Auto 533 de 2026
M.S. Lina Marcela Escobar Martínez
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
AUTO 533 DE 2026
Referencia: expediente RE-391. Revisión del Decreto Legislativo 173 del 24 de febrero de 2026, "[p]or el cual se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026".
Tema: medida de suspensión parcial y provisional sobre el Decreto Legislativo 173 de 2026.
Magistrada sustanciadora: Lina Marcela Escobar Martínez.
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, procede a emitir la presente providencia.
I. ANTECEDENTES
La norma objeto de análisis
En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 215 de la Constitución Política de 1991, el presidente de la República profirió el Decreto Legislativo 150 de 2026, "[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional".
En virtud de dicha declaratoria, el presidente luego promulgó el Decreto Legislativo 173 del 24 de febrero de 2026, "[p]or el cual se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026".
En resumen, esta norma crea un nuevo grupo de sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, a saber, las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta. Este tributo se genera cuando la persona jurídica tenga un patrimonio líquido mayor a 200.000 UVT ($10.474.800.000). Asimismo, les fija unas tarifas diferenciadas del 0,5% como marco general y 1.6% para el sector financiero y extractivo.
| impuesto al patrimonio – decreto 173 de 2026 | |
| Elemento del impuesto | Descripción |
| Sujeto pasivo (D. 173/26, art. 1) | - Personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta, con patrimonio líquido al 1º de marzo de 2026 igual o superior a 200.000 UVT ($10.474.800.000). - No sujetos: empresas del sector salud; empresas intervenidas por el Estado; empresas de servicios públicos en zonas de emergencia. |
| Hecho generador (D. 173/26, art. 2) | - Causación: Posesión de patrimonio líquido ? 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026. - Patrimonio líquido = patrimonio bruto – deudas vigentes. - Regla "antielusión": en escisiones cercanas a la fecha, se suman patrimonios para verificar el umbral. |
| Base gravable y exclusiones (D. 173/26, art. 4) | - Base: patrimonio líquido al 1 de marzo de 2026. - Exclusiones principales: (i) acciones o participaciones en sociedades nacionales; (ii) activos ambientales de empresas de acueducto; (iii) reservas técnicas de Fogafín y Fogacoop y (iv) Aportes en entidades del régimen tributario especial (art. 19-4 ET). |
| Tarifa (D. 173/26, art. 3) | - 0,5%: tarifa general. -1,6%: tarifa especial para (i) sector financiero y (ii) sector de actividades extractivas (carbón y petróleo). |
| Declaración, pago y control (D. 173/26, art. 5) | - Declaración: debe realizarse el 1º de abril de 2026. - Pago en dos cuotas: 50% al 1 de abril de 2026 y el 50% restante el 4 de mayo de 2026. - Se refuerzan controles: ajustes artificiosos del patrimonio – sanción por inexactitud (art. 647 del ET). |
Si bien en Colombia ya existe, en virtud de la Ley 2277 de 2022, un impuesto permanente al patrimonio sobre las personas naturales, el Decreto Legislativo 173 de 2026 amplió transitoriamente los sujetos destinatarios del tributo, para incluir a las personas jurídicas en los términos recién expuestos.
Trámite ante la Corte Constitucional
El 25 de febrero de 2026, el secretario jurídico de la Presidencia de la República remitió por correo electrónico a la Corte Constitucional el Decreto Legislativo 173 de 2026, junto con la copia del Diario Oficial No. 53.409 del 24 de febrero de 2026 y del Decreto ordinario 475 del 28 de abril de 2025[1]. Este asunto fue asignado a la magistrada sustanciadora bajo el radicado RE-391.
La magistrada sustanciadora, mediante el Auto del 03 de marzo de 2026, asumió el conocimiento del asunto. Igualmente dispuso, entre otras cosas, que luego de vencido el período probatorio, y allegadas y valoradas las pruebas, se fijaría en lista el proceso, se convocaría a algunas autoridades e instituciones y se daría traslado al procurador general de la Nación.
El 10 de marzo de 2026 venció el término de pruebas. Examinados preliminarmente los documentos aportados, el despacho sustanciador observó que algunas entidades territoriales enviaron sus respuestas a la Corte[2]. Sin embargo, la presidencia de la República, a quien se formularon múltiples preguntas guardó silencio.
Visto lo anterior, y en tanto que esta información era importante para analizar el expediente, la magistrada sustanciadora estimó procedente requerir a las entidades territoriales que aún no habían enviado su respuesta a la Corte para que lo hicieran y a la presidencia de la República para que contestara cada una de las preguntas formuladas en el auto que avocó conocimiento.
El 06 de abril de 2026, la presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público enviaron un informe conjunto en el que responden las preguntas formuladas en el auto que avocó conocimiento.
Con corte al 10 de abril de 2026, y si bien aún no ha iniciado la etapa de fijación en lista, se recibieron 28 intervenciones, las cuales solicitan la inexequibilidad parcial o total del Decreto 173 de 2026. Además, de este total, 23 intervenciones pidieron su suspensión provisional.
El 14 de abril de 2026, la magistrada sustanciadora solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que informara la suma recaudada en la primera cuota del impuesto al patrimonio prevista para el 1º de abril de 2026. También ordenó el traslado de varias pruebas que obran en el expediente RE-390, con relación a las necesidades derivadas de la emergencia, así como el recaudo estimado[4].
Por último, el 23 de abril de 2026, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitió un informe con el que desarrolla el alcance de su intervención en los expedientes RE-390, RE-391, RE-403 y RE-404. De manera puntual, dicha cartera aportó argumentos para sustentar la necesidad del gasto adicional para conjurar la emergencia[5].
II. CONSIDERACIONES
Competencia
La Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la suspensión provisional del Decreto Legislativo 173 de 2026, con fundamento en el artículo 241.7 de la Carta Política.
Las condiciones excepcionales que justifican la medida de suspensión provisional de una norma
La jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional ha abordado la figura de la suspensión provisional de normas sujetas a control, decantando una serie de condiciones que deben cumplirse para que dicha figura pueda aplicarse. En particular, se resaltan los autos A-272 de 2023 y A-082 de 2026.
4.1 El Auto 272 de 2023
El Auto 272 de 2023 resolvió una solicitud de suspensión presentada por un ciudadano en el marco de un proceso de acción pública de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos de la Ley 2272 de 2022[6].
Luego de referirse al control constitucional ejercido por la Corte y su relación con el principio de protección a la integridad y la supremacía constitucional (C.P. art. 4.), el auto hace referencia a dos circunstancias que justificarían la suspensión provisional de normas sujetas a control constitucional: (i) la existencia de normas manifiestamente inconstitucionales que logran aplicación definitiva; (ii) normas manifiestamente inconstitucionales que, al retrotraerse, generan efectos particularmente gravosos para los derechos fundamentales o cuyos efectos no pueden retrotraerse, denominando este último evento como efectos inexpugnables[7].
En particular, la Corte enfatizó el carácter irreversible o irremediable de los efectos como fundamento para la suspensión, toda vez que se trata de normas abierta o manifiestamente inconstitucionales que "de mantenerse vigentes durante el proceso de revisión de constitucionalidad e inclusive, que si se declaran inexequibles aún con efectos retroactivos, suponen la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a la situación anterior que se consolida con su ejecución o su aplicación durante su vigencia, o como de manera análoga ha ido analizado en sede de control concreto de constitucionalidad, como aquel que no es susceptible de ser reestablecido en sus consecuencias jurídicas"[8].
En cuanto a la aplicación de la figura de la suspensión provisional de actos sometidos a control, el Auto 272 de 2023 resaltó que dicha institución debe tener un carácter excepcional, toda vez que el decreto de tal medida puede entrar en conflicto con el principio democrático, representado en la presunción de constitucionalidad de las leyes. Por ende, enfatizó que el uso de tal institución debe partir de la autorrestricción judicial y que solo procede bajo el cumplimiento de estándares estrictos[9], los cuales corresponden a las siguientes condiciones:
(i) El uso excepcional de la medida de suspensión provisional, por lo que el uso de dicha facultad no corresponde a una autorización general para su uso y debe ser considerada como una medida de último recurso.
(ii) La disposición a suspender debe ser, a primera vista, abierta o manifiestamente inconstitucional, por vulnerar derechos fundamentales, violar claros mandatos constitucionales, o contener regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionadas.
(iii) La disposición a suspender debe producir un efecto irremediable o eludir el control constitucional.
(iv) La medida de suspensión, para que proceda, debe superar un juicio estricto de proporcionalidad.
(v) La decisión de suspensión requiere el voto favorable de la mayoría de los magistrados y magistradas de la Corte.
(vi) La suspensión solo procede a solicitud de cualquier magistrado y, en caso de adoptarse, debe determinar su alcance y duración.
Sin embargo, al analizar el caso concreto, la Sala Plena resolvió negar la solicitud de suspensión provisional formulada por el demandante. En cambio, dispuso impartir el trámite de urgencia al proceso.
4.2. El Auto 082 de 2026
El Auto 082 de 2026 resolvió una solicitud de suspensión provisional radicada por un magistrado de la Corte Constitucional, el cual era ponente dentro de un proceso de control automático del Decreto 1390 de 2025 "[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional".
La Sala Plena encontró configuradas las condiciones que habilitan la suspensión del referido decreto. Esta fue la primera vez que la Corte Constitucional empleó las facultades de suspensión provisional dentro de un trámite de control abstracto. Tal providencia, a su vez, le permitió a la Corte avanzar en la doctrina sobre la suspensión provisional de normas sujetas a control constitucional, por medio de la adopción de un test que, al tiempo, que precisa las etapas de análisis, recuerda la excepcionalidad de estas medidas y el carácter de autorrestricción que debe guiar al juez constitucional.
