REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 061 DE 2026
Referencia: expediente ICC-5248
Conflicto aparente de competencia presentado entre el Juzgado 002 de Familia del Circuito de Fusagasugá y el Juzgado 001 Civil Municipal de la misma ciudad.
Magistrada ponente:
Lina Marcela Escobar Martínez
Bogotá D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente
AUTO
ANTECEDENTES
- Acción de tutela. Helena Sánchez Camacho, mayor de edad, con domicilio y residencia en Fusagasugá, presentó acción de tutela en contra de la Nueva EPS, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad human .
- La accionante afirmó que se encuentra afiliada a la Nueva EPS, enlistó diversos diagnósticos y medicamentos prescritos por su médico tratante para diversos padecimientos, desde enero de 2025; y sostuvo que, a la fecha de presentación de la tutela, la EPS no había suministrado los medicamentos requeridos, los cuales son costosos y vitales para su tratamiento. En consecuencia, la convocante solicitó ordenar a la Nueva EPS autorizar y entregar los medicamentos prescritos, autorizar y materializar los exámenes requeridos, y garantizar la prestación de servicios de salud sin dilaciones administrativa.
- Declaraciones de falta de competencia. El trámite se asigntutelasjmpalfusa@cendoj.ramajudicial.gov.co al Juzgado 002 de Familia del Circuito de Fusagasugá, autoridad judicial que, a través de Auto del 3 de diciembre de 2025, devolvió la diligencia para ser repartida entre los jueces municipale. Expuso que, la tutela se radicó expresamente ante los jueces municipales y se remitió a los juzgados del circuito por razones de competencia, sin que existiera un auto como soporte de la actuación. Recordó que las reglas contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, no autoriza a los jueces de tutela a abstenerse de conocer los asuntos que les son asignados; y que la Corte Constitucional en el Auto 403 de 2023 precisó que, “frente a conflictos derivados de la aplicación de las reglas de reparto, cuando dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente deberá remitirse a aquella a la que inicialmente se repartió, con el fin de que decida de manera inmediata, sin consideraciones adicionales.
- Sumado a lo anterior, indicó que eventualmente podría habilitarse su competencia para conocer el asunto en primera instancia, con ocasión de la vinculación de la Superintendencia Nacional de Salud, anunciada en el escrito de tutela, pero que dicha vinculación era aparente pues no se atribuía vulneración alguna de derechos fundamentales. Sobre el particular, reseñó una decisión de la Corte Suprema de Justicia en la cual se sostuvo que “no puede asumirse que, por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario.
- Surtido el segundo reparto, el Juzgado 001 Civil Municipal de Fusagasugá, mediante Auto del 4 de diciembre de 2025, declaró la falta de competencia para conocer el asunto, promovió conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constituciona. En primer lugar, precisó que, ante la inexistencia de una oficina de reparto en el circuito judicial, semanalmente, uno de los juzgados, tanto de la categoría municipal como circuito, cumple la labor administrativa de repartir, asignar y entregar las acciones de tutela a los diferentes despachos; y que, el juzgado municipal que cumplía la labor de reparto redirigió la demanda al correo de radicación de los jueces del circuito.
- Luego, manifestó que el asunto en estudio redunda en una situación administrativa, ajustada a lo establecido en el parágrafo 3 del Decreto 333 de 2021, cuyo texto señala que “las personas pueden interponer la acción de tutela ante cualquier juzgado, el cual tendrá la obligación de remitir el caso a la corporación judicial que corresponda”. De acuerdo con lo anterior, afirmó que el juez de familia no resolvió sobre la admisión o rechazo de la demanda, lo cual desnaturalizó el objeto del auxilio constitucional y desconoció lo establecido en el Decreto 333 de 2022, los criterios de competencia reconocidos por la Corte Constituciona y que, en materia de acciones de tutela, todos los jueces, tribunales y altas cortes asumen la investidura de jueces constitucionales.
- Reparto al despacho sustanciador. El expediente fue remitido a esta Corporación el 4 de diciembre de 202 y fue repartido al despacho sustanciador en sesión de Sala Plena del 10 de diciembre del mismo año.
- Competencia. La Corte ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 199; de modo que, su competencia sólo se activa en aquellos casos en que la mencionada norma no prevea la autoridad judicial encargada de asumir el trámite, o aun cuando la definan, se requiera dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, a fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentale.
