El Consejo de Estado exoneró a la Rama Judicial de responsabilidad patrimonial, frente a los perjuicios que sufrieron dos deudoras del sistema de UPAC por un proceso ejecutivo que terminó con el remate de su vivienda. Los hechos que dieron lugar a esta acción tuvieron origen en una demanda ejecutiva que interpuso el banco Conavi en contra de dos hermanas, con la intención de que las deudoras pagaran las obligaciones de un crédito hipotecario de más de 44 millones de pesos. Las interpretaciones legales y jurisprudenciales sobre este nuevo sistema de financiación de crédito de vivienda establecían que los procesos ejecutivos contra los deudores del UPAC que estuvieran morosos al 31 de diciembre de 1999 debían ser archivados tras la reliquidación de las obligaciones. Dado que en este caso no se puso fin a la ejecución y se remató el bien las deudoras interpusieron la demanda de reparación directa. La alta corte negó las pretensiones, al concluir que en este proceso ejecutivo no se incurrió en un error judicial. A su juicio, no era irracional que los jueces continuaran con los procesos ejecutivos de los deudores del UPAC que se encontraran en mora al 31 de diciembre de 1999, pues la Corte Constitucional y la Corte Suprema habían abierto esa posibilidad en la época en la que se produjo el fallo de este proceso ejecutivo, en septiembre del 2003

Los particulares pueden reclamar los perjuicios derivados de error judicial de las Altas Cortes, cuando éstas se declaran inhibidas de fallar con fundamento en dicho error y como consecuencia, dichos demandantes pierden la oportunidad de obtener un fallo favorable a sus intereses. En los procesos de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, además de demostrar el error judicial la parte demandante tiene la carga de individualizar con precisión el perjuicio cuya indemnización pretende. Dicho perjuicio no puede coincidir con la pretensión formulada en el proceso en el cual se dictó la providencia acusada de incurrir en el error, porque dicha providencia hizo tránsito a cosa juzgada y lo que se puede solicitar en este proceso es la reparación del daño sufrido como consecuencia de tal decisión. En el presente caso la Sala advierte la existencia de una circunstancia particular porque la providencia acusada de error judicial contiene una decisión inhibitoria que al no pronunciarse sobre el fondo no hace tránsito a cosa juzgada, aspecto regulado expresamente en el numeral 4 del artículo 333 del CPC. Cuando la providencia acusada de error jurisdiccional no hace tránsito a cosa juzgada, la parte actora solo podría reclamar la pérdida de una oportunidad para lo cual tendría la carga de demostrar que la perdió definitivamente como consecuencia de la providencia apelada y exponer las razones que permitan concluir que tenía serias expectativas de obtener una decisión favorable a sus intereses

El error jurisdiccional como escenario de responsabilidad está previsto en la Ley 270 de 1996, que en el artículo 65 establece que quien haya sido víctima de un error de esta naturaleza podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. El artículo 66 definió el error jurisdiccional como aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, que se materializa a través de una providencia contraria a la ley. La Corte Constitucional condicionó su constitucionalidad a que dicho error se materialice en una providencia judicial y a que encuadre dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una "vía de hecho". Tal como quedó después de su condicionamiento, el estudio de responsabilidad debe realizarse desde una perspectiva funcional, que reconoce la autonomía del juez. Por ello, el error jurisdiccional no corresponde a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que debe enmarcarse en "una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso". El artículo 67 de la misma ley dispone que, para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. Los "recursos de ley" deben entenderse como los recursos ordinarios de impugnación de providencias, que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios y que no requieren de la presentación de una demanda adicional

Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. La Fiscalía General de la Nación no realizó ninguna actuación tendiente a verificar el lugar donde fueron depositados los elementos incautados que fueron puestos a su disposición, así como su cantidad y características, con el fin de garantizar que se devolvieran en el mismo estado en que fueron aprehendidos. la Fiscalía Local de Ciénaga omitió adelantar la diligencia de inspección judicial e inventariar los elementos materiales que se dejaron a su disposición, y que en ese momento resultaban de utilidad para el esclarecimiento de la posible conducta punible, así como adoptar las medidas necesarias para su conservación y correcta destinación, hasta que se concluyera la investigación y se ordenara la entrega definitiva de los mismos. Siendo así, resulta evidente que existía para la Fiscalía la obligación de garantizar el adecuado manejo y administración de los bienes muebles puestos a su disposición; por tanto, debió insistir en la verificación detallada de cada elemento incautado, para garantizar así la cadena de custodia. La Fiscalía tenía la obligación de garantizar la adecuada conservación y administración de los bienes puestos a su disposición, deber que debía prolongarse hasta que ordenara la entrega definitiva a favor de la persona que demostrara su propiedad, tenencia o posesión, lo que, a juicio de la Sala, incluía adoptar de manera oportuna las medidas tendientes a identificar detalladamente los elementos objeto de investigación, actuaciones que fueron omitidas por la entidad accionada

