Término de caducidad del medio de control de reparación directa con fundamento en la omisión administrativa. La Sección reiteró en relación con la forma como debe operar el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa por causa del daño que se origina en una omisión administrativa, que dicho término debe contarse desde el momento en que se incumpla la obligación legal, siempre que ese incumplimiento coincida con la producción del daño, pues en caso contrario, será a partir de dicha existencia o manifestación fáctica del mismo. Se explicó que también puede ocurrir que el daño no sea de aquellos que se producen de manera instantánea, sino de los que se prolongan en el tiempo, pero ello no implica que el término de caducidad se postergue indefinidamente, ya que se afectaría la seguridad jurídica y otro asunto resulta cuando el demandante solo tuvo conocimiento del daño, tiempo después de la ocurrencia de la omisión, el término deberá contarse a partir de la fecha en que la persona tuvo conocimiento del daño, evento en el que aplica la regla mencionada sobre el conocimiento posterior del daño. Se debe diferenciar el daño continuado o de tracto sucesivo, del hecho dañoso y de los daños de naturaleza inmediata que se agrava o cuyos efectos o perjuicios se prolongan en el tiempo, comoquiera que, en estos casos, el menoscabo se concreta ipso facto en un momento determinado, y es a partir del hecho dañoso que lo causa o desde que se conoció el daño, que el término de caducidad debe empezar a computarse

La Sala concluyo que tratándose de la caducidad en asuntos de reparación directa por fallas del servicio médico-sanitarios así: i) El término de caducidad es constitucional, garantiza la seguridad jurídica. ii) No existe términos de caducidad que se prolonguen indefinidamente en el tiempo. iii) Cumplir con la demanda en tiempo constituye una carga procesal del demandante, cuya desatención genera consecuencias negativas. iv) La regla general es que el cómputo del plazo de los dos años inicia a partir del día siguiente a la fecha de ocurrencia del hecho u omisión generadora del daño. v) El término de caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión causantes del daño cuando el paciente y sus familiares no conocen la existencia del mismo, con independencia de que ya se hubiere materializado el hecho dañoso. En estos casos, el cómputo del plazo de caducidad inicia a partir del día siguiente a la fecha en que el paciente y sus familiares conocieron la ocurrencia del daño

Tratándose de la caducidad en asuntos de reparación directa por fallas del servicio médico sanitarios, es posible concluir: i) El término de caducidad es constitucional, por cuanto garantiza la seguridad jurídica. ii) No es posible que existan términos de caducidad que se prolonguen indefinidamente en el tiempo. iii) Cumplir con la demanda en tiempo u oportuna constituye una carga procesal del demandante, cuya desatención genera consecuencias negativas. iv) La regla general de caducidad es que el cómputo del plazo de los dos años inicia a partir del día siguiente a la fecha de ocurrencia del hecho u omisión generadora del daño. v) No obstante, ese término de caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión causantes del daño cuando el paciente y sus familiares no conocen la existencia del mismo, con independencia de que ya se hubiere materializado el hecho dañoso (v.gr. trasfusiones de sangre contaminada, oblitos quirúrgicos, entre otros). En estos eventos, el cómputo del plazo de caducidad inicia a partir del día siguiente a la fecha en que el paciente y sus familiares conocieron la ocurrencia del daño, esto es, lo pudieron representar

¿Cómo debe efectuarse el computo del término de caducidad en los casos que no hay certeza del daño o no se sabe en qué consiste la lesión? La parte demandante debe demostrar cuándo conoció el daño, y, si es pertinente, la imposibilidad de haberlo conocido en el momento de su causación, por lo que el juez debe estudiar lo ocurrido en cada caso y determinar la fecha en la cual comenzó a correr el término para demandar. En estas condiciones, la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para contabilizar el término de caducidad. Su función es la de calificar la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su origen, es decir, establecer la magnitud de una lesión respecto de la cual el afectado directo tiene conocimiento previo, en función de la capacidad laboral de la víctima. Los términos de caducidad no pueden interpretarse como una forma de negar el acceso a la administración de justicia, precisamente porque la limitación del plazo para instaurar la demanda -y es algo en lo que se debe insistir- está sustentada en el principio de seguridad jurídica y crea una carga proporcionada sobre los ciudadanos para que participen en el control de actos que vulneran el ordenamiento jurídico o de hechos, omisiones u operaciones administrativas que les causen daños antijurídicos