- , pues las autoridades judiciales en disputa forman parte de especialidades diferentes de la jurisdicción ordinaria y pertenecen al mismo distrito judicial. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
- Factores de competencia en materia de tutel. Únicamente son tres y se encuentran en los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio (adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017), y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991; a saber, (i) Territorial: son competentes «a prevención» los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza, o donde se producen sus efecto. (ii) Subjetivo: se aplica a casos de acciones de tutela contra los medios de comunicación y contra las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Pa. (iii) Funcional: únicamente pueden conocer de la impugnación de una sentencia de tutela las autoridades judiciales que sean los «superiores jerárquicos correspondientes», según la jurisprudenci.
- Reglas de reparto. La Corte Constitucional ha establecido que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, no definen reglas de competencia, sino pautas de reparto de acciones de tutela. Por tanto, las autoridades judiciales no pueden usar estos decretos para declarar su falta de competenci . En su lugar, deben tramitar la acción o decidir la impugnación según el caso presentad. Si hay un conflicto de competencia entre autoridades por este motivo, el expediente se remitirá a quien se le repartió primero con el fin de que la acción sea decidida inmediatamente.
- Por otra parte, es preciso mencionar que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo 1472 de 2002 “Por el cual se reglamenta el reparto de los negocios civiles”. En particular, el artículo 2 del mencionado acuerdo hace referencia tanto a las demandas civiles como a las acciones constitucionales y, en su parágrafo, establece que “En los lugares en donde no hubiere Oficina Judicial, oficina de apoyo, oficina de coordinación administrativa y servicios judiciales u oficina de servicios, el reparto se hará por el juzgado de turno hasta tanto se establezca la correspondiente dependencia”.
- La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 002 de Familia del Circuito de Fusagasugá se apartó del conocimiento del asunto con base en reglas de reparto (ver 4 y 5 supra). Por su parte, el Juzgado 001 Civil Municipal de Fusagasugá destacó la inexistencia de una oficina de reparto en el circuito judicial, la posibilidad de los jueces de remitir la tutela a la corporación correspondiente y la postura decantada por esta Corte sobre la aplicación de las reglas de reparto para apartarse del conocimiento de un asunto de tutela (ver 6 y 7 supra).
- Para la Sala, el Juzgado 002 de Familia del Circuito de Fusagasugá no podía declarar su falta de competencia con base en reglas de reparto, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones esta Corte, por lo que debía continuar con el trámite de la acción, ya que fue la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el proceso. Lo anterior, porque al invocar las reglas de reparto para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta, otorgó un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico, y contrarió la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual éstas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela.
- Decisión de la Sala Plena. El Juzgado 002 de Familia del Circuito de Fusagasugá es el competente para resolver, en primera instancia, la acción de tutela, por ser la primera autoridad judicial a la que se le repartió la solicitud de amparo y debido a que no podía invocar reglas de reparto para apartarse del conocimiento de la misma. En este sentido (i) se dejará sin efectos el auto en el que el mencionado juzgado dispuso remitir el asunto a los juzgados municipales, (ii) se le remitirá el expediente para que inmediatamente adopte la decisión a que haya lugar y (iii) se le advertirá para que se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto.
- Además, se le advertirá al Juzgado 001 Civil Municipal de Fusagasugá que cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto por las autoridades establecidas en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018.
CONSIDERACIONES
En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por conducto de las Salas Mixtas del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 199
CASO CONCRETO
DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional
RESUELVE
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 3 de diciembre de 2025, proferido por el Juzgado 002 de Familia del Circuito de Fusagusagá, dentro del trámite de tutela promovido por Helena Sánchez Camacho contra la Nueva EPS.
SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5248 al Juzgado 002 de Familia del Circuito de Fusagasugá para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.
TERCERO. ADVERTIR al Juzgado 002 de Familia del Circuito de Fusagasugá para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.
CUARTO. ADVERTIR al Juzgado 001 Civil Municipal de Fusagasugá, que cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto por las autoridades establecidas en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018.
QUINTO. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICARLE la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante, al Juzgado 002 de Familia del Circuito de Fusagasugá y al Juzgado 001 Civil Municipal de la misma ciudad.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Presidente
Ausente con excusa
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
CARLOS CAMARGO ASSIS
Magistrado
HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Magistrado
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