Se condenó al Estado con motivo de una orden judicial que concedió la custodia y cuidado personal de una menor de edad a su madre, y autorizó su salida del país, por cuanto se constituyó una vía de hecho al separar de manera injusta al menor de su núcleo familiar. El error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada de los medios probatorios que obraban en el proceso o la inobservancia de un elemento normativo decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la incorrecta aplicación de la disposición jurídica al caso de su conocimiento y a proferir en aquella una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico. Los demandantes sufrieron la vulneración del derecho a no ser separados de su familia y a no sufrir injerencias ilícitas y arbitrarias en su vida familiar, consagrado en el artículo 44 de la Constitución y artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y como consecuencia del error judicial en el que, como advirtiera la Corte Suprema, incurrió el juzgado de familia, razones que llevan a esta Sala a considerar que el daño reclamado debe ser reparado por la Nación-Rama Judicial. La sentencia objeto de cuestionamiento fundamentó su decisión en el hecho de que el padre ejercía una influencia negativa en sus hijos en relación con la imagen de su madre y decidió quitarle la custodia y cuidado personal de la menor, porque aquella aún no se encontraba totalmente contaminada por ese influjo

El artículo 66 de la Ley 270 de 1996, que definió el error judicial, como aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. En lo que se refiere a los presupuestos para la configuración del error jurisdiccional, el artículo 67 ejusdem, estableció los siguientes: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación injusta de la libertad de imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva del error deberá estar en firme. Los anteriores eventos se justifican de acuerdo a la jurisprudencia contencioso administrativa, el primero, en el deber de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, para que la misma pueda enmendar su equivocación; y el segundo, la jurisprudencia de esta Corporación lo precisó útil a efecto de precisar la certeza del daño, pues cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional

¿El Consejo de Estado cómo ha definido el error jurisdiccional? Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No. 36511 de 14 de julio de 2017, C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. El error jurisdiccional se ha definido como el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas resoluciones judiciales mediante las cuales se interpreta y aplica el Derecho. Asimismo, ha establecido que el error jurisdiccional como título de imputación de responsabilidad del Estado se presenta siempre que una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado. Se debe precisar que dicho error requiere de ser cometido por una autoridad jurisdiccional y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; que ocurra dentro de un proceso judicial y se materialice en una providencia judicial; y que tenga la intensidad suficiente para que la providencia que lo contiene devenga contraria al ordenamiento jurídico. Este error puede ser de diversos tipos: un error de hecho, que implica una equivoca percepción respecto de las personas, respecto de la naturaleza de la decisión judicial, en cuanto al objeto de la decisión y a los motivos de la misma. De otra parte, el error puede ser derecho, el que se concreta en modalidades específicas: violación directa del orden positivo; falsa interpretación del orden positivo; errónea interpretación del orden positivo; y violación por aplicación indebida del orden positivo"

Se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional, cuando se atribuyen falencias en las que se haya incurrido al momento de dictar providencias judiciales por medio de las cuales se haya interpretado, declarado o hecho efectivo un derecho subjetivo

¿Se configura error judicial cuando un juez no aplica la ley vigente o desatienden injustificadamente los precedentes jurisprudenciales? La responsabilidad del Estado por el hecho del juez comporta el desconocimiento de obligaciones y deberes de mayor alcance y envergadura, que diferencias en la interpretación, ya sea porque no se aplica la ley vigente, se desatienden injustificadamente los precedentes jurisprudenciales, los principios que integran la materia o los imperativos que rigen el debido proceso, al punto de negar injustificadamente el derecho. Se trata de una responsabilidad que no demandauna decisión arbitrariamente contraria a derecho, aunque de darse, esta indudablemente causa daño y asimismo responsabilidad. Se colige, entonces, que toda decisión arbitraria genera responsabilidad y que la arbitrariedad no es el único presupuesto de la responsabilidad

