¿Podían los herederos de un contratista incluir en la sucesión, los derechos del causante en un contrato que, terminó como consecuencia de un acto administrativo proferido por la entidad estatal contratante? En la sucesión por causa de muerte a título universal, "se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles" con lo cual los herederos pueden ocupar la posición contractual del causante en el contrato y convertirse en los titulares de los derechos y las obligaciones pactadas en el mismo. Ello no podía ocurrir en este caso, porque el contrato terminó como consecuencia de un acto administrativo vigente proferido por la entidad estatal Contratante como consecuencia de la muerte del causante. Sus herederos no podían incluir como activo transmisible en la sucesión los derechos del causante en el contrato; lo que podían haber incluido eran los derechos resultantes de la liquidación del contrato.\ ¿Puede un tribunal de arbitramento declarar de oficio la nulidad de la cláusula de terminación unilateral de contrato y de la misma manera dejar sin efectos el acto administrativo de terminación unilateral del contrato? La Sala encuentra que sí se presenta la incongruencia que impone la anulación del laudo, porque el Tribunal de Arbitramento no podía declarar de oficio la nulidad de la cláusula del contrato en la cual se pactaron las facultades excepcionales, justificando tal decisión en el hecho de que dicho contrato en realidad se ajustaba al modelo legal de un depósito y, como la ley no autoriza el pacto de cláusulas excepcionales en este tipo de contrato, su estipulación violaba una norma de carácter imperativo

Presupuestos para la aprobación del acuerdo de conciliación. La Sección Tercera recordó los presupuestos para que prospere la aprobación de los acuerdos conciliatorios suscritos por las partes procesales, que son: Que se haya celebrado por los apoderados de las partes con facultad expresa para conciliar; Que su objeto sea un conflicto de carácter particular y de contenido económico; Que el mismo esté fundado en pruebas, no sea violatorio de la ley ni lesivo para el patrimonio público; Y que al tratarse de una entidad pública, se hubiera aportado el concepto del Comité de Conciliación de la entidad demandada, y por consiguiente, que se respetaran los parámetros dispuestos en éste

Agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. La conciliación es una institución concebida por el ordenamiento jurídico colombiano como el procedimiento por medio del cual un número determinado de individuos, entre quienes existe una controversia, deciden componerla con la intervención de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien, además de sugerir fórmulas de arreglo, da fe del acuerdo al que lleguen los interesados, el cual les resulta obligatorio y definitivo, teniendo en cuenta que los asuntos materia de la conciliación son aquellos susceptibles de transacción y desistimiento, y los que la ley determine de manera expresa. El trámite de la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad para demandar en ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales, siempre y cuando los asuntos sean conciliables. Los eventos en los que no es necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación: i) en los procesos ejecutivos; ii) en los asuntos en los cuales el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial y iii) cuando quien demanda sea una entidad pública

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos, mediante el cual las partes que integran un conflicto procesal solucionan sus diferencias, con la intervención de un tercero calificado y neutral, el cual llevará y dirigirá la celebración de la audiencia de conciliación. Son conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y todos aquellos que de manera expresa determine la ley de conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley 446 de 1998. Se advierte que la conciliación tiene cabida, entre otros asuntos, en los de naturaleza cognoscitiva, cuyo objeto radica en terminar el proceso, total o parcialmente, antes de que se profiera sentencia, tal como lo dispuso el legislador en el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998. Para la aprobación del acuerdo conciliatorio se requiere la concurrencia de una serie de presupuestos a saber: (1) que no haya operado la caducidad de la acción; (2) que las partes que concilian estén debidamente representadas, y que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar; (3) que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes; (4) que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación; y, (5) que no resulte abiertamente lesivo para las partes

Es posible que existan conciliaciones parciales, esto es, las que no comprenden la totalidad del litigio y, por lo tanto, el proceso continúa frente a lo no conciliado, tal y como se desprende de lo previsto por el inciso final del artículo 43 de la Ley 640 de 2001, si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un auto declarando terminado el proceso, en caso contrario, el proceso continuará respecto de lo no conciliado

Contra auto que imprueba una conciliación prejudicial, judicial o extrajudicial no procede el recurso de apelación. El C.P.A.C.A no incluyó en el artículo 243 la posibilidad de apelar el auto que imprueba una conciliación extrajudicial

