TEMAS-SUBTEMAS
Auto A-672/26
RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de procedencia
RECURSO DE SUPLICA CONTRA AUTO QUE RECHAZA DEMANDA-Demandante debe efectuar razonamiento mínimo para constatar yerro o arbitrariedad
RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incumplimiento de la carga argumentativa
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 672 DE 2026
Referencia: Expediente D-17229
Asunto: Recurso de súplica contra el Auto del 9 de abril de 2026 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra de los artículos 135 (parcial), 136 (parcial) y 137 (parcial) de la Ley 769 de 2002[1]; el parágrafo 3 del artículo 8 (parcial) de la Ley 1843 de 2017[2] ; y el artículo 69 (parcial) de la Ley 1437 de 2011.
Demandante: Luis Alberto Torres Álvarez.
Magistrado Ponente: Héctor Alfonso Carvajal Londoño.
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
I. ANTECEDENTES
La demanda
El ciudadano Luis Alberto Torres Álvarez presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 135 (parcial), 136 (parcial) y 137 (parcial) de la Ley 769 de 2002; el parágrafo 3 del artículo 8 (parcial) de la Ley 1843 de 2017; y el artículo 69 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, por la presunta vulneración de los artículos 2, 29, 83 y 209 de la Constitución. Las disposiciones impugnadas fueron publicadas en los Diarios Oficiales No. 44.932 de 13 de septiembre de 2002; No. 50.294 del 14 de julio de 2017 y No. 47.956 de 18 de enero de 2011, respectivamente.
Previo al planteamiento del único cargo de inconstitucionalidad, el accionante explicó que la demanda se presenta en virtud de "un caso concreto tramitado ante la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en el cual el ciudadano Jaime Enrique Cely Serrano fue vinculado a un procedimiento administrativo sancionatorio de tránsito sin haber tenido conocimiento real, oportuno y efectivo del mismo"[4] aunque explica que no pretende que se realice un control específico frente a este caso ni atacar ningún acto administrativo, sí considera que la situación descrita previamente es un "hecho revelador" del problema de constitucionalidad planteado.
El actor solicitó a la Corte determinar si los apartes demandados, "tal como han sido interpretados y aplicados por las autoridades de tránsito, vulneran el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), al permitir que la administración sustituya la notificación personal por mecanismos tecnológicos impersonales y masivos, presuma el conocimiento del acto administrativo sancionatorio e invierta la carga de diligencia en cabeza del ciudadano, haciendo ilusorio el ejercicio real del derecho de defensa"[5].
En consecuencia, el actor solicitó (i) que se declare la inexequibilidad "de los apartes demandados de la Ley 769 de 2002, la Ley 1843 de 2017 y el artículo 69 (inciso 2°) del CPACA, en cuanto permiten notificaciones fictas, presunción de conocimiento e inversión de la carga de diligencia"[6]; (ii) que de manera subsidiaria se declare la exequibilidad condicionada de las mismas disposiciones "bajo el entendido de que la notificación por aviso o publicación es estrictamente excepcional, residual y solo procede tras acreditar de manera reforzada la imposibilidad real de notificación personal"[7] y; (iii) que se exhorte al Congreso de la República y a las autoridades de tránsito "a adecuar el régimen de notificaciones sancionatorias a los estándares constitucionales del debido proceso en contextos de automatización tecnológica".
Auto de inadmisión del 6 de marzo de 2026
Mediante Auto del 6 de marzo de 2026, notificado el 10 de marzo[9], el magistrado Carlos Camargo Assis inadmitió la demanda por el incumplimiento de los parámetros generales de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. El siguiente cuadro sintetiza los argumentos presentados:
Tabla 1. Argumentos presentados en el auto para la inadmisión de la demanda.
En mérito de lo expuesto, se inadmitió la demanda y se le otorgó al ciudadano el término de 3 días para corregirla.