El Estado es responsable patrimonialmente de todo daño antijurídico causado por la acción u omisión de las autoridades públicas - En efecto, el artículo 90 constitucional no excluyó a ninguna autoridad pública de la posibilidad de ocasionar un daño antijurídico, el cual, como se ha explicado, parte de reconocer que, si bien los asociados habrán de soportar ciertas cargas, cuando ello no ocurre así, es decir, cuando la lesión del interés, imputable a un agente estatal, sea este patrimonial o extramatrimonial, no tendría que haberse presentado, las pretensiones de reparación deben prosperar. En ese orden, se impone reconocer que, independientemente de la jerarquía, en el Estado social de derecho, toda autoridad pública está potencialmente expuesta a generar un daño antijurídico, que ningún asociado está obligado soportar. En ese sentido, que el daño provenga de una Alta Corporación judicial, no constituye en una razón suficiente para exonerar al Estado de responsabilidad

Unificación jurisprudencial en relación con el régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación de la libertad de las personas sujetas a detención preventiva dentro de un proceso penal, a quienes posteriormente se exonera de responsabilidad mediante sentencia absolutoria o pronunciamiento equivalente - principio in dubio pro reo-. La procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado

¿Pueda declararse la responsabilidad del Estado con fundamento en el error jurisdiccional de las altas corporaciones de la Rama Judicial? -Sí, de acuerdo con el Consejo de Estado las razones para que sea así son: Primero, que en el artículo 90 de la Constitución se no hacen distinciones y es allí en donde se establece que todas las autoridades que ejercen función pública, pueden determinar con sus acciones u omisiones la responsabilidad del Estado. Segundo, el juicio es el de la responsabilidad del Estado y no comporta la reapertura del proceso definido en la providencia cuestionada. Tiene por objeto la verificación del derecho o interés lesionado y de la imputación del mismo al Estado, con fundamento en lo cual habrá de declararse la misma y de disponerse la reparación de los perjuicios causados. El juicio de responsabilidad recae sobre la actuación del juez en ejercicio de sus funciones y sobre la configuración del daño; no comporta el renacimiento de un proceso ya terminado. Así también porque la decisión del juez contencioso administrativo no comprende la modificación o alteración de lo dispuesto en el juicio materia de la providencia acusada. Además, las altas cortes no son infalibles así se deduce de la consagración legal de recursos extraordinarios y de lo expuesto por la Corte Constitucional al conocer de las tutelas contra providencias judiciales proferidas por las altas cortes. Por último al ser el Consejo de Estado el tribunal supremo de lo contencioso administrativo y como corporación judicial competente para juzgar la responsabilidad del Estado, no está limitado por la investidura del juez que incurre en error judicial

Desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental (artículo 28 C.P.) que sólo admite limitación en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Regulación de la presunción de inocencia. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Evolución jurisprudencia respecto de la interpretación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Representación judicial de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial. Tanto el Director Ejecutivo de Administración Judicial como el Fiscal General de la Nación pueden representar judicialmente a la Nación. La Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución. Corolario de esa autonomía es que las condenas que se profieran contra la Nación, por las actuaciones realizadas por la Fiscalía, deberán ser cumplidas o pagadas con el presupuesto de ésta.

Supuestos para la configuración del error judicial. El juez penal del circuito tenía la obligación legal y el deber constitucional de mantener las condiciones del apelante único y no hacer más gravosa su situación, por lo tanto, le correspondía revisar íntegramente la sentencia apelada, especialmente en lo relativo a la negativa de aplicarle al condenado el subrogado penal como quiera que es un beneficio que, si se cumplen ciertos requisitos, debe ser concedido.

Se ha reiterado el carácter injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y, por consiguiente, se sostuvo que frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resultaba indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado - se dijo - no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo. Acción de reparación directa. Delito de peculado por apropiación. Proceso penal - Medida cautelar de detención preventiva. Privación injusta de la libertad. Error judicial. Daño emergente. Lucro cesante

Acción de reparación directa por error judicial. Legitimación en la causa por pasiva - Representación de la rama judicial. Diferencia entre responsabilidad del Estado y responsabilidad personal del agente. Responsabilidad personal del magistrado. Error inexcusable. La acción de repetición es diferente de la responsabilidad patrimonial del funcionario. Error judicial en altas cortes. Vía de hecho diferente del error judicial. Carga de la prueba en error judicial. Procedencia de la condena en costas.

Error judicial - Indebida aplicación de normas procesales y probatorias en proceso judicial. Juez penal - Inexistencia de indicio grave de responsabilidad para dictar resolución de acusación. Proceso de responsabilidad del estado - Por error judicial