de 2025. || En dicha providencia, ordenó vincular, en calidad de terceros con interés, a: "las señoras María Victoria Camacho; Luz Gloria Almeyda y, Camila Encinales Silva [coadyuvantes de la parte demandante en el proceso ordinario], al señor Federico Fitzgerald Olsen Herazo [coadyuvante de la parte demandada en el proceso ordinario], al municipio de Barichara [parte demandada en el medio de control] y al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil [juez de primera instancia del proceso de nulidad simple]".[14] A la accionada y a los vinculados se les concedió el término de dos días para rendir informe frente a los hechos de la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: corte, proceso, constitucional, nulidad, tutela, administrativo, expediente, decisión, solicitud, sala, auto, parte]

Auto A-322 de 2026

[Resumen automatizado: El 28 de enero de 2026, el Magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño manifestó a la Sala Plena de la corporación la posible configuración de la causal de impedimento de tener interés en la decisión, prevista en el artículo 25 del Decreto Ley 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, dentro del trámite de la solicitud de nulidad de la Sentencia C-338 de 2025, expediente LAT-501. || De conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991 y el artículo 106 del Acuerdo 02 de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir los incidentes de nulidad que se promueven contra los procesos y las sentencias proferidas por esta Corte. || En escenarios de sentencias proferidas con ocasión del control abstracto de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional ha exigido una carga argumentativa estricta, ya que la problemática no versa sobre derechos subjetivos de las partes, y tiene un carácter aún más excepcional la violación al debido proceso.] - [Palabras claves automatizadas: corte, nulidad, sentencia, constitucional, proceso, decisión, plena, debido, parte, violación, corporación, solicitud]

Auto A-321 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, procede a resolver el impedimento presentado por el Procurador General de la Nación, quien solicitó ser relevado del deber de rendir concepto en el presente proceso de constitucionalidad al estimar configurada una de las causales de impedimento previstas en los artículos 25 y 26 del Decreto Ley 2067 de 1991. || En ese sentido, estableció los siguientes criterios indicativos para evaluar, en cada caso, los impedimentos formulados por el procurador: (i) las funciones propias del empleo de secretario general del Senado y la verificación de que la intervención alegada guarde relación con sus funciones; (ii) la naturaleza del procedimiento constitucional, es decir, si se trata de un proceso de control automático e integral o de una demanda de inconstitucionalidad; (iii) el tipo de cargo planteado en la demanda, esto es si se alega la configuración de un vicio de procedimiento o de fondo; y (iv) el alcance, la relevancia e incluso el momento en que tuvo lugar la intervención de la autoridad concernida en el trámite legislativo, de cara al asunto que debe resolver la Corte.] - [Palabras claves automatizadas: nación, corte, concepto, procurador, general, intervención, causal, control, senado, constitucionalidad, constitucional, participación, ley, sala]

Auto A-320 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, procede a resolver el impedimento presentado por el Procurador General de la Nación, quien solicitó ser relevado del deber de rendir concepto en el presente proceso de constitucionalidad al estimar configurada una de las causales de impedimento previstas en los artículos 25 y 26 del Decreto Ley 2067 de 1991. || En ese sentido, estableció los siguientes criterios indicativos para evaluar, en cada caso, los impedimentos formulados por el procurador: (i) las funciones propias del empleo de secretario general del Senado y la verificación de que la intervención alegada guarde relación con sus funciones; (ii) la naturaleza del procedimiento constitucional, es decir, si se trata de un proceso de control automático e integral o de una demanda de inconstitucionalidad; (iii) el tipo de cargo planteado en la demanda, esto es, si se alega la configuración de un vicio de procedimiento o de fondo; y (iv) el alcance, la relevancia e incluso el momento en que tuvo lugar la intervención de la autoridad concernida en el trámite legislativo, de cara al asunto que debe resolver la Corte.] - [Palabras claves automatizadas: ley, nación, general, corte, senado, intervención, procurador, proyecto, constitucionalidad, constitucional, trámite, constitución]

Auto A-319 de 2026

[Resumen automatizado: Aclaración de los autos proferidos por la Corte Constitucional que resuelven un conflicto de competencia entre jurisdicciones || No obstante, esta Corporación ha señalado que, de manera excepcional, proceden las solicitudes de aclaración de los autos que resuelven conflictos de jurisdicciones, siempre que el contenido de la decisión genere un auténtico motivo de duda y que las expresiones que originan dicha incertidumbre se encuentren en la parte resolutiva de la providencia o tengan incidencia en ella. || Parámetros para examinar las solicitudes de aclaración de los autos que resuelven un conflicto de competencia entre jurisdicciones || Es así que no existe legitimación para actuar respecto de las partes del proceso que originó el conflicto propuesto por las autoridades judiciales, cuando solicitan aclaración de un auto que resuelve aquel. || La solicitud no satisface el requisito de legitimación pues en los conflictos de competencia entre jurisdicciones la legitimación para actuar corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales que integran el conflicto.] - [Palabras claves automatizadas: corte, conflicto, jurisdicciones, solicitud, auto, proceso, autoridad, competencia, decisión, parte, partes, puede, debe]

Auto A-318 de 2026

[Resumen automatizado: Contra la anterior decisión el demandante presentó una solicitud de nulidad por "señaladas irregularidades en la motivación del auto de la referencia constitutivas de violaciones al debido proceso en sus garantías de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, buen funcionamiento de administración de justicia e igualdad procesal"[2]. || En efecto, el 29 de agosto de 2025 el magistrado Carvajal Londoño presentó ante la Sala Plena de la Corporación una manifestación de impedimento para resolver el recurso de súplica y profirió un auto de ponente en el que ordenó suspender los términos del proceso "hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional adopte y notifique una decisión respecto de la manifestación de impedimento y la recusación presentada por el referido ciudadano en contra del suscrito magistrado". || En virtud de lo anterior, el 30 de septiembre de 2025 en el registro de etapas del proceso, la Secretaría incluyó la siguiente anotación: "[a]tendiendo lo dispuesto en el auto del 29 de agosto de 2025, se procede a suspender los términos a partir del 4 de septiembre de 2025, en razón a que los mismos deben ser levantados 'hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional adopte y notifique una decisión respecto de la manifestación de impedimento y la recusación presentada por el referido ciudadano en contra el suscrito magistrado".] - [Palabras claves automatizadas: corte, auto, constitucional, sala, proceso, decisión, recurso, solicitud, debido, nulidad, plena]

Auto A-317 de 2026

[Resumen automatizado: A partir de estas consideraciones, la Corte identificó que la norma acusada contenía dos facultades distintas en cabeza de la Superintendencia de Sociedades: por un lado, la de remoción de los administradores de sociedades comerciales sometidas a control y, por otro lado, la designación de su reemplazo a partir de las listas elaboradas por dicha entidad. || En su análisis, este Tribunal concluyó que la facultad de la Superintendencia para remover a los administradores era compatible con la Constitución porque esta medida persigue un fin constitucionalmente importante consistente en la tutela del orden público económico, concretado en el cumplimiento de la ley mercantil, la superación de una situación crítica económica, jurídica, administrativa o contable por la que atraviesa una sociedad comercial y la protección de los derechos de los terceros que interactúan con ella. || Por lo anterior, la sentencia advirtió que la facultad de la Superintendencia de Sociedades para designar directamente al nuevo administrador no era idónea para garantizar la recuperación de la empresa, ni el cumplimiento de la ley mercantil, pues generaba una asimetría entre la autoridad y los socios de la sociedad.] - [Palabras claves automatizadas: corte, superintendencia, sentencia, administradores, en, reemplazo, facultad, solicitud, dicha, cumplimiento, control]

Auto A-316 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Recusación presentada por Fernando Borda Castilla en contra de los magistrados Carlos Ernesto Camargo Assis, Lina Marcela Escobar Martínez, Juan Carlos Cortés González, Natalia Ángel Cabo, Paola Andrea Meneses Mosquera y Miguel Polo Rosero. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de las competencias previstas en la Constitución Política de 1991 y en el Decreto 2067 de 1991, procede a pronunciarse sobre la pertinencia de las recusaciones formuladas en contra de los magistrados Carlos Ernesto Camargo Assis, Lina Marcela Escobar Martínez, Juan Carlos Cortés González, Natalia Ángel Cabo, Paola Andrea Meneses Mosquera y Miguel Polo Rosero. || Por tanto, no está legitimado en la causa para formular una recusación en contra de los Magistrados Carlos Ernesto Camargo Assis, Lina Marcela Escobar Martínez, Juan Carlos Cortés González, Natalia Ángel Cabo, Paola Andrea Meneses Mosquera y Miguel Polo Rosero. || RECHAZAR�por falta de pertinencia la recusación presentada por Fernando Borda Castilla en contra de Carlos Ernesto Camargo Assis, Lina Marcela Escobar Martínez, Juan Carlos Cortés González, Natalia Ángel Cabo, Paola Andrea Meneses Mosquera y Miguel Polo Rosero, magistrados y magistradas de la Sala Plena de la Corte Constitucional, dentro del expediente RE-387, dado que no se cumple con el requisito de la legitimación por activa, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.] - [Palabras claves automatizadas: decreto, corte, magistrados, magistrado, constitucionalidad, plena, proceso, recusaciones, ciudadano, sala, constitucional, decisión, debe, manera, ley]

Auto A-315 de 2026

[Resumen automatizado: Tercer cargo No se acredita (i) la especificidad propia de un cargo de igualdad, porque no se explicó cómo la justicia estatal es comparable con la justicia arbitral, ni las razones por las que las causales de nulidad deberían tratarse como causales de anulación, ni la falta de justificación de aquella diferenciación; (ii) la certeza, porque la disposición acusada no se refiere a las causales de nulidad del proceso, sino a las razones para el rechazo del recurso de anulación; (iii) la pertinencia, porque se usa el artículo 133 de la Ley 1564 de 2012 como parámetro de control constitucional; ni (iv) la suficiencia, por el incumplimiento de las anteriores condiciones, requeridas para generar una duda mínima sobre su constitucionalidad. || Segundo cargo Al igual que en la demanda inicial, el accionante no desarrolló el argumento según el cual la falta de previsión de la ausencia de interpretación prejudicial desconoce la integración latinoamericana, ni las razones por las que debe considerarse como causal en una ley general de arbitraje. || 1. El magistrado sustanciador realizó un falso juicio de realidad y distorsionó la argumentación propuesta El demandante considera que el magistrado encuadró los cargos bajo una omisión legislativa relativa, sin tener en cuenta que fue enfático en señalar que no cuestionaba la ausencia de causales de anulación, ni pretendía cuestionar su taxatividad, sino el mandato de rechazo del recurso.] - [Palabras claves automatizadas: cargo, recurso, causales, demanda, cargos, rechazo, falta, razones, ley, causal, corrección, magistrado, inconstitucionalidad, interpretación]

Auto A-314 de 2026

[Resumen automatizado: Ello, por cuanto dicho Tribunal asumió el conocimiento de la tutela masiva tramitada desde el 25 de noviembre de 2025 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Tunja, señalando que ambas tutelas se dirigían contra las mismas entidades accionadas, se vulneraban los mismos derechos fundamentales y la causa que provocaba la acción de tutela se origina de la misma manera con ocasión a la postulación realizada al empleo de Facilitador II, Código 102, Grado 2, identificado con la OPEC 198260, del concurso de la DIAN 2022 por parte de los accionantes. || La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un�conflicto aparente de competencia entre la Sección Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja Sala Civil-Familia, derivado de las reglas de reparto previstas en el Decreto 1834 de 2015. || En efecto, mediante Auto del 3 de febrero de 2026, la Sección Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la acción de tutela promovida por el señor Aris Alfonso López Noya cumple los criterios de tutela masiva, al presentar identidad con el expediente conocido en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil Familia.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, tribunal, competencia, ordenar, decreto, ii, sala, administrativo, reparto, autoridad, lista, acciones, superior, cundinamarca, instancia, acción, conocimiento]

Auto A-313 de 2026

[Resumen automatizado: Este despacho, por medio de un Auto del 13 de febrero de 2026, declaró que no era competente para conocer del caso, suscitó un conflicto de competencia negativo con el Juzgado 018 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para su resolución. || En efecto, el Juzgado 018 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla argumentó que la vulneración del derecho de Cooefecticréditos ocurrió en Pasto, debido a que la petición se elevó contra una autoridad que se encuentra ubicada en ese municipio. || De ese modo, la Corte (i) dejará sin efectos el Auto del 13 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado 018 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla; y (ii) le remitirá el expediente a esta autoridad judicial para que inmediatamente continúe con el trámite y adopte una decisión de fondo. || Adicionalmente, la Sala Plena le advertirá al Juzgado 002 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pasto que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, lo remita a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 para su resolución.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, corte, acción, barranquilla, lugar, efectos, judicial, constitucional, autoridad, conflicto, factor, competentes, derecho, sala]

Auto A-312 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-312-2026

Auto A-311 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: conflicto de competencia suscitado entre la Sala 004 de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira (Risaralda) y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 11 de febrero de 2026, dictado por la Sala 004 de Decisión Penal Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira; (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión; y (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar la nulidad de todo lo actuado con fundamento en interpretaciones erróneas del factor funcional. || Igualmente, (iv) advertirá al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 11 de febrero de 2026, dictado por la Sala 004 de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, en el marco de la acción de tutela promovida por Blanca Doris Ospina García en contra del Juzgado 002 Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal y Omar Flórez Morales.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, sala, funcional, competencia, decisión, instancia, superior, civil, penal, autoridad, santa, primera, plena, judicial, distrito, corte]

Auto A-310 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-310-2026

Auto A-309 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-309-2026

Auto A-308 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-308-2026

Auto A-307 de 2026

[Resumen automatizado: Al respecto, la autoridad judicial remitente señaló que la DIAN le había informado que las acciones y omisiones que motivaron la presentación de la acción de tutela habían sido objeto de estudio por parte de otros despachos judiciales, especialmente, el Juzgado 005 Civil del Circuito de Valledupar, que ya había resuelto una solicitud de amparo (radicado 20001310300520250021000) con identidad de objeto, causa y sujeto pasivo respecto de la tutela objeto de estudio en el presente caso. || Sobre lo expuesto, la Corte Constitucional ha señalado que cuando las acciones de tutela presenten un formato estandarizado, en el que se demuestra la configuración de la triple identidad, una mínima argumentación por parte de la autoridad judicial que pretende abstenerse del conocimiento de la solicitud de amparo es suficiente para demostrar el acaecimiento del fenómeno de la tutela masiva. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la decisión del 16 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 005 Civil del Circuito de Valledupar, y (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, acciones, identidad, lista, competencia, no, civil, corte, iv, autoridad, empleo, objeto, elegibles]

Auto A-306 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-306-2026

Auto A-305 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-305-2026

Auto A-304 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena considera que el Juzgado 040 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá es la autoridad llamada a resolver la tutela, por dos razones principales. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 7 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado 040 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá; (ii) le remitirá el expediente a dicha autoridad para que continúe el trámite y adopte una decisión y (iii) le advertirá que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 7 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado 040 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, en el marco de la acción de tutela promovida por José Alejandro Torres Díaz contra Avianca S.A. || ADVERTIR al Juzgado 040 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, sala, plena, conflicto, autoridad, bogotá, efectos, corte, magistrado, lugar, territorial, decisión]

Auto A-303 de 2026

[Resumen automatizado: En cumplimiento del anterior proveído, el caso fue repartido al Juzgado 013 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, el cual, mediante Auto del 27 de noviembre de 2025, rechazó la acción de tutela por falta de competencia y remitió el asunto a la oficina de reparto para que el asunto fuera asignado a los jueces promiscuos municipales de La Calera. || Lo anterior, porque esta última autoridad judicial le remitió el expediente al Juzgado 013 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá por estimar, en los términos de los artículos 140 y 144 del CGP, que es el juez que debe reemplazarlo en caso de encontrar acreditada la causal por la cual se declaró impedido. || En consecuencia, la Corte dejará sin efectos el Auto del 27 de noviembre de 2025 proferido por el Juzgado 013 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, mediante el cual declaró su falta de competencia para asumir el conocimiento de la acción de tutela impetrada por la señora Mireya Fitata Gómez. || REMITIR el expediente ICC-5304 al Juzgado 013 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá para que, de forma inmediata, se pronuncie sobre el impedimento y la asunción de competencia en la acción de tutela interpuesta por la señora Mireya Fitata Gómez en contra de la Inspección de Policía del municipio de La Calera.] - [Palabras claves automatizadas: municipal, tutela, bogotá, acción, competencia, judicial, asunto, sala, conflicto, conforme, civil, trámite, plena]

Auto A-302 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-302-2026

Auto A-301 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-301-2026

Auto A-300 de 2026

[Resumen automatizado: Por otra parte, el Juzgado 001 del Circuito de Monterrey mencionó que el domicilio actual y real de la accionante corresponde al municipio de Recetor, Casanare, por lo que carece de competencia para conocer la acción de tutela. || Así las cosas, la Sala considera que, de las dos autoridades judiciales en conflicto, únicamente el Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Yopal ostenta la competencia para conocer la acción de tutela presentada por María Zulma Alarcón Ávila, al corresponder, como ya se dijo, al distrito judicial donde la tutelante decidió presentar la solicitud de amparo y porque hasta dicho municipio se podrían extender los efectos de la presunta vulneración de derechos. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la decisión del 4 de febrero de 2026, proferida por el Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Yopal y (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, lugar, casanare, acción, municipio, corte, sala, nacional, constitucional, magistrado, autoridades, administrativo]

Auto A-299 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue repartido al Juzgado 015 Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena de Indias, autoridad judicial que, mediante Auto del 28 de enero de 2026, declaró su falta de competencia para conocer del asunto, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de Reparto de Cartagena. || Esta autoridad judicial concluyó que, el despacho de origen declaró la falta de competencia “sin apego a la normativa y jurisprudencia constitucional”, al rechazar el conocimiento de la acción de tutela basándose en reglas de reparto prohibición expresamente contenida en el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021 y reiterada por la Corte Constitucional. || Al respecto, esta Corporación considera que el Juzgado 015 Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena de Indias dio un alcance inexistente a las reglas de reparto que son meras pautas de asignación de expedientes de tutela. || Adicionalmente, la Sala realizará una advertencia al Juzgado 015 Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena de Indias para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia en materia de tutela con fundamento en las reglas de reparto.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, indias, tutela, cartagena, judicial, constitucional, reparto, acción, corte, administrativo, autoridad]

Auto A-298 de 2026

[Resumen automatizado: Sin embargo, mediante Auto del 3 de febrero de 2026, esta autoridad judicial se abstuvo de conocer la acción presentada y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente para ser repartido entre los jueces de circuito de esa misma ciudad. || Esta autoridad judicial, por medio de Auto del 5 de febrero de 2026, también decidió no avocar el conocimiento del proceso de la referencia y, por el contrario, remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto. || La Corte Constitucional sostiene que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia, en materia de tutela, corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[6]. || Con base en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Juzgado 012 Civil Municipal de Bucaramanga se encuentra en la obligación de resolver, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Matilde Vásquez de Galindo en contra de la Nueva EPS y Droguerías Cafam, por cuanto es la primera autoridad con competencia a la que se le repartió el asunto.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, autoridad, corte, municipal, constitucional, acción, civil, reglas, autoridades, auto, decisión, magistrado, sala, asunto]

Auto A-297 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-297-2026

Auto A-296 de 2026

[Resumen automatizado: El 30 de enero de 2026, esta autoridad resolvió remitir la tutela a los juzgados del circuito judicial de Túquerres, por considerar que eran los competentes para tramitarla. || El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado 001 Civil del Circuito de Túquerres, autoridad que, el 3 de febrero siguiente, resolvió promover un conflicto negativo de competencia y remitir el expediente a esta Corte. || Consideró que el primer juez era el competente para tramitar la tutela, pues es en Pasto donde los accionantes esperan recibir respuesta a las peticiones y, además, fue el sitio escogido por ellos a prevención. || La Sala Plena considera que el Juzgado 007 Administrativo de Pasto es la autoridad llamada a resolver la tutela, por dos razones principales. || Segundo, habida cuenta de que ambas autoridades son competentes para conocer el asunto desde el factor territorial, Pasto fue el sitio escogido a prevención por los accionantes para la presentación de la tutela. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 30 de enero de 2026, dictado por el Juzgado 007 Administrativo de Pasto, y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, administrativo, autoridad, sala, competencia, plena, magistrado, conflicto, territorial, efectos, municipio, registro, sistema, peticiones]

Auto A-295 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-295-2026

Auto A-294 de 2026

[Resumen automatizado: La controversia se originó entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Cabrera, Cundinamarca, y el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Fusagasugá, Cundinamarca, debido a que el primero aplicó inadecuadamente las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 y la segunda autoridad judicial remitió el asunto a la Corte Constitucional por considerar que el mencionado decreto contiene normas de reparto, las cuales no pueden utilizarse para desprenderse de la competencia. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 28 de enero de 2026, dictado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cabrera, Cundinamarca; (ii) le remitirá el expediente a esa autoridad judicial para que adopte una decisión; y (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021. || Por último, le advertirá al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Fusagasugá, Cundinamarca, que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y conforme la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, cundinamarca, reparto, tutela, constitucional, acción, decreto, municipal, corte, autoridad, magistrado, sala]

Auto A-293 de 2026

[Resumen automatizado: Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación dejará sin efectos el Auto del 29 de enero de 2026 proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Honda, y ordenará la remisión del expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión correspondiente respecto de la acción de tutela objeto del conflicto, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. || También, le advertirá al Juzgado Penal del Circuito de Honda que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe resolverse, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación. || ADVERTIR al Juzgado Penal del Circuito de Honda que, en lo sucesivo, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, acción, decreto, acciones, sala, penal, conocimiento, identidad, corte, autoridad, reparto]

Auto A-292 de 2026

[Resumen automatizado: Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera || Ahora bien, en los casos en que ambas autoridades en conflicto sean competentes desde el factor territorial para conocer la tutela, se le deberá otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, en virtud del criterio «a prevención». || La Sala Plena considera que el Juzgado 024 Civil Municipal de Roma es la autoridad llamada a resolver la tutela por dos razones principales. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 22 de enero de 2026, dictado por el Juzgado 024 Civil Municipal de Roma, y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. || Además, le advertirá al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Sevilla que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996. || ADVERTIR al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Sevilla que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, roma, municipal, competencia, civil, conflicto, autoridades, sala, efectos, allí, autoridad, territorial, lugar, plena, magistrado]

Auto A-291 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-291-2026

Auto A-290 de 2026

[Resumen automatizado: En efecto, por un lado, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Popayán argumentó que no tenía competencia debido a que la presunta vulneración de los derechos del accionante ocurrió en Buga, Valle del Cauca, y que allí es donde se surten sus efectos. || Adicionalmente, se advertirá a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca, para que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || ADVERTIR a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves automatizadas: sala, penal, tutela, acción, tribunal, competencia, judicial, corte, constitucional, conflicto, distrito]

Auto A-289 de 2026

[Resumen automatizado: (…) lo que se está cuestionando es la legalidad de la decisión dentro del trámite administrativo adelantado por la demandada al imponer la sanción referida, esto que se está diciendo no resulta caprichoso, por el contrario, se dice con sustento en lo dicho por la honorable Corte Constitucional en auto 381 de 2022, en el que se precisó que cuando un extrabajador oficial promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir un acto disciplinario, a quien le corresponde la competencia es a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…)”. || En auto 381 de 2022, la Sala Plena de esta Corporación resolvió un conflicto entre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, con ocasión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado en contra de una resolución emitida por la Oficina de Control Disciplinario de las Empresas Públicas de Medellín, en la cual se declaró disciplinariamente responsable a un servidor que, para la fecha en la que ocurrieron los hechos, se desempeñaba como oficial conductor operario y de mantenimiento adscrito a la Unidad de Distribución Zona Norte y, en consecuencia, se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, jurisdicción, contencioso, jurisdicciones, derecho, conflicto, acto, actos, decisión, control, asunto, nulidad]

Auto A-288 de 2026

[Resumen automatizado: Señaló que, según lo precisado por la Corte Constitucional en el Auto 042 de 2024, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, el conocimiento de los procesos declarativos en los que se solicite el reconocimiento y pago de obligaciones derivadas de facturas de venta originadas en la prestación de servicios de salud, siempre que tales controversias no encuadren en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). || Sostuvo que la Corte Constitucional, en el Auto 2032 de 2023, fijó como regla que la Superintendencia Nacional de Salud es competente para conocer las controversias entre entidades que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud cuando el conflicto versa sobre devoluciones o glosas a facturas por servicios médicos. || Asimismo, la Corte Constitucional, en autos como el 312 de 2023 y 373 de 2025, precisó que las controversias relacionadas con cobros, recobros, glosas o devoluciones de facturas por servicios de salud ya prestados no constituyen asuntos propios del sistema de seguridad social en sentido estricto, en los que medie disputa entre afiliados y entidades administradoras o prestadoras.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, servicios, corte, superintendencia, salud, pago, entidad, prestados, demanda, constitucional, auto, nacional, conflicto, competencia, asunto, jurisdicción]

Auto A-287 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-287-2026

Auto A-286 de 2026

[Resumen automatizado: El proceso fue repartido al Juzgado 1º Civil del Circuito de Rionegro, el que, mediante auto del 10 de diciembre de 2025, inadmitió la demanda, para que la demandante explicara las razones por las cuales la acción iba dirigida contra Inversiones La Majada S.A.S, y no contra CORNARE, entidad que ordenó el desmonte de la estructura de captación. || La demandante aclaró que la demanda se dirigía únicamente en contra de la empresa Inversiones La Majada S.A.S. No obstante, mediante auto del 15 de diciembre de 2025, el Juzgado 1º Civil del Circuito de Rionegro declaró su falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a los jueces de lo contencioso administrativo de Medellín. || La Corte Constitucional, con base en la Ley 472 de 1998, mediante auto 799 de 2021, que fue reiterado en los autos 202 de 2022, 1433 y 1758 de 2024 y 164 de 2025, determinó que “(…)�la jurisdicción para conocer de las acciones populares está determinada por la calidad del demandado, pues siempre que la violación de derechos colectivos involucre�actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas será la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la competente.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, conflicto, autoridades, jurisdicción, civil, jurisdicciones, acciones, personas, ley, corte, conocer, acción, competente, funciones, competencia, entidad, magistrado, inversiones, mediante]

Auto A-285 de 2026

[Resumen automatizado: Decisión de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral: Mediante providencia del 5 de febrero de 2026, el Juzgado 017 Laboral del Circuito de Medellín declaró su falta de jurisdicción para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Héctor Elías Arias Pérez contra Colpensiones y propuso conflicto negativo de jurisdicción[3], tras advertir que, como las pretensiones se orientaban a la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 134790 del 20 de septiembre de 2021 y 073238 del 22 de julio de 2022, expedidas dentro de un proceso administrativo de cobro coactivo, así como al consecuente cese de la acción de cobro, la controversia involucra un control de legalidad de actos administrativos particulares y definitivos proferidos por una entidad pública en ejercicio de potestades administrativas. || Esta regla fue reiterada de manera expresa en el Auto 048 de 2025, en el cual la Corte estableció el siguiente criterio de decisión: "En los procesos en los que se solicite la nulidad de actos administrativos proferidos al interior del trámite del proceso de cobro coactivo adelantado por una entidad pública, la competencia recaerá en la Jurisdicción Contencioso Administrativa de conformidad con el entendimiento armónico y sistemático de los artículos 5° de la Ley 1066 de 2006, 835 del Estatuto Tributario y 101, 104 inciso primero y 138 de la Ley 1437 de 2011".] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, administrativo, cobro, actos, derecho, corte, administrativos, nulidad, proceso, conflicto, auto, contencioso, jurisdicciones, competencia, entidad]

Auto A-284 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-284-2026

Auto A-283 de 2026

[Resumen automatizado: El Consejo manifestó haber examinado el expediente histórico y escuchado nuevamente a algunos miembros de la comunidad, y resolvió (i) reafirmar la conclusión a la que había llegado la autoridad tradicional en 2017; (ii) declarar que el investigado no cometió delito alguno sino que actuó “con precaución, responsabilidad y buena fe, al devolver a la menor a su hogar y no aprovecharse de su situación de vulnerabilidad”; (iii) reiterar la recomendación de mantener distancia entre el investigado y la menor; e (iv) instar a las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria a respetar la autonomía jurídica del pueblo indígena y a tener en cuenta la resolución en cualquier proceso que se adelante. || En este caso, la Sala advierte que no existe una manifestación de la Jurisdicción Especial Indígena frente al Juzgado Penal en la que reclame de forma clara y expresa la competencia para conocer específicamente del asunto bajo estudio. || Si bien en el acta de resolución del 20 de agosto de 2025 el Consejo del Pueblo Indígena absolvió al investigado y solicitó a las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria respetar la autonomía jurídica del pueblo indígena y tener en cuenta dicha decisión, ese pronunciamiento no está dirigido al juzgado que conoce del proceso penal ni contiene una solicitud explícita para que la Jurisdicción Especial Indígena asuma el conocimiento de este caso en particular.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, jurisdicción, autoridad, conflicto, asunto, fiscalía, jurisdicciones, autoridades, competencia, especial, el, corte, proceso]

Auto A-282 de 2026

[Resumen automatizado: Asimismo, argumentó que la Corte Constitucional[6] ha precisado que dicha jurisdicción es competente para conocer los procesos encaminados a determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta mediante sucesivos contratos de prestación de servicios con el Estado; en consecuencia, justificó que carece de competencia para asumir el asunto, al corresponder su conocimiento a los juzgados administrativos. || En el Auto 492 de 2021, la Sala Plena concluyó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo los procesos promovidos para determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado. || Toda vez que estos procesos cuestionan la legalidad de los contratos de prestación de servicios suscritos por entidades públicas, cuya revisión corresponde a esta jurisdicción según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 104 del CPACA; y, se controvierte la validez de actos administrativos mediante los cuales la entidad negó la existencia de una relación laboral y la solicitud de pago de prestaciones laborales. || "De conformidad con el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo, un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, que presuntamente fue encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado".] - [Palabras claves automatizadas: laboral, prestación, administrativo, contratos, constitucional, conflicto, conocer, servicios, entidad, auto, jurisdicción, relación, corte, competente]

Auto A-281 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-281-2026

Auto A-280 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante Auto del 04 de noviembre de 2025, el juzgado requirió al IDEAR para que informara si el pagaré No. 30382385 (i) contaba con una garantía real (hipoteca o cualquier otro gravamen sobre un bien) y (ii) si se originó en virtud de la ejecución de un contrato estatal o un contrato privado suscrito entre el Instituto y los señores Álvaro Javier Gualteros Cisneros y Crisbyn Carolina Cardozo Mantilla. || Finalmente, puso de presente que la ampliación de la regla del Auto 554 de 2023 de la Corte Constitucional, fijada en el Auto 969 de 2025 y reiterada en los Autos 1073 y 1434 de 2025, no le es aplicable a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque ante la respuesta del IDEAR al requerimiento hecho el 4 de noviembre de 2025, quedó demostrada la certeza de la inexistencia de un contrato entre el Instituto y los señores Álvaro Javier Gualteros Cisneros y Crisbyn Carolina Cardozo Mantilla.] - [Palabras claves automatizadas: contrato, jurisdicción, auto, no, competencia, entidad, arauca, sala, estatal, jurisdicciones, conocer, administrativo, financiera, pública]

Auto A-279 de 2026

[Resumen automatizado: Finalmente, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el despacho concluyó que, dado que el FFAMA es una entidad pública no comprendida en las excepciones del artículo 105 del CPACA y que la obligación objeto de ejecución se deriva de un contrato estatal celebrado por dicha entidad, la competencia para conocer del asunto corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || La autoridad judicial, luego de efectuar un recuento de los fundamentos normativos que determinan los asuntos asignados por ley a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en particular los artículos 104 y 105 del CPACA, explicó que, conforme al Auto 1092 de 2023 de la Corte Constitucional, la competencia para conocer de los procesos ejecutivos hipotecarios corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, especialidad Civil. || Superado el análisis previo, la Sala concluye que el conocimiento del asunto corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, especialidad Civil, pues si bien el FFAMA es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, conforme al artículo 5 del Acuerdo No. 021 del 26 de agosto de 2010, en el presente caso se trata de un proceso ejecutivo hipotecario de menor cuantía promovido por dicha entidad contra Gladys Emilce León Mesa, con ocasión del incumplimiento de las obligaciones derivadas de un crédito, garantizadas mediante hipoteca de primer grado constituida por Escritura Pública No. 2317 del 30 de agosto de 2022, otorgada en la Notaría Única de Aguazul.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, administrativo, corte, auto, conforme, asunto, competencia, ordinaria, conflicto, constitucional, conocer, magistrado, código, municipal]

Auto A-278 de 2026

[Resumen automatizado: En auto 448 de 2021, la Sala Plena de la Corte analizó un conflicto entre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, con ocasión de una demanda que se promovió en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de un oficio emitido por la Beneficencia de Cundinamarca, en el cual se le negó a un trabajador oficial el reconocimiento del régimen retroactivo de las cesantías. || Por el contrario “las demandas presentadas por trabajadores oficiales en cuanto tales son de la órbita del conocimiento de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, con sustento en tres premisas básicas a saber: (i) los trabajadores oficiales están vinculados mediante contrato de trabajo; (ii) por mandado legal la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo adolece de falta de competencia para resolver los asuntos de esta naturaleza y (iii) dado que ninguna norma defiere estos procesos a otra autoridad judicial, entra a operar la competencia residual de que está investida la Jurisdicción Ordinaria”. || En consecuencia, fijó la siguiente regla de decisión “La demanda promovida por un trabajador oficial para perseguir el reconocimiento y pago de prestaciones laborales que han sido causadas en virtud del contrato de trabajo que ha celebrado con el Estado, deber ser conocida y decidida por la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral”.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, jurisdicciones, laboral, bogotá, jurisdicción, régimen, sala, magistrado, conflicto, trabajador, competencia, centro, demanda]

Auto A-277 de 2026

[Resumen automatizado: Como sustento de lo anterior, afirmó que el artículo 37 de la Ley 550 de 1999 asigna a la Superintendencia de Sociedades la competencia para dirimir judicialmente las controversias relacionadas con el reconocimiento u ocurrencia de presupuestos de ineficacia previstos en dicha ley, en el marco de acuerdos de reestructuración. || Igualmente, citó el Auto 1561 de 2022 en el que la Corte Constitucional señaló como regla de decisión que la Superintendencia de Sociedades es la competente para conocer de procesos judiciales derivados de la ejecución de los acuerdos de reestructuración de pasivos de entidades territoriales. || En virtud de las consideraciones generales expuestas en esta providencia, la Sala Plena determina que la competencia para conocer y resolver el medio de control de reparación directa presentada por el apoderado de la señora Olea Massa en contra del departamento de Córdoba, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-7462 al Juzgado 001 Administrativo del Circuito Judicial de Montería para que adelante las actuaciones de su competencia y para que comunique la presente decisión a la Superintendencia de Sociedades, y a los demás interesados.] - [Palabras claves automatizadas: acuerdo, superintendencia, competencia, jurisdicción, sala, constitucional, auto, jurisdicciones, conocer, conflicto, reparación, administrativo, directa, judicial, en, corte]

Auto A-276 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-276-2026

Auto A-275 de 2026

[Resumen automatizado: En los autos 1089 de 2022 y 1092 de 2023, esta Corte conoció de conflictos entre las jurisdicciones ordinaria en su especialidad civil y de lo contencioso administrativo, que se originaron con ocasión a demandas ejecutivas con título hipotecario, las cuales fueron presentadas por una entidad pública contra un particular. || La regla de decisión establecida en el Auto 1089 de 2022 y retomada por el Auto 1970 de 2024 ha sido reiterada por esta Corporación en casos similares al actual, en los que se han suscitado conflictos negativos de jurisdicción entre juzgados civiles y administrativos respecto de casos originados en demandas ejecutivas presentadas por el IDEAR, en las que existe un título valor respaldado por garantías reales. || A partir de lo anterior, se observa que la jurisprudencia de la Corte ha aplicado, de forma prevalente, la regla de decisión del Auto 1089 de 2022 a los conflictos entre jurisdicciones donde se presentan demandas ejecutivas hipotecarias interpuestas por entidades públicas. || “De conformidad con el artículo 15 del Código General del Proceso, la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer de los procesos ejecutivos hipotecarios en los que haga parte una entidad pública.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, corte, arauca, conflicto, entidad, auto, competencia, jurisdicciones, civil, ordinaria, conocer, municipal, real]

