[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 -numeral 9- de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere el siguiente || La señora Irina del Carmen Herrera Guerra interpuso acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales luego de que esta entidad rechazara su inscripción en el Registro Único de Víctimas, por haber radicado la solicitud de forma extemporánea. || Ello resulta pertinente para este caso concreto puesto que el juez de instancia invocó una norma procesal para inadmitir y posteriormente rechazar la acción de amparo radicada por la señora Irina del Carmen Herrera Guerra, comprometiendo así el objetivo central del derecho de acceso a la justicia, que radica en lograr que los jueces profieran decisiones de fondo.] - [Palabras claves: tutela, juez, acción, corte, instancia, derecho, derechos, protección, decisión, justicia, fondo]

[Resumen automatizado: Por otra parte, se remitirá la solicitud objeto de la presente decisión, junto con una copia del presente auto, a la Procuraduría General de la Nación para que, de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, analice la situación advertida por la peticionaria y realice si así se considera necesario un seguimiento a las medidas adoptadas por los funcionarios responsables de activar la respuesta institucional ante el riesgo que afrontan los líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y representantes de la población desplazada, en la ciudad de Bogotá. || REMITIR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, la solicitud objeto de la presente decisión y una copia de este auto al Procurador General de la Nación para que, de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, analice la situación advertida por la peticionaria y realice si así lo considera necesario un seguimiento a las medidas adoptadas por los funcionarios responsables de activar la respuesta institucional ante el riesgo que afrontan los líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y representantes de la población desplazada, en la ciudad de Bogotá.] - [Palabras claves: derechos, constitucional, sala, bogotá, situación, ciudad, población, protección, general, medidas, corte, humanos, seguridad, especial]

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera -quien la preside-, y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el presente Auto, con base en las siguientes || Se desprende así la clara improcedencia de la petición elevada por Dexi Janeth Medina Quiñones, en representación del señor Víctor Manuel Cortés, ante la Corte Constitucional, por lo cual se dispondrá la remisión de la misma al Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que fungió como juez de primera instancia dentro del expediente T-7.608.187, a fin de que asuma el conocimiento de la solicitud y adelante los trámites que son de su competencia, insistiendo en que es a dicha autoridad judicial a la que le asiste el deber de verificar el estricto cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-335 de 2020. || Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR al Juzgado 24 de Familia de Bogotá el escrito y sus anexos, allegados por la señora Dexi Janeth Medina Quiñones, en calidad de apoderada judicial del señor Víctor Manuel Cortés, parte accionante dentro del expediente T-7.608.187, para lo de su competencia, y atendiendo lo dispuesto en la parte considerativa de este Auto.] - [Palabras claves: fundamento, jurídico, desacato, tutela, instancia, constitucional, corte, judicial, sentencia, cumplimiento, parte, primera]

[Resumen automatizado: El 7 de septiembre de 2020, los ciudadanos Andrés González Becerra y César Camilo Cermeño Cristancho interpusieron dentro del término establecido,[1] recurso de súplica contra el Auto del 31 de agosto del año en curso, que admitió unos cargos, inadmitió y rechazó otros de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 4 (parcial) de la Ley 1943 de 2018 "por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones" y el artículo 4 (parcial) de la Ley 2010 de 2019 "por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones." || Paralelo a la subsanación, el 7 de septiembre de 2020, los accionantes interpusieron recurso de súplica contra el Auto del 31 de agosto del año en curso,[14] que rechazó la demanda por el cargo contra el artículo 4 (parcial) de la Ley 1943 de 2018 argumentando entre otras razones, que "la demanda de inconstitucionalidad se dirige en parte contra una norma que no se encuentra vigente, sin embargo, la misma produjo plenos efectos durante el año 2019.] - [Palabras claves: demanda, ley, recurso, corte, auto, fundamento, constitucional, norma, iva, inconstitucionalidad, eficiencia, jurídico, razones, parcial, sala, cargos, proceso]

[Resumen automatizado: Primero.- REMITIR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, el informe de respuesta del Gobierno Nacional al Auto 166 de 2020 a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, para que, en caso de considerarlo necesario, se pronuncien sobre las conclusiones de la consolidación de los indicadores de goce efectivo de derechos, antes del 11 de diciembre del año en curso. || Segundo.- REMITIR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, el informe allegado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República, para que, en caso de considerarlo necesario, se pronuncien sobre las conclusiones de la consolidación de los indicadores de goce efectivo de derechos, antes del 11 de diciembre del año en curso.] - [Palabras claves: nacional, indicadores, auto, derechos, general, control, gobierno, informe, respuesta, organismos, proceso]

[Resumen automatizado: 1. El 18 de enero de 2019, los ciudadanos Martha Lucía Ríos Cortés; Fidernando Sigifredo Rosero Gómez; Juan Diego Rosero Ríos; Michelle Andrea Ríos Ríos; Gustavo Ríos Velásquez; Luz Stella, María Paula, Fernando, Fabian y Jairo Ríos Cortés; Mayra Yiset y Gustavo Ríos Salgado, mediante apoderado judicial, formularon acción de tutela contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2018 por la Sección Tercera del Consejo de Estado por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. || En la providencia del 15 de agosto de 2018 se resolvió revocar el fallo dictado el 29 de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el que se declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados con ocasión a la privación de la libertad de la cual fue objeto la señora Martha Lucía Ríos Cortés, en un proceso de acción de reparación directa.] - [Palabras claves: consejo, libertad, proceso, privación, sección, sentencia, agosto, directa, nación, sala, reparación, tutela]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el presente auto en el que se decide la solicitud de adición de la Sentencia C-293 de 2020 presentada por el ciudadano Eluin Guillermo Abreo Triviño. || - Declarar EXEQUIBLES los artículos 9º, 10º, 11, 12, 13 y 14 del Decreto Legislativo 568 de 2020 "Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020", salvo las siguientes expresiones que se declaran INEXEQUIBLES: || La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente solicitud de adición de conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso. || Conforme a lo expuesto, la solicitud de adición debe cumplir con dos requisitos formales: i) legitimación del solicitante, porque debe formularse por el demandante o alguno de los intervinientes debidamente reconocidos en el marco del proceso de constitucionalidad; y, ii) oportunidad de la petición, pues debe interponerse dentro del término de ejecutoria de la sentencia, es decir, en los 3 días siguientes a su notificación.] - [Palabras claves: impuesto, solicitud, corte, inciso, dineros, término, sala, la, presentada, aporte, decreto, sentencia, dentro, legislativo, general, contenida]

[Resumen automatizado: De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 2067 de 1991 (Art. 6), el recurso de súplica es la instancia procesal que permite al demandante de una acción pública de inconstitucionalidad controvertir -por aspectos formales o materiales- la providencia que rechace la demanda.[2] El carácter excepcional y estricto del recurso de súplica[3] impide que se convierta en una oportunidad para aportar nuevas razones que sustenten el concepto de la violación, corregir los yerros cometidos en la demanda o en el escrito de corrección o plantear nuevos elementos de juicio.[4] Por lo tanto, la competencia de la Sala Plena se circunscribe al análisis de los motivos de inconformidad del recurrente con el auto de rechazo, sin que pueda pronunciarse sobre materias distintas.[5] En tal sentido, para que el accionante logre comprobar que el auto de rechazo ha incurrido en un yerro, olvido o arbitrariedad, debe demostrar: (i) que se exigieron requisitos que no son propios del juicio de admisibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, o (ii) que cumplió, en forma satisfactoria, con lo solicitado en el auto inadmisorio de la demanda.[6] Así, el ejercicio del recurso de súplica exige que el demandante actúe con un mínimo de diligencia en la configuración de las razones que lo sustentan pues, de lo contrario, implicaría una falta de motivación del recurso que le impediría a esta Corporación pronunciarse de fondo.] - [Palabras claves: demanda, corte, inconstitucionalidad, jurídico, recurso, rechazo, magistrado, fundamento, norma, octubre, sala, ejercicio, principio, plena, fondo, análisis, acción, ley, cargo]

[Resumen automatizado: El 26 de octubre de 2020, el señor Jorge Luis Pabón Apicella presentó "recurso de súplica" en contra de "las decisiones de rechazo de la demanda y de negativa a adicionar"[1], las cuales están contenidas en los Autos 270 y 352 de 2020. || El 22 de mayo de 2020, el señor Jorge Luis Pabón Apicella presentó una solicitud de "inconstitucionalidad o nulidad" en contra de la Sentencia C-373 de 2016[3], por estimar que dicha providencia desconoció los mandatos constitucionales. || El recurso de súplica contra autos que deciden las solicitudes de nulidad o de adición y complementación es manifiestamente improcedente || En particular, la Corte ha rechazado por improcedentes los recursos de súplica formulados en contra de: (i) autos que deciden solicitudes de nulidad de sentencias de esta Corporación[20]; y (ii) providencias que se pronuncian respecto de solicitudes de aclaración[21], cuya naturaleza es similar a las de adición o complementación, como aquella formulada por el peticionario en esta oportunidad. || Por las razones señaladas, la Sala rechazará por improcedente el recurso de súplica formulado contra los Autos 270 y 352 de 2020. || RECHAZAR, por manifiestamente improcedente, el recurso de súplica formulado por Jorge Luis Pabón Apicella contra los Autos 270 y 352 de 2020.] - [Palabras claves: recurso, corte, auto, legislativo, solicitud, sala, nulidad, plena, sentencia, acto, constitucional]

[Resumen automatizado: 7. Con fundamento en lo expuesto, esta Corporación dejará sin efectos el auto del 22 de septiembre de 2020 proferido por Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla, y ordenará la remisión del expediente ICC-3901 a dicho despacho, para que, de forma inmediata, inicie el trámite respectivo y profiera la decisión de fondo conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. || PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 22 de septiembre de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela formulada por la señora Katherine Mora Uribe contra Marketing S.A. || TERCERO: ADVERTIR al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla que, en lo sucesivo, se abstenga de suscitar conflictos de competencia con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, pone en riesgo la eficacia de los derechos fundamentales y afecta la efectividad de la acción de tutela. || [12] Cfr. Autos 064 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo), 172 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos), 275 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido) y 305 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).] - [Palabras claves: competencia, tutela, decreto, barranquilla, acción, administrativo, constitucional, segundo, reparto, reglas, autoridades]

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, y por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 7 del Decreto Ley 2591 de 1991, profiere el presente Auto de conformidad con los siguientes, || La Sala Séptima de Revisión de este Tribunal es competente para proferir la presente providencia según lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991[2], en virtud del cual el Juez de Tutela, cuando lo considere urgente y necesario para proteger el derecho fundamental y evitar un perjuicio irremediable, a petición de parte o de oficio, podrá dictar medidas provisionales. || La Corte[3] ha ordenado la aplicación de medidas provisionales en el trámite previo a la decisión definitiva del asunto en cuestión con el fin de evitar que la amenaza que se cierne sobre un derecho fundamental se convierta en una vulneración o que la afectación se vuelva más gravosa[4], por lo que puede "ordenar todo lo que considere procedente para proteger los derechos fundamentales y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante"[5].] - [Palabras claves: derecho, continuidad, salud, servicio, prestación, medida, provisional, corte, manera, medidas, proteger, el, fundamental, condiciones]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el presente auto en el que decide el recurso de reposición formulado por Pedro Antonio Herrera Miranda contra la Sentencia C-293 de 2020. || Posteriormente, y antes de analizar el contenido material del decreto, la Sala resolvió como cuestión previa que la pérdida de vigencia de los decretos legislativos proferidos en el marco de los estados de excepción o de las medidas contenidas en aquellos, no impide la revisión de constitucionalidad automática de dichas normas por parte de esta Corte. || - Declarar EXEQUIBLES los artículos 9º, 10º, 11, 12, 13 y 14 del Decreto Legislativo 568 de 2020 "Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020", salvo las siguientes expresiones que se declaran INEXEQUIBLES: || Para la Sala, el recurso de reposición formulado por Pedro Antonio Herrera Miranda contra la Sentencia C-293 de 2020 es manifiestamente improcedente, con fundamento en los artículos 49 del Decreto 2067 de 1991, 285 y 318 del Código General del Proceso. || PRIMERO: RECHAZAR por manifiestamente improcedente el recurso de reposición presentado por Pedro Antonio Herrera Miranda contra la Sentencia C-293 del 5 de agosto de 2020.] - [Palabras claves: impuesto, recurso, reposición, corte, inciso, sentencia, sala, decreto, agosto, constitucional]

[Resumen automatizado: 8. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues tanto el Tribunal Administrativo de Nariño como el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego invocaron las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta. || 9. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 13 de agosto de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el marco del trámite de la acción de tutela que formuló Fanny del Carmen Zambrano Garzón contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. || ADVERTIR al Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. || M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 087 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 106 de 2017.] - [Palabras claves: competencia, tutela, nacional, decreto, tribunal, administrativo, acción, auto, corporación, reglas, reparto, consejo, magistrado]

[Resumen automatizado: En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, integrada por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, profiere el presente auto. || Dado que la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-254 de 2013, revocó, con efectos inter comunis, todos los fallos de condena a la Nación en abstracto por los perjuicios derivados del desplazamiento forzado, ordenó que estas personas fueran ingresadas al proceso de reparación administrativa consignado en la Ley 1448 de 2011, y delegó el seguimiento del cumplimiento de las órdenes estructurales contenidas en la sentencia de unificación a esta Sala Especial, el Tribunal Superior de Cúcuta ordenó trasladar el expediente de desacato a esta Corporación a efectos de que resuelva el presunto incumplimiento aducido. || Como consecuencia de lo anterior, el 18 de marzo de 2019, Hugo Andrés Angarita Carrascal interpuso un recurso de apertura de incidente de desacato ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, por el presunto incumplimiento de parte de la UARIV a lo ordenado en la sentencia proferida por tal instancia judicial y en virtud de la cual se condenó en abstracto a la Nación.] - [Palabras claves: sala, sentencia, corte, especial, desplazamiento, víctimas, constitucional, competencia, forzado, mediante, seguimiento, civil, desacato, efectos]

[Resumen automatizado: 1. Que mediante Sentencia T-315 de 2020, la Sala Tercera revisó el expediente de la referencia y concedió la protección de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso de la accionante. || Sin embargo, en los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia, por error, se hizo referencia a la accionante con el nombre de "Angélica María Cruz Libreros" cuando su nombre correcto es "Ángela María Cruz Libreros". || 2. Que, el artículo 286 del Código General del Proceso permite la corrección de errores cometidos por omisión o cambio de palabras o alteraciones de éstas[1]. || Primero.- CORREGIR de oficio, en los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la Sentencia T-315 de 2020, el nombre de la accionante el cual quedará así: "Ángela María Cruz Libreros". || Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por aviso, de conformidad con el artículo 286 del Código General del Proceso. || "Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. || || Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.] - [Palabras claves: nombre, resolutiva, auto, parte, magistrado, general, sentencia, maría, corrección, cambio, omisión]

