Revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena proferida sin competencia temporal deriva en la privación injusta de la libertad del procesado. "[El juzgado] revocó la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta contra el demandante […], bajo el argumento de que este no compareció a suscribir el acta de compromiso y ni canceló el monto de la caución, […] sin tener en cuenta que el condenado no fue notificado de la sentencia condenatoria ni de los autos por medio de los cuales se le requirió comparecer ante el juez de ejecución de penas. […] Así las cosas […], mal podría concluirse que debe correr con las consecuencias de no haber cumplido con dicho deber. Por esta razón, la Sala estima que no era procedente revocar el subrogado penal […]. Por lo demás, la Sala observa que cuando el juez de ejecución de penas dio inicio al trámite incidental de que trata el artículo 486 de la Ley 600 de 2000, el periodo de prueba ya había culminado […]. Por lo tanto, en ese momento no era procedente obligar al condenado a comparecer ni, mucho menos, privarlo de la libertad por no haber comparecido. Lo anterior, debido a que el artículo 67 del Código Penal dispone que "transcurrido el período de prueba sin que el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la condena queda extinguida, y la liberación se tendrá como definitiva". En otras palabras: la revocatoria de la libertad condicional está supeditada a la temporalidad del periodo de prueba, pues una vez este culmina, el juez de ejecución de penas pierde la facultad de revocar el subrogado penal. […] [E]n este caso el sindicado no fue notificado de la sentencia condenatoria que le impuso el deber de suscribir dicha acta y, por lo tanto, nunca la suscribió […]. En este sentido, resulta viable iniciar el conteo del periodo de prueba desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria […]. Lo anterior, no solo porque eso se dispuso en la parte resolutiva de dicha sentencia, sino porque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente: "Para establecer el momento a partir del cual puede tenerse por iniciado el periodo de prueba, es pertinente considerar desde cuándo el penado tuvo conocimiento de las obligaciones que debe cumplir para que no le sea ejecutada la pena (…). La anterior intelección, según la cual la suscripción del acta de compromiso no es el único momento a partir del cual puede iniciar el periodo de prueba, se soporta en una interpretación de las normas atrás citadas acorde con el principio pro homine […]"." - [Resumen automatizado: <Palabras claves automatizadas: libertad, sentencia, directa, judicial, víctima, ejecución, sala, rama, penal, prueba, periodo, parte]

Procede la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad bajo el título objetivo de imputación de daño especial en eventos en que se dispone la preclusión de la investigación. "Inicialmente, las diligencias de registro y allanamiento, en las que se identificó la sustancia incautada aparentemente como marihuana y bazuco, aunado a los otros elementos de juicios indicados atrás, permitieron definir la situación jurídica de los procesados, con medida de aseguramiento de detención preventiva. Sin embargo, a pesar de los diversos requerimientos realizados a la fiscalía adscrita a la URI para que remitiera la sustancia incautada, con el propósito de realizar un estudio químico y determinar, entre otras características, su peso, no fue posible. Debido a lo anterior, la fiscalía especializada, en la Resolución de preclusión […], concluyó que "no existe la prueba de demostración o materialización" del delito de tráfico de estupefacientes. […] Asimismo, ante la falta de los equipos necesarios que permitieran realizar el cotejo de voces […], tampoco fue posible fortalecer la imputación por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. […] Por lo tanto, a pesar de que la medida de aseguramiento de detención preventiva inicialmente se tornó procedente, al cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley procesal penal y, además, por resultar necesaria, proporcional y razonable, no es menos cierto que el Estado, con su actuar legítimo, […] les generó a [los accionantes] un daño anormal, especial y grave, dado que, al no poderse desvirtuar su presunción de inocencia, ante la ausencia de pruebas acerca de la materialidad y responsabilidad penal respecto de los delitos imputados, no existe ningún título jurídico que pueda justificar, de manera definitiva, la privación provisional de su libertad. En efecto, resulta desproporcionada la privación de la libertad de los procesados que fueron exonerados de toda responsabilidad penal, al no demostrarse su injerencia en la comisión de un determinado comportamiento punible. En consecuencia, la afectación del derecho a la libertad, el cual ha sido considerado una garantía básica del ser humano, al tratarse de un atributo propio de la persona, no puede considerarse como una carga que deba soportar un ciudadano como contraprestación propia de vivir en sociedad, dado que, al mantenerse vigente su presunción de inocencia frente a los cargos que le fueron imputados, no se justifica dicha restricción durante el tiempo que finalmente se prolongó." - [Resumen automatizado: “Primera.- Que la Nación Colombiana - Fiscalía General de la Nación es responsable patrimonialmente, con fundamento en el artículo 190 de la Carta Política, por los daños antijurídicos que le son imputables como consecuencia de la privación de libertad a que fueron sometidos los señores (i) David Efraín Buesaco Restrepo, (ii) Carolina Isabel Diazgranados Jiménez, (iii)Rosalba Restrepo Guerra, (iv) Miguel Ángel Buesaco Restrepo, (v) Dairo Venegas Hernández y (vi) Liliana Margarita Castillo de la Cruz, en desarrollo de un proceso penal que, posteriormente, en el momento de la calificación del mérito del sumario, fueron desvinculados y dejados en libertad de manera definitiva mediante providencia judicial que decretó resolución de preclusión de la investigación a su favor, daños que ni ellos ni sus parientes, estaban obligados a soportar si se tiene en cuenta que las privaciones de libertad, fuente de los mismos, recayeron sobre personas inocentes que fueron investigados en un proceso que culminó con fundamento en dos (2) causales: (i) inexistencia del hecho y (ii) duda probatoria.] - [Palabras claves automatizadas: nación, no, tribunal, fiscalía, libertad, general, pruebas, directa, daño, víctima, sala, privación]

Se atribuye responsabilidad patrimonial a la Fiscalía y a la Rama Judicial a título de daño especial, después de que en segunda instancia se declarara la absolución por atipicidad de la conducta. "En esta providencia, la Sala… [s]e abstendrá de estudiar la legalidad de la medida de aseguramiento dictada contra el demandante […], debido a que fue absuelto porque la conducta investigada era atípica, evento en el cual la responsabilidad del Estado debe ser estudiada bajo un régimen objetivo, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018… [Como] la medida de aseguramiento que le fue impuesta al demandante […] le causó un daño especial y grave que no estaba obligado a soportar porque supera las cargas públicas que se imponen de manera general a todos los ciudadanos y compromete la responsabilidad de la Fiscalía… y de la Rama Judicial, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política… [E]l daño causado por la privación de la libertad del demandante…, hasta que quedó ejecutoriada la resolución de acusación es imputable a la Fiscalía General de la Nación, dado que fue esta la entidad que la decretó… [D]esde que quedó ejecutoriada la resolución de acusación hasta que el demandante […] fue dejado en libertad es imputable a la Rama Judicial debido a que el referido demandante estuvo privado de la libertad por cuenta de esta entidad durante esta etapa del proceso, en la cual el juez penal podía revocar, inclusive de oficio, la medida de aseguramiento. No se demostró que la medida de aseguramiento dictada contra el demandante […] hubiese sido causada por su actuar doloso o gravemente culposo durante el proceso penal…, desde el primer momento se declaró inocente del delito que se le acusaba y sus conductas no influyeron en la imposición de la medida de aseguramiento" - [Resumen automatizado: Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Rama Judicial para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con la privación de la libertad a la que fue sometido entre el 6 de octubre de 1997 y el 5 de mayo de 2000, es decir por un término de 2 años y 7 meses. || 1.- DECLÁRESE: Que la NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN), son administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios causados a los demandantes CARLOS ALBERTO OSPINA GONZÁLEZ, ILEANA MARÍA GONZÁLEZ OSORIO, MARÍA NELLY GONZÁLEZ y GERARDO OSPINA GONZÁLEZ, con la injusta y arbitraria privación de la libertad de la que fue víctima el señor CARLOS ALBERTO OSPINA GONZÁLEZ, esposo de la segunda, hijo de la tercera y hermano del cuarto, durante el término comprendido entre el 6 de octubre de 1997 y el 5 de mayo de 2000, a órdenes de la Fiscalía 11 Delegada y el Juzgado Penal del Circuito con sede en la ciudad Bolívar Antioquia, por el presunto delito de celebración indebida de contratos.] - [Palabras claves automatizadas: fiscalía, libertad, judicial, nación, mayo, sentencia, demanda, general, privación, debido, rama, sala, víctima, daño]

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, acogida por esta Corporación en materia de privación injusta de la libertad, los informes de inteligencia sirven como criterio orientador, pero carecen de eficacia probatoria. La Sala considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el precedente judicial, en relación con el valor probatorio de los informes de inteligencia militar, por cuanto consideró que aquellos eran prueba y tenían el pleno valor probatorio para que se impusiera la medida privativa de la libertad al señor (MM) y, por ende, estimar que el daño reclamado no tuviera el carácter de antijurídico. Asimismo, es necesario señalar que el tribunal accionado no verificó si las entidades demandadas practicaron o tuvieron en cuenta otros elementos probatorios tendientes a corroborar lo consignado en el referido informe de inteligencia, situación que, a la postre, comportó uno de los fundamentos para precluir la investigación en favor del procesado