¿Puede una entidad pública en la realización del trámite de conciliación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desconocer las finalidades esenciales del Estado? No, tratándose de las conciliaciones -prejudiciales, extrajudiciales o judiciales- que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en especial aquellas que se celebran con el fin de solucionar una controversia generada por la eventual reparación de un daño antijurídico ocasionado por la acción u omisión de una autoridad pública, no en pocos casos suele suceder que las personas que actúan en calidad de víctimas de los perjuicios cuya indemnización se pretende, se encuentren en una situación de inferioridad respecto de la entidad pública a la cual se le imputa la ocurrencia del daño antijurídico. En modo alguno puede dejarse de lado que una de las finalidades esenciales del Estado la constituye la garantía efectiva y real de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, los cuales incluyen la necesidad de brindar especial protección a los más débiles y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, por lo que, (…) omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación. Cabe reiterar que los acuerdos conciliatorios que logren las partes tratándose de los conflictos que conozca o pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sólo están llamados a surtir efectos a partir de la ejecutoria de la aprobación que le imparta la autoridad judicial competente, para cuyo propósito, entre otros presupuestos, debe contarse con las pruebas necesarias, esto es, como lo ha dicho de manera reiterada esta Corporación, el juez de conocimiento debe tener la certeza de la existencia de una condena contra la Administración en el evento en que, surtiéndose el proceso judicial correspondiente, existiere una decisión definitiva en este sentido

¿Derogó la Ley 1437 de 2011 derogó el artículo 36 de la Ley 640 de 2001 que estableció que la ausencia del requisito de procedibilidad de la conciliación, daría lugar al rechazo de la demanda? Sí, por un lado, el artículo 36 de la Ley 640 de 2001 dispuso que la ausencia del requisito de procedibilidad de la conciliación daría lugar a rechazar de plano la demanda, mientras que, por el otro, la Ley 1437 de 2011, en su artículo 170(sic), nada dijo al respecto, esto es, no se encuentra de manera expresa esta causa como motivo de rechazo. En tal sentido, es posible entender que la intención del legislador al expedir la Ley 1437 de 2011 fue la de reunir todas las normas dispersas y unificarlas para resolver las cuestiones del procedimiento judicial en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así pues, un ejemplo de ello es lo referente al requisito de procedibilidad de la conciliación, en el cual el Decreto-ley 1 de 1984 -Código Contencioso Administrativo-, no lo contempló y como consecuencia de ello, para dirimir tal circunstancia, se recurría a la Ley 640 de 2001. Aunado a lo anterior, es menester mencionar que la Ley 1437 de 2011, de manera íntegra, establece las causales para admitir, inadmitir o rechazar la demanda. Esta Sala tendrá presente para el caso sub examine los presupuestos de la derogatoria orgánica, comoquiera que la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -C.P.A.C.A.-, ley general posterior reguló de manera íntegra los requisitos de procedibilidad en la presentación de la demanda y a su vez, las causas que dan origen a la inadmisión y rechazo de la misma. Así las cosas, respecto del rechazo de la demanda por ausencia del requisito de procedibilidad en mención, ha de concluirse que la disposición contenida en el artículo 36 de la Ley 640 de 2001 ya no subsiste, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 153 de 1883

¿Es procedente la conciliación como mecanismo para la liquidación de un contrato estatal? - No solamente es posible acudir a dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos para adoptar la liquidación de un contrato de mutuo acuerdo, sino que cuando lo que se pretenda sea liquidarlo por vía judicial, tal procedimiento debe imperativamente intentarse, porque constituye requisito sine qua non para acceder a la administración de justicia con tal objetivo. - caducidad de la acción judicial de controversias contractuales

Acuerdo conciliatorio. El sólo acuerdo de voluntades no resulta suficiente para que la conciliación sea aprobada en materia Contencioso Administrativa. De conformidad con el artículo 136 del C.C.A., el término de caducidad de las acciones contractuales es de 2 años, el cual comienza a contar, de manera general, a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento a la acción. Régimen de contratación de Entidades estatales que prestan servicios públicos

Conciliación judicial. Requisitos para su aprobación. De conformidad con el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, pueden conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado. Contrato estatal. Liquidación bilateral. Enriquecimiento sin causa. Elementos

Validez del acuerdo conciliatorio en virtud del mandato conferido al apoderado judicial. Conciliación judicial. Responsabilidad en materia de personas recluidas en centros carcelarios o de detención. Código de Comercio, en su artículo 1262, define al contrato de mandato como aquél en virtud del cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. Los actos que adelante el mandatario en nombre del mandante y dentro de los límites de sus poderes o facultades, producen efectos directamente en relación con el representado y, por tanto, los efectos jurídicos de tales actuaciones se radican directamente en cabeza de éste

Nulidad procesal. Falta de celebración de audiencia de conciliación en primera instancia. Procedencia. Acción de controversias contractuales. Naturaleza jurídica de estos litigios. Clausulas excepcionales. Contratos de arrendamiento celebrados por las entidades estatales. Normatividad aplicable ante ausencia de regulación en el Estatuto de Contratación Estatal. Aplicación ley comercial. Cuando el acto sea mercantil para alguna de las partes

¿Podía participar en conciliación prejudicial funcionario en encargo? ¿Para el ejercicio de funciones a través de la situación administrativa denominada "encargo" se requiere posesión en el cargo respectivo o basta con el acto de nombramiento?. ¿Son legales las actuaciones adelantadas por un servidor "encargado" que pese a contar con acto de nombramiento no se posesionó -funcionario de hecho-?