Auto A-274 de 2026

[Resumen automatizado: Asimismo, sustentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente en el Auto 385 de 2023, en el que se precisó que dicha jurisdicción es competente para conocer de procesos ejecutivos promovidos contra entidades públicas como las Empresas Sociales del Estado, especialmente cuando no existe certeza sobre la existencia o no de un vínculo contractual que haya dado origen al título que se pretende ejecutar. || Con este contexto, y conforme lo ha señalado la Corte Constitucional en anteriores oportunidades, cuando no existe claridad sobre la existencia de un contrato estatal entre las partes que pudiera originar las facturas, la Sala Plena carece de competencia para establecer de manera definitiva si dicho contrato existió, por lo que debe acudir a la cláusula general de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expuesta en las consideraciones del presente auto. || “En virtud de lo establecido en la cláusula general de competencia del artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer sobre procesos ejecutivos promovidos contra entidades públicas como las Empresas Sociales del Estado (ESE), en los casos en los que el juez del conflicto no tuviere certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pudiere ser la causa del título valor que se pretende ejecutar”.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, estatal, contrato, jurisdicción, contencioso, asunto, corte, existencia, conflicto, constitucional, sala, proceso, conocimiento, competencia]

Auto A-273 de 2026

[Resumen automatizado: El 20 de enero de 2026, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre planteó un conflicto negativo de jurisdicciones, al estimar que “tampoco cuenta con competencia para asumir el conocimiento del caso y la posible concurrencia de la Jurisdicción Especial Indígena. || C. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos entre la Procuraduría General de la Nación, sus regionales y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. || En auto 893 de 2023, la Sala Plena de esta Corporación resolvió un conflicto suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría Segunda de Instrucción de la misma ciudad, autoridades que declararon su incompetencia para conocer de una queja disciplinaria formulada contra un auxiliar de la justicia. || Primero: Declararse INHIBIDA para resolver el conflicto planteado entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sincelejo y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre por falta de competencia, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. || Segundo: REMITIR el expediente CJU-7454 a la Sala de Consulta y Servicio Civil para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados, incluyendo a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sincelejo y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre.] - [Palabras claves automatizadas: judicial, disciplina, competencia, procuraduría, instrucción, sala, comisión, resolver, magistrado, conflicto, asunto, corte]

Auto A-272 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-272-2026

Auto A-271 de 2026

[Resumen automatizado: En los autos 775 de 2021 y 1090A de 2021, la Corte precisó que, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las controversias en las que se demanden actos expedidos por empresas en cuyo capital el Estado tenga una participación igual o superior al 50%. || Con fundamento en ese análisis, en el Auto 1090A de 2021 se fijó como regla de decisión que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se cuestionan actos administrativos expedidos por una empresa de servicios públicos mixta, a pesar de que esta tenga como accionista mayoritario a otra empresa mixta con participación estatal mayoritaria. || En el Auto 1536 de 2025, al dirimir un conflicto de jurisdicciones en un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de EMGESA S.A. E.S.P., la Corte Constitucional advirtió que en marzo de 2022 se llevó a cabo la fusión que dio origen a ENEL Colombia S.A. E.S.P., configurándola como empresa de naturaleza privada para la fecha.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, jurisdicción, actos, servicios, empresa, auto, jurisdicciones, públicos, constitucional, administrativo, sala, medio, asunto, control, civil]

Auto A-270 de 2026

[Resumen automatizado: Para apoyar su afirmación, trajo a colación un Auto del 16 de septiembre de 2015 en el que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver un conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 002 Civil del Circuito de Garzón y el Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Neiva, le asignó el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria civil tras establecer la naturaleza de empresa de servicios públicos privada de Emgesa. || El expediente fue remitido al Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón, autoridad que, mediante Auto del 18 de diciembre de 2025, declaró la carencia de competencia para conocer la demanda, propuso el conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional. || En el Auto 1071 de 2021 la Corte Constitucional explicó que en los asuntos en los cuales se discuten conflictos de competencia entre jurisdicciones puede declararse la existencia de la cosa juzgada cuando la competencia ya se asignó por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. || ESTARSE A LO RESUELTO por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el Auto del 11 de septiembre de 2019, en el cual se decidió que la competencia para conocer de este asunto correspondía al Juzgado 009 Administrativo de Neiva (Huila).] - [Palabras claves automatizadas: sala, competencia, jurisdicción, judicatura, conflicto, auto, consejo, corte, administrativo, constitucional, asunto, superior, jurisdiccional, judicial, civil, juzgada, jurisdicciones, disciplinaria]

Auto A-269 de 2026

[Resumen automatizado: Asimismo, indicó que, según lo precisado por la Corte Constitucional en el Auto 262 de 2023, el conocimiento de los procesos ejecutivos orientados al pago de facturas por prestación de servicios de salud corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, cuando tales asuntos no se enmarcan en la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || Señaló que la Corte Constitucional, en el Auto 1308 de 2023, estableció que el conocimiento de las demandas ejecutivas en las que se reclama el pago de obligaciones contenidas en facturas expedidas con ocasión de la prestación de servicios de salud por una Empresa Social del Estado (ESE), en el marco del Decreto 4747 de 2007, corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, por aplicación de la cláusula general de competencia y al no encuadrarse en el supuesto previsto en el artículo 104.6 del CPACA. || Consideró que, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, en los procesos ejecutivos orientados al cobro de facturas de venta derivadas de la prestación de servicios de salud se activa la cláusula general de competencia prevista en el numeral 5 del artículo 2 del CPTSS, por lo que su conocimiento corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, conflicto, administrativo, contrato, servicios, auto, demanda, corte, ordinaria, sala, asunto, nacional, competencia, contencioso, corresponde]

Auto A-268 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-268-2026

Auto A-267 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado señaló que, al aplicar las disposiciones legales al caso concreto, se debían considerar dos hechos respecto a la situación de la señora María del Carmen Godoy: primero, que causó el derecho a la pensión de vejez desde el 28 de abril de 2021, fecha en la que cumplió 57 años y acreditaba más de 1.300 semanas; y segundo, la historia laboral expedida por Colpensiones reflejaba que la señora María del Carmen Godoy, al momento de causar su derecho a la pensión, realizaba cotizaciones como trabajadora independiente. || Reiteración de los autos 420 de 2024: “La jurisdicción ordinaria laboral es la competente para conocer de las demandas interpuestas contra Colpensiones, en las que se pretende el reconocimiento o la reliquidación de una pensión de vejez cuando la última vinculación al sistema del demandante sea como independiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, numeral 4, del CPTSS”. || DIRIMIR el conflicto de competencia entre la Jurisdicción Ordinaria Civil y la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en el sentido de DECLARAR que el conocimiento de la demanda de María del Carmen Godoy Garzón en contra de la Administradora de Pensiones Colpensiones le corresponde al Juzgado 008 Laboral del Circuito de Cali.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, laboral, ordinaria, pensión, maría, competencia, el, conflicto, corte, administrativo, demanda, vejez, jurisdicciones, derecho, momento]

Auto A-266 de 2026

[Resumen automatizado: El 13 de diciembre de 2022, Luis Javier Contreras Guerrero, Lina Rosa Pacheco Maldonado, Rosa Lizeth Peñaloza Pacheco, Emyly Millerlay Peñaloza Pacheco y Paula Yulieth Peñaloza Pacheco presentaron, mediante apoderada judicial, una demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra de Carbomax de Colombia S.A.S. para obtener la indemnización de los daños materiales e inmateriales que les ocasionó el siniestro ocurrido el 22 de abril de 2019. || El 16 de enero de 2025, el Juzgado 008 Civil del Circuito Judicial de Cúcuta profirió un auto que declaró probada la excepción previa y ordenó remitir el proceso a los jueces administrativos. || El conflicto sucede entre dos autoridades judiciales que pertenecen a jurisdicciones distintas y que rechazaron la competencia para conocer el proceso, a saber: el Juzgado 008 Civil del Circuito Judicial de Cúcuta (jurisdicción ordinaria civil) y el Juzgado 013 Administrativo de Cúcuta (jurisdicción contencioso-administrativa). || En vista de que no se reunieron los requisitos que habilitan la aplicación del fuero de atracción, la jurisdicción ordinaria civil es la competente para conocer el proceso judicial que promovieron Luis Javier Contreras Guerrero y otros en contra de Carbomax de Colombia S.A.S. En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará remitir el expediente de la referencia al Juzgado 008 Civil del Circuito Judicial de Cúcuta, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, administrativo, demanda, civil, proceso, judicial, entidad, responsabilidad, pública, el, fuero]

Auto A-265 de 2026

[Resumen automatizado: Indíquese al respecto que revisada la demanda se advierte que se trata de un proceso de ejecución basado en un contrato para la prestación de servicios públicos, celebrado entre la demandante y una entidad pública, esto es, la ESE Hospital de Ponedera; razón por la cual el presente asunto es de competencia de los juzgados administrativos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.6 y 155 de la ley 1437 de 2011. || Ante ello, en el Auto 1455 de 2023, la Corte amplió la regla de decisión del auto 708 de 2021, y dispuso que: “La Jurisdicción Ordinaria conocerá de los procesos ejecutivos donde se pretenda cobrar facturas o acuerdos de pago suscritos en el marco de un contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el cual fue reformado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001” (Énfasis añadido). || Los procesos que pretendan ejecutar títulos ejecutivos provenientes de facturas, acuerdos de pago u otros documentos y que incorporen obligaciones derivadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios, deberán tramitarse ante la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil, conforme con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, reformado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, sin que la competencia dependa de la naturaleza del usuario demandado.] - [Palabras claves automatizadas: corte, prestación, ley, jurisdicción, servicio, públicos, servicios, pago, administrativo, competencia, energía, auto, contrato, jurisdicciones]

Auto A-264 de 2026

[Resumen automatizado: No obstante, el 26 de julio de 2016, ese tribunal declaró la falta de competencia jurisdiccional para seguir conociendo el expediente porque, según este, el conocimiento para los procesos declarativos y de condena cuyo objeto es el recobro de servicios no POS estructurado en facturas devueltas, rechazadas o glosadas es competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, de conformidad con la Circular No. SACUNC14-181 del 22 de septiembre de 2022, emitida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que puso en conocimiento el Auto del 11 de agosto de 2014 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de aquella corporación. || Lo anterior porque consideró que en virtud del Auto 389 de 2021 de la Corte Constitucional, la competencia judicial para conocer asuntos relacionados con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el POS, hoy PBS, y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || En el Auto 525 de 2024, esta Corporación decidió dirimir un conflicto entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido�de�declarar�que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la autoridad competente para conocer una demanda instaurada por Coomeva EPS en contra de la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio SAYP 2011.] - [Palabras claves automatizadas: conflicto, competencia, jurisdicción, administrativo, constitucional, superior, auto, demanda, sala, jurisdiccional, social, corte, contencioso, bogotá, ordinaria, ley]

Auto A-263 de 2026

[Resumen automatizado: Al respecto, en el Auto 1596 de 2024 la Corte Constitucional recordó que “la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia para conocer de las controversias relativas a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado; mientras que, a la jurisdicción ordinaria laboral le corresponde asumir el trámite de los conflictos originados, directa o indirectamente, en el contrato de trabajo, sin importar que el empleador sea un particular o una entidad pública, incluyendo los asuntos derivados de los conflictos laborales que se presenten entre el Estado y los trabajadores oficiales, de conformidad con lo establecido en los artículos 104 del CPACA y 2 del CPTSS”. || En este caso, la Corte encontró que, en los estatutos de la entidad, el cargo del demandante era uno de carrera administrativa, por lo que de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004, se estimó que el demandante se encontraba vinculado en calidad de empleado público, por lo que se asignó competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se fijó la siguiente regla de decisión: “La jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer de controversias relacionadas con la relación legal y reglamentaria entre los empleados públicos y las Empresas de Servicios Públicos que adoptan la forma de Empresa Industrial y Comercial del Estado, a partir de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 104 del CPACA”.] - [Palabras claves automatizadas: públicos, ley, servicios, jurisdicción, público, oficiales, trabajadores, administrativo, empresas, laboral, corte, empleados, decisión]

Auto A-262 de 2026

[Resumen automatizado: Para sostener esta conclusión, el juzgado de control de garantías señaló que (i) no hay pruebas de que existiera un enfrentamiento ni una acción agresiva de la víctima que justificara la reacción del soldado profesional; (ii) los hechos son confusos y no hay testigos que acrediten las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron; (iii) el informe de necropsia da cuenta de la muerte violenta de la víctima; y (iv) la Fiscalía manifestó que cuenta con videos de cámaras de seguridad que permitirían establecer que, al contrario de lo afirmado por el soldado Castañeda Jiménez, los jóvenes bajaron de la motocicleta en forma pacífica. || En tercer lugar, (iii) no le corresponde a la justicia penal militar en ningún caso y por ningún motivo juzgar a los civiles, ni tampoco a los miembros de la Fuerza Pública que cometan delitos no relacionados con el servicio, esto es, conductas punibles ajenas a las funciones misionales que en su condición de tal ejecutan, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pues tales delitos serían de competencia de la jurisdicción ordinaria. || El elemento subjetivo se cumple, porque el soldado profesional Andrés Javier Castañeda Jiménez era miembro activo del Ejército Nacional para el momento de los hechos, como consta en el certificado de calidad militar que reposa en el expediente.] - [Palabras claves automatizadas: penal, militar, hechos, corte, fuero, víctima, competencia, ordinaria, parte, jurisdicción, municipal, lugar, funcional, fuego, función]

Auto A-261 de 2026

[Resumen automatizado: Bajo ese entendimiento, en el caso referido la Corte Constitucional determinó que el instituto de fomento y desarrollo territorial demandante no se constituía como una entidad pública de carácter financiero ni se encontraba bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y dado que la demandante pretendía ejecutar un contrato estatal celebrado por una entidad pública que no cumplía los requisitos para configurar la excepción del artículo 105.1 del CPACA, la Sala Plena asignó el conocimiento del asunto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || En el�Auto 1209 de 2024, en el marco de una controversia de naturaleza similar, este tribunal estableció como regla de decisión que “la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer los procesos ejecutivos promovidos por entidades públicas, en los casos en los que el juez del conflicto no tuviere certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pudiere ser la causa del título valor que se pretende ejecutar”.] - [Palabras claves automatizadas: contrato, jurisdicción, entidad, administrativo, competencia, contencioso, competente, estatal, auto, conocer, conflicto, constitucional, pública]

Auto A-260 de 2026

[Resumen automatizado: Por lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional aplicó la regla de competencia contenida en el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, por lo que señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de una acción popular originada en actos, acciones u omisiones en la que se vincule a una entidad pública (como la CHEC) y se alegue que la infraestructura para la prestación del servicio público afecta los derechos e intereses colectivos. || En ese sentido, la Corte estableció la siguiente regla de decisión: “[d]e conformidad con el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer, tramitar y decidir las acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas, en las que se alega que la infraestructura para la prestación del servicio público afecta los derechos e intereses colectivos”. || Por lo anterior, la Sala aplicó la siguiente regla de decisión “en virtud del artículo 15 de la Ley 472 de 1998, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de una acción popular�originada en actos, acciones u omisiones�en la que se vincule a una entidad pública y se alegue que la�infraestructura para la prestación del servicio público�afecta los derechos e intereses colectivos.”] - [Palabras claves automatizadas: competencia, conocer, acción, acciones, jurisdicción, sala, ley, auto, popular, competente, pública, jurisdicciones, conflicto, empresa, entidad, plena]

Auto A-259 de 2026

[Resumen automatizado: Así las cosas, desde un análisis estricto del factor territorial, este no se acredita en el caso concreto porque el espacio geográfico en el que se ubica el pueblo indígena Umbra Guaqueramae se circunscribe al municipio de Quinchía, departamento de Risaralda, mientras que los hechos objeto de investigación ocurrieron en la vía que comunica a los municipios de Granada y San Martín, departamento del Meta; de manera que, la conducta desplegada por el señor Diego Alejandro Ortega Colorado tuvo lugar fuera del territorio de la comunidad. || Por consiguiente, al no acreditarse un interés de judicialización por parte del pueblo indígena Umbra Guaqueramae, el análisis del factor objetivo orienta la competencia hacia la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal, para investigar y juzgar los hechos atribuidos al señor Diego Alejandro Ortega Colorado. || En el presente caso, si bien la Corte observa que la autoridad indígena expresó su interés en asumir el conocimiento del proceso penal seguido contra el señor Diego Alejandro Ortega Colorado, y que dicha manifestación constituye, en sí misma, un indicio de institucionalidad comunitaria, lo cierto es que el pueblo indígena Umbra Guaqueramae no acreditó la existencia de un andamiaje institucional efectivo para investigar y juzgar las conductas de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como, el delito de hurto.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, jurisdicción, comunidad, competencia, corte, penal, especial, autoridades, jurisdicciones, proceso, autoridad, pueblo, factor, conflicto, institucional]

Auto A-258 de 2026

[Resumen automatizado: Por lo anterior, las pretensiones de la demanda se dirigían a (i) declarar que el municipio de Barrancabermeja es administrativamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados a Duber Milena Tabares Lopera; (ii) condenar a ese municipio a pagar a título de indemnización de daños y perjuicios patrimoniales en la cuantía que se demuestre en el proceso; (iii) ordenar al municipio que dé cumplimiento a la Resolución 2035 de 2013; (iv) comunicar del fallo al procurador delegado para asuntos administrativos y (v) que el municipio cumpla el fallo correspondiente. || Por tanto, concluyó que la ley prevé una cláusula general de competencia en favor de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer las demandas de responsabilidad extracontractual del Estado, cualquiera que sea su régimen. || Adicionalmente, esta Sala resalta la decisión adoptada en el Auto 3067 de 2023 que reiteró la regla contenida en el Auto 713 de 2021, mediante la cual se determinó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la competente para conocer la demanda formulada por una ciudadana, en ejercicio del medio de control de reparación directa, dirigida en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno y una inspección de policía de esa ciudad, por presuntos errores judiciales y actuaciones tardías desplegadas por esas autoridades en un proceso de perturbación a la posesión.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, barrancabermeja, competencia, jurisdicción, conflicto, conocer, administrativo, responsabilidad, municipio, reparación, jurisdicciones, sala, contencioso, proceso, directa]

Auto A-257 de 2026

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional ha reiterado que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de procesos ejecutivos en los cuales exista incertidumbre sobre la existencia de un contrato estatal como fundamento del título ejecutivo. || En el Auto 2269 de 2023, que reiteró lo señalado en los Autos 403 de 2021 y 553 de 2022, esta Corporación precisó que, conforme al artículo 104 del CPACA, dicha jurisdicción es competente cuando: (i) el juez del conflicto no tiene certeza acerca de la existencia de un contrato estatal como causa del título ejecutivo; (ii) las pretensiones pueden comprometer recursos públicos; y (iii) la controversia involucra actos o contratos de entidades públicas sometidas al derecho administrativo. || Por esta razón, la Corte Constitucional adoptó el argumento jurídico desarrollado en el Auto 1209 de 2024 y lo extendió a los casos en los cuales una entidad pública es demandada dentro de un proceso ejecutivo, especialmente cuando el juez no cuenta con certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pueda constituir el origen del título valor cuyo cobro se pretende.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, administrativo, jurisdicciones, conflicto, corte, título, contrato, constitucional, pago, estatal, competente, en, contencioso, competencia]

Auto A-256 de 2026

[Resumen automatizado: En dicha providencia, esta Corporación fijó como regla de decisión que, en virtud de los artículos 9, 14 y 15 de la Ley 142 de 1998, corresponde a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil conocer de las acciones populares dirigidas exclusivamente contra particulares, siempre que la presunta vulneración o amenaza de derechos no involucre actos, acciones u omisiones atribuibles a entidades públicas o a particulares que ejerzan funciones administrativas, supuesto en el cual la competencia radica en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || En este caso, el Juzgado 004 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga es el que debe asumir el conocimiento de la demanda de acción popular presentada por Jaime Orlando Martínez García, en aplicación de la regla de decisión fijada en el Auto 799 de 2021, la cual la Sala Plena reitera en esta oportunidad, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: || Por lo expuesto, la Sala Plena dirimirá el presente conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones en el sentido de declarar que el Juzgado 004 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga es la autoridad competente para conocer de la acción popular instaurada contra el municipio, de conformidad con la regla fijada en el Auto 799 de 2021 de esta Corporación.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, administrativo, acción, jurisdicción, sala, popular, conocer, acciones, plena, personas, jurisdicciones, presupuesto, derechos, colectivos]

Auto A-255 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Juan Carlos Cortés González, Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de apertura de incidente de desacato de la Sentencia T-301 de 2025, promovida por el señor Víctor Julio Farfán Cuervo. || Mediante la Sentencia T-301 de 2025 la Sala Novena de Revisión[1] estudió la acción de tutela presentada por el señor Víctor Julio Farfán Cuervo contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad, "a mantener un poder adquisitivo de las mesadas pensionales y a la protección de las personas de la tercera edad". || La solicitud de inicio de desacato fue presentada por el señor Víctor Julio Farfán Cuervo quien actuó en calidad de accionante dentro del trámite de tutela decidido mediante la Sentencia T-301 de 2025. || En este sentido, corresponde al Juzgado 003 Penal del Circuito de Ibagué (Tolima), en su calidad de juez de primera instancia, adelantar las actuaciones pertinentes para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte en la Sentencia T-301 de 2025 y decidir sobre la procedencia del incidente de desacato.] - [Palabras claves automatizadas: corte, tutela, sentencia, desacato, cumplimiento, constitucional, primera, sala, instancia, trámite, decisión, solicitud]

Auto A-254 de 2026

[Resumen automatizado: 8. En consecuencia, en el presente Auto se ordenará al Ministerio de Defensa, a la Subjefatura de Estado Mayor Conjunto Operacional del Comando General de las Fuerzas Militares y a la Subdirección General de la Policía Nacional que, en coordinación con las respectivas autoridades militares y de policía con jurisdicción sobre la Reserva Nacional Natural Nükak, presenten a esta Sala Especial de Seguimiento un concepto de seguridad sobre las condiciones actuales de la Reserva Nacional Natural Nükak, en el cual se analice, desde el punto de vista de la seguridad y el orden público, la factibilidad y sostenibilidad de la reubicación colectiva del pueblo indígena Nükak en ese parque nacional en los meses venideros. || Primero.- REQUERIR al Ministerio de Defensa Nacional, a la Subjefatura de Estado Mayor Conjunto Operacional del Comando General de las Fuerzas Militares y a la Subdirección General de la Policía Nacional que, en coordinación con las respectivas autoridades militares y de policía con jurisdicción sobre la Reserva Nacional Natural Nükak, en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la comunicación de la presente decisión, presenten a esta Sala Especial de Seguimiento un concepto de seguridad sobre las condiciones actuales de la Reserva Nacional Natural Nükak, en el cual se analice en detalle, desde el punto de vista de la seguridad y el orden público, la factibilidad y sostenibilidad de la reubicación transitoria colectiva del pueblo indígena Nükak en ese parque nacional.] - [Palabras claves automatizadas: pueblo, seguridad, nacional, condiciones, sala, indígena, factores, desplazamiento, riesgos, forzado, seguimiento, santa]

Auto A-253 de 2026

[Resumen automatizado: Además, el secretario indicó que también existe una vulneración de los derechos al territorio y a la supervivencia de la comunidad indígena pues, a pesar de que la ANT concedió la medida provisional de protección al territorio ancestral sobre los predios conocidos como Cuba Libre y Campoalegre[11], no se ha hecho la entrega material de estos inmuebles y la comunidad no tiene acceso a ninguna hectárea del que reconocen como su territorio ancestral. || Según han indicado la ANT y los miembros de la comunidad religiosa ante esta Corte, los Menonitas no solo se oponen al establecimiento voluntario de una servidumbre de paso que permitiría a la ANT entregar el predio Cuba Libre a la comunidad indígena, sino también al reconocimiento general de derechos territoriales de la comunidad y a su registro como víctima del conflicto armado, pues consideran que el hecho de que los Barrulia lleven varias décadas sin ocupar el territorio desvirtúa el vínculo material con la tierras pretendidas[49]. || Como se expondrá en este auto, la Sala considera que, a la luz de las circunstancias y mientras la Corte toma una solución definitiva frente a las pretensiones territoriales de la comunidad indígena, resulta necesario decretar medidas provisionales encaminadas a garantizar el traslado de la comunidad al predio Cuba Libre, que ya fue reconocido por la ANT como parte del territorio ancestral Barrulia.] - [Palabras claves automatizadas: comunidad, territorio, indígenas, derecho, proceso, servidumbre, medidas, comunidades, derechos, medida, acceso, en, indígena]

Auto A-252 de 2026

[Resumen automatizado: Ahora bien, de manera excepcional, es posible que la Corte asuma el cumplimiento de sus propios fallos cuando se está ante alguno de los siguientes supuestos[22]: (i) cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte no adopta medidas conducentes; (ii) cuando se presenta un incumplimiento manifiesto de las órdenes de tutela, sin que el juez de primera instancia adopte las medidas que hagan efectiva la orden de protección, o cuando dichas medidas resultan insuficientes o ineficaces; (iii) cuando el juez de primera instancia ejerció su competencia y la desobediencia persiste; (iv) cuando la autoridad desobediente es una Alta Corte; (v) cuando resulta imperioso salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional; (vi) cuando la intervención de la Corte es indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados y; (vii) cuando en presencia de un estado de cosas inconstitucional se emitieron órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones. || Por su parte, la petición sobre la ampliación de las órdenes de la sentencia para que se ordene al Congreso legislar en favor de los habitantes de la calle será estudiada como una solicitud de adición.] - [Palabras claves automatizadas: corte, cumplimiento, sentencia, solicitud, constitucional, auto, parte, órdenes, tutela, solicitudes]

Auto A-251 de 2026

[Resumen automatizado: En cumplimiento de dicha decisión, el 31 de octubre de 2025, la Secretaría General de la Corporación lo remitió al despacho de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez para su sustanciación, junto con la manifestación de impedimento presentada por el procurador general de la nación, lo que dio lugar a la suspensión de términos en el proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto 2067 de 1991. || En particular, dispuso oficiar a los secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que, en el término de un (1) día hábil contado a partir de la comunicación del auto, remitieran la siguiente información: || SUSPENDER EL TRÁMITE de revisión de las objeciones gubernamentales por inconstitucionalidad sobre el proyecto de ley 174 de 2023 Senado, 401 de 2023 Cámara, “[p]or medio del cual se promueve la competencia justa en el sector financiero y se dictan otras disposiciones”, desde la fecha de esta providencia y hasta tanto se cumplan los presupuestos constitucionales y legales para adoptar la decisión correspondiente.] - [Palabras claves automatizadas: cámara, senado, república, gubernamentales, objeciones, corte, ley, sala, proyecto, general, secretaría]

Auto A-250 de 2026

[Resumen automatizado: Decisión adoptada por la Corte Constitucional: Por medio del Auto 616 de 2025, la Sala Plena resolvió el conflicto de competencia entre jurisdicciones presentado entre el Juzgado 004 Administrativo de Yopal - Casanare y el Juzgado 002 Civil Municipal de la misma ciudad. || Aclaración de los autos proferidos por la Corte Constitucional que resuelven un conflicto de competencia entre jurisdicciones. || Requisitos para la solicitud de aclaración de un auto que resuelve un conflicto de competencia entre jurisdicciones. || Parámetros para examinar las solicitudes de aclaración de los autos que resuelven un conflicto de competencia entre jurisdicciones || Es así como no existe legitimación para actuar respecto de las partes del proceso que originó el conflicto propuesto por las autoridades judiciales, cuando solicitan aclaración de un auto que resuelve aquel. || Tabla 1: Parámetros para examinar las solicitudes de aclaración de los autos que resuelven un conflicto de competencia entre jurisdicciones. || A esta conclusión se llega por las siguientes razones: primero, la señora María Elena Ponguta Arias no está legitimada en la causa por activa para iniciar la solicitud de aclaración ya que no fue una de las autoridades que originó el conflicto de competencia que la Corte Constitucional resolvió por medio del Auto 616 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: auto, solicitud, corte, competencia, constitucional, conflicto, parte, proceso, jurisdicciones]

Auto A-249 de 2026

[Resumen automatizado: El ordinal tercero del resolutivo del Auto 1396 de 2025 contiene un error, pues ordena archivar la totalidad del expediente D-16.604 a pesar de que el primer cargo de la demanda fue admitido por el Magistrado sustanciador mediante auto del 17 de julio de 2025 y esa admisión no fue objeto del recurso de súplica ni de la decisión de la Sala Plena. || En el Auto 1931 de 2024, la Sala Plena sistematizó los requisitos para la procedencia de la corrección: (i) el error debe ser de índole aritmético o consistir en imprecisiones causadas por omisión, cambio de palabras o alteración de las mismas; (ii) los yerros deben estar contenidos en la parte resolutiva o influir en ella; (iii) la corrección la realiza el juez que dictó la providencia, en cualquier tiempo; (iv) procede de oficio o a solicitud de parte; y (v) debe efectuarse mediante auto. || En consecuencia, la Sala Plena corregirá de oficio el ordinal tercero del resolutivo del Auto 1396 de 2025, para suprimir la orden de archivo y, en su lugar, disponer que el expediente sea remitido al Magistrado sustanciador a fin de que continúe el trámite del cargo admitido, en los términos del Decreto Ley 2067 de 1991.] - [Palabras claves automatizadas: sala, corrección, auto, plena, magistrado, decisión, providencia, corte, tercero, sentencia, recurso, cargo]

Auto A-248 de 2026

[Resumen automatizado: SOLICITAR�a los Mamos del pueblo Arhuaco que, en un plazo que no exceda de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, le informen al Ministerio del Interior y al�Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, con la ayuda de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo si así lo solicitan dichas autoridades tradicionales, qué persona o junta de personas ostenta, de forma transitoria o definitiva, la calidad de representante legal del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta || ORDENAR�a la Procuraduría Delegada para verificar el cumplimiento de los fallos de tutela de la Corte Constitucional y a la Defensoría del Pueblo realizar el seguimiento y acompañamiento permanente al cumplimiento de las órdenes de esta sentencia, para lo cual deberán ejercer todas las facultades constitucionales y legales con las que cuenten y rendir informes cada seis (6) meses ante el�Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, quien ejercerá la supervisión general de dicho proceso. || En el Auto 192 del 20 de febrero de 2025, la Sala Plena de esta Corte rechazó por improcedentes las solicitudes de aclaración y adición que los señores Luis Fernando Sánchez Supelano y Carlos Alberto Pérez presentaron frente a la Sentencia SU-419 de 2024.] - [Palabras claves automatizadas: cumplimiento, corte, sentencia, ministerio, órdenes, interior, pueblo, auto, juzgado, civil, autoridad]

Auto A-247 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: examen sobre la pertinencia de la recusación presentada por Augusto Alfonso Ocampo Camacho, en calidad de secretario jurídico de la Presidencia de la República, contra las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez, Paola Andrea Meneses Mosquera y Natalia Ángel Cabo y los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo Assis y Vladimir Fernández Andrade || El 4 de febrero de 2026, el secretario jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Secretaría General de la Corte Constitucional, por medio de correo electrónico, recusación contra las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez, Paola Andrea Meneses Mosquera y Natalia Ángel Cabo y los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo Assis y Vladimir Fernández Andrade. || En esta oportunidad, le corresponde a la Sala Plena resolver sobre la pertinencia de la recusación presentada por Augusto Alfonso Ocampo Camacho, en calidad de secretario jurídico de la Presidencia de la República, dentro de los expedientes RE-387 y RE-388, contra las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez, Paola Andrea Meneses Mosquera y Natalia Ángel Cabo y los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo Assis y Vladimir Fernández Andrade.] - [Palabras claves automatizadas: enero, constitucional, sala, república, presidencia, magistrados, corte, decreto, plena, auto, constitucionalidad]

Auto A-246 de 2026

[Resumen automatizado: Según el actor, las normas constitucionales antes mencionadas le atribuyen a la Corte el conocimiento de demandas contra actos que pretendan reformar la Carta en desconocimiento de los mecanismos formales y de actuaciones presidenciales contrarias al orden constitucional con efectos jurídicos o políticos relevantes sobre la estructura del Estado. || De acuerdo con el magistrado sustanciador, la Corte Constitucional carece de competencia para conocer de la demanda de inconstitucionalidad, puesto que, en este caso, las actuaciones cuestionadas no se han materializado en normas con fuerza de ley, no existe un acto mediante el cual se pretenda reformar la Constitución ni tampoco se está ante alguno de los supuestos en los que proceden las competencias atípicas o especiales que habilitan el control constitucional sobre asuntos no previstos en el artículo 241 de la Carta de conformidad con las sentencias C-049 de 2012 y C-280 de 2014. || En el caso concreto, el referido recurso argumenta que esta Corporación tiene competencia para estudiar la constitucionalidad de las actuaciones públicas, reiteradas y sistemáticas del presidente de la República, en tanto son actos constitucionalmente relevantes y tienen la capacidad real de producir efectos institucionales, políticos y jurídicos.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, corte, control, constitución, demanda, actuaciones, recurso, ley, presidente, en]

Auto A-245 de 2026

[Resumen automatizado: Explicó que, en esa oportunidad, la Sala Plena se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo ante el incumplimiento del requisito de especificidad, pues el actor no justificó por qué resultaba constitucional introducir una previsión que perjudicaría al trabajador al permitir la retención de sus cesantías para garantizar un posible resarcimiento al empleador, en caso de condena penal firme; ni explicó por qué la inclusión de familiares por parentesco civil no afectaba el derecho del trabajador a acceder a la prestación una vez terminada la relación laboral; tampoco aportó razones sobre la motivación legislativa de la norma impugnada. || En esa línea, de acuerdo con el auto inadmisorio, tampoco se encontró acreditado el cumplimiento del requisito de suficiencia, pues en la demanda “no se exponen elementos de juicio que expliquen cómo la inclusión de los parientes dentro del segundo grado de afinidad en la norma acusada no genera un impacto negativo sobre los derechos laborales del trabajador protegidos por la Constitución, al ampliar la restricción del derecho a recibir el auxilio de cesantías”.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, recurso, parentesco, norma, rechazo, afinidad, dentro, en, trabajador, grado, segundo, sala, parientes, inclusión, civil]

Auto A-244 de 2026

[Resumen automatizado: Primero, el escrito no cumplió ninguno de los requisitos formales para ejercer el derecho a presentar la acción pública de inconstitucionalidad, toda vez que no señaló la o las normas acusadas como inconstitucionales, no las transcribió ni adjuntó un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; omitió indicar la razón por la cual la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda; y no expuso el concepto de la violación. || Esta Corte ha hecho las siguientes precisiones en relación con el contenido del recurso de súplica: (i) en razón de su carácter excepcional y restrictivo, este recurso no constituye una nueva oportunidad para subsanar las falencias de la demanda, ni para corregir los yerros advertidos en el auto inadmisorio, o adicionar nuevos elementos de juicio que no fueron objeto de consideración y análisis por el magistrado sustanciador. || (iii) Al decidir este tipo de recursos, la competencia de la Sala Plena se circunscribe al análisis de los motivos de inconformidad del recurrente respecto del auto de rechazo, de modo que esta no es una instancia paralela para juzgar la aptitud sustantiva de la demanda.] - [Palabras claves automatizadas: recurso, demanda, corte, decreto, inconstitucionalidad, plena, constitucional, rechazo, requisitos, sala, debe]

Auto A-243 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: recurso de súplica contra el auto del 20 de enero de 2026 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 4° del artículo 316 de la Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. || De tal suerte, el artículo 316 (parcial) del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 “efectúa una modificación a una norma de carácter sustantiva, en la medida que dispone que los recursos que invirtió la Nación en la Asunción de Pasivos en el caso de Electricaribe S.A[.] E.S.P, se recuperar[á]n mediante la[s] figuras de unas denominadas CUENTAS DE COBRO A SU FAVOR, que están por encima inclusive de derechos laborales, en el orden o prelación de los créditos, en el tr[á]mite liquidatario de Electricaribe, infringiendo la progresividad de los derechos laborales en el proceso de liquidación de la citada empresa, lo cual va en contravía de la Constitución que consagra en el artículo 53, el principio de no regresividad e irrenunciabilidad de los beneficios laborales, que busca el mejoramiento constante de los niveles de vida y en la dignificación del trabajador”[6].] - [Palabras claves automatizadas: demanda, norma, derechos, constitucional, corte, recurso, laborales, principio, enero, prelación, materia, liquidación, créditos]

