REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 358 DE 2026
Referencia: expediente CJU-7491
Asunto: conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Cali.
Magistrado sustanciador:
Vladimir Fernández Andrade.
Bogotá D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
ANTECEDENTES
1. Hechos que iniciaron la causa judicial
El 5 de diciembre de 2019, Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto propio, presentó demanda para que se declarara la nulidad de la Resolución GNR 289437 del 31 de octubre de 201, por medio del cual reliquidó la pensión de vejez del señor Orlando Escobar Botero, al parecer, sin atender el carácter compartido de la prestación. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara al particular demandado reintegrar (i) la suma girada a su favor por concepto de retroactivo pensional y (ii) las sumas pagadas por las diferencias derivadas de la reliquidación, incluidas las mesadas que se causaran y pagaran con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta que se profiriera sentenci.
Sostuvo la entidad demandante que, mediante el acto administrativo cuestionado, se dispuso a favor del señor Orlando Escobar Botero el reconocimiento y pago de la pensión y de su retroactivo, pese a que EMCALI EICE ESP (EMCALI) le había reconocido una pensión de jubilación convencional mediante la Resolución No. 2027 del 23 de agosto de 200, con efectos desde el 15 de marzo de 2001 y, posteriormente, el ISS le reconoció una pensión de vejez de carácter compartid bajo las reglas del Decreto 758 de 1990 y con efectos desde el 7 de mayo de 2009, lo que generó un retroactivo a favor del empleador. Indicó que la Resolución GNR 289437 de 2013 reliquidó la prestación como si se tratara de una pensión ordinaria, sin considerar su naturaleza compartida, dando lugar a pagos que Colpensiones estima indebido, puesto que, ante la solicitud de EMCALI de giro del retroactivo, verificó la situación e inició trámite de revocatoria directa, el cual resultó infructuoso por ausencia de consentimiento del particular beneficiari.
2. Decisiones que suscitaron el conflicto
Decisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Mediante Auto del 22 de enero de 2020, el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Cali declaró su falta de jurisdicció. Fundamentó su decisión en el artículo 104.4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en precedentes de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatur y del Consejo de Estad, al considerar que la controversia se originaba en una relación laboral de derecho privado. En ese sentido, indicó que el señor Orlando Escobar Botero trabajó en EMCALI, entidad que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994 y en el Acuerdo 014 del 31 de diciembre de 1996 del Concejo Municipal de Cali, tiene la naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado. Además, con base en el artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968, concluyó que la vinculación laboral base de la controversia correspondía a la de un trabajador oficial, habida cuenta de que no se trataba de un cargo de dirección o confianza, pues se desempeñó como chofe. Por ello, encuadró el asunto en el artículo 2, numeral 4, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), y dispuso la remisión a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. En cumplimiento de lo anterior, y conforme al artículo 168 del CPACA, el 17 de febrero de 2020 la Secretaría del despacho envió el expediente a la Oficina de Reparto de los Juzgados Laborales del Circuito de Cal.
Decisión de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral. Mediante Auto del 10 de julio de 2020, el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Cali declaró su falta de jurisdicción y remitió el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir el conflict. Precisó que la condición de trabajador oficial del demandado no era determinante por sí sola para fijar la jurisdicción competente, atendido el hecho de que, de acuerdo con el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de controversias originadas en actos administrativos sujetos al derecho administrativo. Precisado lo anterior, resaltó que Colpensiones pretendía la nulidad y el restablecimiento de derecho contra acto propio de la Resolución GNR 289437 del 31 de octubre de 2013, acto administrativo particular y concreto expedido por la propia entidad, tras no prosperar el trámite de revocatoria directa por falta de consentimiento del particular beneficiado. En consecuencia, con fundamento en el numeral 2 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia.
El expediente fue remitido a la Corte Constitucional para que se dirimiera el conflicto de jurisdicciones objeto de examen mediante correo electrónico del 3 de febrero de 2026, enviado por el Juzgado 04 Laboral del Circuito de Cali al buzón de Conflictos Jurisdiccionales de esta Corporación. Posteriormente, el asunto fue repartido al despacho sustanciador el 17 de febrero de 202.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 201 .
Presupuestos del conflicto entre jurisdicciones
Los conflictos entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones, “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo). De manera reiterada, la Corte ha considerado que para que se configuren estos conflictos, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetiv, objetiv y normativ.
