CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 05001-23-31-000-2002-02312-01 (45365)
Demandante: Carlos Alberto Ospina González y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Tema: Privación de la libertad. Se revoca la decisión de negar las pretensiones de la demanda y se condena a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por el daño especial que sufrió el demandante debido a que se probó que fue privado de la libertad y luego absuelto porque la conducta investigada era atípica.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia proferida el 8 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión, en la cual negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.
ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 30 de abril de 2002 por Carlos Alberto Ospina González (víctima directa de la detención) y sus familiares. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Rama Judicial para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con la privación de la libertad a la que fue sometido entre el 6 de octubre de 1997 y el 5 de mayo de 2000, es decir por un término de 2 años y 7 meses. En el proceso penal le fueron imputados los delitos de peculado por apropiación y de <<celebración indebida de contratos>.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<< (…) PRETENSIONES
1.- DECLÁRESE: Que la NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN), son administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios causados a los demandantes CARLOS ALBERTO OSPINA GONZÁLEZ, ILEANA MARÍA GONZÁLEZ OSORIO, MARÍA NELLY GONZÁLEZ y GERARDO OSPINA GONZÁLEZ, con la injusta y arbitraria privación de la libertad de la que fue víctima el señor CARLOS ALBERTO OSPINA GONZÁLEZ, esposo de la segunda, hijo de la tercera y hermano del cuarto, durante el término comprendido entre el 6 de octubre de 1997 y el 5 de mayo de 2000, a órdenes de la Fiscalía 11 Delegada y el Juzgado Penal del Circuito con sede en la ciudad Bolívar Antioquia, por el presunto delito de celebración indebida de contratos.
2.- CONDÉNESE a la NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN), a indemnizar a los demandantes, estos perjuicios:
2.1.- Morales
2.1.1.- Sufridos por CARLOS ALBERTO OSPINA GONZÁLEZ, ILEANA MARÍA GONZÁLEZ OSORIO, MARÍA NELLY GONZÁLEZ y GERARDO OSPINA GONZÁLEZ.
2.1.2.- Causados por: la vergüenza pública, la angustia, la congoja y la pena que sufrieron y sufren como consecuencia de la ilegal e injusta privación de la libertad de que fue víctima el señor CARLOS ALBERTO OSPINA GONZALEZ, en el período comprendido entre el 6 de octubre de 1997 y el 5 de mayo de 2000, quien además quedó expuesto a la animadversión y al escarnio público por el carácter deshonroso de la imputación calumniosa que las autoridades difundieron en su contra.
2.1.3.- Estimados en TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para cada uno de los perjudicados, que hoy tienen un valor de $92.700.000, para un total de MIL DOSCIENTOS (1.200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, que al precio actual equivalen a $370.800.000, reconocimiento que se hará de acuerdo al valor que tenga el salario mínimo legal mensual a la fecha de ejecutoria de la sentencia o del auto que apruebe la conciliación y se actualizará según la variación del índice de precios al consumidor suministrado por el DANE, entre la fecha de expedición del decreto que fije el salario mínimo y la época de ejecutoria del fallo o del auto aprobatorio de la conciliación, acorde con el fallo del Consejo de Estado de septiembre 6 del 2001 (o lo que esté reconociendo la jurisprudencia en el momento del fallo por concepto de perjuicios morales y su actualización).
3.- Materiales de lucro cesante:
3.1.- Sufridos por el señor CARLOS ALBERTO OSPINA GONZÁLEZ.
3.2.- Consistente en las sumas de dinero que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad (6 de octubre de 1997 y el 5 de mayo de 2000), a causa de la injusta y arbitraria decisión de las autoridades correspondientes.
3.3.- Estimados: En CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M.L. ($137.052.000), suma que deberá actualizarse según la variación del índice de precios al consumidor, suministrado por el DANE entre la ocurrencia de los hechos y la ejecutoria de la sentencia (o lo que esté reconociendo la jurisprudencia en el momento del fallo – perjuicios materiales y su actualización).