[Resumen automatizado: El día 28 de agosto de 2020, el ciudadano Jorge Luis Pabón Apicella presentó solicitud de adición y de complementación del Auto 271 de 2020, por cuanto, a su juicio, la decisión judicial omitió incorporar la motivación requerida, sin siquiera hacer referencia a los artículos 241, 123, 121 y 4 de la Carta Política, que prohíben a esta Corte adoptar sentencias “que quedan por fuera de los supuestos competenciales de 'guarda de la integridad y supremacía de la Constitución', sin la cual ninguna providencia o sentencia realmente lo es y carece de poder vinculante”. || Con respecto a la solicitud de adición, el artículo 287 del Código General del Proceso determina que esta procede cuando en el fallo judicial se “omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”, y que puede efectuarse de oficio o a solicitud de parte, en este último caso cuando el requerimiento se presente dentro del término de ejecutoria de la respectiva providencia.] - [Palabras claves: corte, providencia, judicial, solicitud, auto, ciudadano, constitucional, sentencia, judiciales, fallo, sala, nulidad, requerimiento, política]

[Resumen automatizado: A modo de justificación de la medida solicitada, (i) se refiere a pronunciamientos de este tribunal acerca de la procedencia de medidas provisionales en procesos de tutela[2]; (ii) informa que en la Junta Central de Contadores han cursado y cursan múltiples procesos disciplinarios en contra de contadores públicos por el incumplimiento de lo dispuesto en la norma cuestionada, muchos de los cuales han terminado en sanciones basadas en consideraciones objetivas sin valoración alguna sobre la conducta del investigado; y (iii) manifiesta que ha solicitado a la Junta Central de Contadores que reporte a la Corte Constitucional la información estadística derivada de dichos procesos disciplinarios, para que obre como prueba dentro de la actuación. || Como quiera que actualmente la Corte conoce de la demanda de inconstitucionalidad presentada por Daniel Santiago Calderón Ibagué en contra del artículo 215 del Código de Comercio, le corresponde pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares que ahora formula. || RECHAZAR, por improcedente, la solicitud de medidas cautelares formulada por el ciudadano Daniel Santiago Calderón Ibagué, dentro del trámite de acción de inconstitucionalidad contra el artículo 215 del Decreto 410 de 1971, "[p]or el cual se expide el Código de Comercio".] - [Palabras claves: corte, cautelares, medidas, dentro, procesos, decreto, inconstitucionalidad, magistrado, constitucionalidad, constitucional]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de aquellas que le concede el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 50 del Acuerdo No. 02 de 2015, profiere el presente auto respecto del recurso de súplica interpuesto por la ciudadana Natalia Bernal Cano, de acuerdo con los siguientes || El artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional, prevé que, contra el auto de rechazo de una demanda de inconstitucionalidad, procede el recurso de súplica ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. || CONFIRMAR el auto del 5º de octubre de 2020, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad formulada por la ciudadana Natalia Bernal Cano, en contra de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil, con radicado D-13963, por las razones expuestas en la presente providencia.] - [Palabras claves: demanda, rechazo, corte, recurso, constitucional, magistrado, procesal, sentencia, octubre, juzgada, sala, inconstitucionalidad, respecto]

[Resumen automatizado: 2. Por reparto, la acción de tutela fue asignada al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín, el cual, mediante Auto del 9 de octubre de 2020[3], se abstuvo de asumir su conocimiento y dispuso la remisión del plenario respectivo a los jueces municipales de la misma ciudad, al considerar que, de conformidad con el Decreto 1069 de 2015, el examen del amparo le corresponde a dichas autoridades judiciales, toda vez que las demandadas son personas jurídicas privadas. || 9. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que tanto el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín como el Juzgado 24 Civil Municipal de la misma ciudad, con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017, se declararon incompetentes para conocer de la solicitud de amparo presentada por María Carolina Ángel Múnera[16], a pesar de que las mismas no desplazan su competencia para conocer de las acciones de tutela.] - [Palabras claves: decreto, tutela, competencia, administrativo, auto, magistrado, acción, corte, municipal, jueces, judiciales, reparto, autoridades, constitucional, conocer, conflictos]

[Resumen automatizado: Mediante Auto del 10 de septiembre de 2020, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva resolvió "aceptar" el conflicto de competencia planteado por la autoridad que le remitió el expediente y enviarlo a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila para que lo resolviera. || Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena concluye que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva desconoció la jurisprudencia de este Tribunal al transformar una demanda originalmente presentada como una acción de tutela en una solicitud para abrir un incidente de desacato de otro fallo de tutela. || Con fundamento en los anteriores criterios, la Corte Constitucional dejará sin efectos el Auto del 8 de septiembre de 2020 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva dentro del trámite de la acción de tutela presentada por Armando Triviño Sierra contra la UARIV. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 8 de septiembre de 2020 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva dentro del trámite de la acción de tutela presentada por Armando Triviño Sierra contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.] - [Palabras claves: tutela, acción, corte, constitucional, auto, competencia, administrativo, sala, segundo, trámite, conflicto, autoridad, judicial]

[Resumen automatizado: Tras el nuevo reparto, el expediente fue remitido al Juez Primero de Madrid, quien, por medio del auto del 7 de octubre de 2020, decidió “abstenerse de conocer la presente acción de tutela”[5], y remitir el expediente a la Corte Constitucional para que decidiera el conflicto negativo de competencias. || En particular, a la luz del factor territorial, los jueces competentes para conocer y tramitar una acción de tutela son aquellos con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la presunta amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales o (b) se producen los efectos de los actos que, según el accionante, generan la referida amenaza o vulneración[14]. || Al respecto, esta Corte considera que tanto el Juez Tercero de Buenos Aires como el Juez Primero de Madrid son competentes para conocer de la acción de tutela, en virtud del factor territorial. || Tercero.- ADVERTIR al Juez Primero de Madrid que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, para lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en el presente auto y compiladas en el auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, competencia, corte, acción, auto, constitucional, factor, octubre, autoridades, decreto, sala, conocer, judiciales]

[Resumen automatizado: Así mismo, destacó que tanto el Juzgado 34 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín como la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia tienen competencia territorial para resolver la acción de tutela, toda vez que es en la capital del departamento de Antioquia donde se producen los efectos de la vulneración de derechos fundamentales. || De otra parte, la Corte observa con preocupación las manifestaciones realizadas por el Juzgado 34 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín y la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia[20], que desconocen abiertamente la jurisprudencia constitucional reiterada y pacífica en materia de la prohibición de invocar reglas administrativas de reparto como normas de competencia. || ADVERTIR al Juzgado 34 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín y a la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia que, en lo sucesivo, deben observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial, las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que deben adoptar como jueces constitucionales.] - [Palabras claves: competencia, tutela, penal, auto, municipal, corte, reparto, decreto, reglas, sala, conflictos]

[Resumen automatizado: Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 7 de agosto de 2020 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva (Huila), dentro del proceso de tutela promovido por Surcolombiana de Seguridad LTDA contra la Empresa de Energía del Valle del Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P || Adicionalmente, se advertirá al Juzgado Promiscuo Municipal de Sibundoy autoridad que remitió el expediente a esta Corporación que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 (en este caso por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia), por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || ADVERTIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Sibundoy (Putumayo) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por el superior jerárquico común al tenor de lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, competencia, acción, municipal, civil, lugar, materia, debe, corte, auto, factor, sala]

[Resumen automatizado: El Departamento Nacional de Planeación (en adelante “DNP”)[29] solicitó no acceder a la solicitud de nulidad propuesta, pues la solicitante alega la indebida valoración probatoria y “revisada la [s]entencia C-089 de 2020 es claro que la Corte hizo tal verificación al analizar los presupuestos de la [c]osa [j]uzgada [c]onstitucional contrastando los argumentos de la demanda presentada cpn las decisiones tomadas en las [s]entencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016”.[30] En este orden, a juicio del DNP, la sentencia C-089 de 2020 no viola el debido proceso ni el derecho a la contradicción de la ciudadana Bernal Cano. || Sobre esto, el auto 059 de 2012 proferido por la Sala Plena de esta Corte reiteró que "no toda inconformidad con la interpretación realizada por este Tribunal, con la valoración probatoria, o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, constituye fundamento suficiente para declarar la nulidad de una de sus providencias, pues esta clase de situaciones solo constituyen meras apreciaciones 'connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión'". || En este orden, el hecho de que no se desestimaron individualmente las pruebas aportadas por la ciudadana Bernal Cano no es suficiente para cuestionar el análisis probatorio como pretende el presente incidente de nulidad, pues la labor individual del juez, en sede de control constitucional abstracto, es sobre los cargos de inconstitucionalidad.] - [Palabras claves: nulidad, sentencia, corte, proceso, solicitud, constitucional, debido, decisión, sala, juzgada, cosa, plena]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial aquellas que le concede el Decreto Ley 2067 de 1991 y el artículo 36 del Reglamento Interno del Tribunal (Acuerdo 02 de 2015), profiere la presente providencia, atendiendo las siguientes || 2. El artículo 36 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), inciso segundo dispone que: “[l]as providencias deben ser firmadas en un término máximo de quince días contado desde el momento en que se dio a conocer a la opinión pública el sentido del fallo, salvo que el magistrado ponente justifique ante la Sala Plena su ampliación, por razones vinculadas con cambios sustanciales al proyecto original. || En mi calidad de magistrado ponente me permito solicitar la aplicación de la norma indicada que permite ampliar el término de diez días contenido en el artículo 34 inciso 2 del mismo reglamento, por un término adicional de quince días que se podrá prorrogar por 30 más. || Por esa razón, previo al estudio de la solicitud presentada por el ponente, la Corte encuentra justificado ampliar el término de diez (10) días contenido en el artículo 34 inciso final del mismo reglamento[1] por un término adicional de 15 días y este último se podrá prorrogar por 30 días más.] - [Palabras claves: días, término, magistrado, sala, plena, corte, podrá, constitucional, quince, ponente, inciso, diez]

[Resumen automatizado: Que mediante correo electrónico recibido por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 16 de octubre de 2020, el ciudadano Luis Miguel Estrada Montes de Oca, actuando como Gerente de Aguas de Morroa S.A. E.S.P. solicita a la Sala Plena de la Corte que “requiera a las entidades correspondientes para que tomen decisiones en el caso referido en esta misiva por el no cumplimiento por parte del Alcalde Municipal de Morroa Sucre, de la Sentencia C-203 de 2020, Expediente RE-265, Revisión del Decreto Legislativo 528 de 2020, para lo de sus competencias y conminarlo en el término de los procedimientos a cumplir con su deber legal con respecto al giro de Subsidios de agua potable y saneamiento básico a los estratos 1, 2 y 3.” || Que el seguimiento o monitoreo sobre el cumplimiento de las decisiones en el marco de la justicia constitucional es un asunto propio de los fallos de tutela, conforme lo regula el artículo 27 del Decreto Ley 2591 de 1991. || Segundo.- Por Secretaría General REMITIR la solicitud presentada ante la Corte por el ciudadano Luis Miguel Estrada Montes de Oca, con todos sus anexos, a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.] - [Palabras claves: general, corte, decreto, subsidios, magistrado, que, control, montes, fallos, auto, constitucional, constitucionalidad, cumplimiento, ley]

[Resumen automatizado: Así mismo, el informe secretarial da cuenta que, mediante escrito del 11 de septiembre de 2020, los demandantes del expediente D-13834 (Gustavo Gallón Giraldo, Julián González Escallón, Juan Ospina, David Fernando Cruz, Enith Bula Beleño, Iván Cepeda Castro, Roy Barreras Montealegre, Ángela María Robledo Gómez y Nataly Macana Gutiérrez), radicaron escrito de corrección de la demanda. || Por medio de escrito del 1 de octubre del 2020, los demandantes en el expediente D-13834, Gustavo Gallón Giraldo, Julián González Escallón, Juan Ospina, David Fernando Cruz, Enith Bula Beleño, Iván Cepeda Castro, Roy Barreras Montealegre, Ángela María Robledo Gómez y Nataly Macana Gutiérrez, formularon recurso de súplica, recurso que fue repartido al Magistrado Alejandro Linares Cantillo para que conforme a su sustanciación se resuelva lo que en derecho corresponda mediante auto pertinente[1]. || Simultáneamente, por medio de escrito igualmente calendado el 1 de octubre del 2020, los demandantes en el expediente D-13834, Gustavo Gallón Giraldo, Julián González Escallón, Juan Ospina, David Fernando Cruz, Enith Bula Beleño, Iván Cepeda Castro, Roy Barreras Montealegre, Ángela María Robledo Gómez y Nataly Macana Gutiérrez, también solicitaron a la Corte que “declare la nulidad del auto del 24 de septiembre de 2020”.] - [Palabras claves: septiembre, demanda, corte, nulidad, condición, auto, corrección, escrito, demandas, magistrado, recurso, mismo]

[Resumen automatizado: Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena estima necesario aclarar el numeral tercero de la sentencia C-171 de 2020, para precisar que la interpretación sistemática de la sentencia permite comprender que el ámbito de aplicación del decreto, no se limita a las Sociedades Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, sino que incluye como se dijo en la parte motiva, al Fondo Nacional del ahorro y en ese caso se extiende a las entidades que administren cesantías, independientemente de su naturaleza jurídica y por tal razón la autorización de retiro parcial de cesantías de que trata el artículo 3 del Decreto Legislativo 488 de 2020, también debe ser aplicable a los trabajadores cuyas cesantías son administradas por el Fondo Nacional del Ahorro. || Así las cosas reitérese, en atención a lo expuesto en los fundamentos jurídicos 157 a 160 de la sentencia C-171 de 2020, el ámbito de aplicación del decreto no se limita a las Sociedades Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, sino que se extiende a las entidades que administren cesantías, independientemente de su naturaleza jurídica y por tal razón la autorización de retiro parcial de cesantías de que trata el artículo 3 del Decreto Legislativo 488 de 2020, también debe ser aplicable a los trabajadores cuyas cesantías son administradas por el Fondo Nacional del Ahorro.] - [Palabras claves: sentencia, decreto, fondos, carácter, pensiones, afiliados, nacional, fondo, trabajadores, privado, ahorro, legislativo, aplicación, solicitud]

[Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el 13 de julio de 2020 los ciudadanos Libardo Ariza y Kelly Johana Gómez González presentaron demanda de inconstitucionalidad parcial en contra de la expresión "condenatoria", contenida en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, por considerar que la palabra enunciada requiere una declaración de exequibilidad condicionada, al desconocer los artículos 29 y 250.6 de la Constitución que consagran, respectivamente, los derechos al debido proceso y a solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas. || (a) En cuanto a la exigencia de que se demuestre que "la norma excluye de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado", el Magistrado Ponente advirtió que los ciudadanos no indicaron las razones por las cuales las víctimas de un delito que es sancionado mediante una sentencia condenatoria, se asimilan a aquellas personas que, si bien consideran víctimas de ciertos hechos, no pueden alegar aparentemente una reparación dentro del proceso penal, cuando el juez profiere un fallo absolutorio.] - [Palabras claves: norma, demanda, penal, sala, magistrado, proceso, reparación, omisión, integral, víctimas, septiembre, corte, casos, juez]