Competencia para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la propia administración. Reiteración del Auto 316 de 2021
Conforme con los artículos 9 y 10 del CPACA, el juez administrativo es el competente para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la administración en contra de sus propios actos administrativos de contenido particular y concreto, frente a los cuales el titular del derecho subjetivo no haya dado su consentimiento para revocarlo.
Sobre esta materia, esta Corporación ya se pronunció en el Auto 316 de 202
, en el que indicó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia exclusiva para conocer de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto propio, incluyendo los casos en que se demandan actos que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social.
En esta providencia se examinó la cláusula especial de competencia para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la propia administración, destacando que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto propio constituye un mecanismo de garantía que faculta a las entidades públicas a someter sus actos al control judicial. Ello con el fin de (i) proteger los intereses de la administración cuando los efectos del acto resulten perjudiciales, (ii) salvaguardar el ordenamiento jurídico superior y (iii) prevenir que irregularidades derivadas de actos administrativos ocasionen perjuicios al patrimonio público, a derechos subjetivos o a intereses colectivos.
Examen del caso concreto
La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones por las siguientes razones:
Presupuesto subjetivo: la controversia se suscitó entre el Juzgado 07 Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Juzgado 04 Laboral del Circuito de Cali, autoridades judiciales que integran jurisdicciones distintas y que rechazaron el conocimiento del asunto por falta de jurisdicción.
Presupuesto objetivo: se acreditaron causas judiciales respecto de la cuales se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla, específicamente, se trata de la demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto propio, instaurada por Colpensiones en contra del acto administrativo proferido por esta misma entidad (ver supra 1 y 2).
Presupuesto normativo: las autoridades judiciales que suscitaron el conflicto entre jurisdicciones justificaron su falta de jurisdicción en argumentos de índole legal y jurisprudencial (ver supra 3 y 4).
Superado el anterior estudio, es del caso aplicar la regla fijada en el Auto 316 de 2021, por virtud de la cual los artículos 97 y 104 del CPACA establecen una cláusula especial de competencia que le atribuye a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la exclusividad para conocer de las demandas que la administración interpone contra sus propios actos administrativos , incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social, como ocurre, en este caso, con la demanda formulada por Colpensiones en contra del acto administrativo de carácter particular y concreto contenido en la Resolución GNR 289437 del 31 de octubre de 2013.
Por ende, la Sala Plena advierte que el juez competente para tramitar el proceso es el Juzgado 07 Administrativo Oral del Circuito de Cali. En consecuencia, se le remitirá el presente asunto para que, de forma inmediata, continúe con el trámite, conforme con los fundamentos de la presente decisión.
Por último, se observa que, aunque el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Cali dispuso la remisión del expediente en el año 202, dicha orden no fue oportunamente cumplida, al parecer debido a una restricción técnica en la entrega del mensaje de datos remitido al servidor de correo institucional del destinatari, situación que desencadenó una prolongada inactividad procesal.
En ese contexto, si bien mediante Auto del 15 de diciembre de 2025, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca en el marco de la Vigilancia Judicial Administrativa No. 2025-00665, se concluyó que la mora advertida no era atribuible disciplinariamente al Juzgado 04 Laboral del Circuito de Cal, ello no desvirtúa la afectación que esa situación produjo en el trámite del conflicto.
En efecto, el expediente permaneció sin impulso efectivo durante un lapso cercano a seis (6) año. Por tal razón, la Sala hace un llamado de atención a las autoridades judiciales involucradas para que, en lo sucesivo, verifiquen la recepción efectiva de las comunicaciones remitidas por correo electrónico y adopten las medidas de seguimiento necesarias, con el fin de evitar dilaciones injustificadas que comprometan el acceso a la administración de justicia y la celeridad procesal.
Regla de decisión
Reiteración del Auto 316 de 2021: “[C]uando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción [de lo] contencioso administrativ[o], con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011”.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO. - DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Cali, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Cali es la autoridad competente para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Colpensiones.
SEGUNDO. - REMITIR el expediente CJU-7491 al Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Cali para que continúe con el trámite del proceso y comunique la presente decisión a los interesados, incluyendo al Juzgado 004 Laboral del Circuito de Cali.
TERCERO. - LLAMAR LA ATENCIÓN a las autoridades judiciales involucradas para que, en lo sucesivo, verifiquen la recepción efectiva de las comunicaciones remitidas por correo electrónico y adopten las medidas de seguimiento necesarias, con el fin de evitar dilaciones injustificadas que comprometan el acceso a la administración de justicia y la celeridad procesal.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
CARLOS CAMARGO ASSIS
Magistrado
HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Magistrado
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
Ausente con comisión
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General