4.- Daño extrapatrimonial o perjuicio a la vida de relación:
4.1.- Sufridos por el señor CARLOS ALBERTO OSPINA GONZÁLEZ.
4.2.- Causado por la imputación calumniosa lanzada por las autoridades a los medios hablados, escritos y televisivos, que alteró su entorno social, familiar y laboral, al haber sido considerado como un vulgar delincuente sin serlo, sumada a la pérdida económica padecida a causa de la privación de su libertad.
4.3.- Estimados en TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, que al precio actual equivalen a $92.700.000, reconocimiento que se hará de acuerdo al valor que tenga el salario mínimo legal mensual a la fecha de ejecutoria de la sentencia o del auto que apruebe la conciliación y se actualizará según la variación del índice de precios al consumidor suministrado por el DANE, entre la fecha de expedición del decreto que fije el salario mínimo y la época de ejecutoria del fallo o del auto aprobatorio de la conciliación, acorde con el fallo del Consejo de Estado de septiembre 6 del 2001 (o lo que esté reconociendo la jurisprudencia en el momento del fallo por concepto de perjuicios morales y su actualización…).
5.- ORDÉNESE: a la NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN), cumplir la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, e imputar primero a intereses todo pago que se haga (…)>>
3.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas de los procesos penales allegadas por la parte actora, se extrae que:
3.1.- El abogado Silvio González Puerta formuló una denuncia el 6 de enero de 1995, según la cual durante la administración del señor Carlos Fernando Márquez Trujillo como alcalde del municipio de Bolívar (Antioquia), período 1992-1994, se proyectó y desarrolló un programa de vivienda de interés social consistente en la construcción del conjunto residencial denominado “ALTOS DE LA ERMITA”, ejecución que estuvo bajo la dirección del demandante Carlos Alberto Ospina González, Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del municipio y la junta administradora del Fondo de vivienda (FOVIS). Según la denuncia, el contrato fue adjudicado irregularmente y se celebró sin la observancia de requisitos legales.
3.2.- La Fiscalía Seccional 108 de Salgar – Antioquia, mediante resolución del 19 de julio de 1996, decretó apertura de instrucción y ordenó la vinculación del demandante Ospina González, entre otras personas, por los delitos de peculado, falsedad, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y celebración indebida de contratos en concurso homogéneo sucesivo.
3.3.- El 1° de octubre de 1997 la Fiscalía Once Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Envigado dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el demandante Ospina González por el delito de peculado por apropiación en provecho de terceros, y ordenó su captura.
3.4.- El 6 de octubre de 1997, una vez capturado el demandante Ospina González, la Fiscalía sustituyó la medida de aseguramiento por detención domiciliaria.
3.5.- El 2 de febrero de 1998 la Fiscalía Once Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Envigado profirió resolución de acusación contra el demandante Ospina González por el delito de peculado por apropiación en provecho de terceros.
3.6.- El 12 de mayo de 1998 la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia anuló la actuación a partir del cierre de instrucción.
3.7.- El 21 de mayo de 1998 la Fiscalía adecuó la conducta penal al delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Esta decisión fue confirmada el 31 de julio de 1998 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín.
3.8.- El 15 de enero de 1999 la Fiscalía 41 Delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública precluyó la investigación adelantada contra del demandante Carlos Alberto Ospina González, por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, al considerar que la conducta era atípica.
3.9.- El 9 de abril de 1999 la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín revocó la providencia del 15 de enero de 1999 y profirió resolución de acusación contra el demandante Ospina González por el delito de celebración indebida de contratos en concurso homogéneo sucesivo.
3.10.- El 9 de agosto de 1999, el Juzgado Penal del Circuito Ciudad Bolívar (Antioquia) condenó al demandante Ospina González por el delito de celebración indebida de contratos en concurso homogéneo sucesivo. Así mismo, revocó su detención domiciliaria.
3.11.- El 5 de mayo de 2000 el Tribunal Superior de Antioquia –Sala de Decisión Penal– revocó la decisión de primera instancia y absolvió al demandante Carlos Alberto Ospina González por atipicidad de la conducta debido a que no se demostró que obró con dolo. En consecuencia, ordenó su liberta.