Auto A-242 de 2026

[Resumen automatizado: Lo anterior, con fundamento en que el Tribunal tuvo por hecho indiscutido que el contrato de trabajo finalizó el 14 mayo de 2020 y que la actora presentó la demanda el 3 de junio de 2022, es decir, después de 2 años desde que se terminó la relación laboral y esta Sala de Casación ha considerado de tiempo atrás que si la reclamación vía judicial se presenta luego de transcurridos 24 meses después de la finalización del vínculo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo, sino que únicamente podrá beneficiarse de los intereses moratorios desde de la terminación del contrato de trabajo, como en la sentencia CSJ SL1005-2021 en la cual esta Corporación consideró que, || No obstante las notorias deficiencias en la redacción de la norma, esta Sala de la Corte entiende que la intención del legislador fue la de establecer un límite temporal a la indemnización moratoria originalmente concebida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de tal suerte que, como regla general, durante los veinticuatro (24) meses posteriores a la extinción del vínculo jurídico el empleador incumplido deberá pagar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, siempre y cuando el trabajador haya iniciado su reclamación ante la justicia ordinaria dentro de esos veinticuatro (24) meses, como aconteció en este caso.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, interpretación, indemnización, corte, sentencia, sala, judicial, trabajador, meses, rechazo, intereses]

Auto A-241 de 2026

[Resumen automatizado: Fundamentó su decisión en que las reglas del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, son de carácter administrativo y no habilitan a los jueces de tutela para apartarse del conocimiento, por lo que, en casos de conflictos aparentes, debe conocer el despacho ante el cual se presentó inicialmente la acción; en el caso concreto, la tutela fue radicada el 28 de noviembre de 2025 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania, que tenía competencia a prevención. || En particular, afirmó que “[r]evisadas las actas de reparto de los juzgados del circuito de Fusagasugá, se evidencia que el Juez Promiscuo de Silvania ha tramitado las tutelas que se han presentado contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de ese mismo municipio, con el propósito de dejar sin efectos u obtener la revocatoria de una orden de comparendo, por una presunta violación al debido proceso (falta de notificación en debida forma) y por haberse impuesto a través de una cámara de velocidad que supuestamente no cuenta con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ni con el permiso reglamentario”.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, acción, conocimiento, decreto, municipal, reparto, identidad, corte, reglas, secretaría, acciones]

Auto A-240 de 2026

[Resumen automatizado: El juzgado promiscuo civil referenció la jurisprudencia de la Corte Constitucional[4], según la cual los juzgados no pueden rechazar su competencia en virtud de las reglas de reparto y que en esos casos el conocimiento del asunto le corresponde a la primera autoridad judicial competente a la que se le asignó. || El 21 de enero de 2026, la Secretaría del Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa remitió el expediente a la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto negativo de competencia[6]. || La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[7]. || Al revisar el auto mediante el cual el Juzgado 001 Civil Municipal de Duitama rechazó su competencia se observa que la decisión se fundamentó en el factor territorial de competencia, pues los hechos alegados y la vulneración señalada habrían ocurrido en el municipio de Tibasosa. || Es decir que el Juzgado 001 Civil Municipal de Duitama no invocó las reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015 para rechazar su competencia, sino que, en cambio, la rechazó por el factor territorial, en los términos del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, municipal, corte, acción, autoridades, factor, conflicto, efectos, decreto, reglas, territorial, civil, constitucional, municipio]

Auto A-239 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente, pues el Tribunal Administrativo del Cauca, se apartó del conocimiento de la tutela presentada por Deiby Alexander Chilito Quinayas en contra de la Fiscalía 7ª de la Unidad de Vida de Popayán, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Popayán y la Fiscalía General de la Nación Seccional Cauca, con fundamento en reglas de reparto, y no en el incumplimiento de alguno de los factores de competencia en materia de tutela. || Adicionalmente, la Sala le realizará una advertencia a la Secretaría y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca para que, en lo sucesivo, se abstengan de�manifestar la falta de competencia por medio de correos electrónicos, y en cambio, las autoridades judiciales correspondientes profieran las respectivas providencias, en los términos del artículo 278 del Código General del Proceso.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, tribunal, reparto, competencia, sala, tutela, fiscalía, corte, plena, decreto, constitucional, reglas]

Auto A-238 de 2026

[Resumen automatizado: Dicho lo anterior, y tal como se refirió en los antecedentes, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Suaza consideró que el asunto debía ser conocido por las autoridades de Florencia puesto que, se trataba del lugar al que se extendían los efectos de la presunta vulneración por tratarse del domicilio del accionante. || Por lo tanto, la Sala Plena: (i) dejará sin efectos el Auto del 3 de diciembre de 2025, dictado por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Suaza dentro del trámite de la referencia y (ii) remitirá el expediente ICC-5273 a esta autoridad judicial para que, de manera inmediata tramite y adopte la decisión a la que haya lugar. || Finalmente, y atendiendo a lo dispuesto en el Auto del 3 de diciembre de 2025, dictado por la primera autoridad judicial, la Sala (iv) dirigirá una advertencia al Juzgado Único Promiscuo Municipal de Suaza para que, en caso de considerar que carece de competencia para conocer de una acción de tutela, se abstenga de disponer el rechazo y envíe el asunto al juez o corporación judicial que estime competente.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, tutela, lugar, municipal, factor, territorial, sala, acción, autoridad, conflicto, juez]

Auto A-237 de 2026

[Resumen automatizado: El 15 de enero de 2026, la magistrada ponente de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar profirió un auto que propuso el conflicto de competencias, luego de considerar que: (i) el Sistema Integrado de Gestión Judicial es administrado por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que sí está involucrado en los hechos que motivaron la solicitud de amparo, y (ii) el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. || La Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efectos el auto por el cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado se desprendió del conocimiento del asunto y ordenará remitir el expediente ICC-5271 al despacho ponente de la decisión, por los siguientes motivos. || De entrada, esta Sala encuentra que la Sección Cuarta del Consejo de Estado alegó una presunta falta de competencia para admitir la acción de tutela con base en el numeral 6 del artículo 2.2.3.1.2.1. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente ICC-5271 a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.] - [Palabras claves automatizadas: consejo, tutela, sala, judicial, acción, competencia, superior, tribunal, conflicto, decreto, el, corte, judicatura, reparto]

Auto A-236 de 2026

[Resumen automatizado: Para sustentar dicha decisión, consideró que, conforme a las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021, y dado que la acción se dirigía también contra una autoridad judicial el Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, el conocimiento del asunto debía recaer en una autoridad de jerarquía de tribunal, con jurisdicción en el lugar donde presuntamente se produciría la vulneración de los derechos fundamentales, esto es, la ciudad de Bucaramanga. || En el presente caso, la Sala advierte que el conflicto negativo de competencia se suscitó entre la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, autoridades pertenecientes a jurisdicciones distintas y las cuales, a pesar de integrar funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen desde una perspectiva orgánica de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté facultada para solucionar la colisión suscitada. || A partir del acervo probatorio que obra en el expediente, la Sala Plena constata que en el presente asunto se configuró un conflicto negativo de competencia, originado en una divergencia entre la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en torno a la correcta aplicación del factor territorial y de las reglas de reparto en materia de acción de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, sala, tutela, acción, autoridades, ciudad, bogotá, sección, consejo, reparto, territorial, autoridad, penal, tribunal, reglas]

Auto A-235 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, declaró su falta de competencia y dispuso en el resuelve remitir la "acción popular" a la Oficina de Reparto de Buga para su asignación a los juzgados administrativos del circuito[2]. || Explicó que, tratándose de una tutela, la competencia debía determinarse conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y al principio de perpetuatio jurisdictionis, razón por la cual el trámite debía continuar en el Juzgado 003 Promiscuo Municipal de Candelaria. || La Corte Constitucional procederá a resolver el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado 003 Promiscuo Municipal de Candelaria y el Juzgado 021 Administrativo Oral del Circuito de Cali. || La Sala Plena considera que la solicitud elevada por la comunidad de la Calle 14A con Carrera 7 del barrio El Trébol, en Villagorgona, es una acción de tutela porque, conforme al criterio formal, los accionantes identificaron expresamente ese mecanismo constitucional para reclamar la protección de los derechos fundamentales afectados por el colapso del sistema de alcantarillado y la falta de respuesta de fondo a su derecho de petición. || A pesar de que la solicitud se presentó como acción de tutela, el despacho consideró que materialmente se trataba de una acción popular y dispuso remitirla a la jurisdicción administrativa, desconociendo la voluntad de los accionantes, el precedente uniforme fijado por la Corte Constitucional y las reglas de competencia previstas en los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991.] - [Palabras claves automatizadas: acción, competencia, tutela, corte, constitucional, sala, derechos, municipal, auto, conflicto, juez]

Auto A-234 de 2026

[Resumen automatizado: Afirmó que esta posición también ha sido reiterada por la Corte Constitucional en autos como el 1301 de 2024 y el 1675 de 2024, donde esta Corporación ha establecido que “[l]as disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 no constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. || Teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas en esta providencia y de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), proferido por el Juzgado 002 de Familia de Fusagasugá; (ii) le remitirá el expediente a esta autoridad judicial para que inmediatamente continúe con el trámite correspondiente y adopte la decisión a que haya lugar; y, (iii) le advertirá al Juzgado 002 Civil Municipal de Fusagasugá y al Juzgado 002 de Familia de Fusagasugá para que, en lo sucesivo, se abstengan de suscitar conflictos de competencia a partir de las reglas de reparto.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, constitucional, plena, acción, reparto, sala, reglas, decreto, decisión]

Auto A-233 de 2026

[Resumen automatizado: El 7 de noviembre de 2025[1], Juan Sebastián Bedoya Caldas presentó, mediante apoderada judicial[2], una acción de tutela en contra del Juzgado 008 Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali, con el fin de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la defensa, al trabajo en condiciones dignas y justas, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada. || La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali[10], mediante Auto del 5 de diciembre de 2025, declaró la nulidad de todo lo actuado, inclusive el auto admisorio de la acción de tutela, y remitió el expediente a la Oficina Judicial (Reparto), para que fuera asignado entre los jueces administrativos de Cali[11]. || Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado 007 Administrativo Oral de Cali[14], el cual, mediante Auto del 9 de diciembre de 2025[15], propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional�para que lo dirimiera. || La Corte Constitucional encuentra que, en el caso bajo examen, se configuró un conflicto aparente de competencia entre la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 007 Administrativo Oral de la misma ciudad.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, acción, sala, constitucional, civil, judicial, autoridad, tribunal, reparto]

Auto A-232 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante Auto del 25 de julio de 2025, dicha autoridad judicial rechazó la competencia para conocer del caso por razón del factor subjetivo y, en consecuencia, remitió el expediente a los juzgados laborales del circuito de Sincelejo. || Realizado el nuevo reparto, el asunto le correspondió al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Sincelejo, el cual, mediante Auto del 14 de agosto de 2025, declaró su falta de jurisdicción para conocer el asunto y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos del circuito de Sincelejo. || En el Auto 613 de 2021, la Corte indicó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene competencia para conocer procesos ejecutivos solo cuando se configure uno de los supuestos establecidos en el artículo 104.6 del CPACA. || Competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral para conocer de procesos ejecutivos en contra de entidades territoriales por concepto de obligaciones derivadas del Sistema de Seguridad Social. || En el presente caso, en aplicación de la regla de decisión fijada en el Auto 1181 de 2021, la competencia para conocer de la demanda ejecutiva presentada por Comparta EPS-S S.A. liquidada corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, conflicto, ordinaria, corte, auto, conocer, pago, competencia, jurisdicciones, asunto, laboral, administrativo, contencioso, seguridad, constitucional, procesos]

Auto A-231 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-231-2026

Auto A-230 de 2026

[Resumen automatizado: Señaló que según lo expuesto en la demanda, la presunta falla en el servicio y el accidente laboral que ocasionó el fallecimiento del señor Muñoz Barón se produjeron en el municipio de Güicán de la Sierra, donde este prestaba sus servicios, razón por la cual los hechos imputados ocurrieron en una jurisdicción distinta a la de Tunja. || Objetivo La controversia objeto de la presente decisión se enmarca en el conocimiento de una demanda promovida en ejercicio del medio de control de reparación directa por Edilma Barón Castro y otros, contra el Municipio de Güicán de la Sierra - Alcaldía Municipal de Güicán, mediante la cual se solicita que se declare su responsabilidad por la presunta falla en el servicio que habría ocasionado el accidente laboral y posterior fallecimiento del señor Muñoz Barón, y que en consecuencia, se le condene al pago de los perjuicios reclamados. || La Sala Plena concluye que corresponde al Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama conocer la demanda promovida en ejercicio del medio de control de reparación directa por Edilma Barón Castro y otros, contra el municipio de Güicán de la Sierra - Alcaldía Municipal de Güicán.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, competencia, responsabilidad, administrativo, asunto, municipio, corte, sierra, control, judicial, conflicto, demanda, contencioso, magistrado, entidad]

Auto A-229 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-229-2026

Auto A-228 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-228-2026

Auto A-227 de 2026

[Resumen automatizado: Finalmente, señaló que en el Auto 1804 de 2023, la Corte Constitucional resolvió un conflicto entre jurisdicciones que se suscitó con ocasión de una demanda similar a la que nos ocupa y determinó que siempre que se trate de trabajadores del Estado que cuenten con una relación legal y reglamentaria con el mismo y se encuentren vinculados a una administradora de pensiones de naturaleza pública, la competencia para conocer la controversia será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en todos los demás casos, el conocimiento recaerá en el juez laboral ordinario. || El artículo 104.4 del CPACA establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los procesos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y a la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. || Además, el artículo 105.4 del mismo código establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. || En esta línea, el artículo 105.4 [del CPACA] establece que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no conocerá los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, social, seguridad, jurisdicción, corte, constitucional, cargos, decreto, asunto, conocer, trabajadores, ordinaria, demanda, entidad, sala, jurisdicciones]

Auto A-226 de 2026

[Resumen automatizado: Para la aplicación del fuero penal militar, la Corte ha establecido dos requisitos fundamentales: (i) un elemento subjetivo, que el autor sea miembro activo de la Fuerza Pública y (ii) un elemento funcional, que exista una relación directa y evidente entre el delito y el servicio. || Por ello, la Corte Constitucional también ha desarrollado y reiterado de manera consistente una importante regla jurisprudencial para dirimir estos conflictos, según la cual, ante la existencia de cualquier duda sobre la relación directa entre el delito investigado y el servicio, debe aplicarse la regla general de competencia a favor de la jurisdicción ordinaria; regla que encuentra su fundamento en el carácter excepcional y restrictivo del fuero penal militar. || En el presente asunto se presentó un conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 1201 de Conocimiento Especializado de la Justicia Penal Militar y el Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo, en relación con el conocimiento del proceso penal adelantado contra el soldado Luis Alberto Recalde Benavides por la presunta comisión del delito de homicidio a título de dolo eventual del soldado Keiner Fabian Vanegas Sánchez.] - [Palabras claves automatizadas: penal, ordinaria, militar, servicio, competencia, jurisdicción, corte, jurisdicciones, delito, conflicto, fuero, en, asunto]

Auto A-225 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-225-2026

Auto A-224 de 2026

[Resumen automatizado: Presupuesto objetivo La controversia objeto de la presente decisión se enmarca en la demanda promovida por María Cildina Quina Medina y otros en contra de Emgesa S.A. E.S.P., hoy ENEL Colombia S.A. E.S.P. Presupuesto normativo Las autoridades judiciales enunciaron los fundamentos de índole legal y jurisprudencial en los que soportaron sus posiciones. || 9. La Sala Plena concluye que el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Neiva (Huila) es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por María Cildina Quina Medina y otros en contra de Emgesa S.A. E.S.P., (hoy ENEL Colombia S.A. E.S.P.). || Por esta razón, el asunto no se enmarca en el primer supuesto de la regla de decisión del Auto 793 de 2021, esto es: cuando se demanda la reparación de los perjuicios causados en el contexto de las "facultades especiales por la prestación de servicios públicos" que regula el artículo 33 de la Ley 142 de 1994. || Por lo anterior, la Corte resolverá el conflicto en el sentido de declarar que el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Neiva (Huila) es el competente para conocer la demanda promovida por María Cildina Quina Medina y otros en contra de Emgesa S.A. E.S.P., (hoy ENEL Colombia S.A. E.S.P.).] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, corte, conflicto, servicios, empresa, demanda, públicos, responsabilidad, hoy, magistrado, jurisdicción, decisión, ley, colombia, conocer, jurisdicciones]

Auto A-223 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-223-2026

Auto A-222 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-222-2026

Auto A-221 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-221-2026

Auto A-220 de 2026

[Resumen automatizado: La autoridad judicial concluyó que no debía conocer del asunto, sino que este debía ser remitido a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto negativo de jurisdicción y competencia entre el Juzgado 007 Administrativo de Ibagué y el Juzgado 001 del Circuito de Calarcá. || La decisión se fundamentó en que las autoridades mencionadas, pertenecientes a distintas jurisdicciones, rechazaron el conocimiento del caso por falta de competencia territorial, lo que configuraba los presupuestos subjetivos, objetivo y normativo para la solución del conflicto alegado. || De esta manera, se evidencia que ni el Juzgado 001 Civil del Circuito Judicial con Conocimientos de Asuntos Laborales de Calarcá ni el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Ibagué, manifestaron su rechazo al conocimiento del asunto debido a su falta de jurisdicción sino a su falta de competencia por el factor territorial, lo cual inhabilita a esta Corporación continuar con el estudio de los presupuestos objetivo y normativo, así como tampoco realizará un estudio de fondo al no configurarse un conflicto entre jurisdicciones. || Por intermedio de la Secretaría General de la Corte, REMITIR el expediente CJU-7280 al Juzgado 004 Laboral del Circuito Judicial de Ibagué, para�que adelante los trámites de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados dentro del presente trámite.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicciones, falta, judicial, conflicto, asunto, demanda, jurisdicción, conocer, decisión, magistrado]

Auto A-219 de 2026

[Resumen automatizado: En este caso, la demandante La Previsora S.A. Compañía de Seguros, busca extinguir voluntariamente la obligación mediante consignación, no ejecutar forzadamente la sentencia; (ii) la persona jurídica demandante pretende la aceptación judicial del pago, “su reconocimiento con efectos extintivos de la obligación y la autorización para la entrega de los dineros consignados; aspectos que corresponden al trámite previsto en el ordenamiento jurídico para el proceso de pago por consignación”; (iii) el Legislador reservó la competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa exclusivamente en materia de procesos ejecutivos orientados a hacer efectivo el cumplimiento forzado de sentencias o conciliaciones aprobadas según lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA y, (iv) según lo dispuesto por la Sección Tercera del Consejo de Estado, “la jurisdicción administrativa adquiere competencia en forma definitiva y no provisional o condicionada para conocer de un determinado asunto”. || Entre las providencias más relevantes en el asunto se encuentra el Auto 136 de 2022, donde la Corte se pronunció sobre un conflicto de competencia entre jurisdicciones entre el Juzgado�63° Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado 58° Administrativo del Circuito de la misma ciudad, con motivo de una demanda ordinaria de pago por consignación del Municipio de Zipaquirá contra el Instituto Nacional de Vías, en esa oportunidad se estableció la siguiente regla de decisión “[l]a competencia judicial para conocer�los litigios de pago por consignación derivados de un contrato estatal, le corresponde a los jueces administrativos�por virtud de lo señalado en el�artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993”.] - [Palabras claves automatizadas: barranquilla, jurisdicción, pago, competencia, contencioso, proceso, administrativo, corte, jurisdicciones]

Auto A-218 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-218-2026

Auto A-216 de 2026

[Resumen automatizado: De este segundo elemento se desprenden las siguientes subreglas: (a) la conducta punible debe provenir de una extralimitación o abuso de poder ocurrida en una actividad ligada a la función del cuerpo armado, sin que exista un marcado propósito criminal; (b) la relación entre la conducta reprochada y la actividad propia del servicio debe ser próxima, directa y evidente (en lugar de hipotética y abstracta), producto de haber actuado en el marco de las misiones institucionales y en desarrollo de órdenes impartidas con estricta sujeción a los fines institucionales; (c) la Justicia Militar no puede juzgar a civiles ni a militares o policías que cometan delitos no relacionados con el servicio; (d) no podrán obedecer a fines constitucionalmente legítimos de la fuerza pública conductas graves como violaciones a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad o lesiones al Derecho Internacional Humanitario, las cuales siempre serán ajenas a este; y (e) deberá aplicarse la regla general de competencia de la Jurisdicción Ordinaria, en caso de presentarse duda sobre cuál es la jurisdicción competente en un caso determinado.] - [Palabras claves automatizadas: penal, militar, servicio, justicia, relación, corte, conflicto, conducta, competencia, fuerza, sala, jurisdicciones, pública, funciones, asunto]

Auto A-215 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Paola Andrea Meneses Mosquera y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de corrección y adición de la Sentencia T-483 de 2025, proferida por la Sala Cuarta de Revisión. || En dicha oportunidad, esta corporación estudió la acción de tutela interpuesta por los accionantes, Pablo y Carla, quienes solicitaron el amparo de sus derechos a la seguridad social, mínimo vital y vida digna frente a la AFP Protección S.A. por la negativa de esta a reconocer la pensión de sobrevivientes y computar las semanas desde la muerte presunta de su hijo (en el año 2002) y no desde su desaparición forzada (año 2000). || La Sala considera que están acreditadas las exigencias establecidas en el artículo 286 del CGP y en la jurisprudencia constitucional para la corrección de la sentencia porque i) se trata de un error por cambio de palabras o alteración de estas, en la medida que la Corte se dirige a Porvenir S.A. en solo dos ocasiones, cuando lo correcto es a Protección S.A., según lo acreditado a lo largo del fallo; y ii) el yerro es evidente y se encuentra tanto en la parte considerativa como en la resolutiva de la providencia a corregir.] - [Palabras claves automatizadas: sala, sentencia, decisión, corrección, providencia, solicitud, corte, pensión, parte, término, dos, anterior, en]

Auto A-214 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, designada por la Sala Plena de la Corte Constitucional para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las directrices impartidas, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a dictar el presente auto con base en los siguientes: || Igualmente, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, al Instituto Nacional de Salud, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral Acemi, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud Gestarsalud, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos Acesi, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ACHC, el Observatorio Así Vamos en Salud, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar Asocajas, la Cámara de Instituciones para el Cuidado de Salud de la ANDI, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo- Afidro, la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia Asinfar, la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica Ascif, la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales Acehr, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Ascofame, la Fundación Rasa, la Corporación Luz Rosa y la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI.] - [Palabras claves automatizadas: colombiana, técnica, información, sala, órdenes, general, cumplimiento, mesa, auto, social, nacional, suficiencia, sentencia]

Auto A-213 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en Sala Dual, integrada por los magistrados Juan Carlos Cortés González y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a decidir el impedimento manifestado por el magistrado Carlos Camargo Assis en el proceso de la referencia. || En consecuencia, refirió que con el propósito de salvaguardar la imparcialidad en la resolución del asunto, su manifestación de impedimento se sustentaba en lo previsto en los artículos 39 del Decreto 2591 de 1991 y 56, numeral 4°, del Código de Procedimiento Penal, en concreto, por ser la Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” su contraparte en otro proceso judicial. || De acuerdo con el contexto descrito, la Sala Dual no encuentra que la solicitud de acceso al expediente elevada por la Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo”, para intervenir en la calidad de amicus curiae, afecte la imparcialidad e independencia judicial del magistrado Camargo Assis, máxime si se tiene en cuenta que el concepto que la corporación rinda con ocasión a su eventual participación no vincula a la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, sala, protección, constitucional, proceso, corte, decisión, judicial, tutela, referencia, revisión, corporación, acceso, riesgo]

Auto A-212 de 2026

[Resumen automatizado: El 19 de noviembre de 2015, mediante el Auto 536, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la nulidad parcial de la Sentencia T-098 de 2015 exclusivamente respecto de la actuación promovida por Arquímedes Fonca Alvarado contra Radio Taxi Aeropuerto S.A. La Corte concluyó que la Sala Séptima de Revisión incurrió en una indebida integración del contradictorio al vincular al señor Lara en sede de revisión sin declarar la existencia de una nulidad, sin justificar de manera suficiente el uso excepcional de dicha vinculación y sin advertirle adecuadamente su condición de parte demandada ni las facultades de defensa y contradicción a su disposición, pese a tratarse de un tercero excluyente y potencial responsable exclusivo de las órdenes impartidas. || La Sala Tercera de Revisión concluye que debe abstenerse de conocer la solicitud presentada por Arquímedes Fonca Alvarado, mediante la cual pretende que la Corte Constitucional asuma el incidente de desacato de la sentencia proferida por el Juzgado 032 Civil del Circuito de Bogotá el 3 de junio de 2016 y adopte medidas encaminadas a su cumplimiento, por las razones que se exponen a continuación.] - [Palabras claves automatizadas: desacato, cumplimiento, tutela, corte, juez, bogotá, competencia, civil, constitucional, ii, decisión, parte, instancia, sentencia, sala, i]

Auto A-211 de 2026

[Resumen automatizado: ORDENAR, al Ministerio del Interior, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), que�remita�a estas Salas Especiales de Seguimiento, en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación de la presente providencia, un informe respondiendo a lo solicitado por las salas en el párrafo 23 de la presente providencia. || Las salas requieren al Ministerio del Interior y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Tibú y El Tarra para que presenten el informe ordenado en los numerales primero y segundo del Auto 002 de 2026 || REQUERIR al Ministerio del Interior en calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Tibú y El Tarra para que, en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, remitan los informes ordenados en los numerales primero y segundo del Auto 002 de 2026.] - [Palabras claves automatizadas: salas, auto, sentencia, providencia, seguimiento, ministerio, interior, san, alcaldías, órdenes, sala, partir, especial]

Auto A-210 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena considera necesario convocar a una sesión técnica con el objetivo de profundizar en aspectos técnico-jurídicos de la caducidad o la prescripción de las acciones indemnizatorias en casos que pueden constituir delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, así como del estándar interamericano sobre el acceso a la administración de justicia de las víctimas de estos delitos. || ¿Cuál es el fundamento de las reglas contenidas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y, en particular, cómo se entiende la aplicación del término de caducidad del medio de control de reparación directa para casos que pueden constituir graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad? || ¿Existe una interpretación uniforme al interior del Consejo de Estado en relación con las reglas para aplicar el término de caducidad en casos que pueden constituir graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad? || En términos de la cantidad de procesos judiciales que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y eventuales condenas al Estado, ¿cuáles podrían ser los efectos de una regla de inoperancia de la caducidad en casos que pueden constituir graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad?] - [Palabras claves automatizadas: derechos, reparación, delitos, humanos, violaciones, corte, lesa, sesión, humanidad, graves, directa, crímenes, guerra, sentencia]

Auto A-209 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Acción de tutela presentada por Sistema Integrado de Transporte SA en contra de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado || La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular, la previstas en los artículos 63 y 64 del Acuerdo 01 de 2025 procede a dictar el presente auto con fundamento en lo siguiente. || En consecuencia, solicitó al juez constitucional: (i) tutelar sus derechos fundamentales; (ii) dejar sin efectos la Sentencia del 14 de marzo de 2024 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; y (iii) ordenar a dicha autoridad proferir una nueva sentencia en el proceso con radicado 11001-03-26-000-2022-00173-00 (68.994). || En Auto del 19 de noviembre de 2024 dispuso admitir la acción de tutela presentada por SI99 contra la Sentencia del 14 de marzo del 2024 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. || El Magistrado sustanciador puso en conocimiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional, conforme lo dispuesto en el artículo 60 del Acuerdo 01 de 2025, el expediente de la referencia para que ella decidiera si asumía su conocimiento.] - [Palabras claves automatizadas: sala, plena, consejo, sección, magistrado, administrativo, proceso, corte, decisión, mediante, suspensión, términos, sesión, auto, en]

Auto A-208 de 2026

[Resumen automatizado: “Dicha forma de proceder [de la Corte], conlleva una ilación argumentativa desapegada de las reglas de interpretación a las cuales está sometida esta corporación de conformidad con el inciso del artículo 230 constitucional 'Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley' (cursiva añadida) hasta el punto de terminar desconociendo decisiones propias y de inferiores funcionales cuya apreciación, siquiera sumaria, hubiese abordado, cuando menos, la condicionalidad planteada en la intervención del suscrito antes de optar declarar inexequible la mencionada expresión dada la exigencia del deber de motivación de “un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión” (cursiva añadida, extracto del párrafo 121 de la sentencia Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay)”.] - [Palabras claves automatizadas: nulidad, corte, solicitud, sentencia, manera, decisión, constitucional, solicitudes, sala, dios, proceso]

Auto A-207 de 2026

[Resumen automatizado: En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, 49 del Decreto Ley 2067 de 1991 y 103 del Acuerdo 01 de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional procede a resolver la solicitud de nulidad presentada por Andrea y otros en contra de la Sentencia T-403 de 2025, proferida el 30 de septiembre de 2025 por la Sala Novena de Revisión de esta Corporación. || La ciudadana solicitó que se le ordenara a las accionadas: (i) acatar los fallos de tutela proferidos por el Juzgado 20 de Familia de Bogotá y por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá; (ii) restablecer de manera inmediata sus derechos fundamentales y realizar el estudio de fondo del proceso disciplinario con enfoque de género; (iii) reconocer que el proceso disciplinario es un asunto que abarca una temática de violencia basada en género y se garantice la aplicación del enfoque de género; (iv) revocar el auto X; y (v) impulsar una investigación disciplinaria contra el funcionario Carlos por prevaricato, así como compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, tutela, decisión, género, violencia, sentencia, parte, corte, nulidad, sala, solicitud, derechos, constitucional]

Auto A-206 de 2026

[Resumen automatizado: Tal como fue expuesto en el Auto 1485 de 2024, entre otras cosas, la convocatoria a una audiencia pública dentro de un proceso de constitucionalidad tiene por objeto: (i) recaudar los elementos de juicio necesarios para tomar la decisión de fondo; (ii) propiciar un escenario dialógico y técnico con las personas y autoridades concernidas en el proceso, y (iii) profundizar con mayor detalle en el análisis de los elementos de juicio que ya reposan en el expediente. || A su turno, uno de los profesores expertos aseguró que la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural no implica que los demás jueces pierdan competencia para instruir la fase judicial del Procedimiento Único, pues el artículo 238A de la Constitución Política establece que debe ser el legislador el que configure las competencias de tales autoridades, de manera que, ante la ausencia de pautas procesales para el tránsito jurisdiccional, el Acto Legislativo 03 de 2023 no podría tener ningún efecto normativo. || A tenor de lo dicho, es necesario que la Corte obtenga mayores elementos de juicio que le permitan profundizar y corroborar las dificultades de la implementación práctica de la fase judicial del Procedimiento Único, de manera que sea claro en qué medida la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023 y la consiguiente creación de la Jurisdicción Agraria y Rural puede contribuir o no a la superación de tales problemas.] - [Palabras claves automatizadas: judicial, jurisdicción, corte, acto, legislativo, juez, decreto, procedimiento, natural, constitucional, audiencia, parcial, pública]

Auto A-205 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias previstas en la ley, procede a pronunciarse sobre la pertinencia de la recusación formulada en contra de los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Miguel Polo Rosero, dentro del trámite de nulidad y aclaración contra la Sentencia C-332 de 2025. || Si bien la recusación planteada por el señor Harold Eduardo Sua Montaña es impertinente, la Sala Plena considera oportuno ajustar, en esta providencia, su regla de decisión frente a las solicitudes de impedimento y/o recusación en los procesos de control de abstracto, en los que el promotor de la acción pública de inconstitucionalidad o uno de los intervinientes es, a su vez, quien demandó la elección de un magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. || En suma, la Sala Plena actualiza su criterio de decisión, en el sentido de que no se configura una causal de impedimento o recusación dentro de un proceso de control abstracto de constitucionalidad por el solo hecho de que quien impugnó la elección de una magistrada o magistrado de la Corte Constitucional sea, a su vez, el promotor de la demanda o uno de los intervinientes dentro del proceso constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: interés, magistrado, corte, constitucional, proceso, decisión, control, sala, magistrados, causales, elección]

Auto A-204 de 2026

[Resumen automatizado: En auto 1860 del 24 de noviembre de 2025, la Sala Plena de este Tribunal se pronunció sobre el examen de pertinencia de una recusación presentada en el expediente de la referencia por el señor Alfonso Alegre Roa, en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. || Ahora bien, de manera excepcional, la jurisprudencia de la Corte ha permitido la aclaración de sus providencias, entre ellas, las proferidas en sede de control abstracto de constitucionalidad, cuando se cumple con los requisitos dispuestos en el Código General del Proceso[4]. || De este modo, en concordancia con lo establecido en el artículo 285 del Código General del Proceso, tratándose de una solicitud de aclaración, dicha carga argumentativa debe estar orientada a demostrar: (i) que la sentencia o el auto contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, y (ii) que tales conceptos o frases estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella, es decir, en su ratio decidendi. || De acuerdo con lo señalado en las consideraciones de esta providencia, se cumplen con los requisitos de legitimación en la causa y oportunidad, toda vez que (i) el señor Alegre Roa fue quien presentó la recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y mediante auto 1860 de 2025 fue rechazada por falta de pertinencia.] - [Palabras claves automatizadas: corte, parte, providencia, constitucional, solicitud, resolutiva, general, decisión, sala, plena, constitucionalidad, en]

Auto A-203 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, procede a resolver el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, para lo cual dicta el siguiente || La demandante formuló tres cargos de inconstitucionalidad, los cuales fueron admitidos por el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez Najar, mediante auto del 13 de agosto de 2024. || El 13 de febrero de 2026, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar solicitó a la Sala Plena que determinara si se encontraba incurso en la causal de impedimento consistente en “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”, para conocer del proceso D-15.989. || Con fundamento en lo anterior, el magistrado Ibáñez Najar manifestó que, “en principio, en este caso, no se cumplirían las condiciones que la Corte Constitucional ha fijado […] para concluir que un concepto o acepción expresada por un magistrado configura la causal de impedimento consistente en haber conceptuado sobre la disposición acusada”. || En la entrevista concedida a la periodista María Isabel Rueda, publicada por el diario El Tiempo el 18 de enero de 2026, el magistrado efectivamente emitió un concepto sobre el trámite de subsanación del vicio de procedimiento que la Corte identificó en el Auto 841 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, corte, sala, plena, constitucionalidad, vicio, proceso, representantes, declaración, auto, constitucional, cámara]

Auto A-202 de 2026

[Resumen automatizado: Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar || El 22 de enero de 2026, por medio de comunicación electrónica, el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Lenguazaque solicitó la corrección del Auto 2045 de 2025 porque en dicha providencia se le atribuyó la solicitud de aclaración que en realidad fue presentada por el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Ubaté. || En efecto, se señaló al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Lenguazaque como la autoridad judicial que elevó la solicitud de aclaración, cuando en realidad lo hizo el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Ubaté. || En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 286 del CGP, la Sala Plena corregirá el Auto 2045 de 2025 para precisar que todas las referencias relativas a la solicitud de aclaración presentada por el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Lenguazaque en realidad se refieren a la solicitud de aclaración presentada por el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Ubaté, con el fin de materializar adecuadamente la determinación adoptada en dicha providencia. || CORREGIR el Auto 2045 de 2025 (ICC-5196), en el sentido de indicar que las referencias relativas a la solicitud de aclaración presentada por el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Lenguazaque en realidad se refieren a la solicitud de aclaración presentada por el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Ubaté.] - [Palabras claves automatizadas: auto, presentada, plena, corte, solicitud, magistrado, sala, realidad, municipal]

Auto A-201 de 2026

[Resumen automatizado: El 26 de junio de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió la revisión de la tutela de la referencia y revocó la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primera instancia y, en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y de la EPS Sanitas. || REMITIR, por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, esta providencia y sus antecedentes a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, para lo de su competencia. || Una vez acreditada la procedencia de la acción, esta Corte concluyó que la entidad accionada vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes y de EPS Sanitas al expedir la resolución acusada, pues interpretó el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de manera arbitraria, al no tener en cuenta las órdenes impartidas por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, de la Corte Constitucional || A través del Auto 1842 de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió abstenerse de dar curso a la solicitud de cumplimiento de la Sentencia SU-277 de 2025 presentada por el apoderado de los accionantes. || Como se explicó, la Sala Plena señaló que la Superintendencia Nacional de Salud restituyó la EPS Sanitas a sus accionistas, en virtud de las órdenes proferidas en la Sentencia SU-277 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: sala, sentencia, cumplimiento, superintendencia, nacional, solicitud, plena, corte, constitucional, especial, seguimiento]

