Responsabilidad estatal por actos violentos de terceros contra la vida e integridad física de personas. Diferencia entre amenaza y riesgo. El riesgo obedece a la probabilidad abstracta y aleatoria de afectación de la vida e integridad personal, este concepto se clasificó como mínimo, que corresponde a la contingencia de daños derivada de la muerte y enfermedades naturales y ordinario, el cual atiende a la posibilidad de que el daño se derive de los factores internos y externos de la persona y de la vida en sociedad. Cuando las personas están sometidas a riesgos, bajo las acepciones descritas, no pueden exigir del Estado medidas de protección especial. De otra parte, la amenaza, está relacionada con los hechos concretos indicativos de una posible afectación de la vida e integridad personal y se clasificó en, ordinaria, que representa un peligro específico, cierto, importante, excepcional y desproporcionado, y extrema, cuando la amenaza tiene las características referidas previamente y, además, se cierne directamente sobre la vida e integridad personal

Responsabilidad del Estado por omisión en el deber de protección de un ciudadano que, con ocasión de su actividad periodística, era objeto de amenazas e intimidaciones. El Consejo de Estado condenó a la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional por omisión en la protección de un periodista quien fue asesinado luego de haber denunciado recibir amenazas de muerte que estaban relacionadas con su ejercicio profesional. No hubo la debida diligencia para investigar las amenazas y hostigamientos denunciados por el periodista, lo que constituyó una violación a su deber de garantizar sus derechos a la vida e integridad personal. La Sala encontró que en la evaluación técnica del nivel de riesgo de este ciudadano se determinó que no existía amenaza o hecho que indicara la probable afectación a su seguridad y que esta concluyó que "es el riesgo que se corre en el ejercicio de un cargo o profesión u oficio", clasificándolo como medio bajo. Para la corporación judicial, esta evaluación no se adelantó con la seriedad y rigor debidos, pues no se compadece con los hechos denunciados por la propia víctima, tan serios, que derivaron en su muerte

El Consejo de Estado condenó al municipio de Amagá (Antioquia) a reparar a un grupo de extrabajadores sindicalizados y a sus familias, luego de comprobarse que altos funcionarios de la administración municipal se asociaron con paramilitares para obligarlos a renunciar a su fuero sindical y así poderlos desvincular de la entidad. Además de repararlos económicamente con el pago de más de 952 millones de pesos, el municipio deberá ofrecer un curso de formación integral en derechos humanos, sindicales y laborales dirigido a las principales autoridades civiles de Amagá, con el fin de evitar que puedan volver a presentarse acontecimientos como el que dio lugar a la condena. Los hechos que originaron el daño se produjeron en diciembre del 2001, cuando un grupo de trabajadores fue obligado a reunirse con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia a las afueras del municipio, luego de lo cual los operarios renunciaron al fuero sindical, tras haber recibido amenazas contra sus vidas y dando lugar a que el municipio pudiera desvincularlos. Está probado que en este caso se produjo una falla en el servicio, al comprobarse que la administración municipal se asoció con los paramilitares para obligar a estos operarios a renunciar al fuero y lograr así dar término a sus respectivos contratos de trabajo, en cumplimiento del plan de reestructuración que se venía ejecutando en ese entonces en la entidad

Para el Consejo de Estado la responsabilidad patrimonial por omisión en la protección de los bienes de particulares por daños causados por grupos armados al margen de la ley surge únicamente en el evento que se demuestre (i) que las víctimas, de manera previa a la ocurrencia del hecho dañoso, hayan solicitado la adopción de medidas de protección concretas para efectos de prevenirlo y (ii) que las autoridades estaban en capacidad de adoptar tales medidas. En el caso estudiado por la Sala, no se demostró que las víctimas, con antelación a los hechos hubieran solicitado medidas de protección a la entidad demandada ante la existencia de posibles amenazas. Concluyendo que no se puede deducir responsabilidad de la entidad con fundamento en que la situación de inseguridad en la zona era de conocimiento general, pues como lo ha precisado la jurisprudencia no tiene una obligación de resultado en relación con la seguridad de todos los residentes en el país, sino que, teniendo en cuenta el caso concreto, esta se compromete cuando se acredita que contando con los medios para hacerlo no desarrolló las actividades dirigidas a proteger la vida o los bienes de una persona y que si las hubiese realizado, no se habría producido el hecho dañoso