Para efectos de contabilizar el término de caducidad el Consejo de Estado ha distinguido el concepto de daño permanente y daño continuado para señalar que respecto de este último, aquel debe contarse desde el momento en que se verifica la cesación de la conducta causante del daño. Se ha establecido que en casos en los cuales el daño alegado es producto de delitos de carácter continuado, como ocurre con el desplazamiento forzado, el término de dos (2) años previsto en la ley solo podrá computarse teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, pues se trata de eventos en los que el daño se prolonga en el tiempo. En los casos en los que se alega un daño por desplazamiento forzado, por ser un daño continuado, el término de caducidad debe contabilizarse desde la cesación del daño, esto es, cuando se verifique que se dan todas las condiciones de seguridad para que las personas desplazadas retornen al lugar de origen

Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo. El legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones. El literal i) del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A. establece dos supuestos bajo los cuales empieza a correr el término de caducidad del medio de control de reparación directa: 1. Carácter objetivo- tiene que ver con que el término inicia el día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, y 2. Carácter subjetivo- parte el día siguiente a aquel en el que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo. Cuando se trata de la ocupación temporal o permanente de inmuebles, la jurisprudencia ha dicho que el término de caducidad del medio de control de reparación directa inicia desde la cesación de la ocupación temporal o desde cuando se terminó la obra en relación con la ocupación permanente. Solo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación o del hecho que le da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo aquel (el daño), sino desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento del mismo

En el artículo 7 de la Ley 589 de 2000, en los eventos de desaparición forzada se establece que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia a partir de la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, pues solo a partir de ese momento se entiende que el delito ha cesado. La acción se puede ejercer desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. Es necesario señalar que si bien mediante resolución de la Fiscalía se inhibió de continuar la investigación por la desaparición de una señora, dicha decisión no puede considerarse como un fallo definitivo dentro del proceso penal, toda vez que las providencias inhibitorias no hacen tránsito a cosa juzgada, ni ponen fin al proceso. Respecto de los daños ocasionados a las víctimas por hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha señalado en diferentes oportunidades que ellos sólo son imputables al Estado cuando en la producción del hecho interviene la administración, a través de una acción o de una omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto solicitó protección a las autoridades y éstas no se la brindaron o porque, en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección

Ocupación temporal o permanente de inmueble rural y consecuente desplazamiento forzado. Caducidad de la acción de reparación directa: cómputo del término en casos de desplazamiento forzado. Valoración probatoria de las copias simples y de las declaraciones extraprocesales aportadas con la demanda. Apelante única: non reformatio in pejus

Hay ciertos eventos en los cuales no se conoce el daño de manera inmediata a su producción por lo tanto se permite que el término para que se ejerza la caducidad se extienda

Aunque se alegue por parte de la actora que se dio cuenta de la omisión cometida por las dos entidades demandadas en el año 1998, lo cierto es que el conocimiento del daño alegado, esto es la generación del ruido por parte de la subestación eléctrica ubicada bajo el apartamento 203 del Conjunto Colinas de Montebello, se dio a lo sumo el 30 de julio de 1996 cuando la Oficina Ambiental de la Alcaldía de Bucaramanga remitió la solicitud de inspección ocular adelantada por la señora Niño Lamus. En consecuencia, en atención al numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., según el cual el término de caducidad de la acción de reparación directa debe empezarse a contabilizar a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que originó el daño y, única y exclusivamente, en aquellos casos en los cuales el conocimiento, concreción o magnitud del daño padecido ocurre con posterioridad, será desde este último instante y no más allá en que se computará dicho término