En este sentido, el Auto 082 de 2026 reseñó que el Auto 272 de 2023 estableció que del artículo 4° de la Carta "se deriva la posibilidad de suspender provisionalmente las normas sometidas a su escrutinio como una medida excepcional, pero necesaria, para garantizar la efectividad del principio de supremacía de la Constitución"[10]. Agregó que dicha medida sería necesaria puesto que "pueden presentarse escenarios excepcionales en los que ni siquiera una figura como la inexequibilidad con efectos retroactivos resultaría suficiente para contrarrestar adecuadamente los impactos de una norma manifiestamente inconstitucional, especialmente cuando esta produce efectos inmediatos, irreversibles o cuando existe el riesgo de que se eluda el control constitucional".
La suspensión provisional de normas sujetas a control constitucional tiene un carácter excepcional pues la Corte solo la puede decretar cuando concurran de manera estricta y verificable los presupuestos constitucionales que la justifican, razón por la cual esta Corporación debe actuar con especial autocontención judicial y máxima moderación; provisoria, ya que su finalidad es temporal, no de carácter definitivo, por lo que su objeto se cumple al suspender los efectos de la norma sometida al examen de constitucionalidad, hasta cuando culmine el respectivo trámite, de tal suerte que no constituye un prejuzgamiento sobre la constitucionalidad de la medida; y cautelar, en cuanto previene que se causen efectos graves desde la perspectiva constitucional, imposibles de revertir o difícilmente reversibles[12].
Asimismo, el mencionado Auto 082 de 2026 enfatizó que las medidas tributarias, en particular las indirectas, pueden contener elementos de irreversibilidad debido a las dificultades para retrotraer los efectos de estas medidas, incluso a través de sentencias de declaratoria de inexequibilidad con efectos retroactivos[13]. Valoró la irreversibilidad al momento de evaluar la proporcionalidad estricta de la medida.
Como jurisprudencia anunciada, la Sala Plena precisó los criterios de procedencia de la suspensión provisional, reconociendo que "[l]o que ahora se hace por medio de la jurisprudencia anunciada es continuar con el desarrollo de lo establecido en el auto 272 de 2023, pues esa providencia no decantó por completo la doctrina sobre la suspensión provisional de normas sujetas a control de constitucionalidad ni los presupuestos para su procedencia"[15]. Así, el test "se trata de una herramienta metodológica que ordena y hace explícito el razonamiento constitucional, con el fin de garantizar, en la mayor medida de lo posible, estándares de coherencia, transparencia y control argumentativo en la adopción de la medida"[16]. Este test desarrolla el carácter grave e irreversible que debe justificar la suspensión provisional[17], enfatiza su carácter excepcional y la necesidad de practicar la autorrestricción judicial al emplear esta herramienta.
El mencionado test consta de tres etapas autoconclusivas (no es posible avanzar a la etapa siguiente si la anterior no se supera) que deben superarse para que proceda la suspensión. Estas etapas son:
| Etapa | Análisis y reglas |
| Primera etapa: verificación de supuestos habilitantes | La Corte deberá constatar si se configura alguna de las siguientes hipótesis: Existencia de evidencia preliminar seria de elusión del control de constitucionalidad. Existencia de evidencia preliminar seria sobre anulación de competencias de alguna de las ramas del poder público. Existencia de evidencia preliminar seria sobre afectaciones intensas de derechos fundamentales, procesos democráticos o libertades públicas. Regla: Si no se configura ninguna de estas hipótesis, no procede la suspensión. Si se configura al menos una, se pasa a la segunda etapa. |
| Segunda etapa: gravedad e irreversibilidad de efectos. | La Corte deberá aplicar un segundo filtro y preguntarse de forma preliminar si: ¿Puede la norma objeto de control generar consecuencias de tal magnitud que tornen inocuo o simplemente simbólico el control de constitucionalidad, incluso si el fallo definitivo llegare a modular sus efectos? A título ilustrativo, la aplicación de la norma, mientras se espera la sentencia, puede generar efectos graves difícilmente reversibles como: Serias vulneraciones a los derechos fundamentales (por ejemplo, privaciones indebidas de la libertad, uso ilegítimo de la fuerza o desactivaciones forzadas de una huelga). Alteraciones del equilibrio entre las ramas del poder público, con efectos materiales y jurídicos definitivos. Apropiaciones indebidas de competencias constitucionales en contravía de los principios democrático y de separación de poderes por medio de ejercicio abusivo de poderes excepcionales. Afectaciones a procesos electorales en condiciones de igualdad. Serias afectaciones al patrimonio público (por ejemplo, mediante la transferencia, el compromiso o la ejecución de recursos públicos, la asunción de obligaciones crediticias a cargo del Estado o la venta de activos estatales). Regla: Si la respuesta es negativa, no procede la suspensión. Si la respuesta es afirmativa, se avanza a la tercera etapa |
| Tercera etapa: ponderación de escenarios | En esta última fase, la Corte debe ponderar dos escenarios posibles: Escenario 1: no se suspende la norma y luego ésta es declarada inexequible; Escenario 2: se suspende la norma y luego ésta es declarada exequible. A partir de esta comparación, la Corte deberá analizar: ¿En cuál escenario las consecuencias serían más graves desde el punto de vista constitucional y de gravedad de los efectos? Regla: La suspensión provisional solo podrá decretarse cuando los perjuicios que se anticipa podrían derivarse de no suspender la norma –si esta resulta finalmente inexequible– sean más graves que los que se derivarían de suspenderla –si luego es declarada exequible–. Si los perjuicios que se anticipan en ambos escenarios presentan un peso equivalente o generan una duda razonable, debe mantenerse la vigencia de la norma hasta la sentencia definitiva. |
Caso concreto: la necesidad de suspender el recaudo del impuesto al patrimonio, consagrado en el Decreto Legislativo 173 de 2026, frente a (i) las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial y (ii) las personas jurídicas en liquidación
Siguiendo la estructura del test anunciado a través del Auto 082 de 2026, la Sala Plena considera que se cumplen las condiciones excepcionales para proferir una medida de suspensión provisional y acotada a (i) las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial y (ii) las personas jurídicas en liquidación, frente al segundo recaudo del impuesto al patrimonio previsto para el 4 de mayo de 2026.
Para comenzar, es importante precisar las categorías de sujetos que quedan cobijados por esta medida provisional, en tanto que no se trata de una suspensión global del Decreto Legislativo 173 de 2026, sino de una medida acotada a dos conjuntos de personas jurídicas.
En primer lugar, las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) son personas jurídicas que surgen de la voluntad de un grupo de individuos, quienes realizan un aporte y vinculan un capital común a la obtención de finalidades "de interés general o de bienestar común no lucrativo"[19]. La Corte Constitucional ha reiterado que las ESAL responden a cuatro características principales:
Tienen personería jurídica y "existen independientemente de las personas que la constituyen". La existencia de las ESAL no está supeditada a un acto de reconocimiento de personería jurídica por parte del Estado. Estas se constituyen por medio de una escritura pública o documento privado suscrito por sus fundadores, el cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio.
Persiguen una finalidad no lucrativa. La ausencia de ánimo de lucro "se predica de las personas que son miembros (...) pero no de ésta en sí misma considerada". En este sentido, las ESAL desarrollan "actividades que generen utilidades", sin embargo, el lucro o ganancia obtenida no se reparte entre sus miembros, "sino que se integra al patrimonio de la asociación para la obtención del fin deseado". En este sentido, la diferencia esencial entre las sociedades y las ESAL es la destinación de las utilidades: en las sociedades, las utilidades son repartidas entre sus socios o accionistas; en las ESAL, se integran al patrimonio y deberán destinarse a su crecimiento y actividad.
Los fundadores, asociados y miembros de las ESAL tienen "derechos o beneficios por el hecho de su afiliación". Sin embargo, no tienen un derecho de propiedad sobre los bienes, activos o patrimonios [SIC] de la entidad", habida cuenta de la ausencia de ánimo de lucro y la finalidad no lucrativa que las caracteriza.
Las ESAL desarrollan actividades de beneficio social, es decir, aquellas que "se encaminan hacía un grupo determinado de personas o hacia la comunidad en general". Son actividades de interés o beneficio social, entre otras, la salud, el deporte, la educación, la investigación científica, tecnológica, ecológica, las actividades ligadas al desarrollo social, entre otros.[20]
Existen diferentes tipos de ESAL que se clasifican en función de las actividades que desarrollan y del régimen que les es aplicable. Así, se encuentran, entre otras, las Juntas de Acción Comunal, las Cajas de Compensación, las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, las instituciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar, las fundaciones y las asociaciones, entre otras.
Ahora bien, dentro del universo de las ESAL, hay una subclasificación que proviene del artículo 19 del Estatuto Tributario y que las hace beneficiarias de un régimen tributario especial[21], siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación: (i) que estén legalmente constituidas; (ii) que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, a las cuales debe tener acceso la comunidad; y (iii) que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación.
Las ESAL interesadas en este régimen especial deben presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la solicitud de calificación al régimen tributario especial. Surtido el trámite previsto, la DIAN procederá a autorizar su calificación dentro del Registro Único Tributario[23].
Por otro lado, esta medida provisional de suspensión también cobija a las personas jurídicas que se encuentren en liquidación al 29 de abril de 2026.
En nuestro país, el régimen de insolvencia se compone de dos grandes procesos, el de reorganización y el de liquidación. El primero ?de reorganización? pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. El segundo ?de liquidación? "persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor"[24].
Para efectos de esta providencia, y atendiendo el deber de autorrestricción así como de argumentación reforzada que exige este tipo de decisiones, la Sala Plena resolvió que la medida provisional solo aplica al grupo de personas jurídicas en liquidación, esto es, cuando se activa el proceso de extinción definitiva del patrimonio y del objeto social de una entidad. Para delimitar este universo, la Sala toma como referente las categorías de exclusión que ha empleado usualmente el legislador frente al impuesto al patrimonio en las normativas anteriores[25], así como las consideraciones que al respecto ha trazado la jurisprudencia constitucional.