Daños antijuridicos causados por sentencias penales condenatorias en actuaciones iniciadas por denuncia de la DIAN no son imputables a la entidad. "[L]a condena que restringió la libertad de la demandante se impuso después de valorar las pruebas aportadas por la fiscalía y la defensa, entre las que se destaca: i) la aceptación de la demandante de su incumplimiento al deber de trasladar oportunamente a la DIAN los montos que recaudó como retención en la fuente e IVA y ii) los documentos que daban cuenta de unas deudas a su cargo y a favor de la DIAN. Para los jueces de conocimiento no era posible adoptar una decisión distinta […], pues las pruebas recaudadas demostraban la certeza de la conducta punible, por no cumplir oportunamente una obligación tributaria especial y existir sumas adeudadas y la responsabilidad de la procesada, en su calidad de representante legal de la empresa agente retenedora. Los jueces penales […] no conocieron la prueba que sirvió de sustento a la acción de revisión, porque se aportó al proceso después de que profirieron las sentencias condenatorias y, además, la ausencia de esa prueba en el proceso penal no les es imputable, pues la carga de la prueba de la conducta punible y de la responsabilidad o ausencia de responsabilidad del procesado correspondía a la Fiscalía (inciso segundo art. 234 Ley 600 de 2000). Por otro lado, aunque la DIAN fue la entidad que denunció penalmente a la demandante, la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal, es a quien le corresponde investigar las conductas punibles, […] y tiene la carga de recaudar, analizar y verificar la pertinencia y veracidad de las pruebas sobre los posibles delitos y sus presuntos responsables. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos las sentencias […] que condenaron a [la demandante] por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador y decretó la extinción de la acción penal, con base en unas pruebas posteriores a los fallos de instancia del proceso penal. Pero el fallo [de] revisión no implica que la privación de la libertad no haya tenido sustento en unas sentencias debidamente fundamentadas en las pruebas existentes al momento de ser proferidas y que cumplieron con los requisitos establecidos por el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos. Como además no existe prueba […] que acredite que la privación de la libertad fue desproporcionada, irrazonable o arbitraria, […] se negarán las pretensiones." - [Resumen automatizado: En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que un juzgado la condenó por el delito de omisión del agente retenedor, un Tribunal confirmó la decisión y la Corte Suprema de Justicia, al resolver una acción de revisión, dejó sin efectos la condena, porque una prueba nueva determinó su inocencia y decretó la extinción de la acción penal. || 7.6 El 24 de noviembre de 2010, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia que condenaron a María Cristina Heredia de Muñoz por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, con fundamento en una prueba sobreviniente y decretó la extinción de la acción penal, según da cuenta copia auténtica de la sentencia (f. || La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia que condenaron a María Cristina Heredia de Muñoz por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador y decretó la extinción de la acción penal, con base en unas pruebas posteriores a los fallos de instancia del proceso penal [hecho probado 7.6].] - [Palabras claves automatizadas: maría, sentencia, libertad, ley, proceso, acción, penal, omisión, privación, prueba, condena, daño, hecho, según, responsabilidad, sala, obligación]

Privación de la libertad no deviene en injusta por el solo hecho que la condena sea revocada en segunda instancia. "[A]unque está acreditado que el señor […] fue absuelto en segunda instancia… en aplicación del principio in dubio pro reo…, lo cierto es que la sola diferencia de criterios de los operadores judiciales que resolvieron el caso, frente a la valoración de las pruebas, no genera per se la obligación de reparar a cargo del Estado… [E]l ad quem… si bien adopta una posición distinta…, ello en sí mismo no es un hecho que permita inferir que se haya configurado un daño antijurídico, en virtud del respeto y acatamiento de los principios de independencia, especialidad y autonomía funcional del juez, la interpretación de los hechos, la valoración probatoria y la aplicación del derecho no siempre arrojan resultados jurídico unificados, en cuanto juega un papel importante el margen de apreciación fáctica y de interpretación del derecho que precisamente estos principios le otorgan materialmente a quien administra justicia… El que una decisión proferida por un juez de la república investido de autonomía judicial sea modificada o revocada por una autoridad judicial jerárquicamente superior…, por sí misma, no configura la responsabilidad del Estado, si no que garantiza y reafirma el debido proceso y el principio de doble instancia que brinda seguridad jurídica… [L]a actuación de la Rama Judicial en el caso concreto no configuró un daño antijurídico que sea objeto de reparación, puesto que la actuación de los jueces que resolvieron el proceso penal… se desarrolló con plena garantía de los derechos fundamentales del enjuiciado y halló una motivación congruente en sus decisiones, sin que se observe -se reitera- yerro alguno susceptible de reproche

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagarle casi 226 millones de pesos a un ciudadano de Pradera (Valle), luego de que el primero hubiera sido detenido injustamente, tras haber sido sindicado de ser guerrillero. El demandante permaneció privado de su libertad sindicado de rebelión. El ente demandado terminó precluyendo la investigación, tras concluir que no había pruebas certeras sobre su supuesta relación con grupos organizados alzados en armas. El Tribunal condenó a la entidad demandada a resarcir los perjuicios ocasionados, por decretar una medida privativa de la libertad en contra de este ciudadano, sin tener pruebas suficientes que demostraran su pertenencia a la subversión. El demandante inconforme con el monto establecido en el fallo interpuso apelación. La máxima instancia consideró que la parte demandante tenía derecho al reconocimiento de un valor mayor de reparación al daño moral, por lo que modificó la sentencia de primer grado en torno a ese concepto y negó las demás pretensiones

Se determinó que la Fiscalía y la Rama Judicial no son patrimonialmente responsables del daño causado a un ciudadano que fue investigado penalmente, tras ser señalado de pertenecer a una banda narcotraficante en Arauca, sin que fuera declarado penalmente responsable del ilícito mediante sentencia ejecutoriada. El demandante permaneció detenido y luego el Tribunal decretó la cesación del procedimiento a su favor, al declarar la prescripción de este proceso penal. Tras la imposibilidad de la justicia penal de declararlo penalmente responsable de los hechos investigados, el procesado interpuso una demanda ante el Tribunal solicitando reparar los perjuicios. Se negaron las pretensiones y se determinó que las entidades demandadas no estaban obligadas a reparar al accionante. El actor apeló y el Consejo de Estado conformo el fallo del Tribunal, sosteniendo que a pesar de que la justicia penal no desvirtuó la presunción de inocencia del indiciado, eso no significa que la medida de aseguramiento no haya estado basada en indicios graves sobre la responsabilidad del demandante en los hechos imputados

Se condenó a la Fiscalía por haber detenido injustamente al propietario de un estudio de fotografía, a quien señaló de pertenecer a una organización dedicada al tráfico de migrantes, sin tener pruebas suficientemente certeras que demostraran su vinculación a ese grupo. La probable participación del procesado en el ilícito se derivó de un informe de inteligencia del extinto DAS, que ilustraba el accionar de una banda dedicada a ubicar a mujeres jóvenes que eran enviadas al exterior y acababan siendo víctimas de trata de personas. Luego de haber recuperado su libertad interpuso una demanda de reparación directa. El Tribunal del Valle, negó las pretensiones. El Consejo de Estado le dio la razón al fotógrafo y estableció que la Fiscalía había incurrido en una falla en el servicio, porque no honró su deber de imponer la medida de aseguramiento con base en la existencia de dos indicios graves sobre la responsabilidad penal del indiciado, como se lo indicaba la ley. Al contrario, la decisión se basó en un elemento que, como los informes de inteligencia, carecen de carácter probatorio. El ente investigador ha debido agotar las indagaciones necesarias para confirmar si el indiciado era o no partícipe de la red de trata de personas y no basarse en conjeturas relacionadas con el informe de inteligencia que además no tenía valor probatorio

La Fiscalía y la Rama Judicial no deberán costear la reparación al daño causado a un hombre que fue detenido y sindicado de haber cometido acceso carnal violento contra una adolescente en Cali (Valle), sin que se probara que fuera el responsable de esa agresión. Así lo determinó la Sala, al revocar el fallo del Tribunal que había condenado a esas entidades a pagarle al afectado casi 60 millones de pesos. El demandante permaneció privado de su libertad por el delito de acceso carnal violento y luego terminó siendo absuelto del cargo. El Tribunal ordenó a la Fiscalía y a la Rama Judicial resarcir económicamente los perjuicios ocasionados por la detención. La alta corte revocó el fallo y determinó que no estaban obligadas a reparar, dado que no aportó pruebas en las que se pudieran verificar las razones por la cuales se le impuso la medida de aseguramiento, no es posible verificar si estas cumplieron con los requisitos de ley o fueron producto del abuso de autoridad. Así, teniendo en cuenta que el accionante no cumplió con su deber de probar que las entidades accionadas eran responsables de la producción de un daño que el accionante no estaba obligado a soportar, no es posible ordenar la reparación

Se absolvió a la Fiscalía de responsabilidad patrimonial en el daño padecido por una persona que fue procesada penalmente por un caso de violación en el cual no se demostró su culpabilidad. La determinación favorable a los intereses del procesado en materia penal lo motivó a interponer una demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad. El Tribunal Administrativo del Valle negó las pretensiones y la alta corte ratificó el fallo al concluir que la Fiscalía no estaba obligada a resarcir el daño padecido por el procesado, como consecuencia de su detención, indicó que fueron aportadas las actas de las audiencias de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, pero no los audios de tales diligencias, que pudieran haber constituido los medios de prueba adecuados para verificar si las decisiones de las autoridades judiciales que dieron lugar a que al demandante se le privara de su libertad estuvieron ajustadas o no a la existencia de indicios graves sobre su responsabilidad en la comisión del delito. Como la ley exige al demandante aportar el material de prueba que acredite la responsabilidad patrimonial del Estado en la ocurrencia del daño, el Consejo de Estado consideró que, en este caso, no se incluyeron instrumentos para comprobar que la actuación de la justicia fue arbitraria, lo que impide acceder a las pretensiones para resarcir al procesado y a sus familiares

La Rama Judicial y la Fiscalía deberán pagarle al exsenador Rafael Antonio Flechas más de 500 millones de pesos, luego de que el Consejo de Estado condenara a esa entidad por haber detenido injustamente al exparlamentario. El exparlamentario fue detenido en dos ocasiones, acumulando una suma de seis meses privado de su libertad, como consecuencia de un proceso penal que enfrentó por concusión y frente al cual fue hallado inocente en diciembre del 2008. Interpuso demanda de reparación directa y el Tribunal condenó a la Fiscalía y la Rama Judicial a pagarle más de 360 millones de pesos. El demandante apeló la decisión, buscando que se aumentara el monto a más de 1.400 millones de pesos. El Consejo de Estado admitió que la reparación concedida por el Tribunal para cada uno de los familiares era inferior a la que realmente tenían derecho, lo que dio lugar a una modificación del valor de la condena. Además, consideró que el Tribunal también se equivocó al negar el llamado daño a la vida en relación, es decir, las consecuencias negativas para la vida de la víctima como producto del daño. Al concluir que el afectado sí demostró que su reputación ante sus allegados se vio afectada por su detención, el Consejo de Estado ordenó a las demandadas reparar al exlegislador mediante la publicación de la sentencia, en la que se señala que este fue detenido injustamente