Auto A-200 de 2026

[Resumen automatizado: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por intermedio de su Jefe de Oficina Asesora Jurídica (e), presentó una solicitud de aclaración con fundamento en el artículo 285 del Código General del Proceso. || De manera adicional, el Ministerio solicitó que la Corte señale expresamente si, por razones de igualdad, Fonvivienda debe seguir los parámetros utilizados en resoluciones de indexación expedidas para otros beneficiarios del mismo proyecto, o si deben aplicarse criterios distintos definidos por esta Corporación. || En efecto, el artículo 285 del Código General del Proceso establece que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la profirió, pero puede aclararse cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén en la parte resolutiva o influyan en ella. || Además de los requisitos materiales, el referido artículo 285 del Código General del Proceso impone condiciones formales que la Corte ha sistematizado así: (i) legitimación por activa; (ii) oportunidad; y, (iii) carga argumentativa[12]. || El artículo 302 del Código General del Proceso prevé que las providencias proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres días después de la notificación, cuando carecen de recursos[14].] - [Palabras claves automatizadas: corte, solicitud, constitucional, ministerio, fallo, vivienda, sala, providencia, general]

Auto A-199 de 2026

[Resumen automatizado: A partir del estudio de sus funciones, reguladas en los artículos 35, 36, 47, 144, 230, 231, 289, 367, 377 y 385 de la Ley 5ª de 1992, la Sala concluyó que, cada vez que el hoy procurador general de la Nación manifieste su impedimento con sustento en el ejercicio de sus funciones como secretario general del Senado, debe demostrar la existencia de alguna circunstancia particular y específica que permita estimar que su imparcialidad e independencia, al momento de emitir el concepto de constitucionalidad a su cargo, se encuentra comprometida. || (ii) Como se trata de una causal objetiva, en la evaluación acerca de la configuración o no del impedimento en cada caso concreto se podrán tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos de juicio: '[a] las funciones propias del empleo de secretario general del Senado y la verificación de que la intervención alegada guarde relación con esas funciones; [b] la naturaleza del procedimiento de constitucionalidad, es decir, si se trata de un proceso de control automático e integral o de una demanda de inconstitucionalidad; [c] el tipo de cargo planteado en la demanda, esto es, si se alega la configuración de un vicio de procedimiento o de fondo; y [d] el alcance, la relevancia e incluso el momento en que tuvo lugar la intervención de la autoridad concernida en el trámite legislativo, de cara al asunto que debe resolver la Corte'.] - [Palabras claves automatizadas: general, corte, nación, expedición, intervención, causal, ley, constitucionalidad, senado, debe, trámite, concepto, haber, norma]

Auto A-198 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala explicó que “quien ejerce el cargo de secretario general del Senado tiene la función de ordenar el trámite legislativo y procurar que este cumpla las normas constitucionales y legales que lo regulan.” Por esto, “su intervención se circunscribe al ámbito del procedimiento formal que se sigue en el Congreso para la formación de las leyes.” En esa medida, adujo que la Corte debe examinar en cada caso concreto la configuración de esta causal de impedimento. || En ese contexto, la Sala precisó, de un lado, que tratándose de procesos en los que tiene competencia para examinar de forma oficiosa e integral los aspectos formales del trámite legislativo o cuando un demandante alega un vicio de procedimiento, en principio, el impedimento formulado por el ahora procurador general de la Nación estaría llamado a prosperar con base en esta causal. || Esto, porque en ejercicio de las funciones de secretario general del Senado de la República debía “ordenar el trámite legislativo y procurar que este cumpl[iera] las normas constitucionales y legales que lo regulan.” En particular, respecto de los procesos de control oficioso e integral, la Corte recordó que, por regla general, el concepto del procurador no es escindible.] - [Palabras claves automatizadas: general, corte, legislativo, constitucionalidad, república, control, nación, concepto, trámite, senado, expedición, causal, norma, proceso]

Auto A-197 de 2026

[Resumen automatizado: Los artículos 25 y 26 ibidem prevén que son causales de impedimento y recusación: “(i) haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada, (ii) haber intervenido en la expedición de la norma objeto de control, (iii) haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto, (iv) tener interés en la decisión y, finalmente, (v) tener vínculo por matrimonio o por unión permanente, o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante”. || Posteriormente, en el Auto 191 de 2025, la Sala Plena examinó un impedimento formulado por el procurador general de la Nación por haber intervenido en la expedición de la disposición objeto de control de constitucionalidad cuando fungió como secretario general del Senado de la República. || En ese contexto, la Sala precisó, de un lado, que tratándose de procesos en los que tiene competencia para examinar de forma oficiosa e integral los aspectos formales del trámite legislativo o cuando un demandante alega un vicio de procedimiento, en principio, el impedimento formulado por el ahora procurador general de la Nación estaría llamado a prosperar con base en esta causal. || Al examinar el impedimento que formuló el procurador general de la Nación en esa oportunidad, la Corte constató que, como secretario general del Senado de la República, intervino en el procedimiento legislativo de la norma objeto de control.] - [Palabras claves automatizadas: general, nación, control, república, norma, constitucionalidad, legislativo, concepto, senado, corte, trámite, causal]

Auto A-196 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Recurso de súplica en contra del Auto de 14 de enero de 2026, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 11 o 18 de la Ley 1757 de 2015, “[p]or la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, y 33 del Decreto 2591 de 1991, “[p]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” || 2. SEGUNDA: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones 'sin motivación expresa' y 'según su criterio' contenidas en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, que regulan la facultad de la Sala de Selección de la Corte Constitucional para no seleccionar tutelas para revisión, por vulnerar el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso y la supremacía de la Constitución. || En contra del auto de rechazo procede el recurso de súplica, ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, que tiene por objeto “permitirle al actor obtener una revisión de la decisión tomada en el auto de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad”.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, sala, corte, magistrado, rechazo, plena, recurso, ley, inconstitucionalidad, constitucional, diciembre]

Auto A-195 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: recurso de súplica en contra del Auto de 20 de enero de 2026 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 2° (parcial) de la Ley 2477 de 2025, "[p]or medio de la cual se modifican las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y 1121 de 2006, en relación con la figura de la reparación integral, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación del principio de oportunidad, entre otras reformas orientadas a garantizar una administración de justicia penal pronta y eficaz" || Además, encontró que la demanda no explicó (i) por qué las consideraciones de esa providencia relativas al órgano competente para conocer del recurso de apelación constituyen la ratio decidendi y no un argumento auxiliar y, en esa medida, por que tales consideraciones deberían operar como parámetro de control vinculante en este caso; (ii) si el reproche se dirigió directamente a la Constitución o a una regla construida en la sentencia, y (iii) si existía una alegación relacionada con cosa juzgada. || En relación con el artículo 29 constitucional, la demandante indicó que el juez natural de segunda instancia de los autos de control de garantías en procesos de aforados constitucionales es, por mandato del Acto Legislativo 01 de 2018, la Corte Suprema de Justicia (art.] - [Palabras claves automatizadas: apelación, suprema, recurso, corte, demanda, instancia, auto, norma, sala, constitución, legislador, rechazo, justicia]

Auto A-194 de 2026

[Resumen automatizado: De esta manera, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena considera que le corresponde al Juzgado Promiscuo Municipal de Aquitania resolver la acción de tutela en cuestión, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 22 de enero de 2026, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aquitania, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su reparto ante los jueces municipales del mismo municipio, toda vez que afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. || En consecuencia, se advertirá al Juzgado Promiscuo Municipal de Aquitania que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia para conocer y tramitar las acciones de tutela que le sean repartidas, con base en argumentos distintos al incumplimiento de los factores de competencia en materia de tutela, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, conocimiento, autoridad, asunto, sala, municipal, constitucional, corte, manera, magistrado, jueces, acción, conflicto, lugar, judiciales, autoridades]

Auto A-193 de 2026

[Resumen automatizado: En el caso bajo examen, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que se configuró un conflicto negativo de competencias, toda vez que: (i) el Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Conocimiento y Garantías de Leticia consideró que la presunta vulneración de los derechos tuvo ocurrencia o produce sus efectos en el municipio de Neiva, debido a que la Inspección de Policía de la alcaldía de dicha ciudad, no ha respondido de forma clara y de fondo la petición radicada por el accionante; y, (ii) el Juzgado 005 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva, Huila, expuso que el juzgado remisor era competente para tramitar el caso a prevención, por haberlo conocido en primer lugar. || Por esa razón, se resolverá: (i) dejar sin efectos el Auto del 21 de enero de 2026 dictado por el Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Conocimiento y Garantías de Leticia; (ii) remitir el expediente ICC-5284 a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que en derecho corresponda; y, (iii) comunicar la presente providencia.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, corte, sala, conflicto, plena, constitucional, auto, acción, materia, derechos, municipal, penal, garantías, amazonas]

Auto A-192 de 2026

[Resumen automatizado: Por otra parte, el Juzgado 003 Laboral del Circuito de Palmira mencionó que, de acuerdo con lo expresado por el mismo actor, Bogotá es el lugar donde ocurrió la presunta vulneración de derechos y, por ende, no es competente para conocer el asunto. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la providencia del 20 de enero de 2026, proferida por el Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogotá; (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela; y (iii) se le advertirá al Juzgado 003 Laboral del Circuito de Palmira que, en futuros casos, remita a la autoridad competente las controversias de competencia en asuntos de tutela, según lo dispuesto en la Ley 270 de 1996. || REMITIR el expediente ICC-5283 al Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogotá para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela en curso.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, penal, competencia, bogotá, acuerdo, lugar, derechos, corte, acción, magistrado, sala, parte, plena, constitucional, autoridad, competente]

Auto A-191 de 2026

[Resumen automatizado: Así las cosas, la autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por la señora Martha Liliana Trujillo Peralta en contra de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Silvania, Cundinamarca, es el Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania, por ser la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del asunto. || Por su parte, también se advertirá al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Fusagasugá, Cundinamarca, para que, en lo sucesivo, (i) cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional; y (ii) en caso de estar ante la posible configuración del fenómeno de la tutela masiva, deberán motivar debidamente su decisión, en atención a los estándares de argumentación fijados por la jurisprudencia en la materia.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, conocimiento, corte, decreto, autoridades, autoridad, constitucional, reparto, conflicto, municipal, materia, acción, reglas, acciones]

Auto A-190 de 2026

[Resumen automatizado: Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales, tal y como lo precisó la Sala Plena en el auto 550 de 2018. || De una parte, Juzgado 003 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá declaró su incompetencia al estimar que los efectos de la presunta vulneración de los derechos se producen en Aguachica, lugar donde se ubica el domicilio de la accionante. || Por último, se advertirá al Juzgado 001 Penal del Circuito de Aguachica para que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el auto 550 de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: lugar, competencia, penal, tutela, factor, efectos, bogotá, parte, territorial, corte, conflicto, materia, acción, magistrado]

Auto A-189 de 2026

[Resumen automatizado: Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera || Ahora bien, en los casos en que ambas autoridades en conflicto sean competentes desde el factor territorial para conocer la tutela, se le deberá otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, en virtud del criterio «a prevención». || La Sala Plena considera que el Juzgado 011 Civil Municipal de Oralidad de Santiago de Cali es la autoridad llamada a resolver la tutela por dos razones principales. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 19 de enero de 2026, dictado por el Juzgado 011 Civil Municipal de Oralidad de Santiago de Cali, y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. || Además, le advertirá al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Florida que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996. || ADVERTIR al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Florida que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, municipal, sala, enero, conflicto, competencia, territorial, civil, autoridades, lugar, plena, efectos, autoridad, magistrado]

Auto A-188 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 002 Civil del Circuito de Fusagasugá, Cundinamarca, rechazó la acción y consideró que no era la autoridad que debía adelantar el trámite de la tutela presentada por el señor Rogelio Rodríguez Rivera, con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. || Así, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala considera que le corresponde al Juzgado 002 Civil del Circuito de Fusagasugá, Cundinamarca, resolver la acción de tutela presentada por el señor Rodríguez Rivera en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto. || En ese sentido, esta Sala advertirá al Juzgado 002 Civil del Circuito de Fusagasugá, Cundinamarca, que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, decreto, competencia, civil, cundinamarca, corte, acción, sala, reparto, conocimiento, constitucional, jueces, reglas, judicial, materia]

Auto A-187 de 2026

[Resumen automatizado: Surtido el nuevo reparto, el asunto correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Constitucional, el cual, por medio de Auto de 16 de enero de 2026, resolvió no avocar conocimiento de la tutela y proponer conflicto de competencia. || De esta manera, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena considera que le corresponde al Tribunal Administrativo del Cauca resolver la acción de tutela en cuestión, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos la decisión adoptada por medio del correo electrónico de 15 de enero de 2026, por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su reparto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, toda vez que afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. || En consecuencia, se advertirá al Tribunal Administrativo del Cauca que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tribunal, constitucional, tutela, competencia, sala, administrativo, reparto, conocimiento, corte, decisión, judiciales, enero, magistrado]

Auto A-186 de 2026

[Resumen automatizado: La controversia se originó entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Simijaca y el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Ubaté debido a que el primero aplicó inadecuadamente las reglas de reparto contenidas en los decretos 1069 de 2015 y 1983 de 2017, mientras que la segunda autoridad judicial remitió el asunto a la Corte Constitucional por considerar que el mencionado decreto contiene normas de reparto, las cuales no pueden utilizarse para desprenderse de la competencia. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos la providencia del 15 de enero de 2026, dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Simijaca; (ii) le remitirá el expediente a esa autoridad judicial para que adopte una decisión; y (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en reglas de reparto. || Por último, (iv) le advertirá al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Ubaté que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y conforme la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, constitucional, corte, decreto, acción, autoridad, reparto, municipal, autoridades, sala, conflicto, reglas]

Auto A-185 de 2026

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional ha establecido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley Estatutaria 270 de 1996. || A su turno, el Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio concluyó que la competencia correspondía a los juzgados de Mitú, por estimar que en ese lugar se materializaba la amenaza a los derechos fundamentales de la actora. || Finalmente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mitú consideró que la competencia recaía en los juzgados de Sevilla, lugar de residencia de la actora, por ser allí donde, a su juicio, se extendían y producían los efectos de la presunta vulneración. || En tal sentido, la Sala concluye que la autoridad judicial que ostenta la competencia territorial es el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mitú, toda vez que en dicho municipio se extienden los efectos de la presunta vulneración. || En consecuencia, la Corte dejará sin efectos el Auto del 23 de octubre de 2025 proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mitú y le remitirá el expediente ICC-5272 para que, de manera inmediata continúe con el trámite y adopte la decisión a que haya lugar.] - [Palabras claves automatizadas: lugar, competencia, efectos, asunto, conflicto, territorial, factor, tutela, derechos, autoridad, juzgados, administrativo, municipio, fundamentales, magistrado]

Auto A-184 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena considera que, en principio, la única autoridad en conflicto habilitada en virtud del factor territorial para asumir el conocimiento de la acción de tutela formulada es el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo. || Por tanto, la Sala Plena encuentra que el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo es la autoridad en conflicto competente para tramitar la acción de tutela que suscitó el presente conflicto negativo de competencia, comoquiera que allí se producen los efectos de la presunta vulneración. || Además, se advertirá al Juzgado 003 Civil Municipal de Oralidad de Bello para que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el auto 550 de 2018. || TERCERO: ADVERTIR al Juzgado 003 Civil Municipal de Oralidad de Bello para que, siempre que advierta un conflicto de competencia en materia de tutela, éste debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, para lo cual se deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal, expuestas en la presente providencia y compiladas en el auto 550 de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: municipal, san, lugar, tutela, conflicto, territorial, civil, corte, competencia, enero, asunto, decisión, factor, sala]

Auto A-183 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado 025 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia || El 3 de diciembre de 2025, esta autoridad declaró: (i) la nulidad de lo actuado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín; (ii) su falta de competencia para tramitar impugnación; y (iii) ordenó su reparto a los jueces del circuito de Medellín. || El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado 025 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, autoridad que, el 14 de enero siguiente, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencia. || Adujo que, conforme a la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional, las reglas de reparto no pueden ser invocadas para apartarse del conocimiento de tutelas, de manera que el primer juez era quien debía tramitar el asunto. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 3 de diciembre de 2025, dictado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y (ii) remitirá el expediente a tal autoridad para que adopte una decisión.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, sala, constitucional, reparto, decreto, suprema, justicia, casación, plena, magistrado, acción, reglas]

Auto A-182 de 2026

[Resumen automatizado: Así las cosas, al tener en cuenta que estos preceptos no pueden servir de fundamento para que los jueces se aparten del conocimiento de las solicitudes de amparo, la Corte ha expresado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”. || La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 002 de Familia de Fusagasugá señaló no ser la autoridad judicial competente para adelantar el trámite de la acción de tutela presentada por la señora Bernarda Gutiérrez. || Así, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta Sala considera que le corresponde al Juzgado 002 de Familia de Fusagasugá resolver la acción de tutela presentada por la señora Bernarda Gutiérrez, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto. || Finalmente, se le advertirá al Juzgado 001 Civil Municipal de Fusagasugá que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades establecidas para dicho efecto en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018 de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, acción, conflicto, conocimiento, reparto, reglas, autoridades, materia, constitucional, decreto, sala, autoridad, asunto]

Auto A-181 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto le correspondió por reparto al Juzgado 004 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, autoridad judicial que, mediante Auto del 14 de enero de 2026, se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su devolución a efectos de que se realizara el reparto a los jueces del circuito de Bucaramanga. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 14 de enero de 2026, proferido por el Juzgado 004 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su reparto ante los jueces del circuito del mismo municipio, toda vez que afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. || En consecuencia, se advertirá al Juzgado 004 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia para conocer y tramitar las acciones de tutela que le sean repartidas, con base en argumentos distintos al incumplimiento de los factores de competencia en materia de tutela, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, control, penal, constitucional, conocimiento, magistrado, garantías, municipal, corte, decreto, jueces, lugar]

Auto A-180 de 2026

[Resumen automatizado: Así el Juzgado 027 Civil del Circuito de Bogotá no haya explicado concretamente por qué consideraba que en la ciudad de Medellín habían ocurrido los hechos que motivaron la acción de tutela, y el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín haya fundamentado su decisión de abstenerse de avocar conocimiento de la solicitud de amparo con base en una regla de reparto del Decreto 333 de 2021; se suscitó un conflicto negativo de competencia en materia de tutela entre estas dos autoridades judiciales. || De igual forma: (i) se le advertirá al Juzgado 027 Civil del Circuito de Bogotá que, en lo sucesivo, explique con suficiencia las razones por las cuales considera que no es competente para conocer solicitudes de amparo en virtud de los criterios de competencia en materia de tutela; y, (ii) se le advertirá al Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín para que, en lo sucesivo, se abstenga de invocar las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021, que modificó el Decreto 1069 de 2015, para apartarse del conocimiento de acciones de tutela, en los términos expuestos en esta providencia, para no incurrir así en actuaciones que constituyan barreras en el acceso a la administración de justicia y, para garantizar, el goce efectivo de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, decreto, civil, bogotá, derechos, acción, administrativo, corte, reparto, sala, constitucional, conocer]

Auto A-179 de 2026

[Resumen automatizado: Como fundamento de su decisión, el despacho señaló que la presunta vulneración de derechos y sus efectos se producen en Riohacha, por lo que, de acuerdo con los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Auto 980 de 2021 de esta Corte, no le correspondía resolver la controversia planteada en la acción de tutela. || De una parte, el Juzgado 007 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga señaló que la presunta vulneración o amenaza a los derechos tuvo lugar en Riohacha, por lo que carecía de competencia. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la decisión del 7 de enero de 2026, proferida por el Juzgado 007 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga; (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela; y (iii) advertirá al Juzgado Único de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha que, en futuros casos, remita a la autoridad competente las controversias de competencia en asuntos de tutela, según lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: lugar, tutela, competencia, acción, seguridad, parte, corte, sala, derechos, constitucional]

Auto A-178 de 2026

[Resumen automatizado: Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales, tal y como lo precisó la Sala Plena en el auto 550 de 2018. || De una parte, el Juzgado 006 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín declaró su incompetencia al estimar que la presunta vulneración de los derechos invocados se produjo en Andes, lugar donde se encuentra la dirección física del accionante registrada en el RUNT. || PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 15 de diciembre de 2025 por el Juzgado 006 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, en el proceso de tutela promovido por el señor Carlos Andrés Restrepo Vélez en contra de la Secretaría de Movilidad de Itagüí.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, lugar, tutela, acción, corte, municipal, asunto, sala, factor, parte, derechos, conflicto, territorial, prevención, decisión, efectos]

Auto A-177 de 2026

[Resumen automatizado: El 12 de diciembre de 2025, esta autoridad resolvió remitir la tutela a los juzgados del circuito judicial de Turbo, por considerar que aquellos son los competentes para tramitarla. || El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Turbo, autoridad que, el 15 de diciembre siguiente, resolvió promover un conflicto negativo de competencia y remitir el expediente a esta Corte. || La Sala Plena considera que el Juzgado 012 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá es la autoridad llamada a resolver la tutela, por dos razones principales. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 12 de diciembre de 2025, dictado por el Juzgado 012 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. || Además, le advertirá al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Turbo que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996. || ADVERTIR al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Turbo que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, plena, competencia, bogotá, sala, penal, territorial, autoridad, magistrado, corte, diciembre, petición, conflicto]

Auto A-176 de 2026

[Resumen automatizado: Esta autoridad judicial sostuvo que, conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la competencia para conocer de la acción de tutela se determina por el factor territorial, esto es, por el lugar donde ocurre la vulneración o la amenaza de los derechos fundamentales o donde se producen sus efectos, criterio que también orienta las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021. || En cumplimiento del anterior proveído, el caso fue repartido al Juzgado 027 Civil Municipal de Bogotá, el cual, mediante Auto del 12 de diciembre de 2025, rechazó la acción de tutela, suscitó conflicto negativo de competencia por el factor territorial con el juzgado remisor y envió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir la colisión suscitada. || La autoridad judicial sostuvo que la competencia territorial para conocer de la acción de tutela recaía en el juez del municipio de Pasto, por ser ese el lugar de domicilio de la accionante y donde se producen los efectos de la presunta vulneración de derechos fundamentales. || En consecuencia, la Corte dejará sin efectos el Auto del 11 de diciembre de 2025 proferido por el Juzgado 004 Civil Municipal de San Juan de Pasto, mediante el cual declaró su falta de competencia para asumir el conocimiento de la acción de tutela impetrada por la señora Dorka Nisath Cujia Argote.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, lugar, tutela, civil, acción, municipal, derechos, corte, territorial, efectos, factor, fundamentales, decreto, conflicto]

Auto A-175 de 2026

[Resumen automatizado: El proceso le correspondió entonces al Juzgado 007 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva, autoridad que, mediante Auto del 09 de diciembre de 2025, resolvió abstenerse de asumir el conocimiento de la acción de tutela, propuso el conflicto negativo de competencia respecto del Juzgado 010 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín y remitió el asunto a esta Corporación. || La Sala considera que el Juzgado 010 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín es competente para conocer de la acción de tutela, atendiendo al factor territorial, toda vez que se acreditó que el accionante se encuentra domiciliado en dicha ciudad y es allí donde se producen los efectos de la vulneración alegada, por cuanto es el lugar en donde pretendía recibir la respuesta a su petición. || Por otra parte, la Sala considera que el Juzgado 007 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva también sería competente para conocer de la acción de tutela en virtud del factor territorial, lugar donde habría ocurrido la presunta vulneración del derecho de petición.] - [Palabras claves automatizadas: lugar, acción, tutela, competencia, territorial, municipal, civil, juez, decreto, factor, sala, constitucional, sentencias, corte, efectos]

Auto A-174 de 2026

[Resumen automatizado: Surtido el segundo reparto, el Juzgado 001 Civil Municipal de Fusagasugá, mediante Auto del 11 de diciembre de 2025, declaró la falta de competencia para conocer el asunto, promovió conflicto negativo y remitió el expediente a la Corte Constitucional. || Señaló que la decisión del Juzgado 002 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá contradice lo establecido en el Decreto 333 de 2021 y los criterios expuestos por la Corte Constitucional, entre otros, en el Auto 1675 de 2024, en lo relacionado con que los criterios de reparto no constituyen reglas de competencia. || La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un�conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 002 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá se apartó del conocimiento del asunto con base en reglas de reparto (ver 5 supra).] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, corte, decisión, autoridades, auto, seguridad, acción, reparto, reglas, sala, constitucional, conflicto]

Auto A-173 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-173-2026

Auto A-172 de 2026

[Resumen automatizado: De una parte, el Juzgado 001 Civil Municipal de Soacha, Cundinamarca, declaró su falta de competencia al considerar que la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor se produjo en la ciudad de Medellín, por cuanto la petición mediante la cual el accionante solicitó a La Previsora asumir el costo de los honorarios de la Junta de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca fue remitida por el actor a través de correo electrónico, indicando dicha ciudad como lugar de destino. || De otra parte, el Juzgado 027 Administrativo del Circuito de Medellín, Antioquia, declaró su falta de competencia con fundamento en que los efectos de la aparente vulneración se extienden a Soacha, Cundinamarca, pues es el lugar que el accionante señaló como lugar de residencia. || De lo expuesto, la Sala Plena concluye que el Juzgado 001 Civil Municipal de Soacha, Cundinamarca,�es el competente para tramitar y decidir la acción de tutela,�por ser ese municipio el lugar donde se extienden los efectos de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 5 de diciembre de 2025 proferido por el Juzgado 001 Civil Municipal de Soacha, Cundinamarca, dentro de la acción de tutela formulada por el señor Alfredo Reyes Lozano contra de La Previsora S.A. Compañía de Seguros.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, cundinamarca, lugar, tutela, conflicto, municipal, civil, acción, efectos, magistrado, factor]

Auto A-171 de 2026

[Resumen automatizado: Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 019 Administrativo de Bogotá - Sección Segunda efectuó un análisis preliminar de la presunta responsabilidad de los accionados y del contradictorio y, a partir de ello, con sustento en reglas de reparto, se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada a pesar de que ellas no desplazan su competencia para resolver la acción constitucional. || Adicionalmente, se advertirá al Juzgado 019 Administrativo de Bogotá - Sección Segunda que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto y a partir de un análisis preliminar del contradictorio, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional. || CUARTO: ADVERTIR a la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto y en un análisis preliminar del contradictorio, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, distrito, reparto, bogotá, competencia, sección, conocimiento, segunda, corte, administrativo, sala, reglas, autoridades, servicios, acción]

Auto A-170 de 2026

[Resumen automatizado: El 5 de diciembre de 2025, esa autoridad declaró su falta de competencia para tramitar la tutela y ordenó su reparto a los jueces administrativos del circuito de Bucaramanga. || El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Bucaramanga, autoridad que, el 9 de diciembre siguiente, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencia. || Adujo que, conforme a la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional, las reglas de reparto no pueden ser invocadas para apartarse del conocimiento de tutelas, de manera que el primer juez era quien debía tramitar el asunto. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 5 de diciembre de 2025 dictado por esa autoridad; (ii) le remitirá el expediente para que adopte una decisión y (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015. || ADVERTIR al Juzgado 012 Civil del Circuito de Bucaramanga que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, reglas, autoridad, decreto, corte, plena, reparto, constitucional, sala, civil, magistrado, judicial, contenidas]

Auto A-169 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 025 Civil Municipal de Santiago de Cali, rechazó la acción de tutela y consideró que no era la autoridad que debía adelantar el trámite de la tutela presentada por la señora Mariana Pareja Morales, en calidad de agente oficiosa de su madre, la señora Leidy Jazmín Pareja Morales, con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. || Así, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala considera que le corresponde al Juzgado 025 Civil Municipal de Santiago de Cali resolver la acción de tutela presentada por la señora Pareja Morales, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto. || En ese sentido, esta Sala advertirá al Juzgado 025 Civil Municipal de Santiago de Cali, que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, decreto, constitucional, corte, acción, civil, autoridades, municipal, judiciales, autoridad, judicial, reparto, sala, juez]

Auto A-168 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-168-2026

Auto A-167 de 2026

[Resumen automatizado: Para sustentar dicha decisión, el juzgado citó el artículo 20, numeral 1°, y 139 del CGP (Código General del Proceso); 955 del Código Civil; 104, 140 y 157 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y un auto del 31 de marzo de 2005, expedido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. || Destacó que, de acuerdo con el artículo 140 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer del caso porque el litigio versa sobre “una acción de reparación directa contra una entidad pública por la ocupación permanente de un bien inmueble”[8]. || Tanto la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[26] como la jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[27] reconocen la competencia de la jurisdicción ordinaria civil para conocer de acciones reivindicatorias de dominio adelantadas en contra o por parte de entidades públicas. || La Corte Constitucional, en el Auto 1084 de 2021, en reiteración del Auto 1007 de 2021[28], destacó que la práctica judicial reconoce la competencia de la jurisdicción civil ordinaria para conocer procesos reivindicatorios adelantados en contra o por parte de entidades públicas.] - [Palabras claves automatizadas: corte, jurisdicción, civil, acción, auto, conocer, inmueble, constitucional, jurisdicciones, proceso, conflicto, asunto, sala, artículos, dominio]

Auto A-166 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-166-2026

Auto A-165 de 2026

[Resumen automatizado: Adicionalmente, en el aludido documento, el fiscal presentó un resumen de los hechos jurídicamente relevantes, así: (i) el 26 de julio de 2019, el entonces teniente Cetina Jiménez, al mando de 16 soldados pertenecientes a la Compañía “Apache No.1” adscrita al Batallón Rifles No.31 -Cáceres, Antioquia- “adelantaron [una] operación militar irregular en conjunto con miembros de la GAO 'Los Caparros'”; (ii) en el marco de lo anterior, se retuvo “de manera irregular a dos presuntos integrantes del GAO contrario, esto es, 'El Clan del Golfo', quienes respondían a los nombres de Eber Darío Ortega Begambre (…) y otra persona que no pudo ser identificada (…) colocándolos en un estado de inferioridad por la superioridad numérica y armada de sus captores”; (iii) posteriormente, el teniente Cetina Jiménez, a través de llamada telefónica, se comunicó con Claudio Alfonso Maturana Hurtado -alias Negro Cristián-, quien a la fecha fungía como cabecilla del GAO “Los Caparros” y “determin[ó] al teniente Cetina Jiménez para que asesine con armas de fuego” a las personas retenidas; y (iv) con la intención de “hacerlo parecer como unas bajas en combate por el Ejército Nacional, Carlos Alfonso Maturana Hurtado le envi[ó] (suministr[ó])” armamento[11] al militar con el fin de que se simulara “un enfrentamiento armado con la Fuerza Pública”.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, penal, militar, corte, servicio, ordinaria, fuero, competencia, elementos, sala, expediente]

Auto A-164 de 2026

[Resumen automatizado: Esta autoridad judicial (i) admitió la demanda el 24 de enero de 2019; (ii) mediante auto del 18 de enero de 2023 dispuso vincular en el extremo pasivo al Municipio de Medellín; (iii) el 17 de octubre de 2025 fijó fecha para la diligencia de deslinde, en los términos del artículo 403 del Código General del Proceso (CGP); y (iv) encontrándose en esa etapa del proceso, mediante auto del 30 de octubre de 2025, resolvió declarar su falta de jurisdicción y remitir el expediente a los juzgados administrativos de Medellín. || La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 017 Administrativo de Medellín y el Juzgado 004 Civil Municipal de Medellín, la cual versa sobre la competencia para conocer de la demanda de deslinde y amojonamiento interpuesta por Luz Fanny Rojas contra Gladis Elena Noriega Jaramillo. || La Sala Plena considera que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para conocer del proceso de deslinde y amojonamiento iniciado por Luz Fanny Rojas contra Gladis Elena Noriega Jaramillo, y en el cual se vinculó al Distrito de Medellín. || Esto, en tanto el de deslinde y amojonamiento es un proceso declarativo especial de naturaleza civil regulado en los artículos 400 al 405 del CGP y que no está previsto de manera expresa en el artículo 104 del CPACA u otras disposiciones que asignen la competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, proceso, competencia, ordinaria, procesos, administrativo, conocimiento, entidad, contencioso, jurisdicciones, conocer]

Auto A-163 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-163-2026

Auto A-162 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, a través del Auto 386 de 2021, resolvió un conflicto entre la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el cual el demandante se había desempeñado como perito dentro de un proceso de reparación directa y reclamó el pago de los honorarios que fijó el tribunal administrativo. || Por tal motivo, la Corte Constitucional precisó la regla de decisión del Auto 386 de 2021, en los siguientes términos: “en virtud de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 1437 de 2011, reformado por la Ley 2080 de 2021, en el evento en que se tramite un proceso ejecutivo para cobrar los honorarios que un Juez de la República fije para un perito,�la competencia se regirá por el factor conexidad cuando el ejecutado sea una entidad pública. || Reiteración del Auto 1032 de 2024 “[E]n virtud de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 1437 de 2011, reformado por la Ley 2080 de 2021, en el evento en que se tramite un proceso ejecutivo para cobrar los honorarios que un Juez de la República fije para un perito, la competencia se regirá por el factor conexidad cuando el ejecutado sea una entidad pública.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, proceso, corte, auto, administrativo, constitucional, conflicto, jurisdicciones, jurisdicción, sala, conocer, honorarios, ejecutivo]

Auto A-161 de 2026

[Resumen automatizado: María Aide Silva, obrando a través de apoderado judicial, instauró demanda ordinaria laboral contra la Universidad del Valle, con miras a que se declare que entre las partes existe un vínculo laboral, en virtud del cual la demandante se ha desempeñado como cocinera, y la ineficacia del acuerdo extraconvencional suscrito entre la Universidad y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol - Seccional Cali), para obtener el pago de los beneficios sindicales allí revocados y la nivelación salarial, de acuerdo con los ajustes realizados al escalafón de cargos de los trabajadores oficiales[1]. || La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015. || En el Auto 872 de 2021, la Corte consideró que "la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer un proceso laboral promovido por un trabajador oficial, hecho último que se constata no solo con la naturaleza del vínculo laboral y las funciones que desempeña, sino también, con el hecho de buscar la aplicación de un derecho derivado de una convención colectiva de trabajo"[9].] - [Palabras claves automatizadas: corte, administrativo, laboral, conocer, conflicto, jurisdicciones, competencia, auto, constitucional, jurisdicción, trabajadores]

Auto A-160 de 2026

[Resumen automatizado: Sin embargo, el 31 de octubre de 2024 ese tribunal profirió sentencia en la que (i) declaró su falta de jurisdicción para conocer la demanda de reconvención interpuesta por la señora Adriana Cecilia Tarazona contra Colpensiones y ordenó remitir el asunto para reparto entre los juzgados laborales del circuito de Bogotá; (ii) revocó la sentencia de primera instancia en lo relativo a la demanda interpuesta por Colpensiones y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. || Como sustento, el despacho judicial citó el Auto 316 de 2021 de la Corte Constitucional, que fijó como regla que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era competente para conocer las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestas por instituciones públicas de seguridad social contra sus propios actos administrativos. || Según el artículo 104.4 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer los procesos relativos a la relación legal y reglamentaria de los servidores públicos y el Estado, así como las controversias en materia de seguridad social de los mismos, cuando su régimen sea administrado por una persona de derecho público.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, demanda, seguridad, derecho, social, competente, naturaleza, administrativo, laboral, conocer, asunto, auto, tribunal, corte, competencia]

Auto A-159 de 2026

[Resumen automatizado: En su criterio, la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para conocer del asunto, pues de acuerdo con los autos 686 de 2023 y 708 de 2021 de la Corte Constitucional, dicha especialidad conoce de los procesos ejecutivos en los que se pretende el cobro de facturas en el marco de un contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios. || El 11 de diciembre de 2025, el Juzgado 5 Administrativo del Circuito Judicial de Yopal (Casanare) declaró su falta de jurisdicción y promovió conflicto negativo de jurisdicciones, al sostener que, en este caso, la demanda pretende el cobro de una factura en el marco de un contrato de prestación de servicios domiciliarios, por lo que, la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para conocer del asunto con base en lo dispuesto por la Corte en los Autos 879 de 2023 y 1706 de 2024 y en el artículo 130 de la Ley 142 de 1998.] - [Palabras claves automatizadas: servicios, públicos, jurisdicción, prestación, domiciliarios, procesos, ley, pago, corte, jurisdicciones, conflictos, contrato, servicio, decisión, competencia]

