La Sección declaró la responsabilidad del Ministerio de Justicia, la USPEC y el INPEC, por los daños derivados del hacinamiento y la inhumanidad a que fueron sometidas las mujeres en la Cárcel El Cunduy. La Sala declaró que el hacinamiento fue en sí mismo un trato, cruel, inhumano y degradante. Que en este caso, redujo el espacio vital de las internas a unos 2 m2. El hacinamiento en este caso iba acompañado de condiciones de precariedad extrema en temas vitales para las internas como las necesidades fisiológicas y biológicas. Su condición de mujeres no fue neutral en la producción del daño, porque estuvieron sometidas a un impacto diferencial y agravado en el contexto penitenciario, que supuso una violación intensa y particular de su dignidad humana. La Sentencia reconoció dos tipos de perjuicio inmaterial: el perjuicio moral y el perjuicio a derechos constitucionalmente protegidos. Ambos deben ser indemnizados a cada mujer. La Sala advirtió que esa indemnización respondió al rigor del perjuicio que padecieron como mujeres, y reiteró que los padecimientos y sacrificios a que fueron sometidas, en ese sistema penitenciario masculinizado, perturbaron aspectos exclusivos de su género e identidad, que no podrían ser reparados a los hombres en idénticas circunstancias. Se ordenó al Ministerio del Interior y exhortó al Congreso de la República, para que en ejercicio de sus competencias detuvieran el populismo punitivo en el diseño de las penas y las medidas de prisión preventiva que afectan desproporcionadamente a las mujeres. El Ministerio deberá formular una política criminal y penitenciaria con enfoque de género, según criterios indicados en el fallo, y presentará un proyecto de ley que la concrete ante el Congreso

El Consejo de Estado condenó al Hospital Federico Lleras de Ibagué a reparar con el pago de más de 276 millones de pesos a los familiares de un operario de una empresa especializada en mantenimiento y reparación de maquinaria que murió en un incendio que se produjo en la sede de la institución en febrero del 2010. La conflagración se generó por una fuga de vapores proveniente del tanque, que se extendió a través de los tubos de cañería hacia distintos puntos del hospital, ocasionando explosiones e incendios dejando heridas a 11 personas, entre ellas la víctima, que murió luego de ser trasladado a Bogotá. Aunque el hospital alegaba, que el mantenimiento estaba a cargo de la firma contratista de la que hacía parte la víctima, el Consejo de Estado desvirtuó esa conclusión al señalar que ese equipo no hacía parte del contrato celebrado para ofrecerle mantenimiento a la maquinaria a cargo del hospital, pues hacía 11 años que estaba fuera de funcionamiento, debido a que la institución ya contaba con el servicio de gas domiciliario. Consideró que la entidad sí era administrativamente responsable del daño en calidad de falla del servicio, pues mantuvo dentro de las instalaciones un tanque de gas que no estaba utilizando, sin drenarlo y sin darle ningún tipo de mantenimiento, omisiones que, según se evidenció en el expediente, fueron determinantes para que se produjera la fuga de vapores originaria de este infortunio

¿Cuáles son los criterios de estudio para el reconocimiento e indemnización de perjuicios por grave afectación o violación a bienes y-o derechos convencional y constitucionalmente amparados en eventos por muerte de la víctima? La jurisprudencia de esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominada daño a la vida en relación y a la alteración a las condiciones de existencia, para en su lugar reconocer la categoría de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, que se reconocerá siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. Ahora, en relación con la reparación a la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, en las referidas providencias de unificación se estableció que se privilegiaría la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente o estable y los parientes hasta el 1 de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos, las cuales operarían teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos

En el artículo 7 de la Ley 589 de 2000, en los eventos de desaparición forzada se establece que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia a partir de la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, pues solo a partir de ese momento se entiende que el delito ha cesado. La acción se puede ejercer desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. Es necesario señalar que si bien mediante resolución de la Fiscalía se inhibió de continuar la investigación por la desaparición de una señora, dicha decisión no puede considerarse como un fallo definitivo dentro del proceso penal, toda vez que las providencias inhibitorias no hacen tránsito a cosa juzgada, ni ponen fin al proceso. Respecto de los daños ocasionados a las víctimas por hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha señalado en diferentes oportunidades que ellos sólo son imputables al Estado cuando en la producción del hecho interviene la administración, a través de una acción o de una omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto solicitó protección a las autoridades y éstas no se la brindaron o porque, en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección

