REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
AUTO 309 DE 2026
Referencia: Expediente ICC-5312
Asunto: conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Turbo (Antioquia) y el Juzgado 001 Promiscuo de Familia de Apartadó (Antioquia).
Magistrado ponente:
Vladimir Fernández Andrade
Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Nota previa: En observancia de la Circular Interna No. 10 de 2022 de la Presidencia de la Corte Constitucional sobre la anonimización de nombres en las providencias disponibles al público en la página web de la Corte Constitucional, la Sala dispuso que la presente providencia fuera presentada en dos ejemplares. Uno, con los nombres reales y la información completa de la parte accionante, y otro con nombres ficticios. La razón para anonimizar el nombre de los involucrados es que en el conflicto de competencia sub examine hace referencia a información que puede llegar a poner en peligro el derecho a la intimidad del accionante.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 5 de su reglamento interno, profiere el presente Auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES
El señor Mario, a través de su apoderado, el abogado José, presentó acción de tutel en contra de la Unidad de Restitución de Tierras Seccional Apartadó, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la reparación integral y a la vida en condiciones dignas, por cuanto la accionada se habría abstenido de brindar un pronunciamiento sobre la reclamación de restitución de un bien inmueble, del cual el accionante habría sido despojado. Como única pretensión, el accionante reclama que la accionada se pronuncie sobre su solicitud.
El conocimiento del asunto le correspondió por repart al Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Turbo, autoridad judicial que, mediante Auto del 10 de febrero de 202, resolvió abstenerse de conocer de la tutela por falta de competencia territorial, y remitir el expediente a los jueces del circuito de Apartadó. El juez argumentó que “la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el señor Mario estaría ocurriendo en el mentado municipio de Apartadó, pues en el escrito tutelante señaló que la Unidad de Restitución de Tierras – Seccional Apartadó, como entidad accionada, ha omitido pronunciarse frente a una reclamación que aparentemente presentó”.
Efectuado el nuevo repart, el proceso le correspondió al Juzgado 001 Promiscuo de Familia de Apartadó, autoridad que, mediante Auto del 12 de febrero de 202, resolvió abstenerse de avocar el conocimiento de la tutela, y en su lugar remitir el expediente a la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto de competencia planteado. Como fundamento de su decisión, el juez indicó que adelantó averiguaciones con la parte accionant, consistentes en llamadas telefónicas, determinando que el demandante reside en el municipio de Turbo, por lo que “innegablemente es allí donde presuntamente se concretan los efectos de la vulneración alegada”; y de conformidad con el factor territorial de competencia, los jueces de dicho municipio tenían competencia para conocer de la tutela.
El 12 de febrero de 2026, el Juzgado 001 Promiscuo de Familia de Apartadó envió el expediente a la Corte Constituciona. El 18 de febrero de 2026, la Sala Plena lo repartió, y al día siguiente fue remitido al despacho del magistrado ponente.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 199. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residua y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentale, tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.
En la presente oportunidad, este Tribunal está facultado para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, pese a integrar funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, desde una perspectiva orgánica, carecen de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté facultada para solucionar la colisión suscitada.
De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, “a prevención”, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efecto; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las Autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.
Este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante pues, en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 199, se ha interpretado que existe un interés del Legislador en proteger la libertad del actor, en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promove.
De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionant o al sitio donde tenga su sede el ente demandad. En efecto, la Corte ha expresado que la competencia por este factor corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta violación de los derechos fundamentales o donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio o sede de alguna de las partes.
III. CASO CONCRETO
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
- Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en el factor territorial, toda vez que el Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Turbo fundamentó su falta de competencia argumentando que la presunta vulneración de los derechos del accionante habría ocurrido en el municipio de Apartadó, por ser el lugar donde se ubica la entidad accionada; mientras que el Juzgado 001 Promiscuo de Familia de Apartadó se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela, alegando que en el municipio de Turbo se concretaban los efectos de la vulnera
- La Sala considera que, en efecto, la vulneración de los derechos fundamentales del accionante habría ocurrido en el municipio de Apartadó, pues es allí donde la entidad accionada tiene su sede, y donde habría ejercido las actuaciones u omisiones que el accionante cuestiona, al no haberse pronunciado sobre su solicitud de restitución. En ese sentido, el Juzgado 001 Promiscuo de Familia de Apartadó sería competente para conocer de la tutela en virtud del factor territorial.
- Por otra parte, la Sala estima que en el municipio de Turbo se extienden los efectos de la vulneración alegada por el accionante, toda vez que aquel informó que está domiciliado en dicho ente territorial, y en tal sentido ese sería el lugar en donde se ve afectado en sus derechos fundamentales a la reparación integral y a la vida en condiciones dignas, pues es el sitio donde se materializan los efectos de la insatisfacción de sus prerrogativas fundamentales, y el sitio en el que pretende obtener un pronunciamiento por parte de la entidad accionada en el trámite de restitución de tierras. En ese orden de ideas, el Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Turbo también sería competente para conocer de la tutela en virtud del factor territorial.
- Por lo anterior, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias entre las autoridades en conflicto, esta Corporación considera necesario aplicar el criterio a prevención, privilegiando la elección del demandante, y asignando el conocimiento de la tutela al Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Turbo, por ser tal lugar donde se habría radicado inicialmente la acción de tutel. En ese sentido, la Corte dejará sin efectos el Auto del 10 de febrero de 2026, y enviará el expediente ICC-5312 al Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Turbo para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya luga.
DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 10 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Turbo, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por el señor Mario en contra de la Unidad de Restitución de Tierras Seccional Apartadó.
SEGUNDO: REMITIR el expediente ICC-5312 al Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Turbo para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.
TERCERO: Por la Secretaría General de esta corporación, COMUNICAR la presente decisión a la parte demandante, al Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Turbo y al Juzgado 001 Promiscuo de Familia de Apartadó.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
CARLOS CAMARGO ASSIS
Magistrado
HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Magistrado
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