[Resumen automatizado: En concreto, los demandantes (i) exponen argumentos genéricos y carentes de naturaleza constitucional frente a los distintos cargos formulados, pues no explican ni ofrecen evidencia sobre por que la integracion comercial latinoamericana necesariamente debe efectuarse a traves de normas que permitan que las partes de un contrato mercantil internacional cuenten con libertad para pactar la ley aplicable y como la falta de dicha regulacion afecta de manera especifica los postulados plasmados en el Preambulo y en los articulos 9, 13, 14, 38, 58, 226, 227, 229, 230, 333 y 334 de la Constitucion; (ii) no senalan por que la suscripción de tratados de libre comercio por parte del Estado colombiano no sería suficiente para enervar los riesgos que las normas acusadas causarian a la integracion latinoamericana, a la seguridad juridica de los contratantes y al ejercicio de la autonomia de la voluntad privada y la libertad de empresa; (iii) no analizan la incidencia que tendría en la configuracion de los cargos la discrecionalidad del Presidente de la Republica en la dirección de las relaciones internacionales (Articulo 189 de la CP) y la competencia de este y del Legislador en la conducción de la economía nacional (Articulo 334 de la CP); (iv) transcriben fragmentos doctrinarios y jurisprudenciales pero no les hacen producir efectos, pues se limitan a reproducirlos sin precisar la forma en que repercuten en la demostracion de los reproches planteados; (v) no acreditan por que motivo se presentaría una violacion al principio constitucional de seguridad juridica, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia cuenta con competencia para fijar el alcance concreto de las normas cuestionadas (Articulo 234 de la CP); (vi) efectúan una exposición insuficiente en relacion con el cargo por lesion del principio de igualdad y (vii) no desarrollan ningún argumento encaminado a sustentar la censura por omision legislativa relativa.] - [Palabras claves: normas, demanda, internacional, cargo, principio, rechazo, corte, recurso, privada, sala, escrito, lugar, si, alcance, disposiciones]

[Resumen automatizado: Referencia: Recurso de súplica contra el Auto del 24 de septiembre de 2020 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra de los artículos 7 y 8 (parciales) de la Ley 1816 de 2016, "por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores destilados, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones". || La ciudadana Andrea Ospina García presentó, el 2 de julio de 2020, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 7 y 8 (parciales) de la Ley 1816 de 2016, "por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores destilados, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones"[1]. || Mediante Auto del 1º de septiembre 2020, el Magistrado sustanciador, Luis Guillermo Guerrero Pérez, resolvió inadmitir la demanda, por el incumplimiento de las cargas de certeza, especificidad, y suficiencia, como requisitos mínimos para adelantar el juicio de constitucionalidad, al tenor de lo expuesto por la Corte Constitucional, en la sentencia C-1052 de 2001.] - [Palabras claves: demanda, licores, proceso, norma, pública, producción, recurso, cargo, igualdad, contratación, derecho, inconstitucionalidad, corte, licitación, empresa, constitucionalidad]

[Resumen automatizado: Mediante auto de 29 de septiembre de 2020, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Cúcuta se declaró sin competencia territorial para conocer la tutela y ordenó remitir el expediente a los jueces del circuito de Pamplona. || Tras el nuevo reparto[1], el expediente fue remitido al Juzgado Segundo Civil Laboral del Circuito de Oralidad de Pamplona que, por auto de 1 de octubre de 2020, planteó el conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional. || En particular, a la luz del factor territorial, los jueces competentes para conocer y tramitar una acción de tutela son aquellos con jurisdicción en el lugar donde (i) ocurre la presunta amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales o (ii) se producen los efectos de los actos que, según el accionante, generan la referida amenaza o vulneración[11]. || Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3898 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Cúcuta, para que profiera decisión de fondo respecto de la referida acción de tutela.] - [Palabras claves: tutela, competencia, civil, constitucional, corte, acción, lugar, factor, autoridades, territorial, ii, judiciales]

[Resumen automatizado: "(...) pido la nulidad de la sentencia T-147/20, no solo por ser incongruente, por haber dejado de analizar de manera arbitraria asuntos de relevancia constitucional, como lo era el estudio en su integridad del recurso de unificación de jurisprudencia, la suspensión de la sentencia dentro del mismo trámite, lo que sin dudas tienen efectos trascendentales en el sentido de la decisión que se adoptó, sino porque con ella se cambió por completo la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional, más exactamente, sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el límite del juez constitucional en la valoración de las pruebas, que paradójica y contradictoriamente la misma Corte cita para luego desconocer, sin considerar, el respeto por los principios a la sana critica, libre apreciación de la prueba, cosa juzgada, seguridad jurídica, preclusividad procesal, celeridad, acceso a la administración de justicia, igualdad de armas, derecho a un juicio justo, y lealtad procesal".] - [Palabras claves: sentencia, corte, proceso, nulidad, sala, tutela, decisión, manera, solicitud, constitucional, acción, solicitante, debido, jurisprudencia]

[Resumen automatizado: PRIMERO.- ORDENAR que, por Secretaría General de la Corte, se oficie a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que, en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación del presente auto, se sirvan remitir a esta corporación los siguientes documentos relacionados con el trámite del Acto Legislativo No. 05 de 2017 Senado, 017 de 2017 Cámara, a saber: || SEGUNDO.- ORDENAR que, por Secretaría General de la Corte, se oficie al Secretario General del Senado de la República para que, en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación del presente auto, se sirva remitir a este tribunal los siguientes documentos relacionados con el trámite dado al informe de conciliación al proyecto de Acto Legislativo No. 05 de 2017 Senado, 017 de 2017 Cámara, a saber: ] - [Palabras claves: cámara, senado, dicha, que, informe, trámite, decisión, general, corte, congreso, exacta, directiva, noviembre, república, fecha, cada]

[Resumen automatizado: Recursos de súplica promovidos en contra del auto de rechazo de las demandas de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ley 071 de 2020, "[p]or el cual se establece y regula el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y se expiden normas relacionadas con la administración y gestión del talento humano de la DIAN" || Por medio de auto del 31 de agosto de 2020, la Magistrada Diana Fajardo Rivera: (i) admitió parcialmente la demanda respecto de los artículos 29.1 y 30 del Decreto objeto de análisis dentro del expediente D-13855 y ordenó que una vez agotado el término de corrección y súplica se fijara en lista el proceso; (ii) inadmitió el resto de cargos planteados en el expediente D-13855, así como los correspondientes al expediente D-13872, al considerar que no cumplía con las condiciones de razonabilidad previstas en la ley y desarrolladas por la jurisprudencia para ejercer el control de constitucionalidad abstracto y, (iii) a los accionantes cuyas demandas fueron inadmitidas concedió el término de tres (3) días hábiles para que procedieran a corregir las demandas en los términos indicados.] - [Palabras claves: artículo, carrera, empleos, evaluación, demanda, funciones, artículos, selección, director, administrativa, derecho, ascenso, recurso, ley, normas, decreto, cargos, desempeño]

[Resumen automatizado: En lo que toca con el incumplimiento del requisito de suficiencia, el actor manifiesta que el auto inadmisorio no explicó detalladamente las razones de tal falencia, sin embargo, asumió que lo que quería decirse es que el cargo por omisión legislativa relativa no había generado una duda sobre la constitucionalidad de la norma. || Reitera varios de los argumentos esgrimidos en la demanda y su corrección, relacionados con el amplio margen de configuración del legislador y cómo, a pesar de ello, este omitió incluir el DAA en la norma acusada, aun existiendo un mandato constitucional claro como el del artículo 79 superior, que orden garantizar la participación de las personas las decisiones de carácter ambiental. || En el auto inadmisorio la falta de certeza se constató porque la magistrada Ortiz Delgado advirtió que el demandante no había logrado demostrar que el trámite del DAA no está incluido en los supuestos contemplados por el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, el cual, señaló, no contiene una enumeración taxativa. || Tanto en el escrito de corrección como en el de súplica, el demandante insiste en que de los artículos 1, 2, 40 y 79 sí se desprende un deber específico impuesto al legislador de garantizar la participación de las personas en el trámite del DAA.] - [Palabras claves: norma, demanda, omisión, participación, trámite, legislativa, cargo, administrativas, ley, ambiental, acusada, legislador, actuaciones]

[Resumen automatizado: El 29 de septiembre de 2020, los ciudadanos Andrés González Becerra y César Camilo Cermeño Cristancho interpusieron dentro del término establecido,[1] recurso de súplica contra el Auto del 22 de septiembre del año en curso, que admitió unos cargos, inadmitió y rechazó otros de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 4 (parcial) de la Ley 1943 de 2018 "por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones" y el artículo 4 (parcial) de la Ley 2010 de 2019 "por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones". || 5. Para la Sala Plena las razones que dieron lugar al rechazo de la demanda de inconstitucionalidad tienen sustento, en razón a que los demandantes se limitan a senalar la disposicion constitucional presuntamente vulnerada, pero no explican de que manera la norma implica una vulneracion del principio de eficiencia ni tienen en consideracion que la ineficacia de la declaracion del IVA se fundamenta en el incumplimiento de una obligacion tributaria sustancial, consistente en el pago del impuesto.] - [Palabras claves: demanda, jurídico, ley, norma, recurso, auto, corte, iva, sala, inconstitucionalidad, principio, eficiencia, septiembre, fundamento, cargos, rechazo, violación]

[Resumen automatizado: El primero, que se estructura con fundamento en los artículos 13 y 16 de la Carta, señala que la susodicha norma legal desconoce la autonomía de la voluntad del causante, pues cuando no hay herederos de los primeros cuatro órdenes sucesorales, pero sí legatarios, "el legatario deb[e] entenderse como jurídicamente más digno o hábil de ser el destinatario de la universalidad de bienes y no el ICBF en su calidad de sucesor intestado en su calidad de asignatario bajo el 5 orden sucesora (sic.)"[1], de tal suerte que, a su juicio, todos los bienes de la sucesión deben corresponder a dichos legatarios y "solo en casos excepcionales como en las sucesiones intestadas o en aplicación del artículo 1113 del Código Civil es posible que el Estado termine con los bienes que un particular adquirió en vida". || El recurso se funda en dos razones, a saber: "(i) No existe una contradicción que determine la falta de especificidad al afirmar que la norma demandada conlleva al desconocimiento de la voluntad del testador y la "posible voluntad presunta" y "(ii) Es falsa la afirmación según la cual el actor no explica por qué razón la autonomía del testador queda cercenada por el mandato dispuesto en el artículo 1207 del Código Civil.] - [Palabras claves: voluntad, demanda, derecho, civil, autonomía, código, norma, septiembre, presunta, recurso, razón, artículos]

[Resumen automatizado: La motivación del auto de rechazo es contradictoria porque, a pesar de que en la demanda se formuló un único cargo, el Magistrado ponente afirmó que la censura por violación de los artículos 8.1, 8.2 -literal h- y 25.1 de la CADH carecía de certeza y, al mismo tiempo, sostuvo que el reproche por violación de los artículos 29 y 31 superiores planteaba una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma. || La Sala Plena encuentra que en esta oportunidad el recurso de súplica presentado por los ciudadanos Milton José Pereira Blanco y Enrique del Río González contra el auto de 22 de septiembre de 2020, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad con el radicado D-13801, es oportuno. || En el auto de rechazo el Magistrado sustanciador indicó que "se dieron argumentos nuevos que lograron generar una duda mínima con relación a los cargos presentados por la presunta vulneración de los artículos 29 y 31 Superiores por lo que, en aplicación del principio pro actione, se admitirán las demandas en lo que respecta, exclusivamente a estos" (Negrillas fuera del texto)[20].] - [Palabras claves: demanda, artículos, rechazo, norma, magistrado, recurso, inocencia, cargo, presunción, en, requisitos, septiembre, inhabilidad, corte, sala, inconstitucionalidad]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de aquella que le concede el artículo 50 del Acuerdo N.º 02 de 2015, dicta el presente auto que resuelve un recurso de súplica, de acuerdo con los siguientes: || En su opinión, la única vía de derecho para corregir la interpretación inadecuada de las autoridades judiciales contra los miembros de la Fuerza Pública era el estudio de la demanda por la Sala Plena de la Corte Constitucional. || Mediante auto del 14 de septiembre de 2020, la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado resolvió rechazar la demanda y ordenó informar al ciudadano David Mauricio Uribe Marín que contra dicha decisión procedía el recurso de súplica. || Así mismo, criticó la decisión de la magistrada sustanciadora de rechazar su demanda por estar dirigida a cuestionar la eficacia de las normas y no su validez, cuando ha sido la misma Corte Constitucional la que ha dificultado la aplicación efectiva disposiciones de los artículos 20, 27 y 29 de la Ley 65 de 1993.] - [Palabras claves: demanda, corte, constitucional, recurso, miembros, normas, auto, ley, fuerza, pública, septiembre]

[Resumen automatizado: Esta Corte ha indicado en reiteradas ocasiones que, por regla general, las sentencias expedidas en trámite de revisión de tutelas no son susceptibles de aclaración "(...) en la medida que se excedería el ámbito de competencias asignadas a la corporación por el artículo 241 superior y se iría en contra de los principios de cosa juzgada constitucional y seguridad jurídica"[10]. || Lo anterior evidencia que el Tribunal Superior de Bogotá -Sala de Familia- no notificó la decisión adoptada por la Corte Constitucional, tal como lo establece el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 conforme al cual "[l]las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta" (negrilla no original). || Sin embargo, dicho juzgado informó a la Corte Constitucional que mediante auto del 05 de marzo de 2019 dispuso (i) "NO ASUMIR COMPETENCIA del trámite remitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (...)" para conocer el seguimiento de la medida de protección de la menor AJPG y (ii) "REMITIR el expediente, al [juzgado que conoció el trámite de homologación], para que disponga lo pertinente".] - [Palabras claves: corte, seguimiento, término, decisión, solicitud, ley, protección, menor, sentencia, la, sala, si, proceso, medida]

[Resumen automatizado: Los expedientes de la referencia fueron escogidos para revisión por distintas Salas de Revisión y en atención a lo señalado en el inciso 1 del artículo 61 del Reglamento Interno de esta Corte, por la trascendencia del tema, la Sala Plena, en sesión de 12 de julio de 2017, decidió asumir su estudio asignando como sustanciador al Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. || Por la importancia de los intereses en tensión, la Sala Plena, mediante Auto 708 de 2018 convocó a una audiencia pública para exponer la problemática sometida a estudio de la Corte. || PRIMERO.- A través de la Secretaría General, CONVOCAR a (i) Carlos Enrique Moreno, ex asesor para la Consejería de Gestión y Cumplimiento del Gobierno del Presidente Iván Duque, (ii) Alejandra Carolina Botero, Consejería de Gestión y Cumplimiento del Gobierno del Presidente Iván Duque, (iii) Pedro Nel Ospina, Gerente de Políticas de Tierras, (iv) Lorena Garnica, Asesora Jurídica, (v) María Adelaida Barros, Asesora de la Consejería Presidencial encargada del Monitorio de la implementación del Catastro Multipropósito, y (vi) Manuel Ramos, experto en derecho agrario, a la sesión técnica informal que tendrá lugar el día veintitrés (23) de octubre de 2020 a las 9:00 de la mañana a través de medios tecnológicos.] - [Palabras claves: juzgado, magistrado, general, corte, plena, sesión, gobierno, sala, presidente, técnica, por, días, secretaría]