Para determinar si se está en presencia de un daño de pérdida de oportunidad, es necesario establecer que el titular de la expectativa legítima se encontraba, para el momento en que ocurre el hecho dañino, en una situación de incertidumbre de recibir un beneficio o una ventaja esperada, o de evitar un perjuicio indeseado. La oportunidad debe encontrarse en un espacio caracterizado por no existir certeza de que su resultado habría beneficiado a su titular, pero tampoco en el que sólo exista la conjetura de una mera expectativa de realización o evitación. Si se tiene certeza sobre la materialización del resultado final, no es posible hablar del daño consistente en la pérdida de oportunidad sino de la privación de un beneficio cierto, o si se trata de una mera conjetura o ilusión, tampoco habría lugar a la configuración de una oportunidad por no tener la intensidad suficiente para convertirse en una probabilidad razonable de alcanzarse o evitarse. Así, el requisito de la "aleatoriedad" del resultado esperado tiene enormes incidencias en el plano de la indemnización, ya que si se trata de la infracción a un derecho cierto que iba a ingresar al patrimonio de la víctima o frente al cual se debía evitar un menoscabo, su indemnización sería total, mientras que si el truncamiento es solo respecto de la expectativa cierta y razonable de alcanzar o evitar un resultado final, la posibilidad truncada sería indemnizada en menor proporción

La desaparición de una persona se constituye en un daño antijurídico en virtud del cual se puede demandar para obtener su reparación, no obstante, no se agote el proceso judicial referido, con el objeto de dar aplicación a la presunción de muerte por desaparición. El hecho de que la desaparición de una persona se constituya en uno de los requisitos para que opere la presunción de muerte y para que la misma se pueda declarar judicialmente, no implica que ese procedimiento deba agotarse para entender que la desaparición de una persona produce un daño que deba ser resarcido, puesto que no existe normativa alguna que así lo señale.\ El concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo. En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva los cuales se distribuyen así: Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio

¿Cuando se pretende la indemnización de los daños derivados de la omisión o tardanza de las entidades obligadas a prestar los servicios médicos debe quedar acreditado la existencia de la probabilidad que tenía el paciente de recuperar su salud o preservar su vida? Resulta de gran relevancia distinguir entre el daño que consiste en la pérdida de la ganancia o la materialización del perjuicio que se pretendía evitar (en el caso de la responsabilidad médica, la muerte del paciente o el desmejoramiento de sus condiciones de salud), y el daño que se produce por la pérdida de la probabilidad de obtener ese provecho o de eludir el detrimento. (…) En síntesis, cuando se pretende la indemnización de los daños derivados de la omisión o tardanza de las entidades obligadas a prestar los servicios médicos, debe quedar acreditado no el resultado final de la lesión o enfermedad que originó la solicitud de atención, sino la existencia de la probabilidad que tenía el paciente de recuperar su salud o preservar su vida y que esa expectativa se perdió en forma definitiva como consecuencia de la actuación imputable a la entidad

En virtud del principio de oportunidad, el demandado que ha privado, por su culpa, al demandante de una oportunidad de conseguir una ganancia o de evitar una pérdida, debe indemnizarlo - En este caso, claramente la modalidad de la pérdida de oportunidad o de chance que se alega es la de adquirir una ventaja: lucro captando, esto es, cuando el menoscabo consiste en la imposibilidad de la obtención de un incremento patrimonial o ganancias (quantum lucrari potuit), la cual también resulta aplicable al ámbito de responsabilidad contractual. En efecto, la doctrina extranjera más autorizada en el ámbito del derecho común ha indicado que hay lugar a indemnizar cuando el demandado ha privado, por su culpa, al demandante de una posibilidad de conseguir una ganancia o de evitar una pérdida que tiene un valor per se, con prescindencia del hecho futuro, de modo que lo que da lugar a la reparación son las consecuencias que se derivan de una privación de oportunidad, de una frustración de una esperanza, de una probabilidad de obtener una cierta ventaja patrimonial, pero un hecho de otro le impide tener la oportunidad de participar en la definición de ese chance o expectativa de ventaja patrimonial. Se priva, pues, al sujeto de una facultad lícita de actuar (acere licere), lesión que produce un perjuicio concreto