4.- De acuerdo con lo afirmado por los demandantes, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el 1° de octubre de 1997 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del demandante Ospina González; (ii) el 6 de octubre de 1997 el señor Ospina fue capturado, y se sustituyó la detención preventiva por domiciliaria; (iii) mediante providencia del 9 de abril de 1999, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín profirió resolución de acusación contra el demandante; (iv) el 9 de agosto de 1999 el Juzgado Penal del Circuito Ciudad Bolívar (Antioquia) profirió sentencia condenatoria en su contra; (v) el 5 de mayo de 2000 el Tribunal Superior revocó la decisión de primera instancia, absolvió al demandante Carlos Alberto Ospina González y ordenó su libertad inmediata.
B.- Posición de la parte demandada
6.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones formuladas. Como argumentos de defensa expuso que:
6.1.- Esta entidad no debe responder por la captura y detención del demandante Ospina González, debido a que estas actuaciones fueron adelantadas por la Fiscalía.
6.2.- En todo caso, el Tribunal Superior de Antioquia Sala Penal dentro del término legal definió de fondo la situación procesal de dicho demandante y, una vez valoradas las pruebas que reposaban en el expediente, lo absolvió de todos los cargos por los que fue acusado y ordenó su libertad.
6.3.- La parte demandante no aportó prueba alguna que demuestre el daño ocasionado a los demandantes.
7.- La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.
C.- Sentencia recurrida
8.- El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión profirió sentencia de primera instancia el 8 de mayo de 2012, en la que negó las pretensiones de la demanda porque la parte actora no cumplió con la carga de allegar la copia auténtica y completa del proceso penal adelantado contra del demandante Ospina González. Solamente probó que fue absuelto del delito por el cual se le acusó, lo que no es suficiente para demostrar que su privación fuera injusta.
D.- Recurso de apelación
9.- La parte demandante apeló el fallo de primera instancia. Solicitó que se revocara integralmente y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda debido a que en el expediente obra copia de las principales actuaciones del proceso penal que fueron allegadas por el juzgado penal, las cuales son suficientes para probar el daño causado por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el demandante Ospina González.
CONSIDERACIONES
E.- Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar
10.- Está probado que Carlos Alberto Ospina González estuvo privado de la libertad desde el 6 de octubre de 1997 hasta el 5 de mayo de 2000, es decir, por un periodo de 2 años y 7 mese. Dicha privación de la libertad se cumplió en el domicilio del demandante dado que la medida de aseguramiento fue sustituida por detención domiciliaria desde el mismo momento en el que fue capturado.
11.- Está probado que el Tribunal Superior de Antioquia – Sala de Decisión Penal, en sentencia proferida el 5 de mayo de 2000, absolvió de responsabilidad al demandante Carlos Alberto Ospina González por atipicidad de la conducta y ordenó su libertad inmediata.
12.- En esta providencia, la Sala:
12.1.- Se pronunciará de fondo debido a que la demanda fue interpuesta dentro del término de caducidad previsto en el artículo 136 del CCA. En efecto: (i) la sentencia mediante la cual fue absuelto el demandante Ospina González quedó ejecutoriada el día viernes 19 de mayo de 2000; (ii) el término de los dos (2) años para presentar la demanda empezó a correr a partir del siguiente día, es decir, el 20 de mayo de 2000; (iii) la demanda fue presentada el 30 de abril de 2000.
12.3.- Revocará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, condenar a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial porque está acreditado que las demandadas le causaron un daño especial a la víctima directa debido a que ésta fue detenida y posteriormente absuelta porque la conducta investigada era atípica.
F.- La víctima directa sufrió un daño especial debido a que fue privada de la libertad y posteriormente absuelta porque las conductas investigadas eran atípicas
14.- Con la sentencia dictada el 5 de mayo de 2000 por el Tribunal Superior de Antioquia – Sala de Decisión Penal, está demostrado que el demandante Carlos Alberto Ospina González fue absuelto debido a la atipicidad de la conducta investigada.
