Se condena al Estado por los perjuicios causados en accidente de tránsito que se originó por indebida señalización vial del contratista. La administración no se desliga de responsabilidad cuando ejecuta trabajos públicos, con el fin de satisfacer los fines que le son propios, a través de un contratista. Más recientemente se precisó que la realización de una actividad por conducto de un contratista se asimila a aquellos casos en que la administración realiza directamente la actividad, dado que los trabajos públicos obedecen a la necesidad de satisfacer intereses generales, al tiempo que no son oponibles a terceros los pactos de indemnidad suscritos con los contratistas. Así las cosas, con independencia de que la obra pública, enmarcada dentro de la ejecución de un contrato de concesión, hubiera sido ejecutada a través de terceros, con ella se buscaba la satisfacción de necesidades públicas y el cumplimiento de los fines estatales, de modo tal que la contratante, dueña de la vía, también lo era del proyecto, en tal virtud, con independencia de los pactos suscritos con sus contratistas, esto es, de las estipulaciones propias del contrato y de que las obligaciones en materia de señalización vial estuvieran a cargo de un tercero, está llamada a responder frente a terceros afectados, sin perjuicio de las acciones en contra de aquellos

Se condenó al departamento de Antioquia, al municipio de Medellín y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá a pagar más de 526 millones de pesos a la familia de un funcionario que falleció en un accidente automovilístico, que se produjo durante una actividad organizada por la Secretaría de Educación de Medellín. La familia del fallecido interpuso demanda de reparación directa. La alta corte encontró probada la responsabilidad estatal, al concluir que el ancho inadecuado de la vía en el lugar donde se produjo el accidente, sumado a la falta de señalización que advirtiera esa condición a los conductores, elevaron la exposición al riesgo sobre la ocurrencia del infortunado hecho. Para el Consejo de Estado, si bien es cierto que las entidades que disponen el transporte de sus servidores en un vehículo bajo su control, la Secretaría de Educación debe asumir los riesgos intrínsecos a esta actividad, la omisión legal de las entidades responsables del mantenimiento del estado de las vías y la señalización elevó el riesgo de una manera que no estaba permitido. Esta última circunstancia es la que lleva a que los costos y la responsabilidad por la condena la deban asumir los demandados responsables del manejo de las vías, y no la Secretaría de Educación de la capital antioqueña, que fue la entidad responsable del tránsito del bus

Condenan a la Nación por la muerte de una estudiante que fue atropellada por una aeronave. Se condenó a la Nación-municipio de Planadas (Tolima)- Aeronáutica Civil Aerocivil)- a pagarle más de 293 millones de pesos a la familia de la estudiante de un colegio que murió atropellada por una aeronave que se disponía a volar hacia Chaparral e Ibagué (Tolima). El accidente ocurrió en octubre del 2003, cuando la aeronave atropelló a tres estudiantes de la Institución Educativa Técnica Pablo Sexto quienes, como de costumbre, se vieron obligadas a transitar por la pista para retornar a sus hogares. En el proceso se demostró que la única manera que tenían los habitantes del barrio Simón Bolívar y los estudiantes y profesores del colegio para llegar a sus respectivos destinos era transitar por la pista, que además se encontraba en mal estado y sin que existieran señales que alertaran a los transeúntes sobre el riesgo que constituía el paso por la zona. Además, se probó que la aeronave que impactó a las estudiantes, causando la muerte de una de ellas y heridas a sus compañeras, tenía en sus alas un área que sobrepasaba las zonas de seguridad de la pista, lo que aumentaba la inminencia de la ocurrencia de un accidente como el que se produjo. El Consejo de Estado estableció que tanto el municipio de Planadas como la Aerocivil incurrieron en una falla en el servicio, al permitir el tránsito de personas en la pista, al no establecer controles adecuados y permitir el funcionamiento de un aeródromo que no reunía las condiciones de seguridad e infraestructura para estar operando