Una indígena de la etnia Guayabero y miembro del resguardo Barrancón, ubicado en San José del Guaviare, recolectaba chatarra para la venta en un campo de entrenamiento militar. En desarrollo de esta labor, encontró y manipuló un artefacto, lo que ocasionó su estallido, y le produjo lesiones traumáticas. Las normas aludidas (Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional) permiten concluir a la Sala que el Ejército Nacional incurrió en la omisión de los deberes positivos de delimitación y señalización del campo usado para prácticas militares y la remoción de los explosivos asignados para el cumplimiento de sus funciones o realización de polígonos, toda vez que la granada que ocasionó el daño está incluida en la categoría de "otros artefactos", fue hallada en un predio que si bien pertenecía a la base, no estaba aislado en debida forma, como correspondería a un predio empleado para el entrenamiento militar con uso de armamento peligroso, que colinda con un resguardo indígena. La Constitución Política otorgó a las comunidades y pueblos indígenas el estatus de sujetos de protección constitucional reforzada. El artículo 13 superior, especialmente sus incisos 2 y 3 ordenan a todas las autoridades prodigar un trato especial y favorable a grupos y personas en condición de vulnerabilidad o en situación de debilidad manifiesta

¿Es imputable al Estado la muerte por causas naturales de un recluso, a pesar de que este ya presentaba graves afecciones de salud cuando ingresó al centro carcelario? No resulta admisible para la Sala que se hubiera tratado con tanta indiferencia a un interno que presentaba un cuadro clínico tan delicado y que en varias ocasiones había solicitado a las autoridades carcelarias que se le suministrara el tratamiento médico que requería para la preservación de su vida, quien incluso tuvo que acudir a un órgano de control del Estado [Defensoría del Pueblo] para que interviniera a favor en procura de ello, sin que tampoco encontrara una respuesta efectiva al respecto, dado que el INPEC persistió en su actitud omisiva, conducta reprochable que llevó a que su estado de salud se agravara, en claro detrimento de sus derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal y a la vida. De los hechos probados y expuestos en párrafos anteriores, no hay duda que el INPEC incurrió en una inobservancia total de sus obligaciones para con el interno la que resulta reprochable, y aunque no obra en expediente elemento probatorio a través del cual se pueda evidenciar, de manera fehaciente y concluyente, un nexo de causalidad entre la conducta irregular y negligente de aquella y el hecho dañoso; la Sala encuentra que el recluso perdió la oportunidad de procurarse los medicamentos y la dieta especial que le habían sido prescritos en atención a las enfermedades que padecía, con los cuales tendría una mejor calidad de vida e incluso de prolongar su existencia

Se exonera de responsabilidad administrativa a la Policía Nacional dentro de la diligencia de allanamiento ordenada por la Fiscalía, como quiera que no se configuró un error judicial por ejercicio desproporcionado de la fuerza pública. La Fiscalía 37 Seccional de Cali abrió investigación preliminar y solicitó a la Policía Nacional que adelantara las labores de vigilancia y seguimiento tendientes a desmantelar una organización dedicada a la falsificación y tráfico de moneda extranjera. Con base en ello, decretó el allanamiento y registro de 5 inmuebles que, aparentemente, estaban siendo utilizados para el desarrollo de esa actividad ilícita, entre los que se encontraba el de los demandantes, por lo que al no verificarse irregularidad alguna atribuible a la fuerza pública, se absuelve de la declaratoria de responsabilidad estatal a la Policía Nacional y se confirma la condena impuesta a la Fiscalía General de la Nación. La jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que los daños causados por las autoridades, en cumplimiento de sus deberes, pueden desencadenar la responsabilidad objetiva del Estado bajo el título de imputación de daño especial, que se configura "por el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, por virtud del cual basta con acreditar la ocurrencia del daño antijurídico y el nexo de causalidad entre éste y la actuación legítima de la Administración", para que surja el deber de resarcirlo