Al respecto se señaló en dicha providencia:
<< En este orden de ideas la prueba en este proceso bien pudo ser suficiente para dictar resolución de acusación, pero no ofrece la certeza requerida por el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal para dictar sentencia condenatoria.
Significa lo anterior que las conductas por las que en este proceso se juzga a los señores CARLOS FERNANDO MÁRQUEZ TRUJILLO y CARLOS ALBERTO OSPINA GONZÁLEZ, son atípicas frente al artículo 146 del Código penal, pues los requisitos que se omitieron en la adjudicación de las viviendas no son legales ni esenciales. Esto sin contar con que tampoco se aprecia debidamente probado el elemento subjetivo que requiere el delito de tramitación, celebración o liquidación de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, cual es “el propósito de obtener un provecho ilícito…”, pues tratándose de actos tan complejos no es razonable deducir tal propósito de la sola objetividad de las conductas que, como bien lo anotaran los señores defensores, son perfectamente susceptibles de realizarse con plena buena fe (la que en este caso reconoce incluso el Ministerio Público) máxime si el agente es un individuo lego en derecho como le sucede al señor CARLOS ALBERTO OSPINA GONZALEZ cuya profesión es la de ingeniero. Existen delitos cuya comisión sin dolo es prácticamente inconcebible. Piénsese en los hurtos a mano armada, los secuestros (…) en esos punibles normalmente no se presenta dificultad alguna para probar el elemento subjetivo como que éste aparece evidente en las solas circunstancias objetivas de los hechos. No sucede lo mismo con otros comportamientos como el que aquí se estudia en los que el incumplimiento de requisitos no siempre se efectúa con dañino propósito, e incluso, puede ser con fines loables.
Desde luego, en esta providencia no se profundizará en el estudio de la prueba del elemento subjetivo del delito de que se acusa a los señores MÁRQUEZ y OSPINA, pues se ha establecido que no concurren la totalidad de los objetivos, y no se precisa entonces de mayores análisis para concluir que son viables las pretensiones de los señores Defensores y de los sindicados en orden a obtener la revocatoria de la condena y, en reemplazo la absolución.
Aspiraciones que en esencia también respalda el Ministerio Público pues su afirmación de que los sindicados no obtuvieron ningún beneficio con tales conductas y que obraron de buena fe, no conduce a una redosificación de la pena, que es lo que solicita, sino a la absolución porque el delito de que se trata es eminentemente doloso lo cual quiere decir que sí los hechos se cometieron “de buena fe”, no constituyen delito por ausencia de culpabilidad (…)>>
G.- Entidad imputada
H.- Análisis de la culpa de la víctima
18.- No se demostró que la medida de aseguramiento dictada contra el demandante Ospina González hubiese sido causada por su actuar doloso o gravemente culposo durante el proceso penal, en la medida que desde el primer momento se declaró inocente del delito que se le acusaba y sus conductas no influyeron en la imposición de la medida de aseguramiento.
I.- Determinación de los perjuicios y reparación
19.- Con los registros civiles que obran en el expediente está acreditado que la víctima directa Carlos Alberto Ospina González y Ileana María González Osorio son cónyuges. Que María Nelly González es la madre de Carlos Alberto Ospina González y Gerardo Ospina González, razón por la cual son hermanos entre sí.
i) Perjuicios morales
20.- Se encuentra demostrado que el demandante Carlos Alberto Ospina González estuvo privado de la libertad desde el 6 de octubre de 1997 hasta el 5 de mayo de 2000, esto es, por un periodo de 2 años y 7 meses, bajo la modalidad de detención domiciliaria. A cargo de la Fiscalía General de la Nación desde el 6 de octubre de 1997 hasta el 14 de abril de 1999, esto es, por un período de 1 año, 6 meses y 9 días. A cargo de la Rama Judicial desde el 15 de abril de 1999 hasta el 5 de mayo de 2000, esto es, por un período de 1 año y 21 días.