[Resumen automatizado: Dentro de los argumentos que expuso el auto de rechazo, señaló lo siguiente: (i) A pesar de los cambios formales, la incorporación de unas pretensiones subsidiarias y la reformulación de otras, igualmente se señala que la Corte debe emitir una orden dirigida al Congreso de la República para que, en el término de cuatro años, expida un nuevo Estatuto Tributario; (ii) El análisis que se acompaña para dar cuenta que el sistema tributario no responde a los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia, sigue siendo exclusivamente empírico "Pero ni en la pretensión principal ni en las subsidiarias se muestra de qué manera los contenidos normativos acusados resultan contrarios a la Constitución, esto es, la argumentación adolece (sic) de lo que en el auto inadmisorio se denominó "el ingrediente normativo" para oponerlo a las consideraciones puramente empíricas con las que se sustentan las pretensiones"; (iii) Por lo tanto, la demanda no se orienta a evidenciar cómo los contenidos normativos resultan, en concreto, contrarios a la Constitución, de tal manera que resulte necesario expedir un nuevo estatuto tributario; (iv) En cuanto a la premisa mayor, los demandantes admiten que el cargo se plantea frente a una norma constitucional que tiene la estructura de principio, pese a lo cual, la demanda no plantea un juicio de contradicción normativa pues "no aborda la razón en virtud de la cual se objetó la demanda, cual es que, en un supuesto como ese, la Corte ha exigido, como condición de viabilidad del juicio de constitucionalidad, que los demandantes esbocen, así sea sumariamente, los elementos de un juicio de ponderación que permitan desvirtuar el margen que tiene el legislador para optar entre distintas opciones constitucionalmente admisibles"[4].] - [Palabras claves: demanda, corte, principio, normas, progresividad, inconstitucionalidad, principios, tributario, estatuto, sistema, constitución, magistrado, rechazo]

[Resumen automatizado: Recurso de súplica en contra del auto de 11 de mayo de 2020 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, "[p]or la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo". || La demanda del asunto sub examine fue inadmitida mediante auto de 13 de enero de 2020[8], porque "los accionantes no indica[ron] la o las normas constitucionales que consideran infringidas, al limitarse en su escrito a señalar que se transgrede una disposición de orden legal, como en efecto lo es el numeral 5 del artículo 147 de la Ley 165 de 1993"[9]. || La Sala constató que el 16 de febrero de 2020, el despacho del magistrado sustanciador recibió el informe en el que la Secretaría General remitió el escrito de corrección de la demanda radicado en la Corte Constitucional el 10 de febrero de 2020, pero recibido por el "Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC (...) [el] 16 de enero de 2020". || El 28 de septiembre de 2020, la Secretaría General informó que, el 25 de septiembre de 2020, recibió "correspondencia remitida por los demandantes (...), mediante la cual interponen recurso de súplica contra el (...) auto [de 13 de mayo de 2020]"[39] que rechazó la demanda de inconstitucionalidad.] - [Palabras claves: demanda, magistrado, ley, escrito, rechazo, sala, corte, secretaría, recurso, mayo, auto, general, inconstitucionalidad]

[Resumen automatizado: Con base en los anteriores criterios, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efectos el auto proferido el 2 de septiembre de 2020 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, dentro de la acción de tutela promovida por Dunia de Jesús Tobón Sepúlveda contra la Secretaría de Movilidad de Medellín. || Asimismo, se advertirá al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Medellín (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, competencia, segundo, territorial, corte, factor, municipal, acción, lugar, debe, sala, constitucional, auto, efectos, civil]

[Resumen automatizado: Concluyó que “el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, a quien se le repartió la misma en primera instancia; es competente no sólo 'a prevención' por la elección hecha por el demandante, sino, además, porque la presunta vulneración del derecho deprecado acaeció en el municipio de Restrepo - Meta o es en ese el lugar donde se producen sus efectos.” Propuso conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional.[3] || 9. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 19 de agosto de 2020, proferido por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, en el marco del trámite de la acción de tutela formulada por Hugo Acevedo Acevedo contra el Ministerio de Transporte, el Instituto Departamental de Tránsito y Transportes del Meta - Sede Restrepo y el Registro Único Nacional de Tránsito. || Finalmente, la Sala Plena advertirá al Juzgado Civil del Circuito de Acacías -autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación- que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: lugar, tutela, competencia, autoridades, corte, factor, acción, auto, sala, constitucional, debe, corporación, territorial]

[Resumen automatizado: Mediante Sentencia T-434 de 2020, la Sala Segunda revisó los dos expedientes acumulados de la referencia, en los cuales las respectivas accionantes solicitaron el amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada por salud. || En el segundo título del capítulo de los antecedentes de esta sentencia, por error, se hizo referencia a la acción de tutela interpuesta por la señora Clara Eugenia Landazury Morales con el número de radicado “T-7.471.223” (Pág. || Por tanto, es preciso corregir el texto de la parte considerativa de la sentencia en este aspecto. || El artículo 286 del Código General del Proceso permite la corrección de errores cometidos por omisión o cambio de palabras o alteraciones de éstas.[1] || Primero.- CORREGIR de oficio el segundo título del capítulo de los antecedentes de la parte considerativa de la Sentencia T-434 de 2020, el cual quedará así: || Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por aviso, de conformidad con el artículo 286 del Código General del Proceso. || [1] Dicho artículo establece: "Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. || || Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.] - [Palabras claves: parte, sentencia, capítulo, cambio, corrección, aviso, corte, referencia, general, omisión, magistrado, texto, constitucional, número, segundo, oficio, título, sala, maría, resolutiva]

[Resumen automatizado: En el Auto 149 de 2020, la Sala Especial de Seguimiento exhortó al Gobierno Nacional para que, en las medidas que adopte para conjurar la crisis social y económica derivada de la pandemia generada por el COVID-19, garantice: (i) el respeto al deber de distinción entre las medidas de política social, de atención humanitaria y de reparación; y (ii) el derecho a la igualdad material y no discriminación de la población desplazada en el acceso a la oferta institucional del Estado destinada a atender los efectos de la emergencia sanitaria. || Las autoridades étnico-territoriales del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) y de los pueblos Wayúu y Yukpa manifestaron que, a pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para atender la emergencia sanitaria, sus comunidades no han sido realmente beneficiarias de ellas. || nocimiento de sus derechos copuestas con anterioridad, así como por las advertencias relacionadas con la grave situación humanitaria que afrontan diferentes comunidades, la cual se exacerbó debido a la coyuntura sanitaria, la suscrita Magistrada convocará a una sesión técnica informativa a las autoridades étnicas aludidas anteriormente, a las organizaciones de la sociedad civil que presentaron información en virtud del Auto 149 de 2020 y al Ministerio Público con el objetivo de que provean información actual y suficiente acerca de: ] - [Palabras claves: derechos, población, sesión, medidas, comunidades, técnica, sanitaria, sala, nacional, especial, situación, desplazamiento, pueblos]

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente auto con base en los siguientes: || A pesar de lo anterior, indicó que “[…] es claro que la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO sí tiene conocimiento de la mencionada providencia, en tanto que, por auto del once (11) de julio de 2018, se requirió a la mencionada entidad a efectos de que informara sobre el cumplimiento de la sentencia T-601 de 2016, decisión que fue notificada mediante el oficio N° 2333 del 18 de julio de 2018, remitida al correo electrónico notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co, quien dio respuesta a dicho pedimento a través de la doctora DANIELA ANDRADE VALENCIA, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de esa entidad, quien informó sobre las órdenes impartidas en la sentencia de tutela T-601 de 2016 y que la Agencia Nacional de Tierras dio inicio al proceso de clarificación, a través de la Resolución 1344 del 28 de septiembre de 2017 […], informe en el que incluso transcribió partes de la parte resolutiva que le competía a la entidad que representa”.] - [Palabras claves: aclaración, registro, notariado, providencia, parte, sala, corte, superintendencia, proceso, constitucional, sentencia, solicitud]

[Resumen automatizado: La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, || Que, el 21 de mayo de 2020, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte profirió la sentencia T-147 de 2020, en la que revisó una acción de tutela interpuesta por el ICBF contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó Chocó- y el Tribunal Administrativo del Chocó, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la entidad al debido proceso y acceso a la administración de justicia, solicitando que se dejaran sin efecto las sentencias proferidas por estos juzgados dentro del proceso con radicado No. 270013333001201600345-00 (en adelante, el “Proceso 2016345”) y se ordenaran las medidas para la reparación por los daños ocasionados a la entidad. || “Sin embargo, en ella no se dijo o precisó si esa orden, junto con las demás, está supeditada a las reglas de ejecutorias de toda providencia judicial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 302 del CGP, (…) o si, por el contrario, por ser una sentencia emanada de la Corte Constitucional, debía cumplirse de manera inmediata, independientemente a los efectos de la solicitud de aclaración que se hace en estos momentos.] - [Palabras claves: sentencia, corte, administrativo, constitucional, parte, que, sala, solicitud, pruebas, proceso, si, general, providencia]

[Resumen automatizado: En consecuencia, presentó acción de tutela contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, por la determinación de las accionadas de rechazar su solicitud de comparecencia voluntaria a esta jurisdicción, al considerar que existía una ausencia de competencia. || Por lo que, el 31 de julio de 2020, se profirió un auto de pruebas, en el que se requirió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y a la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, para que aportaran los elementos que fueron valorados con el fin de adoptar las decisiones que rechazaron, por falta de competencia, el sometimiento voluntario efectuado por el señor Dorian Jaime Mejía Galeano. || 5. Que el 17 de septiembre de 2020, la Secretaría de la Corte Constitucional remitió al Despacho del Magistrado sustanciador la respuesta del Secretario Judicial de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, en donde se pone de presente que el expediente fue devuelto a primera instancia y que el respaldo digital se encuentra bajo custodia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.] - [Palabras claves: sala, magistrado, pruebas, paz, corte, proceso, constitucional, necesario, situaciones, tribunal, apelación, septiembre, definición, momento, podrá, jurídicas]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de adición o complementación del auto 270 de 2020, por medio del cual se rechazó la nulidad presentada en contra de la sentencia C-373 de 2016. || De acuerdo con lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que la solicitud de adición del auto 270 de 2020, radicada el 28 de agosto de 2020, satisface los requisitos de legitimación y oportunidad antes descritos, como quiera que fue interpuesta (i) por el señor Jorge Luis Pabón Apicella, misma persona que pidió "la nulidad o inexequibilidad" de la sentencia C-373 de 2016; trámite que culminó con la expedición de la providencia en cuestión; y (ii) dentro del término de la ejecutoria del mencionado auto, puesto que este fue notificado por estado el día 27 de agosto de 2020. || Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazará de plano la solicitud de adición, presentada el 28 de agosto de 2020 por el señor Jorge Luis Pabón Apicella, en contra del auto 270 de 2020.] - [Palabras claves: corte, sentencia, solicitud, procedimiento, legislativo, plena, nulidad, acto, constitucional, constitucionalidad, sala, providencia, presentada, decidir]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial aquellas que le concede el Decreto ley 2067 de 1991 y el artículo 50 del Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 02 de 2015), procede a resolver el recurso de súplica interpuesto por  Jorge Luis Pabón Apicella, contra el auto (31) de agosto de dos mil veinte (2020), que dispuso rechazar la demanda de la referencia, con fundamento en los siguientes: || Al respecto, la Magistrada Ponente hizo mención al Auto 007 de 2012[5], en el cuales la Sala Plena de la Corte estableció que no hay excepciones de ningún tipo a las normas de caducidad para presentar acciones públicas Así, precisó que el precepto objeto de cuestionamiento se encuentra consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2018 el cual fue publicado el 18 de enero del mismo año, mientras que la demanda de inconstitucionalidad se interpuso el 10 de agosto de 2020 es decir, por fuera del término constitucional contemplado para el efecto.] - [Palabras claves: competencia, pública, actos, constitución, corte, constitucional, política, acción, demanda, año, inconstitucionalidad, auto, general, vicios]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de aquellas que le concede el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 50 del Acuerdo No. 02 de 2015, profiere el presente auto respecto del recurso de súplica interpuesto por el ciudadano Jorge Luis Pabón Apicella, de acuerdo con los siguientes || En el mencionado documento, el actor solicitó puntualmente una adición o complementación del auto de rechazo por sustraerse la Corte Constitucional de afrontar todos los argumentos presentados con la sustentación de la demanda y ante el incumplimiento gravísimo de las funciones y la falta de aplicación de los principios de la función administrativa señalados en el artículo 209 de la Constitución Política. || RECHAZAR el recurso de súplica presentado contra el Auto del 1º de septiembre de 2020, proferido por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad formulada por el ciudadano Jorge Luis Pabón Apicella, en contra de la reforma de facto a los artículos 174 y 175 de la Constitución Política, así como frente al numeral 3 del artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2018, radicado D-13807, por las razones expuestas en el presente Auto.] - [Palabras claves: demanda, rechazo, septiembre, corte, recurso, magistrado, política, constitucional, auto, constitución]

[Resumen automatizado: 3. En consecuencia, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía, el cual, mediante Auto del 1º de septiembre de 2020[3], se abstuvo de asumir el conocimiento del amparo interpuesto por Soluciones Deprisa S.A.S. y suscitó un conflicto de competencia ante este Tribunal, al estimar que el Juzgado Tercero de Familia en Oralidad de Bogotá debió avocar el examen de la acción de tutela en los términos del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, ya que esta no se dirige contra Falabella, sino contra tres autoridades públicas y dos de ellas, al igual que la compañía accionante, tienen sus sedes en la capital de la República. || 3. Así las cosas, ante el yerro palmario advertido y en virtud del criterio "a prevención" del factor territorial de competencia en materia de tutela, la Corte respetará la elección de la parte accionante referente a que su caso sea estudiado por las autoridades judiciales de la capital de la República y, por consiguiente: (i) dejará sin efectos el Auto del 31 de agosto de 2020 proferido por el Juzgado Tercero de Familia en Oralidad de Bogotá, y (ii) le remitirá el expediente ICC-3887, que contiene la acción de tutela interpuesta por la empresa Soluciones Deprisa S.A.S. en contra del Juzgado Tercero Civil Municipal de Chía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Superintendencia de Industria y Comercio.] - [Palabras claves: tutela, corte, competencia, autoridades, bogotá, acción, auto, sala, decreto, municipal, constitucional, conflicto, materia]

[Resumen automatizado: Esto, habida cuenta de que “una de las accionadas es la Presidencia de la República”[1] y que, de acuerdo con las reglas de reparto dispuestas por el Decreto 1069 de 2015, las acciones de tutela en contra del Presidente de la República “serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos”[2]. || Tras el nuevo reparto[3], el expediente fue remitido a la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, la cual, por medio de auto de 19 de agosto de 2020, decidió “promover el conflicto negativo de competencia” y remitir el expediente a la Corte Constitucional[4]. || Esto, por cuanto las autoridades judiciales involucradas se negaron a asumir el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Alexander Cipriano Román García y otros con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 1983 de 2017. || En consecuencia, la Corte advertirá al Juez 15 Administrativo Oral de Medellín y a la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que, en lo sucesivo, se abstengan de sustraerse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en reglas de reparto, por cuanto impide la protección inmediata de derechos fundamentales.] - [Palabras claves: tutela, competencia, autoridades, reparto, corte, judiciales, agosto, fundamento, constitucional, sala, auto, reglas, acción, acciones, decreto, judicial]