Se condena a la Nación a pagar más de 500 millones de pesos a una familia víctima de secuestro extorsivo, toma de rehenes y violación de los derechos de los niños atribuido a las FARC, por hechos en noviembre de 2001, cuando el padre, la madre y la hija integrantes de una misma familia de Calarcá (Quindío) y su empleada doméstica fueron secuestrados por presuntos integrantes de las FARC. El padre y su pequeña de 12 años se mantuvieron cautivos durante siete meses. El Estado no atendió las obligaciones de garantía, prevención y protección de los civiles, pese a tener conocimiento de la grave situación de riesgo de la familia. El Consejo de Estado concluyó luego de advertir que en el Acuerdo Final las partes reconocieron su plena responsabilidad frente a las víctimas del conflicto, lo que se ajusta a los estándares convencionales relativos a los derechos de las víctimas, y de tomar en cuenta que las violaciones perpetradas por las FARC obedecieron a planes fijados por los mandos medios y altos para el logro de cometidos comunes por la vía del alzamiento en armas; "resulta poco menos que desafortunado considerar que la justiciabilidad de los derechos de las víctimas del conflicto armado se extingan con la muerte de quienes se dicen son los presuntos responsables de tales violaciones esa situación no impide que se imparta justicia a la organización dentro de la cual se consintió, planeó y ejecutó el acto violatorio", sostuvo la Corporación

Para la Sala es claro que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al propinar la muerte a personas no combatientes que se encontraban en estado de indefensión, hecho que además encuadra con lo que el derecho penal, el D.I.H. y el derecho internacional de los derechos humanos tienen señalado como un comportamiento totalmente proscrito y reprochable, que lo es la privación arbitraria de la vida para hacerlas aparecer como combatientes "dados de baja". La norma básica es el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, según la cual, en caso de conflicto armado sin carácter internacional, las partes en contienda deben cumplir las obligaciones. El Código Penal el artículo 135 de la Ley 599 de 2000 en donde se define la privación arbitraria de la vida y determina las características que reúnen las "personas protegidas". La Sala considera la conducta antijurídica de "privación arbitraria de la vida": se trata de la acción consciente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto las armas

Se condena al Estado por la desaparición forzada de enfermero integrante de misión médica. El Estado no dio cuenta de las labores específicas desplegadas en aras de garantizar la seguridad de las unidades y transportes sanitarios. Las autoridades conocían la situación especial de peligro y, por ende, la previsibilidad de una acción criminal en contra de las unidades y transportes sanitarios que se desplazaban a diferentes lugares cercanos de Monterrey a atender y asistir los heridos; sin embargo, desatendió su obligación estipulada claramente en las normas D.I.C.A. con el único argumento de que las amenazas eran imprevisibles e irresistibles. Por su relevancia, las obligaciones en el marco de la guerra frente a misiones médicas deben ser atendidas por las partes en confrontación; pero, en lo que concierne a las obligaciones estatales, estas incluyen especialmente deberes de protección para el personal, unidades y transportes sanitarios sobre la conducta de terceros, en tanto y en cuanto les es exigible la adopción de las medidas a su alcance para garantizar la expedita y adecuada tarea asignada a las misiones médicas

La relación con el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, el mismo está contenido en el inciso segundo del artículo 2 de la Constitución que establece que "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". Por su parte, el artículo 6 ibídem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que, omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional que de ser continua, pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos

Al analizar la existencia de una falla del servicio por defecto o ausencia de la prestación del servicio de seguridad que les compete a las fuerzas de seguridad del Estado, resulta necesario establecer, si la situación especial de protección fue puesta en conocimiento a las autoridades. Para determinar si la falla en la prestación del servicio tiene nexo causal con el daño alegado por la víctima, deberá verificarse si los medios con que contaban las entidades demandadas eran suficientes para enfrentar la situación de peligro o inseguridad, y si la intervención de la autoridad habría sido suficiente para evitar que se consumara el daño que alega la víctima. La doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. De este tipo por ejemplo la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de construcción se dejan sobre una vía; en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. Para que pueda considerarse que el Estado es responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad, es decir, que serán las circunstancias concretas las que determinarán cuál era la obligación específica de seguridad que tenía el Estado en relación con quien ha sufrido un daño

En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa con miras a repeler las agresiones de agentes estatales o de terceros, respecto de quienes puedan ser víctimas dentro del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar la seguridad de los internos y asumir los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha precisado que en estos casos, entre las personas detenidas y el Estado existen o se configuran "relaciones especiales de sujeción. Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad sicofísica del recluso y-o detenido, el mismo resulta imputable al Estado, por regla general, bajo un régimen objetivo de responsabilidad, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentra y con fundamento en el artículo 90 de la C. Política; sin embargo, si hay lugar a ello, la configuración de una falla, en el caso de encontrarla probada, luego de valorar las pruebas obrantes en el proceso y, siempre que no se configure como eximente de responsabilidad una causa extraña, siendo procedente aplicar el régimen de falla del servicio y probados los hechos que la configurarían, la Sala habrá de declarar la responsabilidad de la Administración de manera preferente con fundamento en la referida falla del servicio y no en el régimen objetivo