21.- Si bien el lapso de privación es de 31 meses, lo que daría lugar a una indemnización de 100 SMLMV para los demandantes en primer nivel y de 50 SMLMV para los de segundo grado, de acuerdo con los criterios unificados por la Sección Tercera de esta Corporació, lo cierto es que estos valores deberán ser disminuidos en un 30% debido a que la privación de la libertad transcurrió en su domicilio.
22.- Si en el presente caso se aplicara la tabla definida en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 y la disminución del 30% por detención domiciliaria, la indemnización total para los demandantes en primer nivel sería de 70 SMLMV y para los de segundo nivel de 35 SMLMV y estaría a cargo de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la víctima directa estuvo a cargo de esta entidad por un tiempo superior a los 18 meses.
23.- Sin embargo, debido a que el daño es imputable tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Rama Judicial, la Sala distribuirá los perjuicios en función del tiempo que la víctima directa estuvo privada de la libertad por cuenta de cada entidad, así:
| Demandante | Parentesco | Indemnización total (100%) | Fiscalía General de la Nación (59,03%) | Rama Judicial (40,97%) |
| Carlos Alberto Ospina González | Víctima directa | 70 SMLMV | 41,32 | 28,68 |
| Ileana María González Osorio | Cónyuge de la víctima directa | 70 SMLMV | 41,32 | 28,68 |
| María Nelly González | Madre de la víctima | 70 SMLMV | 41,32 | 28,68 |
| Gerardo Ospina González | Hermano | 35 SMLMV | 20,66 | 14,34 |
ii) Daño al honor, al buen nombre y a la honra
24.- Debido a que la privación de la libertad a la cual fue sometido el demandante Carlos Alberto Ospina González afectó su derecho al buen nombre, la Sala ordenará al Fiscal General de la Nación y al Director Ejecutivo de Administración Judicial expedir y hacer llegar al demandante una comunicación en representación de la entidad estatal responsable en el término de un (1) mes máximo desde la ejecutoria de esta providencia, en la que ofrezca disculpas a nombre del Estado Colombiano por el daño antijurídico que le causó por haberlo privado injustamente de su libertad. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales deben concertarse con las víctimas, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial deberán coordinar con la víctima directa si el documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, se publicará en las plataformas de comunicación y difusión de dichas entidades.
iii) Lucro cesante
25.- En el plenario obran los testimonios de Carlos Alberto Jaramillo Jaramill, Victoria Eugenia González Puert y Olga Cecilia Velásque en el que se acredita que el demandante Carlos Alberto Ospina González al momento de su captura ejercía una actividad económica independiente relacionada con su profesión de ingeniero civil. Sin embargo, no se acreditó el monto devengado.
26.- De la revisión del expediente se encuentra probado que el demandante Carlos Alberto Ospina González se desempeñó como Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia) en el período 1992-1994, y la investigación penal en su contra se adelantó con ocasión a una denuncia formulada el 6 de enero de 1995, lo que significa que para la fecha en que fue privado de la libertad ya no laboraba con el municipio.
27.- En consecuencia, la Sala tendrá como probada la actividad económica ejercida por el demandante para la fecha en que fue privado de la libertad, esto es la de ingeniero, más no el monto de los ingresos que percibía con ocasión de ésta. Por lo tanto, el lucro cesante se liquidará con base en el salario mínimo legal vigente para este momento.
28.- Para la liquidación del lucro cesante se tendrá en cuenta que:
28.1.- El demandante Ospina González estuvo privado de la libertad entre el 6 de octubre de 1997 y el 5 de mayo de 2000, es decir, durante 2 años y 7 meses. A cargo de la Fiscalía General de la Nación desde el 6 de octubre de 1997 hasta el 14 de abril de 1999, esto es, por un período de 1 año 6 meses y 9 días. A cargo de la Nación – Rama Judicial desde el 15 de abril de 1999 hasta el 5 de mayo de 2000, esto es, por un período de 1 año 21 días.
28.2.- El salario base de liquidación es de $172.005, suma que se actualizará con la siguiente fórmula financiera.
