La Sala ha enfatizado en que la conservación del sinalagma prestacional propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y - o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta y que le sirvieron de cimiento. Ha sostenido que dicha equivalencia puede verse afectada ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como "Hecho del Príncipe" o en uso de sus facultades de entidad contratante a través de las potestades excepcionales "Ius variandi", pero que en ningún caso se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante. Igualmente, el legislador ha establecido que dicha equivalencia debe garantizarse a ambas partes, en tanto no constituye un privilegio exclusivo del contratista particular. Por tanto, en el evento de quebrantarse corresponderá adoptar los mecanismos de restablecimiento dispuestos por el legislador y adoptados por las partes, entre ellos, el reajuste de precios

La importancia de la distinción del régimen procedente frente al rompimiento del equilibrio económico de un contrato, si lo es el hecho del príncipe o la teoría de la imprevisión, radica en el hecho de que dependiendo de cuál de los dos sea el llamado a operar, la parte afectada negativamente con el hecho perturbatorio de la ecuación contractual tendrá derecho al reconocimiento integral de los perjuicios (en el caso del hecho del príncipe), o únicamente, habrá lugar al reconocimiento de una compensación, limitada a las pérdidas que haya podido sufrir el cocontratante (caso de la teoría de la imprevisión). En el caso del hecho del príncipe lo que se configura es una responsabilidad contractual sin falta, que es imputable a un hecho de la propia autoridad contratante y que rompe el equilibrio económico del contrato, por lo cual ella está obligada a reconocer tanto el daño emergente como el lucro cesante resultado de ese desequilibrio ocasionado. En cambio, en la teoría de la imprevisión, consiste en situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato que alteran la ecuación financiera sin imposibilitar su ejecución, se contempla el deber de la Administración de concurrir en ayuda del contratista, ya que éste obra como su colaborador y requiere de ese apoyo para concluir con el objeto contractual, en el cual está fincado el interés de la entidad contratante

Desequilibrio e incumplimiento del contrato. La Ley 80 de 1993 en su artículo 27 dispone que si una de las partes de la relación contractual resulta afectada con el rompimiento del equilibrio financiero del contrato puede pedir su restablecimiento para que se adopten las medidas necesarias, a lo cual se adiciona la previsión consignada en el numeral 3 del artículo 4 de la misma Ley 80, por cuya virtud se faculta y se impone el deber a las entidades estatales para reconocer la actualización o revisión de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren el equilibrio económico del contrato. Si bien algunas normas legales vigentes propician ese tratamiento indiscriminado de la figura del incumplimiento contractual como una posible génesis del desbalance de la ecuación contractual, lo cierto es que el instituto del equilibrio económico en la contratación estatal tiene y ha tenido como propósito fundamental la conservación, durante la vida del contrato, de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del nacimiento del vínculo, sin que haya lugar a confundir esa institución con la materia propia de la responsabilidad contractual Esta Sala ha reconocido que el desequilibrio económico puede configurarse en el contrato de interventoría, por ejemplo, en el caso que la entidad estatal imponga una extensión indefinida de las labores del interventor, pero, igualmente, ha observado que debe probarse en el proceso que el contratista interventor asumió la sobre carga económica correspondiente

¿Puede el contratista alegar desequilibrio económico del contrato, cuando las variaciones se derivan de los términos y condiciones aceptadas por él? El contratista también se encuentra sometido al cumplimiento del principio de planeación, por lo cual no puede desconocer los términos y condiciones que aceptó. Dentro del marco de la colaboración que compete al contratista, se encuentra igualmente sometido a respetar el principio de planeación, es decir, el contratista tiene la carga de analizar la suficiencia y consistencia de los estudios previos y de los precios presupuestados, en orden a definir su participación en la licitación y el contenido de su oferta; se entiende que es una carga, en el sentido de que el contratista no podrá desconocer los términos y condiciones que aceptó y mucho menos aquellos que negoció con la entidad pública. Frente a las condiciones de equilibrio económico, se le impone al contratista la fuerza vinculante de sus negociaciones, especialmente cuando estuvo a su cargo la debida planeación de los montos y plazos requeridos para terminar la obra o gestión contratada, de manera que no podrá alegar posteriormente el hecho imprevisto que ya había ocurrido cuando impulsó los requerimientos y los nuevos análisis de precios, para modificar el contrato