Desde esta perspectiva, quedan cobijadas con esta orden de suspensión provisional las personas jurídicas inmersas en los siguientes tipos de liquidación:
- Liquidación voluntaria, según lo previsto por el Código de Comercio, artículo 222 y siguientes; escenario en el cual éstas se someten a ese proceso, por su propia voluntad, con el fin de enfocar sus activos para el pago de sus pasivos y como consecuencia de ello no pueden iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social.
- Liquidación judicial, regulada por la Ley 1116 de 2006, ante el incumplimiento del acuerdo de reorganización o la configuración de alguna causal legal. Trámite que está a cargo de la Superintendencia de Sociedades o del juez civil correspondiente.
- Liquidación forzosa administrativa, en los términos del artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esta disposición es aplicable, en principio, a sujetos pertenecientes al sector financiero, pero también a otro tipo de entidades sometidas a la vigilancia y control del Estado que realizan actividades de especial importancia social como lo son las empresas prestadoras de salud y las empresas de servicios públicos. Esta figura busca proteger el interés general que se ve afectado por el ejercicio de actividades de especial relevancia social como la financiera, la salud y los servicios públicos[27].
El régimen de insolvencia está diseñado como "un proceso armónico que procura salvaguardar a la empresa como unidad de producción y de empleo, y al mismo tiempo, conservar las garantías para el pago de las deudas, tratando a todos los acreedores en condiciones de igualdad y dando prelación al pago de aquellos créditos cuyo cumplimiento afecta derechos fundamentales"[28]. De ahí que, incluso cuando la liquidación surge de un acuerdo voluntario, se debe garantizar la protección de los terceros que hayan contratado con la sociedad, puesto que la terminación de una persona jurídica trasciende la órbita privada.
Habiendo delimitado los sujetos sobre los cuales recae la orden de suspensión provisional del cobro del impuesto al patrimonio, la Sala pasa, ahora, a evaluar el cumplimiento de los requisitos del test.
5.1. Supuesto habilitante: afectaciones intensas sobre los derechos fundamentales relacionados con las actividades meritorias que desarrollan las ESAL y las acreencias insolutas de las personas jurídicas en liquidación
Como ya se expuso, las ESAL son personas jurídicas que vinculan un capital a la obtención de un fin de interés general o de bienestar común no lucrativo y, por ello, satisfacen importantes intereses públicos y sociales[29]. Las ESAL que hacen parte del régimen tributario especial lo están en tanto que han acreditado los requisitos para ello. En particular, el cumplimiento de un objeto social meritorio, esto es, uno con vocación de interés general y al que tenga acceso la comunidad, en áreas como la educación, la salud, la cultura, la ciencia, tecnología e innovación, la protección del medio ambiente, la promoción y apoyo a los derechos humanos, la promoción y mejoramiento de la administración de justicia, entre otros.
Es por ello que, en el plano constitucional, las ESAL reciben un tratamiento especial, que deriva de los derechos a la libertad de asociación (CP, art. 38), de la posibilidad de organizarse social y sindicalmente (CP, art. 39), así como a la promoción estatal para la investigación, la ciencia, el desarrollo, la difusión de los valores de la nación, la búsqueda del conocimiento y el fomento de la ciencia y tecnología a las personas y organizaciones que las lleven a cabo (CP, arts. 70 y 71)[31]. De ahí también que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que las ESAL "suelen tener un tratamiento diferenciado o especial en diversos aspectos"[32], incluyendo en materia tributaria.
El nuevo impuesto al patrimonio previsto en el Decreto Legislativo 173 de 2026 impacta de manera diferenciada a las ESAL del régimen tributario especial y, con ello, se generan afectaciones intensas sobre los derechos de las personas o comunidades que se benefician de las actividades meritorias que estas entidades ofrecen al público, en áreas como la salud, la educación, la protección del medio ambiente y la promoción de derechos en general.
Esto es así puesto que el patrimonio de las ESAL se encuentra estructuralmente limitado en cuanto a su uso, destinación y disposición. A diferencia de las sociedades con ánimo de lucro, en las que el patrimonio representa una fuente de generación de utilidades y acumulación de riqueza distribuible, en las ESAL este se encuentra atado al cumplimiento de finalidades sociales, solidarias, culturales, educativas o ambientales. Objeto social que ha sido debidamente acreditado y calificado pues de ello depende su inclusión en el régimen tributario especial[33].
La imposibilidad de distribuir utilidades y la obligación de reinvertir los excedentes evidencian que estas entidades no operan bajo una lógica de acumulación patrimonial orientada a la rentabilidad, sino bajo un criterio de sostenibilidad institucional al servicio del interés general. En consecuencia, dicho patrimonio constituye un instrumento funcional para la realización de fines colectivos. Es por lo anterior que las ESAL han recibido un trato diferenciado, incluso en tiempos de excepción. La Sentencia C-876 de 2002, al examinar la constitucionalidad del impuesto para preservar la política de seguridad, aceptó que las entidades sin ánimo de lucro no debían ser tratadas como sujetos pasivos de este tipo de gravámenes en atención a su naturaleza jurídica y a la destinación específica de sus recursos.
Para efectos del impuesto al patrimonio, al menos preliminarmente, no resulta jurídicamente adecuado equiparar a las ESAL con las entidades con ánimo de lucro, en la medida en que estas últimas son titulares de una riqueza disponible y susceptible de apropiación privada. Tal equiparación desconoce una diferencia estructural fundamental: mientras en las sociedades lucrativas el patrimonio constituye una riqueza disponible, en las ESAL representa un conjunto de recursos afectados de manera permanente al cumplimiento de un fin social meritorio.
Más aún, la exigibilidad del tributo en un término tan breve –apenas 35 días desde su expedición– restringe de manera significativa la posibilidad de una adecuada planeación financiera y tributaria por parte de los contribuyentes. En particular, el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, prevista para el 4 de mayo de 2026, supone detraer recursos directamente destinados al desarrollo de las actividades meritorias que justifican su existencia.
Un nuevo gravamen sobre las ESAL del régimen tributario especial no solo incide en la planeación financiera de estas entidades, sino que repercute ?y esto es lo determinante para esta decisión de suspensión? en el ejercicio y disfrute de múltiples derechos fundamentales, asociados a las actividades meritorias que estas entidades ofrecen al público, tales como lo son las iniciativas en materia de educación, salud, acceso a la justicia, cultura, ciencia, protección del medio ambiente, y la promoción de los derechos humanos.
Tal impacto se torna particularmente intenso en un país como Colombia en el que el Estado aún enfrenta enormes desafíos para garantizar los servicios públicos y los derechos fundamentales a lo largo del territorio. Incluso, en países con modelos públicos de bienestar relativamente consolidados, la participación y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil se ha vuelto clave para materializar los servicios del Estado[34]. Con mayor razón en un país como Colombia en el que las instituciones y capacidades del Estado son más limitadas. En este sentido, un estudio de 2021 liderado por el DANE resaltó el gran aporte que suponen las organizaciones de la sociedad civil[35] para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), principalmente, en materia de lucha contra la pobreza, salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico.
De modo tal que el surgimiento repentino del nuevo impuesto al patrimonio y su exigibilidad en un plazo corto compromete el flujo de recursos de los que disponen las ESAL para su sostenibilidad institucional. Este impacto trasciende luego a las personas y comunidades que se benefician de las actividades meritorias de las ESAL y genera una afectación intensa al poner en riesgo la continuidad de iniciativas que están atadas directamente a derechos fundamentales como la educación, la salud, la protección del medio ambiente o la generación de ingresos. Especialmente, frente a grupos poblacionales que dependen, en buena parte, de estas iniciativas para cubrir sus necesidades básicas ante la insuficiencia de las políticas estatales.
A manera de ilustración, las instituciones educativas constituidas como ESAL tienen un patrimonio conformado por infraestructura –como edificios, laboratorios y bibliotecas–, equipos académicos y recursos destinados a la investigación y la docencia, entre otros. Estos bienes no son activos líquidos ni disponibles para el consumo o la inversión lucrativa, sino que se encuentran directamente vinculados al cumplimiento de su misión educativa. En consecuencia, y según se ha explicado por parte de algunos intervinientes en este proceso, el pago del impuesto al patrimonio compromete la destinación de recursos provenientes de matrículas y otras fuentes vinculadas a la prestación del servicio educativo, en la medida en que el cumplimiento de la obligación tributaria podría trasladarse indirectamente a los estudiantes y sus familias o traducirse en restricciones en la capacidad institucional para sostener programas académicos y condiciones de calidad.
La afectación patrimonial derivada de la aplicación inmediata del tributo podría proyectarse sobre el acceso y la permanencia en la educación superior, con impactos particularmente relevantes para sectores en situación de vulnerabilidad[37]. Este impacto se evidencia con mayor claridad al observar que, en algunos casos, el pago del impuesto podría representar entre el 25% y el 28% del resultado operacional de estas instituciones, e incluso superar ampliamente dicho resultado en determinados escenarios, lo cual evidencia un impacto financiero importante[38]. Esto se suma a un escenario que, de por sí, viene generando dificultades para el sector educativo; dificultades asociadas a la reducción de la natalidad y la consecuente disminución del número de matrículas[39]. Aquí es importante tener presente que, como indica el Observatorio de Economía de la Educación, que la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior (IES) depende de ello pues: "[l]a principal fuente de ingresos para las IES privadas proviene de las matrículas que representan entre el 70% y 80% de sus ingresos. Sin embargo, cifras más recientes sugieren que podría ser hasta el 90%".
La situación de los aspirantes y estudiantes que verían limitada sus posibilidades de acceso y permanencia en instituciones de educación superior de calidad es uno de los ejemplos representativos de las afectaciones que un ajuste repentino sobre las obligaciones tributarias de las ESAL puede conllevar, pero no es el único.