El título de imputación para casos como el presente resulta aplicable el régimen subjetivo, pues si bien el daño alegado fue ocasionado por grupos al margen de la ley, es posible abordar el estudio jurídico de la responsabilidad en torno a la existencia de una falla en el servicio por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC que hubiese propiciado su materialización. Los guardias del INPEC, en tanto, si bien no hacen parte de la fuerza pública, de sus funciones y actividades en la vigilancia y custodia de la seguridad de los centros penitenciarios, se puede derivar su relación con la defensa y seguridad del Estado, haciendo posible determinar que se asumen riesgos de manera voluntaria cuando se vinculan al servicio, pues se exponen a un riesgo inherente en relación con la afectación de los derechos a la vida y la integridad personal, por lo tanto, asumen el riesgo propio de esa actividad, que al momento de concretarse no deviene en la responsabilidad del Estado. Sin embargo, se ha advertido que, cuando la concreción del daño desborda el riesgo propio de la actividad por causa de la configuración de una falla de la administración que facilitó su materialización es posible derivar su responsabilidad. Esta Corporación se ha referido a las obligaciones de seguridad que debe brindar el INPEC a sus agentes afirmando lo siguiente: (i) la regla general de protección a los ciudadanos, no implica la asignación de funcionarios a cada persona en el territorio nacional, pero si se involucra la implementación de medidas para garantizar los derechos de todos y (ii) para el caso de protección a determinadas personas es indispensable una valoración distinta cuando se advierten circunstancias que la ponen en un riesgo real y concreto que puede vulnerar su vida o integridad, obligando al Estado a tomar medidas necesarias y eficaces para su evitación o mitigación

Si la Administración cuenta con un mínimo de conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra determinada persona, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa del Estado que, de omitirse, permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro. Es necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos: la comprobación del incumplimiento omisivo al contenido obligacional de protección impuesto normativamente a la Administración y la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño. La entidad demandada se abstuvo de desplegar alguna conducta tendiente a proteger la vida e integridad de sus funcionarios, es decir, incumplió el deber genérico de protección consagrado en el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución Política, según el cual, las autoridades de la República "están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades"

La fuerza pública tiene el deber -normativo y reglamentario- de brindar protección (seguridad, vigilancia y cuidado) a todos los residentes en el país, garantizando el ejercicio de sus derechos a través de la intervención preventiva, cuando se considere que una determinada situación puede perturbar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Cuando se incumple dicho deber, los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes por omisión, de acuerdo con el sentir del artículo 6º de la Constitución Política. Por mandato del artículo 1757 del C. Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional. Es así como al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, in excipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (art. 1757 del C.Civil) como en la procesal civil (art. 177 del CPC), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba

La falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía. Esta Sección planteó cinco criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: "i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había conocimiento generalizado de la situación de orden público de una zona, que afectaba a organizaciones y a las personas relacionadas con éstas; ii) que se tenía conocimiento de circunstancias particulares respecto de un grupo vulnerable; iii) que existía una situación de riesgo constante; iv) que había conocimiento del peligro al que estaba sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejercía, y; v) que no se desplegaron las acciones necesarias para precaver el daño". Por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso -de manera regular y oportuna- la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y la respectivas consecuencias

La finalidad primordial de la Policía Nacional es garantizar el ejercicio de los derechos, siendo el primero el de la vida, de donde se extracta una obligación perentoria para las autoridades que tiene arraigo constitucional en el artículo 2º de la C. Política. La posición de garantía que ostenta la Policía Nacional tiene un desarrollo legal en el reglamento de supervisión y control de servicios y dentro del Código de Ética Policial, preceptiva que, (artículo 218 C. Pol), obliga a proteger la vida, honra, e integridad de todas las personas, asegurando el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, garantizar los derechos fundamentales consagrados en la C. Política y pactos, tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. En el caso en estudio surge de bulto una falla del servicio por grave violación de derechos humanos de la víctima por hechos perpetrados en su contra (maltrato físico de la reclusa por agentes de Policía Nacional) por miembros del estamento policial encargados de su cuidado, lo cierto es que procede siempre que se reúnan los siguiente elementos: -Que las acciones\omisiones que hubieran generado el daño constituyan violaciones graves o flagrantes de normas imperativas del derecho internacional de ius cogens, específicamente, delitos de lesa humanidad y-o crímenes de guerra y; -Que tales violaciones sean atribuibles o imputables según las normas de derecho interno e internacional, al Estado Colombiano