Para la Sala, la modalidad de pago a precio o precios fijos sin fórmula de reajuste es poco aceptable, ya que pone en riesgo el mantenimiento de la ecuación financiera del contrato estatal. Así, el hecho de que las partes hayan convenido en el contrato bajo análisis que no habría lugar a reajuste de precios, no impide se a posible exigir en sede judicial, no sin antes demostrar: i) que, efectivamente, hubo una variación en los precios que afectaron el contrato y ii) que el rubro pactado por imprevistos no lo cobijó. Para la Sala es claro que, aun cuando la jurisprudencia de esta corporación ha manifestado que la fluctuación de precios es una circunstancia imprevisible que tiene diversas fuentes y que puede generar el rompimiento del desequilibrio económico de un contrato estatal, lo cierto es que, en el caso en estudio, esa variación de precios no superó el rubro pactado por imprevistos en el respectivo contrato y, en este sentido, no afectó las cargas prestacionales de los contratantes

Restablecimiento de equilibrio económico del contrato por hechos imprevisibles. La ecuación contractual es entendida como aquella equivalencia entre los derechos y las obligaciones que debe existir entre las partes, creada a partir de circunstancias (de índole económica, técnica, fiscal, entre otras) vigentes al momento de la celebración del negocio jurídico. Por regla general, esta figura se manifiesta en los contratos de tracto sucesivo, en los que las prestaciones se van realizando en un lapso más o menos largo, por ejemplo, en los contratos de suministro, de prestación de servicios o de obra pública, en los cuales hechos sobrevinientes a la celebración del contrato pueden afectar de manera grave el cumplimiento de las obligaciones, haciéndolo más gravoso para una de ellas. Para que opere la teoría de la imprevisión, como causa que da lugar al restablecimiento económico del contrato, se exige la concurrencia de los siguientes requisitos i). Con posterioridad a la celebración del contrato se presenten hechos extraordinarios e imprevistos no atribuibles a ninguna de las partes. i). La alteración anormal y grave de la ecuación económica del negocio jurídico. iii). Supuesto fáctico no haya sido razonablemente previsible por las partes. iv). La circunstancia imprevista dificulte la ejecución de las obligaciones

El denominado hecho del príncipe corresponde a una actuación legítima de la Administración, aunque no como parte del contrato. Consiste en el rompimiento del equilibrio económico del contrato que se presenta con ocasión de la expedición, imprevista y posterior a la celebración del contrato estatal, de medidas de carácter general y abstracto por parte de la entidad estatal contratante, que de manera indirecta o refleja afectan la ecuación contractual y hacen más gravosa la situación del contratista; se trata de actos que profiere la Administración, en su calidad de autoridad estatal, en ejercicio de sus propias funciones, y no como parte contratante en el negocio jurídico, pero que, sin embargo, tienen incidencia indirecta en el contrato y afectan su ecuación, ocasionando una alteración extraordinaria o anormal de la misma, que se traduce en un detrimento de los intereses económicos del contratista. Debe tratarse de una afectación grave, que sobrepase el área normal de todo negocio, para que surja el derecho de la parte afectada a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en tal forma, que se restituya la equivalencia de prestaciones que existía originalmente. En estos casos, el contratista afectado tiene derecho a una indemnización integral, es decir que se deben reconocer no sólo los mayores costos y la utilidad que dejó de percibir el contratante, sino además todos aquellos perjuicios que sufra con ocasión de esa medida general que afectó la ecuación contractual, por cuanto dicha medida, resulta ser un hecho imputable a la Administración, ya que de todas maneras, así no haya sido de manera culposa ni actuando como parte en el contrato, fue la misma entidad contratante quien con su actuación causó la afectación al contratista