Privación injusta de la libertad ocasionada por el incumplimiento de los requisitos previstos que establecía la jurisprudencia constitucional para practicar la detención administrativa preventiva. "[E]en la Sentencia C-024 de 1994… [se] explicó que, para la procedencia de la aprehensión preventiva administrativa, la captura debía basarse en razones objetivas o motivos fundados, es decir, "en hechos que permitan inferir de manera objetiva que la persona que va a ser aprehendida es probablemente autora de una infracción o partícipe de ella". Además, debía ser necesaria, lo que indica que "debe operar en situaciones de apremio en las cuáles no pueda exigirse la orden judicial, porque si la autoridad policial tuviera que esperar a ella para actuar, ya probablemente la orden resultaría ineficaz"… En este caso, [la accionante] fue capturada por agentes del DAS [el 25 de febrero de 2003], sin previa orden judicial y con base en los señalamientos poco creíbles realizados por terceros. Posteriormente, fue puesta a disposición de la fiscalía, el mismo día en el que se materializó su aprehensión, entidad que, después de revisar las actuaciones adelantadas hasta el momento, dispuso la apertura de instrucción, legalizó la captura y vinculó a la sindicada al proceso mediante diligencia de indagatoria, sin verificar las circunstancias y el fundamento de la captura y sin desplegar ninguna actividad investigativa con el fin de comprobar la existencia de una conducta punible, así como identificar e individualizar a los autores y partícipes. En consecuencia, el daño le es imputable a la Fiscalía… por tratarse de la entidad encargada de decidir sobre la legalidad de la captura y aquella con la facultad de disponer sobre la libertad de los ciudadanos

El bien jurídico de la libertad no tiene el carácter de absoluto. Un ciudadano fue sorprendido con unos kilos de cocaína durante un allanamiento practicado por la Policía a su residencia, razón por la cual fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva. Fue absuelto el sindicado en segunda instancia por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia. ¿Existe responsabilidad patrimonial del Estado cuando quien ha sido privado de la libertad es posteriormente absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo? La Sala reitera que el bien jurídico de la libertad no tiene el carácter de absoluto y que, por tanto, la imposición de medidas que lo limitan resulta legítima, siempre y cuando se den todos los presupuestos legales que así lo permitan o lo exijan, como ocurrió en este asunto, dado que la autoridad judicial encontró pruebas que, en su opinión, resultaban suficientes para vincular al demandante a un proceso penal, privarlo de la libertad, acusarlo antes los jueces penales y dictar sentencia condenatoria en primera instancia

El Consejo de Estado determinó que la Fiscalía no debe reparar a una mujer que fue señalada de cometer el delito de trata de personas. La mujer permaneció detenida en prisión durante cinco meses, pero fue desvinculada del caso, luego de que el ente investigador determinara que sus actuaciones, en realidad, no constituían delito. La investigación de la Fiscalía se produjo por la denuncia que interpuso una ciudadana, que dijo haber sido engañada por la accionante y otras personas que le habrían prometido un trabajo de enfermera en Israel. Dado que la supuesta víctima terminó siendo detenida y finalmente deportada desde ese país, decidió interponer la referida denuncia. El 30 de marzo del 2010 la Fiscalía precluyó la investigación a favor de los implicados en el caso. El Consejo de Estado absolvió de responsabilidad a la Fiscalía. Dado que al momento en que se impuso la medida de aseguramiento existían varios indicios sobre la probable responsabilidad de la procesada en los ilícitos que se le enrostraban y que estos superaban los cuatro años de cárcel, la privación de la libertad fue razonable y proporcional, concluyó la alta corte. Añadió que, como no se determinó que la responsabilidad por el daño fuera imputable a la Fiscalía, no cabe examinar si hubo alguna actuación de la procesada que diera lugar a la medida privativa de la libertad, tal y como se concluyó en la acción de tutela que dejó sin efectos el fallo de segunda instancia

El Consejo de Estado condenó al extinto DAS por haber publicado un boletín de prensa en el que señaló a una persona de "secuestrador", sin que existiera una sentencia judicial que acreditara que ese ciudadano hubiese cometido aquel delito. Como reparación al daño al buen nombre que sufrió el demandante, el Patrimonio Autónomo "PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica extinto DAS y su fondo rotatorio" deberán pagarle a él y a su familia más de 28 millones de pesos. El accionante había sido detenido por agentes de inteligencia el 31 de enero del 2006, lo que llevó a que el 4 de febrero siguiente esta entidad publicara en su página web un comunicado en el cual se refirió al capturado como un "secuestrador". Tras una decisión favorable que le otorgó la libertad, interpuso una demanda de reparación directa. El Consejo de Estado no accedió a las pretensiones formuladas en contra de la Fiscalía, por considerar que no se acreditó falla en el servicio. Sin embargo, la alta corte encontró que el comunicado publicado en la página web del DAS sí constituye un daño que debe ser reparado, pues se señaló al demandante como un "secuestrador" sin que en ese momento se hubiere adelantado todavía un proceso penal en su contra por ese delito y sin que una autoridad judicial competente lo hubiere hallado responsable del mismo

El Consejo de Estado condenó a la Rama Judicial por haber detenido injustamente a un atleta que había sido señalado de ser el protagonista de un caso de acceso carnal violento. Dado que la justicia penal lo declaró inocente de esa acusación, la entidad debe pagarle más de 116 millones de pesos y ofrecerle excusas públicamente. El Tribunal Administrativo negó las pretensiones. Determinó que en el expediente quedó en evidencia que la medida de aseguramiento se le impuso por haberse probado que ejerció violencia en contra de la mujer que lo denunció. De ahí que considerara que estaba obligado a soportar el daño que se le causó con ocasión de su detención que, dijo, fue su culpa exclusiva. El Consejo de Estado accedió a las pretensiones. Sostuvo que, dado que el Tribunal absolvió a este atleta por considerar que el hecho delictivo que se le imputó no existió, debe ser reparado por habérsele causado un daño especial. A su juicio, no hubo acción alguna de parte del procesado que provocara su detención. La alta corte precisó que el juez penal que impuso la condena en primera instancia lo hizo incurriendo en un error de hecho por falso raciocinio, pues la evidencia indicaba que existieron lesiones, pero no prueba de un sometimiento sexual tardío o sobreviniente a una relación sexual consentida, si es que hubo. Por estas razones, el fallo ordena reparar públicamente a las víctimas y expedir un comunicado en el que el director Ejecutivo de Administración Judicial pida perdón al procesado

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía por la detención injusta que sufrieron tres personas que fueron señaladas de ser milicianos de las FARC en la etapa en la que este grupo libraba el conflicto armado con el Estado colombiano en el Cauca. Los tres ciudadanos permanecieron privados de su libertad luego de que la Fiscalía iniciara una investigación penal en su contra por rebelión. La Fiscalía precluyó la investigación y ordenó la libertad, al concluir que no existían elementos que demostraran, con algún grado de certeza, que hubieran estado incursionando en actividades subversivas. Interpusieron demanda de reparación directa y el Tribunal Administrativo condenó a la Fiscalía a reparar daños morales y materiales causados por la privación injusta de la libertad de estas tres personas. El Consejo de Estado ratificó la condena. Concluyó que si bien la legislación vigente al momento de producirse el proceso penal habilitaba al organismo de investigación a emitir una medida privativa de la libertad con la existencia de al menos dos indicios graves sobre la responsabilidad de los indiciados en los delitos investigados, en este caso, ni siquiera se tenía la certeza de que quienes ofrecieron los testimonios que señalaban a los procesados de integrar las FARC realmente hicieran parte de ese grupo, en aquel entonces en armas

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagarle al exconcejal de Santa Cruz de Mompox Alonso Vivanco Aguas más de 153 millones de pesos para reparar el daño que sufrió por haber sido injustamente detenido por la pérdida de unos recursos oficiales, que se produjo por la falsificación de la firma de un contratista. El demandante quien también se dedicaba al canje de cheques, cambió el valor en efectivo de dos de esos títulos valores que había sido girado por la Alcaldía de San Sebastían de Buenavista (Magdalena) al ejecutante de un contrato de suministro por más de 38 millones de pesos. Ante la evidencia de que los cheques fueron consignados en una cuenta a nombre del concejal, se dio lugar a un proceso penal por peculado por apropiación y falsedad en documento público. Como no se demostró que el concejal tuviera responsabilidad en estos hechos, fue absuelto. Si bien el Tribunal encontró que la actuación del ente investigador en este caso fue razonable porque el investigado no ofreció explicaciones convincentes de por qué pagó el valor en efectivo del cheque, aun cuando su endoso se produjo por medio de la falsificación de la firma del primer beneficiario, el Consejo de Estado concluyó que el concejal investigado no tenía cómo establecer tal falsificación. Ello debido a que el cheque fue endosado el mismo día de su giro, sin que el municipio o el contratista hubieran advertido la falsedad, que solo fue denunciada un año después \ El endoso es una figura por medio de la cual el beneficiario del título valor, esto es, la persona que lo recibe y tiene derecho a cobrarlo, lo firma en su parte posterior para que sea otra persona quien lo cobre. El artículo 648 del C. de Comercio indica que la transferencia de un título nominativo por endoso dará derecho al adquirente para obtener la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. De igual forma, el artículo 651 indica que los títulos valores expedidos a favor de determinada persona, en los cuales se agregue la cláusula "a la orden" o se exprese que son transferibles por endoso, o se diga que son negociables, o se indique su denominación específica de título valor serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagarle más de 480 millones de pesos a un ornamentador y a sus familiares, como mecanismo de reparación al daño causado por la detención injusta de este hombre, que fue sindicado de ser el autor de un intento de extorsión del que estaba siendo víctima una familia en Bogotá, sin que existieran pruebas que demostraran que cometió ese delito. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. Adujo que la medida de aseguramiento se produjo luego de la captura en flagrancia del indiciado, mientras realizaba la llamada por medio de la cual supuestamente se materializó la extorsión y este terminó absuelto por la duda que tuvo la justicia penal sobre su responsabilidad. El Consejo de Estado, revocó el fallo y ordenó a la Fiscalía reparar al accionante y a sus familiares, pues la privación de la libertad se tornó injusta, al estar sustentada en una medida de aseguramiento que no reunía requisitos legales. Según la alta corte, las pruebas que se realizaron a las grabaciones en las que supuestamente aparecía este ornamentador realizando la extorsión resultaron fallidas y no permitieron establecer que él era la misma persona que estaba cometiendo el ilícito. De allí que la medida de aseguramiento no pueda considerarse fundada en indicios graves de responsabilidad del indiciado, como lo exigía la ley