Accidente de tránsito que se atribuye al mal estado de la vía y la falta de señalización. Se evidencia que la carretera en la que ocurrió el accidente corresponde a una vía nacional, identificada como la ruta 4001, jurisdicción del INVIAS, por lo que corresponde a ese organismo mantenerla en buen estado y en condiciones de seguridad para sus usuarios, sin que sea de recibo para la Sala que en esta oportunidad pretenda exonerarse de responsabilidad bajo el argumento que sus funciones se limitan estrictamente a lo relativo a la carretera, cuando el mencionado colector de aguas se encontraba precisamente sobre la superficie de rodamiento de la vía a su cargo. Para la Sala se encuentra ampliamente acreditada la concurrencia de culpas, pues si bien INVIAS incumplió sus deberes funcionales por cuanto el hueco no contaba con tapas ni estaba señalizado, también lo es que el hecho de la víctima, en este caso del conductor que laboraba para la empresa que sufrió los perjuicios irrogados, contribuyó en la causación del daño, por cuanto iba desatendiendo los deberes de conducción exigibles a todo ciudadano, esto es, conducir vehículos de carga por el carril derecho y reducir la velocidad al ingresar a la zona residencial, toda vez que resulta lógico y consecuente que si cayó en el hueco era porque iba bastante apartado del costado por el que debía circular y sumamente pegado al separador, lo que de suyo devela su imprudencia al conducir el tractocamión

Del fuero de atracción no se extingue si las resultas de la imputación determinan que el daño no era atribuible a la entidad pública demandada. El incumplimiento legal de la Cooperativa al contratar un transporte que no cumplía las exigencias previstas en el Código Nacional de Tránsito (pues no verificó que el bus no contaba con la tarjeta de operación, que no podía desplazarse de una ciudad a otra, que superaba los 20 años de servicio y que no estaba en excelentes condiciones mecánicas) vulnerando lo previsto en el artículo 983 del mencionado Código de Comercio. Por otra parte, el mismo incumplimiento imputado a la Cooperativa se le endilga, pues infringió el deber de mantener en óptimas condiciones técnicas y mecánicas el bus de su propiedad, sumado al hecho de poner al servicio un transporte público que no cumplía con los requisitos previstos en el Decreto 1344 de 1970. La Sala estima que no es posible establecer la existencia de una falla en el servicio respecto de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, pues no hay una relación causal con el hecho generador del daño -falla mecánica, imprudencia e impericia del conductor

La Administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público que desempeñan como funcionarios del Estado. El fenómeno jurídico de imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto de toda cualificación jurídico-pública. Los daños causados por los funcionarios del Estado sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando la actuación tiene algún nexo o vínculo con el servicio público que éste desempeña, pues, la simple calidad de funcionario público per se, no vincula al Estado, ya que los funcionarios conservan su ámbito de actuación privada. La calidad de miembro de las fuerzas públicas del autor del daño no es suficiente para presumir que todas las conductas por él desempeñadas le son atribuibles a la responsabilidad de la entidad a la cual pertenece, pues al Estado no se le puede imputar la responsabilidad por toda actividad dañosa realizada por uno de sus agentes, y mucho menos de aquellas acciones ejercidas en el marco del ámbito privado de aquellos

La doctrina ha reconocido la existencia de un "Principio de señalización", conforme al cual, además del deber de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene la obligación de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa, comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado, pues estas soportan la carga de remediar oportunamente los defectos que acusen las vías bajo su mantenimiento, y en su defecto, de advertir a tiempo a los conductores sobre los peligros que tales defectos generan para quienes transitan por la vía. Además de la obligación de mantenimiento sobre las vías a cargo del Estado, esa responsabilidad también comprende el deber de prevenir a los usuarios sobre los riesgos existentes e incluso de impedir el tráfico cuando sea necesario, para garantizar la seguridad de los ciudadanos

Sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la desatención de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio y que es necesario efectuar, de un lado, el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado y, de otro, el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto. La responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden (se refiere a la Policía Vial) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada. Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Ahora bien, una vez que se establece que la entidad responsable no ha observado o lo ha hecho de forma deficiente, un deber que legalmente le correspondía, esto es, se ha sustraído, por omisión, del recto acatamiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha impuesto, es ineludible determinar si tal irregularidad en su actuar tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño. Entonces, el juicio de imputación exige, en primer lugar analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente, y luego determinar si operó una causal eximente de responsabilidad - caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero-, o si se trata de un evento de concurrencia de culpas, esto es, que la acción, conducta o comportamiento de la víctima contribuyó a la producción del daño antijurídico, pero no fue la única determinante, sino que fue necesaria la acción u omisión de la entidad pública demandada para su concreción