Escrito de corrección
El 11 de marzo de 2026[13], el demandante presentó la corrección de la demanda en los siguientes términos. Para tal fin, transcribió varios textos que identificó como pertenecientes a los artículos 135, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002; parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, y 69 de la Ley 1437 de 2011. Además, propuso cinco cargos de inconstitucionalidad que el auto de rechazo resumió así:
Tabla 2. Síntesis de los argumentos expuestos en los cinco cargos propuestos en el escrito de corrección.
| Identificación del cargo | Desarrollo del cargo |
| Artículo 135 Ley 769 de 2002 | Normas constitucionales vulneradas: artículos 29 y 209 de la Constitución. Actuación administrativa: uso de medios tecnológicos para imponer comparendos, remitiendo notificaciones sin verificar recepción efectiva ni garantizar audiencia presencial. Problema jurídico: riesgo de indefensión; la administración presume conocimiento del acto sancionatorio sin asegurar derecho a defensa. Argumentación: la norma faculta el envío de comparendos por correo o medios tecnológicos (Ley 769/2002, art. 135), sin garantizar recepción efectiva, lo que desconoce el derecho al debido proceso (art. 29 CP) y el principio de legalidad y eficiencia del poder público (art. 209 CP). Jurisprudencia: sentencias C-980 de 2010, C-012 de 2013 y C-038 de 2020 |
| Artículo 136 Ley 769 de 2002 | Normas constitucionales vulneradas: artículos 2 y 29 de la Constitución. Actuación administrativa: reducción de multa condicionada a asistencia a cursos, sin garantizar notificación efectiva. Problema jurídico: el ciudadano podría perder beneficios legales y defensa efectiva. Argumentación: la norma establece descuentos (50% o 75%) según asistencia (art. 136). Si falla la notificación, se impide el ejercicio de derechos, vulnerando un tratamiento de igualdad de trato y debido proceso. Jurisprudencia: sentencias C-089 de 2011 y T-238 de 2021. |
| Artículo 137 Ley 769 de 2002 - Principio de publicidad, notificaciones y debido proceso | Normas constitucionales vulneradas: artículos 2, 29 y 83 de la Constitución. Actuación administrativa: comparendos remitidos al propietario registrado, sin asegurar recepción. Problema jurídico: vulneración del derecho de defensa y contradicción, afectando derechos patrimoniales y acceso a beneficios. Argumentación: presunción de conocimiento sobrepasa garantía de defensa. Riesgo de sanciones indebidas por notificación no efectiva. Jurisprudencia: sentencias C-012 de 2013 y C-112 de 2022 |
| Artículo 8, parágrafo 3 Ley 1843 de 2017 | Normas constitucionales vulneradas: artículos 2 y 29 de la Constitución. Actuación administrativa: obliga a actualizar datos en RUNT; notificación puede surtirse por aviso, sin control de recepción. Problema jurídico: la responsabilidad de notificación es trasladada al ciudadano, afectando la defensa efectiva. Argumentación: notificación por aviso sin confirmación de recepción compromete derecho a defensa. Jurisprudencia: sentencia C-038 de 2020. |
| Artículo 69 Ley 1437 de 2011 | Normas constitucionales vulneradas: artículos 2 y 29 de la Constitución. Actuación administrativa: publicación de avisos como notificación, considerada surtida en la norma, aunque el ciudadano desconozca el acto. Problema jurídico: vulneración del derecho a contradicción y derecho de defensa. Argumentación: publicación en la página web no garantiza el conocimiento efectivo. A su vez, existe el riesgo de sanción sin defensa, lo que desconoce el debido proceso y el principio de legalidad. Jurisprudencia: sentencias C-112 de 2022 y C-530 de 2003. |
Frente al principio pro actione y la cosa juzgada constitucional, el actor solicitó la aplicación de ese principio por considerar que su demanda tenía un núcleo argumentativo suficiente. Explicó, además, que las normas demandadas no gozan de cosa juzgada constitucional derivada de la Sentencia C-530 de 2003, pues esta solo examinó lo relativo al envío del comparendo y no los efectos de la notificación a través de tecnologías modernas, la presunción de conocimiento del acto administrativo sancionatorio ni la transferencia de la carga de diligencia al ciudadano.