[Resumen automatizado: (i) Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego, con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, se declararon sin competencia para pronunciarse de fondo en la solicitud de amparo promovida por el señor Jesús Olmedo Ortega Yela. || PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 13 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela formulada por el señor Jesús Olmedo Ortega Yela contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Servicio Civil. || TERCERO: ADVERTIR al Tribunal Administrativo de Nariño y Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego abstenerse, en lo sucesivo, de suscitar conflictos de competencia con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017. || [12] Cfr. Autos 064 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo), 172 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos), 275 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido) y 305 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).] - [Palabras claves: decreto, tutela, competencia, tribunal, administrativo, judiciales, autoridades, reparto, conflicto, auto, conflictos, acción, reglas, constitucional, conocimiento, magistrado]

[Resumen automatizado: En el presente caso, se configuró un conflicto aparente de competencia[24], en la medida en que la controversia entre las dos autoridades judiciales involucradas no se basó en uno de los factores de competencia previstos constitucional o legalmente, sino que se originó en la decisión del Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C. que se apartó de las reglas definidas por esta Corporación respecto del criterio a prevención. || Adicionalmente, se advertirá al Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C. que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional. || ADVERTIR al Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C. que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.] - [Palabras claves: competencia, tutela, bogotá, municipal, auto, debe, dos, constitucional, civil, acción, conflicto, conflictos, corte, autoridades, jueces]

[Resumen automatizado: En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, integrada por el Magistrado Luis Javier Moreno Ortiz (e) y las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, profiere el presente auto. || Dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y al Auto 008 de 2009, el ciudadano Carlos Andrés Gutiérrez Mejía solicitó a la Sala Especial de Seguimiento: (i) dar inicio al trámite de un incidente de desacato en contra del Fiscal General de la Nación por el presunto incumplimiento de la orden decimotercera del Auto 008 de 2009[1]; y (ii) requerir a la Unidad para las Víctimas y a la Fiscalía General de la Nación, para que expongan los motivos por los que -según el actor- no se ha dado cumplimiento a las obligaciones derivadas de dicha orden. || A efectos de lo anterior, la Sala (i) reiterará los parámetros de procedencia del recurso de apertura del incidente de desacato, de acuerdo con lo dispuesto en el Auto 150 de 2020, haciendo especial énfasis en las distinciones entre el interés procesal del que gozan todos los ciudadanos en relación con el proceso de seguimiento adelantado por la Corte Constitucional a la superación del ECI, y la capacidad procesal para actuar efectivamente en el proceso.] - [Palabras claves: corte, auto, constitucional, sala, desacato, recurso, sentencia, agente, procesal, apertura, causa, orden, si, derechos, especial]

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Javier Moreno Ortiz y Alejandro Linares Cantillo, y por la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, procede a dictar el presente auto con base en las siguientes || Mediante sentencia T-387 de 2020, la Sala Segunda revisó la tutela interpuesta por Hemil Ruperto Cuarán, en calidad de Gobernador del resguardo indígena de Males, en contra de la providencia del Consejo Superior de la Judicatura que resolvió un conflicto de jurisdicciones en favor de la Justicia Penal Ordinaria, dentro de un proceso por violencia intrafamiliar. || Sin embargo, por error, en dicha orden se hizo referencia al Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Cartagena, y no a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la que, actuando como juez de tutela, conoció de este proceso en primera instancia. || El artículo 286 del Código General del Proceso permite la corrección de errores cometidos por omisión o cambio de palabras o alteraciones de éstas.[1] En consecuencia, de conformidad con este artículo, la Sala procederá a corregir el numeral séptimo de la parte resolutiva de la Sentencia T-387 de 2020. || “SÉPTIMO.- DEVOLVER a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el expediente digitalizado del proceso de tutela de la referencia.] - [Palabras claves: sala, resolutiva, parte, general, corte, proceso, omisión, tutela, justicia, juez, civil, casación, corrección]

[Resumen automatizado: Como consecuencia de lo anterior, la Sala Especial profirió el Auto 263 de 2020, por medio del cual realizó una solicitud de información a la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante “JEP”), con el propósito de identificar los lineamientos institucionales bajo los cuales este órgano jurisdiccional procederá a investigar y judicializar la conducta del desplazamiento forzado. || Por este motivo, la Sala Especial requiere conocer los parámetros institucionales bajo los cuales se guiará la investigación y judicialización de la conducta de desplazamiento forzado dentro del SIVJRNR, con el fin de avanzar en la recopilación de la información necesaria para identificar el avance en la superación de falencias que obstaculizan el goce efectivo del derecho”[3]. || Bajo este entendido, y en reconocimiento de la colaboración armónica de las distintas ramas del poder, así cómo, en consideración a la autonomía técnica y la competencia prevalente y exclusiva de la JEP sobre los hechos del conflicto armado ocurridos antes del primero de diciembre de 2016, esta Sala Especial solicitó a la Presidencia de la JEP que, en un término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación del Auto 263 de 2020, informara a la Corte Constitucional sobre lo siguiente:] - [Palabras claves: especial, auto, sala, jep, desplazamiento, forzado, información, paz, presidencia, conducta, jurisdicción]

[Resumen automatizado: Para la entrega de este informe se dispuso el término de un mes contado a partir de la notificación de dicha providencia[1], la cual fue comunicada a German Marmolejo Rentería en calidad de representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó el 13 de mayo de 2020, de acuerdo con el Oficio A492 de 2020 de la Secretaría General de la Corte Constitucional. || SOLICITAR al Consejo Comunitario de Curvaradó que, por intermedio de su Junta, presente a la Sala Especial de Seguimiento el informe solicitado en la orden segunda del Auto 165 de 2020. || SOLICITAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional y a través de correo electrónico, a la directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior comunicar la presente decisión a la Junta del Consejo Comunitario de Curvaradó. || [1] "Décimo.- INFORMAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a las autoridades gubernamentales, a los representantes legales de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó, al Fiscal General de la Nación y los entes de control que, la información solicitada en la presente decisión deberá ser allegada por medio del correo electrónico de la Secretaría General (secretaria1@corteconstitucional.gov.co), dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la comunicación de este auto".] - [Palabras claves: auto, derechos, sala, secretaría, información, junta, corte, consejo, general, informe, constitucional, decisión, mediante]

[Resumen automatizado: En consecuencia, esta Corporación ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018, que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales. || Teniendo en cuenta las reglas jurisprudenciales previstas para estos casos, la Corte Constitucional considera que se trata de una acción de tutela y que esta debe ser decidida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bugalagrande. || Finalmente, se advertirá al Juzgado Promiscuo Municipal de Bugalagrande que en lo sucesivo decida conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves: acción, derechos, tutela, competencia, juzgado, fundamentales, conocimiento, corte, amparo, debe, protección]

[Resumen automatizado: En el Auto 092 de 2008[1], relativo a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas y a la prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional reconoció que las mujeres en Colombia afrontan el riesgo de ser víctimas de violencia sexual, explotación o abuso sexual en contextos de violencia y conflicto armado[2], el cual se ve acentuado como consecuencia de patrones estructurales de discriminación de género que se ven intensificados con el desplazamiento. || En consecuencia, dentro de las medidas adoptadas en el Auto 092 de 2008, la Sala de Revisión resolvió trasladas al Fiscal General de la Nación un documento separado en el que constan múltiples relatos fácticos sobre episodios de violencia sexual que fueron puestos en conocimiento de esta Corporación (orden segunda). || El 26 de agosto del año en curso[4], Claudia María Giraldo Chica solicitó a la Sala Especial una copia del anexo II del Auto 092 de 2008, relacionado con los 183 casos de violencia sexual conocidos por esta Corporación que fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación.] - [Palabras claves: general, corte, auto, constitucional, sala, sexual, nación, violencia, fiscalía, debido, información, solicitud]

[Resumen automatizado: 7. Que el 28 de marzo de 2019, dichos fallos de instancia fueron seleccionados para revisión por parte de este Tribunal, así como se dispuso que, por reparto, la sustanciación del proceso estaría a cargo del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez[7]. || 8. Que en atención al informe presentado por el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la sesión ordinaria del 26 de junio de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumió el conocimiento del proceso T-7243742[8]. || 9. Que el 19 de febrero de 2020, Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata le solicitó a la Corte que amparara sus derechos fundamentales, así como que se pronunciara sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en torno a la caducidad del medio de reparación directa en tratándose de daños causados por delitos de lesa humanidad[9]. || Que a través de la Sentencia SU-312 del 16 de agosto de 2020[10], la Sala Plena de este Tribunal confirmó los fallos de instancia, en los cuales se denegó el amparo solicitado por Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata.] - [Palabras claves: corte, agosto, proceso, administrativo, fallo, humanidad, medio, reparación, lesa, tribunal, magistrado, solicitud, enero, consejo, ejército, control, revisión]

[Resumen automatizado: El día 28 de agosto de 2020, el señor Jorge Luis Pabón Apicella presentó solicitud de adición y de complementación del Auto 271 de 2020, por cuanto, a su juicio, la decisión judicial omitió incorporar la motivación requerida, sin siquiera hacer referencia a los artículos 241, 123, 121 y 4 de la Carta Política, que prohíben a este tribunal adoptar sentencias "que quedan por fuera de los supuestos competenciales de 'guarda de la integridad y supremacía de la Constitución', sin la cual ninguna providencia o sentencia realmente lo es y carece de poder vinculante". || Estima este tribunal que no hay lugar a la adición o complementación de la providencia, por la confluencia de las siguientes razones: (i) primero, porque la providencia atacada definió en su parte resolutiva todos los elementos esenciales de la controversia constitucional planteada en la solicitud de nulidad o de inexequibilidad de la sentencia C-285 de 2020, y el peticionario no identificó el elemento que, siendo parte esencial de la litis, dejó de ser analizado y resuelto en la providencia objetada.; (ii) segundo, aunque el peticionario argumenta que la adición propuesta es viable en atención a las falencias en la motivación del auto, esta línea argumentativa es inconducente por cuanto, por un lado, las eventuales deficiencias en la fundamentación de los fallos judiciales no se enmiendan a través de la adición o complementación de los fallos, y por cuanto, por otro lado, no se advierte la omisión alegada; (iii) finalmente, el requerimiento del accionante no apunta a que se subsanen los eventuales yerros en la justificación de la decisión judicial, sino a controvertir, nuevamente, la sentencia C-285 de 2016, así como el auto 271 de 2020.] - [Palabras claves: judicial, sentencia, solicitud, corte, parte, nulidad, fallo, providencia, constitucional, sentencias, política, tribunal, razones]

[Resumen automatizado: Con relación a las razones dadas para la supuesta violación “indirecta”, carece de certeza, especificidad y pertinencia porque (i) de la norma acusada no se extraen obligaciones de ahorro mayores para madres cabeza de familia y afiliados con hijos, (ii) no se explican las razones por las cuales se afecta la dignidad por motivo de las prestaciones que son reconocidas en uno y otro régimen, (iii) no desarrolla con suficiencia el trato desigual que se genera entre los afiliados del sistema, al imponer restricciones de traslados, y (iv) recurre a argumentos de conveniencia. || La Sala Plena de la Corte Constitucional confirmará la decisión de rechazo adoptada por el magistrado sustanciador en el marco del proceso de la referencia, pues la demandante no identificó ningún error o inconsistencia en el auto de rechazo, por el contrario, solamente reiteró las razones que expuso en su demanda, pero no dirigió la argumentación a rebatir la motivación. || Siendo el recurso de súplica una oportunidad procesal para que la demandante desvirtúe los argumentos de rechazo aducidos por el magistrado sustanciador, procede la Sala Plena a negar la súplica de la referencia, y a confirmar el rechazo de lam demanda tal como fue decidido en el auto del 13 de agosto de 2020.] - [Palabras claves: demanda, norma, razones, régimen, artículos, afiliados, corte, recurso, magistrado, fondos, privados, i, constitución]

[Resumen automatizado: El pasado 5 agosto del año en curso, el Fiscal quinto de la Unidad de Investigación y Acusación solicitó a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 una copia de los informes relacionados con “la situación de garantía de los derechos humanos fundamentales y su eficacia, respecto de las comunidades y personas asentadas en los municipios aludidos [Tumaco, Ricaurte y Barbacoas], durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2019 y el 1 de julio de la presente anualidad”[1]. || Considerando la importancia que revisten dichos documentos y de la necesidad de adoptar medidas pertinentes para la protección y salvaguarda de los derechos de la población de los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño), se remitirá una copia en medio digital de los documentos allegados a esta Sala Especial en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, de acuerdo con la solicitud de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estos, se relacionan en el documento anexo I a la presente providencia. || REMITIR, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, al Fiscal quinto de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, una copia digital de los informes relacionados en el documento anexo I de la presente providencia.] - [Palabras claves: especial, sala, jurisdicción, paz, acusación, auto, investigación, unidad, sentencia]

[Resumen automatizado: Primero.- SOLICITAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas, que de manera previa a la convocatoria de la socialización y deliberación sobre los ajustes a los indicadores de goce efectivo de derechos, al menos con siete (7) días de anticipación, remitan a los demás actores del proceso: (i) los resultados del análisis de las observaciones y recomendaciones presentadas por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, de conformidad con las pautas establecidas en el Auto 166 de 2020; y (ii) la respuesta sobre las consideraciones presentadas por los organismos de control sobre los indicadores relacionados con los derechos de los pueblos étnicos, así como de los demás sujetos de especial protección constitucional.. || Tercero.- REMITIR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, los informes allegados por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República, para que, en caso de considerarlo necesario, se pronuncien sobre su contenido y tengan en cuenta esta información en la tercera etapa del plan de trabajo de consolidación de los indicadores de goce efectivo de derechos.] - [Palabras claves: derechos, indicadores, nacional, análisis, información, proceso, general, control, informe, gobierno, auto, organismos]

[Resumen automatizado: En tercer lugar, la SDSJ explicó que, aun cuando la Corte Suprema de Justicia afirma reiteradamente que el señor Arana Sus tiene la condición de paramilitar, este se presentó ante la JEP como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública, por lo cual no le es exigible el requisito de no haber pertenecido a una estructura armada, pues de conformidad con el tenor literal del parágrafo 4º del artículo 63 de la Ley 1957 de 2019[23], la condición de ser ajeno a las organizaciones o grupos armados sólo es requerida para los civiles. || En tal sentido, si bien es cierto que conforme a los artículos 10 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y 97 de la Ley 1957 de 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conserva una atribución para pronunciarse sobre la revisión de las sentencias que ha proferido respecto de no combatientes, de ello no se sigue la conclusión según la cual le corresponde a dicha Corporación determinar qué personas pueden comparecer ante la JEP, pues esta facultad se encuentra reservada de manera exclusiva para las correspondientes instancias judiciales de esa jurisdicción transicional.] - [Palabras claves: corte, jep, sala, suprema, justicia, conflicto, competencia, sometimiento, armado, especial, jurisdicción, paz]