R = Rh x índice final
índice inicial
Lo anterior significa que el valor presente del salario base de liquidación (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el valor del salario devengado por el demandante para la fecha en que fue privado de la libertad, por el valor que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor (IPC) vigente a la fecha de la sentencia, entre el índice inicial, que es el IPC vigente para la fecha en que fue privado de la libertad.
R= $172.005 x 104,96 = $586.728,78
30,77
Al respecto, advierte la Sala que se tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente que es de $908.526, en tanto que la actualización del salario mínimo vigente en la época de los hechos resulta inferior a dicha cifra.
El monto base de liquidación corresponde a $908.526. No se agregará el 25% por concepto de prestaciones sociales debido a que, si bien dicho incremento fue pedido en la demanda, no se encuentra acreditado que la víctima directa tuviera una relación laboral subordinada.
Ahora bien, la liquidación por concepto de lucro cesante consolidado en este proceso se efectuará con aplicación de la siguiente fórmula:
S = Ra (1 + i) n – 1
1
donde:
Ra= Renta actualizada
n= Número de períodos (meses)
i= Interés técnico
Entonces:
A cargo de la Fiscalía General de la Nación
El período indemnizable va desde el 6 de octubre de 1997 hasta el 14 de abril de 1999, esto es, por un lapso de 1 año, 6 meses y 9 días.
18,3
S = $908.526 x (1 + 0.004867) -1 = $17.344.833
0,004867
A cargo de la Rama Judicial
El período indemnizable va desde el 15 de abril de 1999 hasta el 5 de mayo de 2000, esto es, por un lapso de 1 año y 21 días.
12,7
S = $908.526 x (1 + 0.004867) -1 = $12.975.72
0,004867
iv) Daño a la vida de relación
29.- La Sala negará la indemnización del daño a la vida de relación solicitado por los demandantes debido a que dicho perjuicio fue abandonado por la jurisprudencia y a que, en todo caso, lo solicitado por dicho concepto se subsume dentro de los perjuicios inmateriales previamente reconocidos.
J.- Costas
30.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
K.- Costo total de la condena para la fecha en la que se profiere la sentencia
31.- El costo total de la condena contra el Estado para la fecha en la que se profiere esta providencia es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($252.909.432), de los cuales DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($222.588.870) corresponden a perjuicios morales y TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($30.320.562) a daño material en la modalidad de lucro cesante.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 8 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión.
SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Rama Judicial por la privación de la libertad de Carlos Alberto Ospina González.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación -Fiscalía General de la Nación pagar las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales.
| PERJUDICADOS | S.M.M.L.V. |
| Carlos Alberto Ospina González (directamente afectado) | 41,32 SMLMV |
| Ileana María González Osorio (cónyuge) | 41,32 SMLMV |
| María Nelly González (madre) | 41,32 SMLMV |
| Gerardo Ospina González (hermano) | 20,66 SMLMV |
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial pagar las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales.
| PERJUDICADOS | S.M.M.L.V. |
| Carlos Alberto Ospina González (directamente afectado) | 28,68 SMLMV |
| Ileana María González Osorio (cónyuge) | 28,68 SMLMV |
| María Nelly González (madre) | 28,68 SMLMV |
| Gerardo Ospina González (hermano) | 14,34 SMLMV |
QUINTO: CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación pagar al demandante Carlos Alberto Ospina González la suma equivalente a DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($17.344.833) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
SEXTO: CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial pagar al demandante Carlos Alberto Ospina González la suma equivalente a DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($12.975.729) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
SEPTIMO: ORDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial emitir un comunicado en el cual ofrezca disculpas al demandante Carlos Alberto Ospina González por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia.
OCTAVO: NiégANse las demás pretensiones de la demanda.
NOVENO: SIN CONDENA en costas.
DÉCIMO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
DÉCIMO PRIMERO: Por Secretaría de la Sección expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del C.P.C. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
DÉCIMO SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Salva voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMUDEZ MUÑOZ RAMIRO PAZOS GUERRERO
Magistrado Magistrado