Noción de conciliación. Requisitos para la aprobación del acuerdo conciliatorio. Fijación de parámetros técnicos para la prestación del servicios educativo nacional. Es a la Nación, a quien le corresponde hacer el cálculo de la población estudiantil a atender con los recursos del Sistema General de Participaciones en las distintas entidades territoriales, para lo cual, obviamente tendrá en cuenta la que viene siendo atendida, para lo cual utilizará la información sobre la población que efectivamente se matriculó en el año anterior; por otra parte, también se refiere la norma a la población por atender en condiciones de eficiencia. No está debidamente acreditada la existencia de la necesidad de contratar el servicio público de educación por insuficiencia del Departamento para prestarlo directamente, pues ni siquiera hay certeza probatoria de la población estudiantil que debía ser atendida. La falta de prueba suficiente sobre la prestación del servicio que le sirvió de fundamento al acuerdo conciliatorio, aunada a las deficiencias probatorias advertidas respecto de los requisitos legales exigidos para la procedencia de la contratación del servicio público de educación, en cuanto no está clara la necesidad a satisfacer a través de las supuestas prestaciones ejecutadas sin soporte contractual, impiden impartir aprobación al acuerdo conciliatorio.

¿Debe aprobarse o improbarse el acuerdo conciliatorio de carácter judicial, dentro de un proceso de reparación directa ejercido por falla en la prestación del servicio de protección a personas? Se encuentra plenamente probada la inejecución de la obligación de hacer, consistente en prestar seguridad y protección al diputado, sin importar, que para la prestación del servicio no existiera un horario establecido. Responsabilidad del estado de manera exclusiva.

¿Es procedente aprobar la conciliación judicial celebrada entre las partes de una acción de reparación directa? Cumplimiento de los requisitos para la aprobación de un acuerdo conciliatorio. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada.

Generalidades de la conciliación y requisitos de aprobación del acuerdo conciliatorio. Condiciones para la existencia del enriquecimiento sin causa - Actio in rem verso. Intervención del Ministerio Público en la audiencia de conciliación. Una vez aprobado el acuerdo conciliatorio, éste hace tránsito a cosa juzgada.

¿Los términos de caducidad o de prescripción se suspenderán, por una sola vez, con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial? Acción de reparación directa - Término de caducidad. Conciliación extrajudicial. Asuntos no conciliables. Responsabilidad patrimonial del Estado

Cuando se incumpliera en forma "grave" el contrato por la contratista, ante lo pactado como condición resolutoria expresa, estaba la entidad en libertad de resolver el contrato o insistir en su cumplimiento con el correspondiente pago de liquidación de daños y perjuicios acordada en él mismo. La ruptura de la ecuación financiera de cualquier contrato puede verse alterada por actos o hechos de uno de los contratantes, como cuando uno de ellos no cumple con las obligaciones derivadas del contrato; o por factores exógenos a las partes del negocio o "teoría de la imprevisión". Acción contractual. Contrato estatal de obra - Incumplimiento del contratante. Liquidación unilateral. Pacto comisorio. Rescisión unilateral. Equilibrio financiero. Proceso contencioso adminisrtativo - Conciliación judicial

Intervención del Ministerio Público en relación con el trámite de conciliaciones prejudiciales iniciadas por un particular. El numeral 5 del artículo 127 ibídem, no quiere significar que el agente del Ministerio Público respectivo pueda recurrir, en todos los casos, el auto que aprueba o imprueba una conciliación; es necesario además, que el respectivo Procurador Judicial demuestre el interés previsto en la ley para impugnar o controvertir la providencia que revisa el acuerdo conciliatorio.

¿Qué suscede cuando existe un fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, adicionalmente, las partes se encuentran adelantando procesos judiciales - con la posibilidad de celebrar conciliaciones judiciales-, o conciliaciones prejudiciales en el derecho interno? ¿Procede la conciliación respecto de la violación de derechos humanos? Corte Interamericana de Derechos Humanos - Condena internacional por violación a derechos humanos. Derechos humanos - Violación. Indemnización de perjuicios.

