¿Cuál es el límite máximo que cuenta la Administración para realizar la liquidación unilateral del contrato estatal? La Sala interpreta la posición del recurrente, en el sentido de que pretende fundamentar la competencia del departamento de Antioquia para liquidar unilateralmente el contrato en la circunstancia de que la demanda que pretendía su liquidación judicial fue presentada fuera de la oportunidad prevista en la ley, por anticipación. La Corporación ha establecido que el término para liquidar el contrato empieza a correr desde el momento de su finalización, a menos que las partes condicionen ese cómputo a la suscripción del acta de recibo final, evento en el cual será este último momento en que empiece a computarse el término de liquidación, so pena de verse afectada en su legalidad. En este caso, ante la ausencia de una estipulación que condicionara el cómputo en el sentido indicado, la expiración del término de duración produjo la conclusión de la relación contractual

En virtud del principio de planeación, los proponentes deben conocer los aspectos que en el pliego de condiciones pueden hacer inviable la ejecución del contrato y se encuentran obligados a informarle a la entidad dicha situación, por ello, cuando son contratistas no pueden reclamar el desequilibrio del contrato con fundamento en lo que debieron prever e informar a la entidad. Empresas Públicas de Neiva celebró con la empresa Aseo Total un contrato para la prestación del servicio integral de aseo y para el diseño, construcción, operación y mantenimiento técnico del relleno sanitario. Durante su ejecución se presentaron sobrecostos y pérdidas que el demandante atribuyó a la inaplicación de la Resolución 15 de 1997 de la CRA y a la no atención del censo de reclasificación de usuarios; además, porque consideró que la entidad demandada no reguló las tarifas del servicio especial de aseo, por lo anterior, el contratista alegó que sufrió un desequilibrio económico del contrato. Los particulares que celebran y ejecutan contratos con las entidades estatales colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones, y por consiguiente, el deber de planeación también abarca a estos colaboradores de la administración, puesto que no sólo tienen el deber de ponerle de presente a la entidad las deficiencias de planificación que adviertan para que sean subsanadas, sino que además deben abstenerse de participar en la celebración de contratos en los que desde entonces ya se evidencie que, por fallas en su planeación, el objeto contractual no podrá ejecutarse. Mucho menos podrán pretender los contratistas, en este último caso, el reconocimiento de derechos económicos puesto que esto sería tanto como aspirar al reconocimiento de una apropiación indebida de los recursos públicos. \ Las condiciones de la teoría de la imprevisión han sido desarrolladas por la jurisprudencia , en la cual se han estudiado los requisitos de procedencia que se concretan en: (i) que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva; (ii) que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que el acontecimiento resulte ser ajeno a la voluntad de las partes

La Sala consideró que el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato no es solo un "acta" o una relación de hechos constatados y cuantificados, toda vez que el balance refleja una o varias decisiones de contenido económico -en cuanto decide el resultado final de la posición acreedora o deudora del contratista frente a la Administración- las cuales necesariamente deben adoptarse en consideración o en aplicación de las reglas del contrato y de la ley al caso particular. A la luz de la Ley 80 de 1993 - y actualmente de la Ley 1150 de 2007- el acto de liquidación unilateral es más que un corte o un estado de cuenta final, por cuanto: i) se debe producir previo un procedimiento en el que se busca acordar, conciliar o transigir sobre la ejecución contractual y ii) incluye una decisión fundada en la debida consideración de los hechos económicos y las reglas del contrato y de la ley para su valoración

La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato. Así la liquidación bilateral es un negocio jurídico mediante el cual se da por terminado otro negocio jurídico estatal precedentemente celebrado que es el contrato estatal que se liquida; la liquidación unilateral es una actuación administrativa posterior a la terminación normal o anormal del contrato que se materializa en un acto administrativo motivado, donde la administración decide unilateralmente realizar el corte final de las cuentas del contrato estatal ya terminado, precisando quién le debe a quien y cuanto y que sólo resulta procedente en tanto no se haya podido realizar la liquidación bilateral, ya sea porque el contratista no se presentó a ésta o porque las partes no llegaron a un acuerdo sobre las cuentas a finiquitar; y la liquidación judicial es aquel balance, finiquito o corte de cuentas que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya podido realizar la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 determinaba (antes de su modificación) que los contratos debían liquidarse dentro del plazo fijado en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia, o dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y al prever, de otro lado, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que si la administración no lo liquidaba dentro de los dos (2) meses que siguen al plazo establecido legal o convencionalmente para ello, el interesado podía acudir ante la jurisdicción dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. Dicho planteamiento ahora se ve reforzado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que establece que "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto…" De acuerdo con el artículo 21 de la ley 640 de 2001, el término de caducidad se suspende desde la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial y hasta un término máximo de tres (3) meses, y que según lo dispuesto en el Parágrafo 2º del artículo 37 de la ley 640 de 2001, cuando se impruebe un acuerdo conciliatorio, la caducidad se suspende desde la fecha de presentación de la solicitud de conciliación prejudicial hasta el día hábil siguiente al de la fecha de ejecutoria de la providencia respectiva