Auto A-158 de 2026

[Resumen automatizado: Luis Alberto David Vargas, Robinson Sánchez Ríos y Ramiro de Jesús Carmona Osorio, mediante apoderado, presentaron demanda ordinaria en contra de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., (en adelante EMVARIAS S.A. E.S.P.,), con el propósito de (i) obtener la declaración de la existencia de una relación laboral con dicha entidad; (ii) que se condene a EMVARIAS S.A. E.S.P. a vincular de manera inmediata y sin solución de continuidad a los demandantes desde el inicio de la relación contractual; (iii) que se condene al pago de los salarios insolutos o dejados de percibir mediante nivelación salarial frente a quienes ejercen la misma función; (iv) que se paguen las prestaciones sociales insolutas resultantes de la nivelación salarial; (v) que se reconozcan los beneficios convencionales y extralegales que reciben los trabajadores vinculados directamente a EMVARIAS S.A. E.S.P.; (vi) que se ordene el pago de la indemnización por mora prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; (vii) que las sumas adeudadas sean indexadas; (viii) que se paguen los intereses moratorios a la tasa legal más alta; (ix) que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada; y (x) que se condene por lo que ultra petita y extra petita se demuestre en el proceso.] - [Palabras claves automatizadas: entidad, jurisdicciones, conocer, relación, laboral, administrativo, magistrado, corte, demanda, pública, conflicto, jurisdicción, trabajadores, competencia, falta, oficiales, decisión]

Auto A-157 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-157-2026

Auto A-156 de 2026

[Resumen automatizado: Para ello, consideró que, conforme a lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993 y en los autos 441 de 2022 y 293 de 2024 de la Corte Constitucional, quienes desempeñan funciones de servicios generales en una Empresa Social del Estado (ESE) tienen la calidad de trabajadores oficiales, razón por la cual los conflictos derivados de dicha vinculación son de conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral. || El Juzgado 001 Laboral de Soledad señaló que debía apartarse del asunto, pues consideró que, conforme a lo dispuesto en el Auto 492 de 2021 de la Corte Constitucional y el artículo 104.2 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los procesos en los que se discute la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta mediante contratos de prestación de servicios. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, a través del Auto 492 de 2021, concluyó que la�jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir las demandas que buscan determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado, conforme a los artículos 104 del CPACA y 32 de la Ley 80 de 1993.] - [Palabras claves automatizadas: servicios, auto, contratos, laboral, prestación, administrativo, constitucional, sala, competente, jurisdicción, barranquilla, relación, jurisdicciones, corte, vinculación, competencia]

Auto A-155 de 2026

[Resumen automatizado: El juzgado mencionó que la Corte Constitucional, en el Auto 910 de 2023, al dirimir un conflicto negativo de competencia en un caso similar, estableció que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, conocer de los procesos en los que se reclama la indemnización de perjuicios derivados de la imposición arbitraria de servidumbres para la instalación de infraestructura de servicios públicos, siempre que no se controvierta un acto administrativo. || De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[5], la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones. || Reiteración del Auto 1045 de 2021 de la Corte Constitucional: "corresponde a los jueces ordinarios, en su especialidad civil, el conocimiento de los conflictos originados por la ocupación permanente de predios por parte de empresas prestadoras de servicios públicos, en los eventos en los que no se hubiese constituido legalmente una servidumbre". || Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional,�REMITIR�el expediente CJU-7400 al�Juzgado 003 Civil del Circuito de Bucaramanga, para que proceda con lo de su competencia y comunique la decisión a los interesados en este trámite, así como al Juzgado 015 Administrativo Oral de Medellín.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, corte, constitucional, civil, conflicto, ordinaria, auto, jurisdicciones, ley, sala, servidumbre, conocer, servicios]

Auto A-154 de 2026

[Resumen automatizado: Tras la corrección presentada el 14 de mayo de 2024, el despacho, mediante auto del 29 de agosto de 2024, dejó sin efectos su decisión anterior al advertir que lo pretendido era la ejecución de una sentencia y no un control sobre la Resolución 395 de 2019, por lo que, atendiendo el factor de conexidad previsto en los artículos 154, 155 y 298 del CPACA, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente al Juzgado 015 Administrativo del Circuito de Barranquilla[8]. || El despacho explicó que la pretensión del actor buscaba ejecutar la Resolución 395 de 2019, un acto administrativo expedido voluntariamente por el municipio y no en cumplimiento de la sentencia del 17 de julio de 2019, por lo que no operaba el factor de conexidad; en consecuencia, y de conformidad con el artículo 104 numeral 6 y el 168 del CPACA, así como el Auto 063 de 2022 de la Corte Constitucional, determinó que los procesos ejecutivos basados en actos administrativos derivados de relaciones laborales son de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7399 al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Sabanalarga para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión al Juzgado 015 Administrativo Mixto del Circuito de Barranquilla y a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, jurisdicciones, barranquilla, expediente, corte, laborales, ordinaria, competencia, administrativo, demanda, constitucional, pago, magistrado, laboral]

Auto A-153 de 2026

[Resumen automatizado: Finalmente, esa autoridad judicial expuso que la Corte Constitucional, mediante Auto 1176 de 2021, en el marco de un conflicto negativo de competencia suscitado entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción Ordinaria Laboral, preciso que corresponde a la primera conocer de las controversias relativas a la calificación de pérdida de capacidad laboral y origen de patologías de los empleados públicos, en tanto dichas decisiones provienen de actos administrativos proferidos por entidades públicas, sin que resulte relevante que el debate tenga repercusiones en materia de seguridad social. || Aunado a lo anterior, trajo a colación el Auto 1761 de 2024 de la Corte Constitucional, en el que esta Corporación resolvió que "[l]a demanda promovida por un(a) empleado(a) público(o) con la finalidad de que se declare la nulidad de un dictamen expedido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez debe ser conocida y decidida por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. || La�Competencia de la jurisdicción�ordinaria laboral para conocer�las demandas promovidas por un empleado público con la finalidad de que se declare la nulidad de un dictamen expedido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, auto, laboral, constitucional, corte, barranquilla, nacional, sala, junta, jurisdicciones, demanda, conflicto, nulidad, conocer, jurisdicción, mediante]

Auto A-152 de 2026

[Resumen automatizado: Con referencia a los Autos 403 de 2021, 553 de 2022, 554 de 2023, 609 de 2023, 1280 de 2023, 1354 de 2024 de la Corte Constitucional, la autoridad judicial precisó que cuando un título ejecutivo tiene origen o posible relación con un contrato celebrado por una entidad pública no financiera, el conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluso ante la duda sobre la fuente contractual[4]. || En Auto del 6 de noviembre de 2025, esta autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir la colisión suscitada. || De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[9], la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones. || En virtud de las consideraciones generales expuestas en esta providencia, la Sala Plena determina que la competencia para conocer y resolver la demanda interpuesta por el FFAMA contra el señor Jhojan Yesid Cañón Murcia, corresponde al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Aguazul, Casanare.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, corte, casanare, auto, jurisdicciones, sala, conocer, conflicto, entidad, constitucional, proceso, judicial, municipal, administrativo]

Auto A-151 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-151-2026

Auto A-150 de 2026

[Resumen automatizado: Además, indicó que, tratándose del I.F.C., este tipo de procesos puede involucrar actos o contratos sometidos al derecho público, razón por la cual deben ser conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme con lo señalado en los autos 1354 y 1623 de 2024 de esta corporación. || Esta regla tiene una excepción en el artículo 105.1 del CPACA, según la cual, cuando se trate de controversias sobre responsabilidad extracontractual o sobre contratos de entidades públicas que sean instituciones financieras, aseguradoras o intermediarios de seguros o valores vigilados por la Superintendencia Financiera, y dichos actos correspondan al giro ordinario de sus negocios, la competencia es de la Jurisdicción Ordinaria. || En esa decisión, la Sala Plena reiteró que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer procesos ejecutivos originados en contratos de entidades públicas, salvo que estas sean instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera y los contratos correspondan al giro ordinario de sus negocios. || En efecto, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que, conforme con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos celebrados por entidades públicas son estatales, sin que su naturaleza dependa del régimen jurídico que les sea aplicable.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, contratos, jurisdicciones, conflicto, civil, jurisdicción, magistrado, asunto, ejecución, contencioso, entidades, municipal, estatales, corte, proceso, públicas, superintendencia]

Auto A-149 de 2026

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015. || En esta oportunidad, la Corporación precisó que, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para tramitar este tipo de demandas ejecutivas, conforme a una lectura integral del inciso 1° y el numeral 6 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, cuando: (i) el objeto del litigio se limita al pago o a la transferencia de subsidios aplicados a las tarifas de los servicios públicos domiciliarios; (ii) interviene una entidad pública; y, (iii) no existe una norma que asigne la competencia del asunto a otra jurisdicción. || De acuerdo con las consideraciones presentadas anteriormente, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la competente para conocer la demanda ejecutiva de mayor cuantía promovida por la Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP, en contra de la Nación y los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía.] - [Palabras claves automatizadas: energía, competencia, constitucional, demanda, conflicto, bogotá, pago, subsidios, administrativo, contencioso, jurisdicción, corte, jurisdicciones]

Auto A-148 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-148-2026

Auto A-147 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-147-2026

Auto A-146 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-146-2026

Auto A-145 de 2026

[Resumen automatizado: Sobre este punto, la Fiscalía se opuso al traslado del asunto a la jurisdicción indígena, al considerar que existe una mayor lesividad de los delitos como el proxenetismo y el acceso carnal abusivo con menor de catorce años en la Jurisdicción Ordinaria, razón por la cual se debe mantener el procedimiento penal adelantado. || Además, en este caso no se hace ningún análisis sobre la afectación de los derechos de las menores víctimas, por lo que cabe la duda de si la comunidad indígena que pretende conocer del presente proceso penal tiene, como lo ha dicho la Corte, este tipo de conductas constituyan bienes jurídicos en importancia y gravedad equivalente para, en este caso, la sociedad mayoritaria || De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que se encuentra satisfecho el factor territorial en sentido estricto, pues los presuntos hechos delictivos ocurrieron en el municipio Viento, como territorio reconocido de las comunidades indígenas, respecto del cual el Tribunal de Justicia Propia ejerce su competencia jurisdiccional, conforme con lo señalado en el auto XXX de 2024.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, factor, comunidad, proceso, competencia, delitos, corte, jurisdicción, conflicto, tribunal, penal, si, en, asunto, autoridades]

Auto A-144 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-144-2026

Auto A-143 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-143-2026

Auto A-142 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, el asunto fue repartido al Juzgado 014 Administrativo Oral del Circuito de Medellín que, a través de Auto del 18 de noviembre de 2025[4], propuso conflicto negativo de jurisdicciones y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional. || La controversia fue suscitada entre dos autoridades que administran justicia, de diferentes jurisdicciones, que rechazaron la competencia para conocer del asunto: la jurisdicción ordinaria, representada por el Juzgado 002 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada por el Juzgado 014 Administrativo Oral del Circuito de Medellín. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 002 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín y el Juzgado 014 Administrativo Oral del Circuito de Medellín en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 002 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín es la autoridad competente para conocer de la demanda ordinaria laboral promovida por Ramiro Londoño Bustamante contra Colpensiones. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7375 al Juzgado 002 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, conocer, corte, ordinaria, conflicto, asunto, laboral, naturaleza, auto, entidad, jurisdicciones, seguridad, social, municipal, constitucional]

Auto A-141 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-141-2026

Auto A-140 de 2026

[Resumen automatizado: En relación con la responsabilidad médica, señaló que, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en el Auto A1039 de 2022, la competencia se define, en principio, por el criterio orgánico jurisdicción ordinaria cuando el demandado es privado y contenciosa administrativa cuando es público y, de manera excepcional, por la aplicación del fuero de atracción, cuando se demanda de forma simultánea a entidades públicas y privadas. || El despacho fundamentó su decisión en la aplicación del fuero de atracción, con apoyo en lo señalado por esta Corporación en el Auto 561 de 2024, según el cual dicho fuero atribuye de manera definitiva la competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando en la demanda se imputan hechos a entidades públicas, independientemente de que, en el estudio de fondo, estas resulten absueltas. || En primer lugar, la Sala advierte que la demanda se dirige de manera concomitante contra entidades de naturaleza pública la Superintendencia Nacional de Salud y el Departamento de Caldas-Dirección Territorial de Salud de Caldas y entidades de naturaleza privada la Clínica Ospedale Manizales S.A. y Salud Total S.A. EPS, por los presuntos daños ocasionados al señor Gabriel como consecuencia de un evento adverso asociado a la prestación del servicio de salud.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, demanda, médica, públicas, daño, responsabilidad, entidades, aplicación, sala, conocer, fuero, administrativo]

Auto A-139 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-139-2026

Auto A-138 de 2026

[Resumen automatizado: Asimismo, el juzgado afirmó que, según el Auto 492 de 2021 de la Corte Constitucional, a la jurisdicción contenciosa administrativa le compete conocer y decidir de fondo los procesos que buscan determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta a través de sucesivos contratos de prestación de servicios con el Estado. || Esta autoridad judicial consideró que, de acuerdo con el artículo 105.4 del CPACA, la jurisdicción contenciosa administrativa no conoce de conflictos de carácter laboral entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. || En el Auto 492 de 2021 la Corte Constitucional estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer los procesos promovidos para determinar la existencia de una relación laboral que presuntamente ha sido desnaturalizada o encubierta mediante contratos de prestación de servicios con el Estado[16]. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones presentado entre el Juzgado 011 Administrativo de Bogotá y el Juzgado 033 Laboral de Bogotá, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 011 Administrativo de Bogotá es la autoridad competente para conocer la demanda presentada por José Leonardo Rubio Camargo en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP.] - [Palabras claves automatizadas: auto, bogotá, jurisdicción, constitucional, corte, laboral, contratos, prestación, servicios, administrativo, conocer, expediente, relación, jurisdicciones]

Auto A-137 de 2026

[Resumen automatizado: Con lo anterior, concluyó, con ocasión de una demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad en contra del Municipio de Bucaramanga, el Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Bucaramanga y la Secretaría de Hacienda, con el fin de solicitar el reconocimiento y reliquidación de una pensión de jubilación, que: “[l]a Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social�es competente para conocer de las controversias relacionadas con la seguridad social de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado, sin perjuicio de si la entidad administradora es de derecho público o privado.” || Finalmente, si bien las reglas fijadas en los autos 746, 710 y 1021 de 2021, parten del criterio orientador conforme al cual la competencia para conocer de controversias en materia de seguridad social corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral cuando se trata de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado, con independencia de la naturaleza pública o privada de la entidad administradora, esta Sala estima procedente reiterar la regla definida en el Auto 367 de 2024, en la medida en que dicho precedente se refiere de manera específica a demandas promovidas por la cónyuge y/o presunta beneficiaria de una pensión de sobrevivientes, en aquellos eventos en los que el causante ostentaba la calidad de trabajador del sector privado al momento de causarse la prestación.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, social, jurisdicción, calidad, seguridad, laboral, pensión, auto, corte, privado, derecho, competente, público]

Auto A-136 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante Auto del 10 de noviembre de 2025, esta autoridad judicial se declaró incompetente por razón de jurisdicción para conocer del asunto, planteó conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera la colisión suscitada. || De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[9], la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones. || En el Auto 1649 de 2022, la Corte Constitucional resolvió un conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado 007 Administrativo Oral de Medellín y el Juzgado 011 Civil del Circuito de Oralidad de la misma ciudad, con ocasión de una demanda de responsabilidad civil extracontractual promovida contra la sociedad Construcciones El Cóndor S.A. En dicha acción, el demandante solicitó que se declarara a la sociedad demandada civil y extracontractualmente responsable por los daños ocasionados a un inmueble de su propiedad, ubicado en la vereda Caucheras del municipio de Mutatá, los cuales se habrían producido durante la ejecución del Contrato No. 1787 de 2014, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la referida sociedad.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, sociedad, auto, jurisdicciones, conflicto, jurisdicción, corte, civil, responsabilidad, constitucional, casanare, plena, sala, en, conocer, municipio]

Auto A-135 de 2026

[Resumen automatizado: Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, mediante auto del 30 de enero de 2025, el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Neiva declaró, por segunda vez, la falta de competencia jurisdiccional para conocer del asunto y ordenó remitir el proceso al Juzgado 002 Civil del Circuito de Garzón, al estimar que la controversia planteada no se enmarca dentro de los supuestos de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || En el auto 711 de 2021, la Sala Plena resolvió estarse a lo resuelto en un conflicto entre jurisdicciones, al considerar que “[l]as decisiones adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura durante el período en el cual la Corte Constitucional no había asumido la competencia para resolver los conflictos de jurisdicción, gozan del principio de intangibilidad, que prohíbe al juez que dictó el fallo revocarlo o reformarlo. || PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el Auto del 11 de diciembre de 2019, en la cual se determinó que la competencia para conocer de la demanda instaurada por Luz Adriana Lemus y otros en contra Emgesa S.A. E.S.P., correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cabeza del Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Neiva.] - [Palabras claves automatizadas: sala, administrativo, superior, competencia, conflicto, consejo, judicatura, jurisdicciones, jurisdicción, proceso, asunto]

Auto A-134 de 2026

[Resumen automatizado: Agregó que en el Auto 2130 de 2023 la Corte Constitucional resolvió un asunto similar y "determinó que cuando la demanda se dirige en contra de una sociedad de economía mixta y de derecho privado, se activa la competencia del juez civil de acuerdo con los artículos 17, 18 y 20 del Código General del Proceso". || Mediante el�Auto 646 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que, para determinar la jurisdicción competente frente a los procesos de responsabilidad médica en los que se demanda de forma simultánea a entidades públicas y privadas, resulta necesario acudir al factor de conexidad o fuero de atracción, en virtud del cual la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa se extiende a personas de derecho privado cuando estas son demandadas de forma concomitante con entidades públicas. || La Sala Plena considera que el Juzgado 008 Civil del Circuito de Cúcuta es la autoridad competente para conocer la demanda presentada por la señora Antonia y otros contra la Nación, la ARL Sura y la EPS Sanitas.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, jurisdicción, competencia, médica, responsabilidad, conocer, corte, sala, entidad, entidades, nación, conflicto, jurisdicciones, fuero, civil, daño]

Auto A-133 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-133-2026

Auto A-132 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-132-2026

Auto A-131 de 2026

[Resumen automatizado: Además, señaló que la Corte Constitucional en los Autos 492 de 2021, 115 y 1904 de 2024, al dirimir conflictos entre las jurisdicciones laboral y de lo contencioso administrativo, ha establecido como regla de decisión que la competencia recae en esta última para conocer de asuntos como el del sub examine. || La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 007 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, la cual versa sobre la competencia para conocer de la demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por Ana Clementina Saavedra Cardozo contra el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. || En el auto 492 de 2021, la Sala Plena concluyó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo los procesos promovidos “para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado”. || La Sala Plena establece que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, es el competente para conocer del caso que suscitó el conflicto de jurisdicciones entre este despacho judicial y el Juzgado 007 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá.] - [Palabras claves automatizadas: vigente, servicios, conocer, laboral, diciembre, jurisdicción, competencia, jurisdicciones, bogotá, administrativo, contratos, prestación, enero, relación]

Auto A-130 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-130-2026

Auto A-129 de 2026

[Resumen automatizado: El señor Heriberto Molina Vengoechea promovió, a través de apoderado, un proceso de nulidad contra la Escritura Pública n.° 0996 del 25 de mayo de 2017 mediante la cual la Notaría Primera del Circuito de Santa Marta adjudicó a la señora Lilia Margarita Rincón Ponce un mausoleo ubicado en el Cementerio San Miguel de Santa Marta[1]. || Con fundamento en lo anterior, el señor Molina solicitó que se dejara sin efectos la escritura pública mediante la cual se adjudicó el mausoleo ubicado en el Cementerio San Miguel de Santa Marta a la señora Lilia Margarita Rincón Ponce, al considerar inexistente cualquier vínculo de consanguinidad entre esta y los propietarios originarios del bien. || En consideración a lo expuesto, la Corte Constitucional concluye que la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer el proceso de nulidad interpuesto por el señor Heriberto Molina Vengoechea contra la Notaría Primera del Circuito de Santa Marta. || En tales términos, la autoridad judicial competente para conocer el presente caso es el Juzgado 003 Civil Municipal de Santa Marta, Magdalena y, por lo tanto, la Corte ordenará remitirle el expediente CJU-7352 a esa autoridad para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: marta, santa, jurisdicción, competencia, administrativo, corte, pública, jurisdicciones, acto, en, proceso, nulidad, contencioso, auto, civil]

Auto A-128 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-128-2026

Auto A-127 de 2026

[Resumen automatizado: En aplicación del artículo 104.4 del CPACA, consideró que la competencia para conocer lo referente al periodo reclamado por el no pago de aportes pensionales cuando el causante se desempeñó como concejal del municipio, le corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, pues los concejales son nombrados por elección popular y si bien son servidores públicos, no tienen una relación legal y reglamentaria con el Estado; es decir, no son empleados públicos (Auto 2711 de 2023). || En concreto, y de acuerdo la decisión del 15 de julio de 2025 del Juzgado 013 Administrativo del Circuito de Cartagena, el presente conflicto entre jurisdicciones versa sobre las pretensiones dirigidas en contra de la Alcaldía Municipal de Soplaviento, Bolívar, en relación con el reconocimiento y pago de aportes pensionales a favor del señor Luis Eduardo Quesada Amor, por el tiempo que este se desempeñó como Concejal del Municipio de Soplaviento período 2004-2007. || La Sala Plena concluye que el Juzgado 011 Laboral del Circuito de Cartagena es la autoridad competente para conocer sobre las pretensiones orientadas al reconocimiento y pago de aportes pensiones a favor del señor Luis Eduardo Quesada Amor por el tiempo que este se desempeñó como concejal del Municipio de Soplaviento, en el marco de la demanda presentada por Maritza Escorcia Orozco contra la Alcaldía Municipal de Soplaviento, Bolívar.] - [Palabras claves automatizadas: cartagena, administrativo, jurisdicción, competencia, jurisdicciones, conocer, pago, demanda, conflicto, corte, aportes, decisión, ordinaria]

Auto A-126 de 2026

[Resumen automatizado: El 1 de octubre de 2023[1], Carmenza Eva Pérez Londoño presentó una demanda ordinaria laboral contra Protección S.A. Solicitó que se declare que (i) su compañero permanente, el señor Manuel Urrutia Perea, laboró en Municipios Asociados de Urabá (MADU) para el 27 de febrero de 2008; y (ii) la AFP demandada omitió su obligación de adelantar un proceso de cobro coactivo en contra de la entidad empleadora al no recibir información acerca de la novedad de retiro del trabajador. || El despacho manifestó que, de acuerdo con el artículo 104.4 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos “relativos a las relaciones legales y reglamentarias entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”. || El artículo 104.4 del CPACA establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente frente a los conflictos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, corte, demanda, laboral, expediente, auto, público, sala, ordinaria, constitucional, administrativo, competencia, contencioso, asociaciones]

Auto A-125 de 2026

[Resumen automatizado: Al margen de lo anterior, en el auto 793 de 2021, se definió que “en los eventos no previstos por el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer los procesos de responsabilidad extracontractual asociada a actos u omisiones de una empresa de servicios públicos mixta, cuyo principal accionista es, a su vez, una empresa de servicios públicos mixta, en la medida en que aquella se considera una entidad pública. || Por ende, la Corte asignará a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer la demanda debatida, de conformidad con el artículo 104 del CPACA. || “En los eventos no previstos por el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer los procesos de responsabilidad extracontractual asociada a actos u omisiones de una empresa de servicios públicos mixta, cuyo principal accionista es, a su vez, una empresa de servicios públicos mixta, en la medida en que aquella se considera una entidad pública. || SEGUNDO: Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7346 al Juzgado 004 Administrativo del Circuito Judicial de Neiva para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado 002 Civil del Circuito de Garzón (Huila).] - [Palabras claves automatizadas: empresa, administrativo, públicos, servicios, ley, decisión, jurisdicciones, jurisdicción, conocer, conflicto, mixta, entidad, contencioso]

Auto A-124 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-124-2026

Auto A-123 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-123-2026

Auto A-122 de 2026

[Resumen automatizado: El 9 de mayo de 2022, José Aldemar Vanegas Quintero, por medio de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria laboral contra Porvenir S.A., el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de obtener una devolución de saldos. || Por ende, cuando esta se dirige a obtener la devolución de saldos, se trata de una prestación propia del RAIS, régimen administrado de manera exclusiva por una AFP de naturaleza privada y por ello, no se satisface el presupuesto orgánico del artículo 104.4 del CPACA, de manera que la competencia corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral. || La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer de un proceso promovido�contra una AFP de naturaleza privada�por una persona que busca obtener la devolución de aportes pensionales,�con independencia del tipo de vinculación que tuvo al realizar las cotizaciones a Sistema General de Pensiones. || Se reitera el auto 871 de 2025, que determinó que: “[l]a Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer de un proceso promovido contra una AFP de naturaleza privada por una persona que busca obtener la devolución de aportes pensionales, con independencia del tipo de vinculación que tuvo al realizar las cotizaciones a Sistema General de Pensiones.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, laboral, conflicto, proceso, jurisdicciones, ordinaria, competencia, devolución, naturaleza, saldos, tribunal, competente, administrativo, entidad, privada, sala]

Auto A-120 de 2026

[Resumen automatizado: De otro lado, el juez administrativo señaló que la Corte Constitucional, en una línea jurisprudencial consolidada a través de los autos 613 y 1086 de 2021, 509 de 2022 y 1891 de 2022, ha establecido que los procesos ejecutivos cuyo objeto es el pago de acreditaciones laborales reconocidas en actos administrativos corresponden al conocimiento de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. || De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[10], la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones. || Esta situación se compagina con lo previsto por el numeral 5 artículo 2 del CPTSS, cuando establece que la misma jurisdicción en su especialidad laboral estudiará los casos relacionados con "[l]a ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad". || A partir de las consideraciones generales expuestas en esta providencia, la Sala Plena concluye que la competencia para conocer del asunto recae en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, en aplicación de la regla de decisión fijada en el Auto 1891 de 2022.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, administrativos, laboral, actos, corte, conflicto, constitucional, jurisdicciones, auto, pago, relación, administrativo, ordinaria]

Auto A-119 de 2026

[Resumen automatizado: Sin embargo, al analizar el factor objetivo, recordó que la integridad sexual de los menores es un bien jurídico de especial importancia y que, según la Corte, estos casos deben ser conocidos por la jurisdicción ordinaria. || De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de este Tribunal[22], la configuración del fuero indígena y la activación de la competencia de la jurisdicción especial indígena dependerá de un análisis ponderado de cuatro aspectos: (i) si el procesado pertenece a la comunidad indígena (factor personal); (ii) el lugar donde ocurrieron los hechos, desde una perspectiva estricta y amplia (factor territorial); (iii) la naturaleza y titularidad del bien jurídico tutelado (factor objetivo); y, por último, (iv) si las autoridades indígenas cuentan con la capacidad para impartir justicia, y garantizar los derechos del procesado y de las víctimas, en especial cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional (factor institucional). || En reiteradas ocasiones[31], al analizar la competencia de la jurisdicción especial indígena para conocer de estos casos, la Corte ha destacado la importancia que reviste la integridad sexual de los menores de edad para la sociedad mayoritaria en virtud del deber contenido en el artículo 44 de la Constitución, así como la obligación de especial diligencia en la investigación y sanción de los responsables.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, corte, jurisdicción, víctima, especial, autoridades, proceso, derechos, constitucional, factor, protección, indígenas]

Auto A-118 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena concluye que el Juzgado 003 Laboral del Circuito de Cúcuta es la autoridad competente para conocer de la demanda promovida por UCIS de Colombia S.A.S. en contra de la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional Policía Metropolitana de Cúcuta. || En consecuencia, y en aplicación de la regla de decisión fijada en el Auto 1410 de 2024, la Sala Plena concluye que la competencia para conocer la demanda corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.5 del CPTSS[11]. || Por lo anterior, la Corte resolverá el conflicto en el sentido de declarar que el Juzgado 003 Laboral del Circuito de Cúcuta es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por UCIS de Colombia S.A.S. en contra de la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional Policía Metropolitana de Cúcuta. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7305 al Juzgado 003 Laboral del Circuito de Cúcuta para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión al Juzgado 009 Administrativo del Circuito de Cúcuta, a los sujetos procesales y a las partes interesadas.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, policía, nacional, competencia, servicios, conocer, corte, demanda, sala, decisión, conflicto, competente, pago, salud, ordinaria, plena]

Auto A-117 de 2026

[Resumen automatizado: El abogado informó haber remitido los documentos que acreditan la existencia del resguardo, el reconocimiento de la autoridad tradicional, la pertenencia del acusado como comunero y las condiciones de la casa de armonización para la sanción, y citó como soporte el artículo 246 de la Constitución, varias sentencias de la Corte Constitucional entre ellas T-792 de 2012, T-921 de 2013, T-491 de 2014, T-642 de 2014, T-975 de 2014 y T-685 de 2015 y el Convenio 169 de la OIT, para pedir que se evaluara la procedencia de la jurisdicción especial indígena o, en su defecto, se remitiera el eventual conflicto a la Corte Constitucional. || El 16 de diciembre de 2025, la magistrada ponente profirió un auto de pruebas mediante el cual requirió a las partes y terceros con interés, con el fin de obtener información relevante sobre los usos y costumbres, el territorio, la estructura institucional y la administración de justicia del Resguardo Indígena de Amarillo, así como sobre la eventual intervención de la jurisdicción especial indígena en el caso concreto. || Por ello, cuando las autoridades indígenas reclamen la competencia para conocer de un asunto deben mostrar, ante el juez que resuelve el conflicto entre jurisdicciones, cuál es su entendimiento en relación con la nocividad de los hechos investigados y su interés para resolver el caso en concreto.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, conflicto, corte, jurisdicción, proceso, autoridad, comunidad, derechos, resguardo, en, competencia, violencia, cultural, factor, institucional, constitucional, jurisdicciones]

Auto A-116 de 2026

[Resumen automatizado: Esta última decisión fue apelada por las partes, razón por la cual el expediente fue remitido a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, autoridad que, mediante sentencia del 30 de enero de 2018, ordenó la nulidad de lo actuado por falta de competencia y dispuso remitir el expediente a los juzgados administrativos del circuito de Santa Marta. || En consecuencia, dado que la demandante se encontraba afiliada a una administradora de fondos de pensiones de derecho privado, la competencia para conocer del caso correspondía a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. || La Corte Constitucional estableció en el Auto 406 de 2021 que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es la competente para conocer de las controversias relacionadas con el traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM). || Por las razones expuestas, la jurisdicción ordinaria, representada en este caso por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, es la autoridad competente para conocer, en segunda instancia, de la demanda instaurada por Helena Beatriz Hundelhausen Martínez contra Colpensiones y Porvenir.] - [Palabras claves automatizadas: santa, marta, competencia, superior, sala, corte, tribunal, jurisdicción, conocer, laboral, social, ordinaria]

Auto A-115 de 2026

[Resumen automatizado: Adicionalmente, para los fines de la presente providencia, la Sala considera dejar de presente que, posterior a la declaratoria de falta de jurisdicción por parte del Juzgado 007 Laboral del Circuito de Medellín, la parte demandante presentó un memorial el 12 de febrero de 2025 dirigido al Juzgado 005 Administrativo Oral de Medellín solicitando control de legalidad sobre el asunto y solicitando que se propusiera un conflicto negativo entre jurisdicciones. || Consideró que la competencia para conocer el asunto le correspondía a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, pues la pensión de jubilación de la demandante fue reconocida con fundamento en una convención colectiva de trabajo y porque en la Resolución 14242 del 1° de agosto de 1997 se advirtió que, para ese momento, aquella tenía la calidad de trabajadora oficial. || En el marco del conflicto de jurisdicciones que se suscita entre el Juzgado 007 Laboral del Circuito de Medellín y el Juzgado 005 Administrativo Oral de Medellín, la Sala Plena considera que la competencia en el presente asunto le corresponde a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, por las razones que se explican a continuación.] - [Palabras claves automatizadas: oficial, administrativo, conflicto, laboral, jurisdicción, pensión, corte, en, jurisdicciones, momento, sala, ordinaria]

Auto A-114 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue repartido al Juzgado 007 Administrativo de Bogotá- Sección Segunda, autoridad judicial que, mediante Auto del 20 de marzo de 2025, declaró la falta de jurisdicción y competencia para asumir el conocimiento del caso y dispuso la remisión del expediente a los juzgados laborales del circuito judicial de Bogotá, con fundamento en que, lo que se solicita es el reconocimiento de la relación laboral y la respectiva indemnización basada en los contratos que se pactaron entre la demandante y las entidades demandadas, declarando que su real empleador fue la CIAC S.A. Este despacho hizo referencia al numeral 4 del artículo 105 del CPACA, según el cual la jurisdicción de Contencioso Administrativo no conocerá de los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales, así como al numeral 1 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), según el cual la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral conocerá de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, contratos, servicios, mediante, relación, administrativo, corte, prestación, existencia, competencia, auto, regla, entidad, contrato, jurisdicción]

Auto A-113 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-113-2026

Auto A-112 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial, las previstas en los artículos 63 y 64 del Reglamento Interno de esta Corporación (Acuerdo 01 de 2025), profiere esta providencia, por medio de la cual se decreta la práctica de pruebas y se adopta una medida provisional, en el proceso de revisión de los fallos proferidos al interior de los siguientes expedientes: || El proceso de selección cuya convocatoria y reglas se encuentran establecidas en el Acuerdo No. CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, seguirá su curso con independencia de la etapa en que se encuentre y, una vez conformada la lista de elegibles, esta deberá ser utilizada dentro del término de su vigencia para proveer las vacantes ofertadas y aquellas que se generen con posterioridad derivadas de la ampliación de la planta de personal, siempre y cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes”.] - [Palabras claves automatizadas: código, elegibles, ii, cargos, no, instancia, empleos, listas, sala, decreto, tutela, administrativa, i]

Auto A-111 de 2026

[Resumen automatizado: Por lo anterior, el propósito de este auto es requerir a la Unidad para las Víctimas, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de Tibú, El Tarra, San José de Cúcuta y Ocaña información completa, verificable y soportada sobre (i) la activación y ejecución de la atención humanitaria inmediata frente a las nuevas olas de desplazamientos y confinamientos en la subregión del Catatumbo a partir de la expedición de la Alerta Temprana 017 de 2025; (ii) el funcionamiento de los mecanismos de subsidiariedad y complementariedad para garantizar una respuesta oportuna cuando la capacidad territorial resulta insuficiente o se agota; (iii) las medidas adoptadas para asegurar el acceso efectivo de la ayuda humanitaria a zonas rurales y a comunidades confinadas; y, (iv) los resultados verificables alcanzados en materia de atención humanitaria, así como las brechas persistentes y los requerimientos de apoyo.] - [Palabras claves automatizadas: atención, humanitaria, población, catatumbo, ejecución, i, personas, salas, inmediata, defensoría, respuesta, seguimiento, recursos, medidas, información, desplazamiento, ii, si]

Auto A-110 de 2026

[Resumen automatizado: Por lo tanto, en este momento, la verificación del cumplimiento de la sentencia y la adopción de las medidas necesarias para asegurar su ejecución corresponden al Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá D.C., como juez de primera instancia, conforme con lo previsto en los artículos 23, 27, 36 y 52 del Decreto 2591 de 1991. || Segundo: Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR la solicitud de Alejandro, en calidad de agente oficioso de Manuel al Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá D.C., para que, en los términos de los artículos 23, 27, 36 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991, verifique el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-356 de 2025 y, de encontrar mérito para ello, inicie el trámite de cumplimiento y/o el incidente de desacato, según corresponda. || Tercero: Por intermedio de la Secretaría General, ENVIAR copia del escrito presentado por Alejandro, en calidad de agente oficioso de Manuel, así como del presente auto, a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales - Grupo de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de Tutela de la Corte Constitucional, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales, intervenga en las actuaciones adelantadas por el Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá D.C. dirigidas al cumplimiento de la sentencia T-356 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: cumplimiento, desacato, corte, sentencia, juez, constitucional, instancia, decreto, fallo, tutela, sala, decisión, trámite, en, medidas, calidad, órdenes]