La Fiscalía deberá pagarle más de 61 millones de pesos a un ex escolta de Servientrega, luego de haberlo mantenido privado de su libertad injustamente dentro de una investigación penal que se venía adelantando por el presunto funcionamiento de una banda de contrabandistas y extorsionistas que estaría operando en el interior de esa empresa de correos. Luego de que la justicia penal llegó a la conclusión de que él no participó en los casos de contrabando y extorsión que supuestamente se venían gestando, el ex escolta interpuso una demanda de reparación directa. La alta corte revocó la determinación del Tribunal que negó las pretensiones y condenó a la entidad demandada, por considerar que la medida de aseguramiento no tenía sustento legal. A su juicio, la Fiscalía no podía concluir que cuando el accionante admitió que sospechaba que el jefe de seguridad de la entidad estuviera involucrado en actividades ilícitas estuviera aceptando su propia responsabilidad en los ilícitos. Debido a errores de apreciación sobre las pruebas, teniendo en cuenta que la demandada tampoco explicó el propósito de la medida privativa de la libertad, entre otras irregularidades, el Consejo de Estado le impuso a este organismo el deber de resarcir el daño

La Fiscalía General de la Nación debe responder por la privación injusta de la libertad de una persona, cuando la detención preventiva no fue legal, adecuada, proporcional y razonable. En vigencia de la Ley 600 de 2000 se dispuso, detener a las víctimas directas del daño, los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 355, 356 y 357. En este caso no se cumplieron dichos requisitos porque: la Fiscalía no contaba con los indicios graves de responsabilidad en contra de los demandantes. El ente acusatorio no justificó la necesidad de la medida de aseguramiento, es decir el cumplimiento de su finalidad legal. Al momento de dictar la medida de aseguramiento, la Fiscalía debía exponer las razones por las cuales se encontraban cumplidos los propósitos legales de la detención preventiva. El análisis de este aspecto es lo que le permite al juez administrativo determinar si la detención fue una determinación legal, adecuada, proporcional y razonable. No se trata de saber simplemente si existían indicios de responsabilidad que pudieran justificar la imposición de una sanción en su contra: se trata de determinar si existían razones que justificaran mantenerlo privado de la libertad durante el proceso. Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, el daño causado por la privación de la libertad es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, dado que fue esta la entidad que la decretó

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagar más de 169 millones de pesos por haber detenido injustamente a dos mujeres que fueron vinculadas a una investigación por supuestas acciones delictivas en la gestión contractual de la ESAP en Nariño. Las mujeres fueron capturadas por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, por presuntas irregularidades en la contratación del personal que dictó unos seminarios en la entidad. La Sala confirmó la condena contra la Fiscalía. Concluyó que, en este caso concreto, no se valoró la necesidad o no de la detención. Para la Sala, es evidente que las víctimas sufrieron un daño que no estaban en el deber de soportar, pues estuvieron detenidas sin que existiera un motivo razonable para ello. Las declaraciones de testigos sobre la presunta responsabilidad de las indiciadas en los ilícitos no las eximen de culpa en el ámbito de la privación injusta de la libertad. Pese a que se alegó afectación a la honra y buen nombre de las procesadas, debido a publicaciones en las que los medios de comunicación hicieron referencia a la detención de las demandantes y la de varios funcionarios de la ESAP relacionadas con diferentes procesos de contratación, la alta corte sostuvo que no está probado que los artículos hayan sido escritos por información entregada por la Fiscalía

El Consejo de Estado condenó a la Rama Judicial y a la Fiscalía a pagar indemnización a la familia de un ciudadano injustamente detenido por conductas sexuales contra una menor. Además, el fiscal general de la Nación y el director ejecutivo de Administración Judicial deberán emitir un comunicado en el que pidan disculpas por este caso de privación injusta de la libertad. El demandante había sido capturado, luego de que la Fiscalía le hubiera abierto una investigación que le valió la imposición de una medida de aseguramiento por el delito de acto sexual con incapaz de resistir. Se le concedió la detención domiciliaria y luego se decretó su absolución, pues los testimonios de la madre de la víctima y de esta última no coincidían con otras pruebas. El Consejo de Estado ratificó la condena contra la Fiscalía. Sostuvo que si bien era cierto que frente al caso se cumplió con la exigencia legal de la época de imponer medida de aseguramiento con base en un indicio grave de responsabilidad, el procesado fue víctima de un daño especial, pues no se desvirtuó la presunción de inocencia. Además, determinó que la Fiscalía y la Rama Judicial, conjuntamente, deben responder por esta condena. La alta corte dejó sin efectos la condena no pecuniaria que se le impuso al ente investigador y la modificó, imponiendo al fiscal general de la Nación y al director ejecutivo de Administración Judicial el deber de pedir excusas al procesado

El Consejo de Estado determinó que el fallo por medio del cual se negó la reparación a un tendero que fue detenido tras la realización de la 'operación Orión' no violó sus derechos fundamentales. El accionante, que poseía una tienda de abarrotes en la misma vivienda donde residía en el barrio Olaya de la Comuna 13 de Medellín, fue detenido el 19 de septiembre del 2003, luego de que testimonios aportados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) lo señalaran de pertenecer a un grupo denominado 'Comando Armado del Pueblo'. Las decisiones, en las que se le negó la reparación, llevaron al tendero a interponer una acción de tutela, aduciendo que se había desconocido el precedente judicial vigente en materia de reparación directa. Sostuvo que el 15 de agosto del 2018, el Consejo de Estado estableció que la reparación procede cuando no se pruebe que el indiciado incurrió en acción u omisión que ameritara su captura. En este caso, dice el accionante, no existió conducta por parte del procesado que llevara a pensar que incurrió en los delitos que se le imputaban. El Consejo de Estado determinó que el fallo que niega la reparación no violó los derechos fundamentales de la persona procesada. Indicó que el fallo señalado como precedente vinculante para el caso ya no tenía vigencia, pues quedó sin efectos a través de una acción de tutela posterior

Se absolvió a la Fiscalía por la privación injusta de la libertad de 6 militares que, si bien se vieron involucrados en la retención ilegal y las torturas que sufrieron tres civiles, fueron hallados inocentes por la justicia penal. Los uniformados fueron acusados de cometer tortura, privación ilegal de la libertad y violación de habitación ajena por servidor público, contra tres jóvenes para obligarlos a declarar lo que sabían de un supuesto abuso sexual que fue perpetrado en contra de una menor. Los militares, capturados en abril del 2007, recuperaron su libertad gracias a sentencias absolutorias dictadas en octubre y noviembre del 2008. De ahí que demandaran a la Nación, buscando ser resarcidos del daño causado por haber sido privados de su libertad, sin que la justicia penal demostrara su responsabilidad en los cargos de los que fueron acusados. El Tribunal Administrativo de Antioquia, que conoció de las demandas concedió las pretensiones en dos de los casos y las negó en el proceso restante, ordenando pagarle a los familiares de cinco de los seis militares más de 2.400 millones de pesos. Al conocer los tres expedientes en segunda instancia, el Consejo de Estado revocó las dos reparaciones concedidas por el Tribunal y ratificó el fallo absolutorio, al considerar que si bien la justicia penal no probó la responsabilidad de los demandantes en los delitos, estos sí actuaron con la intención de generarle daño a las víctimas de la retención y las torturas, lo que condujo razonablemente a las actuaciones que dieron lugar a su captura y acusación

Inexistencia de la responsabilidad patrimonial del estado por privación injusta de la libertad. El ejercicio del derecho de defensa del imputado que conlleve a su absolución no configura por si sola una privación injusta de la libertad. La privación de la libertad padecida se prolongó hasta febrero de 2010, momento en que los medios de prueba sembraron una duda razonable en torno a la acusación que dio lugar a la libertad inmediata del procesado; de lo cual fuerza deducir que el término de privación fue razonable, perduró por el tiempo que existieron motivos fundados para considerar la posible complicidad del acusado en el acceso canal violento padecido por una adolescente de 15 años. La Sala resalta la actuación diligente desplegada por las autoridades judiciales penales y evidencia que el daño alegado no tiene el carácter de antijurídico, pues se observa que la privación de la libertad no fue injusta, a contrario sensu, la medida restrictiva fue proporcional y razonable, de cara a la gravedad de las conductas punibles y de las circunstancias objeto de la denuncia interpuesta por la madre de la adolescente violentada

Fiscalía no deberá reparar a exalcalde detenido por supuestos nexos con AUC, pese a que no probó que hubiera delinquido. Se negó la demanda por medio de la cual el exalcalde de San Carlos (Antioquia) Nicolás de Jesús Guzmán García buscaba ser reparado luego de permanecer detenido e investigado penalmente por una supuesta alianza con grupos de autodefensa que nunca logró ser probada. La denuncia originó una investigación contra el dirigente, que derivó en su detención preventiva. Luego la Fiscalía le impuso una medida de aseguramiento preventiva por los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al sufragante y cuando el exalcalde recuperó su libertad interpuso una demanda de reparación directa. La Sala revocó el fallo condenatorio, al considerar que la Fiscalía no estaba obligada a responder patrimonialmente por la ocurrencia del daño. La medida de aseguramiento se justificaba desde el punto de vista legal, porque se basaba en varios testimonios que señalaban al exalcalde de ser aliado de las AUC y porque la pena prevista para los delitos investigados se encontraba dentro de las circunstancias que el Código Penal prevé para justificar una decisión privativa de la libertad

Se negaron las pretensiones de una demanda donde el ministro de Minas Rodrigo Villamizar buscaba que la Fiscalía lo reparara por haber sido privado de su libertad, luego de haber sido acusado de cometer un delito en el marco de los acontecimientos que los medios de comunicación denominaron como el 'escándalo del miti - miti'. El exfuncionario fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, por decisión del Fiscal General de la Nación. Un fallo de tutela declaró la nulidad de todo el proceso, al considerar que el Fiscal no tenía competencia para investigar, pues la acusación se produjo después de que este abandonó su cargo de ministro y estaba relacionada con hechos ajenos a su función como jefe de la cartera de Minas. El exministro interpuso una demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad. El Consejo de Estado denegó las pretensiones ya que no hay prueba de la antijuridicidad de la medida de aseguramiento con la que fue cobijado, así haya una sentencia de tutela que indica que el proceso en su contra fue adelantado por una autoridad (fiscal general), carecía de competencia para investigarlo. Tampoco la preclusión de la investigación da cuenta de que las decisiones de la Fiscalía en contra del demandante hayan sido injustas. Ni el fallo de la Corte Constitucional, ni el auto de preclusión se basan en conclusiones sobre la ausencia de responsabilidad penal por parte del demandante, lo que, para el Consejo de Estado, evidencia la falta de elementos que demuestren que el exministro haya sido víctima de una privación injusta de la libertad