Auto de rechazo del 9 de abril de 2026
Mediante Auto del 9 de abril de 2026, el magistrado Carlos Camargo Assis rechazó la demanda al constatar que el actor no subsanó las deficiencias advertidas en el auto inadmisorio, incluso dando aplicación al principio pro actione. El magistrado reconoció que el demandante avanzó en el requisito de claridad, en cuanto identificó con adecuada precisión las expresiones demandadas y estructuró de manera independiente los argumentos para cada norma. Sin embargo, concluyó que:
"[S]i bien el demandante presentó algunas consideraciones adicionales en relación con la acusación inicialmente formulada, así como suprimió algunos de los argumentos de la demanda y complementó otros, no avanzó de manera significativa en la subsanación de los requisitos mínimos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, que se habían requerido en el auto inadmisorio. Particularmente, la acusación no partió del contenido normativo acusado (se mantiene sobre los efectos que el ciudadano le arguye a la norma). Esto dificulta de manera transversal la habilitación de un pronunciamiento de fondo"[14].
Respecto de la certeza, el despacho señaló que los argumentos del demandante seguían fundados en consecuencias inferidas de las disposiciones acusadas, y destacó que el artículo 135 de la Ley 769 de 2002 reglamenta la imposición de contravenciones de tránsito presenciadas por las autoridades, en las que se hace entrega física del comparendo al conductor, por lo que "no es factible desprender, a partir de la simple lectura de los apartes acusados, todo el alcance que le atribuye el demandante"[15].
En cuanto a la pertinencia, advirtió que el accionante no demostró de qué manera las expresiones acusadas contradicen los artículos constitucionales invocados, ni controvirtió la existencia del mecanismo previsto en el artículo 7 de la Ley 1843 de 2017 –que adicionó el parágrafo 2° al artículo 136 de la Ley 769 de 2002– conforme al cual, cuando se demuestre que el comparendo por infracción detectada mediante sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos no fue notificado o fue indebidamente notificado, los términos para la reducción de la sanción comenzarán a correr a partir de la fecha de notificación. Por lo tanto, concluyó el auto de rechazo, la presunta falta de conocimiento del acto sancionatorio planteada por el actor tiene un mecanismo legal de subsanación, lo que evidencia que el debate es de carácter legal y no constitucional.
Respecto de la especificidad, la demanda y el escrito de corrección carecen de una oposición objetiva y verificable entre las disposiciones demandadas y las normas constitucionales que se estiman vulneradas. Y en lo tocante a la suficiencia, el actor no logró suscitar una duda mínima de inconstitucionalidad que habilitara a la Corte para un examen de fondo.
Recurso de súplica presentado contra la decisión de rechazo contenida en el Auto del 9 de abril de 2026
Los días 13 y 14 de abril de 2026, el señor Luis Alberto Torres Álvarez presentó dos escritos de súplica frente al Auto del 9 de abril de 2026. El día 20 de abril de 2026, el expediente fue asignado al magistrado ponente.
Primer escrito. En el escrito del 13 de abril, el demandante explicó que el problema que se plantea a la Sala Plena "no consiste en determinar si la demanda es perfecta o exhaustiva, sino si contiene un núcleo argumentativo suficiente"[16]. Frente al requisito de certeza, afirmó que la Corte ha admitido demandas dirigidas contra los efectos jurídicos de la norma y que, en el caso concreto, "la demanda identifica una proposición normativa clara: la posibilidad de tener por surtida la notificación de actos administrativos sancionatorios sin que exista certeza sobre el conocimiento efectivo del administrado"[17]. Consideró que el auto de rechazo incurrió en un error al asumir que tal consideración derivaba de una valoración subjetiva, cuando "toda proposición normativa supone, precisamente, la identificación de consecuencias jurídicas derivadas del texto legal".
El recurrente controvirtió la afirmación del despacho sustanciador según la cual la demanda no plantea un problema de relevancia constitucional, sosteniendo que el despacho desconoció una sólida línea jurisprudencial en la que esta Corporación ha reconocido el carácter material del derecho al debido proceso en actuaciones administrativas y precisando que la notificación no constituye un simple requisito formal, sino un verdadero mecanismo de defensa. También sostuvo que la demanda cumple el estándar de suficiencia pues "no exige certeza sobre la inconstitucionalidad, sino la existencia de una duda razonable"[19]. Por último, insistió en la aplicación del principio pro actione y solicitó la revocatoria del auto de rechazo.