¿Existe falla presunta del servicio cuando se acredita que la muerte de una menor se produjo como consecuencia del disparo que realizó un agente de la Policía con su arma de dotación oficial y durante la prestación del servicio? Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de los menores. Conciliación - Obligatoriedad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Atentados terroristas. Masacres. Derechos humanos

¿Un municipio es administrativamente responsable de los daños ocasionados como consecuencia de la ocupación de una franja de terreno de propiedad privada, como consecuencia de la ejecución de trabajos públicos, concretamente de la reconstrucción y ampliación de vías? Conciliación judicial. Acción por ocupación de hecho

¿Pueden conciliar, total o parcialmente, prejudicial o judicialmente, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico? Acción de reparación directa. Proceso de reparación directa - Conciliación. Acuerdo conciliatorio - Requisitos

¿La conciliación sobre los efectos económicos del acto, acarrea necesariamente su revocatoria y eso se traduce en la inexistencia misma del título ejecutivo? Proceso ejecutivo contractual - Conciliación. Título ejecutivo. Contrato de fiducia pública. Acto administrativo - Revocatoria por conciliación

¿Las personas jurídicas de derecho público deben conciliar a través de sus representantes legales? Unión temporal. Contrato estatal de concesión de mantenimiento y operación de alumbrado público - Suspensión. Alumbrado público. Conciliación extrajudicial - Requisitos

¿La Ley 446 de 1998 se limitó a señalar la oportunidad y los efectos de la conciliación administrativa cuando ésta es promovida en segunda instancia? Conciliación administrativa. Acción de reparación directa. Proceso de reparación directa - Conciliación

¿En el proceso contencioso administrativo es procedente la conciliación en aquellos conflictos de carácter particular y de contenido económico? Proceso contencioso administrativo - Conciliación. Conciliación judicial. Acción de reparación directa. Proceso ejecutivo

¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes? Programas de vivienda de interés social - Ejecución. Suspensión. Cancelación de saldos. Conciliación. Jurisdicción contencioso administrativa - Competencia. Contrato estatal de tracto sucesivo. Acción contractual - Término de caducidad. Contrato estatal de obra - Liquidación

¿Pueden conciliar, total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Jurisdicción contenciosa - Competencia. Conciliación. Acción contractual. Contrato estatal - Régimen aplicable

¿No es posible jurídicamente pretender derivar una relación legal y reglamentaria de un contrato de prestación de servicios? Acción contractual. Contrato de prestación de servicios. Conciliación

Conciliación en acciones de grupo. Necesaria aprobación por parte del juez

¿Es viable la acción popular que pretende que se declare contraria a la moral pública una conciliación celebrada respecto de un contrato estatal de concesión? Contrato estatal de concesión - Alteraciones contractuales. Conciliación sobre alteraciones contractuales. Legalidad de acuerdos conciliatorios. Acción popular - Rechazo. Acción contractual. Jurisdicción contencioso administrativa - Competencia

Contrato estatal de obra - Rescisión por incumplimiento. Reprogramación de ejecución de obra. Incorporación al contrato de obras adicionales. Acto administrativo particular - Revocatoria directa. Efectos económicos de la conciliación. Conciliación judicial - Auto improbatorio. Legalidad del acto administrativo. Requisitos

Conciliación - Compensación de obligaciones tributarias por crédito constituido. Obligaciones tributarias - Compensación en aplicación del Artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Compensaciones en cumplimiento de sentencias y conciliaciones judiciales. Sentencia judicial - Compensación de obligaciones tributarias por crédito constituido

Acuerdo conciliatorio - La afectación presupuestal que deba hacerse en virtud del acuerdo es un asunto que compete exclusivamente a la entidad. Certificado de disponibilidad presupuestal - No es requisito previo de la conciliación

Liquidación del contrato por mutuo acuerdo. Improcedencia en conciliación contencioso administrativa. Presupuestos para la aprobación de la conciliación prejudicial

Reestablecimiento de desequilibrio económico; aprobación de cuentas que contienen imprevistos - Acuerdo conciliatorio, celebración de conciliación prejudicial

PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS - Definición. CONCILIACION PREJUDICIAL - Aprobación judicial. IMPROBACION DE ACUERDO CONCILIATORIO - Control integral de legalidad

Conciliación judicial contractual. Improbación del acuerdo. Normas aplicables en lo contencioso administrativo. Acuerdo conciliatorio. Requisitos para su aprobación

Acuerdo conciliatorio. Causales de impugnación

Conciliación prejudicial, procedencia; contrato de arrendamiento interinstitucional, incumplimiento, restitución

Conciliación prejudicial. Dentro de la audiencia de conciliación pueden convenirse fórmulas de arreglo diferentes a los inicialmente planteadas, siempre y cuando tengan relación directa con el propósito de la convocatoria

Facultades del juez - Conciliación prejudicial - Improbación del acuerdo resulta lesiva para la administración

Conciliaciónes ESP - Cláusulas exorbitantes - Empresa de Energía de Boyacá

Sanción por inasistencia a la audiencia de conciliación

Retracto sobre acuerdo conciliatorio, entidades públicas

Homologación de acuerdos conciliatorios entre entidades estatales, procedencia

Juez administrativo - Aprobación y homologación de conciliaciones

Aprobación o no de la conciliación

Conciliación

Conciliación - Posibilidad de ser apelable