[Resumen automatizado: Sobre los requisitos generales sostuvo que (i) su caso no constituye un tema de relevancia constitucional porque se trata de una “situación jurídica de clara y marcada definición exclusiva de la Jurisdicción Administrativa en su campo laboral, en cuyo campo no es procedente la actuación del Juez Constitucional”; (ii) no se cumple con el requisito de subsidiariedad en tanto “aún subsistía el recurso de revisión de la sentencia que definió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, del cual no se hizo uso por desidia o negligencia”; (iii) la acción de tutela se interpuso pasado el término para ello, por lo que tampoco se cumplió con el requisito de inmediatez, “situación que crea absoluta incertidumbre y que desdibuja las decisiones judiciales en su verdadero sentido, como mecanismos institucionales legítimos de la resolución de conflictos”; (iv) no se advierte irregularidad procesal alguna que haya afectado derechos fundamentales “porque dicha actuación judicial fue tramitada acorde con el ordenamiento procesal vigente”; y, (v) no se identificaron los hechos generadores de la vulneración de derechos de manera adecuada en tanto “el derecho que sirve de sustento a la tutela, surgió con posterioridad a la consolidación del derecho pensional, por la vía de la sentencia C-258 de 2013”.] - [Palabras claves: derecho, proceso, nulidad, sala, requisitos, precedente, sentencia, debido, pensional, corte, tutela, constitucional, solicitud]

[Resumen automatizado: El presente Decreto Legislativo tiene por objeto crear el Programa de apoyo al empleo formal PAEF, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME, como un programa social del Estado que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. || La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, dentro de las labores de fiscalización que adelante durante los tres años siguientes a la finalización del Programa, podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo para acceder al mismo. || La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, dentro de las labores de fiscalización que adelante durante los tres años siguientes a la finalización del Programa, podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo para acceder al mismo. || del Artículo 4 de este Decreto Legislativo, esto es, el número de trabajadores que el beneficiario manifiesta planea proteger y para los cuales requiere el aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF por el mes correspondiente.] - [Palabras claves: decreto, legislativo, artículo, parágrafo, aporte, estatal, entidades, mayo, beneficiarios, beneficiario, deberán, empleo]

[Resumen automatizado: A su juicio, el pretendido cargo por la presunta vulneración del principio de unidad de materia no satisfizo los requisitos de especificidad y suficiencia, porque el escrito de corrección de la demanda no "refleja la afectación de la coherencia", es decir, no explica "por qué el artículo 181 de la ley 1955 de 2019 sobre 'acuerdo sobre los derechos patrimoniales' no está relacionado con la protección a la cultura y la economía naranja, que es uno de los pilares de la ley del Plan nacional de desarrollo"[30]. || Según el demandante, si bien, como lo señaló el magistrado sustanciador, el trámite que corresponde darles a las leyes mediante las cuales se aprueban los planes nacionales de desarrollo es el de las leyes ordinarias y, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 152 de 1994, el primer debate se lleva a cabo en sesión conjunta de las comisiones de asuntos económicos de ambas cámaras, lo que configura la vulneración de los principios de consecutividad e identidad flexible es "[l]a ausencia de conocimiento y discusión por parte de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, respecto de la proposición introducida dentro del Informe de Ponencia para Segundo Debate"[68].] - [Palabras claves: autor, derechos, demanda, debate, plan, principio, materia, patrimoniales, magistrado, conexos, trámite, norma, legislativo, relación, nacional]

[Resumen automatizado: En relación con el cargo por violación del principio non bis in ídem, sostuvo que carece de certeza porque el actor hace una interpretación particular, sin fundamento y subjetiva al asumir automáticamente que los menores de edad, los adultos mayores y las persona con discapacidad se subsumen en la categoría “incapaces de resistir” expresada en el artículo 210 del Código Penal. || En cuanto al cargo por violación del principio non bis in ídem, la referida magistrada desglosó el argumento presentado por el actor, según el cual, los mayores de 14 años y menores de 18, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad están inmersos en la categoría de “incapaces de resistir” y, por tanto, son sujetos pasivos del artículo 210 del Código Penal. || Conforme lo anterior, admitió el cargo contra los apartes de los artículos 210 y 211-7 del Código Penal por vulneración del principio non bis in ídem, pero “exclusivamente en lo referido a las personas en situación de discapacidad como sujetos pasivos de la norma”. || El auto del 13 de agosto de 2020 admitió la demanda contra los artículos 210 y 211-7 del Código Penal por vulneración del principio non bis in ídem, pero únicamente en relación con las personas en situación de discapacidad como sujeto pasivo del tipo penal y su agravante.] - [Palabras claves: principio, demanda, penal, cargo, código, agosto, edad, menores, años, resistir, persona, artículos, recurso, respecto]

[Resumen automatizado: En consecuencia, en el Auto 331 de 2019, la Sala Especial solicitó a los directores del Departamento Nacional de Planeación (en adelante "DNP") y de la Unidad para las Víctimas que informaran sobre la medición de superación de la situación de vulnerabilidad y su compatibilidad con los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 67 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.6.5.5.5 del Decreto 1084 de 2015. || Debido a la información allegada a la Sala Especial, relacionada con la medición de superación de la vulnerabilidad de las víctimas del desplazamiento forzado, por una parte, y la implementación del SISBEN IV como herramienta para caracterizar a la población, de otra, la Magistrada sustanciadora advierte que este último instrumento tiene relevancia especial en la valoración referida. || En primer lugar, el Estado tiene la obligación de caracterizar a la población desplazada, por cuanto las políticas de asistencia y de reparación deben ser consecuentes con sus particularidades y necesidades, de modo que[8]: (i) incorporen garantías y medidas de protección para los grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; (ii) respondan a la vulnerabilidad acentuada que experimentan dichas poblaciones; y (iii) contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y exclusión que pudieron relacionarse con la ocurrencia del desplazamiento forzado.] - [Palabras claves: víctimas, desplazamiento, situación, población, derechos, información, forzado, nacional, ingresos, medidas, atención, política, criterios, condiciones]

[Resumen automatizado: SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia y a la Personería de Cartagena de Indias conformar un comité dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente auto, que acompañe a toda la comunidad educativa del Instituto Educativo San Felipe Neri en un proceso de sensibilización que evite la deserción escolar y asegure la continuidad del proceso educativo de todos los estudiantes. || La Secretaría Distrital de Cartagena afirmó que en el Auto del 14 de febrero de 2019, mediante el cual se negó la solicitud de aclaración y/o modificación de la medida provisional emitida en el Auto 817 del 13 de diciembre de 2018, la Sala Sexta Revisión afirmó que sería posible suspender la medida de reubicación de los estudiantes si i) se cumplen las condiciones impuestas por las entidades de control correspondientes, con el consecuente cese de la amenaza a los derechos fundamentales de la comunidad educativa; o ii) se tenía a disposición instalaciones en las que se pudiera proporcionar el servicio educativo a los alumnos de manera segura y digna.] - [Palabras claves: cartagena, secretaría, cumplimiento, solicitud, san, sala, sentencia, modificación, juez, parte, proceso, condiciones, decisión]

[Resumen automatizado: La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, designada por la Sala Plena de la Corte Constitucional para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las directrices generales impartidas en dicha providencia, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a dictar el presente auto con base en los siguientes: || Atendiendo a lo descrito, procede la Corte a pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado en los fallos de segunda instancia que emitió en el trámite de diferentes acciones de cumplimiento interpuestas contra la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud -Adres y de la Unión Temporal Auditores en Salud[9], de conformidad con los cuales declaró la improcedencia de las mismas y ordenó la remisión de copias de los expedientes y las referidas sentencias a la Sala Especial[10], no sin antes hacer unas precisiones en torno a la función especial de esta última, la acción de cumplimiento y la figura del desacato.] - [Palabras claves: sala, cumplimiento, especial, pago, sentencia, corte, general, seguimiento, parte, salud, providencia, consejo, acción]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el presente auto en el que decide la solicitud de aclaración de la Sentencia C-084 de 2020 presentada por el Ministerio de Defensa. || "(...) la solicitud de aclaración de la providencia aludida dadas las razones expuestas, para su aplicabilidad y se sirva reconsiderar la consideración (sic) realizada en la parte considerativa (sic) del siguiente tenor literal en el sentido de acceder a la solicitud del representante legal del ministerio público (sic) accediendo (sic) a un periodo de transición por las implicaciones que el cumplimiento del mismo genera al interior de la entidad, y por las nuevas implicaciones en sus efectos con el fallo C-180 de 2020, proferido por el señor Presidente de la República en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (sic)." || No obstante, la Corte considera que la petición de aclaración no demostró el presupuesto sustancial relacionado con la existencia de una duda razonable y objetiva derivada de conceptos o frases contenidos en la parte resolutiva o en la motivación del fallo que tengan incidencia directa en la decisión, por tal razón, negará la solicitud.] - [Palabras claves: solicitud, sala, sentencia, meses, servicio, decisión, parte, corte, entidad, fallo, providencia, ministerio, tal]

[Resumen automatizado: No es dable o posible solucionar la ausencia del elemento culpabilidad al momento de imponer sanciones las faltas disciplinarias reguladas por la ley 23 de 1981 con las normas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) dado que esa garantía constitucional integrante del debido proceso no está consagrada en dicho ordenamiento procesal penal, por tanto la remisión normativa al artículo 82 de la Ley 23 de 1981 se torna inocua, falaz para solucionar la inconstitucionalidad denunciada en la demanda. || “(…) En razón a lo anterior, no es dable o posible solucionar la ausencia del elemento culpabilidad al momento de imponer sanciones la faltas disciplinaria reguladas por la ley 23 de 1981 con las normas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) dado que esa garantía constitucional integrante del debido proceso no está consagrada en dicho ordenamiento procesal penal, por tanto la remisión normativa al artículo 82 de la Ley 23 de 1981 se torna inocua, falaz para solucionar la inconstitucionalidad denunciada en la demanda (…)” ] - [Palabras claves: demanda, ley, auto, normas, culpabilidad, norma, penal, actor, código, remisión, rechazo, procedimiento, en, escrito, elemento]

[Resumen automatizado: 4. La acción de tutela fue asignada a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual, mediante Auto del 17 de marzo de 2020, remitió el expediente a la Sala de Casación Civil de la misma corporación, al estimar que, por haber sido la autoridad de segunda instancia dentro del proceso en el cual fue proferida la decisión cuestionada en el recurso de amparo, debía ser vinculada al trámite judicial que le fue repartido y, por ende, no podía actuar como juzgador del mismo[4]. || 2. En consecuencia, esta Corporación dejará sin efectos el Auto del 17 de marzo de 2020 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y, por consiguiente, le remitirá el expediente ICC-3878 a dicha autoridad judicial, para que, de manera inmediata, asuma el conocimiento y resuelva en primera instancia el recurso de amparo interpuesto por Álvaro Barrera Marín. || - REMITIR el expediente ICC-3878 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, asuma el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Álvaro Barrera Marín en contra de la Sala de Decisión Penal de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.] - [Palabras claves: sala, tutela, corte, justicia, penal, casación, suprema, tribunal, competencia, auto]

[Resumen automatizado: Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 16 de julio de 2020 proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Villavicencio en el marco del trámite de la acción de tutela que Leonel Francisco Zapata Páez formuló contra contra la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional. || Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio, autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación, que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[13]. || ADVERTIR al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves: competencia, tutela, acción, auto, materia, penal, constitucional, reparto, reglas, corporación, decreto, corte, conflictos, garantías, autoridades, municipal, control, autoridad, ley]

[Resumen automatizado: 2. Por reparto, el asunto fue asignado a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante auto del 10 de junio de 2019, ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Cesar para que conociera del asunto. || 4. En ese orden, el presente trámite de amparo fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar que, mediante auto del 11 de julio de 2019, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para se ocupe de dirimir la controversia planteada. || Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el auto del 10 de junio de 2019 proferido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, autoridad judicial con competencia a la que se le repartió el asunto en un primer término, en el marco del trámite de amparo impetrado por el señor Melkis Kammerer contra los Juzgados Cuarto y Octavo Administrativos de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar. || M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 087 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 106 de 2017.] - [Palabras claves: competencia, tutela, administrativo, tribunal, sala, consejo, acción, decreto, autoridad, contencioso, reparto, corte, constitucional]

[Resumen automatizado: La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017 y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes a prevención los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[6]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[7]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente en los términos establecidos en la jurisprudencia. || También advertirá al Juzgado Civil del Circuito Acacías que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: reparto, tutela, competencia, reglas, sala, superior, decreto, acción, tribunal, penal, conflictos]

[Resumen automatizado: El conocimiento del caso fue asignado a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que, por medio del Auto del 7 de julio de 2020, resolvió declarar el conflicto de competencia y remitir el asunto a esta Corporación. || Igualmente, la Corte advertirá a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. || ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves: tutela, competencia, auto, sala, reparto, penal, corte, reglas, acción, tribunal, judicial, distrito, autoridad, autoridades]

[Resumen automatizado: 4. De otro lado, advertirá a la Sala Quinta Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[18]. || Tercero: ADVERTIR al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla y a la Sala Quinta Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que, en lo sucesivo, se abstengan de suscitar conflictos de competencia con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017. || Cuarto: ADVERTIR a la Sala Quinta Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, competencia, barranquilla, sala, superior, corte, tribunal, república, penal, distrito, reparto, judicial, decreto, autoridades]

[Resumen automatizado: 2. En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el del 13 de marzo de 2020 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué y se le remitirá el expediente ICC-3864 que contiene la acción de tutela presentada por la señora Shirley Del Carmen contra la Alcaldía de Santa Marta, para que de forma inmediata inicie el trámite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. || 3. De igual forma, se advertirá al Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: civil, tutela, marta, municipal, competencia, lugar, santa, acción, factor, corte, debe, ciudad]

[Resumen automatizado: Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil, Familia y Laboral acudió a las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 1983 de 2017, para abstenerse de conocer la solicitud de amparo de la referencia. || 2. Con base en lo anterior, esta Corporación dejará sin efectos el Auto del 1 de junio de 2020 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil, Familia y Laboral, y ordenará que se le remita el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo respectivo y profiera la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela promovida por María Melva Flórez Flórez. || REMITIR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil, Familia y Laboral el expediente ICC-3853 para que, de manera inmediata, inicie el trámite de amparo respectivo y profiera la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por María Melva Flórez Flórez.] - [Palabras claves: tutela, sala, acción, tribunal, reparto, competencia, decreto, asunto, civil, superior, conocer, distrito, reglas]

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y, especialmente, de acuerdo con lo consagrado en los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991, profiere el presente auto con base en los siguientes: || Sin embargo, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional aclara que el trámite del procedimiento administrativo de que trata el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994 no podrá exceder el término total de dos (2) meses a partir de la notificación del presente fallo, vencido el cual, la ALCALDÍA DE FLORENCIA deberá proceder de manera inmediata con la expedición del acto administrativo en el que reconozca el pago de la pensión de jubilación por aportes en favor del actor, en los términos definidos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988. || El 18 de agosto de 2020, el peticionario remitió un nuevo escrito al correo electrónico del despacho de la suscrita Magistrada sustanciadora, mediante el cual solicita la intervención de esta Corporación ante las Salas de Casación Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que estas instancias han permitido el incumplimiento de la providencia de la referencia.] - [Palabras claves: corte, juez, cumplimiento, fallo, sala, constitucional, casación, solicitud, pensión, decreto, intervención, instancia, desacato, sentencia]