¿Es posible imputar responsabilidad al Estado si no se logra acreditar la existencia de amenazas en contra de la víctima reclamante? Si, la jurisprudencia señala que no es necesario que la victima de acciones delictivas, como el secuestro, denuncie amenazas para que el Estado pueda ser declarado responsable ya que tiene una posición de garante. \Reparación integral de las víctimas - Medidas de reparación no pecuniarias \Exhorta a las Farc ofrecer disculpas públicas y explicar a toda la comunidad nacional los hechos constitutivos del secuestro y sometimiento a tratos crueles e inhumanos al actor

El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y, en consecuencia, la Policía Nacional debe cumplir con prontitud y diligencia las órdenes que imparta, por conducto del respectivo comandante, conforme al numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Nacional; entre ellas, la de requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley \ Muerte de alcalde - falla en la prestación de servicio de vigilancia \ Concurrencia de culpas

¿Le es imputable jurídicamente al Ejercito Nacional la responsabilidad por los hechos que incurrieron los suboficiales al cometer violencia sexual contra una mujer víctima del conflicto armado? De acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, para que surja la responsabilidad de la entidad a la que pertenece el agente, se deberá observar, en cada caso concreto, si el funcionario actuó prevalido de la función pública, lo cual se determina, a su vez, evaluando si el daño ocurrió en horas en que se prestaba o debía prestarse el servicio, si devino con ocasión del mismo, y\o si acaeció en el lugar donde este se prestaba. En el presente caso, el daño se produjo con ocasión del servicio, pues se observa una manifestación o, más exactamente, una deformación del poder público en la conducta de los suboficiales y actuaron prevalidos de una condición de autoridad

En casos de ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos las autoridades estatales se debe realizar una investigación ex officio más allá de la actividad procesal de las partes interesadas - En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, la realización de una investigación ex officio es un elemento fundamental y condicionante para la garantía y protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. En esos casos las autoridades estatales deben realizar esa investigación como un deber jurídico propio, más allá de la actividad procesal de las partes interesadas, por todos los medios legales disponibles, y orientada a la determinación de la verdad. Además, dependiendo del derecho que se encuentre en riesgo o del que se alegue la violación, como en este caso la vida, la investigación debe procurar la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales

Unificación jurisprudencial : En materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de muerte -criterios generales que se deben tener en cuenta para la liquidación del mencionado perjuicio- \En materia de perjuicios inmateriales (medidas de satisfacción no pecuniarias) por afectación de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados - Protección especial a niños, niñas y adolescentes-. \Responsabilidad de centros de reeducación y resocialización de menores por incumplimiento de los deberes de custodia, seguridad y vigilancia \Posición de garante - Centros de reeducación y resocialización de menores. Deber de custodia, seguridad y vigilancia \Caso de menor que muere ahogado en rio Otún, tras haberse escapado del centro de reeducación y resocialización para menores

Se configuró una falla del servicio, porque la fuerza pública omitió su deber de garante constitucional, al desconocer la obligación de seguridad y protección que le asistía, la constatación de más de seis incursiones armadas y el ingente esfuerzo de las autoridades municipales por precaver más hechos violentos son los que desencadenaron la responsabilidad patrimonial del Estado en cabeza de la administración. Recortes de prensa o periódicos. Valor probatorio. Daño antijurídico. Noción. Definición. Concepto. Clausula general de responsabilidad. Elemento principal. Toma guerrillera al municipio de Ituango. Destrucción de inmueble. Aplicación de la equidad en la valoración y cuantificación del daño

El Estado tiene el deber constitucional de proteger la vida de todas las personas residentes en el territorio nacional, más aún cuando ven amenazada su integridad en razón de su condición política, ideológica, religiosa o de cualquier otra índole. Se encuentra acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes y la configuración de la responsabilidad de la fuerza pública por omisión en su deber de adoptar medidas especiales de protección y prevención, configurándose así una falla del servicio. La persecución y asesinato de los miembros de la UP es un hecho suficientemente conocido y documentado. Legitimación en la causa por pasiva. Ministerio de Defensa Nacional. Responsabilidad extracontractual del estado. Fuerza pública. Muerte de Diputado de la Asamblea Departamental del Meta, militante de la Unión Patriótica. Sicarios. Imputación del daño antijurídico. Incumplimiento del deber especial de protección