¿Es imputable al Estado, el desequilibrio económico derivado del presunto incumplimiento del contrato respecto de las condiciones previstas y aceptadas en la etapa previa a la celebración contractual? En virtud del contrato de "Refinería de Sal" la contratada se vio imposibilitada a dar cumplimiento a las obligaciones pactadas, por lo que las partes suscribieron un acuerdo modificatorio en el que acordaron medidas transitorias, no obstante, ante el persistente incumplimiento, las contratantes declararon la caducidad del contrato, ordenaron su terminación y liquidación e impusieron la sanción pecuniaria que se ordenó hacer efectiva a través de la póliza constituida. En tal virtud, se emitieron los actos administrativos de liquidación unilateral y del monto total de la deuda y de los recursos que los confirmaron. La configuración de la responsabilidad contractual no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto negocial, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia y sus anexos y modificaciones que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. La Sala no encuentra censura en la limitación del objeto de la sociedad conformada, pues claramente la descripción del mismo en los términos inicialmente previstos escapaba a la naturaleza de las actividades que sirvieron de base a la convocatoria como a las comprendidas en la oferta presentada por la unión temporal adjudicataria y que se circunscribían a la explotación de la refinería de sal e instalaciones complementarias a través de la producción, empaque y comercialización de sal para consumo humano

Desequilibrio económico del contrato. La ruptura del equilibrio económico del contrato debe probarse por la parte que la alega, demostrando: i) las causas y ii) el efecto económico correspondiente. Por ello, el análisis de la prueba del desequilibrio pasa por identificar la ecuación económica que gobernó el contrato, el factor de desfase en su ejecución y la causalidad entre los hechos que originan las alteraciones y el efectivo desbalance de las prestaciones a cargo de las partes, representadas en la ecuación económica. Se agrega que para salir avante con las pretensiones por concepto de desequilibrio económico del contrato es preciso probar: iii) la imputación del desbalance financiero a las conductas o cargas de la parte contra la que se pretende la condena correspondiente

Desequilibrio económico del contrato. Por medio del contrato estatal se persigue la prestación de los servicios públicos y por ende la satisfacción de intereses de carácter general, propósitos estos que finalmente conducen a que la ejecución del objeto contractual sea una de las cuestiones fundamentales en la contratación del estado. La ley ha previsto diversos mecanismos para conjurar aquellos factores o contingencias que puedan determinar la inejecución de lo pactado, destacándose dentro de ellos el reajuste de los precios convenidos de tal manera que al mantenerse el valor real durante el plazo negocial, el contratista pueda cumplir con sus obligaciones y se satisfaga entonces el interés general mediante la prestación del servicio público. Este deber de restablecimiento del equilibrio económico se encuentra normativamente previsto en los numerales 3º y 8º del artículo 4º, en el numeral 1º del artículo 5º y en el artículo 27, todos de la Ley 80 de 1993

Equilibrio contractual y financiero del contrato estatal; formas de corrección o ajuste. La ley ha previsto diversos mecanismos para conjurar aquellos factores o contingencias que puedan determinar la inejecución de lo pactado, destacándose dentro de ellos el reajuste de los precios convenidos de tal manera que al mantenerse el valor real durante el plazo negocial, el contratista pueda cumplir con sus obligaciones y se satisfaga entonces el interés general mediante la prestación del servicio público. Siendo esto así, "la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse", num. 3 y 8 artículo 4º, en el num. 1 artículo 5 y en el artículo 27, de la Ley 80 de 1993

Se entiende que la ruptura del equilibrio económico por la teoría de la imprevisión se produce cuando un determinado contrato o relación jurídica que se supone que se celebró o surgió con prestaciones conmutativas o simétricas, o que las partes dieron por sentado que así fue, en su ejecución se descompensan o se desequilibran, generando una carga excesiva para uno de los cocontratantes ante el advenimiento de hechos o circunstancias sobrevinientes, extraordinarias e imprevistas a la fecha de su celebración. Así son varios los elementos que dan lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión. No cualquier imposibilidad tiene la virtualidad de liberar al deudor o de extinguir la obligación a su cargo, pues la causa que dé lugar a esa situación debe ser: i) sobrevenida, es decir, que el deudor no tenga conocimiento o no hubiera podido prever su ocurrencia al momento de celebrar el contrato o negocio jurídico; ii) Definitiva, es decir, que sus efectos o consecuencias no puedan ser asumidos o sorteados a través de otros mecanismos desde el inicio de la ejecución del contrato; iii) Objetiva, es decir, que no se ocasione por una mera dificultad subjetiva, personal o económica del deudor, sino que sea totalmente ajena a su voluntad y; iv) que sea imprevisible e inevitable para éste, es decir, que el deudor no haya podido contemplar su advenimiento previamente a su ocurrencia y que no haya sido posible evitar o menguar sus consecuencias o efectos