¿Pueden reconocerse en la dimensión de los perjuicios inmateriales y como componente de reparación integral una indemnización por vulneración de los bienes constitucionales y convencionales de derechos a protección de género y derechos de los niños en una sentencia que declara responsabilidad extracontractual del Estado? Sí, ha dicho el Consejo de Estado que es necesario reconocer el impacto que la violencia ha causado en la vida de las mujeres dejándolas solas con la ausencia de sus familiares, cargando en ellas la desaparición, la muerte de sus compañeros, esposos. Lo cual ha conllevando a la desarticulación y desarraigo de los hogares por ellas constituidos, obligándolas ha (sic) asumir la posición de madres cabezas de familia proveedoras del hogar sumando a ello la obligación de exigir una reivindicación de sus derechos vulnerados, de reparación, Justicia y verdad ante los actos de violencia de los cuales fueron victimas (sic) directas o indirectas. Es necesario para la sala, reivindicar el poder de la mujer en la historia del país y reconocer que lejos de ser una victima (sic) "victimizada", la mujer, muy a pesar de las condiciones que le impone la sociedad y el conflicto armado, ha sido ejemplo de valentía y ha resistido con valor las diferentes condiciones a las que el conflicto la ha expuesto y como en muchos casos a través de su cotidianidad ha ayudado a garantizar las mínimas condiciones de vida digna de quienes le rodean sin importar el conflicto. El papel de la mujer no puede permanecer invisible para el Estado cuando ejerce labores humanitarias en la guerra por considerarse "socialmente" tales labores como propias de la mujer en desarrollo de las funciones de ama de casa. Pues está claro que las mismas constituyen una labor del más alto grado de reconocimiento no solo laboral, sino social. Asimismo se decidió reconocer en la dimensión de los perjuicios inmateriales, y como componente de la reparación integral, la condena a favor de las demandantes de la indemnización por vulneración de los bienes constitucionales y convencionales (Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado) a la vida, a la construcción de una familia y a la dignidad de las mujeres por valor correspondiente a VIENTE (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes

Acción de reparación directa por lesiones que sufrió por accidente en vehículo ocasionado por un hueco en la vía pública que se encontraba totalmente cubierto de agua. Consejo de Estado. Sección Tercera. Competencia. Apelación sentencia. Cuantía. Grado jurisdiccional de consulta. Procedencia. Legitimación en la causa por activa. Acreditación. Indebida representación. Configuración. Acreditación menor de edad. Carencia total de poder. Indebida representación. Legal o judicial constituye causal de nulidad. Saneamiento de la nulidad. Cuando la parte que puede alegarla no lo hace oportunamente. Pruebas. Principales y supletorias. Registro civil de nacimiento. Prueba única para acreditar el estado civil de las personas. Decreto 1260 de 1970. Caducidad de la acción. Excepción. Fundamentación. Medio probatorio. Historia clínica. Copias. Para que tengan valor probatorio deben ser auténticas. Onus probandi incumbit actori. Corresponde al demandante probar los supuestos de hecho en los cuales funda su acción. Reus in excipiendo fit actor. El demandado cuando ejerce su defensa sobre la base de medios exceptivos, debe probar los supuestos de hecho sobre los cuales funda los mismos. Medio exceptivo. Mecanismo de defensa del demandado. Excepción de inexistencia de la responsabilidad por no configurarse la falla del servicio. No corresponde a un verdadero medio exceptivo. Responsabilidad civil extracontractual del estado. Configuración. Perjuicios. Indemnización. Perjuicio moral. Liquidación. Indemnización del daño. Debe estar acorde con el daño producido