El contexto actual también evidencia una disminución significativa de los recursos de cooperación internacional[41], lo que necesariamente recorta el margen de acción que tienen las ESAL para cumplir sus actividades. En esta coyuntura, el impuesto al patrimonio puede tener impactos particularmente severos, al punto de, en algunos casos, dificultar la viabilidad de realizar sus actividades meritorias, en particular si se tiene en cuenta la crisis que, en épocas recientes, viene experimentando la cooperación internacional, de la cual muchas ESAL dependen.
En este sentido, la Estrategia de Filantropía de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC)[42] indica que ha habido "un cambio estructural en la cooperación internacional, caracterizado por la disminución sostenida de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) y la reducción de recursos de los donantes tradicionales"[43]. En los últimos años, 22 países han reducido la cantidad de recursos que destinan a la AOD y se espera que la tendencia se acentúe[44]. En 2024, los recursos públicos internacionales no reembolsables registraron una reducción del 7,1% en comparación con el año anterior y, de acuerdo con proyecciones de la OCDE, la AOD total podría descender entre un 9% y un 17% en el periodo 2024-2025. La disminución de los recursos de cooperación internacional traza una coyuntura particular en la que los recursos de las ESAL del régimen especial pueden verse impactados considerablemente por la generación de nuevos impuestos que, en su conjunto, disminuyen la capacidad de estas entidades para realizar sus actividades meritorias y lo que esto supone para los derechos fundamentales de las personas y comunidades beneficiarias de tales iniciativas.
Ahora bien, al igual que ocurre con las ESAL del régimen tributario especial, las personas jurídicas en liquidación también han sido usualmente excluidas del impuesto al patrimonio en tiempos de excepción[45]. Aunque ello no implica, de antemano, una prohibición de orden constitucional, sí da cuenta de la necesidad de una argumentación más rigurosa para gravar a estas entidades con un impuesto al patrimonio, debido a su particular situación.
Más allá de los distintos regímenes legales, la liquidación puede resumirse como "una serie de actos que van dirigidos a la satisfacción de los acreedores sociales y a la distribución del patrimonio social remanente entre los socios"[46]. La liquidación de una persona jurídica persigue por finalidad última "conservar las garantías para el pago de las deudas, tratando a todos los acreedores en condiciones de igualdad y dando prelación al pago de aquellos créditos cuyo cumplimiento afecta derechos fundamentales".
Precisamente, en relación con las personas jurídicas sometidas a procesos de liquidación, la Sala advierte que la aplicación total e inmediata del impuesto al patrimonio previsto en el Decreto Legislativo 173 de 2026 conlleva afectaciones intensas sobre los acreedores que dependen del patrimonio restante para satisfacer sus derechos fundamentales asociados a la propiedad privada, e incluso sobre deudas insolutas que podrían llegar a comprometer el mínimo vital o algunas prestaciones laborales.
Tan relevante es el escenario de liquidación para el orden jurídico que dicho procedimiento se estructura con normas imperativas y sujetas a la reserva de ley. Así lo ha explicado esta Corte[48], ante las diferentes tensiones que las situaciones de insolvencia suscitan, principalmente, por la búsqueda de un equilibrio entre la protección de la empresa, los accionistas, los trabajadores y otras garantías fundamentales involucradas en este tipo de procesos.
Una empresa en funcionamiento conserva, en principio, la posibilidad de desarrollar su objeto social, generar ingresos, explotar económicamente sus activos y organizar su patrimonio como soporte de una actividad empresarial actual o futura. En cambio, una persona jurídica en liquidación se encuentra en una fase de cierre. Su patrimonio ya no está dirigido a la continuidad de una actividad productiva, sino que está orientado al pago del pasivo externo con sujeción al orden legal de prelación de créditos y a la distribución de remanentes entre los socios o accionistas, en los casos en los que ello sea posible.
Esa diferencia es relevante para valorar si el patrimonio líquido de estas entidades puede ser tratado, sin motivación adicional, como una manifestación real y disponible de capacidad contributiva. El Decreto Legislativo 173 de 2026 toma como presupuesto objetivo la existencia de un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1º de marzo de 2026. Sin embargo, en el caso de las personas jurídicas en liquidación, la existencia contable de ese patrimonio no permite concluir, por sí sola, que exista una riqueza disponible en sentido económico, sino, más bien, un patrimonio que irremediablemente se extingue, mientras se honran las deudas adquiridas con los acreedores.
El trámite de liquidación transforma la función económica y jurídica del patrimonio. Este deja de servir al desarrollo ordinario del objeto social y pasa a cumplir una finalidad de cierre, depuración patrimonial, y satisfacción ordenada de acreencias y distribución de remanentes. A partir de ese momento, la capacidad jurídica de la sociedad se restringe a la realización de los actos estrictamente necesarios para concluir sus operaciones pendientes, realizar activos, atender pasivos y culminar ordenadamente su proceso de extinción jurídica. Por ello, gravar esa masa en los mismos términos en que se grava el patrimonio de personas jurídicas activas puede comprometer, los derechos fundamentales vinculados a las acreencias pendientes de pago.
Esta conclusión encuentra respaldo en el régimen societario colombiano. El artículo 222 del Código de Comercio establece que, una vez disuelta la sociedad, esta debe proceder de inmediato a su liquidación. Desde ese momento, la persona jurídica no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación[50]. Ello evidencia que, durante la liquidación, el patrimonio social pierde su finalidad empresarial ordinaria y queda atado al cumplimiento de las obligaciones pendientes.
Al marco legal descrito se suma una coyuntura que da cuenta de un incremento significativo en los procesos de liquidación de personas jurídicas en nuestro país. De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Sociedades, se ha observado que la liquidación de empresas subió casi 160% en los últimos cuatro años[51]. El universo de personas jurídicas destinatarias del nuevo impuesto al patrimonio es relevante, en términos cuantitativos, debido al número de personas naturales cuyas acreencias potencialmente se encuentran pendientes de pago dentro de los procesos de liquidación.
Bajo este escenario, exigir el pago inmediato del impuesto al patrimonio a personas jurídicas en liquidación implica detraer recursos de una masa que ya se encuentra afectada al pago de acreencias. La afectación no se limita a una disminución patrimonial abstracta del contribuyente, sino que recae sobre bienes y derechos que están llamados a satisfacer obligaciones ciertas o determinables dentro del proceso liquidatorio, y con ello los derechos fundamentales a la propiedad privada e incluso algunas prestaciones laborales relevantes para el mínimo vital de los trabajadores. Por tanto, el tributo incide sobre la masa disponible para el pago de acreedores y puede alterar, de manera significativa, la expectativa legítima de quienes concurren al proceso.
Este impacto se torna especialmente intenso cuando dentro de la liquidación existen créditos laborales, pensionales, de seguridad social u otros créditos vinculados a derechos fundamentales y al concepto del mínimo vital. Es cierto que los "salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo" ocupan un lugar privilegiado dentro del primer orden de pagos, en los términos del artículo 2495 del Código Civil. Esta idea de prevalencia se reafirma, a su vez, por el Código Sustantivo del Trabajo[52] y el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[53], así como por la jurisprudencia.
Sin embargo, más allá de un núcleo duro de prestaciones, hay otros componentes laborales –en un sentido amplio– que, en determinados procesos de liquidación, podrían no entenderse como constitutivos de salario y en tal sentido, su prevalencia frente a las deudas con el fisco no resultaría absoluta o irrebatible. Así, por ejemplo, dentro de la categoría de pagos laborales no constitutivos de salario quedan incorporados (i) las indemnizaciones que asume el empleador por daños o demás detrimentos que sufra el trabajador en el marco de la relación laboral; (ii) la remuneración del trabajador durante el descanso obligatorio (vacaciones y días no laborables de naturaleza legal y/o estipulados en el contrato respectivo); (iii) las sumas o bienes que recibe el trabajador con el fin de ejercer cabalmente sus funciones, como sucede con el auxilio de transporte[55].
Aunque las acreencias provenientes del contrato de trabajo, en general, tienen prevalencia dentro de los procesos liquidatarios, pueden surgir controversias sobre algunos rubros específicos. Esta delimitación conceptual genera, cuando menos, una litigiosidad sobre los derechos laborales adeudados y la disputa por su prevalencia en el marco de un proceso de liquidación, en el que también entraría a competir la DIAN por el pago de las deudas con el fisco, incluyendo el nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Tales discusiones sobre los criterios de prevalencia pueden extender en el tiempo el pago de algunas prestaciones laborales y con ello afectar el mínimo vital de los trabajadores con acreencias no resueltas.
Es más, las deudas con el fisco cuentan con mandatos legales y herramientas administrativas específicas para agilizar su pago en los procesos de liquidación[56]. En este sentido, por ejemplo, las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia se denominan gastos de administración y ostentan una preferencia en su pago, incluso sobre aquellas objeto del proceso de liquidación judicial, salvo las que corresponden específicamente a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral[57]. De modo tal que el universo general de acreencias laborales puede verse acotado en favor de las deudas tributarias que se asuman como "gastos de administración".
Incluso, más allá de las discusiones conceptuales que puedan suscitarse sobre algunos rubros particulares dentro de los órdenes de prevalencia en los procesos de liquidación, lo cierto es que el Decreto 173 de 2026 impuso unos plazos de pago cercanos en el tiempo (1º de abril y 4 de mayo de 2026)[58], lo que activa un deber sobre las personas jurídicas en liquidación de honrar oportunamente su obligación con el fisco y así evitar eventuales sanciones por mora. Dicho pago necesariamente decrece, en la práctica, la masa patrimonial disponible para satisfacer a los acreedores, incluso aquellos que tienen prevalencia según el marco normativo.