Se condenó a la Fiscalía a pagar más de 395 millones de pesos a un hombre y a su familia, como reparación por haberlo acusado injustamente de promover un paro armado a nombre de la desmovilizada guerrilla de las FARC. El demandante fue capturado, luego de que informes de inteligencia recopilados por el CTI incluyeran declaraciones que lo señalaban de hostigar a la población de la vereda El Mesón, (Tolima), para que participara en un paro armado que supuestamente adelantarían las FARC. Luego de ser acusado de los delitos de extorsión y rebelión, el accionante recuperó su libertad. Para la Sala, las acusaciones se basaban en indicios poco sólidos sobre la pertenencia o afinidad del procesado para con el grupo insurgente. El ciudadano interpuso una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo del Tolima, con la intención de que la Fiscalía resarciera el daño por su detención. El Tribunal consideró que la medida privativa de la libertad se justificaba y negó las pretensiones de la demanda. El Consejo de Estado revocó esa determinación y declaró al organismo de investigación responsable del daño por haber mantenido privado de su libertad a este ciudadano, basado en indicios que no eran contundentes sobre la participación del detenido en las conductas delictivas que se estaban investigando

Jurisprudencia Unificación. El Consejo de Estado unificó la jurisprudencia frente al reconocimiento de perjuicios materiales (lucro cesante y daño emergente) en los casos de privación injusta de la libertad, señalando que el reconocimiento solo procederá cuando se solicite de manera expresa en la demanda, y no procederá ningún reconocimiento oficioso al respecto. En cuanto al perjuicio material en la modalidad de daño emergente, esta Corporación definió que, en armonía con las normas tributarias (ET art. 615, 617) en los eventos de privación injusta de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la indemnización del daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales cancelados al abogado que asumió la defensa del afectado directo con la medida dentro del proceso penal, quien haya realizado el pago deberá aportar: la prueba de la real prestación de los servicios del abogado y la respectiva factura o documento equivalente expedido por éste, en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su gestión y la prueba de su pago. En cuanto al lucro cesante, se eliminaron las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se, estableciéndose que, su existencia y cuantía deben reconocerse solo: a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante

¿Es razonable imponer una medida de aseguramiento con fundamento en un informe militar? El informe militar solo constituye un punto de partida para la investigación y para el respectivo recaudo de pruebas, y de otro, en el caso particular bajo estudio, la autoría del atentado fue endilgada a ABC por encontrarse vinculado a un proceso en el que era señalado como miembro del ELN, proceso en el que la presunción de su inocencia no había sido desvirtuada. Más adelante fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra en ese proceso, circunstancia que dejó sin el precario sustento que podía tener la medida cautelar ordenada dentro de la investigación de la explosión de un artefacto desconocido que había tenido ocurrencia en la vía Bogotá-Cúcuta., razón por la cual la Fiscalía retiró la acusación y solicitó su absolución. Y, si bien en las providencias del proceso adelantado por rebelión allegadas al expediente penal se le impuso medida de aseguramiento y se profirió resolución de acusación con base en informes de inteligencia, testimonios con reserva de identidad y un reconocimiento fotográfico que lo señalaban como integrante del ELN, lo que podría pensarse constituía un hecho indicador de su posible participación en el ataque terrorista investigado, lo cierto es que en el proceso adelantado por dicho atentado, no se tenía certeza, siquiera, sobre la participación del mencionado grupo subversivo en los hechos, por lo que el señalamiento como autor del atentado no fue más que una suposición basada en otra investigación que además, también concluyó con absolución"

En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo. Según lo normado en el artículo 63 del C. Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación al deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, a pesar de hacerlo, confió imprudentemente en poder evitarlos. Esta norma explica que la culpa grave es el comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario de la víctima. Se estableció en sentencia de unificación que la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados y el término de duración de la privación de la libertad, para lo que se requiere, según la calidad alegada, la prueba del estado civil, la convivencia de los compañeros o de la relación afectiva. La jurisprudencia esclareció que solo es posible conceder lo que se pida en la demanda y no procede ningún reconocimiento oficioso por parte del juez e, igualmente, el demandante debe acreditar con prueba suficiente el perjuicio solicitado

La Sección en fallo de tutela accedió al amparo del derecho al debido proceso, para dejar sin efectos la sentencia de unificación de agosto 15 de 2018 No. 66001-23-31-000-2011-00235-01(46947), que había ordenado unificar los criterios de responsabilidad patrimonial del estado por los daños causados con ocasión de la privación de la libertad. Igualmente dispuso que en la sentencia de reemplazo se valore la culpa de la víctima sin violar su presunción de inocencia. En esta acción se invoca la presunción de inocencia como derecho constitucional violado (art. 29 C. Pol.), porque se estima que en la sentencia objeto del amparo se negó la indemnización reclamada por el demandante debido a que se probó la "culpa de la víctima" desconociendo que esta fue absuelta por la justicia penal declarándola inocente, la cual determinó que la conducta que se le imputó al detenerla era atípica. Tal razonamiento surge de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada de acuerdo con la cual la jurisprudencia no considera como causa jurídica del daño sino la actividad que, entre las concurrentes, ha desempeñado un papel trascendente en la realización del perjuicio y que es necesario que exista conexión causal jurídicamente relevante entre un evento dañoso que lesionó a quien exige ser reparado y como causa u origen de ese mismo evento dañoso. Se concluyó que se debió valorar si la imposición de la medida de aseguramiento fue causada por la actuación procesal de la accionante, pues ninguno de los juicios necesarios para examinar los elementos de la responsabilidad la autorizaba, como juez administrativo, a reemplazar al funcionario judicial penal

Condenan a la Nación por haber detenido ilegalmente a un ciudadano durante la 'Operación Orión'. El Consejo de Estado condenó a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagarle más de 348 millones de pesos a la familia de un hombre que fue detenido injustamente durante el desarrollo de la llamada 'Operación Orión', adelantada por la Policía y el Ejército en Medellín (Antioquia) en el 2002, para recuperar la zona de la Comuna 13, que en ese entonces había sido tomada por grupos armados ilegales. La víctima fue detenida el 12 de octubre de ese año. En septiembre del 2003 el hombre fue acusado del delito de concierto para delinquir con fines terroristas, con base en testimonios que lo señalaban de ser comandante de la entonces guerrilla de las Farc. Tras recuperar su libertad y firmar un acta de compromiso el 25 de julio del 2005, fue absuelto por decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín en octubre del 2008. El afectado interpuso una demanda de reparación directa que fue resuelta a su favor en primera instancia por el Tribunal Administrativo, decisión ratificada por el Consejo de Estado, tras declararse a la Fiscalía como la entidad administrativamente responsable del daño causado al demandante por haber sido privado de su libertad de manera injusta. La providencia señala no que no había pruebas suficientes que justificaran la captura y posterior imposición de la medida de aseguramiento; advierte además que los testimonios no eran creíbles y que la captura se produjo en medio de varias irregularidades que rodearon el desarrollo de la 'Operación Orión'. Para el Consejo de Estado, las decisiones de la Fiscalía en este caso no cumplieron con los requisitos legales

La vinculación a un proceso penal no constituye un daño antijurídico. "La demanda alegó que [J.F.B.] no debió estar vinculado en un proceso penal que culminó con sentencia absolutoria. Adujo que esa situación constituía un daño antijurídico porque no se desvirtuó su presunción de inocencia. La Sala tiene determinado que un proceso penal es una carga que todos los ciudadanos deben asumir en cumplimiento del deber que tienen como sujetos procesales de colaborar con la administración de justicia [sentencias del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168 (fundamento jurídico 4) y del 26 de abril de 2017, Rad. 41.326 (fundamento jurídico 4.4)]. Como la vinculación de [J.F.B.] al proceso penal se ajustó a los presupuestos previstos en la ley, el daño alegado en la demanda no tiene el carácter de antijurídico, pues correspondió a una carga que éste estaba en el deber jurídico de soportar." - [Resumen automatizado: El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 NOTA DE RELATORÍA: El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. || (...) la Sala no está habilitada para condenar por pretensiones diferentes que no fueron objeto del debate procesal, cuando esos razonamientos pretenden modificar los hechos en que se basa [causa petendi] NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de enero de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2011-00708-00(PI). || En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que la DIAN presentó denuncia penal en su contra por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, la Fiscalía lo vinculó a un proceso penal y un juez lo absolvió.] - [Palabras claves automatizadas: penal, proceso, sentencia, jurídico, daño, según, sala, da, causa, parte, cuenta, consejo, fundamento, ley, sección, demanda, omisión]

(SIN EFECTOS) Unificación de Jurisprudencia en cuanto al régimen de responsabilidad aplicable a los casos de reparación por privación de la libertad. Se unifica la jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que se revoca la medida restrictiva de la libertad, por cualquier causa, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la C. Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño. Deberá también el juez verificar imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Y luego podrá el juez encausar el análisis del asunto siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que de acuerdo al acerbo probatorio considere pertinente y que mejor se adecue al caso concreto