Segundo escrito. En el escrito del 14 de abril, el demandante reiteró y amplió los argumentos del primer memorial. Además, afirmó que el auto de rechazo incurrió en un:
"[e]rror de apreciación fáctica con incidencia directa en la comprensión del cargo constitucional, al asumir como presupuesto implícito que el acto del comparendo objeto de controversia deriva de un procedimiento presencial o de imposición directa en vía, cuando en realidad el núcleo fáctico del caso, tal como ha sido planteado de manera consistente en la demanda, corresponde al sistema de foto detección electrónica con notificación diferida y extemporánea, a los ciudadanos, lo cual altera sustancialmente el análisis de constitucionalidad, particularmente en lo relativo al principio de conocimiento efectivo del acto administrativo sancionador"[20] (Negrilla dentro del texto original).
En ese sentido, consideró que dicho error llevó al despacho sustanciador a evaluar la demanda como si se tratara de un reproche a un procedimiento inmediato y presencial, cuando en realidad lo que se discute es la validez constitucional de un esquema normativo de sanción automatizada con débil garantía de notificación. Insistió en que el problema es de carácter estructural y ha sido documentado por entes de control, jueces de tutela y medios de comunicación.
El demandante también argumentó que se logra suscitar una duda mínima de inconstitucionalidad, que el régimen de foto-detección configura una "responsabilidad cuasi objetiva" incompatible con los artículos 29 de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que un juicio de proporcionalidad evidenciaría el déficit constitucional del diseño normativo cuestionado. Finalmente, identificó de manera expresa cuatro yerros que a su juicio afectan el auto de rechazo: "(i) desconoce precedente específico y directamente aplicable –la Sentencia C-038 de 2020–; (ii) reduce indebidamente el estándar de suficiencia; (iii) omite considerar el contexto fáctico verificable, ampliamente documentado; y (iv) elude el análisis de la tensión constitucional planteada, esto es, la posible sustitución de garantías previas por mecanismos posteriores". En mérito de lo expuesto, solicitó la revocatoria del auto de rechazo.
Por último, reiteró que en el caso concreto se debe aplicar el principio pro actione porque según la sentencia C-1052 de 2001 "en caso de duda sobre el cumplimiento de los requisitos de la demanda, el juez constitucional debe optar por su admisión, siempre que exista un hilo argumentativo comprensible que permita identificar un problema de relevancia constitucional". Por lo tanto, la exigencia de una carga argumentativa excesiva es desproporcionada frente al estudio que debe realizar la Corte en este tipo de casos.
En mérito de lo expuesto, solicitó que se concediera el recurso de súplica y se revocara la decisión adoptada.
CONSIDERACIONES
- Competencia
- Generalidades sobre el trámite de la acción pública de inconstitucionalidad y el recurso de súplica
- Análisis del recurso de súplica
- El recurso de súplica cumple los presupuestos de legitimación por activa y de oportunidad, pero ninguna de sus dos (2) versiones supera la carga argumentativa
- El demandante no cumplió con la carga argumentativa que permita un análisis de fondo respecto de la posible comisión de un yerro, omisión o actuación arbitraria por parte del despacho sustanciador
La Sala Plena es competente para resolver el recurso de súplica de la referencia, con fundamento en lo previsto en el inciso segundo del artículo 6 del Decreto 2067 de 1991[21].
De conformidad con el artículo 241.4 de la Constitución, le corresponde a esta Corporación "decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación". Esta competencia no se ejerce de manera oficiosa debido a que "quien activa el control de constitucionalidad es el ciudadano con la presentación, en debida forma, de la demanda de inconstitucionalidad y no la Corte Constitucional"[22]. En este sentido, es esencial la participación de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político, a través de las acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley (artículo 40.6 superior).
De conformidad con el artículo 6 del Decreto Ley 2067 de 1991, la decisión que rechaza una demanda de inconstitucionalidad puede ser controvertida a través del recurso de súplica, mediante el cual el ciudadano puede solicitar a la Sala Plena que reconsidere tal determinación.
A través de este mecanismo, se le garantiza al actor la posibilidad de activar una instancia procesal dentro de la acción pública de inconstitucionalidad, para "controvertir los argumentos que el magistrado sustanciador adujo para rechazar la demanda de inconstitucionalidad"[23]. Por lo tanto, la argumentación del recurso de súplica se debe encaminar a rebatir la motivación del auto de rechazo y no a corregir, modificar o reiterar las razones expuestas inicialmente en la demanda. En ese sentido, la Corte ha concluido que el recurso de súplica es "la ocasión para exponer ante la Sala Plena las razones que el demandante estima válidas respecto de la providencia suplicada, con miras a obtener su revocatoria".