En suma, tanto las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial como las personas jurídicas en liquidación responden a unos marcos normativos particulares ?bien sea por las actividades meritorias que cumplen o por el estado de extinción que atraviesan? y a unas coyunturales adicionales ?disminución de los recursos de cooperación internacional y aumento de los procesos liquidatarios? las cuales son constitucionalmente relevantes en atención a las personas y comunidades, cuyos derechos fundamentales dependen, en buena parte, de la solvencia de esos patrimonios que han quedado gravados con el nuevo impuesto. En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno nacional optó por un gravamen general sobre las personas jurídicas sin avizorar las afectaciones que un impuesto al patrimonio, en las condiciones de causación y pago previstas por el Decreto 173 de 2026, puede acarrear.
5.2. Gravedad e irreversibilidad de efectos: aunque se trata de un impuesto directo, se advierten impactos significativos que una orden de devolución no lograría solucionar total ni oportunamente
En principio, una medida tributaria y, en particular, la del impuesto sobre el patrimonio no genera una afectación irreversible sobre los derechos fundamentales, pues se trata de una obligación pecuniaria que grava una de las principales manifestaciones de riqueza: el patrimonio. Además, al tratarse de un gravamen directo, su devolución ante un eventual fallo de inexequibilidad, está garantizada, al menos formalmente en tanto que este tipo de gravamen permite identificar al sujeto responsable del pago[59].
No obstante, en este proceso confluyen una serie de circunstancias que, vistas en su conjunto, y sin anticipar con esto un pronunciamiento de fondo, evidencian un impacto considerable sobre las ESAL del régimen especial y las personas jurídicas en liquidación. Y, sobre todo, cómo esto genera un riesgo grave y difícilmente reversible sobre los derechos fundamentales de las personas y comunidades que son beneficiarias de las actividades de tipo social, altruista, ecológico o humanitario a cargo de las ESAL, que se verían interrumpidas o reducidas con la nueva carga tributaria; así como los componentes del derecho a la propiedad privada y del trabajo, asociados con las acreencias que se reclaman dentro de los procesos de liquidación y que entrarían a competir con las deudas del fisco en torno a una masa patrimonial finita.
La estructura del impuesto al patrimonio, en los términos del Decreto Legislativo 173 de 2026, impone a un amplio universo de personas jurídicas la necesidad de obtener liquidez en un plazo reducido –aproximadamente 34 días entre la causación del impuesto y el vencimiento de la primera cuota–, lo cual puede provocar afectaciones intensas y difícilmente reversibles sobre su estabilidad financiera, su capacidad operativa, la continuidad de sus actividades sociales y económicas, o el pago de las acreencias adeudadas.
De igual modo, la Sala observa que la exigibilidad del tributo, en cuestión de semanas desde su expedición, restringe de manera significativa la posibilidad de planificación financiera y tributaria por parte de los contribuyentes. Entre la expedición del decreto y la fecha de causación transcurrieron apenas cinco días, un término corto para comprender el alcance pleno de la obligación, calcular su impacto económico, reorganizar el flujo de caja o adoptar decisiones legítimas de planeación patrimonial, lo que impide cualquier ajuste razonable de la conducta económica frente a la nueva carga fiscal[60].
En estas condiciones, los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio se pueden ver forzados a acudir a mecanismos contingentes como el endeudamiento, la venta de activos productivos o la reasignación de recursos destinados al capital de trabajo, con efectos directos sobre su solvencia, su capacidad de inversión y la continuidad de su operación. Y, en el caso de las personas jurídicas en liquidación, el desvío de la masa patrimonial hacia unas deudas no previstas inicialmente. Tales decisiones, una vez adoptadas, no pueden revertirse plenamente mediante una eventual devolución del tributo pues implican costos financieros, pérdida de oportunidades de inversión, cancelación de proyectos y afectaciones al empleo[61] que una decisión de inexequibilidad en abstracto no tiene el potencial de incluir. Y, tratándose de las personas en liquidación, el eventual pronunciamiento judicial puede ocurrir cuando el proceso de liquidación ya ha culminado.
Esta situación se agrava por la coincidencia temporal del impuesto al patrimonio con otras obligaciones fiscales, particularmente los vencimientos del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes[62]. Esto puede generar una contracción abrupta de liquidez en el sector empresarial que no pudo ser anticipada en la planeación financiera de los sujetos pasivos, dada la proximidad entre la declaratoria del estado de emergencia y la expedición del decreto. Según se ha señalado por algunos intervinientes, esta simultaneidad incide de manera directa en decisiones de inversión, empleo y crédito privado cuyos efectos no son reversibles en el corto plazo[63]. Ello contrasta con el escenario ordinario del impuesto al patrimonio, cuya causación tiene lugar el 1º de enero de cada año, lo que, en condiciones normales, permite a los contribuyentes anticipar y gestionar dicha carga en un horizonte temporal más amplio.
Además del impacto transversal del impuesto al patrimonio, la Corte observa impactos diferenciados y especialmente sensibles sobre algunos sectores. El deber de reinversión de los excedentes en las ESAL del régimen especial conlleva un mandato para que los recursos acrecienten constantemente el patrimonio de la entidad con el fin de avanzar el objeto social, sin un marco de liquidez amplio.
Lo anterior toda vez que estas entidades carecen de utilidades distribuibles o reservas de capital con destinación libre que, en principio, permitan absorber la carga tributaria sin afectar su operación. Dadas las características de las ESAL del régimen especial y la destinación específica de sus recursos, el pago del impuesto, en un plazo especialmente corto, puede traducirse en una reducción sustancial de su capacidad institucional para asegurar la continuidad y calidad de servicios y actividades necesarios para garantizar derechos y el cumplimiento de funciones de interés general. Así, se generan impactos económicos ciertos y, en algunos casos, difícilmente reversibles, que no se agotan con la devolución del tributo pagado, puesto que repercuten de manera significativa en la estabilidad financiera, operativa y organizacional de estas entidades para cumplir con sus actividades meritorias destinadas al público.
En el caso de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) pertenecientes al régimen tributario especial, una eventual decisión de fondo con efectos retroactivos difícilmente permitiría retrotraer, en su totalidad, los efectos derivados del pago del impuesto al patrimonio previsto para el próximo 4 de mayo de 2026. En efecto, de conformidad con el artículo 356 del Estatuto Tributario, estas entidades se encuentran sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto de su beneficio neto o excedente a una tarifa del 20%. Sin embargo, según lo dispuesto en el artículo 358 ejusdem, dicho beneficio puede quedar exento cuando sea destinado, directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y las actividades meritorias de la entidad.
Esta particular configuración normativa implica que, en la práctica, las ESAL no generan obligaciones tributarias futuras ciertas frente a las cuales pueda imputarse o compensarse el pago realizado por concepto del impuesto al patrimonio de carácter temporal, lo que configura un escenario de incertidumbre jurídica respecto de los mecanismos de restitución y dificulta de manera sustancial una eventual devolución por esta vía. En consecuencia, los recursos detraídos para el pago del tributo no solo salen de la esfera patrimonial de las entidades, sino que además éstas no cuentan con un mecanismo efectivo de restitución, lo que podría configurar un perjuicio de carácter irreversible.
En lo que respecta a las personas jurídicas en liquidación, la gravedad del cobro se configura porque el pago total del impuesto al patrimonio no recae sobre recursos ordinariamente disponibles para la operación de la entidad, sino sobre activos orientados exclusivamente a su realización y distribución dentro del proceso liquidatorio. En consecuencia, la carga tributaria disminuye de manera inmediata la masa disponible para pagar el pasivo y, con ello, se compromete la satisfacción de acreencias preexistentes, asociadas a los derechos fundamentales de la propiedad privada y el trabajo.
Esta afectación no es meramente contable. La masa liquidatoria constituye el universo patrimonial sobre el cual concurren los acreedores. Cualquier detracción de recursos incide en la expectativa real de pago de trabajadores, contratistas y acreedores en general, incluyendo, por ejemplo, deudas con otras entidades públicas. En una empresa activa, el patrimonio puede ser entendido como una señal de solvencia, riqueza acumulada o capacidad económica. En una persona jurídica en liquidación, ese mismo patrimonio puede representar activos pendientes de realización destinados únicamente al pago de los acreedores, mientras se extingue definitivamente la persona jurídica.
Como ya se mencionó, la exigibilidad del tributo se produce en un plazo corto. El Decreto Legislativo 173 de 2026 dispuso la declaración y pago de una primera cuota del 50% el 1 de abril de 2026 y una segunda cuota del 50% el 4 de mayo de 2026. Esta temporalidad acentúa la gravedad de la afectación. Obliga a personas jurídicas en liquidación a destinar recursos de manera inmediata al pago del tributo, sin que se pueda tomar alternativas para reencauzar una masa patrimonial que, de por sí, ya es limitada y se encuentra en proceso de extinción.
La irreversibilidad del efecto se puede constatar de manera preliminar. Los procesos de liquidación tienen una dinámica propia. Los activos se realizan, los recursos se distribuyen, las acreencias se pagan total o parcialmente y la persona jurídica avanza hacia su extinción definitiva. Por tanto, si durante el trámite del control constitucional se exige el pago de la segunda cuota del impuesto, una eventual decisión posterior de inexequibilidad o condicionamiento podría no restablecer plenamente la situación inicial, en caso de que la persona jurídica haya cesado por completo su existencia.
Una devolución futura de lo pagado no necesariamente corrige los efectos producidos durante el trámite. Para ese momento, el proceso liquidatorio puede haber avanzado de manera significativa. La masa disponible puede haberse reducido, determinados pagos pueden haberse efectuado y otros acreedores pueden haber visto disminuida su expectativa de satisfacción. En esas condiciones, la restitución posterior de recursos podría no recomponer la situación material que habría existido si el pago del impuesto al patrimonio no se hubiera exigido.