Se declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por el daño causado a los demandantes como consecuencia de la muerte de un ciudadano, ocasionada en un cruce de disparos entre miembros de la Policía Nacional y unos delincuentes, en hechos ocurridos en una estación de gasolina ubicada en el municipio de Puerto Tejada (Cauca). Cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños causados por el uso de armas de dotación oficial, el título jurídico de imputación aplicable, por regla general, es la teoría del riesgo excepcional, pero si los elementos de la falla del servicio se encuentran acreditados, éste será el régimen bajo el cual debe responder la administración. Eficacia de la prueba trasladada por razones de lealtad procesal y de justicia material. Responsabilidad extracontractual de estado. Fuerza pública. Daños causados con el uso de armas de fuego de dotación oficial. Muerte de ciudadano por cruce de disparos en persecución de delincuentes. Lucro cesante. Indexación. Actualización. Cálculo. Fórmula. Cónyuge o compañero permanente. Hijos

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte de la Delegada Departamental para el Programa Presidencial de Reinserción y Coordinadora de REDEPAZ en Valledupar. La periodista fue asesinada por un recluso que se había fugado de la cárcel Rodrigo Bastidas de la ciudad de Santa Marta. Se dará valor probatorio a los recortes de prensa, allegados al proceso, en calidad de indicio contingente. La prueba trasladada del proceso penal puede ser valorada, porque este medio de prueba permaneció a disposición de las partes en el curso del proceso y ninguna de ellas controvirtió su autenticidad; no ocurre lo mismo con las declaraciones extraproceso, por no cumplir con los requisitos establecidos por artículo 298 del Código de Procedimiento Civil. Liquidación de perjuicios. Perjuicio moral. Acreditación de parentesco. Registro civil. Monto de la indemnización por perjuicios morales, se estableció que la tasación de dichos perjuicios se fijará en salario mínimos mensuales legales vigentes por una estimación que responda a la reparación integral y equitativa del daño

Se declara la responsabilidad patrimonial de la Nación por la muerte del Juez Promiscuo Municipal de Cumbal, por omisión derivada del incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo, porque falló el deber de protección y seguridad que la fuerza pública tenía que prestar al funcionario por haber sido amenazado por un grupo subversivo. Acreditación del daño antijurídico. Imputabilidad del daño antijurídico a la entidad demandada. Responsabilidad patrimonial del Estado. Hecho de un tercero no siempre configura una causa extraña para exonerar de responsabilidad a la administración. Reiteración jurisprudencial. Acción u omisión de un tercero imputable al estado - Imputabilidad por omisión. Previsibilidad de la Administración Pública en la producción de un hecho dañoso y en la no adopción de las medidas necesarias para evitarlo. Tasación perjuicio moral. Pauta jurisprudencial. Se fija en salarios mínimos legales mensuales vigentes

El Consejo de Estado declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación Ministerio de Educación - Departamento del Quindío por los perjuicios causados a las demandantes, con ocasión de las lesiones padecidas por una alumna, derivada de la omisión del deber de custodia del establecimiento educativo y la posición de garante que ostenta respecto de los estudiantes. Igualmente condenó a la Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Juan de Dios, por los perjuicios causados con ocasión de las lesiones padecidas por la menor de edad, ocasionada por omisiones, dilaciones y equívocos durante todo el servicio médico prestado. Las entidades deben pagar, de forma solidaria, los perjuicios morales, materiales y fisiológicos causados a los demandantes. responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión

Acción de reparación directa por desaparición y posterior muerte de su hijo por parte de agentes de la Policía Nacional. Prueba trasladada. Valoración. Lucro cesante. Proceso disciplinario. Pruebas practicadas. Traslado y valoración. Daño antijurídico. Acreditación. Proceso penal. Incidencia en los fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Proceso disciplinario. Incidencia en los fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sentencia penal. No puede ser modificada por la jurisdicción contenciosa administrativa. Culpa penal. Diferente a la civil o administrativa. Responsabilidad patrimonial del estado. Daño antijurídico. Elemento fundante de la responsabilidad estatal. Policía Nacional. Deber de protección. Mandato constitucional. Obligatorio cumplimiento. Perjuicios morales