Auto A-109 de 2026

[Resumen automatizado: Por lo tanto, en este momento, la verificación del cumplimiento de la sentencia y la adopción de las medidas necesarias para asegurar su ejecución corresponden al Juzgado 009 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Valledupar, como juez de primera instancia, conforme con lo previsto en los artículos 23, 27, 36 y 52 del Decreto 2591 de 1991. || Segundo:�Por intermedio de la Secretaría General,�REMITIR�la solicitud de Martha, en calidad de agente oficiosa de Alex, al Juzgado 009 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Valledupar, para que, en los términos de los artículos 23, 27, 36 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991, verifique el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-124 de 2025 y, de encontrar mérito para ello, inicie el trámite de cumplimiento y/o el incidente de desacato, según corresponda. || Tercero: Por intermedio de la Secretaría General,�ENVIAR�copia del escrito presentado por�Martha, en calidad de agente oficiosa de Alex, así como del presente auto, a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales - Grupo de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de Tutela de la Corte Constitucional, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales, intervenga en las actuaciones adelantadas por el Juzgado 009 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Valledupar dirigidas al cumplimiento de la sentencia T-124 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: cumplimiento, desacato, corte, sentencia, cuidado, juez, sala, asumir, tutela, decreto, órdenes, decisión, constitucional, medidas]

Auto A-108 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, con el propósito de brindar una mayor garantía al derecho de acceso a la administración de justicia de la accionante, este Tribunal ordenará remitir copia de la solicitud presentada, junto con el presente auto, a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales - Grupo de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de Tutela de la Corte Constitucional, dependencia de la Procuraduría General de la Nación encargada de verificar la observancia de los fallos de esta Corporación[34]. || Tercero: Por intermedio de la Secretaría General,�ENVIAR�copia del escrito presentado por Olga Lucía Meneses Rodríguez, actuando en representación de su hijo, así como del presente auto, a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales�-�Grupo de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de Tutela de la Corte Constitucional, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales, intervenga en las actuaciones adelantadas por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C. dirigidas al cumplimiento de la sentencia T-392 de 2013.] - [Palabras claves automatizadas: corte, cumplimiento, constitucional, sentencia, desacato, juez, capital, derechos, tutela, instancia, sala, bogotá, en, órdenes]

Auto A-107 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien la preside, y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve la solicitud de aclaración de la Sentencia T-490 de 2025 presentada por César Fernando Amaya Rodríguez, apoderado de C.I. Oro Campo S.A. || Así, �la solicitud de aclaración no puede ser utilizada para:�"(i)�continuar con el debate de fondo del asunto, a pesar de que el juez tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico planteado; (ii) adicionar o abordar aspectos, argumentos o elementos jurídicos que no fueron objeto de estudio ni hicieron parte de la delimitación efectuada por el juez; (iii)�resolver dudas o interrogantes sobre el alcance y el sentido de las decisiones adoptadas, en tanto la Corte Constitucional no es un órgano consultivo; (iv)�valorar los efectos prácticos de las órdenes emitidas, de suerte que no se trata de fallas en la comprensión de la decisión, sino de elementos asociados a su cumplimiento o niveles de ejecución; o (v) esclarecer argumentos marginales contenidos en la parte motiva de la providencia que no tienen relación o incidencia en su parte resolutiva"[13].] - [Palabras claves automatizadas: sala, corte, constitucional, solicitud, parte, sentencia, revisión, tutela, resolutiva, proceso, auto]

Auto A-106 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Quinta[1] de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien la preside, y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, decide la solicitud de aclaración de los resolutivos quinto, decimotercero, decimoséptimo, decimonoveno, vigésimo y vigesimosegundo la Sentencia T-106 de 2025 presentada por Francisco Nicolás Camacho Hernández, en su calidad de secretario jurídico y de contratación del Departamento de Guainía. || El 19 de diciembre de 2025, Francisco Nicolás Camacho Hernández, en su calidad de secretario jurídico y de contratación del Departamento de Guainía, presentó una solicitud de aclaración de la Sentencia T-106 de 2025[4]. || La Sala (i) reiterará las reglas sobre la procedencia excepcional de las solicitudes de aclaración de las decisiones de la Corte Constitucional y (ii) expondrá las razones por las que la solicitud del secretario jurídico y de contratación del Departamento de Guainía será rechazada. || Caso concreto: la solicitud de aclaración de las órdenes contenidas en los resolutivos quinto, decimotercero, decimoséptimo, decimonoveno, vigésimo y vigesimosegundo será rechazada por haber sido presentada extemporáneamente.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucional, departamento, sala, guainía, sentencia, providencia, solicitud, parte, órdenes, la, territorial]

Auto A-105 de 2026

[Resumen automatizado: En la orden novena la Sala dispuso dos cosas: (i) el día 3 de febrero de 2026, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP debía remitir a esta Corporación un informe detallado en el que expusiera las gestiones adelantadas, los resultados obtenidos y las decisiones adoptadas para dar cumplimiento a la orden primera, segunda, tercera, quinta, séptima y octava del Auto 2056 de 2025. || De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde al despacho sustanciador de esta Sala Especial de Seguimiento pronunciarse sobre la solicitud de ampliación del término para remitir los informes de cumplimiento requeridos en la orden novena del Auto 2056 de 2025. || En consecuencia, a más tardar el 26 de febrero de 2026, la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP deberán remitir a esta Sala los informes requeridos en la orden novena del Auto 2056 de 2025. || OTORGAR a la Oficina Asesora Jurídica y a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección una prórroga hasta el 26 de febrero de 2026, para remitir a esta Sala Especial de Seguimiento los informes requeridos en la orden novena del Auto 2056 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: sala, orden, auto, seguridad, seguimiento, asesora, especial, población, jurídica, nacional, paz, protección, informes]

Auto A-104 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: requerir al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Alcaldía de San José de Cúcuta para que presenten el informe ordenado por medio del Auto 1666 de 2025. || Las salas requieren al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Nacional de Tierras y a la Alcaldía de San José de Cúcuta para que presenten el informe solicitado en la orden cuarta del Auto 1666 de 2025 || A la fecha, las salas identificaron que el Ministerio de Hacienda, la Agencia Nacional de Tierras y la Alcaldía de San José de Cúcuta no han presentado el informe con los ajustes introducidos a sus propuestas y compromisos. || REQUERIR al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Nacional de Tierras y a la Alcaldía de San José de Cúcuta para que, en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, remitan el informe ordenado en el numeral cuarto del Auto 1666 de 2025. || [1] La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 está compuesta por el magistrado Juan Carlos Cortés González y las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez y Natalia Ángel Cabo, quien la preside.] - [Palabras claves automatizadas: salas, sentencia, auto, seguimiento, orden, providencia, sala, informe, atención, autoridades, propuestas, corte, especial]

Auto A-103 de 2026

[Resumen automatizado: El 12 de diciembre de 2025, el Juzgado 12 de Familia de Bogotá, en su calidad de juez de tutela de primera instancia y en atención a la solicitud formulada por la Secretaría General de la Corte Constitucional, remitió un oficio en el que certificó que la sentencia T-458 de 2025 fue notificada a las partes mediante auto del 20 de noviembre del mismo año, conforme con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. || Esta Corporación justificó tal carácter en las siguientes razones: (i) este Tribunal tiene la facultad de seleccionar los fallos que va a revisar, lo cual envuelve la atribución de determinar razonablemente cuáles problemas o asuntos va a analizar[13]; (ii) la revisión de sentencias de tutela no constituye una tercera instancia que permita a las partes controvertir, de nuevo, todos sus argumentos o pretensiones; y (iii) la finalidad principal de la revisión por parte de la Corte es la unificación de la jurisprudencia constitucional y la interpretación del alcance de los principios, garantías y derechos fundamentales. || De acuerdo con lo expuesto, y como primera medida, la Sala deberá analizar si las solicitudes de aclaración y adición, presentadas por la señora Liliana respecto de la sentencia T-458 de 2025, cumplen o no con los requisitos de legitimación, oportunidad y carga argumentativa antes desarrollados.] - [Palabras claves automatizadas: sentencia, sala, corte, solicitud, constitucional, decisión, parte, tutela, solicitudes, providencia, fallo, instancia]

Auto A-102 de 2026

[Resumen automatizado: Así las cosas, teniendo en cuenta que el auto 605 de 2025 podría generar algunas dudas respecto del alcance de la anonimización prevista en el auto 009 de 2002 de esta Corporación, que podría impactar en la efectividad de la orden y en su cumplimiento, esta Sala Novena de Revisión corregirá de oficio el mencionado auto 605 de 2025, y ordenará la eliminación de la referencia al apellido real del solicitante, contenida en su fundamento jurídico 45, sustituyéndola por el seudónimo "Andrés". || Por ende, esta Sala de Revisión advierte que, para efectos de evitar confusiones y contradicciones entre los autos en mención, tanto la Secretaría General de esta Corporación, como la Relatoría, deberán modificar el contenido del auto 009 de 2002, reemplazando el nombre real del municipio donde ocurrieron los hechos por el seudónimo "Gravilla". || Asimismo, también deberán reemplazarse, en el auto 009 de 2002, los nombres reales de las autoridades judiciales que conocieron la acción de tutela en primera y segunda instancia, para denominarlos "Juzgado Promiscuo Municipal de Gravilla" y "Juzgado Promiscuo de Familia de Pedregales". || En él se establece que la Sala Novena de Revisión, a partir del 11 de enero de 2026, se compondrá por la magistrada Natalia Ángel Cabo, el magistrado Carlos Camargo Assis y el magistrado Miguel Polo Rosero (quien la preside).] - [Palabras claves automatizadas: providencia, corte, revisión, sala, solicitante, parte, real, primera, municipio, tutela, corporación, deberán, andrés, segunda, general, nombre, municipal]

Auto A-101 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-101-2026

Auto A-100 de 2026

[Resumen automatizado: 1. En el marco del seguimiento que realiza la Sala Especial de Seguimiento (SES) a los esfuerzos estatales para la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, uno de los problemas recurrentes es la falta de información suficiente y adecuada para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada y confinada en Colombia[1]. || -ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que, en el término no superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación del presente este auto, remita a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, la información del RUV correspondiente al registro histórico de los hechos victimizantes de desplazamiento forzado y confinamiento ocurridos en Colombia entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2025. || En ese mismo año, por medio del Auto 737, la Corte señaló la persistencia de dos fallas estructurales, una de ellas relacionada con la falta de información suficiente para evaluar y hacer seguimiento al ECI declarado en la Sentencia T-025 de 2004.] - [Palabras claves automatizadas: auto, información, sala, sentencia, seguimiento, medio, especial, relacionada, derechos, falta, corte, integral]

Auto A-098 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en Sala Dual, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y el magistrado Vladimir Fernández Andrade, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el presente auto, con fundamento en los siguientes: || Lo anterior se traduce en tres aspectos que deben observarse cuando se interpreta y aplica el régimen de impedimentos de la Corte Constitucional: “(i) exigencias especiales de justificación�a cargo del magistrado o magistrada que la alega; (ii) exigencias acentuadas de motivación, a cargo de la Sala Plena, respecto de la configuración y prueba de cada uno de los elementos de la causal invocada; y (iii) exigencias interpretativas de puro derecho que imponen una�interpretación particularmente restrictiva�de las causales, excluyendo cualquier aproximación analógica o extensiva. || Dado lo anterior, y en atención a la ausencia de una relación de correspondencia y pertinencia entre los hechos manifestados y la causal de impedimento consagrada en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, la Sala determina que el magistrado Juan Carlos Cortés González no tiene un interés personal, especial, cierto ni actual en el expediente T-11.525.540.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, corte, constitucional, sala, comisión, judicial, interés, imparcialidad, causal, auto, juez, la, género]

Auto A-097 de 2026

[Resumen automatizado: Con absoluto respeto por la posición mayoritaria, considero que la Sala Plena debió: (i) reconocer que algunas de las solicitantes, en su condición de atletas de voleibol del departamento de Antioquia, sí acreditaban un interés directo, actual y evidente afectado por las órdenes de la sentencia cuestionada; (ii) constatar que la solicitud cumplía con el requisito de carga argumentativa, en tanto que las solicitantes de la nulidad expusieron de manera clara, coherente y lógica las razones por las cuales la Sentencia T-179 de 2025 incurrió en vicios que comprometían su validez constitucional y evidenciaban una vulneración ostensible, probada, significativa y trascendental del derecho al debido proceso; y (iii) en todo caso, declarar de oficio la nulidad de la sentencia ante la incongruencia ostensible entre la parte motiva, que circunscribió las consideraciones al caso concreto, y el resolutivo cuarto, que profirió una orden general dirigida al Ministerio del Deporte para revisar los reglamentos de las ligas de voleibol del país.] - [Palabras claves automatizadas: sala, nulidad, corte, decisión, solicitud, manera, parte, mujer, mujeres, sentencia, concreto, interés, constitucional, plena]

Auto A-096 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre una solicitud de aclaración en relación con la Sentencia C-431 de 2025, con fundamento en los siguientes: || Afirmó que la solicitud cumple con los requisitos de legitimación en la causa, oportunidad y carga argumentativa, en tanto intervino en el proceso de constitucionalidad, la solicitud se presentó antes de que se cumpla el término de ejecutoria de la sentencia y, la providencia ofrece un verdadero motivo de duda, al incluir, en la parte resolutiva de la providencia, el concepto "a prorrata" y "a favor de todos los contribuyentes que hubieren pagado los tributos", cuando se trata de impuestos indirectos. || Esto es así, por dos razones principales: (i) ni el artículo 241 de la Constitución ni el Decreto 2067 de 1991 prevén la facultad de la Corte para "aclarar [...] el sentido de sus decisiones"[8]; y (ii) porque es necesario garantizar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que rigen las sentencias de esta Corporación.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucional, providencia, solicitud, sentencia, general, sala, decreto, plena, término]

Auto A-095 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: recurso de súplica contra el Auto del 11 de diciembre de 2025 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2471 de 2025, "[p]or medio de la cual se establece la Cátedra de la afroraizalidad en el departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones". || La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial de aquella que le concede el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 49 del Reglamento Interno (Acuerdo 1 de 2025), dicta el presente auto, mediante el cual resuelve el recurso de súplica interpuesto en el asunto de la referencia. || El carácter excepcional y estricto del recurso de súplica[9] impide que se convierta en una oportunidad para aportar nuevas razones que sustenten el concepto de la violación, corregir los yerros cometidos en la demanda o en el escrito de corrección o plantear nuevos elementos de juicio[10]. || Tal como se concretó en los antecedentes, mediante la providencia objeto del recurso, se constató que la demandante presentó un escrito apenas formal de subsanación en extremo general y abstracto, en el que, adicionalmente, "planteó nuevos cargos e inconformidades"[19] que no guardan relación directa con las razones que estructuraron la demanda ni con los diversos defectos advertidos en el auto de inadmisión.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, cargo, cargos, ley, recurso, corte, rechazo, principio, artículos, violación, razones, manera, auto]

Auto A-094 de 2026

[Resumen automatizado: En cuanto a la claridad, señaló que el escrito no desarrolló un hilo conductor apto para fijar el alcance del reproche constitucional, pues no permitió establecer si el accionante formuló un cargo por omisión legislativa relativa asociada a una afectación del principio de igualdad, o si, por el contrario, presentó un cargo autónomo por desconocimiento del artículo 13 de la Constitución Política. || En ese marco, alega que el Magistrado Sustanciador no observó los elementos del escrito de corrección, y que colocó palabras que no dijo como demandante, lo cual, en su criterio, altera la buena fe constitucional y denota una decisión posiblemente arbitraria al excluir el argumento correctivo pese a que, según su postura, este sí aportó elementos para abrir el debate constitucional. || Con el mismo hilo, el recurrente controvierte la conclusión del auto sobre la falta de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en la parte referida a la exclusión de beneficios y subrogados, y reitera que el despacho desconoció el análisis expuesto, elevó una carga desproporcionada en admisibilidad y mantuvo el rechazo pese a la corrección.] - [Palabras claves automatizadas: recurso, demanda, escrito, constitucional, rechazo, persona, cargo, auto, corte, en, el, corrección, despacho]

Auto A-093 de 2026

[Resumen automatizado: Consideró que, de conformidad con el Auto 106 de 2023 de la Corte Constitucional, el Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira no debió declarar falta de competencia argumentando reglas de reparto. || Por regla general, la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley Estatutaria 270 de 1996[8]. || Así las cosas, la autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por la señora María Nelcy Escobar Castaño en contra de la Nueva EPS y la Clínica San Rafael es el Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira, por ser la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el conocimiento del amparo. || Por lo anterior, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 26 de noviembre de 2025 proferido por el Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira, mediante el cual declaró su falta de competencia para conocer el asunto. || ADVERTIR�al Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira que, en lo sucesivo, se abstenga de suscitar conflictos de competencia a partir de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas por el Decreto 333 del 2021.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, decreto, acción, municipal, magistrado, autoridad, asunto, penal, reglas, conocer, reparto, constitucional, conflicto, corte]

Auto A-092 de 2026

[Resumen automatizado: Sustentó su decisión delimitando la competencia de esta jurisdicción conforme a lo previsto en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional[6], en particular en el Auto 492 de 2021, en el cual se precisó que cuando la controversia versa sobre la declaratoria de un vínculo laboral con el Estado y el pago de acreencias derivadas de contratos de prestación de servicios, la competencia no puede definirse con las reglas ordinarias aplicables a trabajadores oficiales o empleados públicos, en tanto lo debatido es la existencia misma del vínculo laboral. || En el Auto 492 de 2021, la Sala Plena concluyó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo los procesos promovidos para determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado. || "De conformidad con el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo, un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, que presuntamente fue encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado".] - [Palabras claves automatizadas: servicios, administrativo, laboral, contratos, sala, diciembre, prestación, santa, magdalena, conflicto, naturaleza, marta, jurisdicción, entidad, corte, relación]

Auto A-091 de 2026

[Resumen automatizado: Finalmente, indicó que en el auto 1536 de 2025, la Corte Constitucional resolvió un conflicto entre jurisdicciones similar al sub examine y remitió el expediente por competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón y el Juzgado 007 Administrativo de Neiva, la cual versa sobre la competencia para conocer del medio de control de reparación directa instaurado por Aura Lucía Díaz García y otros, contra Emgesa. || Con fundamento en dichas consideraciones, en el auto referido la Sala Plena estableció la siguiente regla de decisión: "en virtud del Artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de los procesos en que se demande la compensación por daños presuntamente ocasionados por una empresa de servicios públicos mixta, cuyo principal accionista es a la vez una empresa de servicios públicos mixta". || Por medio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7332 al Juzgado 007 Administrativo de Neiva para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón.] - [Palabras claves automatizadas: corte, demanda, servicios, constitucional, públicos, administrativo, empresa, jurisdicción, naturaleza, jurisdicciones, conocer, conflicto, sala, entidad]

Auto A-090 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante auto del 7 de octubre de 2025, el Juzgado 062 Administrativo del Circuito, Sección Tercera, de Bogotá, propuso conflicto negativo de competencia al considerar que, dado que la parte demandante presentó una demanda independiente, su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria. || La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política[11], adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015. || En el Auto 857 de 2021, la Corte Constitucional resolvió un conflicto de jurisdicciones surgido a partir de una demanda promovida por la Fiduprevisora S.A. contra un particular, mediante la cual se reclamaba el pago de las costas y agencias en derecho generadas dentro de un proceso contencioso-administrativo. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7285 al Juzgado 029 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado 062 Administrativo del Circuito, Sección Tercera de Bogotá y a los demás interesados.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, jurisdicción, administrativo, proceso, corte, competencia, constitucional, ejecución, conflicto, expediente, demanda, código, general, auto, sección, jurisdicciones]

Auto A-089 de 2026

[Resumen automatizado: De su análisis concluyó que de acuerdo al material probatorio obrante se erige duda respecto a la autoridad competente para investigar los hechos, en razón a las diversas hipótesis de los hechos, manifestando que dicha jurisdicción investiga no actos del servicio sino delitos relacionados con el servicio policial propiamente dicho, de acuerdo a que el ordenamiento jurídico establece que esa duda se resuelve en todos los casos en favor de la jurisdicción ordinaria, determinó remitir el asunto a la Fiscalía Especializada 19 de la Unidad de delitos contra la vida e integridad personal de Cartagena, proponiendo desde ese momento el conflicto de competencia negativo[5]. || Para respaldar su postura, señaló la Ley 1765 del 2015 en su artículo segundo, y las sentencias C-533 de 2019 y C-358 de 1997 de la Corte Constitucional en las cuales se señalan la relación al servicio y la relación directa que se debe tener en cuenta en las conductas para considerarlas de competencia Penal Militar. || Con fundamento en los argumentos expuestos, la Corte Constitucional declarará que la competencia para conocer de la investigación adelantada por la muerte del joven Martín Manjarres le corresponde a la Jurisdicción Penal Ordinaria.] - [Palabras claves automatizadas: penal, jurisdicción, corte, servicio, militar, competencia, conflicto, hechos, ordinaria, cartagena]

Auto A-088 de 2026

[Resumen automatizado: Sin embargo, el pago que CAPRECOM reclama al departamento del Atlántico por los servicios de salud del régimen subsidiado y el cobro de la UPC no son propios de los servicios de seguridad social; (ii) el artículo 104 del CPACA establece que esta jurisdicción está instituida para conocer de las controversias relacionadas con hechos u operaciones en las que estén involucradas entidades públicas; por lo tanto, es quien debe conocer del cobro de la UPC; (iii) la controversia tiene que ver con la financiación del sistema de salud y no tanto con una disputa laboral y; (iv) en el Auto 721 de 2021, la Corte señaló que la competencia para reclamar el pago de la UPC (hoy PBS) corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud de la cláusula general de competencia[8]. || En el�Auto 721 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional conoció de un caso en el cual el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom Liquidado interpuso una demanda ordinaria laboral en contra del departamento de Cundinamarca, la Secretaría de Salud de Cundinamarca y el municipio de Fusagasugá, solicitando el reconocimiento y pago de una suma de dinero con ocasión de los servicios y tecnologías en salud (con cargo a la UPC del régimen subsidiado) garantizados por la extinta EPS.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucional, auto, servicios, pago, barranquilla, conflicto, jurisdicción, competencia, decreto, jurisdicciones, administrativo, entidades, ley]

Auto A-087 de 2026

[Resumen automatizado: QUINTA: Que, como consecuencia, se condene a las demandadas a pagar, de manera solidaria, con la debida indexación, a favor de la parte demandante, la indemnización contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, consistente en los salarios, prestaciones sociales, aumentos y demás beneficios prestacionales dejados de pagar desde el 30 de marzo de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017, esto es , entre el día siguiente a aquel en el cual fue despedida sin justa causa y el día en que terminó efectivamente la Orden de Compra Nº 1188 de 2014 suscrita entre las demandadas, para cuya operación y/o ejecución fue contratada, entre otros profesionales, la abogada YENY PATRICIA RAYO PRADA. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el sentido de DECLARAR que corresponde al Juzgado 021 Laboral del Circuito de Cali conocer de la demanda promovida por la señora Yeny Patricia Rayo en contra de la empresa Millenium BPO S.A. y la UARIV, de acuerdo con las consideraciones de este auto.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, trabajo, contrato, demanda, empresa, labor, ordinaria, jurisdicción, jurisdicciones, corte, relación, conocer, constitucional, entidad]

Auto A-086 de 2026

[Resumen automatizado: Por tal motivo, ordenó oficiar: (i) a las autoridades ancestrales del Cabildo Pajarito para que indicaran aspectos relacionados con la pertenencia de la víctima a la comunidad indígena, así como aspectos sobre la ubicación geográfica, cultura, política, costumbres y estructura institucional propia; (ii) a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior; (iii) al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y (iv) a la Dirección de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho, con la finalidad de conocer elementos característicos de la referida comunidad. || Por el contrario, en esos eventos, el juez que resuelve el conflicto de jurisdicciones debe, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte: (i) valorar de qué manera la cosmovisión indígena respectiva y la sociedad mayoritaria aprehenden la gravedad de la conducta presuntamente cometida; (ii) determinar, en el caso analizado, cuál es la afectación del bien jurídico tutelado para la sociedad ancestral y la sociedad mayoritaria y (iii) analizar los demás factores de competencia.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, competencia, especial, comunidad, jurisdicción, autoridades, jurisdicciones, corte, violencia, debe, sala, ordinaria, edad, asunto, conducta, conflicto, proceso]

Auto A-085 de 2026

[Resumen automatizado: Entre ellas, la Sala ordenó al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y al Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) evaluar la capacidad institucional de la autoridad responsable de la implementación del Acuerdo Final de Paz (actualmente la Unidad de Implementación), para que conforme a los resultados de esa evaluación el Gobierno Nacional pudiera adoptar las medidas necesarias para garantizar que dicha entidad pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, relacionadas con la función de monitoreo de las garantías de seguridad. || Ante este bloqueo institucional, la Sala ordenó al Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) y al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) evaluar la capacidad de la Unidad de Implementación y sus recursos disponibles, para que de esta forma el Gobierno pudiera adoptar las acciones pertinentes que permitieran garantizar que la entidad a cargo de la coordinación y el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz contara con las capacidades institucionales, los recursos presupuestales y de planta, el talento humano y la jerarquía necesaria para cumplir con sus obligaciones, incluida la función de monitoreo a las garantías de seguridad de la población firmante.] - [Palabras claves automatizadas: sala, administrativo, acuerdo, cumplimiento, paz, seguimiento, departamento, garantías, implementación, unidad, seguridad, auto]

Auto A-084 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-084-2026

Auto A-083 de 2026

[Resumen automatizado: La Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa de Norte de Santander (Yukpaojetaw) presentó una acción de tutela en contra de diferentes autoridades nacionales y territoriales, en la que solicita el amparo de los derechos fundamentales de petición, a la identidad cultural, a la integridad colectiva e individual, al bienestar y desarrollo cultural, social y económico, a la participación democrática, a la autodeterminación y al debido proceso de las comunidades que la integran. || Yukpaojetaw reconoce que la existencia de una política pública integral y una mesa de concertación con los pueblos indígenas del Norte de Santander es un logro, manifiesta que las comunidades Yukpa están expuestas a condiciones precarias, en riesgo de revictimización por el conflicto armado, sin acceso salud, sin educación para sus niños y niñas, y sin atención por ninguna de esas entidades territoriales. || Pese a la falta de respuesta de varias entidades con especial relevancia y responsabilidades frente a los hechos denunciados en la acción de tutela, así como la necesidad de información adicional solicitada mediante el Auto del 12 de noviembre de 2025, los elementos de juicio disponibles en el expediente muestran un panorama de graves afectaciones de derechos humanos del pueblo Yukpa en el Norte de Santander y la inexistencia de medidas efectivas para garantizarlos.] - [Palabras claves automatizadas: comunidades, medidas, derechos, auto, autoridades, situación, salud, pueblo, tutela, acción, ministerio, indígenas, corte]

Auto A-082 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-082-2026

Auto A-081 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: recurso de súplica contra el auto de rechazo de la acción pública de inconstitucionalidad presentada por José David Cuervo Fernández contra la Ley 2466 de 2025 "[p]or medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia". || Esto último, en atención a la falta de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia del reproche de inconstitucionalidad que es claro, según el cual "la reforma laboral no fue concertada; afecta la libertad económica y empresarial; incentiva la informalidad; burla la sostenibilidad fiscal; viola los convenios internacionales que protegen la voluntad contractual y la libertad empresarial y, al eliminar el domingo como día de descanso protegido, afecta la integridad familiar y la tradición sociocultural del país."[10] || [17] Sobre este punto, es preciso señalar que, mediante Auto 1657 de 2025 de la Sala Plena, se resolvió una recusación presentada por el demandante contra el Magistrado Vladimir Fernández Andrade los días 11 y 12 de agosto del mismo año. || [18] Al respecto, mediante Auto 1657 de 2025 de la Sala Plena, se resolvió una recusación presentada por el demandante contra el Magistrado Vladimir Fernández Andrade los días 11 y 12 de agosto del mismo año.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, recurso, auto, corte, constitución, inconstitucionalidad, rechazo, magistrado, libertad, constitucional, artículos, sala, violación]

Auto A-080 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue repartido al Juzgado 002 Civil Municipal de Fusagasugá, Cundinamarca, el cual, a través de Auto del 28 de noviembre de 2025, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para dirimir la colisión suscitada. || La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 002 de Familia de Fusagasugá, Cundinamarca rechazó la acción y consideró que no era la autoridad que debía adelantar el trámite de la tutela presentada por la señora María Valdés Giraldo, con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. || Así, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala considera que le corresponde al Juzgado 002 de Familia de Fusagasugá, Cundinamarca, resolver la acción de tutela presentada por la señora Valdés Giraldo, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto. || En ese sentido, esta Sala advertirá al Juzgado 002 de Familia de Fusagasugá, Cundinamarca, que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, decreto, constitucional, corte, autoridad, sala, acción, reparto, cundinamarca, reglas, auto, materia]

Auto A-079 de 2026

[Resumen automatizado: Esta autoridad judicial advirtió que la acción de tutela fue interpuesta contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, supuesto en el cual, conforme al numeral 6 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, la competencia para conocer en primera instancia corresponde a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial. || En cumplimiento del anterior proveído, el caso fue repartido a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, la cual, mediante Auto del 21 de noviembre de 2025, planteó conflicto negativo de competencia y envió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir la colisión suscitada. || La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues tanto el Tribunal Administrativo de Santander como la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga señalaron no ser las autoridades judiciales competentes para adelantar el trámite de la acción de tutela presentada por el señor Sergio Alejandro Lizarazo Vertel. || Así, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta Sala considera que le corresponde al Tribunal Administrativo de Santander resolver la acción de tutela presentada por el señor Lizarazo Vertel, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto.] - [Palabras claves automatizadas: corte, autoridad, competencia, tutela, decreto, constitucional, tribunal, sala, acción, judicial, administrativo, asunto, reparto]

Auto A-078 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante auto del 8 de octubre de 2024, la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán admitió la acción de tutela, requirió a las accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones y vinculó como terceros interesados a Jesús Orlando Hoyos Orozco y a Juan Pablo Hoyos Orozco, por ser demandantes en el proceso ejecutivo. || Como consecuencia de sus apreciaciones, el apoderado del señor Imbachi solicitó que (i) “se declare la nulidad de la sentencia 404 de 2025 T-10.878.706, proferida por la sala Séptima de Revisión, de la Corte Constitucional, en virtud del numeral 5 y 6 del artículo 133 del Código General del Proceso, al omitir el traslado de la prueba eje del fallo de tutela”; (ii) “se corra traslado de la prueba que dice ser de fecha 17 de octubre de 2024, por la DIAN, y respuesta a un cuestionario realizado” y (iii) se siga con el trámite correspondiente. || Afirma que la Sentencia T-404 de 2025 incurrió en las causales de nulidad previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 133 del Código General del Proceso, por violación grave al debido proceso, dado que omitió correr traslado de una prueba determinante para el sentido del fallo, específicamente un informe de la DIAN de 17 de octubre de 2024 en el cual se asegura que la inscripción en el RUT se hizo de manera presencial.] - [Palabras claves automatizadas: nulidad, proceso, octubre, sala, corte, sentencia, tutela, manera, solicitud, constitucional, solicitante, decisión, prueba]

Auto A-077 de 2026

[Resumen automatizado: En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución, el artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991 y el artículo 103 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 01 de 2025), la Sala Plena procede a resolver la solicitud de nulidad presentada en contra de la Sentencia T-362 de 2025. || Al analizar el caso concreto, la Sala Novena concluyó que la Comisaría 013 de Familia de Bogotá D.C. vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a vivir una vida libre de violencia de género de Mónica Ospina Córdoba, por no adoptar las medidas de protección necesarias para defenderla. || Con base en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazará la solicitud de nulidad instaurada por la Comisaría 013 de Familia de Bogotá D.C. en contra de la Sentencia T-362 de 2025, en tanto no cumple con el requisito de oportunidad. || RECHAZAR la solicitud de nulidad presentada por la Comisaría 013 de Familia de Bogotá D.C. en contra de la Sentencia T-362 de 2025 por incumplimiento del requisito de oportunidad.] - [Palabras claves automatizadas: corte, solicitud, nulidad, constitucional, sala, sentencia, violencia, debido, bogotá, proceso, medida, protección]

Auto A-076 de 2026

[Resumen automatizado: De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte para que se configure esta causal de impedimento o recusación es necesario acreditar cuatro elementos: (i) que el magistrado haya hecho una declaración pública; (ii) que se haya realizado en un escenario distinto al jurisdiccional y que, por tanto, la manifestación no se derive de las opiniones vertidas por el magistrado en un fallo anterior como ponente del caso, en un salvamento de voto o en una aclaración de voto; (iii) que haya emitido un concepto personal, inequívoco y directamente referido a la constitucionalidad de la disposición normativa que se revisa, lo cual descarta opiniones genéricas o comentadas en ejercicio de funciones institucionales ajenas al control abstracto; y (iv) que la declaración no corresponda exclusivamente a una explicación dada, por el magistrado en calidad de presidente de este Tribunal, sobre el contenido de un fallo expedido anteriormente[26]. || En atención a lo resuelto en el título anterior de esta providencia, la Sala Plena considera que por consecuencia deben rechazarse las solicitudes de recusación presentadas por la Presidencia de la República dentro de los expedientes RE-387 y RE-388, por carencia actual de objeto, dado que ambas recaen sobre el magistrado Ibáñez Najar, cuyo impedimento por la causal consistente en "haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada" se declaró fundada y, por tanto, el magistrado inicialmente cuestionado se apartó del conocimiento de ambos procesos.] - [Palabras claves automatizadas: magistrado, corte, constitucionalidad, plena, suspensión, sala, enero, declaración, auto, decretos, constitucional, provisional]

Auto A-075 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: examen de pertinencia de la recusación formulada contra los magistrados y las magistradas que componen la Sala Plena de la Corte Constitucional || La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir sobre las solicitudes de recusaciones formuladas contra los magistrados que la integran, según lo establecido en el capítulo V del Decreto Ley 2067 de 1991, y en los artículos 5 -literal j- y 94 del Acuerdo 01 del 2025. || En esta oportunidad le corresponde a la Sala Plena resolver sobre la pertinencia de la solicitud de recusación formulada por el señor Yaki Hortua contra los magistrados y las magistradas de la Corte Constitucional para participar en la decisión del expediente RE-387. || En el auto se concluyó que “[d]ado que la solicitud de recusación se presentó antes de que se hubiese surtido el trámite de fijación en lista en el expediente D-15.989, en el que el solicitante debe concretar su interés dentro del proceso, el peticionario no cuenta con legitimación para recusar a los magistrados de la Corte Constitucional, y, por tanto, además, la solicitud no es oportuna”. || RECHAZAR, por falta de pertinencia, la recusación presentada por el señor Yaki Hortua dentro del proceso RE-387 en contra de los magistrados y las magistradas de la Corte Constitucional, debido a que no se cumple el requisito de legitimación.] - [Palabras claves automatizadas: corte, magistrados, proceso, constitucional, solicitud, constitucionalidad, sala, decreto, plena, magistrado, en]

Auto A-074 de 2026

[Resumen automatizado: Declarar EXEQUIBLES los artículos 1 (parágrafos 1, 2, 3 y 4) a 10 del Decreto 175 de 2025, en el entendido de que el Gobierno nacional únicamente podrá recaudar la suma necesaria para financiar las partidas de los sectores (i) Salud y Protección Social; (ii) Inclusión Social; (iii) Igualdad y equidad; (iv) Presidencia; (v) Agricultura y Desarrollo Rural; (vi) Educación y, (vii) Defensa, por las razones expuestas en esta providencia y en los estrictos términos de la Sentencia C-381 de 2025. || En quinto lugar, plantearon diez solicitudes específicas de aclaración[10], las cuales versan sobre el término que se le da al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cálculo del monto de las adiciones presupuestales, cómo lo debe calcular, el procedimiento que debe emplear si existe controversia sobre si una apropiación está o no cubierta por un condicionamiento o inexequibilidad parcial de la Sentencia C-381 de 2025, la devolución de los recursos (tiempos y consecuencias para la DIAN), los mecanismos para controvertir los cálculos efectuados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, sobre la vigilancia fiscal de la Contraloría General de la República.] - [Palabras claves automatizadas: corte, constitucional, solicitud, sentencia, parte, providencia, plena, ministerio, sala, hacienda, si, auto]