Los daños que se deriven en la realización de una obra pública le son imputables al Estado siempre que se verifique que la entidad encargada de dichos deberes no controle o vigile la ejecución de estas - Existe falla en el servicio por parte de la administración cuando haya omisión al deber legal de señalización de la vía que se encuentra obstruida, obstaculizada o afectada con motivo de la realización de una obra pública, reparación o cambios transitorios, por tanto, cuanto esta tiene la responsabilidad de vigilar el buen funcionamiento de las vías públicas y de otorgar el permiso para obstaculizarlas, por tanto, le son imputables al Estado los daños que se causen siempre que se verifique que la entidad encargada de dichos deberes no controle o vigile la las obras, como tampoco el normal y adecuado tránsito de la ruta correspondiente

¿En qué casos se configura Responsabilidad del Estado por falla en el servicio de mantenimiento de la malla vial? - El Estado está obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial, de manera que deberá responder en los siguientes eventos: i) cuando conozca las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento de materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de tránsito, ii) cuando incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreará mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiere efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía; en este evento, se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, pero dicha valoración será aún más estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que ésta omitió el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad

Se declaró administrativa responsable al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, por la muerte de una ciudadana ocurrida en un accidente de tránsito, cuando se movilizaba en un vehículo de propiedad de la entidad demandada, el automotor era conducido por un menor de edad. Se acreditó el daño antijurídico sufrido por los demandantes, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado, bajo el régimen de falla del servicio. Responsabilidad extracontractual del estado por el hecho del contratista. Reiteración jurisprudencial, la guarda del vehículo oficial que causó el accidente estaba en cabeza del estado. No se encontró probada la concurrencia de culpa de la víctima en la causación del daño. Responsabilidad extracontractual del estado. Cláusula general de Responsabilidad. Daño antijurídico. Falla del servicio. Responsabilidad subjetiva. Hecho del contratista. Reiteración jurisprudencial. Vehículo oficial. Guarda en cabeza del estado. Presunción de dolor en parientes hasta segundo grado de consanguinidad

La falla en la prestación del servicio de señalización vial imputable al Invías, fue la causa adecuada y eficiente del accidente de tránsito, si no se hubieran dejado los obstáculos o si éstos se hubieran señalizado como correspondía, dicho accidente no se hubiera producido. Señales de tránsito. Señales preventivas. Noción. Definición. Concepto. Realización de trabajos de construcción y conservación de carreteras. Responsabilidad extracontractual del estado. Señalización de vías. Responsabilidad de la entidad contratante. Responsabilidad patrimonial del estado. Llamamiento en garantía. Contratista. Indemnización de perjuicios morales. Muerte de persona por colisión de motocicleta contra obstáculo en la vía. Tasación perjuicio moral. Monto. Pauta jurisprudencial. Facultad discrecional del Juez

¿Qué elementos se requieren para demostrar la Responsabilidad del Estado por falla en el servicio? -En primer término, la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa y a la cual ésta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente y, en segundo lugar, la virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño, daño que, no obstante no derivarse -temporalmente hablando- de manera inmediata de la omisión administrativa, regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado ésta

Acción de reparación directa por lesiones que sufrió por accidente en vehículo ocasionado por un hueco en la vía pública que se encontraba totalmente cubierto de agua. Consejo de Estado. Sección Tercera. Competencia. Apelación sentencia. Cuantía. Grado jurisdiccional de consulta. Procedencia. Legitimación en la causa por activa. Acreditación. Indebida representación. Configuración. Acreditación menor de edad. Carencia total de poder. Indebida representación. Legal o judicial constituye causal de nulidad. Saneamiento de la nulidad. Cuando la parte que puede alegarla no lo hace oportunamente. Pruebas. Principales y supletorias. Registro civil de nacimiento. Prueba única para acreditar el estado civil de las personas. Decreto 1260 de 1970. Caducidad de la acción. Excepción. Fundamentación. Medio probatorio. Historia clínica. Copias. Para que tengan valor probatorio deben ser auténticas. Onus probandi incumbit actori. Corresponde al demandante probar los supuestos de hecho en los cuales funda su acción. Reus in excipiendo fit actor. El demandado cuando ejerce su defensa sobre la base de medios exceptivos, debe probar los supuestos de hecho sobre los cuales funda los mismos. Medio exceptivo. Mecanismo de defensa del demandado. Excepción de inexistencia de la responsabilidad por no configurarse la falla del servicio. No corresponde a un verdadero medio exceptivo. Responsabilidad civil extracontractual del estado. Configuración. Perjuicios. Indemnización. Perjuicio moral. Liquidación. Indemnización del daño. Debe estar acorde con el daño producido