La procedencia del recurso de súplica y su subsecuente estudio de fondo se encuentran supeditados al cumplimiento de tres requisitos:
(i) la legitimación por activa, que hace referencia a que la solicitud estudiada debe provenir del demandante, quien debió acreditar su condición de ciudadano colombiano durante el trámite; (ii) la oportunidad, pues según el artículo 49 del Reglamento Interno de la Corte, el recurso debe ser presentado dentro del término de ejecutoria del auto de rechazo, es decir, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto de rechazo, ya que de lo contrario el recurso de súplica será considerado extemporáneo; y (iii) la carga argumentativa, que exige al recurrente "presentar un razonamiento mediante el cual la Sala Plena pueda constatar el yerro, el olvido o la actuación arbitraria que se endilga del auto de rechazo". Este último requisito "exige que el demandante estructure una argumentación que le permita a la Sala Plena identificar el error que se endilga en el auto de rechazo". La omisión respecto del cumplimiento de este requisito "implicaría una falta de motivación de recurso, que le impediría a esta corporación pronunciarse de fondo [sobre] el mismo"[25]
Respecto del último requisito, la Corte ha precisado que el recurrente tiene la carga de presentar "un razonamiento mediante el cual la Sala Plena pueda constatar el yerro, el olvido o la actuación arbitraria"[26] que se atribuye al auto de rechazo. De ahí que, si el actor no fundamenta el recurso o lo hace de manera insuficiente, "estaría incurriendo en una falta de motivación grave que impediría a esta Corporación pronunciarse de fondo".
Entonces, el recurso de súplica debe controvertir el auto de rechazo a través de un grado mínimo de fundamentación que le permita a la Sala Plena identificar los defectos que se endilgan a dicha providencia, de modo que el referido recurso "no está llamado a convertirse en nueva oportunidad para adicionar, complementar, aclarar o reformar una demanda"[28].
Por lo tanto, la competencia de la Sala Plena se circunscribe al análisis de los motivos de inconformidad del recurrente con el auto de rechazo, sin que se pueda pronunciar sobre materias distintas[29]. En tal sentido, cuando la Corte advierte que los requisitos de procedencia del recurso se encuentran satisfechos, estudia el fondo del asunto con el fin de determinar si se ha incurrido en un yerro, olvido o arbitrariedad.
Con tal propósito, cumplidos los requisitos de procedencia del estudio de fondo y para efectos de la prosperidad del recurso, el accionante debe demostrar: (i) que se exigieron requisitos que no son propios del juicio de admisibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad o (ii) que cumplió, en forma satisfactoria, con lo solicitado en el auto inadmisorio de la demanda[30]. Igualmente es posible, al plantear el recurso, la presentación de razones encaminadas a demostrar que la decisión de rechazo, debiéndolo hacer, no consideró el principio pro actione.
La Sala Plena verificará si el recurso interpuesto cumple con los requisitos de legitimación por activa, oportunidad y carga argumentativa mínima. El requisito de legitimación por activa se cumple dado que el recurso fue interpuesto por Luis Alberto Torres Álvarez, quien figura como demandante y acreditó su calidad de ciudadano colombiano en el presente trámite[32].
En lo que respecta a la oportunidad, el informe de la Secretaría General de esta Corporación da cuenta de que el Auto del 9 de abril de 2026 fue notificado mediante estado del 13 del mismo mes y año. El término de ejecutoria transcurrió los días 14, 15 y 16 de abril de esta anualidad. Los escritos de súplica fueron enviados por correo electrónico los días 13 y 14 de abril de 2026. Lo anterior evidencia que el recurso fue interpuesto dentro del término legal.
Finalmente, la Sala Plena constata que el recurso de súplica no supera el presupuesto de la carga argumentativa en ninguna de sus dos versiones (13 y 14 de abril de 2026) y, en consecuencia, debe ser rechazado por las razones que se exponen a continuación:
La Sala Plena entra a verificar si los escritos de súplica del 13 y 14 de abril de 2026 satisfacen la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional. Como se expondrá a continuación, ninguna de las dos versiones supera dicho presupuesto, por cuanto ambas se limitan a reiterar y ampliar los argumentos de la demanda y de su corrección, sin identificar un yerro, olvido o actuación arbitraria verificable en la motivación del auto de rechazo del 9 de abril de 2026, ni argumentar en qué medida el despacho sustanciador exigió requisitos impropios de la etapa de admisibilidad o valoró de manera equivocada lo efectivamente planteado en la corrección.