Eximente de responsabilidad del estado en casos de privación injusta de la libertad. Culpa exclusiva de la víctima. Cuando la víctima haya actuado con culpa grave o dolo, o haya ocasionado el daño por un acto o hecho suyo, éste no tendrá carácter antijurídico. La Sala advierte que el hecho de la víctima y culpa de la víctima se han refundido dentro de un mismo concepto, ya que ambos eximen al Estado de la obligación de indemnizar los daños causados. Sin embargo, el hecho de la víctima y la culpa de la víctima tienen un elemento diferenciador. Se presenta un hecho de la víctima, cuando su conducta, "sea determinante y exclusiva para la causación del daño, en tanto resulte imprevisible o irresistible", con independencia de su calificación dolosa o culposa. Por otra parte, se presenta culpa de la víctima cuando la conducta de esta hubiera incrementado el riesgo jurídicamente relevante de que se produjera el daño, como consecuencia del incumplimiento culposo de un deber jurídico a cargo suyo o del deber general de cuidado. El hecho de la víctima se presenta así cuando el daño fue ocasionado por la propia víctima, por lo que ésta tiene el deber de soportarlo; mientras que la culpa de la víctima se presenta cuando la víctima incumplió un deber jurídico, lo que aumentó el riesgo jurídicamente relevante de sufrir el daño, por lo que se le atribuye el deber jurídico de soportarlo. En este orden de ideas, cuando se presenta culpa de la víctima, el daño será atribuible a esta, mientras que cuando se presente un hecho de la víctima, el daño será ocasionado por esta

Testimonios de menores de edad no pueden ser desestimados por el solo hecho de su desarrollo físico y mental. Dentro de una investigación por acto sexual abusivo con menor de catorce años, el sindicado quien ya tenía un antecedente por acceso carnal violento y dos investigaciones más en curso por acto sexual abusivo con menor de catorce años fue cobijado con detención preventiva por el lapso de 6 meses. Finalmente, el sindicado fue absuelto por cuanto el juez de conocimiento consideró, entre otros, que el relato de las niñas afectadas resultaba fantasioso. El abuso sexual de menores es, por lo general, un delito que se consuma en el ámbito privado o íntimo de sus protagonistas. Excepcionalmente, hay testigos presenciales que aportan sus dichos al esclarecimiento de los hechos denunciados, razón por la cual en la mayoría de los casos no se cuenta con prueba directa lo que dificulta la investigación penal. Para la Sala, ignorar o menospreciar un testimonio de un menor por el sólo hecho de su desarrollo físico y mental, al igual que dejar a un lado las presiones que el mismo afronta, cuando sus afirmaciones dan lugar a medidas de aseguramiento en contra de sus agresores, de ordinario familiares o personas cercanas, no sólo vulnera sus derechos prevalentes, sino que constituye una conducta antijurídica que lo revictimiza. La C. Constitucional ha puntualizado que los operadores judiciales que intervengan directa o indirectamente en la investigación o juzgamiento de delitos sexuales cometidos contra menores de edad deben "abstenerse de actuar de manera discriminatoria contra las víctimas, estando en la obligación de tomar en consideración la situación de indefensión en la cual se encuentra cualquier niño que ha sido sujeto pasivo de esta clase de ilícitos

El deber de las autoridades de trato igualitario a las personas emana de la obligación general de acatamiento de la Constitución y la ley, inscrito en la noción de Estado de Derecho. En el ordenamiento jurídico colombiano el sistema de precedentes tiene vital importancia, dado que reconoce la fuerza vinculante de los pronunciamientos judiciales previos en garantía de la seguridad jurídica y del principio de igualdad, con el objeto de otorgar coherencia al sistema judicial. La Corte Constitucional ha establecido los requisitos para la aplicación del precedente judicial vinculante, así: (i) que los hechos relevantes del caso bajo análisis sean semejantes a los supuestos de hecho del caso precedente, (ii) que la consecuencia jurídica que se aplicó anteriormente puede equipararse a la exigida en el nuevo caso, y (iii) que la regla o criterio interpretativo fijado se mantenga, no haya cambiado o evolucionado que pueda modificar algún supuesto de hecho para efectos de su aplicación. En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 - C.P.A.C.A - se consolidó la función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, en orden a garantizar la seguridad jurídica, coherencia e igualdad en la solución de los asuntos administrativos y judiciales. Es así que, en el artículo 10 del CPACA se establece el deber por parte de las autoridades la aplicación uniforme de las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado cuando se encuentren ante situaciones con los mismos supuestos fácticos y jurídicos

La jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y-o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso deberá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad. Aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva. Esta Sección precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo

La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. La jurisprudencia tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del in dubio pro reo, con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 C.N. La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla. Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad. La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996

¿Es procedente reconocer cuotas alimentarias dejadas de percibir, como perjuicios en la modalidad de lucro cesante, al hijo de persona cuya privación de la libertad se prolongó por la incorrecta dosificación de la pena?. En casos de privación injusta de la libertad, sólo se le reconoce a la víctima de la referida privación, pues se parte del supuesto que quien tuvo restringida su libertad no pudo seguir ejerciendo su actividad económica. La jurisprudencia tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas y la aplicación del in dubio pro reo, con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 C. Política. La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla. Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad. En todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996. Tratándose de la prolongación de la privación de la libertad derivada de un exceso en la pena impuesta, no se configura la culpa exclusiva de la víctima

Se niega la acción de reparación integral a desmovilizado de las AUC. En interpretación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad es que al damnificado no le es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla para originar el deber de reparar; por el contrario, es suficiente con acreditar la existencia de un daño derivado de una medida privativa de la libertad proferida en su contra, en el trámite de un proceso judicial que finalmente hubiese culminado con una decisión favorable a su inocencia adoptada bien porque el hecho no existió, no constituía delito, o el privado de la libertad no fue el autor del mismo, eventos de responsabilidad objetiva a los que la jurisprudencia agregó los casos en que se exonere de responsabilidad penal por aplicación del principio in dubio pro reo. En el caso concreto se evidencia que, aunque las pruebas obrantes en el proceso penal no arrojaron, al tiempo en que se adelantó, certeza sobre la responsabilidad penal del acusado por el delito que se le imputó (concierto para delinquir para la conformación de grupos de justicia privada en calidad de financiador), en realidad el actor sí pertenecía a un grupo armado ilegal pues la Agencia Colombiana para la Reintegración certificó que en el año 2005 participó de la desmovilización colectiva del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo anterior quiere decir que la conducta del demandante fue dolosa al punto de que tomó parte, de forma consciente y voluntaria, en actividades que estaban prohibidas por el ordenamiento jurídico y que lesionaban los intereses de toda la colectividad; así mismo, eximen a la Nación de su deber de reparar el daño causado por la privación injusta de su libertad

En la actualidad, y para aquellos asuntos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la privación de la libertad de una persona durante su vigencia, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia. Igualmente se ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o -en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del in dubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política

El término de caducidad de la acción de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo que primero ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, en virtud de una medida de aseguramiento de detención preventiva. Se suspende desde la fecha en que se presenta la solicitud de conciliación prejudicial hasta la expedición de la constancia de no acuerdo conciliatorio o hasta que venza el término de tres meses contados desde que se solicitó el inicio del trámite, lo que ocurra primero

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad, estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. La Sala ha considerado que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido "abiertamente arbitraria", dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible. El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 estableció que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: "El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado"

El criterio de esta Corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es que al damnificado no le es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla para que se origine dicho deber de reparar, sino que le basta con acreditar que se le generó un daño derivado de la medida privativa de la libertad que le fue impuesta en un proceso judicial que finalmente culminó con una decisión favorable a su inocencia, porque se hubiese determinado que el hecho objeto de pesquisa no existió, éste no se constituía en un delito, o como privado de la libertad no hubiese sido el autor de la conducta punible investigada, eventos de responsabilidad que se han colegido de carácter objetivo. Cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél

Cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido "abiertamente arbitraria", interpretación que se desprende del análisis que de esa disposición realizó la Corte Constitucional al estudiar su exequibilidad, consideró que la misma no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la C. Política para derivar de manera objetiva el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas en tanto éstas no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede en los eventos en que las personas son privadas de la libertad durante una investigación penal a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, situaciones que evidentemente se equiparan a los casos a los que se refería el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. La jurisprudencia ha señalado que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas en el Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión

Reitera Sentencia de Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad, estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. La Sala ha considerado, que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido "abiertamente arbitraria", dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible. El Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder -activo u omisivo- de la propia víctima

La contumacia puede llegar a ser considerada como un daño antijurídico. Consideró la Sala de que la medida de aseguramiento de detención preventiva, por si misma genera unos cambios negativos en las personas, no circunscritos a la detención intramuros, pues es claro que impide su desenvolvimiento normal en los entornos familiar, laboral, social y personal. Es que, es indiscutible que quien está sujeto a una orden de captura difícilmente puede volver a su trabajo a su lugar de residencia o tan siquiera transitar libremente. Para la Sala la situación de contumacia, dependiendo de las circunstancias de cada caso, puede llegar a ser un daño antijurídico, si se tiene en cuenta que la única forma en que la restricción de la libertad en un proceso penal se torna legítima, como se explicará de manera subsiguiente, es cuando con sujeción al debido proceso se ha desvirtuado la presunción de inocencia. Un entendimiento diferente de la medida de aseguramiento de detención preventiva, esto es alejada de la presunción de inocencia, tornaría jurídicas la mayoría de las detenciones, pues lo cierto es que quienes están privados de la libertad en centro carcelario o en el domicilio no, necesariamente, lo están porque han comparecido voluntariamente, sino porque precisamente se ha hecho efectiva en ellos una orden de captura

Jurisprudencia consolidada sobre responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad. La Sala ha considerado que el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no puede recortar el alcance del artículo 90 de la Constitución, que no limita la responsabilidad patrimonial del Estado sólo a los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos del Estado hubiera sido "abiertamente arbitraria", sino que la extiende a todos "los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas" y en consecuencia, también mantienen su vigencia para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, todas aquellas hipótesis de responsabilidad que fueron previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que dispone que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios, siempre y cuando la detención preventiva que le hubiere sido impuesta no se haya causado por dolo o culpa grave

La simple invocación por parte del juez penal de "dudas" sobre la responsabilidad penal del inculpado, no es suficiente para concluir que se está en la presencia de una duda razonable, existe una diferencia sustancial entre la duda nominal, que se invoca solo como un estado psicológico del juez y que no constituye un criterio de adjudicación de responsabilidad, y la duda razonable, que surge luego de contrastarse medios de prueba de igual peso probatorio que, valorados en conjunto, impiden arribar a la certeza sobre la responsabilidad penal del acusado, de manera que la balanza debe inclinarse a su favor. El hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino de una actuación u omisión atribuible a la propia víctima. La Ley 270 de 1996 desarrolló los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad e indebido funcionamiento de la administración de justicia, sólo puso como elemento necesario para la configuración de la responsabilidad el agotamiento de los recursos en el primer caso, es decir en materia de error judicial