Se estableció que el sólo transcurrir el paso del tiempo no da origen a una ruptura del equilibrio económico del contrato. Se debe acreditar "los mayores costos en los cuales el contratista incurrió, producto de la mayor permanencia". Se reiteró la imposibilidad de valorar, como prueba documental, las actas de conciliación extrajudicial y la conciliación de las entidades estatales. Con la Ley 1285 de 2009, la exigencia de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad cobró pleno vigor para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en ejercicio de alguna de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 C.C.A. Resulta de la esencia del agotamiento de la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, que se presente la solicitud respectiva ante el Ministerio Público, con expresa invocación tanto de las pretensiones elevadas por el convocante, como de los supuestos fácticos en que se apoyan. Esto, con el propósito de identificar la coincidencia que debe existir entre los hechos y pretensiones que se contienden tanto en la etapa conciliatoria como en la instancia judicial. Esta Sección ha sentado su postura acerca de la imposibilidad de valorar las actas de conciliación extrajudicial o las actas del comité de defensa y conciliación de las entidades públicas, como una prueba documental con la virtualidad de acreditar, por cuenta de su contenido, la efectiva ocurrencia de los supuestos de hecho en que se fundamentan las pretensiones o en las que se apoya su defensa, consideraciones que en este caso y por las mismas razones que allí se han expuesto deben hacerse extensivas al caso concreto

A través de la acción de controversias contractuales, la sociedad Hansacol Trading S.A. pretende que se declare el incumplimiento y el desequilibrio contractual en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, dentro del marco del contrato de compraventa. Es claro que la entidad demandada no pagó la totalidad del valor de los sables, aun cuando los recibió a satisfacción, ya que la suma retenida al contratista por concepto de IVA, no le fue cancelada. El pago para que sea válido debe hacerse al acreedor o a la persona que la ley o el juez autoricen recibir por él, o a la persona elegida por el acreedor (artículo 1.634 del C.Civil). Igualmente, si el pago se hace a una persona diferente del acreedor, éste deberá ratificarlo de modo expreso o tácito (artículo 1.635 del C.Civil). En el sub lite, el pago se efectuó a la DIAN y no al acreedor; de manera que la demandada incumplió el contrato, en tanto la obligación principal del comprador es la de pagar el precio convenido (artículo 1.928 del C.Civil y 947 del C.Comercio); ahora, es inaceptable que la entidad demandada pretendiera trasladar esa obligación a su contratista, cuando le exigió que tramitara la devolución del IVA, toda vez que ese compromiso es naturalmente del comprador. En todo caso, la compradora se obligó contractualmente a pagar una suma total y no lo hizo. De suerte que se le imponía buscar las alternativas pertinentes para honrar esa obligación, so pena de inscribirse en el incumplimiento que actualmente se le endilga. En consecuencia, se declarará el incumplimiento de la obligación de pago y el pago de los perjuicios. En suma, el valor total a reconocer por incumplimiento por la no devolución de lo retenido por IVA por parte de la demandada al contratista será la que resulta de sumar el valor actualizado más los intereses moratorios