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a dictar el presente auto, con fundamento en los siguientes: || El artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la Corte Constitucional comunicará sus sentencias de tutela al juez o tribunal competente de primera instancia, quien se encargará de notificarla a las partes y “adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo” a lo indicado por esta Corporación. || Según las normas expuestas, por regla general corresponde a los jueces de primera instancia conocer de las solicitudes de cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, pero no a esta Corporación. || En el presente asunto, de acuerdo con la petición elevada por el señor Camilo Manuel Quiroga Páez, la Sala no evidencia que este haya acudido previamente al juez competente para solicitar el cumplimiento de la sentencia T-1080 de 2012, esto es, al Juzgado 3 Civil del Circuito de Neiva. || ADVERTIR al ciudadano Camilo Manuel Quiroga Páez que para solicitar el cumplimiento de la sentencia T-1080 de 2012 debe acudir en primer lugar al Juzgado 3 Civil del Circuito de Neiva.] - [Palabras claves: cumplimiento, sentencia, corte, constitucional, instancia, corporación, primera, proceso, neiva, civil, circuito, tutela, juzgado, consulta]

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a dictar el presente auto, con fundamento en los siguientes: || El artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la Corte Constitucional comunicará sus sentencias de tutela al juez o tribunal competente de primera instancia, quien se encargará de notificarla a las partes y "adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo" a lo indicado por esta Corporación. || Según las normas expuestas, por regla general corresponde a los jueces de primera instancia conocer de las solicitudes de cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, pero no a esta Corporación. || En el presente asunto, de acuerdo con la petición elevada por el señor Camilo Manuel Quiroga Páez, la Sala no evidencia que este haya acudido previamente al juez competente para solicitar el cumplimiento de la sentencia T-1080 de 2012, esto es, al Juzgado 3 Civil del Circuito de Neiva. || ADVERTIR al ciudadano Camilo Manuel Quiroga Páez que para solicitar el cumplimiento de la sentencia T-1080 de 2012 debe acudir en primer lugar al Juzgado 3 Civil del Circuito de Neiva.] - [Palabras claves: cumplimiento, sentencia, constitucional, corte, consulta, corporación, primera, instancia, tutela, civil, proceso, juez, orden]

[Resumen automatizado: A través de la Sentencia T-724 de 2003[1], al pronunciarse en torno a una acción de tutela interpuesta por recicladores de oficio de Bogotá en contra de la administración distrital, en la que argumentaban que sus derechos fundamentes habían sido vulnerados con ocasión de su exclusión de la Licitación Pública 001 de 2002 ofertada para concesionar el servicio público de recolección de residuos sólidos, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, si bien declaró la carencia actual de objeto del amparo, en tanto que durante el desarrollo del trámite procesal se adjudicaron los respectivos contratos, resolvió: || Ante la decisión del juez de primera instancia de abstenerse de tramitar las solicitudes presentadas por las organizaciones de recicladores de oficio de segundo nivel de Bogotá debido a su inconformidad con los pliegos de condiciones de la Licitación Pública 001 de 2011, adelantada con el fin de concesionar bajo la figura de áreas de servicio exclusivo la prestación del servicio público de recolección de residuos sólidos en Bogotá, a través de Auto 180 de 2011[37], la Sala Tercera de Revisión de esta Corporación asumió nuevamente el trámite de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003.] - [Palabras claves: servicio, sentencia, bogotá, cumplimiento, corte, oficio, residuos, decreto, auto, público, trámite, medidas]

[Resumen automatizado: Adicionalmente, en esta providencia la Corte valoró la situación de 600 mujeres víctimas del desplazamiento forzado y, debido a las falencias identificadas en la política pública y la condición de vulnerabilidad de estas personas, resolvió adoptar medidas particulares en cada uno de los casos[3]: de una parte, entregar de manera completa la ayuda humanitaria a las víctimas y, de otra parte, incluirlas en los diferentes programas de la oferta institucional dirigidos a atender las facetas de género que vulneraron sus derechos. || Conforme con lo anterior, Ana María Castillo solicitó a la Sala Especial iniciar la apertura de un incidente de desacato en contra del director de la Unidad para las Víctimas por el presunto incumplimiento de las órdenes del Auto 092 de 2008, así como adoptar medidas para asegurar los derechos a la subsistencia mínima, la atención y la reparación de ella y su núcleo familiar, y de manera específica, la protección de sus hijos menores de edad.] - [Palabras claves: unidad, auto, corte, orden, maría, ana, atención, sala, desplazamiento, constitucional, derechos, forzado, cumplimiento, situación, director]

[Resumen automatizado: Por intermedio de apoderado judicial, el 12 de abril de 2019, Miguel Ángel Nule Amín interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para exigir la protección de sus derechos fundamentales al “DEBIDO PROCESO/DOBLE CONFORMIDAD (artículos 29, 31 y 186) y a la IGUALDAD (artículo 13 ibídem)”[1]. || Por medio de oficios secretariales de febrero 4 de 2020, la Secretaría General de la Corte Constitucional puso a disposición del apoderado del tutelante, de este último, de la autoridad judicial accionada, de las autoridades judiciales que participaron en el proceso ordinario penal objeto de la acción de tutela, así como de los terceros con interés, las pruebas allegadas[14]. || En todo caso, la suspensión no se extenderá más allá de tres (3) meses contados a partir del momento en que se alleguen las pruebas, salvo que por la complejidad del asunto, el interés nacional o la trascendencia del caso, sea conveniente un término mayor, que no podrá exceder de seis (6) meses, el cual deberá ser aprobado por la Sala de Revisión, previa presentación de un informe por el magistrado ponente”[17].] - [Palabras claves: corte, sala, constitucional, revisión, tutela, pruebas, meses, término, partir, tres, primera, instancia, suprema, suspensión]

[Resumen automatizado: Esta solicitud se fundó en que la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio de Autos del 10 de diciembre de 2018 y del 8 de mayo de 2019[1], dejó de reconocerles a los tutelantes la reparación económica en su calidad de víctimas indirectas, lo cual constituye, a su juicio, un cumplimiento parcial de la orden tercera del fallo de unificación de 2018. || Esta decisión se fundó en dos argumentos principales: 1) la autonomía de la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para efectuar la tasación de perjuicios económicos, dado que la Corte Constitucional no impuso parámetros específicos para su reconocimiento judicial; 2) como consecuencia de lo anterior, la adopción de una providencia judicial complementaria a la sentencia recurrida, por medio de la cual se cumplió con las órdenes de tutela, adoptada de conformidad con las reglas jurisprudenciales que rigen el derecho de reparación cuando se trata de retenciones ilegales.] - [Palabras claves: sala, consejo, judicial, constitucional, sentencia, magistrado, solicitud, desacato, estado, sección, providencia, juez]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Decreto 2067 de 1991 y el artículo 36 del Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 02 de 2015), profiere esta providencia con fundamento en las siguientes: || El 6 de agosto de 2020, la Sala Plena de esta Corporación, en sesión virtual, adoptó una decisión de fondo en el trámite de la referencia. || El inciso segundo del artículo 36 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), dispone que “[l]as providencias deben ser firmadas en un término máximo de quince días contado desde el momento en que se dio a conocer a la opinión pública el sentido del fallo, salvo que el magistrado ponente justifique ante la Sala Plena su ampliación, por razones vinculadas con cambios sustanciales al proyecto original. || La Sala Plena no acogió la ponencia presentada por el magistrado Carlos Bernal Pulido. || En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, || AMPLIAR EL TÉRMINO PARA FIRMAS del Auto de Nulidad de la Sentencia T-532 de 2019, en quince (15) días, el cual podrá prorrogarse por treinta (30) días más. || Magistrada || Magistrada || Magistrada] - [Palabras claves: días, magistrado, sala, plena, término, constitucional, inciso, corte, podrá, corporación]

[Resumen automatizado: Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial pues, de una parte, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial de Villavicencio, inadmitió la tutela de la referencia al considerar que la competencia se encuentra radicada en los jueces del municipio de Acacías, Meta, al presentarse en ese lugar la extensión de los efectos de la presunta vulneración del derecho de petición del actor, dado que a la fecha de presentación del amparo no se le había enviado a su domicilio la respuesta al recurso de apelación presentado en contra de la decisión de liquidación de su pensión, por parte de Colpensiones. || Con base en los anteriores criterios, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efectos el auto proferido el 31 de julio de 2020, el Juzgado Civil del Circuito de Acacías, Meta, dentro de la acción de tutela promovida por Bladimir Celis Figueroa contra Colpensiones. || Asimismo, se advertirá al Juzgado Civil del Circuito de Acacías, Meta, (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: factor, tutela, competencia, debe, acción, lugar, auto, constitucional, sala, territorial, corte, civil, autoridad]

[Resumen automatizado: La Sala Plena advierte que en el caso sub judice se configuró un conflicto aparente de competencia, por cuanto el Juzgado Octavo de Familia Oral del Circuito de Barranquilla invocó reglas de reparto para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta por el apoderado de la Comunidad San José Compañía de Jesús, en contra de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla[15]. || En adición, esta Sala advertirá (i) al Juzgado Octavo de Familia Oral del Circuito de Barranquilla que, en lo sucesivo, se abstenga de fundar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto, y (ii) al Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corte) que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996, para lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en el presente auto y compiladas en el auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: competencia, barranquilla, tutela, corte, autoridades, julio, sala, reglas, constitucional, acción, no, conflictos]

[Resumen automatizado: Bajo ese entendido, en esta oportunidad el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá es el competente para conocer la acción de tutela presentada por el señor Luis Felipe Flórez Vanegas, al ser la autoridad judicial con competencia que primero tuvo conocimiento del asunto, en tanto debe respetarse la elección que “a prevención” hizo el accionante al interponer la acción de tutela ante los jueces de esa ciudad. || 2. En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 25 de febrero de 2020 por el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y se le remitirá el expediente ICC-3874 que contiene la acción de tutela presentada por el señor Luis Felipe Flórez Vanegas contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de La Dorada, para que de forma inmediata inicie el trámite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.] - [Palabras claves: municipal, bogotá, competencia, tutela, penal, control, corte, garantías, acción, lugar, debe]

[Resumen automatizado: 3. A través de Auto de 19 de febrero de 2020, el Juzgado Civil del Circuito de Granada (Meta) consideró que no era competente para conocer el presente asunto y ordenó remitir la acción de tutela al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta). || Por su parte, el Juzgado Civil del Circuito de Granada (Meta) remitió la acción de tutela al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta), pues en este último despacho judicial se tramitaba una acción de tutela que, según afirma, presentaba identidad de hechos, problema jurídico y sujeto pasivo. || Por otra parte, se considera que el Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta) tampoco es competente para conocer de la acción de tutela, pues se descarta que cuente con competencia territorial en la medida en que ni la presunta vulneración, ni los posibles efectos adversos de la misma, se predican en dicho lugar. || ADVERTIR al Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta) que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, acción, competencia, civil, lugar, conocimiento, identidad, seguridad, corresponde, auto, asunto, decisión, autoridad, acciones, corte, judicial, decreto]

[Resumen automatizado: La Sala considera que la competencia por el factor territorial para decidir la acción de tutela de la referencia radica en el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral del Circuito Judicial de Duitama, Boyacá, dado que es el lugar que el accionante comunicó a la entidad accionada, como lugar de notificación del recurso de reposición interpuesto y en el cual no ha recibido la respuesta a dicha solicitud. || Con base en los anteriores criterios, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efectos el auto proferido el 6 de marzo de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral del Circuito Judicial de Duitama, Boyacá, dentro de la acción de tutela promovida por Oswaldo Álvarez Rojas en contra del Ministerio de Educación Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. || - DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 6 de marzo de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral del Circuito Judicial de Duitama, Boyacá, dentro de la acción de tutela promovida por Oswaldo Álvarez Rojas contra del Ministerio de Educación Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.] - [Palabras claves: competencia, tutela, factor, acción, territorial, lugar, administrativo, judicial, debe, sala, transitorio, municipio, auto]

[Resumen automatizado: 2. Por reparto, el conocimiento del asunto le correspondió al Tribunal Administrativo del Cauca, el cual, mediante Auto del 7 de julio de 2020[2], resolvió declararse incompetente para conocer del amparo y remitir el asunto a los jueces del circuito de Popayán, al considerar que, de conformidad con el Decreto 1983 de 2017, les corresponde a dichas autoridades asumir el caso por tratarse de una acción de tutela interpuesta en contra de entidades del orden nacional. || 4. Por lo anterior, el asunto fue repartido al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Bolívar (Cauca), el cual, mediante Auto del 10 de Julio de 2020[4], se abstuvo de avocar el conocimiento del amparo y propuso un conflicto de competencia ante esta Corte, argumentando que el Tribunal Administrativo del Cauca no debió sustraerse del conocimiento del caso invocando las normas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, pues estas no fijan la competencia de los jueces de tutela. || 2. Con base en lo anterior, esta Corporación dejará sin efectos el Auto del 7 de julio de 2020 proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en consecuencia, ordenará que se le remita el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo respectivo y profiera la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por Diego Alejandro Dorado Daza y Claudia Ximena Zúñiga Macías.] - [Palabras claves: decreto, tutela, tribunal, constitucional, administrativo, competencia, autoridades, auto, acción, conocimiento, reparto, reglas]

[Resumen automatizado: Por medio de auto de 1 de julio de 2020, el Juez Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio remitió la acción de tutela para reparto a los Jueces del Circuito del Municipio de Granada (Meta)[3]. || En particular, a la luz del factor territorial, los jueces competentes para conocer y tramitar una acción de tutela son aquellos con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la presunta amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales o (b) se producen los efectos de los actos que, según el accionante, generan la referida amenaza o vulneración[13]. || Al respecto, esta Corte considera que los Juzgados Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio y Civil del Circuito de Acacías son competentes para conocer de la acción de tutela, en virtud del factor territorial. || Por el contrario, el Juzgado Civil del Circuito de Granada no tiene competencia para conocer la acción de tutela sub examine, porque las presuntas afectaciones a derechos fundamentales no se presentan en los municipios de dicho circuito judicial. || Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3867 al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, para que profiera decisión de fondo respecto de la referida acción de tutela.] - [Palabras claves: tutela, acción, factor, auto, julio, corte, competencia, fundamentales, civil, derechos, autoridades]