Se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado. En un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución. En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C. P, debe ordenar su reparación

Reitera Sentencia de Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad \ Valoración de las copias simples aportadas al proceso atendiendo el criterio jurisprudencial unificado del Pleno de la Sección Tercera

El demandante comprometió su responsabilidad al actuar de manera negligente e imprudente y en contravía con sus deberes legales, al no informar a las autoridades competentes sobre el homicidio del cual tuvo conocimiento por la confesión que el propio autor hiciera el mismo día del ilícito. De manera que el demandante comprometió su responsabilidad al guardar silencio y perdió la oportunidad para que el Estado asegurara su protección como denunciante. El demandante tenía conocimiento del homicidio cometido, pero omitió su deber de denuncia con lo cual se hizo cómplice de la infracción a la ley penal y favoreció al autor material del delito. En síntesis, se configura como causal eximente de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima, consagrada el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, y consecuencia la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda pero por las razones aquí expuestas

Respecto de la oportunidad para pronunciarse, debe examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda, conforme lo establece el inciso 3 del artículo 143 del C.C.A., el juez debe rechazar la demanda cuando verifique que ha ocurrido la caducidad, la cual también puede ser planteada por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda o en la contestación de la misma, en éste último caso como excepción de fondo artículo 144, numeral 3, e incluso, puede declararla de oficio el juez en la sentencia si la encuentra probada, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del C.C.A.. En concordancia con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina la absolución o preclusión de la investigación en favor del procesado; sin embargo, recuérdese que, para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, es necesario dar previo cumplimiento al requisito de procedibilidad consistente en solicitar audiencia de conciliación extrajudicial, la cual suspende el término de caducidad hasta que: i) que se logre acuerdo conciliatorio, ii) se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001 o iii) se venza el término de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero

¿Es responsable el Estado cuando el daño provino de una causa extraña determinante o de la culpa exclusiva de la víctima? "En todos los casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o a la culpa exclusiva de la víctima esta de conformidad con los artículos 70 y 67 de la Ley 270 de 1996. La medida de aseguramiento se fundamentó en la captura en flagrancia y en la confesión del procesado en la participación en el delito, circunstancias que concretaron en un primer momento, la responsabilidad del sindicado por los delitos que se le acusaron y que sólo fueron desvirtuadas, luego del debate probatorio, en sentencia de primera instancia, sin que se negase su participación en el ilícito. La actuación de la Fiscalía al decretar la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales y probatorios exigidos en el C. de Procedimiento Penal. Además, no existe prueba en el proceso que acredite que la privación de la libertad fue desproporcionada, irrazonable o arbitraria

Como la absolución se fundamentó en la atipicidad de la conducta, el título de imputación aplicable es el objetivo de daño especial, lo que torna en injusta la privación de la libertad

En interpretación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el criterio de esta Corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es que al damnificado no le es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla para que se origine dicho deber de reparar, sino que le basta con acreditar que se le generó un daño derivado del hecho de que contra él se hubiese impuesto una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que finalmente hubiese culminado con una decisión favorable a su inocencia porque el hecho no existió, no se constituye en delito, o el privado de la libertad no fue el autor del mismo, eventos de responsabilidad objetiva a los que recientemente se agregaron los casos en que se exonera de responsabilidad al implicado por aplicación del principio de in dubio pro reo. La jurisprudencia ha señalado que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas en el Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión

¿Procede la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, en aplicación de la teoría de la causalidad adecuada, si la causa eficiente del daño es por la culpa grave y comportamiento negligente del sindicado? Preclusión de la investigación, error de tipo. En el presente caso, la causa eficiente o adecuada de la privación de la libertad del actor no fue una actuación de la administración de justicia, sino la culpa grave y el comportamiento negligente y descuidado de éste, toda vez que, en su condición de propietario y administrador del establecimiento de comercio donde se realizaban actividades de lenocinio, permitió que una menor ejerciera la prostitución

El demandante no solo fue víctima de reclutamiento forzado, sino que fue procesado por funcionarios sin competencia, puesto que los menores tienen derecho a contar con un sistema de responsabilidad penal diferenciado sometido a leyes, procedimientos y autoridades especiales. "El ejercicio de la acción penal en este caso configuró una "revictimización" del que fuera menor reclutado forzosamente, en tanto dentro del proceso penal correspondiente se le reprochó una conducta (pertenecer a un grupo irregular) cuando en realidad era víctima de este"

Cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el "riesgo" del mal funcionamiento de la administración de justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar

No hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación cuando el sindicado privado de la libertad incurre en dolo civil. Al sindicado del delito de acceso carnal violento contra trabajadora sexual, quien fue absuelto, le fue negada indemnización del Estado por privación de su libertad, por incurrir en dolo civil, al incumplir compromiso de pago por los servicios sexuales prestados, por no conservar valores de convivencia social e incurrir en discriminación, abuso del estado de necesidad, desprestigio y contribución a la marginalidad de compañera ocasional \ La Sala entiende que así se mantenga la presunción de inocencia incólume, no en todos los casos procede la indemnización, sin que ello se traduzca en un menoscabo al derecho fundamental a la libertad, dada la autonomía del juicio de responsabilidad, esto es, de la reparación, al margen de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad ya definidas por el juez penal en ejercicio de su competencia, en cuanto presupuestos que probados conjuntamente y con certeza judicial, a toda prueba, no lograron desvirtuar la presunción de inocencia \ Violencia de género. Vulneración de la libertad sexual de quienes practican el comercio carnal. Deber de cumplir los compromisos de pago pactados

De la privación de la libertad - Análisis del dolo o culpa grave como eximente de responsabilidad. El hecho de la absolución o preclusión en sede penal es título suficiente para la reclamación del daño derivado de la pérdida de la libertad. Sin embargo, la eficacia de tal derecho puede llegar a ser contraria al orden constitucional, en su conjunto, y en especial, a los principios consagrados en los arts. 83 y 95 de la Carta Política. En efecto, bien puede suceder que, a pesar de que las peculiaridades del proceso penal impidan la condena o un pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad, el juez de la responsabilidad encuentre acreditada la culpa civil en asuntos relacionados con el objeto del juicio penal. En este caso, el valor constitucional de la buena fe (art. 83) y así como los deberes de respeto al ordenamiento jurídico y los derechos ajenos (art.93), obligan a relativizar el deber de reparación consagrado en el art. 90, pues de lo contrario, se estaría propiciando que, quien ha actuado con dolo o culpa grave (civil) termine beneficiándose de su propia iniquidad. En otras palabras, en el caso de acreditación de una conducta del actor, encajable dentro de los parámetros de la culpa civil y relacionada de alguna manera con el objeto del proceso penal, es necesario realizar un juicio de ponderación entre las normas constitucionales mencionadas

La sentencia absolutoria es una condición sine qua non para que se configure el daño antijurídico, además el delito del cual fue víctima Luis Carlos Galán es imprescriptible por lo cual no se puede predicar el incumplimiento de las disposiciones sobre plazo razonable, así el actor se haya visto envuelto en investigaciones por más de una década

Los informes que pretenden comprobar la inocencia del sindicado constituyen un criterio orientador de la investigación penal, pero al tratarse de sospechas no pueden ser consideradas como pruebas - La jurisprudencia constitucional ha señalado que el artículo 29 de la Constitución Política consagra los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, comoquiera que ésta sólo puede ser desvirtuada mediante pruebas legal y regularmente allegadas al proceso, pues es allí donde el sindicado puede controvertirlas. Igualmente señala que esos informes al provenir de terceros, los llamados "informantes", pueden llevar a apreciaciones o conjeturas que no son consideradas como pruebas. Esos informes, en todo caso, sirven para orientar la investigación y producir la prueba necesaria con el fin de establecer la realidad y la veracidad de los hechos que se controvierten en el proceso, bajo el entendimiento que el sindicado puede ejercer plenamente el derecho de contradicción frente a los mismos. Lo que revelan los informes de inteligencia son procedimientos que llevan a una serie de hipótesis que, de confirmarse, pueden establecer la existencia de un delito

Aun en los casos de privación injusta de la libertad proveniente de causas ajenas a las enunciadas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o por in dubio pro reo, el régimen de responsabilidad aplicable es de carácter objetivo, en el cual se prescinde en absoluto de la conducta del sujeto y su culpabilidad;

el actor en este proceso compensó el tiempo que estuvo privado de la libertad injustamente por no ser responsable del delito de secuestro simple, con la pena que debió asumir por haber cometido el delito de abandono de menor, cuestión que permite señalar que en relación con la privación injusta de la libertad que se produjo ante la absolución del delito de secuestro simple, el actor en este proceso no sufrió realmente un daño antijurídico

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de la absolución, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad

¿El termino de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad inicia a partir de la ejecutoria de la providencia que declara ilegal la medida restrictiva de la libertad? Comoquiera que la acción de reparación directa halla su fundamento en la existencia del daño cuya indemnización se reclama, sólo es factible que el cómputo de la caducidad, para el ejercicio de la misma, inicie una vez se configure el hecho o acontecimiento generador de aquél. En ese contexto, en los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido

El Estado debe indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva por privación injusta de la libertad - No se puede aceptar que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, se hallen obligados a aceptar como un beneficio gracioso que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo -sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima-, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad

Unifica la jurisprudencia en relación con los parámetros que deben observar las entidades estatales para el ejercicio de su libertad dispositiva en materia de conciliación prejudicial, extrajudicial y judicial. \El equilibrio económico en los acuerdos conciliatorios -Sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como criterio que pueda orientar a las partes, la Sala formula unos parámetros para que sirvan de guía en las negociaciones que se realicen tratándose de conciliaciones extrajudiciales o judiciales y en especial en aquellos eventos en los cuales la entidad pública, en ejercicio de una posición de dominio pueda, en un momento determinado, imponer las condiciones del acuerdo que corresponda. (…) los parámetros antes señalados no están llamados a aplicarse en aquellos eventos en los cuales, aunque se encuentre acreditado el daño, no suceda lo mismo en relación con el quantum del perjuicio, situaciones en las cuales el propio juez debería acudir a la equidad como principio y fundamento para determinar el monto de la indemnización a decretar