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte de la Delegada Departamental para el Programa Presidencial de Reinserción y Coordinadora de REDEPAZ en Valledupar. La periodista fue asesinada por un recluso que se había fugado de la cárcel Rodrigo Bastidas de la ciudad de Santa Marta. Se dará valor probatorio a los recortes de prensa, allegados al proceso, en calidad de indicio contingente. La prueba trasladada del proceso penal puede ser valorada, porque este medio de prueba permaneció a disposición de las partes en el curso del proceso y ninguna de ellas controvirtió su autenticidad; no ocurre lo mismo con las declaraciones extraproceso, por no cumplir con los requisitos establecidos por artículo 298 del Código de Procedimiento Civil. Liquidación de perjuicios. Perjuicio moral. Acreditación de parentesco. Registro civil. Monto de la indemnización por perjuicios morales, se estableció que la tasación de dichos perjuicios se fijará en salario mínimos mensuales legales vigentes por una estimación que responda a la reparación integral y equitativa del daño

Expropiación por motivos de utilidad pública. La afectación por causa de una obra pública, no fue registrada en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria. Las decisiones proferidas por la Administración, por razones de interés público que afectan intereses particulares, configuran una operación administrativa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Daño antijurídico. Configuración. Daño emergente. Indemnización de perjuicios

Responsabilidad extracontractual del estado. Ingreso de menor al servicio de protección sin el lleno de los requisitos legales. Sustracción irregular de menor de su entorno familiar. Falla en el servicio. Abuso sexual de menores en hogar sustituto al servicio del ICBF. Indemnización de perjuicios. Procedencia

Régimen aplicable a atentados terroristas. Evolución jurisprudencia respecto del daño especial. Hecho exclusivo de un tercero en ataque guerrillero. Indemnización colectiva compensatoria, principio de reparación integral y de equidad. Reconocimiento de honorarios. Inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, referente a la caducidad de la acción de grupo.

¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra un auto que decide enviar el expediente por falta de competencia a los Juzgados Administrativos en razón de la cuantía del proceso? El auto recurrido no es apelable, por lo tanto el Consejo de Estado carece de competencia, configurándose una causal de nulidad insaneable, la cual debe declarar de oficio. El recurso procedente para ésta clase de auto es el de reposición. La exigencia planteada por el a quo relativa a la limitación de los perjuicios del orden moral dentro de los parámetros trazados jurisprudencialmente, desconoce la libertad con que cuenta la parte para formular de manera autónoma el monto y la magnitud de aquéllos, los cuales, en cada caso concreto, corresponderá estimar de manera fundamentada y razonada a la parte demandante, sin que sea dable por parte del juez desplazar en dicha actuación al demandante.

Si el Ejército ha permanecido en un predio sin el consentimiento de los propietarios, predio que otrora eran productivos, pues la explotación económica ha desaparecido por completo, ya que el destacamento para proteger de ataques de la guerrilla allí ubicado ha minado el terreno impidiendo que se tengan animales, se hagan cultivos al punto que impiden el tránsito por el lugar ¿procede la acción de reparación directa? La indemnización de los perjuicios causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble debe atender a los principios de reparación integral del Daño. Proceso de reparación directa - Grado jurisdiccional de consulta. Recurso de apelación. Ejército Nacional - Ocupación permenente de inmuebles. Daño moral. Daño material. Lucro cesante. Indemnización de perjuicios

Puede suceder que la materialización de la causa del daño coincida con la producción del mismo, pero que la existencia de dicho daño permanezca desconocida para el afectado, sin que esa ignorancia sea imputable a su desidia, en tal caso, de manera excepcional, en aplicación de principios y normas superiores como los de equidad, habría que contabilizar el término para presentar la demanda no desde el momento en que se produjo el daño sino desde el momento en que los afectados tuvieron conocimiento de su existencia. Acción de grupo - Prueba del daño. Prueba pericial. Requisitos. Río Magdalena - Obras de dragado. Daño por inundaciones en predios por cambio de cauce de río