Auto A-073 de 2026

[Resumen automatizado: Los accionantes plantean que los párrafos 67, 127, 133 y 148 de la Senit 5 desconocen el principio de legalidad pues: (i) implican la creación de la facultad de “selección de segundo orden”, en cabeza de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) sin fundamento legal; (ii) desconocen la naturaleza del Acuerdo Final de Paz, al transitar hacia un modo de investigación y juzgamiento caso a caso; y (iii) violan el principio de proporcionalidad, al permitir que una persona que no es máximo responsable de los crímenes más graves y representativos sea sancionada de manera más estricta que a quienes sí tienen la condición de máxima responsabilidad de tales crímenes. || Esto es, la SRVR se vería atrapada en la lógica penal tradicional de procesar a cada compareciente por su responsabilidad individual en cada conducta delictiva relacionada con el CANI, lo que desnaturaliza la justicia transicional como sistema judicial concebido para el procesamiento de patrones, planes o políticas de macrocriminalidad, en cuya base se encuentra la necesidad de esclarecer las estructuras delincuenciales que dieron lugar a la comisión de graves crímenes en desarrollo del conflicto armado.] - [Palabras claves automatizadas: selección, responsabilidad, sala, víctimas, principio, jep, justicia, hechos, verdad, corte, graves, jurídicas, sesión]

Auto A-072 de 2026

[Resumen automatizado: Ahora bien, en lo relacionado con la competencia para resolver los recursos de reposición que se formulen en contra de las decisiones que resuelven un conflicto de jurisdicción, la jurisprudencia de esta Corte ha entendido que, por regla general, sus providencias son inmodificables. || Así, en los autos 216 y 549 de 2025, la Sala Plena de esta Corporación reconoció que, a la luz del numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política[8], la competencia de esta Corte para resolver los conflictos que se suscitan entre las distintas jurisdicciones se agota una vez se dirime el asunto, pues frente a esa decisión no procede recurso alguno[9]. || No obstante, esta Corporación ha señalado que, de manera excepcional, proceden las solicitudes de aclaración de los autos que resuelven conflictos de competencia entre jurisdicciones, siempre que el contenido de la decisión genere un auténtico motivo de duda y que las expresiones que originan dicha incertidumbre se encuentren en la parte resolutiva de la providencia o tengan incidencia sobre ella[14].] - [Palabras claves automatizadas: corte, conflicto, auto, constitucional, solicitud, jurisdicciones, competencia, acción, decisión, proceso, parte, jurisdicción, reposición, recurso]

Auto A-071 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a resolver el impedimento presentado por el procurador general de la nación, quien solicita ser relevado del deber de rendir concepto en el presente proceso de constitucionalidad. || Dado que la competencia para resolver el impedimento formulado por el procurador general de la nación es exclusiva de la Sala Plena[4], y en atención a lo previsto tanto en el artículo 241.8 de la Constitución como en el artículo 48 del Decreto 2067 de 1991, en auto del 24 de noviembre de 2025, la magistrada sustanciadora únicamente asumió el conocimiento del asunto. || Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, manifestó su impedimento para rendir concepto en el presente proceso porque, a su juicio, se encuentra incurso en la causal de haber intervenido en la expedición de la norma objeto de control.] - [Palabras claves automatizadas: general, ley, corte, nación, proyecto, senado, objeciones, trámite, constitucional]

Auto A-070 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial de aquella que le concede el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991, dicta el presente auto mediante el cual resuelve el recurso de súplica interpuesto contra la providencia que rechazó la demanda de la referencia. || Mediante Auto del 30 de octubre de 2025, el magistrado Juan Carlos Cortés González inadmitió la demanda, al considerar que los reproches formulados no cumplían con la carga argumentativa necesaria para sustentar el concepto de la violación. || Para emprender ese análisis, la Sala ha señalado que es preciso verificar el cumplimiento de tres requisitos de procedibilidad: (i) la legitimación por activa, que hace referencia a que la solicitud estudiada debe provenir del demandante, quien debió acreditar su condición de ciudadano colombiano durante el trámite[9]; (ii) la oportunidad, pues según el artículo 49 del Reglamento Interno de la Corte[10], el recurso debe ser presentado dentro del término de ejecutoria del auto de rechazo, es decir, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto de rechazo, ya que de lo contrario el recurso de súplica será considerado extemporáneo[11]; y (iii) la carga argumentativa, que exige al recurrente “presentar un razonamiento mediante el cual la Sala Plena pueda constatar el yerro, el olvido o la actuación arbitraria que se endilga del auto de rechazo”[12].] - [Palabras claves automatizadas: recurso, corte, demanda, constitucional, requisito, rechazo, en, auto, examen, violación, igualdad, ley]

Auto A-069 de 2026

[Resumen automatizado: Respecto del artículo 153, los accionantes indicaron que dicha disposición establece un procedimiento especial para las leyes estatutarias, que exige mayoría absoluta, trámite en una sola legislatura, prioridad en el orden del día y revisión previa por la Corte Constitucional, requisitos que se incumplieron al expedir la normatividad demandada. || En auto del 31 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador inadmitió las dos demandas acumuladas, al considerar que (i) omitieron el requisito derivado del numeral 5, del artículo 2, del Decreto 2067 de 1991, en lo relativo a la competencia de la Corte Constitucional para estudiar estas demandas; (ii) no cumplieron con la justificación de la razón por la que se quebrantó el trámite de reserva de ley estatutaria, lo que supuso un incumplimiento de la exigencia derivada del numeral 4, del artículo 2, del mismo decreto en mención y, (iii) no se superó la carga argumentativa derivada del numeral 3, del artículo 2, del decreto en cita, advirtiendo el incumplimiento de los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.] - [Palabras claves automatizadas: ley, estatutaria, corte, trámite, demanda, constitución, educación, constitucional, derecho]

Auto A-068 de 2026

[Resumen automatizado: Específicamente, expone los siguientes reproches: (i) la magistrada sustanciadora consideró que el cargo carece de certeza y especificidad, al calificar la interpretación del demandante como especulativa y contraria al texto y contexto de la norma, lo que constituye un pronunciamiento anticipado de fondo que corresponde a la Sala Plena; (ii) el despacho sostuvo que la demanda no explicó de manera suficiente cómo el uso de los términos "servicio" y "precio" implicaría una modificación integral del régimen de garantías mobiliarias ni una derogatoria tácita de la Ley 1676 de 2013, razón por la cual se consideró incumplido el requisito de certeza. || Sobre este argumento, el recurrente señaló que la corrección de la demanda presenta un único cargo por violación del principio de unidad de materia, dirigido conjuntamente contra los incisos segundo y tercero del literal i) del artículo 3° de la Ley 2470 de 2025, como una unidad normativa y que la especificidad del cargo se acreditó con la subsanación de la demanda. || El 10 de diciembre 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el escrito al despacho del magistrado Juan Carlos Cortés González, para tramitar el recurso de súplica contra el auto del 27 de noviembre de 2025 que rechazó la demanda.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, ley, garantías, rechazo, recurso, cargo, incisos, i, despacho, materia, requisitos, interpretación, requisito, régimen]

Auto A-067 de 2026

[Resumen automatizado: En concreto, la demanda cuestiona la interpretación acogida por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, la medida de no contabilizar términos para la libertad cuando se presenten actos de dilación afecta a todos los procesados en virtud del principio de unidad de defensa, y no solo a aquél cuya defensa adelantó las maniobras dilatorias. || Violación del principio disuasivo El actor (i) no justificó la naturaleza constitucional del principio; (ii) supuso que la única finalidad de las medidas demandadas es desestimular un comportamiento; (iii) alegó que la disposición acusada establece una sanción, sin justificar, más allá de su apreciación personal, dicha calificación, y (iv) supuso efectos sobre la actuación de los procesados. || Sobre la finalidad de la medida, el actor indicó que las disposiciones acusadas buscan el buen desarrollo del proceso, pero que esta finalidad se afecta cuando, como consecuencia de la interpretación demandada, no se distingue entre el comportamiento correcto y el dilatorio por parte de distintos sujetos procesales. || Para el demandante, el auto de rechazo desconoció que la demanda no se formuló contra todo el contenido de las dos normas acusadas, sino únicamente sobre el aspecto que se refiere a la libertad del detenido cuando este ha incurrido o no en maniobras dilatorias.] - [Palabras claves automatizadas: interpretación, derecho, libertad, cargo, demanda, principio, acusada, proceso, rechazo, términos, diligente, recurso]

Auto A-066 de 2026

[Resumen automatizado: En el recurso se exponen los siguientes razonamientos encaminados a demostrar posibles equivocaciones en el auto de rechazo porque, al parecer, “incurrió en yerros de derecho, de valoración normativa y de apreciación del escrito de corrección de la demanda”: i) dar alcance normativo al parágrafo del artículo 537 del CGP cuando ya había sido retirado del ordenamiento jurídico y no valorar el alcance del precedente constitucional establecido en la Sentencia C-341 de 2014 sobre acceso a la administración de justicia; ii) no valorar el alcance del precedente constitucional contenido en las sentencias C-948 de 2001 y C-855 de 2009 sobre el deber del estado de promover y proteger a las organizaciones de economía solidaria; iii) no valorar el cargo por omisión legislativa relativa tal como fue construido en la corrección de la demanda; iv) dar un alcance normativo al parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 2445 de 2025 que este no tiene; v) no valorar las tres decisiones judiciales que demuestran que el rechazo de la liquidación patrimonial, en vigencia de la Ley 1564 de 2012 involucraba una situación jurídica ya resuelta y consolidada, que no podían reabrirse sin vulnerar el principio de irretroactividad de la ley.] - [Palabras claves automatizadas: ley, rechazo, juez, demanda, derecho, artículos, parcial, cargo, organizaciones, violación, economía, respecto, deber, constitucional]

Auto A-065 de 2026

[Resumen automatizado: El magistrado explicó que este cargo carece de pertinencia y suficiencia porque no identifica cuáles son los aspectos de la libertad de cultos que se ven afectados por la disposición demandada ni de qué manera la incompatibilidad allí consignada restringe el ejercicio de ese derecho fundamental. || El ciudadano advirtió que la disposición demandada no supera el test de proporcionalidad aplicable a las restricciones de derechos fundamentales, toda vez que: (i) no es idónea porque prohíbe actividades que no afectan la imparcialidad judicial, como funciones administrativas o de apoyo en iglesias, sin demostrar cómo estas comprometen la independencia del servidor judicial; (ii) no es necesaria, dado que existen mecanismos menos lesivos y eficaces para proteger la imparcialidad, como los regímenes de impedimentos, recusaciones y el control disciplinario general, que permiten evaluar caso por caso el riesgo real de afectación a la administración de justicia; y (iii) no es proporcional en sentido estricto, pues el sacrificio absoluto de la libertad religiosa y de cultos resulta desmedido frente al beneficio marginal que podría representar para la imparcialidad judicial, especialmente cuando se trata de actividades que no guardan relación con la función judicial desempeñada.] - [Palabras claves automatizadas: cargo, demanda, disposición, principio, corte, constitución, sala, rechazo, el, cargos, recurso, libertad, funciones, magistrado]

Auto A-064 de 2026

[Resumen automatizado: Asunto: Recurso de súplica contra el auto proferido por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez el 1 de diciembre de 2025, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, “[p]or la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”. || El artículo 6 del Decreto Ley 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, prevé que contra el auto de rechazo de una demanda de inconstitucionalidad procede el recurso de súplica ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. || Con fundamento en lo expuesto y en vista de que no se acreditó en este caso el cumplimiento de la carga argumentativa exigida para su análisis de fondo, la Sala Plena rechazará el recurso de súplica presentado por el ciudadano James Fernández Cardozo contra el auto proferido por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez el 1 de diciembre de 2025, por virtud del cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, corte, constitucional, control, rechazo, recurso, plena, sala, derecho, diciembre, ley, constitucionalidad, inconstitucionalidad]

Auto A-063 de 2026

[Resumen automatizado: Sobre la demanda D-16.940, la magistrada sustanciadora observó que los cargos por presunta violación de los derechos al debido proceso, a ser juzgado en un plazo razonable y al principio de legalidad carecían de certeza, pues partían de la premisa errónea según la cual el término de prescripción de la pena era indeterminado. || El 18 de noviembre de 2025, el ciudadano Rafael José Romero Ángel (demandante dentro del primer expediente) promovió recurso de súplica en contra del auto del 10 de noviembre de 2025, que rechazó la demanda, con el fin de que se revoque dicha decisión y se admita su acción pública de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la expresión “contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia”, contenida en el artículo 89 del Código Penal. || A partir de las consideraciones y antecedentes expuestos, la Sala Plena de la Corte Constitucional verifica que el recurso de súplica formulado por el señor Rafael José Romero Ángel cumple los requisitos de legitimación por activa y de oportunidad, pero no satisface la carga argumentativa exigida para controvertir los fundamentos del auto de rechazo.] - [Palabras claves automatizadas: recurso, corte, pena, rechazo, prescripción, término, penal, sentencia, demanda]

Auto A-062 de 2026

[Resumen automatizado: En segundo lugar, la Sala considera que el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Turbo es el competente para conocer de la tutela, atendiendo al factor territorial de competencia, teniendo en cuenta que a tal municipio se extienden los efectos de la vulneración alegada por el accionante, pues es el lugar donde se vería afectado en su derecho al mínimo vital, al no poder asegurar sus necesidades básicas de subsistencia, en tanto es allí en donde el actor manifestó residir[17]. || Por otra parte, la Sala considera que el Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Apartadó no sería competente para conocer de la tutela en virtud del factor territorial, debido a que no se acreditaron elementos que indicaran que en tal municipio ocurrió la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, o que allí se extienden sus efectos. || Por lo anterior, esta Corporación dejará sin efectos el Auto de 05 de diciembre de 2025, y enviará el expediente ICC-5249 al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Turbo para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar[18].] - [Palabras claves automatizadas: competencia, constitucional, lugar, tutela, corte, efectos, auto, diciembre, factor, territorial, sala, conflicto, juez, administrativo]

Auto A-061 de 2026

[Resumen automatizado: Recordó que las reglas contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, no autoriza a los jueces de tutela a abstenerse de conocer los asuntos que les son asignados; y que la Corte Constitucional en el Auto 403 de 2023 precisó que, "frente a conflictos derivados de la aplicación de las reglas de reparto, cuando dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente deberá remitirse a aquella a la que inicialmente se repartió, con el fin de que decida de manera inmediata, sin consideraciones adicionales". || La Corte ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[10]; de modo que, su competencia sólo se activa en aquellos casos en que la mencionada norma no prevea la autoridad judicial encargada de asumir el trámite, o aun cuando la definan, se requiera dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, a fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, reparto, autoridades, constitucional, acción, jueces, reglas, auto, sala, conflicto]

Auto A-060 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto fue repartido al Juzgado 004 Administrativo Mixto del Circuito de Montería, autoridad que, el 2 de diciembre de 2025, declaró su falta de competencia para conocer la acción de tutela presentada por Luis Gabriel Marchena Otero contra el rector de la Universidad de Córdoba, “de conformidad con las reglas de competencia y reparto establecidas en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021”. || Por su parte, el 3 de diciembre de 2025, el Juzgado 002 Promiscuo del Circuito de Montelíbano declaró su falta de competencia para conocer la acción de tutela y, en consecuencia, remitió el expediente a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto negativo de competencia. || En ese sentido, indicó que tanto las autoridades de Montelíbano como las de Montería son competentes para el estudio de la acción de tutela pero que, en virtud del criterio a prevención, el caso debe ser resuelto por el Juzgado 004 Administrativo Mixto del Circuito de Montería. || Por un lado, el Juzgado 004 Administrativo Mixto del Circuito de Montería, si bien invocó reglas de reparto para argumentar qué autoridad judicial debía conocer el asunto, lo cierto es que fundamentó su falta de competencia en el factor territorial, al considerar que la presunta vulneración de derechos se configuró en Montelíbano.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, lugar, administrativo, autoridad, acción, parte, diciembre, autoridades, sala, territorial, corte, magistrado]

Auto A-059 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado 001 Civil del Circuito de Apartadó explicó que el despacho de primera instancia no tenía competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la tutela, toda vez que la señora Paniagua Ramírez estuvo adscrita como empleada pública en dicho juzgado entre el 2015 y el 2022[14]. || Este despacho, por medio de un Auto del 2 de diciembre de 2025, se abstuvo de avocar conocimiento de la acción de tutela, propuso un conflicto aparente de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que resuelva el conflicto[17]. || Esta autoridad judicial explicó que, a su juicio, el Juzgado 001 Civil del Circuito de Apartadó debió conocer la acción de tutela en segunda instancia, puesto que sustentó su falta de competencia en las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021[18]. || REMITIR el expediente ICC 5246 al Juzgado 001 Civil del Circuito de Apartadó, con el fin de que continúe con el trámite respectivo y dicte la decisión de fondo a la que haya lugar respecto de la tutela presentada por la señora Paola Paniagua Ramírez contra la Unidad Residencial Ceiba de los Maderos, la empresa Maderos Proactiva y los señores Hernán Ortiz y Sebastián Ortiz.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, civil, corte, expediente, constitucional, acción, reparto, reglas, falta, autoridad]

Auto A-058 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto le correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Obando, Valle del Cauca, autoridad judicial que, mediante Auto 1353 del 1° de diciembre de 2025, ordenó remitir el expediente a los jueces del circuito de Cartago. || Por regla general, la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley Estatutaria 270 de 1996. || La Sala Plena encuentra que se configuró un conflicto aparente de competencia debido a que el Juzgado Promiscuo Municipal de Obando, Valle del Cauca, se apartó del conocimiento del asunto con fundamento�en las�reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021. || Así las cosas, la autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por el señor Carlos German Piedrahita Moreno en contra de Colpensiones y Colfondos, es el Juzgado Promiscuo Municipal de Obando, Valle del Cauca, por ser la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el conocimiento del amparo. || La Corte Constitucional dejará sin efectos el Auto 1353 del 1° de diciembre de 2025 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Obando, Valle del Cauca, mediante el cual declaró su falta de competencia para conocer el asunto.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, decreto, autoridad, municipal, conflicto, reparto, asunto, autoridades, diciembre, constitucional, magistrado, materia]

Auto A-057 de 2026

[Resumen automatizado: Por su parte, el Juzgado 021 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de�Medellín, a través de Auto del 01 de diciembre de 2025, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional[5]. || En el presente asunto, la Corte encuentra que el conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[11], pues involucra a dos autoridades judiciales de la misma jurisdicción que hacen parte de distintos distritos judiciales. || En consecuencia, la Sala Plena dejará sin efectos�el Auto del 28 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado�003 Civil Del Circuito de Oralidad de Tunja y remitirá el expediente ICC-5244 a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar. || ADVERTIR al Juzgado 021 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de�Medellín que, en lo sucesivo, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por la autoridad judicial prevista en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, corte, competencia, constitucional, lugar, sala, acción, territorial, factor, plena, auto, ciudad, conflicto]

Auto A-056 de 2026

[Resumen automatizado: Segundo, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, el juzgado de Fusagasugá no es competente para tramitar la tutela por el factor territorial, pues en ese municipio no ocurrió la presunta vulneración de los derechos del accionante ni se extienden sus efectos, sino que estos tuvieron lugar únicamente en Bogotá y en Silvania. || En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 1º de diciembre de 2025, dictado por el Juzgado 027 Laboral del Circuito de Bogotá y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. || Además, le advertirá al Juzgado 002 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996. || ADVERTIR al Juzgado 002 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, bogotá, sala, corte, autoridad, plena, reglas, reparto, territorial, constitucional, decreto]

Auto A-055 de 2026

[Resumen automatizado: Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales, tal y como lo precisó la Sala Plena en el auto 550 de 2018. || En consecuencia, se advertirá al Juzgado 005 Administrativo del Circuito de Pereira que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, administrativo, corte, conocimiento, acción, conflicto, autoridades, reparto, decreto, plena, magistrado, lugar, judiciales]

Auto A-054 de 2026

[Resumen automatizado: Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 27 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado 001 de Familia del Circuito de Fusagasugá, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su reparto ante los jueces municipales del mismo municipio, toda vez que afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. || En consecuencia, se advertirá al Juzgado 001 de Familia del Circuito de Fusagasugá que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia para conocer y tramitar las acciones de tutela que le sean repartidas, con base en argumentos distintos al incumplimiento de los factores de competencia en materia de tutela, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional. || CUARTO: ADVERTIR al Juzgado 001 Civil Municipal de Fusagasugá que, siempre que advierta un conflicto de competencia en materia de tutela, éste debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, para lo cual se deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, tutela, corte, constitucional, jueces, reparto, auto, sala, materia, asunto, lugar, autoridades, conocimiento, judiciales, jurisprudencia]

Auto A-053 de 2026

[Resumen automatizado: En el caso bajo examen, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que, tanto el Juzgado 002 Civil del Circuito de Villavicencio como el Juzgado 005 Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad, se apartaron del conocimiento de la acción de tutela de la referencia invocando reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015 y Decreto 333 de 2021, el cual modificó el primero. || Así las cosas, se resolverá: (i) dejar sin efectos el Auto del 25 de noviembre de 2025, dictado por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Villavicencio; (ii) remitir el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión que en derecho corresponda; y, (iii) advertir al Juzgado 002 Civil del Circuito de Villavicencio y al Juzgado 005 Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad, para que, en lo sucesivo, se abstengan de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, por cuanto tal actuación contraría la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, tutela, civil, competencia, decreto, autoridad, corte, reparto, auto, sala, judicial, acción]

Auto A-052 de 2026

[Resumen automatizado: Señaló que, con ocasión del factor territorial, el juez competente para el conocimiento de una acción de tutela es aquel donde reside el accionante, toda vez que en dicho lugar es donde se materializa la posible vulneración de los derechos fundamentales o donde sobreviene la amenaza. || El 28 de noviembre de 2025, el Juzgado 003 Laboral del Circuito de Ibagué se abstuvo de conocer la acción de tutela presentada por Aurelio Reyes Ico. Asimismo, propuso conflicto negativo de competencia y, en consecuencia, envió el expediente a la Corte Constitucional. || En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) dejará sin efectos la providencia del 26 de noviembre de 2025, proferida por el Juzgado 017 Penal del Circuito de Bogotá D.C. con Función de Conocimiento; (ii) remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela; y (iii) advertirá al Juzgado 003 Laboral del Circuito de Ibagué que, en futuros casos, remita a la autoridad competente las controversias de competencia en asuntos de tutela, según lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, bogotá, lugar, competencia, penal, acción, parte, plena, autoridad, corte, derechos, sala]

Auto A-051 de 2026

[Resumen automatizado: Sin embargo, mediante Auto del 26 de noviembre de 2025, esta autoridad judicial se abstuvo de conocer la acción presentada y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente para ser repartido entre los jueces de circuito de Neiva, Huila. || Por consiguiente, este criterio es plenamente aplicable a este caso porque tanto el Juzgado 017 Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito Bogotá como el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Neiva, Huila, son competentes para tramitar y resolver la acción de tutela interpuesta Juan Carlos Quiroga Chavarro en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Universidad Libre de Colombia, pero el primero de ellos fue el escogido por el accionante. || Con base en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Juzgado 017 Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito de Bogotá se encuentra en la obligación de resolver, en primera instancia, la acción de tutela por haber sido la primera autoridad con competencia a la que se le repartió el asunto. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 26 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado 017 Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por Juan Carlos Quiroga Chavarro en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Universidad Libre de Colombia.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, factor, competencia, autoridad, lugar, acción, penal, bogotá, corte, autoridades, territorial, competentes]

Auto A-050 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 24 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Fusagasugá y le remitirá el expediente ICC-5235 a esta autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar. || Finalmente, le advertirá al Juzgado 002 Civil Municipal de Fusagasugá que en caso de considerar que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || ADVERTIR al Juzgado 002 Civil Municipal de Fusagasugá que en caso de considerar que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, reparto, corte, competencia, acción, judicial, judiciales, constitucional, sala, autoridad, plena, auto]

Auto A-049 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala�Plena�considera que, si bien�el conflicto�debió ser resuelto por�el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca[8], la Corte Constitucional es competente para resolver�el presente asunto. || La Sala Plena considera que el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá es la autoridad llamada a resolver la acción de tutela. || En estos términos, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 25 de noviembre de 2025, dictado por esa autoridad; (ii) le remitirá el expediente para que adopte una decisión y (iii) le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de los trámites de tutela con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015. || Además,�le advertirá al Juzgado 001 Civil Municipal de Fusagasugá que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996�y la jurisprudencia constitucional. || ADVERTIR�al�Juzgado 001 Civil Municipal de Fusagasugá�que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, decreto, corte, plena, reparto, noviembre, reglas, autoridad, constitucional, municipal, civil, sala]

Auto A-048 de 2026

[Resumen automatizado: El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander, autoridad judicial a la que correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia para asumir el conocimiento del caso. || El 25 de noviembre de 2025, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se abstuvo de asumir el conocimiento de la solicitud de amparo formulada y, en su lugar, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta Corporación. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el auto del 20 de noviembre de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante el cual, se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción de tutela impetrada por el señor Julián David Rodríguez Mantilla, toda vez que se desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido explícito del parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y se afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. || En consecuencia, se advertirá al Tribunal Administrativo de Santander que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, administrativo, tutela, tribunal, conocimiento, corte, noviembre, sala, judiciales, superior, acción, decreto, reparto]

Auto A-047 de 2026

[Resumen automatizado: Efectuado el nuevo reparto[6], el asunto le correspondió al Juzgado 007 Penal del Circuito de Pereira, autoridad judicial que, mediante Auto del 12 de noviembre de 2025[7], dispuso remitir el expediente al Consejo de Estado para que asumiera su conocimiento. || Se configuró un conflicto aparente de competencia entre el Juzgado 007 Penal del Circuito de Pereira, la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el Juzgado 006 Administrativo del Circuito de Pereira; pues todas aquellas autoridades judiciales se apartaron del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por la menor de edad Juana, con fundamento en reglas de reparto, a pesar de que estas no desplazan su competencia para fallar la acción constitucional. || Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 12 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado 007 Penal del Circuito de Pereira, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, ordenó su reparto al Consejo de Estado, toda vez que desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido explícito del parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, tutela, constitucional, decreto, conocimiento, sala, asunto, penal, reparto, administrativo, lugar, autoridad]

Auto A-046 de 2026

[Resumen automatizado: De acuerdo con los antecedentes reseñados y las reglas jurisprudenciales previamente expuestas, la Sala Plena concluye que el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 011 Administrativo Oral del Circuito de Montería y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica surge de interpretaciones divergentes acerca del factor territorial de competencia y del uso impropio de reglas de reparto para alterar el conocimiento de la acción de tutela. || Con fundamento en todo lo anterior, la Corte Constitucional concluye que la autoridad competente para conocer de la acción de tutela es el Juzgado 011 Administrativo Oral del Circuito de Montería, por haber sido el primero al que fue repartida la solicitud de amparo, de conformidad con la elección realizada por el accionante, en virtud del criterio "a prevención", y por encontrarse territorialmente habilitado conforme a lo expuesto previamente en esta providencia. || Finalmente, la Sala Plena advertirá al Juzgado 011 Administrativo Oral del Circuito de Montería que, en lo sucesivo, observe con estricto rigor las normas sobre competencia territorial en materia de tutela y se abstenga de argumentar su falta de competencia en materia de tutela con fundamento en reglas de reparto, para que, en su lugar, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en la materia, con el propósito de no imponer barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, tutela, corte, acción, competencia, lugar, vivienda, derechos, reparto, territorial, reglas, administrativo]

Auto A-045 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado 028 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, en Auto del 19 de noviembre de 2025[3], señaló que el despacho no era competente para conocer el asunto, dado que la acción constitucional hacía parte de una tutela masiva, cuyo conocimiento le corresponde al Juzgado 055 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá por haber avocado el conocimiento de la primera tutela promovida por la accionante. || Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Plena: (i) dejará sin efectos el Auto del 19 de noviembre de 2025 proferido por el Juzgado 028 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá; (ii) ordenará la remisión del expediente a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión correspondiente respecto de la acción de tutela objeto del conflicto, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991; (iii) le advertirá al Juzgado 028 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, que, en caso de encontrar la posible configuración del fenómeno de la tutela masiva, deberá motivar adecuadamente sus decisiones en atención a los estándares de argumentación fijados por la jurisprudencia constitucional y; (iv) le advertirá�al Juzgado 055 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá que,�cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, deberá remitirlo a la respectiva autoridad de conformidad con lo establecido en la Ley 270 de 1996.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, corte, bogotá, identidad, acción, policía, competencia, decreto, constitucional, auto, ii, acciones, conocimiento]

Auto A-044 de 2026

[Resumen automatizado: La Sección Cuarta del Consejo de Estado reiteró que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las reglas de reparto son pautas administrativas y los únicos factores de competencia en materia de tutela son los indicados en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, a saber, (i) el factor territorial, según el lugar donde acontece la vulneración o amenaza; (ii) el subjetivo, en los casos de las tutelas contra la Jurisdicción Especial para la Paz o los medios de comunicación; y (iii) el funcional, según el cual la segunda instancia le corresponde a la superior jerárquico. || Por ello, la Corte Constitucional concluye que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues la Sala Séptima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia y la nulidad de lo actuado con base en una lectura equivocada de las reglas de reparto, las cuales no tienen la entidad jurídica para desvirtuar la competencia ya radicada mediante el trámite impartido en primera instancia.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, competencia, acción, corte, tribunal, reglas, consejo, superior, reparto, primera, sala, civil, bogotá, constitucional, distrito, instancia]

Auto A-043 de 2026

[Resumen automatizado: El 7 de noviembre de 2025, la acción de tutela fue asignada por reparto[1] a la Sala Tercera de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, autoridad que ese mismo día dictó auto[2] por medio del cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción de tutela y remitió el expediente a la oficina de reparto de los juzgados municipales de Villavicencio para que efectuara nuevamente el reparto. || Por lo tanto, la Corte concluye que la Sala Tercera de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Villavicencio se encuentra en la obligación de tramitar, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el señor Bairon Enrique Muñoz Lizarazo, actuando como representante legal de la Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S., por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el proceso por reparto. || TERCERO: ADVERTIR�a la Sala Tercera de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Villavicencio y al Juzgado 001 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de la misma ciudad que, en lo sucesivo,�se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, corte, competencia, acción, constitucional, tribunal, sala, superior, reparto, reglas, despacho, decisión]

Auto A-042 de 2026

[Resumen automatizado: Al respecto, el actor manifestó que, previamente, presentó una primera acción de tutela ante el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Montería, autoridad que, mediante fallo del 8 de agosto de 2025, amparó su derecho a la salud y ordenó a la accionada (Nueva EPS) asumir los gastos del transporte aéreo, desde Montería hasta Medellín y viceversa, así como de la alimentación, en favor del accionante y de un acompañante. || Dada dicha orden, el expediente fue repartido al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Montería, autoridad que, mediante providencia del 7 de noviembre de 2025, planteó conflicto negativo de competencia frente al Juzgado 010 Administrativo del Circuito de la misma ciudad y, en consecuencia, remitió el expediente a la Corte Constitucional. || La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la resolución de conflictos de competencia en materia de acción de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996. || DEJAR SIN EFECTOS la decisión del 5 de noviembre de 2025, por la cual el Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Montería declaró su falta de competencia para conocer la acción de tutela presentada por Luis Manuel Martínez López en contra de Nueva EPS.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, competencia, administrativo, corte, constitucional, autoridad, falta, transporte, solicitud]

Auto A-041 de 2026

[Resumen automatizado: En consecuencia, indicó que la Corte Constitucional, mediante el Auto 1327 de 2024, reiteró las reglas fijadas en los autos 403 de 2021 y 553 de 2022, según las cuales, cuando en un proceso ejecutivo no existan pruebas suficientes que acrediten la existencia de un contrato estatal del cual se derive la factura objeto de cobro, y la entidad demandada sea pública y esté sujeta a la Ley 80 de 1993, la competencia para conocer del asunto corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[3]. || A su vez, en el Auto 553 de 2022, estableció como regla de decisión que dicha jurisdicción es competente para conocer de los procesos ejecutivos promovidos contra entidades públicas sujetas al Estatuto General de Contratación Pública, cuando el juez del conflicto no cuenta con certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pueda constituir la causa del título valor cuya ejecución se pretende. || En el mismo sentido, mediante el Auto 232 de 2023, esta Corporación, tras analizar los procesos ejecutivos en los que no se acredita la existencia de un contrato estatal, reiteró como regla de decisión que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de los procesos ejecutivos promovidos contra entidades públicas cuando el juez del conflicto no tiene certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pueda constituir la causa del título valor objeto de ejecución.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, administrativo, competencia, título, estatal, conflicto, valor, contencioso, auto, corte, conocer, contrato, asunto, entidad]

Auto A-040 de 2026

[Resumen automatizado: Indicó que la Corte Constitucional, en el Auto 1354 de 2024[4], para dirimir un conflicto en el que encontraba involucrado ese mismo despacho, determinó que los procesos de ejecución de títulos valores pagarés promovidos por el Instituto Financiero del Casanare deben ser conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto la controversia presentada puede involucrar actos o contratos suscritos por una entidad pública, los cuales se encontrarían sujetos al derecho administrativo. || No obstante, esta regla admite una excepción prevista en el artículo 105.1 del CPACA, según la cual las controversias sobre responsabilidad extracontractual y contratos celebrados por entidades públicas que sean instituciones financieras, aseguradoras o intermediarios de seguros o valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando tales actos correspondan al giro ordinario de sus negocios, deben ser conocidas por la Jurisdicción Ordinaria. || En esa decisión, la Corte reiteró que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de procesos ejecutivos originados en contratos celebrados por entidades públicas, siempre que estas no sean instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera y los contratos no correspondan al giro ordinario de sus negocios.] - [Palabras claves automatizadas: conflicto, corte, judicial, administrativo, constitucional, competencia, jurisdicciones, contratos, auto, jurisdicción, conocimiento, sala, proceso, autoridades, contencioso]

Auto A-039 de 2026

[Resumen automatizado: Para adoptar dicha decisión, el despacho se apoyó en la jurisprudencia fijada por la Corte Constitucional propuesta por la parte demandada, en especial en el Auto 1419 de 2023, en el cual se resolvió un conflicto de jurisdicciones que estimó análogo, precisándose que las demandas orientadas a obtener el pago de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud, cuando el obligado es una entidad pública, constituyen controversias de naturaleza económica y administrativa, cuya resolución compete a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || Resaltó que en dicho pronunciamiento, la Corte precisó que los procesos ejecutivos orientados al cobro de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud, cuando no existe relación contractual entre las partes y el título no se subsumen en los supuestos del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, deben ser conocidos por esta jurisdicción. || Finalmente, mediante el Auto 1410 de 2024, la Sala Plena unificó la jurisprudencia y estableció que, como regla general, la ejecución de obligaciones surgidas del Sistema de Seguridad Social en Salud, incluso aquellas derivadas de relaciones entre Empresas Sociales del Estado y entidades responsables del pago de servicios de salud de la población a su cargo, reguladas por el Decreto 4747 de 2007, corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, por cuanto la fuente de la obligación es legal y no contractual.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, corte, administrativo, jurisdicción, servicios, conflicto, auto, salud, pago, constitucional, laboral]

Auto A-038 de 2026

[Resumen automatizado: Por su parte, el 26 de febrero de 2020 el Juzgado 002 Civil del Circuito de Garzón (Huila) remitió el expediente a la Corte Constitucional, pues señaló que el conflicto resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura se generó entre el Juzgado 002 Administrativo de Neiva y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. || SEGUNDO.-ESTARSE A LO RESUELTO por el Consejo Superior de la Judicatura en Auto del 29 de enero de 2020, en la cual se decidió que la competencia para conocer de este asunto correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, específicamente, al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva. || TERCERO.-Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-490 al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, conforme a lo dispuesto en el auto del Consejo Superior de la Judicatura para que proceda con lo de su competencia, y comunique la presente decisión al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garzón (Huila) y a los interesados. || Lo anterior porque mediante providencia del 24 de septiembre de 2021 (Auto 711 de 2021), la Corte Constitucional resolvió estarse a lo resuelto por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la decisión del 29 de enero de 2020, en la cual asignó la competencia al Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva.] - [Palabras claves automatizadas: corte, auto, constitucional, administrativo, consejo, superior, judicatura, sala, competencia, conflicto]

Auto A-037 de 2026

[Resumen automatizado: En criterio de aquella autoridad judicial, la competencia debe permanecer en la jurisdicción ordinaria porque: (i) los hechos que sustentaron la imputación del delito de concierto para delinquir ocurrieron en el sector de Inda Zavaleta del municipio de Tumaco, Nariño, mientras que el Resguardo Campo Alegre Comunidad Indígena Wiwa Arsario está ubicado en Becerril, Cesar. || En particular, ofició (i) al acusado, Franklin Manuel Silva Gutierrez, por medio de su abogada defensora, para que brindara información sobre su calidad de miembro del Resguardo Campo Alegre Comunidad Indígena Wiwa Arsario; (ii) al Cabildo Gobernador, Elkin José Mendoza Malo, (iii) a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, (iv) al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), (v) a la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, (vi) a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), (vii) a la Gobernación del Cesar, y (viii) a la Alcaldía de Becerril, Cesar, para que presentarán información sobre el ámbito territorial de la comunidad indígena, su administración de justicia y la pertenencia del procesado a ella.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, comunidad, especial, competencia, penal, jurisdicción, sala, constitucional, factor, conducta, territorio, proceso, delito, debe, corte, ii, hechos]