Validez del pacto de cláusulas de terminación unilateral en los contratos del Estado que se rigen por normas de derecho privado. Se ha admitido la posibilidad de que las partes en ejercicio del principio de autonomía dispositiva puedan proceder a pactar cláusulas de terminación unilateral en aquellos contratos del Estado que se rigen por normas de derecho privado con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por supuesto, sin que ello comporte una ruptura de la igualdad, un desequilibrio en este tipo de relaciones negociales, así como tampoco que vaya en contra de normas imperativas, de las buenas costumbres, la buena fe contractual o comporte el ejercicio abusivo de un derecho. Con independencia del nombre que las partes le den a una determinada facultad en el contrato, ello no modifica la naturaleza intrínseca de las mismas, ni los efectos jurídicos. Luego, si lo que ocurre en un determinado asunto es que las partes en ejercicio del principio de autonomía dispositiva convienen en que una de las partes pueda darlo por terminado unilateralmente ante el incumplimiento de la otra, esa estipulación resulta válida, siempre y cuando no vaya en contra de las normas imperativas, las buenas costumbres, la buena fe contractual y no comporte un ejercicio abusivo del derecho. La liquidación unilateral en los contratos del Estado es una actuación administrativa posterior a la terminación normal o anormal del contrato que se materializa en un acto administrativo motivado, mediante el cual la administración decide unilateralmente realizar el corte final de las cuentas del contrato estatal ya terminado, precisando quién le debe a quien y cuanto y que sólo resulta procedente en tanto no se haya podido realizar la liquidación bilateral, ya sea porque el contratista no se presentó a ésta o porque las partes no llegaron a un acuerdo sobre las cuentas a finiquitar

La caducidad de las acciones se ha instituido, jurídico procesalmente, como aquella por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, entendido este como "el derecho de poner en actividad la rama jurisdiccional para que se surta un proceso", su fundamento se encuentra en la necesidad de brindar seguridad jurídica al conglomerado social con el fin de evitar la paralización del tráfico jurídico, por lo que protege, entonces, intereses colectivos y generales. La caducidad puede y debe declararse ex officio por el juzgador o, a solicitud de parte, pero en todo caso, su efecto se produce per ministerium legis sin requerir declaración alguna. El Código Contencioso Administrativo en el artículo 136 establece respecto a la caducidad de la acción de controversias contractuales que el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe interpretarse en concordancia con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que dispone que los dos (2) años para la caducidad la acción de aquellos negocios jurídicos que requieran liquidación, inician a partir del momento en que dicha actuación se realiza, o si esta no se realiza, a partir del término que tenía la entidad contratante para su realización, como se observa en los literales c) y d) de la mencionada norma

El acto de liquidación unilateral del contrato estatal contiene el balance final que compendia las cifras de ejecución del contrato y que determina, con la fuerza propia del acto administrativo, quién debe a quién, cuánto se debe y los conceptos que originan y componen la obligación resultante, de lo cual se puede concluir que en el caso del incumplimiento, al término del contrato, el contenido del acto de liquidación del mismo se constituye en soporte idóneo para la declaratoria del sinestro y para la definición del monto exigible en relación con los amparos de la garantía única otorgada

La acción procedente para impugnar un acto mediante el cual la administración ordena la liquidación unilateral del contrato, cuando ya ha operado la caducidad de la acción contractual es la Nulidad y Restablecimiento del Derecho - El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 establecía que los contratos debían liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y al prever, de otro lado, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que si la administración no lo liquidaba dentro de los dos (2) meses que siguen al plazo establecido legal o convencionalmente para ello, el interesado podía acudir para ese efecto ante la jurisdicción, dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. De acuerdo con el caso en concreto, para la Sala Tercera del Consejo de Estado, es claro que la demandante equivocadamente instauró una acción contractual que ya se encontraba caducada, cuando ha debido instaurar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones proferidas de forma extemporánea por la administración, razón suficiente para declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda

¿Está investido el liquidador de una entidad pública con la facultad de declarar la liquidación unilateral de un contrato? - No, por virtud del artículo 295 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el liquidador estaba investido de funciones administrativas transitorias, lo cierto es que, según se desprende de la misma disposición legal, su ejercicio evidentemente se encontraba reglado. No se puede perder de vista que los actos administrativos para cuya expedición se encontraba facultado, son aquellos directamente relacionados con las decisiones de aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos o decisiones proferidas en ejercicio de función administrativa, tales como las respuestas que debiere proferir a las peticiones presentadas por las personas que se hicieran parte dentro del trámite liquidatorio. No obstante, en lo que toca con los actos de gestión dentro de los cuales se encontraban incorporados los contratos celebrados y ejecutados para impulsar el procedimiento liquidatorio y llevarlo hasta su etapa final, como quedó anotado, no puede comportar en modo alguno el ejercicio de una función administrativa, por manera que las relaciones negociales entabladas por el Liquidador de la entidad pública con el fin prescrito, si bien deben estar permeadas por los principios que orientan todas las actuaciones del Estado, no por tal razón en su ejercicio cuenta con facultades para emplear o acudir a la liquidación unilateral del contrato, que aun cuando no constituye una potestad excepcional, su implementación sin duda corresponde al ejercicio de una función administrativa que en todo caso está reservada para las entidades estatales que celebren contratos sometidos al imperio del Estatuto de Contratación Estatal o a las disposiciones que expresamente lo permitan

Apelación contra de la sentencia proferida con la cual declaró la nulidad de las Resoluciones de caducidad y liquidación unilateral del contrato de obra celebrado por las partes. Contratación estatal. Contrato de obra pública. Régimen legal aplicable. Copias simples. Valor probatorio. Principio de la buena fe. Aplicación. Principio de lealtad procesal. Aplicación. Pliego de condiciones. Ley del proceso de selección y del futuro contrato. Parte integral del contrato. Modificación unilateral de contrato. Contratista. No se configuró. Prevalencia de las reglas del pliego de condiciones sobre los demás documentos del contrato y en particular sobre la minuta

¿El Código Contencioso Administrativo consagra una serie de requisitos que debe cumplir la demanda para que pueda ser admitida por el juez competente. Una vez presentada el funcionario al cual le corresponde por reparto, debe revisarla y confirmar el cumplimiento de la totalidad de estos requisitos y de no reunirlos cuenta con la facultad de inadmitirla? Acción contractual - Inadmisión. Contrato estatal - Incumplimiento. Liquidación unilateral. Acto administrativo - Expedición de copias

¿No se puede dejar de declarar la caducidad por el simple hecho de que el Tribunal no la haya advertido al inicio el proceso, pues si bien eso es lo ideal, puede ocurrir que el juez deba aclarar puntos del proceso para tomar esa decisión. Incluso, la inadvertencia pura y simple del juez no alcanza a interrumpir el término de caducidad? Contrato estatal de obra pública - Obras adicionales. Mora en pago de la administración. Acción contractual - Término de caducidad. Contrato estatal - Liquidación bilateral. Liquidación unilateral

¿Para que la Administración liquide unilateralmente, cuando el contratista no solicita la liquidación judicial, no puede exceder, el término de prescripción o de caducidad de la acción? Contrato estatal de compraventa de bien inmueble - Liquidación unilateral. Término de liquidación unilateral. Acción contractual - Término de caducidad. Término de prescripción. Acto administrativo - Suspensión provisional

Contrato estatal - Nulidad absoluta de la cláusula compromisoria. Inexistencia de objeto ilícito. Desequilibrio financiero - No requiere agotamiento previo de vía gubernativa para su reconocimiento ante juez. Liquidación unilateral de contrato. - Procedencia a pesar de la decisión arbitral relativa al restablecimiento del equilibrio financiero del contrato estatal. Recurso de anulación de laudo arbitral - Naturaleza jurídica. Arbitros - Incompetencia para el juzgamiento de los actos administrativos contractuales

Contrato estatal liquidado ulilateralmente. Demanda aseguradora. Póliza de cumplimiento. Solicitud de suspensión del proceso ejecutivo por prejudicialidad; Prejudicialidad administrativa, inexistencia - Proceso ejecutivo contractual - Resolución de excepciones - Suspensión del proceso ejecutivo - Nuevo tratamiento a partir de la vigencia de la Ley 80 de 1993

Liquidación unilateral del contrato. Competencia temporal de la administración antes de la reforma introducida por la Ley 446 de 1998 a la Ley 80 de 1993. Garantía; cobertura; aprobación por parte de la Administración de la garantía otorgada al contratista. Naturaleza de los contratos de seguro. Competencia jurisdiccional; fuero de atracción

Contrato Estatal, régimen legal aplicable en la celebración y en la ejecución

Caducidad - Evolución legal

Acción contractual - Caducidad - Momento desde el que se cuenta el término

Liquidación - Término

Caducidad de contrato, desviación de poder y falsa motivación - Los actos separables del contrato se controlaban por las otras acciones contencioso administrativas distintas a la contractual - Liquidación de contrato por mutuo acuerdo

Liquidación, legitimación impugnación

Caducidad - Término para declararla

Acta de liquidación final, extemporaneidad