Dado el carácter colectivo que tiene la Acción de Grupo y teniendo en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto, se tiene que la legitimación, como requisito de procedibilidad para interponer la acción de grupo, no es individual, sino del grupo. En el presente caso algunas de las entidades demandadas (Municipio de Bucaramanga y C.D.M.B.) así como el Ministerio Público y el Defensor Público, consideraron que los afectados con el deslizamiento no alcanzaban a conformar un grupo de 20 personas, frente a lo cual el Tribunal consideró que dicho número se exigía para la interposición de la acción, pero que no era presupuesto de la sentencia, por lo que la disminución en el número mínimo de integrantes del grupo no le impedía fallar de fondo. Acción de grupo - Legitimación. Integración del grupo

Si Los actores no exponen ni demuestran en el momento de presentar la demanda, ni aún posteriormente, las razones por las cuales se entiende que constituyen un grupo, ni las características que los identifican como tal, incumplen con uno de los requisitos de procedibilidad de la acción. Responsabilidad extracontractual del Estado. Indemnización de perjuicios. Acción de grupo - Requisitos. Proceso contencioso administrativo - Nulidad. Ejército Nacional - Disparos contra población civil

¿Existe falla presunta del servicio cuando se acredita que la muerte de una menor se produjo como consecuencia del disparo que realizó un agente de la Policía con su arma de dotación oficial y durante la prestación del servicio? Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de los menores. Conciliación - Obligatoriedad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Atentados terroristas. Masacres. Derechos humanos

La jurisprudencia ha diferenciado el régimen de responsabilidad aplicable en los eventos de daños causados a un soldado que presta servicio militar obligatorio, respecto de los daños que padece un soldado que ingresa voluntariamente a prestar el servicio militar. Servicio militar obligatorio. Servicio militar voluntario. Responsabilidad extracontractual del Estado. Proceso de reparación directa - Falla del servicio de la fuerza pública. Prueba indiciaria. Ejército Nacional - Confrontación armada. Indemnización de perjuicios. Daño moral. Daño físico. Pérdida de capacidad laboral

A pesar de su licitud, la ejecución de la obra y la utilización de equipos pesados y rodantes, supone la creación de riesgos para quienes la realizan directamente y para terceras personas. Acción de reparación directa. Riesgo excepcional. Indemnización de perjuicios. Proceso de reparación directa - Compensación de indemnizaciones. Indemnización a forfait. Contrato estatal de obra pública - Accidente de trabajo

¿Los perjuicios o daños sufridos por el grupo pueden ser disímiles? ¿No frente a todo daño por un número plural de personas puede intentarse su reparación a través de la acción de grupo? Acción de grupo - Inadmisión de la demanda. Indemnización de perjuicios. Construcción de dique para evitar desbordamiento de aguas del Río Magdalena - Perjuicio a agricultores y pescadores. Acción de reparación directa

¿A partir de la entrada en vigencia la Ley 954, los Tribunales Administrativos conocen, en única instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía sea inferior a 500 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la demanda? Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Indemnización de perjuicios. Proceso de reparación directa - Doble instancia. Única instancia. Competencia por cuantía

¿El Ejército Nacional esta facultado para aprehender a personas que directamente hallen portando armas de fuego sin permiso oficial? Ejército Nacional - Operativos de seguridad. Retención de civiles. Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Detención ilegal. Indemnización de perjuicios

¿Quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, deben soportar los daños causados como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad? Fuerza pública - Indemnización a forfait. Riesgo propio del servicio. Riesgo excepcional. Ejército Nacional - Daño a miembros en ejercicio de funciones. Policía Nacional - Daño a miembros en ejercicio de funciones. Actividad riesgosa. Arma de dotación oficial

¿La muerte por arma de fuego de un civil detenido por miembros del ejército, genera responsabilidad al Estado? Acción de reparación directa. Registro civil de nacimiento. Daño - Determinación del lucro cesante. Indemnización de perjuicios. Responsabilidad patrimonial del Estado