El artículo 27 del estatuto de contratación desarrolla el principio de equilibrio económico del contrato, que busca asegurar el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones convenidas por las partes, para el cumplimiento del objeto negocial, "de manera que si se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento, so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal equilibrio". Los requisitos para la configuración del desequilibrio económico del contrato bajo la teoría de la imprevisión son: 1º. Que con posterioridad a la celebración del contrato, se haya presentado un hecho extraordinario e imprevisto, ajeno a las partes, es decir no atribuible a ninguna de ellas; 2º. Que ese hecho altere de manera anormal y grave la ecuación económica del contrato, es decir que constituya un álea extraordinaria, que hace mucho más onerosa su ejecución para una de las partes; 3º. Que esa nueva circunstancia, no hubiere sido razonablemente previsible por las partes; 4º. Que esa circunstancia imprevista, dificulte la ejecución del contrato, pero no la imposibilite

La figura del equilibrio económico del contrato se funda en la relación de equivalencia de las prestaciones que surge al momento de su celebración, en virtud de la cual se ven como simétricas y consonantes las obligaciones asumidas por cada una de las partes frente a las de la otra; el legislador protege ese equilibrio prestacional, que se debe mantener a lo largo de la ejecución contractual, tal y como lo dispone el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Ahora bien, esa ecuación económica inicial, se puede ver afectada por situaciones imprevistas e imprevisibles, sucedidas con posterioridad a la celebración del contrato y ajenas a la parte afectada, lo que le dará derecho a reclamar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, siempre que a su vez, haya cumplido con las propias obligaciones, puesto que dichas circunstancias, si no han impedido de forma absoluta la ejecución del contrato -como sucede con la fuerza mayor- sino que la han hecho más onerosa, no pueden alegarse como causal justificativa del incumplimiento contractual y por lo tanto, el contratista estará impelido a ejecutar cabalmente las prestaciones a su cargo en la forma pactada. No resulta procedente que la entidad, de manera unilateral, proceda a modificar estipulaciones del negocio jurídico y a introducir cambios distintos al de aumentar o disminuir las prestaciones, siempre y cuando respecto de ellos, se cumpla la exigencia más importante que da lugar al ejercicio de esta facultad, cual es la necesidad de adecuar el contrato a las circunstancias surgidas, de cara a la satisfacción del interés general, sin perder de vista en tal caso, que la justificación del ejercicio del ius variandi es la primera y más importante limitación al mismo, por lo que se requiere que la "finalidad" alegada para introducir la modificación sea cierta, sincera, verdadera, y no encubra una traición al fin legal, determinante de una "desviación de poder" y siempre que el ejercicio del ius variandi en tal caso, no afecte los derechos del contratista que la ley protege, como son los atinentes a su remuneración y al mantenimiento del equilibrio económico del contrato

¿Todo sobrecosto, pérdida o la no obtención de utilidades por parte del contratista genera un desequilibrio financiero del contrato sin que se tenga en cuenta el grado de alteración de la ecuación contractual? Para evaluar la reclamación por concepto de desequilibrio económico del contrato conviene identificar: i) la ecuación financiera del contrato, es decir, el entendimiento de la fórmula de precio y la distribución de cargas - y riesgos- a cargo de cada una de las partes; ii) la ocurrencia de los hechos que se alegan como origen al supuesto desequilibrio económico del contrato y iii) la afectación económica que el contratista adujo haber sufrido. No todo sobrecosto ni toda pérdida implica necesariamente la ruptura del balance financiero del contrato, toda vez que ello depende del grado de alteración de la ecuación contractual, en la cual suele incorporarse un riesgo propio de la ejecución del contrato. El rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si estos son propios del álea normal del contrato, puesto que se requiere que la afectación sea extraordinaria y afecte de manera grave, desproporcionada y significativa la equivalencia entre derechos y obligaciones convenida por las partes al celebrar el contrato