El auto de rechazo del 9 de abril de 2026 sustentó la decisión en cuatro fundamentos autónomos e independientes: (i) los cargos siguieron fundados en consecuencias inferidas de las normas y no en su contenido normativo real (incumplimiento de certeza); (ii) el demandante no demostró de qué manera las expresiones acusadas contradicen las normas constitucionales invocadas, ni controvirtió la existencia del mecanismo corrector del artículo 7 de la Ley 1843 de 2017 para eventos de notificación irregular en sistemas de foto-detección (incumplimiento de pertinencia); (iii) la corrección no construyó una oposición objetiva y verificable entre las disposiciones acusadas y la Constitución, limitándose a mencionar sentencias de esta Corporación sin desarrollar el contraste normativo (incumplimiento de especificidad); y (iv) los razonamientos expuestos no suscitaron una duda mínima de inconstitucionalidad que habilitara un pronunciamiento de fondo (incumplimiento de suficiencia). El recurso de súplica debía controvertir, con argumentos precisos, al menos uno de estos fundamentos y no lo hizo en ninguna de sus dos versiones, como se expone a continuación.
El primer escrito (13 de abril) no identifica ningún yerro concreto del auto de rechazo. Se limita a afirmar, de manera genérica, que el despacho sustanciador realizó una valoración "excesivamente restrictiva" de los requisitos de admisibilidad, y a reiterar los argumentos sustantivos de la demanda esto es, que las normas permiten tener por surtida la notificación sin garantizar el conocimiento efectivo del administrado, que esa situación tiene relevancia constitucional y que existe una sólida línea jurisprudencial de respaldo.
El segundo escrito (14 de abril) introduce un argumento adicional: el auto de rechazo habría incurrido en un error de apreciación fáctica al evaluar el artículo 135 de la Ley 769 de 2002 como si regulara comparendos presenciales, cuando el objeto real de la demanda es el sistema de foto-detección electrónica.
Este planteamiento, aunque más concreto que el del primer escrito, tampoco supera la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia, por tres razones. Primera: el auto inadmisorio ya advirtió que el artículo 135 reglamenta contravenciones presenciadas, de modo que la distinción entre comparendo presencial y foto-comparendo era conocida por el demandante desde esa etapa; sin embargo, la corrección no abordó ese punto de manera diferenciada ni explicó por qué el artículo 135 sí era relevante en el contexto de la foto-detección. El reproche ahora formulado en la súplica era articulable desde la corrección y su introducción tardía desnaturaliza el carácter excepcional del recurso.
Segunda: incluso de llegar a demostrarse el presunto error fáctico alegado, este no tiene incidencia determinante en el resultado del rechazo, porque los demás fundamentos del auto –en particular, la existencia del mecanismo corrector de la Ley 1843 de 2017 y la ausencia de una oposición objetiva entre las normas acusadas y la Constitución– son autónomos y permanecen sin controvertir.
Tercera: el recurrente no indicó en qué apartado de la corrección se explicó que el sistema de foto-detección era el supuesto normativo de referencia ni por qué el auto de rechazo desconoció o valoró mal esa información.
En efecto, tal como lo expuso el auto de rechazo, el artículo 7 de la Ley 1843 de 2017 adicionó el parágrafo 2° al artículo 136 de la Ley 769 de 2002 y establece lo siguiente: "[c]uando se demuestre que la orden de comparendo por infracción a las normas de tránsito detectada por sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos, no fue notificada o indebidamente notificada, los términos establecidos para la reducción de la sanción comenzarán a correr a partir de la fecha de la notificación del comparendo". Así las cosas, al presentarse un debate de carácter legal, por una lectura parcial de las disposiciones cuestionadas, no se aprecia la relevancia constitucional del caso y tampoco la configuración de un yerro, omisión o actuación arbitraria por parte del despacho sustanciador.