¿Qué ocurre cuando la decisión preclusiva o absolutoria en un proceso penal cobija a varios imputados o acusados y solo es objeto de los recursos de ley por un sujeto procesal diferente a quien ejerce como demandante en el proceso contencioso administrativo? Cuando se interpongan recursos contra la providencia que determinó la libertad, ésta solo quedaría ejecutoriada una vez resueltos los mismos y, en consecuencia, solo hasta ese momento puede iniciar el término de caducidad de la acción o del medio de control de reparación directa. Ello conforme a la jurisprudencia reiterada que ha establecido que son improcedentes las ejecutorias parciales y la firmeza de la providencia que otorgó la libertad, como punto de partida para contabilizar la caducidad en el ejercicio de la acción contenciosa administrativa

¿El termino de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad inicia a partir de la ejecutoria de la providencia que declara ilegal la medida restrictiva de la libertad? Comoquiera que la acción de reparación directa halla su fundamento en la existencia del daño cuya indemnización se reclama, sólo es factible que el cómputo de la caducidad, para el ejercicio de la misma, inicie una vez se configure el hecho o acontecimiento generador de aquél. En ese contexto, en los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido

¿Cuál es el cómputo para la caducidad de la acción de reparación directa médico-hospitalaria, paramédico o extramédico? El cómputo del término inicia a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho, omisión u operación que desencadena el daño, lo cierto es que existen dos supuestos en los cuales el citado principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal hace que se aligere o aliviane la disposición del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.; estos dos hipótesis son: i) hasta tanto la persona no tenga conocimiento del daño, al margen de que el hecho o la omisión médica se haya concretado en un día distinto o años atrás del momento en que se establece la existencia de la lesión antijurídica y ii) cuando existe un tratamiento médico que se prolonga en el tiempo y respecto del cual se le genera al paciente una expectativa de recuperación. En el segundo escenario el paciente tiene pleno conocimiento del daño pero el servicio médico le brinda esperanzas de recuperación al someterlo a un tratamiento que se prolonga en el tiempo. En este tipo de circunstancias, el conteo de la caducidad no inicia hasta tanto no se haya proferido el diagnóstico definitivo del paciente. \El fenómeno de la caducidad en el C.C.A. y en el C.P.A.C.A

¿Cuándo se establece la caducidad de la acción de reparación directa cuando no se puede determinar con precisión la fecha del hecho dañoso? Debido a la complejidad de las relaciones sociales, no siempre se puede determinar con precisión la fecha del hecho dañoso, o si fue uno solo el causante del mismo, o por el contrario, si obedeció a una multiplicidad de causas. Así las cosas, se ha sostenido que en algunos eventos, el término de caducidad debe ser contabilizado a partir de la fecha en la que los actores tuvieron conocimiento del suceso que produjo el daño

¿Desde qué momento empieza a contarse el término de caducidad de la acción de reparación directa para el pago de perjuicios en demandas que declaren la responsabilidad del Estado en los delitos de secuestro y desaparición forzada? - La desaparición forzada constituye un delito de carácter continuado, constituido por un conjunto de actos que se extienden en el tiempo." Asimismo, "En el secuestro los daños se producen de manera sucesiva y día a día en el tiempo, razón por la cual resulta aplicable la jurisprudencia de esta Corporación que sostiene que en los casos en que se demande un daño continuado, el término de caducidad de la acción debe empezar a correr sólo desde el momento en que se tenga certeza acerca de la cesación de la conducta vulnerante que ocasiona el daño, esto es desde el momento en que aparece la víctima - o sus restos- o con la ejecutoria del fallo definitivo del proceso penal

¿Desde qué momento se empieza a contar el término de caducidad para interponer acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad? El término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra. Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues sólo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial. El conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal

¿Desde qué momento se empieza a contar el término de caducidad de una acción de reparación directa derivada de la ocupación permanente de un bien inmueble con ocasión de la ejecución de trabajos públicos o derivados de obra pública en el predio afectado? Para precisar el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada de la ocupación permanente de un bien inmueble por razón o con ocasión de la ejecución de trabajos en el predio afectado se requiere tener claridad acerca de la fecha en la cual culminó la obra. Así, el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, porque el mismo debe empezar a contarse desde el momento en que las obras que afectan directamente un inmueble hubieren culminado, aun cuando todavía quedare por ejecutar una parte del respectivo proyecto general; el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, porque si ello fuere así en los casos en los cuales los perjuicios tuvieran carácter permanente, como ocurre cuando se construyen unas viviendas en el inmueble de un particular, la acción no caducaría jamás