Puede tratarse de un contrato estatal sometido al imperio del Estatuto de Contratación Estatal o de aquellos que por corresponder a una regla de excepción a su aplicación se encuentre sometido a las normas del derecho privado o a disposiciones especiales, la equivalencia económica de las prestaciones contractuales constituye un principio medular que se encuentra inmerso en la contratación estatal y en varias disposiciones del derecho privado, razón por la cual debe estar presente en todas las relaciones negociales, máxime cuando uno de los extremos que la integran es una entidad de naturaleza estatal por cuya intervención se desprende que el negocio envuelve una finalidad pública, de manera que por vía de principio el equilibrio económico del contrato también está llamado a permear las relaciones contractuales sometidas al régimen de los particulares en donde una de ellas sea una persona jurídica de derecho público. En cuanto al desequilibrio contractual, conviene aclarar que para el contrato en estudio, el pago del servicio prestado pasaba por la obtención de utilidades y se mantenía en suspenso hasta que estas se produjeran, sin que ninguna cláusula hubiera condicionado la prestación del servicio o la resolución del contrato por la falta de pago, en la forma como quedó pactado. Por el contrario, las partes aceptaron el suspenso del pago ante la falta de utilidades. En esos términos, no se trata de una prestación gratuita del servicio, toda vez que este se cobraría de conformidad con las tarifas correspondientes, tan pronto se produjeran las utilidades de las acciones que tiene la demandada en la demandante. En esos términos, no puede considerarse ese pacto contrario per se al ordenamiento jurídico, puesto que surgió como fruto de la autonomía de la voluntad de las partes y dentro de los cauces legales

Las figuras de ruptura del equilibrio económico del contrato y del incumplimiento contractual no son lo mismo; en efecto, la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del sinalagma funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su co-contratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes. El equilibrio puede verse alterado por actos y hechos de la administración o por factores externos o extraños a las partes involucradas en la relación contractual. A los primeros se les denomina "hecho del príncipe" y "potestas ius variandi" (álea administrativa), mientras que a los supuestos que emergen de la segunda fuente se les enmarca dentro de la denominada "teoría de la imprevisión" y, paralelamente, en la "teoría de la previsibilidad". La fractura del equilibrio económico da lugar al restablecimiento del sinalagma funcional pactado al momento de proponer o contratar, según el caso, mientras que el incumplimiento da derecho, en algunos casos, a la ejecución forzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos supuestos, a la reparación integral de los perjuicios, tanto patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) como extrapatrimoniales, tal como lo disponen el artículo 90 de la Constitución Política (cuando el incumplimiento sea imputable a las entidades estatales) y los artículos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998

Falta de prueba idónea del vínculo entre la situación fáctica alegada y el desajuste o ruptura grave del equilibrio económico del contrato \ Elementos esenciales del acto administrativo \ Principio de legalidad y presunción de legalidad de los actos administrativos \El principio del equilibrio económico y la conmutatividad o reciprocidad negocial en los contratos estatales \ El principio de planeación y el análisis de los precios del mercado en los procesos de selección del contratista

¿Qué debe probar un contratista para que probar el desequilibrio económico causado en un contrato? -Ha dicho el Consejo de Estado que no basta con probar que el Estado -entidad contratante u otra autoridad- profirió una medida de carácter general mediante la cual impuso un nuevo tributo, y que el mismo cobijó al contratista, que tuvo que pagarlo o se vio sometido a su descuento por parte de la entidad contratante, sino que además, para que resulte admisible el restablecimiento de tal equilibrio económico del contrato, debe probar que esos descuentos, representaron un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab-initio, que se sale de toda previsión y que le representó una mayor onerosidad de la calculada y el tener que asumir cargas excesivas, exageradas, que no está obligado a soportar, porque se trata de una alteración extraordinaria del álea del contrato; y esto es así, por cuanto no cualquier trastorno o variación de las expectativas que tenía el contratista respecto de los resultados económicos del contrato, constituyen rompimiento del equilibrio económico del mismo, existiendo siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él

Acta de liquidación final del contrato. Desequilibrio contractual en contra de la sociedad contratista. Pago por concepto de las obras adicionales. Concepto. Objetivo. Contenido. Salvedades. Objetivo de la liquidación final de los contratos de la Administración y la oportunidad para formular las reclamaciones pertinentes. Equilibrio del contrato en los contratos de obra a precio global. Liquidación de intereses a falta de estipulación contractual. Interés legal civil. Contrato estatal. Ley vigente al tiempo de su celebración