La existencia de ese mecanismo es un fundamento autónomo del auto de rechazo: si el ordenamiento ya prevé una solución legal para la notificación irregular en sistemas de foto-detección, el problema planteado por el demandante es de legalidad y no de constitucionalidad. Para desvirtuar este fundamento en la súplica, le correspondía al recurrente demostrar por qué dicho mecanismo resulta insuficiente para garantizar el derecho de defensa desde la perspectiva constitucional. Ninguna de las dos versiones del recurso abordó este punto.
Finalmente, ambas versiones del recurso incurren en el mismo defecto estructural: reproducen y amplían los argumentos de la demanda original y de la corrección –particularmente el relativo a la relevancia constitucional de la notificación efectiva en el debido proceso– en lugar de demostrar que el auto de rechazo los valoró de manera equivocada o incompleta. Aunque el recurrente sí logró construir, en la corrección, cinco cargos por norma con jurisprudencia y problemas jurídicos identificados –lo que el auto de rechazo reconoció como avance en el requisito de claridad–, ese avance no se extendió a los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
El recurso de súplica no subsana esa falencia: no señala en qué apartado específico de la corrección se respondía al requerimiento de certeza, ni demuestra en qué consistió el error de valoración del despacho sustanciador. En cambio, amplió el desarrollo argumental sustantivo del cargo –invocando contexto empírico, jurisprudencia interamericana y análisis de proporcionalidad– sin vincularlo a la demostración de un defecto concreto en la motivación del auto de rechazo. Ese tipo de argumento no satisface la carga del recurso de súplica, pues este mecanismo no puede convertirse en una nueva oportunidad para completar o reforzar la demanda.
En consecuencia, la Sala Plena concluye que ninguna de las dos versiones del recurso de súplica supera el presupuesto de carga argumentativa. El primer escrito (13 de abril) no identifica ningún yerro concreto del auto de rechazo y se reduce a reiterar la postura sustantiva de la demanda. El segundo escrito (14 de abril), aunque introduce un argumento más específico sobre un supuesto error de apreciación fáctica relativo al tipo de comparendo, no demuestra su incidencia determinante en el resultado del rechazo, ni controvierte los demás fundamentos autónomos del auto, ni acredita que ese reproche no podía haberse formulado desde la corrección. En ambos casos, el recurso se convierte en lo que la jurisprudencia de esta Corporación ha excluido expresamente: una oportunidad para adicionar, complementar o reforzar la demanda, y no para controvertir de manera fundada y específica la providencia de rechazo.
Además, aunque el principio pro actione ordena que cuando exista duda sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas de la demanda, la Corte se esfuerce, en la medida de sus posibilidades, por admitirla y adoptar una decisión de fondo, "[n]o es función de la Corte sustituir al demandante, por lo cual no puede formular sus propios cargos, ni determinar por sí misma el concepto de la violación"[33]. En esa medida, la sola petición de un análisis más flexible o la mención a este principio por parte del demandante es insuficiente para proceder con la admisión de la demanda.
En consecuencia, debido a que no se encontraron acreditadas los yerros que el recurrente le atribuyó al auto de rechazo y que, adicionalmente, no se advirtió que el auto hubiera desconocido la aplicación del principio pro actione, la Corte rechazará el recurso de súplica presentado por el ciudadano Luis Alberto Torres Álvarez contra el Auto del 9 de abril de 2026, mediante el cual el magistrado Carlos Camargo Assis rechazó la demanda formulada en el expediente D-17.229.
Con todo, la Sala le recuerda al demandante que la inadmisión o el rechazo de una demanda de inconstitucionalidad, ya sea total o parcial, no genera efectos de cosa juzgada ni limita el derecho de acción de los ciudadanos. Por lo tanto, si el accionante lo considera oportuno, puede presentar una nueva demanda que cumpla con todas las exigencias para su admisión.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO. RECHAZAR, por improcedente, por ausencia de carga argumentativa, el recurso de súplica presentado por el ciudadano Luis Alberto Torres Álvarez contra el auto de rechazo del 9 de abril de 2026, proferido en el expediente D-17.229, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Contra esta providencia no procede recurso alguno.
TERCERO. Ejecutoriada esta decisión, ARCHIVAR el expediente.
Notifíquese y cúmplase.
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
CARLOS CAMARGO ASSIS
Magistrado
No participa
HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Magistrado
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones"
[2] "Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones".
[3] "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
[4] Expediente digital, archivo "Demanda ciudadana".
[6] Expediente digital, archivo "Demanda ciudadana".