Consejo de Estado, decidió no declarar la responsabilidad de la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia, Invías, Departamento de Córdoba, por las inundaciones que ocasionaron daños en los predios de los actores, ubicados en el corregimiento de Mangelito, municipio de Cereté, departamento de Córdoba. Noción, concepto y definición jurisprudencial de la caducidad. El término de caducidad inicia una vez haya tenido ocurrencia la causación del daño, así los perjuicios se prolonguen en el tiempo. Daño antijurídico. Omisión de construir en forma técnica muros de contención. Acción de reparación directa

Acción de reparación directa. Segunda instancia. Sanción por el no ejercicio de determinadas acciones judiciales. Caducidad de la acción. Aplicación de los principios de equidad y justicia. El daño proviene de un acontecimiento de agotamiento instantáneo. Regla general dos años. El hecho que se produciendo de manera paulatina o progresiva. Daño continuo. Diferencia entre la producción de daños sucesivos y el agravamiento de los efectos del daño. Producción de daños sucesivos. Término para reclamar indemnización corre de manera independiente para cada uno de los daños derivados de eventos sucesivos. Prueba anticipada. Alcance probatorio. Inspección judicial. Violación de los derechos de publicidad y contradicción probatoria. Falla del servicio. Daño antijurídico. Daño moral. Debe demostrarse

Acción de reparación directa. Segunda instancia. Inepta demanda. Excepción de inepta demanda. Improcedencia. Requisito formal y no sustancial de la demanda. Responsabilidad extracontractual del estado. Falla del servicio. Transgresión de las obligaciones que tiene a cargo el Estado. Régimen de responsabilidad subjetivo. Daño. Acreditación. Nexo de causalidad. Hecho y daño

Valor probatorio de la copia simple. Noción del delito de desaparición forzada. Cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa con ocasión del delito de desaparición forzada. Prueba de la desaparición forzada.

Término de caducidad de la acción de reparación directa. Término de caducidad de la acción de reparación directa por ocupación por obra pública.

El tema que definió la Corte Constitucional fue la inconstitucionalidad de la norma que consagró la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad para cuando la demanda se presenta ante la jurisdicción que no corresponde porque se yerra en la definición de la jurisdicción o en los alcances de la cláusula compromisoria o el compromiso. Acción de reparación directa. Contrato de seguro - Cláusula compromisoria. Proceso de reparación directa - Llamamiento en garantía. Recurso de apelación

¿Debe ordenarse el pago del lucro cesante causado a un Municipio, como consecuencia del pago tardío por parte de la Nación de los dineros recibidos, por concepto de la participación en los ingresos corrientes de la Nación que le correspondía a esa entidad territorial? ¿Debe ordenarse el pago del lucro cesante y-o intereses de mora, de los dineros percibidos por concepto de la concesión para la prestación del servicio la telefonía móvil celular, teniendo en cuenta que debieron ingresar al Municipio a partir del mes de mayo de 1994? ¿Debe ordenarse el pago del capital insoluto de las transferencias debidas por el mismo concepto? El 15 de abril de cada año, debe girarse a los municipios del país, el valor correspondiente al 10% del total de su participación en los ingresos corrientes de la Nación del año inmediatamente anterior, para lo cual, en la ley anual de presupuesto de la vigencia correspondiente a éste debe efectuarse el aforo respectivo, y; la suma que se le adeude por el mayor valor que, respecto de lo estimado, hubieren tenido los ingresos corrientes de la Nación en el año anterior, lo que da lugar a la realización de un reaforo. Existencia de mora por parte de la Nación. Para el cálculo de los intereses moratorios se aplica por analogía el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. La Nación sólo estaba obligada a incluir en el presupuesto, como ingresos corrientes de la Nación, el porcentaje no ejecutado a la fecha de notificación de la sentencia C-423 de 1995, de aquellos dineros recibidos por concepto de la concesión del servicio de telefonía móvil celular. Aplicación del término de caducidad de la acción de reparación directa en relación con las moras generadas en pagos de transferencias efectuados antes del 29 de enero de 1995, por cuanto la demanda fue presentada el día 29 de enero de 1997.