Se declaró administrativa y patrimonialmente responsable al departamento de Risaralda de los perjuicios ocasionados con motivo de la muerte y lesiones padecidas por dos ciudadanos, en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica los municipios de Pereira y Marsella en el departamento de Risaralda. El daño antijurídico se encontró acreditado y la entidad debe responder a título de falla del servicio por la omisión en el deber de efectuar mantenimiento y señalización en la vía. Responsabilidad extracontractual del estado. Régimen de responsabilidad aplicable. Falla del servicio. Trasgresión de las obligaciones que se encuentran a cargo del Estado. Relatividad en la falla del servicio o falla relativa del servicio

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable al Instituto Nacional de Vías, por la muerte de un ciudadano en un accidente de tránsito cuando se desplazaba entre Briceño y Chocontá, la colisión se produjo como consecuencia de la inexistencia de señalización en la vía y la falta de advertencia a los conductores, sobre el riesgo que ofrecía el desplazamiento en la carretera debido a que se encontraba lisa y resbalosa por trabajos de sellado de grietas que se habían realizado con anterioridad. De las pruebas aportadas al proceso se estableció claramente que no se configuró la causal eximente de responsabilidad, el hecho de un tercero, que alegaba la entidad demandada. Daño antijurídico. Responsabilidad subjetiva por falla del servicio. Responsabilidad extracontractual del Estado

Falla relativa del servicio. Competencia de motociclismo fue organizada por la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, sin adoptar medida de seguridad alguna tendiente a proteger la vida e integridad de los pobladores. Disponibilidad de medios físicos y jurídicos. Previsibilidad del daño. Circunstancias del caso concreto. Falla del servicio. Eventos. Retardo en la prestación del servicio. Irregularidad en la prestación del servicio. Ineficiencia en la prestación del servicio. Omisión. Causales eximentes de responsabilidad. Elementos. Falla del servicio. Causa extraña. Culpa exclusiva de la víctima. Elementos. Causa adecuada del daño. Efectos. Concausa del daño. Efectos. Efectos de la culpa exclusiva de la víctima como causa adecuada del daño y como concausa del mismo. Legitimación en la causa por activa. Perjuicios morales. Carácter extrapatrimonial. Naturaleza compensatoria. Tasación. Daño moral. Carácter extrapatrimonial

Acción de reparación directa, para que se declare como responsable, por los daños y perjuicios causados por la muerte de su compañero permanente en accidente de por una volqueta de propiedad del departamento del Huila. Medios de prueba. Validez. Valoración. Prueba trasladada. Incorporación y valoración probatoria. Requisitos. Daño. Acreditación. Conducción de vehículos. Ejercicio de una actividad peligrosa. Daño. Proveniente de una actividad peligrosa. Titulo de imputación. Objetivo de riesgo excepcional. Responsabilidad del Estado. Causales eximentes de responsabilidad. Causal eximiente de responsabilidad. Causa extraña, exclusiva, excluyente y adecuada. Hecho de la víctima. Debe ser imprevisible e irresistible. Teoría de la causalidad adecuada. Definición. Carga de la prueba. No fue acreditada. Hecho de la víctima. No se configuró. Concurrencia de culpa. No se configuró. Responsabilidad extracontractual del Estado. Imputación. Falla del servicio. Acreditación. Liquidación de perjuicios. Perjuicio moral. Prueba indiciaria. Hecho indicador y hecho indicado. Declaraciones extra juicio ante notario. Carecen de eficacia probatoria al no cumplir con los requisitos de ley. Perjuicios materiales. Lucro cesante Llamamiento en garantía. Procedencia. Patrimonialmente responsable