El Consejo de Estado declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por los daños causados a los demandantes como consecuencia de la muerte de un campesino, ocasionada por la explosión de un maletín que contenía explosivos, dicho artefacto fue abandonado por la guerrilla cuando atacó el municipio de Cabrera (Cundinamarca). El daño antijurídico es atribuible fáctica y jurídicamente a la entidad demandada a título de falla del servicio, por incumplimiento en sus obligaciones. La Policía Nacional omitió el deber de prestar los servicios de protección, prevención y previsión dispuestos en la Constitución Política

Deber de protección del estado. Garantía constitucional de los ciudadanos. Protección de las autoridades. Contra actos de violencia ejercida por fuerzas delictivas al margen de la ley. Responsabilidad patrimonial del estado. Omisión en el deber de protección. Falla probada del servicio. Omisión en desplegar la protección debida. Lucro cesante. Incremento del valor reconocido en primera instancia

Legitimación en la causa por activa. Prueba del parentesco con la víctima. Registro civil de matrimonio. Inscripción extemporánea. Pruebas documentales incorporadas al proceso. Valor probatorio. Documentos auténticos. Falla en el servicio. Falta de protección oportuna a la víctima. Policía judicial. Omisión en el cumplimiento de sus deberes. Responsabilidad de la administración por falla probada del servicio

¿Cómo se regula la caducidad de la acción de reparación directa en materia de desaparición forzada?

Constituye una falla del servicio evidente, el hecho de que frente a la noticia de la presencia de tropa subversiva, no hubiera hecho nada la Policía Nacional, para fortalecer a una débil e indefensa delegación de su personal. Si bien existe prueba de que la víctima fue agredida por un grupo subversivo, y por ende ajeno a la Institución de la Policía Nacional, lo cierto es que las conductas omisivas de esta entidad, constituyeron la causa que posibilitó la muerte. Diferencias entre la indemnización a forfait y la indemnización de perjuicios.

Representación judicial de la Nación. Valor probatorio de la información de prensa. Omisión de deber y cuidado respecto de la vida de un funcionario. Por los múltiples actos de violencia política que se presentaban en la región y contra el movimiento político al que pertenecía, hacía que la administración se encontrara en posición de garante frente a él.

El Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones. Presunción del perjuicio moral ante el parentesco. Medio probatorio idóneo respecto del estado civil. Valor probatorio de la copia autenticada, de la copia simple y de la prueba trasladada. Improcedencia del testimonio proveniente del demandante, pues lo que corresponde es la declaración de parte. Responsabilidad del Estado ante el deber de protección. Si bien no existió una denuncia formal presentada ante las autoridades de policía poniendo en conocimiento las amenazas que había en contra de su vida o pidiendo protección especial para que le brindaran seguridad, lo cierto es que se probó que las autoridades tenían conocimiento de esta situación, lo cual ameritaba que oficiosamente la Policía Nacional debiera escoltarlo permanentemente y de manera especial.

Falla del servicio del Ejército por cuanto el soldado que ocasionó el daño, incumplió con un deber propio del servicio, consistente en manejar cuidadosa y responsablemente su arma de dotación. Es indudable que los miembros de las fuerzas militares, en razón a su condición y por el servicio que prestan, tienen una obligación esencial de mantener sus armas de dotación debidamente aseguradas cumpliendo las indicaciones establecidas en el manual de seguridad y el decálogo de armas. Reconocimiento del perjuicio moral a la madre de crianza.

Responsabilidad patrimonial del Estado por la omisión de la Fiscalía General de la Nación en el deber de protección de víctimas y testigos. En el presente proceso está configurada la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la falla del servicio en la cual incurrió, en tanto que su proceder omisivo resultó determinante en la producción del daño cuya indemnización se reclama.

Responsabilidad del Estado por falla en el servicio de protección por desaparición forzada. En el evento de delitos por omisión pura y de comisión por omisión lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión. A pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que nadie está obligado a lo imposible. El hecho es atribuible al Estado por no habérsele brindado a la víctima la protección que demandaba, aunque no la hubiera requerido expresamente, en tanto se trataba de un servidor público ampliamente conocido en la región donde se produjo el hecho, por haber desempeñado los cargos de Concejal y Alcalde, elegido por una organización política , cuyos miembros eran para ese momento y desde hacía varios años, víctimas de hechos violentos, circunstancia que generaba para el Estado la obligación constitucional de brindarle protección, la cual se omitió y que de haberse cumplido eficazmente hubiera podido interrumpir el proceso causal generador del daño.