A la luz de lo expuesto, es válido afirmar que, si bien el impuesto al patrimonio sigue la naturaleza de un tributo directo, la gravedad e irreversibilidad de la medida legislativa no se agota en la identificación del sujeto legitimado para la devolución, sino que se proyecta en la ausencia de mecanismos eficaces de devolución, la ejecución inmediata de los recursos en un estado de excepción y los efectos económicos ya consolidados ante el llamamiento urgente de recaudo por parte del Estado, lo que complejiza su eventual devolución y las consecuencias que pueden darse mientras que la Corte Constitucional profiere una decisión de fondo.
En este caso, la Corte advierte que los efectos del tributo desbordan el patrimonio de las personas jurídicas gravadas por el Decreto 173 de 2026. La alteración de sus finanzas afecta directamente los derechos fundamentales de las personas y comunidades que se benefician de los proyectos a cargo de las ESAL, relacionados con la educación, la salud, el medio ambiente y la promoción de los derechos en general. Asimismo, en el caso de las personas jurídicas en liquidación, el pago completo y expedito del impuesto al patrimonio erosiona la masa patrimonial de la cual depende el concurso efectivo de los acreedores y los derechos que de allí se desprenden, especialmente, a la propiedad privada y el trabajo. Incluso, si la Corte tomara una decisión de inexequibilidad, la devolución de los recursos podría no resultar oportuna ni suficiente, según se explicó en este capítulo.
5.3. Ponderación de escenarios: los costos de permitir un segundo recaudo del impuesto al patrimonio son potencialmente mayores que una medida de suspensión en esta etapa
La ponderación que exige el test de suspensión no es una valoración sobre el fondo del asunto, sino que consiste en determinar si los perjuicios que se anticipan podrían derivarse de no suspender la norma –si esta resulta finalmente inexequible– serían más graves que los que se derivarían de suspenderla –si luego es declarada exequible–.
Esta precisión es clave en tanto que la suspensión provisional y parcial que justifica esta providencia no conlleva un prejuzgamiento sobre la constitucionalidad de la medida proferida por el gobierno nacional, ni mucho menos el olvido de los deberes reforzados de solidaridad que se activan en tiempos de emergencias humanitarias[64].
A la fecha, la Corte ha sido informada de que, a comienzos del año 2026, se produjo un evento meteorológico atípico que, según estimaciones iniciales del gobierno nacional, ocasionó 53 eventos de inundaciones, 5 movimientos en masa, 3 crecientes súbitas, 2 vendavales, 1 erosión fluvial y 1 erosión costera en 61 municipios de 8 departamentos del país[65]. Estas emergencias han perjudicado 69.235 familias y 252.233 personas, con un saldo de 10 fallecidos y 3 heridos. Sumado a daños materiales que se extienden a 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas, 4.158 viviendas destruidas, 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, 4 alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios. Asimismo, se registraron afectaciones en 5.230 animales de producción, 312 animales de compañía y 54 animales silvestres.
Aunque la Corte Constitucional no ha revisado aún la declaratoria formal de emergencia, los reportes preliminares impiden pasar por alto un escenario calamitoso que demanda la solidaridad de todas las personas naturales y jurídicas del territorio nacional, en particular de aquellas con la mayor capacidad de contribución, y sin que la distancia con las causas o el escenario de emergencia excuse su deber de solidaridad[67].
Es claro que toda actividad del Estado debe ser financiada y para ello la principal fuente se encuentra en los tributos[68]. Estos recursos son indispensables para la preservación y efectividad del Estado social de derecho[69]. Más aún, en tiempos de emergencias humanitarias[70]. Pero tal deber no es absoluto pues ha de darse en condiciones de justicia y equidad según dispuso expresamente la Constitución de 1991.
En los estados de excepción, el presidente de la República está investido de facultades extraordinarias para conjurar la crisis que dio lugar a su declaratoria y velar por el regreso a la normalidad social e institucional[72]. Las facultades que le fueron encomendadas al jefe de gobierno durante estos periodos incluyen, como regla, la posibilidad de establecer tributos. En particular, en el caso de la emergencia económica, social y ambiental, tal potestad tributaria está expresamente reconocida en el artículo 215 de la Constitución[73] y en el parágrafo del art. 47 de la LEEE[74], por lo que el jefe de gobierno puede válidamente, en el marco de dichas facultades, establecer nuevos tributos o modificar los existentes.
Una vez ponderado este escenario de emergencia, la Sala considera que la medida de suspensión del recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio prevista para el 4 de mayo de 2026 resulta necesaria y razonable, pues permite prevenir el agravamiento de los impactos antes descritos (supra, secciones 5.1 y 5.2), sin comprometer la atención de la emergencia, mientras que la Corte adopta una decisión de fondo.
Esta medida resulta proporcional en tanto que permite la consecución de la mayoría de los recursos que buscaba obtener el Gobierno nacional a través del impuesto al patrimonio, con la única exclusión de dos categorías puntuales de sujetos jurídicos del segundo cobro. Es más, ni siquiera se advierte en los pronunciamientos del Gobierno nacional una justificación específica, suficiente y diferenciada para la inclusión de las ESAL del régimen especial y de las personas jurídicas en liquidación dentro del ámbito del nuevo impuesto al patrimonio. Por el contrario, su incorporación parece derivar de una extensión general del tributo a todas las personas jurídicas, sin un análisis particular de su naturaleza ni de su impacto.
Según la información preliminar allegada por el Gobierno nacional y la DIAN, el grueso del recaudo esperado del impuesto al patrimonio para personas jurídicas establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026 se concentra en los sectores constituidos principalmente por personas jurídicas con ánimo de lucro[75]. Por lo que la suspensión del impuesto al patrimonio para este conjunto de personas jurídicas no conlleva la desfinanciación de la emergencia.
En contraste, para las ESAL del régimen tributario especial, los impactos sobre estas pueden superar con creces el efecto para las finanzas públicas derivado de la disminución limitada al recaudo esperado. Ello es así porque limitar los recursos para diversas actividades meritorias y de interés general deriva en afectaciones sobre una amplia constelación de derechos fundamentales (educación, trabajo, mínimo vital, cultura, deporte, entre otros).
A una conclusión semejante se arriba respecto de las personas jurídicas en procesos de liquidación. En este escenario, el perjuicio que se deriva de no suspender el pago del 4 de mayo de 2026 puede ser más gravoso que el que se seguiría de suspenderla temporalmente. Ello se debe a que la exigibilidad inmediata del tributo disminuye la masa disponible para el pago ordenado de obligaciones y afecta así los derechos de los acreedores. Esta orden de suspensión no elimina definitivamente la obligación ni impide que el Estado continúe recaudando el tributo respecto de los demás sujetos pasivos. Tampoco paraliza la respuesta estatal frente a la emergencia. Se limita a preservar la masa liquidatoria de sujetos que se encuentran en una situación jurídica particular, hasta que la Sala adopte una decisión de fondo.
La suspensión provisional respecto de este grupo de sujetos tiene un alcance acotado sobre los planes del Gobierno nacional y preserva la mayoría de los recursos previstos por este para la atención de la emergencia.
Puntualmente, en lo que se refiere a los recursos del nivel central, la DIAN informó que, con corte al 14 de abril de 2026 y como resultado del primer recaudo del impuesto al patrimonio consagrado en el Decreto Legislativo 173 de 2026, se logró recoger un total de dos billones cuatrocientos treinta y dos mil ciento noventa y ocho millones quinientos veinticuatro mil pesos ($2.432.198.524.000). Si bien este monto es menor al esperado por el Gobierno nacional, es una cifra significativa en tanto que representa un monto 3,6 veces mayor a la totalidad del presupuesto de la UNGRD para el país durante el año 2026[76].
Por otro lado, la Corte observa que el Gobierno nacional no sustentó la necesidad inaplazable de recolectar la totalidad de recursos del impuesto al patrimonio con fecha máxima del 4 de mayo de 2026, lo que también permite concluir que la suspensión parcial del segundo recaudo no genera una afectación desproporcionada sobre la atención de la emergencia.
Es cierto que la motivación del Decreto Legislativo 173 de 2026 contiene una justificación general sobre la necesidad de obtener recursos con rapidez. En efecto, allí se afirma que la medida permite "obtener recursos inmediatos", que esos ingresos permitirían atender "en el menor tiempo posible" los efectos económicos, sociales y ecológicos de la calamidad, y que el pago en dos cuotas iguales se estableció "teniendo en cuenta la urgencia de los recursos"[77]. Esa motivación explica, en términos amplios, por qué el Gobierno acudió a un tributo extraordinario. Pero no da cuenta por qué esa urgencia exigía consolidar el recaudo del ciento por ciento del gravamen antes del 4 de mayo de 2026.
Ese vacío se hace patente al examinar el diseño del tributo. El artículo 5 del Decreto 173 de 2026 dispuso que el impuesto debía declararse el 1º de abril de 2026 y que en esa misma fecha debía pagarse una primera cuota del 50%. La segunda cuota del 50% se fijó para el 4 de mayo de 2026. De ello se sigue que el propio decreto distinguió dos momentos de recaudo. Esa decisión normativa imponía una carga argumentativa específica: no bastaba con justificar la urgencia de contar con un ingreso inicial. Era necesario explicar, además, por qué también resultaba indispensable completar el recaudo total apenas treinta y tres días después. Sobre este punto el decreto no ofrece una razón diferenciada. No individualiza obligaciones concretas, giros ciertos, cronogramas sectoriales ni compromisos específicos que hicieran indispensable anticipar la totalidad del recaudo antes de la decisión definitiva de esta Corte.