Responsabilidad patrimonial del estado por muerte en accidente de tránsito. Es evidente que un peatón asume las consecuencias de su actuación imprudente, si atraviesa una vía por sitios diferentes a las intersecciones debidamente demarcadas para realizar ese paso, no respeta las señales de tránsito y no verifica los riesgos existentes al realizar el cruce. En el incumplimiento de lo ordenado por la normatividad, si se produce un accidente por el hecho del peatón, implica que éste se somete a las consecuencias que su actuar equivocado conlleva. No debe olvidarse que además de la prueba de la falla del servicio, la parte demandante no ha sido relevada (así lo prescribe el art. 177 del C. de P.C) de la carga de la prueba, es decir, es principalmente mediante su actividad que debe acreditar las circunstancias o hechos base de sus pretensiones. La carga de la prueba comprende no sólo demostrar la existencia de una obligación sino también su monto

Incumplimiento de un deber legal de la administración. Debe analizarse desde la óptica de la falla en el servicio. Accidente de tránsito. Muerte de persona al ser atropellado por una motocicleta. Mantenimiento del espacio público. Presencia de colector de basura

Responsabilidad del estado. Accidente de tránsito. Daño. Prueba. Falta de señalización de la vía. Falla en el servicio. Culpa exclusiva de la víctima

Régimen y funciones del Instituto Nacional de Vías. Régimen y funciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Valor probatorio de las fotografías teniendo en cuenta que se trata de un documento privado. Valor probatorio de la información de prensa escrita. Debe descartarse la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, dado que el actuar de él no fue la causa eficiente del daño, sino que lo fue la omisión por parte de la administración quien debió tomar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia del accidente a través de avisos que previnieran a los conductores que transitaban por la vía sobre el peso máximo que el puente resistía. Noción, finalidad y requisitos de procedencia del llamamiento en garantía.

Valor probatorio de la prueba trasladada y de las fotografías. Naturaleza jurídica de la versión libre y de la indagatoria. Criterios de valoración respecto del testigo sospechoso. Tratándose de la colisión de vehículos automotores, el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante, y surge la necesidad entonces de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor del vehículo oficial o alguna otra circunstancia constitutiva de falla en el servicio que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada. Hecho exclusivo de un tercero como eximente de responsabilidad en accidente de tránsito. Si bien las decisiones que se profieren en el curso de un proceso penal no obligan al juez contencioso administrativo, en razón de las diferencias sustanciales que caracterizan ambas acciones, lo cierto es que resulta innegable la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción.

Requisitos para que se configure la responsabilidad del Estado por omisión. La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como anormalmente deficiente. Imposibilidad de probar la verdadera causa de los hechos. Inexistencia de falla en el servicio por señalización vial.

Actividad peligrosa y riesgo excepcional por conducción de vehículos. Causales de exoneración de responsabilidad. Carga de la prueba en accidente de tránsito.

Valor probatorio de la prueba trasladada. Accidente de tránsito por conducir en estado de embriaguez. Culpa exclusiva de la víctima en accidente de tránsito.

En materia de hijo póstumo se ha reconocido la existencia de daño moral aún cuando la demandante no había nacido para el momento en que falleció su padre -en este caso casi ocho meses después de la muerte-; ha dicho que al momento de la ocurrencia del hecho dañoso aun cuando el actor era nacisturus no se puede desconocer, como lo enseña la vida social y la experiencia humana, que el suceso de muerte del progenitor priva al menor de las condiciones fundamentales de crecimiento, desarrollo personal y sentimental, en tanto carecerá, a lo largo de su vida, de la figura paterna para recibir de él afecto y la dirección necesarios para el normal desenvolvimiento de un ser humano" índole, placenteras o rutinarias, la modificación de sus roles vitales y de sus proyectos". Responsabilidad extracontractual del Estado. Proceso de reparación directa - Falla del servicio por daños a la vida. Accidente de tránsito - Vehículo oficial. Proceso de reparación directa - Conciliación

Cuando la demanda es dirigida en contra del Estado por un accidente de tránsito, debe aplicarse el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, en éste caso, al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración realizado en desarrollo de la actividad riesgosa, y la entidad demandada para exonerarse de responsabilidad, deberá probar la existencia de una causa extraña.

Acreditación de todos lo elementos que integran la responsabilidad del Estado. Régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional -actividad peligrosa-. Vehículo oficial, conducido por un servidor público. Responsabilidad solidaria.