Valor probatorio de la copia simple. Noción del delito de desaparición forzada. Cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa con ocasión del delito de desaparición forzada. Prueba de la desaparición forzada.

Valor probatorio de las providencias judiciales. Trámite de reconstrucción del expediente. Las sentencias penales no configuran cosa juzgada respecto de los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado. Las informaciones difundidas en medios no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos sino, simplemente, de la existencia de la noticia o de la información. Valor probatorio de la información de prensa. Falla del servicio de protección ante la existencia de indicios graves. Requisitos para la configuración de la falla en el servicio por indicios graves. Posición de garante. Reconocimiento del lucro cesante por presunción de manutención de los hijos.

La acción de reparación directa resulta procedente para reclamar la indemnización por los daños sufridos por el servidor del Estado cuando la causa de los mismos le sea imputable a la entidad con independencia de que los demandantes sean los terceros afectados con el hecho o lo sea directamente el servidor público y de que el hecho se hubiese producido con ocasión del desempeño laboral o de situaciones externas y ajenas a ese desempeño. Proceso de reparación directa - Nulidad. Hospital departamental - Cumplimiento de normas técnicas de salud ocupacional. Accidente de trabajo. Jurisdicción contenciosa administrativa - Competencia. Responsabilidad patrimonial del Estado. Estado empleador - Accidente de trabajo

¿Debe aprobarse o improbarse el acuerdo conciliatorio de carácter judicial, dentro de un proceso de reparación directa ejercido por falla en la prestación del servicio de protección a personas? Se encuentra plenamente probada la inejecución de la obligación de hacer, consistente en prestar seguridad y protección al diputado, sin importar, que para la prestación del servicio no existiera un horario establecido. Responsabilidad del estado de manera exclusiva.

Elementos para la configuración de la falla en el servicio de protección. Conocimiento de las amenazas por parte de las autoridades. Posición de garante en la falla del servicio de protección. La falla en el servicio de protección es diferente de la falla del servicio relativa. La administración pública tenía conocimiento de la situación y no adoptó las medidas necesarias para proteger la vida del ciudadano. La relatividad de la falla, en estos eventos, se relaciona con la imposibilidad de exigir de manera absoluta a la organización estatal, prevenir cualquier tipo de daño o resultado antijurídico, como quiera que el Estado no se encuentra en capacidad de brindar una protección personalizada a cada individuo que integra el conglomerado social.

¿Es responsabilidad del Estado la muerte de una persona por habérsele vinculado en su calidad de civil en forma imprudente en un operativo militar? Proceso de reparación directa - Recurso de apelación. Daño material. Daño moral. Falla del servicio de seguridad. Ejército Nacional - Civiles en operativos o enfrentamientos armados. Riesgo excepcional

La responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño. Falla del servicio de seguridad. Proceso de reparación directa - Falla del servicio de seguridad. Responsabilidad patrimonial del Estado. Delito de hurto de ganado

Definición de desaparición forzada, presupuestos y condiciones para su configuración. Las víctimas de desaparición forzosa y sus familias deben obtener reparación y tienen derecho a ser indemnizados y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación. Límites a la valoración de la prueba indiciaria. Clasificación de los indicios.

Acción de reparación directa. Falla del servicio por omisión - Desaparición y muerte de alumno. Falla del servicio educativo - Desaparición y muerte de menor luego de aplicar medidas disciplinarias de salida de la institución antes de terminar el horario normal. Falla del servicio de vigilancia - De institución educativa sobre alumno. Docentes - Deber de vigilancia. Culpa de la víctima. Hecho de un tercero. Concurrencia de causas. Llamamiento en garantía

Se interpone acción de reparación directa contra un municipio, solicitando la indemnización por la no compra de un seguro de vida para el esposo y padre de los demandantes quien era un concejal del mismo municipio, fallecido trágicamente en ejercicio de sus funciones. Concejales - Contrato de seguro de vida. Concejales - Muerte en ejercicio de funciones. Seguro de vida para concejales. Administración pública - Falla del servicio de protección, vigilancia y seguridad. Indemnización de perjuicios