El Estado es patrimonialmente responsable cuando existe un daño antijurídico por la privación injusta de la libertad - Para que exista responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, bajo la égida de los artículos 90 constitucional y 414 del C.P.P, es necesario que el demandante acredite los siguientes supuestos fácticos de relevancia jurídica: i) fue objeto de una detención preventiva y que a causa de ella se le generó un daño antijurídico consistente en la efectiva privación de su derecho fundamental de libertad personal, y que ii) exista decisión de absolución a posteriori, que este debidamente ejecutoriada, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible

Unificación jurisprudencial en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad. \ Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996 \Término de caducidad acción de reparación directa por privación injusta de la libertad - Se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación penal o absolvió al procesado, si no hay constancia de la fecha aludida ni la de su notificación, se tomará en cuenta el momento en el cual se profirió la providencia mediante la cual se confirmó la sentencia que absolvió al sindicado

No puede alegarse una privación de la libertad y menos que ésta haya sido injusta, cuando si bien sobre los demandantes se profirió medida de aseguramiento, ordenó captura y solicitó la suspensión en los cargos que desempeñaban, es claro que tales fines no se cumplieron, en atención a que nunca estuvieron privados de la libertad, sino que se dieron a la huida abandonando los cargos que desempeñaban \ La responsabilidad del Estado en materia de privación injusta. Resulta palmario que la procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado. Lo único que se hace menester, atendiendo a los preceptuado por el artículo 90 constitucional, es que se acredite la causación de un daño antijurídico a la persona privada de su libertad y que ese detrimento resulte imputable a la acción o a la omisión de la autoridad judicial respectiva

Todo aquel que haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado la reparación de los perjuicios que le hayan sido ocasionados - Así el artículo 68 Ley 270 de 1996 no establezca más supuestos, aquellos no contemplados son aplicables cuando se produce un daño antijurídico, como en el evento en el que el ciudadano se ve sometido a una medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva en virtud de la cual se priva de su derecho a la libertad, que posteriormente es revocada al concluirse que los elementos fácticos por los que fue investigado no permiten encontrar que constituyeron un delito alguno, supuesto que ya estaba previsto en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, pues el fundamento se radica en que la actuación judicial por medio de la cual se impuso la medida de aseguramiento compromete la responsabilidad de la administración de justicia, específicamente por haber causado un daño antijurídico consistente en la privación injusta de la libertad, lo que debe ser objeto de reparación en cabeza de la autoridad que produjo la misma

¿Puede declararse responsabilidad del estado por el hecho de una detención preventiva justificada en una correcta investigación pero luego de la cual el imputado no resultara condenado? - Sí, "de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos -cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva

Unificación jurisprudencial en relación con el régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación de la libertad de las personas sujetas a detención preventiva dentro de un proceso penal, a quienes posteriormente se exonera de responsabilidad mediante sentencia absolutoria o pronunciamiento equivalente - principio in dubio pro reo-. La procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado

Se declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el Jefe de la Oficina de Planeación Municipal de Melgar (Tolima), el funcionario fue acusado de interés ilícito en la celebración de contratos, investigación que precluyó porque se demostró que no cometió el delito que se le imputó. Declaratoria de responsabilidad extracontractual. Eximente de responsabilidad por culpa de la víctima. Responsabilidad patrimonial del Estado. Fiscalía General de la Nación. Actuaciones. Responsabilidad por las condenas que se profieran contra el Estado. Privación injusta de la libertad. Funcionario acusado de interés ilícito en la celebración de contratos. Vigencia de la Ley 270 de 1996. Primera línea jurisprudencial. Restrictiva y absoluta. Error judicial. Irrelevancia de estudiar la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa. En relación con la acreditación del error jurisdiccional derivado no sólo del carácter "injusto" sino "injustificado" de la detención. Detención preventiva. Aplicación. Libertad personal como derecho fundamental. Presunción del dolor moral de la víctima y sus familiares en los casos de detención en establecimientos carcelarios

Se declaró patrimonialmente responsable a la Nación. Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto un servidor del Congreso de la República, quien fue detenido en tres oportunidades, por cuenta del mismo proceso, acusado de hurto y homicidio, el procesado fue absuelto porque se demostró que no cometió el delito que se le imputó. Los daños causados a las personas como consecuencia de la privación de la libertad a la que hubieran sido sometidos. Responsabilidad por falla en la administración de justicia. Antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. Recuento jurisprudencial y normativo. Régimen aplicable. Sentencia penal absolutoria. Daño antijurídico. Detención de servidor del Congreso de la República en dos oportunidades. Acreditación. Configuración. Para establecer el monto de la indemnización por perjuicios morales se tendrá en cuenta la pauta jurisprudencial que ha venido sosteniendo la Corporación desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes números 13232 y 15646, C. P Alier Eduardo Hernández Enríquez, donde se estableció que la tasación de dichos perjuicios se fijará en salarios mínimos mensuales legales vigentes por una estimación que responda a la reparación integral y equitativa del daño. Lucro cesante. Debido. Cálculo. Fórmula

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue objeto un indígena que se dedicaba a la recolección de hoja de coca. El delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, constituye una de las reservas que el Estado sostuvo frente a la Convención de las Naciones Unidas, en razón a que el cultivo de hoja de coca como infracción penal debe armonizarse tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas, teniendo en cuenta que desde su identidad, cosmovisión y costumbres indígenas el cultivo y recolección de la hoja de coca no constituye ilícito. Independientemente del pago de perjuicios morales y materiales, se ordenaron medidas especiales de reparación integral por la violación de los Derechos Humanos, por el desconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación y el desconocimiento de los Tratados Internacionales sobre Derecho Internacional Humanitario

Responsabilidad patrimonial de la Nación por la privación injusta de la libertad de dos hermanos, quienes fueron sindicados por porte ilegal de armas y conformación de grupos al margen de la ley. El Juzgado de conocimiento dictó preclusión de la investigación. Acreditación del daño antijurídico por privación injusta de la libertad. Los hechos punibles de conformación de grupos armados, porte ilegal de munición y tenencia de material explosivos, no se configuraron

Privación de la libertad. Daño antijurídico. Acreditación. Lesión o afectación a diversos bienes, derechos e intereses legítimos padecidos por el administrado que no está obligado a soportar porque el ordenamiento jurídico no se lo impone. Administración de justicia. Régimen de responsabilidad extracontractual del Estado. Hipótesis bajo las cuales el Estado puede resultar responsable. Privación injusta de la libertad. Error Jurisdiccional. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Título de imputación. Sistema subjetivo de falla del servicio. Sistema objetivo de falla del servicio. Supuestos. Absolución del sindicado o al procesado porque el hecho no existió. El investigado no lo cometió. Conducta no constituía hecho punible. Rompimiento de las cargas públicas. Deber resarcitorio sin consideraciones subjetivas. Concepto de dolo y culpa grave

Privación injusta de la libertad. Daño. Perjuicios morales y materiales. Culpa exclusiva de la víctima. Ausencia de prueba. Preclusión de la investigación. Falta de tipicidad de las conductas. Para que una conducta sea punible la misma debe ajustarse estrictamente a la descripción legal, vulnerar o poner en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, y realizarse de manera voluntaria y libre

Responsabilidad patrimonial del estado. Privación injusta de la libertad. Responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico, por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado. Desarrollo jurisprudencial. Responsabilidad objetiva

Requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta. Si se tuviere por cierto que se hubiere configurado la causal de nulidad referida por ausencia total de poder, la misma debe tenerse por saneada cuando dicha circunstancia no hubiere sido alegada por las partes y cuando a pesar del vicio el acto procesal de representación se hubiere cumplido su finalidad y no se hubiere violado el derecho de defensa, finalidad que lógicamente está referida al hecho de que salgan airosas las súplicas formuladas a favor de la persona indebidamente representada. Evolución jurisprudencia respecto de la privación injusta de la indemnización por privación injusta de la libertad contemplada en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. No obstante haberse producido la privación de la libertad como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso habiendo sido proferida la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales el imputado no llega a ser condenado porque la investigación es dudosa e insuficiente para condenar el imputado, circunstancia que hace procedente el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos. Interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.

Acción de reparación directa. Privación Injusta de la libertad. Perjuicios morales. Responsabilidad del estado. Error judicial. Evolución jurisprudencial. Responsabilidad objetiva del Estado por privación injusta de la libertad. Falla del servicio de la administración de justicia. Nulidad constitucional de pleno derecho. Prueba obtenida con violación al debido proceso. Inobservancia formalidades legales

Desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental (artículo 28 C.P.) que sólo admite limitación en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Regulación de la presunción de inocencia. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Evolución jurisprudencia respecto de la interpretación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Representación judicial de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial. Tanto el Director Ejecutivo de Administración Judicial como el Fiscal General de la Nación pueden representar judicialmente a la Nación. La Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución. Corolario de esa autonomía es que las condenas que se profieran contra la Nación, por las actuaciones realizadas por la Fiscalía, deberán ser cumplidas o pagadas con el presupuesto de ésta.

La medida de aseguramiento sólo puede efectuarse una vez se ha establecido, con carácter definitivo dentro del proceso penal, la ausencia de responsabilidad del imputado preventivamente desprovisto de su libertad, toda vez que resulta materialmente imposible llevarla a cabo analizando, en exclusiva, la decisión mediante la cual se profiere la orden de detención cautelar. Privación injusta de la libertad. Proceso de reparación directa - Tasación de condena de perjuicios morales. Daño emergente. Lucro cesante. Perjuicios morales. Principio de presunción de inocencia. Principio in dubio pro reo

Cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa en caso de privación injusta de la libertad. Valor probatorio de las noticias. En el presente caso el título de imputación es objetivo por la inexistencia del delito.

¿Existe responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de las órdenes de privación de la libertad emitidas, en su contra, por la Administración de Justicia? En el régimen de responsabilidad derivado de la privación injusta de la libertad que tiene lugar cuando, a pesar de que la medida de aseguramiento ha sido legalmente proferida como quiera que reunía el pleno de los requisitos legales para ser emitida, a la postre el imputado es puesto en libertad porque durante el curso del proceso penal se demuestra que el hecho por el cual se le acusaba no era constitutivo de delito. Privación injusta de la libertad. Administración de justicia - Falla del servicio. Proceso penal - Privación de la libertad