La insuficiencia de esa motivación se hace todavía más relevante porque, a la fecha, el primer 50% del tributo ya fue hecho exigible por el propio decreto y su vencimiento ocurrió el 1 de abril de 2026.[78] Desde esa perspectiva, el beneficio fiscal inmediato que el Gobierno invocó para justificar la urgencia de la medida ya comenzó a producirse. Precisamente por ello, la necesidad de la segunda cuota requería una justificación reforzada. El expediente, por el contrario, sí contiene advertencias sobre la gravedad de esa secuencia temporal. En una de las intervenciones se señaló que la primera cuota, con vencimiento el 1° de abril de 2026, generaba "efectos materiales de difícil reversión antes de que culmine el control automático", y se agregó que, para cuando la Sala Plena profiera sentencia, "el tributo ya habrá sido liquidado y transferido al erario".
La insuficiencia argumentativa en cabeza del Gobierno nacional no puede subsanarse con fórmulas generales sobre urgencia fiscal. Una cosa es sostener que la emergencia exigía una fuente extraordinaria de financiación. Otra, distinta, era demostrar por qué también era imprescindible asegurar la recaudación completa del tributo antes de que culminara el control de constitucionalidad. En este punto, además, la duda no surge solo del texto del decreto. La Contraloría General advirtió que "subsisten elementos de incertidumbre sobre la ejecución de los recursos y sobre la necesidad real de acudir a determinadas solicitudes extraordinarias", y que, en algunas entidades, se identificaron "recursos disponibles que no fueron incorporados de manera plena en la estimación del déficit ni en la justificación de nuevas solicitudes"[80]. Si la necesidad extraordinaria seguía rodeada de esos márgenes de incertidumbre, el Gobierno debía justificar con mayor precisión por qué la totalidad del recaudo debía consolidarse antes del 4 de mayo de 2026.
En esas condiciones, el problema no radica simplemente en la existencia del impuesto ni en la posibilidad abstracta de fraccionarlo en dos cuotas. El problema radica en que, después de haber hecho exigible la primera mitad del tributo, el Gobierno no ofreció una justificación específica para precipitar la segunda mitad antes del 4 de mayo de 2026. Esa omisión es constitucionalmente relevante. Permite que se consolide la totalidad de una carga tributaria de excepción sobre una necesidad temporal que el decreto enuncia de forma general, pero no demuestra con el nivel de precisión que exigía la aceleración completa del recaudo. No se realizaron justificaciones o por lo menos explicaciones en torno a la cuantificación y usos de los recursos, así como de su ejecución en las fases de mitigación, adaptación y recuperación a propósito de los hechos desencadenados por la ola invernal.
Conclusión
El impuesto al patrimonio ha sido una medida tributaria eficaz y legítima para el Estado colombiano, tanto en tiempos de normalidad como de anormalidad. La Sala Plena reconoce estos antecedentes, pero también advierte que, en esta ocasión, confluyen un conjunto de factores que, valorados en su conjunto, ameritan una suspensión parcial, en lo que respecta a la segunda fecha de recaudo respecto de las ESAL del régimen especial y de las personas jurídicas en liquidación, prevista para el 4 de mayo de 2026; y provisional, hasta tanto la Corte Constitucional realice el control definitivo del Decreto Legislativo 173 de 2026.
Esta medida se profiere en una etapa preliminar del trámite de control, con fundamento en razones constitucionalmente relevantes de acuerdo con la jurisprudencia y con la información disponible en el expediente. De todos modos, al ser provisional, esta decisión de suspensión no anticipa una conclusión sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 173 de 2026. Para ello, la Corte Constitucional seguirá adelantando el examen en los términos que dispuso la Carta Política de 1991 y el Decreto 2067 de 1991.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
Único. SUSPENDER PROVISIONALMENTE, en lo que respecta a (i) las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial y (ii) las personas jurídicas que se encuentren en liquidación al 29 de abril de 2026, el recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio prevista para el 4 de mayo de 2026, según lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 173 del 24 de febrero de 2026, "[p]or el cual se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026", hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo.
Notifíquese y cúmplase,
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
Con aclaración de voto
CARLOS CAMARGO ASSIS
Magistrado
Con aclaración de voto
HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Magistrado
Con salvamento de voto
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
Con Salvamento de voto
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
Salvamento de voto
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] "Por medio del cual se termina un encargo y se realiza un nombramiento ordinario".
[2] Las gobernaciones de los departamentos de Bolívar, Antioquia, Córdoba y La Guajira enviaron sus respuestas a la Corte. Sin embargo, no hay contestación aún de los departamentos de Sucre, Cesar, Magdalena y Chocó.
| El señor Lisandro Junco presentó dos escritos ante la Corte. |
[4] En particular, se dispuso trasladar a este expediente los informes, junto con sus anexos, aportados por (i) la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el 27 de febrero de 2026, (ii) el Departamento Nacional de Planeación, el 27 de marzo de 2026 y (iii) la Contraloría General de la República, el 9 de abril de 2026. Estas pruebas fueron allegadas originalmente al expediente RE-390.
[5] Expediente RE-391. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Informe del 23 de abril de 2026.
[6] "Por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones."
[7] "[...] En efecto, existen disposiciones que además de ser prima facie abierta o manifiestamente inconstitucionales, por su contenido o formulación jurídica, logran bien aplicación definitiva, o bien involucran actuaciones que, al retrotraerse, generan efectos particularmente gravosos -en términos jurídicos y de manera particular, en términos de protección de derechos fundamentales-, que hacen inviable o muy problemática tal retracción, al punto que esos efectos se tornan en inexpugnables". Auto 272 de 2023, par. 31.
[9] "En todo caso, con fundamento en el principio de autorrestricción judicial y en el principio democrático, para decretar una medida orientada a impedir la producción de efectos de las normas objeto de control, la Corte se debe someter a unos requisitos o estándares estrictos los cuales deben respetar unos elementos mínimos, conforme pasa a explicarse". Auto 272 de 2023, fj. 52.
[10] Auto 082 de 2026, fj. 26.
[13] "La Corte no puede pasar por alto que el anuncio general de las medidas tributarias que se pretende adoptar evidencia el riesgo de que la habilitación prevista genere efectos irremediables durante el trámite de revisión de constitucionalidad. En efecto, algunos de los tributos anunciados pueden producir efectos muy difíciles o incluso imposibles de revertir, aun si el Decreto 1390 de 2025 se declarara inexequible con efectos retroactivos. Lo anterior, porque las medidas impositivas estarán vigentes y habilitan la causación, el pago y el recaudo. Precisamente algunos de los gravámenes anunciados en el decreto de declaratoria, por sus especiales características, no disponen de mecanismos idóneos y eficaces para la devolución integral de los dineros pagados por los obligados de facto, con ocasión de la expedición del decreto en mención, lo que genera la imposibilidad o una dificultad extrema para el retorno de lo pagado. En este sentido, toda la ciudadanía, en general, se ve sometida a un marco legal que, visto de manera preliminar, carece de un claro fundamento en la competencia que da lugar a su exigibilidad. || En efecto, en el caso de los impuestos indirectos, el perjuicio irremediable se manifestaría en la imposibilidad fáctica de realizar una devolución efectiva a los verdaderos sujetos pasivos. Dado que en estos tributos la carga económica suele trasladarse al consumidor final, una eventual declaratoria de inexequibilidad no permitiría resarcir a quienes efectivamente soportaron el costo del impuesto, pues la identificación de cada comprador resultaría potencialmente inviable". Auto 082 de 2026, fjs. 183 y 184.
[14] "Igualmente, tal y como se indicó en el título anterior, no puede la Corte dejar de considerar que algunas de las medidas tributarias, luego de la causación y pago, pueden tener efectos cuya restitución integral resulte material o jurídicamente inviable. La devolución efectiva de tributos, especialmente cuando se trata de gravámenes indirectos o de cargas que han sido trasladadas a terceros, puede enfrentar obstáculos insuperables. Por ello la adopción de la suspensión provisional constituye, en este caso, la medida menos gravosa y más eficaz para impedir la afectación de bienes constitucionales valiosos y el deterioro institucional de carácter estructural". Auto 082 de 2026, fj. 198.
[15] Auto 082 de 2026, fj. 207.
[16] Auto 082 de 2026, fj. 215.
[17] "[...] con la jurisprudencia anunciada, los criterios de gravedad e irreversibilidad de los efectos de la aplicación de la norma se introducen de una forma más explícita, pues el segundo paso constituye un filtro excluyente que supedita la adopción de la medida a que la aplicación de la norma produzca consecuencias de tal importancia que vuelvan ineficaz el control de constitucionalidad". Auto 082 de 2026, par. 218.
[18] "[...] el nuevo escrutinio reafirma el carácter excepcional de la medida y fortalece el principio de autorrestricción judicial. Así, establece un sistema fundado en supuestos más específicos y delimitados, que ya fueron mencionados, al igual que un ejercicio de ponderación especialmente estricto. Además, al ajustar el requisito de la manifiesta inconstitucionalidad prima facie, el juicio anunciado busca consolidar el carácter cautelar y excepcional de la suspensión". Auto 082 de 2026, par. 221.
[19] Corte Constitucional, sentencias C-216 de 2020 y C-473 de 2023, fj. 78.
[20] Corte Constitucional, Sentencia C-437 de 2023, fj. 79. Cita original con pies de página.
[21] Este régimen tributario especial se ha definido como "un conjunto de normas tributarias aplicables a un grupo de entidades, cuya finalidad es el desarrollo de su actividad meritoria y la ausencia de ánimo lucro, obteniendo una serie de beneficios, que reiteramos se pueden resumir en un tratamiento del beneficio neto o excedente como renta exenta por la destinación en dicha actividad, la aplicación de manera excepcional de una tarifa diferencial y el ser receptora de donaciones con un beneficio tributario directo para el donante, con el cumplimiento de los requisitos exigidos". DIAN, Concepto 7247 del 03 de junio de 2025. Disponible en https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_7247_2025.htm#NF4
[22] Estatuto Tributario, art. 19.