Cuando se incumpliera en forma "grave" el contrato por la contratista, ante lo pactado como condición resolutoria expresa, estaba la entidad en libertad de resolver el contrato o insistir en su cumplimiento con el correspondiente pago de liquidación de daños y perjuicios acordada en él mismo. La ruptura de la ecuación financiera de cualquier contrato puede verse alterada por actos o hechos de uno de los contratantes, como cuando uno de ellos no cumple con las obligaciones derivadas del contrato; o por factores exógenos a las partes del negocio o "teoría de la imprevisión". Acción contractual. Contrato estatal de obra - Incumplimiento del contratante. Liquidación unilateral. Pacto comisorio. Rescisión unilateral. Equilibrio financiero. Proceso contencioso adminisrtativo - Conciliación judicial

El proceso ejecutivo tiene su fundamento en la efectividad del derecho que tiene el demandante de reclamar del ejecutado el cumplimiento de una obligación clara expresa y exigible, motivo por el cual para iniciar una ejecución es necesario entrar a revisar el fundamento de la misma, esto es el título ejecutivo. Cuando el contrato ha sido liquidado, cualquier proceso ejecutivo en relación con el mismo ha de adelantarse sobre esa liquidación final, que bien puede constar en un acta, para cuando se logró de mutuo acuerdo ó, en el acto administrativo cuando se acude al procedimiento de la liquidación unilateral. Proceso ejecutivo contractual - Título ejecutivo. Título ejecutivo complejo. Contrato estatal - Acta de liquidación. Liquidación

Rompimiento de la ecuación económica del contrato de concesión. Pliego de condiciones, términos de referencia o bases de la contratación directa, son el fundamento indispensable para determinar la ecuación económica del contrato.

¿La Ley 472 de 1998 no previó la procedencia de las acciones populares para cuestionar los fundamentos de las consideraciones de un juez ordinario o excepcional? Laudo arbitral - Contrato estatal de obra - Reajuste de precios. Tribunal de arbitramento. Conciliación. Acción popular

Acción contractual. Contrato estatal - Excepción de contrato no cumplido. Renuncia tácita a la cláusula compromisoria

Contrato estatal - Nulidad absoluta de la cláusula compromisoria. Inexistencia de objeto ilícito. Desequilibrio financiero - No requiere agotamiento previo de vía gubernativa para su reconocimiento ante juez. Liquidación unilateral de contrato. - Procedencia a pesar de la decisión arbitral relativa al restablecimiento del equilibrio financiero del contrato estatal. Recurso de anulación de laudo arbitral - Naturaleza jurídica. Arbitros - Incompetencia para el juzgamiento de los actos administrativos contractuales

Equilibrio económico y financiero del contrato. Actos de la administración como estado o hecho del príncipe. Casos en que lo afectan . Contrato de mantenimiento de vías; pago del IVA a partir de la vigencia de la ley 104 de 1993. Contrato inicial no afectado por el IVA, pero sí en la fecha de los demás contratos adicionales. La fijación de nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes con carácter general constituye un ejemplo de hecho del príncipe; dicha circunstancia no opera de manera automática, sino que, debe establecerse en cada caso

Reestablecimiento de desequilibrio económico; aprobación de cuentas que contienen imprevistos - Acuerdo conciliatorio, celebración de conciliación prejudicial

PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS - Definición. CONCILIACION PREJUDICIAL - Aprobación judicial. IMPROBACION DE ACUERDO CONCILIATORIO - Control integral de legalidad

Desequilibrio financiero del contrato, inexistencia de pruebas; ecuación económica del contrato, fórmulas

Equilibrio financiero del contrato. Tratamiento legislativo en el Decreto 222 de 1983 y el Decreto 01 de 1984. Reajuste y revisión de precios

Contrato de obra. Equilibrio patrimonial. Condena en abstracto; improcedencia - Incidente de regulación de perjuicios; objeto - Indexación; hecho de notoriedad pública lo constituye para el juzgador la pérdida del valor adquisitivo de la moneda

Procesos ejecutivos derivados de contratos estatales - Competencian

Compra venta estatal - Lesión enorme - Procedencia - Competencia

Acción contractual - Caducidad - Momento desde el que se cuenta el término

Equilibrio financiero

Equilibrio financiero - Generalidades