[9] Expediente digital, archivo "COMUNICACIÓN AUTO D-17229 DEL 6 DE MARZO DE 2026 - OFICIO REMISORIO SGC-353/26".
| Expediente digital, archivo "Auto que Inadmite la demanda". |
| Expediente digital, archivo "Auto que Inadmite la demanda". |
| Expediente digital, archivo "Auto que Inadmite la demanda". |
[13] Expediente digital, archivo "Corrección a la demanda".
[14] Expediente digital. "Auto que Rechaza la demanda".
[16] Expediente digital, archivo "1824 R D-17229 Recurso de súplica, remite Luis Alberto Torres Álvarez"
[20] Expediente digital, archivo "1856 R D-17229 Recurso de súplica, remite Luis Alberto Torres Álvarez"
[21] "Artículo 6º. Repartida la demanda, el magistrado sustanciador proveerá sobre su admisibilidad dentro de los diez días siguientes. || Cuando la demanda no cumpla algunos de los requisitos previstos en el artículo segundo, se le concederán tres días al demandante para que proceda a corregirla señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se rechazará. Contra el Auto de rechazo, procederá el recurso de súplica ante la Corte. || El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales. || Se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente. No obstante, estas decisiones también podrán adoptarse en la sentencia". (Énfasis añadido).
[22] Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 2004.
[23] Corte Constitucional, autos 263 de 2016 y 292 de 2020.
[24] Corte Constitucional, autos 638 y 236 de 2010 y Auto 292 de 2020.
[25] Corte Constitucional, autos 1407 de 2025, 1838 de 2025 y 070 de 2026
[26] Corte Constitucional, autos 196 de 2002, 027 de 2021, 125 de 2020, 129 de 2005 y 196 de 2002.
[27] Corte Constitucional, autos 027 de 2021, 243 de 2020, 027 de 2016, 029 de 2016 y 129 de 2005.
[28] Corte Constitucional, autos 196 de 2002 y 585 de 2019.
[29] Corte Constitucional, autos 127 de 2020, 497 de 2019, 759 de 2018, 029 de 2016, 164 de 2006, 061 de 2003 y 024 de 1997.
[30] Corte Constitucional, autos 127 de 2020, 497 de 2019, 232 de 2018 y 236 de 2017.
[31] Sobre el alcance de este principio la sentencia C-292 de 2019 indicó: "(...) Uno de los criterios para definir si un cargo cuyo análisis se encuentra a consideración de la Sala Plena debe dar lugar a un pronunciamiento de fondo es el principio pro actione. Según ha señalado la jurisprudencia refiriéndose a su contenido "el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo" (...). // Son dos las exigencias que se adscriben específicamente al principio. La primera (i) prohíbe una aproximación a la demanda que tenga por objeto o como efecto un incremento en los requerimientos técnicos de la acusación, al punto de privilegiarlos sobre el debate sustantivo que puede derivarse razonablemente de la misma. La segunda (ii) ordena que en aquellos casos en los que exista una duda sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas de argumentación, la Corte se esfuerce, en la medida de sus posibilidades, por adoptar una decisión de fondo. Según la jurisprudencia, también es expresión del principio la integración de la unidad normativa "[c]uando la norma acusada ha sido modificada por otra posterior, pero subsisten, a pesar de la reforma, los contenidos normativos acusados" (...) // El empleo del referido principio no habilita a la Corte para corregir o aclarar equívocos, aspectos confusos o ambigüedades que surjan de las demandas. Ha dicho la jurisprudencia que su aplicación "no puede llevar a que se declare la exequibilidad ante una demanda que no presente suficientes argumentos, cerrando la puerta para que otro ciudadano presente una acción que sí cumpla con las condiciones para revisarla". No es posible sustituir al demandante como si se tratara de un control de oficio y, en esa medida, la aplicación del principio exige la existencia de un núcleo argumentativo básico y preciso, aunque existan algunas reservas o inquietudes. Dicho de otro modo, la Corte "no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí misma (...) el concepto de la violación de las normas que ante ella se acusan como infringidas, pues ésta es una carga mínima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho político a ejercer la acción de inconstitucionalidad" (...)".
[32] Escrito de la demanda. 29 de enero de 2026.
[33] Corte Constitucional, Sentencia C-050 de 2024.