[23] Estatuto Tributario, art. 356-2.
[24] Ley 1116 de 2006, art. 1.
[25] Principalmente, tanto el 6 de la Ley 1370 de 2009 (por la cual se adiciona parcialmente el estatuto tributario) como el artículo 17 de la Ley 863 de 2003 (por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas)
[26] Principalmente, la Sentencia C-895 de 2012 mediante la cual se estudió una demanda ciudadana contra los artículos 6° (parcial) de la Ley 1370 de 2009 y 17 (parcial) de la Ley 863 de 2003, por no haber contemplado, supuestamente, a las empresas de servicios públicos domiciliarios en liquidación, como parte de las empresas exentas del impuesto al patrimonio.
[27] Corte Constitucional, Sentencia C-895 de 2012.
[28] Corte Constitucional, Sentencia C-006 de 2018, capítulo 4.
[29] Corte Constitucional, Sentencia C-216 de 2020, fj. 93.
[30] Estatuto Tributario, art. 359.
[31] Corte Constitucional, Sentencia C-216 de 2020, fj. 92.
[32] Corte Constitucional, Sentencia C-437 de 2023, fj, 85.
[33] Estatuto Tributario, arts. 19, 356 y 359.
[34] Salamon, L. M., Sokolowski, S. W., & Haddock, M. A. (2017). Explaining civil society development?: a social origins approach (1st ed.). John Hopkins University Press, p. 5.
[35] "Según Confecámaras, el 2024 cerró con 111.501 organizaciones de la sociedad civil (OSC) con matrícula mercantil renovada. De estas, según la DIAN, 19.506 (el 17,5%) están registradas en el Régimen Tributario Especial (RTE), que les permite ofrecer incentivos tributarios". Agencia Presidencial de Cooperación (2026). Estrategias de Filantropía. Disponible en https://www.apccolombia.gov.co/publicaciones
Internacional de Colombia, APC Colombia. P. 9.
[36] DANE y Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales (2021). Aportes de las organizaciones de la sociedad civil a los ODS. p. 15. Disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/dic-2021-nota-estadistica-aportes-organizaciones-de-la-sociedad-civil-a-ods.pdf
[37] Expediente digital, intervención de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN del 13 de marzo de 2026.
[38] Expediente digital, intervención del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana del 21 de marzo de 2026.
[39] Según Ascun, con base en datos del Ministerio de Educación, entre 2015 y 2022 la matrícula oficial en el nivel de primaria cayó en 336.533 estudiantes. Observatorio de sostenibilidad de las IES en Colombia. Boletín de cifras No. 1, marzo de 2024. Ascun. Disponible en: https://ascun.org.co/wp-content/uploads/2024/08/Boletin-1-Observatorio-de-Sostenibilidad-de-IES-ASCUN.pdf
[40] Observatorio de la Economía de la Educación. Informe #124. "Financiación de la educación superior: realidades y retos para el sector". Universidad Javeriana. 8 de agosto de 2025. https://lee.javeriana.edu.co/w/lee-informe-124. p. 8. Cita original con referencias adicionales.
[41] Agencia Presidencial de Cooperación (2026). Estrategias de Filantropía. Disponible en https://www.apccolombia.gov.co/publicaciones
Internacional de Colombia, APC Colombia.
[42] Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), "Estrategia de Filantropía", 2026. Disponible en: https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/2026-06/Estrategia%20de%20filantropia.pdf
[43] Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), "Estrategia de Filantropía", 2026. Disponible en: https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/2026-06/Estrategia%20de%20filantropia.pdf
[44] Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), "Análisis de la Filantropía Estadounidense en Colombia". Disponible en: https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/2025-10/White%20Paper%20-%20%20Filantropi%CC%81a_0.pdf
[45] Al respecto, se pueden consultar los decretos legislativos 1838 de 2002 y 4825 de 2010.
[46] Fernando Sánchez Calero, citado EN Reyes Villamizar, Francisco. Derecho Societario. Editorial Temis: Bogotá, 2017. p. 472.
[47] Corte Constitucional, Sentencia C-006 de 2018, capítulo 4.
[48] Corte Constitucional, Sentencia C-395 de 1996: "depende de la ley la determinación de las formalidades necesarias para que se entienda nacida la persona jurídica, así como para su transformación y extinción".
[49] Corte Constitucional, Sentencia C-387 de 2020, fj. 112.
[50] Código de Comercio, art. 222.
[51] Diario La República, "La liquidación de empresas subió casi 160% los últimos cuatro años en el mercado". Nota del 16 de marzo de 2026. Disponible en https://www.larepublica.co/empresas/la-liquidacion-de-empresas-en-cuatro-anos-en-colombia-4349834
[52] Código Sustantivo del Trabajo, art. 345.
[53] Ley 2452 de 2025, art. 285.
[54] Corte Constitucional, sentencias T-1045 de 2008 y T-387 de 2019.
[55] Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2009, fj. 15.
[56] Estatuto Tributario, art. 847.
[57] Ley 1116 de 2006, art. 71. Sobre el alcance de este concepto se puede consultar el Oficio 220-081850 del 23 de julio de 2019, proferido por la Superintendencia de Sociedades. Disponible en https://globbal.co/wp-content/uploads/2019/09/50-Con-SUPERSOCIEDADES-220-081850-2019-Reorganizacion-empresarial-e-impuestos-por-pagar.pdf
[58] Decreto Legislativo 173 de 2026, art. 5.
[59] La Corte Constitucional ha reconocido que la devolución de tributos no presenta el mismo grado de complejidad según su naturaleza, siendo más sencilla en el caso de los impuestos directos que en los indirectos. Ello obedece a que, en los impuestos directos, el sujeto pasivo que soporta la carga económica coincide, por regla general, con quien realiza el pago, lo que facilita la identificación del titular del derecho a la restitución. En contraste, en los impuestos indirectos, la carga suele trasladarse a terceros –como ocurre con el consumidor final–, lo que dificulta la determinación de quién debe ser efectivamente resarcido. Ver sentencias de la Corte Constitucional C-776 de 2003 y C-293 de 2020.
[60] Expediente digital, intervención de Lisandro Junco Rivera del 9 de marzo de 2026.
[61] Expediente digital, intervención de Ana María Barbosa Rodríguez y Juan Mateo Martínez Riveros, Ernst & Young del 6 de marzo de 2026.
[62] Según el calendario tributario de la DIAN para el año 2026, los grandes contribuyentes deben declarar renta y realizar el pago de segunda cuota entre el 13 y el 27 de abril de 2026. Al tiempo que las personas jurídicas en general declaran renta entre mayo y julio de 2026. Información obtenida de https://www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2026.pdf
[63] Expediente digital, intervenciones de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA del 13 de abril de 2026 y de la Fundación para el Estado de Derecho del 9 de marzo de 2026.
[64] Constitución de 1991, art. 95, num. 2.
[65] Decreto Legislativo 150 de 2026, considerandos, p. 3.
[67] "Al respecto, la Sala reitera que en materia tributaria existe un amplio margen de configuración y que, los impuestos que se creen con el fin de conjurar un estado de excepción no tienen necesariamente que gravar a personas o sectores económicos que hayan contribuido directamente a la crisis, porque las cargas y las obligaciones tributarias se fundamentan en el principio de solidaridad contemplado en el artículo 1 de la Constitución y en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado". Corte Constitucional, Sentencia C-431 de 2025, fj. 254.
[68] Corte Constitucional, Sentencia C-405 de 2023, fj. 105.
[69] "Aún en estado de excepción, la potestad tributaria se fundamenta en que: (i) del sistema tributario depende el mantenimiento, fortalecimiento y la propia subsistencia del Estado, lo cual se refleja en el correlativo deber para todas las personas de tributar (art. 95-9 C.P.); (ii) el principio de solidaridad que impone a todos participar en la consecución de los fines del Estado (arts. 1 y 2 C.P.); y (iii) en que el Estado tiene la función de intervenir en la economía mediante la ley (art. 334 C.P.), para lo cual no solo puede definir su política tributaria, sino los medios para alcanzarla dentro de márgenes de razonabilidad, proporcionalidad y con proscripción del exceso". Corte Constitucional, Sentencia C-293 de 2020.
[70] Constitución de 1991, art. 95, num. 2.
[72] "El estado de excepción es un conjunto de circunstancias anormales que permiten la habilitación constitucional de competencias legislativas al Presidente sin mediación de otro poder. La finalidad de dichas atribuciones es la de retornar a la normalidad que supone el Estado de Derecho. En particular, que las instituciones jurídicas tengan la capacidad de garantizar los derechos que deben proteger. Corte Constitucional, Sentencia C-293 de 2020.
[73] De acuerdo con el art. 215 de la Constitución, los decretos legislativos dictados en el marco de un estado de emergencia económica, social y ambiental: "[...] deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente [...]".
[74] "Durante el Estado de Emergencia, el Gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos casos las medidas dejaran de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente". Ley Estatutaria 137 de 1994, art. 47, parágrafo.
[75] Según estimaciones iniciales, el Gobierno busca obtener más de la mitad de la meta de recaudo a partir de dos sectores específicos, el financiero (2,51 billones) y el extractivo (2,1 billones); mientras que el resto de personas jurídicas aportarían 3.41 billones. Respuesta del Gobierno nacional del 6 de abril de 2026, p. 44.
[76] Según explicó el Gobierno nacional en la parte motiva del Decreto Legislativo 173 de 2026, los recursos para cubrir todas las contingencias y desastres ambientales en $668.421.000.000 pesos.
[77] Decreto Legislativo 173 del 24 de febrero de 2026.
[79] Expediente digital, intervención ciudadana de Luis Eduardo Clavijo Patiño del 24 de marzo de 2026.
[80] Expediente digital, respuesta de la Contraloría General de la República al Oficio No. OPC-069/26 del 9 de abril de 2026.
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