¿La deficiente señalización de una vía puede no ser la causa determinante e inmediata de los accidentes que allí puedan suceder? ¿Es competencia de la entidad contratante establecer la responsabilidad de la instalación de señales en las etapas de construcción, reconstrucción y conservación de calles y carreteras? Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Indemnización de perjuicios. Vías públicas - Señalización. Señales viales preventivas - Clasificación

¿En Colombia el régimen de la responsabilidad por daños causados con vehículos de la administración sigue los mismos lineamientos del de las armas como objetos peligrosos, y por tanto generadores de riesgo? Acción de reparación directa. Indemnización de perjuicios. Responsabilidad patrimonial del Estado. Indemnización de perjuicios. Acción de repetición. Proceso de reparación directa - Llamamiento en garantía. Vehículo oficial

¿Respecto del pago de salarios, una vez vencidos los períodos pactados, no significa solamente el incumplimiento de una de las partes en la relación jurídica, sino abierta violación de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos? - Pago de salario. Indemnización de perjuicios

¿El establecimiento educativo puede fijar las tarifas que cobrará por prestar el servicio de educación? ¿Los intereses remuneratorios buscan reconocer el rendimiento real del dinero y por lo tanto compensar el perjuicios sufrido por la privación temporal del uso del dinero? ¿Es procedente la acción de reparación directa para obtener la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo que ha sido revocado por la administración? Acción de reparación directa. Establecimientos educativos - Régimen de libertad regulada de tarifas. Servicio privado de educación. Indemnización de perjuicios. Intereses remuneratorios. Grado jurisdiccional de consulta. Acto administrativo particular - Revocatoria

¿Aunque en los casos de responsabilidad patrimonial del estado, no existe tarifa legal; no obstante, al proceso deben allegarse las pruebas suficientes del hecho imputable a la administración, del daño y del nexo causal? Acción de reparación directa. Indemnización de perjuicios. Responsabilidad extracontractual del Estado. Proceso de responsabilidad patrimonial del Estado - Régimen probatorio. Prueba de indicio grave. Principio de cosa juzgada. Prejudicialidad

¿Si el Estado debe velar por el buen estado de las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos, debe responder porque muera un niño a causa del golpe que le propina un arco de cancha de futbol unibicada en un parque deteriorado a cargo del Municipio? Audiencia judicial. Proceso de responsabilidad extracontractual del Estado - Acuerdo conciliatorio. Entidades territoriales - Competencia en materia de parques. Adecuación de escenarios deportivos. Indemnización de perjuicios

¿Procede la indemnización por los perjuicios causados con el ejercicio de una actividad lícita de la administración bajo el denominado régimen por daño especial? Grado jurisdiccional de consulta. Responsabilidad extracontractual del Estado. Indemnización de perjuicios. Responsabilidad por daño especial. Principio de igualdad. Obra pública - Daño a transeúntes

¿Quien transportaba pasajeros en un vehículo de carga debía contar con autorización expresa de autoridad competente? Transporte de pasajeros en vehículo de carga. Autoridades de tránsito - Control a vehículos de carga con pasajeros. Responsablidad extracontractual del Estado - Falla del servicio. Riesgo excepcional. Actividad peligrosa. Indemnización de perjuicios

¿La indemnización de los perjuicios materiales causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble está sometida a los principios de reparación integral del daño y comprende los conceptos de daño emergente, que consiste en el precio de la franja o totalidad, según el caso, del inmueble ocupado y del lucro cesante, que se traduce en aquellos ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir a consecuencia de la ocupación del mismo? Acción de reparación directa. Obra pública - Ocupación de predios rurales durante construcción. Indemnización de perjuicios. Responsabilidad extracontractual del Estado. Fuerza mayor. Hecho de un tercero. Hecho de la víctima

¿La privación injusta de la libertad por investigación de hechos atípicos, es causa de indemnización de perjuicios a cargo del Estado? Privación injusta de la libertad. Indemnización de perjuicios. Acción de reparación directa. Daño en la vida de relación. Principio de reparación integral del daño. Falla del servicio judicial. Nación - Representación judicial