Auto A-035 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado 001 Laboral de Fusagasugá, en Auto del 31 de julio de 2024, se declaró incompetente y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Girardot, al considerar que la jurisdicción contenciosa debía conocer el asunto, pues se discutía un contrato laboral presuntamente encubierto mediante contratos de prestación de servicios con una empresa industrial y comercial del Estado, con apoyo en el artículo 104 del CPACA y los autos 492 y 1170 de 2021. || La Sala Plena ha establecido que en aquellos asuntos en los que se pretende la declaración de un vínculo laboral entre una entidad estatal y el demandante, con fundamento en un supuesto encubrimiento de dicha relación a partir de la celebración sucesiva de contratos de prestación de servicios, es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que sea dable entrar a determinar la naturaleza del vínculo pretendido, esto es, si se trata de una supuesta relación de empleado público o trabajador oficial. || Mediante Auto 492 de 2021, la Sala determinó que, en aquellos casos en los que existe una sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios entre las partes como fundamento de la alegada relación laboral que se pretende develar, el juez de lo Contencioso Administrativo es el llamado a conocer del asunto dado que la controversia recae sobre la legalidad de un contrato estatal.] - [Palabras claves automatizadas: laboral, administrativo, contratos, prestación, servicios, competencia, conocer, contrato, jurisdicciones, corte, auto, jurisdicción, conflicto, contencioso]

Auto A-034 de 2026

[Resumen automatizado: Para sustentar su decisión, señaló que, de acuerdo con el Auto 492 de 2021 de esta Corporación, la autoridad competente para conocer los procesos en los que se busca la declaratoria de una relación laboral encubierta mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado, es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || En el Auto 492 de 2021 la Sala Plena concluyó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer los procesos promovidos para determinar la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado. || "De conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo, un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, que presuntamente fue encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado".] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, contratos, laboral, corte, relación, conflicto, conocer, servicios, jurisdicciones, auto, prestación, competencia, administrativo, contencioso]

Auto A-032 de 2026

[Resumen automatizado: Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado 004 Administrativo de Florencia (Caquetá), autoridad que, una vez subsanada la demanda, por medio del Auto 41-09-2025 del 30 de septiembre de 2025, propuso un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que lo dirimiera[10]. || A partir de lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 2º del CPTSS[30], la Sala Plena de esta Corte ha establecido que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer de los conflictos que se originan directa o indirectamente en un contrato de trabajo celebrado con una empresa de servicios públicos de capital mixto o�privado. || En el presente caso, como se indicó en los antecedentes, las autoridades judiciales involucradas presentaron argumentos sobre su presunta falta de jurisdicción para conocer de la demanda presentada por Edilberto Cocomá Monje contra SERVAF S.A. E.S.P. Al respecto, es importante precisar que esta es una empresa de servicios públicos domiciliarios privada de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica[32]. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7302 a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión al Juzgado 004 Administrativo de la misma ciudad, a las partes y a los demás interesados en el proceso.] - [Palabras claves automatizadas: empresas, servicios, corte, ley, públicos, conocer, jurisdicción, empresa, laboral, sala, capital]

Auto A-031 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-031-2026

Auto A-030 de 2026

[Resumen automatizado: El asunto le fue asignado al Juzgado 003 Civil Municipal de Florencia, el cual mediante Auto del 14 de octubre de 2025[9] resolvió: (i) rechazar de plano la solicitud por falta de competencia para conocer de ese asunto; (ii) proponer conflicto negativo de jurisdicción y (iii) remitir el proceso a la Corte Constitucional, con el fin de que dirima el conflicto negativo de jurisdicciones[10]. || La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado 003 Civil Municipal de Florencia, la cual versa sobre la competencia para conocer la solicitud de ejecución de una condena en costas emitida por las autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || En el�Auto 008 de 2022[20], la Corte estableció la siguiente�regla de decisión: "[e]l conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP".] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, proceso, contencioso, administrativo, ejecución, constitucional, jurisdicciones, competencia, corte, tribunal, conocer]

Auto A-029 de 2026

[Resumen automatizado: Sostuvo que es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo pues la demanda ejecutiva promovida por la Lotería de Bogotá se funda en un título-valor (pagaré) que deriva directamente de un contrato atípico de distribución y comercialización de lotería celebrado entre las mismas partes del proceso, por lo que la controversia tiene origen contractual. || En razón de dicha naturaleza contractual y del vínculo jurídico existente entre la entidad pública y la demandada, la Sala Plena concluyó que la demanda ejecutiva presentada para hacer efectivo el pago del derecho incorporado debía ser conocida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al tratarse de una controversia derivada de un contrato estatal, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la regla fijada en el Auto 403 de 2021[19]. || Esta situación fáctica es idéntica a la analizada por la Corte Constitucional en el Auto 816 de 2022, en el cual se estudió un conflicto de jurisdicción suscitado con ocasión de una demanda ejecutiva promovida por una empresa industrial y comercial del Estado para hacer efectivo un título valor derivado de un contrato atípico de distribución de lotería celebrado con un particular.] - [Palabras claves automatizadas: auto, bogotá, contrato, jurisdicción, administrativo, estatal, corte, conflicto, constitucional, competente, contencioso, proceso, ejecutiva]

Auto A-028 de 2026

[Resumen automatizado: Señaló que en el referido auto la Corte Constitucional estableció que "la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil será la competente para conocer de las acciones de cumplimiento, cuando sean dirigidas contra una entidad de naturaleza pública o particulares que estén ejerciendo funciones administrativas, en las que se pretenda el cumplimiento de normas relacionadas con los planes de ordenamiento territorial y usos del suelo". || Luego, el asunto fue repartido al Juzgado 005 Civil del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, autoridad judicial que, a través de auto del 20 de octubre de 2025, (i) declaró su falta de jurisdicción para conocer el asunto; (ii) propuso conflicto negativo de competencia al Juzgado 013 Administrativo del Circuito de Cali, Valle del Cauca; y (iii) ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto[10]. || En consecuencia, estableció como regla de decisión que "[e]n virtud de los artículos 87 de la Constitución Política, 3 de la�Ley 393 de 1997 y 146 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las acciones de cumplimiento". || "En virtud de los artículos 87 de la Constitución Política, 3 de la�Ley 393 de 1997 y 146 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las acciones de cumplimiento"[22].] - [Palabras claves automatizadas: cumplimiento, jurisdicción, corte, constitucional, administrativo, competencia, ley, conocer, jurisdicciones, acciones, asunto]

Auto A-027 de 2026

[Resumen automatizado: El expediente le correspondió al Juzgado 1 Administrativo de Yopal, el cual, en auto del 4 de septiembre de 2025[7], declaró su falta de jurisdicción para conocer del proceso, planteó conflicto negativo y resolvió enviarlo a esta corporación para que dirimiera el asunto. || Además de ello, en el expediente remitido a esta Corte no se encontró algún pronunciamiento posterior por parte del Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal que anule o modifique lo resuelto mediante auto del 9 de diciembre de 2024. || Así las cosas, se insiste, existe una decisión vigente proferida por el Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal que dejó sin efectos el auto por medio del cual había resuelto declarar su falta de jurisdicción. || Con fundamento en lo anterior, la Sala se declarará inhibida para resolver el asunto bajo estudio y ordenará remitir el expediente de la referencia al Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados. || Segundo: Por intermedio de la Secretaría General de la Corte, REMITIR el expediente CJU-7282 al Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, municipal, corte, proceso, asunto, falta, civil, jurisdicciones, conflicto, expediente, competencia, mediante, medio, noviembre]

Auto A-026 de 2026

[Resumen automatizado: La controversia fue suscitada entre dos autoridades que administran justicia, que pertenecen a diferentes jurisdicciones y rechazaron la competencia para conocer del asunto: la jurisdicción ordinaria, representada por el Juzgado 004 Civil Municipal de Palmira, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada por el Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Cali. || La controversia se relaciona con una demanda declarativa de menor cuantía promovida por Lucy Day Riascos Bazan contra la Notaría Cuarta del Circuito de Palmira, Himelda María Silva Saucedo, Carmen Elena Prado Silva y Luz Stella Prado Silva, con el objetivo de solicitar que se declare la nulidad de la Escritura Pública No. 1189 del 26 de julio de 2022 a través de la cual se adelantó un proceso sucesorio. || En los autos 241 y 285 de 2022, la Corte señaló que las demandas en las que se pretende declarar la nulidad de una escritura pública serán competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo "si el contenido de dicha escritura contiene un acto administrativo o un acuerdo de voluntades en el que intervenga una entidad estatal"[11] y, en caso contrario, corresponderán a la jurisdicción ordinaria en aplicación de la regla residual de competencia prevista en el artículo 15 del Código General del Proceso.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, corte, nulidad, asunto, administrativo, constitucional, jurisdicciones, competencia, municipal, conflicto, través, conocer, civil]

Auto A-025 de 2026

[Resumen automatizado: En el Auto 316 de 2021, la Corte Constitucional encontró que los artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, por virtud de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios (acción de lesividad[24]), incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social. || Los artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, por virtud de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios, incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social. || [29] En el Auto 840 de 2021 se fijó la siguiente regla de la decisión: "[l]os artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, por virtud de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios, incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, corte, administrativo, competencia, conocer, constitucional, actos, contencioso, nulidad, derecho, administrativos, entidad]

Auto A-024 de 2026

[Resumen automatizado: La decisión se fundamentó en que la controversia no se relacionaba con contratos estatales de prestación de servicios, sino con vínculos derivados de empresas de servicios temporales, bajo cargos cuya naturaleza corresponde en principio a trabajadores oficiales, parámetro que no ha podido desvirtuarse prima facie, por lo que la competencia recae en la Jurisdicción Ordinaria Laboral y no en la de lo contencioso administrativo, con fundamento en los artículos 16 y 133 del CGP, 138, 208 y 243A numeral 3 del CPACA, el artículo 17 de la Ley 432 de 1998, y los autos 492 de 2021, 406 de 2022 y 322 de 2025 de esta Corte. || En consecuencia, la Sala Plena fijó la siguiente regla de decisión: "La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es competente para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa de servicios temporales, se solicita el reconocimiento de derechos laborales salariales y prestacionales a la entidad usuaria, cuando quiera que (i) esta sea una entidad pública cuya regla general de vinculación sea la de trabajadores oficiales y (ii) dentro del trámite no pueda desvirtuarse�prima�facie�tal parámetro de vinculación".] - [Palabras claves automatizadas: sala, vinculación, entidad, conflicto, corte, laboral, cargos, ley, servicios, relación, cargo, trabajadores, administrativo, decisión, oficiales, competencia, jurisdicciones]

Auto A-023 de 2026

[Resumen automatizado: En dicha providencia, sostuvo que, conforme al precedente de la Corte Constitucional (autos 788 de 2021 y 324 de 2023), así como a la cláusula general de competencia prevista en el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 y a los artículos 2.4 y 2.5 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), el conocimiento de este tipo de procesos corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. || Al respecto, en el Auto 1063 de 2022, la Corte Constitucional analizó la colisión de competencia entre autoridades de la misma jurisdicción ordinaria y concluyó su falta de competencia para dirimir tal conflicto, por lo que optó por una decisión inhibitoria en ese caso. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7272 a la�Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia para que resuelva el conflicto de competencia entre el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Florencia, Caquetá y el Juzgado 005 Civil Municipal de la misma ciudad y para que comunique la presente decisión a las autoridades judiciales y a los interesados en este trámite.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, asunto, corte, autoridades, competencia, ordinaria, sala, constitucional, conflicto, auto, municipal, civil, magistrado, autoridad]

Auto A-022 de 2026

[Resumen automatizado: Indicó que el Consejo de Estado ha establecido que, de acuerdo con la Ley 270 de 1996[8], se reconoce la especialidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de los conflictos en los que haga parte una entidad pública, "más aún cuando si la controversia se deriva de la prestación de un servicio público el de la salud, en los términos del artículo 49 de la carta política"[9]. || Aunque dichas referencias, por sí solas, no cumplen con los estándares necesarios para la acreditación del presupuesto normativo, la Sala considera que, a la luz del Auto 765 de 2025, es posible flexibilizar tales estándares en atención a las siguientes particularidades de este caso: (i) las circunstancias del proceso ameritan la aplicación de los principios de celeridad y acceso a la administración de justicia de las partes, dado que el proceso inició en 2016 y únicamente se ha llevado a cabo la audiencia inicial; (ii) el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Florencia presentó argumentos legales y jurisprudenciales que cumplen con los requisitos de claridad e idoneidad en relación con un conflicto de jurisdicciones; y (iii) existen premisas jurídicas mínimas que le permiten a esta Corte identificar las razones por las cuales el Juzgado 002 Civil del Circuito de Florencia rechazó el conocimiento del asunto.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, civil, auto, conocer, administrativo, sala, responsabilidad, demanda, corte, garantía, proceso, médica, entidad]

Auto A-021 de 2026

[Resumen automatizado: Por auto del 11 de septiembre de 2025[8], el Juzgado 001 Civil del Circuito de Andes declaró su falta de competencia y propuso el conflicto negativo de jurisdicciones, pues consideró que el conocimiento del asunto le correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en virtud del artículo 104.4 del CPACA. || El conflicto sucede entre dos autoridades judiciales que pertenecen a jurisdicciones distintas y que rechazaron la competencia para conocer el proceso, a saber: el Juzgado 029 Administrativo de Medellín (jurisdicción de lo contencioso administrativo) y el Juzgado 001 Civil del Circuito de Andes (jurisdicción ordinaria). || Como el artículo 104.4 del CPACA asignó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de las controversias laborales entre empleados públicos y entidades públicas, es esta la jurisdicción competente para conocer el proceso promovido por Jaime de Jesús Sánchez Ríos contra la Alcaldía Municipal de Andes. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7265 al Juzgado 029 Administrativo de Medellín para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado 001 Civil del Circuito de Andes (Antioquia).] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, laboral, jurisdicciones, corte, expediente, conflicto, conocer, administrativo, público, municipal, entidad, alcaldía, contencioso]

Auto A-020 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado 035 de Instrucción Penal Militar señaló que en este caso no se configuraba un conflicto de jurisdicciones, dada la falta de dos autoridades judiciales que se disputaran la competencia para conocer el asunto, razón por la cual la Corte Constitucional no podría resolver el asunto. || La Sala entiende que, con esa intención y dada la existencia de dos investigaciones paralelas, el Juzgado 035 de Instrucción Penal Militar solicitó que se llevara a cabo la audiencia innominada ante un juez de control de garantías, el cual debía decidir si reclamaba o no la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer el asunto. || Ahora bien, como el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Control de Garantías de Silvia se abstuvo de reclamar o rechazar su competencia y dado que la Fiscalía General de la Nación coincide en que el asunto debe ser tramitado ante la justicia penal militar, en este caso no se planteó propiamente un conflicto de jurisdicciones por ausencia del elemento subjetivo y la Corte debe declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7258 al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Silvia, Cauca, para lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, asunto, militar, instrucción, corte, jurisdicciones, penal, municipal, conflicto, expediente, audiencia]

Auto A-019 de 2026

[Resumen automatizado: Según consta en el expediente, el 9 de octubre de 2025, en la audiencia de formulación de acusación adelantada por el Juzgado 001 Penal del Circuito Especializado de Quibdó, la defensa[2] solicitó conceder el uso de la palabra a la autoridad mayor del Cabildo Mayor Cacaima, correspondiente a los cinco resguardos ubicados en El Carmen de Atrato, Chocó, con el fin de realizar el reclamo de jurisdicción en el presente caso, toda vez que el procesado pertenecería a dicho pueblo indígena. || La juez consideró que el conflicto entre jurisdicciones debía ser promovido por los “sujetos procesales” y que, al existir un reclamo por parte de la autoridad indígena y el ente fiscal en un “sistema de partes”, resultaba procedente remitir el asunto directamente a la Corte Constitucional. || En este caso, ante el reclamo formulado por la autoridad indígena, correspondía a la juez del Juzgado 001 Penal del Circuito Especializado de Quibdó pronunciarse formalmente sobre si la jurisdicción ordinaria mantenía o no la competencia para conocer del proceso, exponiendo las razones constitucionales y legales que fundamentaran su posición. || REMITIR por medio de la Secretaría General de esta Corporación, el expediente CJU-7254 al Juzgado 001 Penal del Circuito Especializado de Quibdó, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados dentro del proceso penal.] - [Palabras claves automatizadas: conflicto, autoridad, competencia, jurisdicciones, indígena, juez, jurisdicción, penal, autoridades, asunto, expediente]

Auto A-018 de 2026

[Resumen automatizado: El 26 de junio de 2025, ese mismo Tribunal declaró su falta de competencia por considerar que el litigio propuesto no cumplía con la cuantía definida para ser conocido por dicha autoridad judicial y, en consecuencia, remitió el proceso para que fuera repartido entre los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de Mocoa. || La autoridad judicial indicó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para resolver el proceso porque se demanda la nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo proferido por una entidad pública. || Dado que en el presente caso el departamento de Putumayo acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de demandar un acto administrativo propio que se pronunció sobre derechos pensionales, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer del proceso. || Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7247 al Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Mocoa, Putumayo, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado 001 Laboral del Circuito de la misma ciudad.] - [Palabras claves automatizadas: administrativo, putumayo, jurisdicciones, corte, constitucional, acto, jurisdicción, contencioso, entidad, competencia, derecho, documento, proceso, nulidad]

Auto A-017 de 2026

[Resumen automatizado: 5. Argumentó que en este caso se cumplían todos los elementos desarrollados por la Corte Constitucional para activar la competencia de la JEI, debido a que (i) el Cabildo de Primavera reconoce al procesado como comunero en ejercicio; (ii) los hechos objeto de investigación ocurrieron en el sector Blanco, que hace parte del espacio geográfico del resguardo; (iii) la comunidad indígena ya ha juzgado y sancionado casos similares; y (iv) esta cuenta con un andamiaje institucional que ejerce coerción social y cuyas autoridades resuelven conflictos y desarmonías. || De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de este Tribunal, la configuración del fuero indígena y la activación de la competencia de la JEI dependerán de un análisis ponderado y razonable de cuatro aspectos: (i) si el procesado pertenece a la comunidad indígena (elemento personal); (ii) el lugar donde ocurrieron los hechos, desde una perspectiva estricta y amplia (elemento territorial); (iii) la naturaleza y titularidad del bien jurídico tutelado (elemento objetivo); y, por último, (iv) si las autoridades indígenas cuentan con la capacidad para impartir justicia y garantizar los derechos del procesado y de las víctimas, en especial cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional (elemento institucional).] - [Palabras claves automatizadas: indígena, proceso, competencia, derechos, autoridades, indígenas, debido, años, comunidad, corte, sala, adolescentes, menores, víctima, si, hechos, penal, institucional]

Auto A-016 de 2026

[Resumen automatizado: La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura y la Superintendencia de Sociedades, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Flor Nayibe Torres Riascos y otros docentes[26] en contra de la Alcaldía Distrital de Buenaventura y la promotora Esmeralda Villamil López. || Segundo, el presupuesto objetivo está acreditado, puesto que las autoridades judiciales se disputan el conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Flor Nayibe Torres Riascos y otros docentes[32] en contra de la Alcaldía Distrital de Buenaventura y la promotora Esmeralda Villamil López respecto del acta de la reunión para la determinación de los acreedores y derechos de voto en el acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio. || Este asunto compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en virtud de los artículos 104 y 155 del CPACA y en aplicación de la regla de decisión fijada en el Auto 946 de 2023, al ser esta la competente para resolver las controversias en las que se pretenda la nulidad de actos administrativos emitidos por autoridades administrativas, entre ellas, las de orden municipal.] - [Palabras claves automatizadas: nulidad, superintendencia, ley, buenaventura, administrativos, derecho, acuerdo, competencia, administrativo, actos, orden, jurisdicción]

Auto A-015 de 2026

[Resumen automatizado: Sostuvo que, con fundamento en el artículo 20 de la Ley 2126 de 2021, la autoridad competente para conocer y continuar con el trámite es la Comisaría de Familia de los Mártires por ser el lugar de domicilio de la víctima. || Esta disposición no confiere a la Corte Constitucional la facultad de resolver conflictos de competencia que se susciten entre autoridades judiciales que forman parte de una misma jurisdicción[12], puesto que estos deben ser resueltos al interior de dichas jurisdicciones. || El artículo 18 de la Ley 270 de 1996 establece que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial resolver los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades judiciales que forman parte de la jurisdicción ordinaria. || Por lo expuesto, la Corte Constitucional se declarará inhibida para dirimir este asunto y enviará el expediente a la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a los interesados. || Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7242 a la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, corte, jurisdicción, constitucional, autoridades, sala, conflictos, conflicto, ley, resolver]

Auto A-014 de 2026

[Resumen automatizado: En el Auto mencionado la Corte Constitucional también recordó que, si bien por regla general la JCA es la que conoce de demandas presentadas en ejercicio del medio de control de reparación directa, en ocasiones, el fuero de atracción opera como un fenómeno procesal que extiende la competencia del juez administrativo a personas de derecho privado, en los casos en que estas son demandadas de forma concomitante con sujetos de derecho público, por lo cual, dicha�jurisdicción ostenta la competencia para resolver la causa donde comparecen unos y otros. || No obstante, conforme a lo establecido por esta Corporación en el Auto 1517 de 2022, la naturaleza de la relación laboral del trabajador fallecido no resulta determinante para definir la jurisdicción competente, cuando los demandantes, a través del medio de control de reparación directa, atribuyen la responsabilidad del daño de manera concurrente a entidades públicas y a sujetos de derecho privado y reclaman la indemnización correspondiente por la muerte del trabajador, imputando a las primeras una falla del servicio.] - [Palabras claves automatizadas: entidades, barranquilla, jurisdicción, muerte, reparación, directa, trabajador, responsabilidad, laboral, competencia, conflicto, derecho, públicas]

Auto A-013 de 2026

[Resumen automatizado: La empresa Pollo Andino S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación Ministerio del Trabajo, con el fin de que se declare la nulidad de tres actos administrativos expedidos por dicha entidad, a saber: (i) la Resolución 3500 del 26 de agosto de 2022, mediante la cual se convocó e integró un tribunal de arbitramento para resolver el conflicto laboral colectivo suscitado entre la empresa Pollo Andino S.A. y la organización sindical Sintraimagra S.A.; (ii) la Resolución 2756 del 14 de agosto de 2023, que resolvió un recurso de reposición y revocó el Auto 000113 del 4 de noviembre de 2022, en cuanto dispuso el archivo de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento antes referida; y (iii) la Resolución 4103 del 19 de octubre de 2023, que confirmó la Resolución 3500 de 2022 y dispuso el término para instalar el tribunal de arbitramento. || Para sustentar su decisión, la funcionaria judicial recordó que, si bien a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, le corresponde conocer de las acciones relacionadas con el fuero sindical, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conserva la competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos, siempre que se invoquen las causales previstas en el artículo 137 del CPACA, en atención a lo señalado en el Auto 034 de 2023 de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, jurisdicción, laboral, corte, nulidad, tribunal, ministerio, en, trabajo, administrativo, constitucional, conflicto, jurisdicciones, convocatoria]

Auto A-012 de 2026

[Resumen automatizado: El Juzgado 005 Administrativo de Yopal, Casanare, mediante auto del 6 de octubre de 2025, declaró su falta de competencia para conocer del asunto, propuso conflicto negativo de jurisdicciones y remitió el expediente a la Corte Constitucional[10]. || En la demanda se explicó que el convenio fue liquidado por mutuo acuerdo y sus pagarés, cartas de compromiso y contratos de los créditos de ejecución fueron trasferidos a la Gobernación de Casanare, la cual el 27 de octubre del 2015[16] realizó la cesión de dichos derechos y obligaciones al IFC mediante endoso en procuración del título. || El Juzgado 005 Administrativo de Yopal, Casanare, mediante providencia del 6 de octubre de 2025, declaró su falta de competencia para conocer del asunto, propuso conflicto negativo de jurisdicciones y remitió el expediente a la Corte Constitucional[20]. || El Juzgado expuso que la competencia del asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria, pues se pretende la ejecución de un pagaré emitido por el ICETEX en virtud de un convenio entre la entidad y la Gobernación de Casanare quien a su vez cedió al IFC los derechos y obligaciones.] - [Palabras claves automatizadas: casanare, jurisdicción, corte, gobernación, competencia, conocer, constitucional, título, conflicto, valor, civil, jurisdicciones, asunto]

Auto A-011 de 2026

[Resumen automatizado: Sin embargo, sostuvo que tal acto administrativo no se subsume bajo ninguna de las categorías de títulos ejecutivos que prevé el numeral 6 del artículo 104 del CPACA, por lo cual, en virtud de la cláusula residual de competencia del artículo 15 del CGP[10], la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil debe conocer del asunto. || La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 003 Civil Municipal de Jamundí y el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Cali, sobre la competencia para conocer la demanda ejecutiva interpuesta por el señor Jairo Isaza Pérez en contra de la CVDMJ. || A partir de estas premisas, en el Auto 360 de 2025, la Sala Plena estableció la siguiente regla de decisión: “[c]uando se pretenda la ejecución de una obligación contenida en un acto administrativo que no se enmarque en alguno de los enunciados en el numeral 6º del artículo 104 del CPACA, el conocimiento de esa demanda corresponderá a los jueces que integran la Jurisdicción Ordinaria en la�especialidad Civil, teniendo en cuenta la competencia residual fijada en el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 15 del Código General del Proceso”.] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, corte, jurisdicciones, administrativo, demanda, constitucional, competencia, conocer, municipal, ordinaria, vivienda, civil, sala]

Auto A-010 de 2026

[Resumen automatizado: En la providencia mencionada, el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres (Nariño) señaló que, aunque la Constitución reconoce el principio del pluralismo y protege la Jurisdicción Especial Indígena, en este caso no se cumplen los requisitos para que dicha jurisdicción conozca de la demanda presentada por la señora Mónica Cecilia Fuertes Delgado contra la IPS Julián Carlosama. || De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional[27], la configuración del fuero indígena y la activación de la competencia de la jurisdicción especial indígena (JEI) dependerá de un análisis ponderado[28] de cuatro aspectos: (i) si el procesado pertenece a la comunidad indígena (factor personal); (ii) el lugar donde ocurrieron los hechos, desde una perspectiva estricta y amplia (factor territorial); (iii) la naturaleza y titularidad del bien jurídico tutelado (factor objetivo); y, por último, (iv) si las autoridades ancestrales cuentan con la capacidad para impartir justicia y garantizar los derechos del procesado y de las víctimas, en especial cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional (factor institucional). || En los Autos 738 de 2022 y 636 de 2024, la Corte Constitucional abordó la naturaleza jurídica de las IPS indígenas y señaló que estas constituyen entidades de derecho público especial, por cuanto corresponden a instancias, organismos e instituciones de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, corte, comunidad, constitucional, jurisdicción, auto, derecho, autoridades, indígenas, factor, especial, naturaleza, sala, parte]

Auto A-009 de 2026

[Resumen automatizado: El ente territorial apeló la decisión y, mediante providencia del 31 de agosto de 2025, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[4] (i) declaró la nulidad de todo lo actuado desde la sentencia de primera instancia, incluida esta, (ii) declaró su falta de jurisdicción para conocer del proceso, (iii) propuso un conflicto negativo de jurisdicción y (iv) ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional. || En el Auto 447 de 2021 esta Corte definió que, cuando se interpone el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la validez de actos administrativos proferidos dentro de un proceso coactivo y se pretende la restitución de recursos al sistema de salud, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. || En coherencia con lo decidido en el Auto 1385 de 2022, en esta nueva ocasión la Sala concluyó que: (i) la regla de competencia prevista en el artículo 2.4 del CPTSS no era aplicable, pues la controversia se refería al pago de servicios ya prestados y no a la prestación misma de servicios de seguridad social y (ii) las pretensiones de Compensar se dirigían a obtener la nulidad de las resoluciones mediante las cuales el departamento constituyó un título ejecutivo y declaró a la EPS deudora por ciertas incapacidades.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, jurisdicción, administrativo, actos, nulidad, competencia, administrativos, conocer, auto, conflicto, departamento, corte, jurisdicciones]

Auto A-008 de 2026

[Resumen automatizado: Mediante auto del 23 de octubre de 2025, el magistrado ponente decretó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar: (i) si al interior de la comunidad indígena se profirió decisión definitiva respecto de los hechos investigados, lo cual resulta determinante para analizar la eventual configuración de la cosa juzgada en el conflicto bajo examen, y (ii) la concurrencia de los factores que estructuran el fuero especial indígena. || De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de este Tribunal, la configuración del fuero indígena y la activación de la competencia de la jurisdicción especial indígena dependerán de un análisis ponderado de cuatro aspectos: (i) si el procesado pertenece a la comunidad indígena (elemento personal); (ii) el lugar donde ocurrieron los hechos, desde una perspectiva estricta y amplia (elemento territorial); (iii) la naturaleza y titularidad del bien jurídico tutelado (elemento objetivo); y, por último, (iv) si las autoridades indígenas cuentan con la capacidad para impartir justicia y garantizar los derechos del procesado y de las víctimas, en especial cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional (elemento institucional).] - [Palabras claves automatizadas: indígena, jurisdicción, especial, comunidad, víctima, proceso, derechos, niña, protección, hechos, si, competencia]

Auto A-007 de 2026

[Resumen automatizado: Según la información que obra en el expediente, la señora�Maira Alejandra Angarita Meléndez�indicó que estuvo vinculada laboralmente a la�Universidad Francisco de Paula Santander�desde el�07 de septiembre de 2016�hasta el�30 de junio de 2020, desempeñándose como�auxiliar de cocina, y desde el�01 de julio de 2020�hasta el�30 de diciembre de 2022, como�auxiliar administrativa de apoyo�en las actividades de campo y administrativas programadas por el�Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo�de la institución educativa. || En segunda instancia, el proceso correspondió al�Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral, el cual, mediante�providencia del 17 de junio de 2025,�declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia del 18 de febrero de 2025�y, en su lugar,�declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto, al considerar que, en virtud de la�naturaleza jurídica de la institución de educación superior�y de sus�estatutos internos (Acuerdo 048 de 2007), la labor desempeñada por la demandante�la constituye como empleada pública, dada su�vinculación final como auxiliar administrativa de apoyo�en las actividades de campo y administrativas programadas por el�Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo[5].] - [Palabras claves automatizadas: jurisdicción, laboral, conflicto, sala, administrativo, corte, jurisdicciones, en, pago, mediante, conocer, constitucional, ley, autoridades, competencia, se, ordinaria, expediente]

Auto A-006 de 2026

[Resumen automatizado: En razón a la gravedad de los hechos denunciados por parte de Mariela, la Comisaría de Familia de municipio de Sibundoy profirió el 25 de febrero de 2025 Auto mediante el que impuso una medida de protección provisional en favor de la denunciante, consistente en conminar a Ernesto, “cesar de forma inmediata y sin ninguna condición, todo acto de violencia física, verbal y psicológica”[2] en contra de la denunciante. || Ese mismo día, la Comisaria de Familia de Sibundoy, remitió oficio al Taita Gobernador del Cabildo Kamëntsá Biya, donde informó los hechos relacionados con la presunta violencia en contexto familiar perpetrada a Mariela, por lo que informó a la autoridad indígena la necesidad de que “se defina la competencia de este asunto para poder realizar las acciones pertinentes”[5] en favor de la denunciante. || En segundo lugar, la Corte Constitucional ha proferido múltiples pronunciamientos que resuelven conflictos entre jurisdicciones, donde una de las partes del conflicto es el Resguardo Indígena Kamëntsá Biya de Sibundoy. || En razón a la falta de información sobre estos elementos y la especial nocividad que revisten las conductas de violencia de género, el magistrado ponente procedió al decreto oficioso de pruebas, sin obtener ningún pronunciamiento por parte de las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Kamëntsá Biya de Sibundoy.] - [Palabras claves automatizadas: violencia, constitucional, corte, indígena, autoridades, comunidad, familiar, conflicto, putumayo, parte, contexto, competencia, protección, sala, indígenas, jurisdicciones]

Auto A-005 de 2026

[Resumen automatizado: Remita a la Secretaría General de la Corte en el término de un (1) día hábil copia auténtica de la objeción gubernamental de fecha 29 de mayo de 2025 al proyecto de ley No. 170 de 2024 Senado -321 de 2023 Cámara, "por medio del cual se declara patrimonio genético nacional la raza autóctona del caballo de diagonales colombianos con sus tres andares: trote y galope colombianos, trocha y galope colombianos y trocha colombiana, y se dictan otras disposiciones". || Lo anterior al establecer el despacho sustanciador que la copia del expediente legislativo enviado a la presidencia de la Corte por el secretario general del Senado no contiene la totalidad de los elementos probatorios necesarios (conducentes y útiles) para proferir una decisión sobre la constitucionalidad de las objeciones gubernamentales[2]. || SUSPENDER EL TRÁMITE de revisión de las objeciones gubernamentales por inconstitucionalidad sobre el proyecto de ley número 170 de 2024 Senado y 321 de 2023 Cámara, "[p]or medio del cual se declara patrimonio genético nacional la raza autóctona del caballo de diagonales colombianos con sus tres andares: trote y galope colombianos, trocha y galope colombianos y trocha colombiana, y dictan otras disposiciones", desde la fecha de esta providencia y hasta tanto se cumplan los presupuestos constitucionales y legales para adoptar la decisión correspondiente.] - [Palabras claves automatizadas: objeciones, secretaría, gubernamentales, senado, corte, ley, cámara, proyecto, general, informe, república]

Auto A-004 de 2026

[Resumen automatizado: En ejercicio de esta competencia, el despacho solicitará respetuosamente al Ministerio de Defensa Nacional remitir una copia digital de todos los actos administrativos vigentes relacionados con la naturaleza jurídica y las funciones del Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y el Comando Conjunto Estratégico de Transición, así como de cualquier otra dependencia o unidad de la fuerza pública vinculada a la implementación de las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo Final de Paz. Lo anterior, con el objetivo de que esta Sala pueda incluir dicha información en su archivo sobre la institucionalidad relacionada con el cumplimiento de las órdenes dictadas en la Sentencia SU-020 de 2022 y de los demás autos de seguimiento proferidos por esta Sala Especial, al igual que la superación del estado de cosas inconstitucional. || SOLICITAR RESPETUOSAMENTE al Ministerio de Defensa Nacional REMITIR una copia digital de todos los actos administrativos que deroguen, adicionen, modifiquen y/o sustituyan aquellos relacionados con la naturaleza jurídica y las funciones del Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y el Comando Conjunto Estratégico de Transición, así como de cualquier otra dependencia o unidad de la fuerza pública vinculada a la implementación de las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo Final de Paz, en los diez (10) días siguientes a la notificación de este auto.] - [Palabras claves automatizadas: sala, paz, acuerdo, final, sentencia, inconstitucional, corte, garantías, especial, seguridad, pública, constitucional, nacional]

Auto A-003 de 2026

[Resumen automatizado: Referencia: solicitud de ampliación del término para remitir información en respuesta al Auto 1929 de 2025 Comisión Colombiana de Juristas. || La suscrita magistrada, como presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente decisión con base en las siguientes, || Mediante el Auto 1929 de 2025, esta Sala invitó, entre otras organizaciones, a la Comisión Colombiana de Juristas para que, en el término de quince (15) días contados a partir de la comunicación de dicha providencia, respondiera los cuestionarios contenidos en los Anexos I y III, en el marco del proceso de valoración global del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. || Ahora bien, aunque la solicitud no precisa un término específico, de lo expuesto se infiere que el trabajo de campo se extenderá hasta el viernes veintitrés (23) de enero de 2026, por lo cual se requiere un tiempo adicional para procesar la información recolectada e incorporarla en las respuestas al cuestionario. || ACCEDER a la solicitud presentada por la Comisión Colombiana de Juristas de ampliación prudencial del término para remitir la información requerida en el Auto 1929 de 2025.] - [Palabras claves automatizadas: información, término, comisión, seguimiento, respuestas, colombiana, trabajo, sentencia, sala, consecuencia, solicitud, enero, ampliación]

Auto A-002 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-002-2026

Auto A-001 de 2026

Corte Constitucional, Auto A-001-2026

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