[Resumen automatizado: 18 de enero de 2017

[Resumen automatizado: Que, agotadas las instancias legales y en cumplimiento de lo previsto por el Decreto 2591 de 1991, el expediente correspondiente a dicha acción de tutela fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. || Que, mediante auto del 13 de agosto de 2020, se corrió traslado al apoderado de la Pontificia Universidad Javeriana de las comunicaciones de 12 y 19 de mayo de 2020, enviadas, vía correo electrónico, por el apoderado de las accionantes. || OFICIAR, por medio de la Secretaría General, a Manuela Yepes Benjumea[6] para que, en el término de tres (3) días hábiles a partir del recibo de la presente comunicación, informe: (i) cuáles eran los motivos del “plantón” que organizó el 30 de mayo de 2019, (ii) las razones por las cuales el “plantón” no se llevó a cabo, (iii) si solicitó autorización a la Universidad para su convocatoria, (iv) cuáles eran las actividades que tenían previsto llevar a cabo en el marco de dicha manifestación y (v) por qué asistió acompañada del estudiante Matías Troconis a la reunión con el Vicerrector del Medio Universitario del día 30 de mayo de 2019. || OFICIAR, por medio de la Secretaría General, a la Pontificia Universidad Javeriana[7], para que, en el término de tres (3) días hábiles a partir del recibo de la presente comunicación, informe:] - [Palabras claves: que, corte, si, manifestaciones, magistrado, i, cabo, constitucional, revisión, razones, mayo, tutela, tres, decisiones, ii]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, profiere el presente auto en el que se pronuncia sobre la solicitud presentada por las comunidades afrodescendientes del río Anchicayá, en relación con el cumplimiento de la Sentencia SU-686 de 2015. || El apoderado fundó su solicitud en que la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante providencia de 22 de septiembre de 2016, suspendió los efectos de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Valle del Cauca, hasta que culminara el proceso de revisión de la acción de grupo. || Mediante Auto de 11 de septiembre de 2017, la Magistrada sustanciadora decidió remitir la solicitud de cumplimiento a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pues al fungir como juez de primera instancia en el trámite de la acción de tutela, era la autoridad competente para velar por el cumplimiento del fallo. || Para fundamentar su petición, reiteraron que el Consejo de Estado mediante providencia del 22 de septiembre de 2016 suspendió el cumplimiento de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el trámite de la acción de grupo, lo cual les ha impedido recibir la indemnización de perjuicios ordenada en dicho fallo.] - [Palabras claves: cumplimiento, consejo, sentencia, acción, administrativo, sala, providencia, corte, grupo, tutela, trámite, tribunal, plena]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Decreto 2067 de 1991 y el artículo 36 del Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 02 de 2015), profiere esta providencia con fundamento en las siguientes: || El 5 de agosto de 2020[1], la Sala Plena de esta Corporación, en sesión virtual, adoptó una decisión de fondo en el proceso de la referencia. || Según el inciso segundo del artículo 36 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), "[l]as providencias deben ser firmadas en un término máximo de quince días contado desde el momento en que se dio a conocer a la opinión pública el sentido del fallo, salvo que el magistrado ponente justifique ante la Sala Plena su ampliación, por razones vinculadas con cambios sustanciales al proyecto original. || La Sala Plena no acogió la ponencia presentada por el Magistrado Carlos Bernal Pulido. || En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, || AMPLIAR EL TÉRMINO PARA FIRMAS de la sentencia en el expediente RE-293, en quince (15) días, el cual podrá prorrogarse por treinta (30) días más.] - [Palabras claves: magistrado, días, sala, plena, corte, término, decreto, inciso, agosto, interno, legislativo, corporación, constitucional, podrá]

[Resumen automatizado: Recurso de súplica contra el auto del 17 de julio de 2020 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución 01049 del 15 de marzo 2019, emitida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-. || El despacho recordó que de acuerdo con el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, norma que reglamenta el procedimiento surtido ante la Corte Constitucional, el magistrado sustanciador podrá rechazar las demandas "que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente". || De conformidad con lo establecido en el inciso 4° del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, el magistrado sustanciador rechazará las demandas "que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada o respeto de las cuales sea manifiestamente incompetente". || Por medio de Auto del 17 de julio de 2020, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger rechazó la demanda luego de advertir que la misma se dirige contra un acto administrativo, siendo que, en virtud del artículo 241 superior, el análisis de constitucionalidad de este tipo de normas no corresponde a la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: corte, demanda, auto, recurso, constitucional, constitución, sentencia, magistrado, normas, julio, indemnización, demandas, administrativa]

[Resumen automatizado: Recurso de súplica contra el auto del 7 de mayo de 2020 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 31, 33 (parcial), 34, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 61, 62 (parcial), 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 115, 116, 120 (parcial), 121, 122, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135 (parcial), 136 (parcial) y 160 (parcial) de la Ley 2010 de 2019, "por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones". || En criterio del accionante, determinar la cosa juzgada constitucional por razones de fondo es un aspecto que le correspondía determinar a la Sala Plena de la Corte y, en esa medida, la magistrada Pardo Schlesinger pretermitió una instancia y actuó sin competencia para ello.] - [Palabras claves: demanda, razones, ley, fondo, parcial, recurso, corte, contenido, sentencia, material, escrito, auto, inconstitucionalidad]

[Resumen automatizado: La nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional es, por regla general, improcedente, pues esta Corporación ha sido enfática en reconocer los efectos de la cosa juzgada constitucional, que determina el carácter inmutable, vinculante y definitivo de las decisiones impartidas, en garantía del principio de la seguridad jurídica.[13] Sin embargo, a partir de una interpretación armónica del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991[14] y de la normativa procesal, a la luz de la eficacia del derecho fundamental al debido proceso, la Sala Plena ha admitido su procedencia excepcional, cuando se verifica la existencia de una violación cualificada, esto es, indudable, probada, notoria, significativa y trascendental a la garantía al debido proceso que tenga repercusiones sustanciales y directas sobre la decisión o sus efectos[15]. || [3] Álvaro Enrique Bermúdez Delgado, Ciro Alfonso Carrillo Moreno, Flor de María Carrillo Moreno, Germán Ernesto Bautista Guerrero, Hernando Aníbal Beltrán Galvis, Jairo Antonio Mojica Luna, Jairo Enrique Jácome Ramírez, Jorge Omar Pérez Casadiego, José Alirio Cárdenas Rico, Josué Antonio Osorio Cano, Julio César Flórez Rojas, Luis Eduardo Fernández Quintero, Luis Emilio Yañez Hernández, Nelson Guillermo Larios Rodríguez, Pedro José Gómez Marciales, Ramiro Chaustre Ramírez, Ramiro Rubio Pinzón y Samuel Antolinez Jaimes.] - [Palabras claves: nulidad, corte, solicitud, tutela, constitucional, sala, sentencias, auto, derecho, plena, proceso, sentencia]

[Resumen automatizado: PRIMERO.- Por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, que dispondrá del uso de medios de comunicación virtual, OFICIAR al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para que, en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación del presente auto, REMITA en formato digital y con destino a la Corte, copia de las siguientes actuaciones relacionadas con los tribunales de arbitramento convocados para dirimir la controversia entre la Empresa Proactiva Doña Juana E.S.P S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- con motivo de la liquidación del contrato de concesión No. C-011 de 2000, que se especifican a continuación: || SEGUNDO.- Por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, que dispondrá del uso de medios de comunicación virtual, OFICIAR a la Sección Tercera del Consejo de Estado -Subsección B- para que, en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación de este auto, REMITA en formato digital y con destino a la Corte, copia de las siguientes actuaciones surtidas en el trámite del recurso de anulación interpuesto contra el laudo del 22 de febrero de 2017, proferido dentro del proceso arbitral convocado para dirimir controversias entre la empresa Proactiva Doña Juana E.S.P S.A y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-, resuelto en sentencia del 20 de septiembre de 2018:] - [Palabras claves: comunicación, magistrado, sala, corte, públicos, tutela, tribunal, especial, servicios, administrativa, unidad, consejo, general, sección, acción]

[Resumen automatizado: Por su parte, en la sentencia del 29 de noviembre de 2018, por medio de la cual se buscó dar cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional, la corporación accionada arguyó que para la prosperidad del recurso de revisión por la configuración de la causal primera contenida en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo[8], de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado[9], el recurrente debía acreditar que las pruebas documentales que le sirvieron de base al fallo habían sido adulteradas o eran falsas, lo que no requeriría sentencia previa por parte del juez penal. || En un ejercicio de interpretación sistemática de la norma citada, esta corporación ha considerado que, por regla general, corresponde al juez de primera instancia adoptar las medidas necesarias para que el fallo de tutela se cumpla, así como conocer de los incidentes de desacato que se interpongan frente al desconocimiento de las órdenes emitidas para garantizar la protección de los derechos fundamentales, tanto en el caso de que la decisión sea tomada por el juez de instancia, como cuando es la Corte Constitucional la que resuelve en sede de revisión[22].] - [Palabras claves: corte, desacato, sentencia, cumplimiento, juez, consejo, tutela, constitucional, administrativo, instancia, sala, subsección, estado]

[Resumen automatizado: 4. Después de mencionar que existe una omisión legislativa relativa y de desarrollar los lineamientos generales a este respecto[2], el demandante solicitó a la Corte que se declare la exequibilidad condicionada del artículo 193 de la Ley 906 de 2004: "en el entendido que el tercero civilmente responsable y el tercero incidental pueden promover la acción de revisión contra la sentencia mediante la cual se decide el incidente de reparación integral". || 8. La providencia destacó que los argumentos de la demanda carecían no solo de certeza sino también de suficiencia: "al no evidenciar una duda sobre la exclusión para presentar la acción de revisión contra la decisión del incidente de reparación por parte del tercero civilmente responsable, siendo esta la actuación en la que ha sido reconocido para actuar y para ejercer su derecho de defensa conforme a la ley y a la Constitución". || La magistrada citó las decisiones correspondientes de la Corte Suprema de Justicia[9] e indicó que el accionante no había logrado demostrar que, aunque la legislación procesal civil en su artículo 354 contempla el recurso extraordinario de revisión contra sentencias ejecutoriadas, este instrumento también estaría vetado para el tercero civilmente responsable dentro del incidente de reparación integral.] - [Palabras claves: recurso, acción, demanda, revisión, tercero, corte, rechazo, ley, responsable, julio, sentencia, reparación, ciudadano, integral]

[Resumen automatizado: Explicó que: (i) el texto acusado consagra la expedición de términos de referencia por parte de la autoridad minera así como la adopción del Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales o cualquier otro reconocido por CRIRSCO para la presentación de información, por lo que la interpretación alegada en la demanda no se desprende del texto normativo, incumpliendo así el requisito de certeza; (ii) los reproches formulados así como las peticiones presentadas obedecen al desacuerdo de los demandantes con el contenido de la Resolución 100 de 2020, debate sobre el cual carece de competencia esta Corporación al no ser una norma con contenido material de ley; (iii) las razones esgrimidas no son de naturaleza constitucional en tanto parten de problemas relacionados con la promoción del empleo para jóvenes o de las malas prácticas de la CCRRM, que además son interpretaciones subjetivas de los accionantes; (iv) no se logró determinar cómo la disposición demandada, de carácter amplio y optativo, en la que no se regulan elementos específicos para el ejercicio de la profesión, y que confiere la reglamentación a la Agencia Nacional Minera, es contraria a la Constitución; y (v) no lograron fundamentar por qué, a pesar de la amplia libertad de configuración de que goza el legislador, la disposición es inconstitucional, máxime cuando se refieren a unos requisitos de habilitación que no se entienden ni fueron parte del artículo demandado.] - [Palabras claves: despacho, experiencia, rechazo, demanda, profesional, requisito, requisitos, si, estándares, recurso, constitución, sala, decisión, cargo, autoridad, profesión]

[Resumen automatizado: Así, en las órdenes primera y segunda del Auto 157 de 2020, se le solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC): (i) actualizar la hoja de vida, cartilla biográfica y fólder de evidencias de las personas privadas de libertad en el centro carcelario de Villavicencio; (ii) clasificar a las personas sindicadas y condenadas de acuerdo con el tiempo de privación de la libertad en virtud de la imposición de una medida de aseguramiento o pena privativa de la libertad; (iii) identificar a las personas que por su condición etaria o de salud podrían estar más expuestas a sufrir impactos graves derivados del contagio por COVID-19; y (iv) remitir la caracterización de la población privada de la libertad a la Defensoría del Pueblo, en el caso de las personas sindicadas, y a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, respecto de las personas condenadas. || A su vez, se ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y al Ministerio de Salud y de la Protección Social, que remitan copia de las respuestas que se envíen a esta Sala tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Procuraduría General de la Nación para dar cumplimiento a lo establecido en el ordinal sexto del Auto 157 de 2020[29].] - [Palabras claves: libertad, personas, sala, privadas, auto, penales, establecimiento, medidas, solicitudes, defensoría, información, superior, cumplimiento, pueblo, número]

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes: || 2. A partir de ello, la Corte Constitucional al interpretar los mencionados preceptos, ha considerado que, por regla general, el funcionario competente para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas en el fallo de amparo es el juez de primera instancia del proceso. || 5. Por lo anterior, la Sala le remitirá al juez de primera instancia del caso T-4.708.707 la solicitud presentada por la señora Rosa María Cucaita Ramírez, para que adelante el trámite de cumplimiento o desacato, de considerarlo procedente, en tanto que según lo dispuesto en los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, a ese funcionario corresponde garantizar la observancia de lo decidido en la Sentencia T-293 de 2015. || Por Secretaría General de la Corte Constitucional, DISPONER que la solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-293 de 2015 presentada por la señora Rosa María Cucaita Ramírez sea remitida a la Sección Segunda, Sub-Sección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo de su competencia.] - [Palabras claves: corte, juez, instancia, cumplimiento, constitucional, primera, tutela, trámite, fallo, maría, víctimas, siguientes]

[Resumen automatizado: En ese mismo sentido, el parágrafo del artículo 215, en el caso específico de la emergencia económica, social y ecológica, dispone que el Gobierno enviará a la Corte, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte al amparo de ese artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. || 5.Esta comprobación implica, a su turno, que el control de constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de excepción debe ser anterior al escrutinio judicial de los decretos de desarrollo que se adoptan, en tanto que el primer soporte de validez del decreto legislativo es la compatibilidad entre la declaratoria y la Constitución. || Como se explicó por la Corte en una situación similar, resuelta mediante el Auto 230 de 2017[3] , esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia, hasta tanto se profiera sentencia sobre el decreto declaratorio. || PRIMERO: SUSPENDER los términos en el expediente RE-324, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto 797 del 4 de junio de 2020, "Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales y se dictan otras disposiciones, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020".] - [Palabras claves: decreto, constitucionalidad, corte, decretos, control, constitucional, sentencia, legislativos, excepción, magistrado, emergencia, proceso, sala, ley]

[Resumen automatizado: En ese mismo sentido, el parágrafo del artículo 215, en el caso específico de la emergencia económica, social y ecológica, dispone que el Gobierno enviará a la Corte, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte al amparo de ese artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. || En el presente caso, mediante Sentencia C-252 de 2010 la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 4975 de 2009, que declaró el estado de emergencia social en todo el país, con el propósito de conjurar la grave crisis que afecta la viabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en consecuencia al haber desaparecido el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del decreto legislativo de desarrollo deviene inconstitucional.” || 5. Esta comprobación implica, a su turno, que el control de constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de excepción debe ser anterior al escrutinio judicial de los decretos de desarrollo que se adoptan, en tanto que el primer soporte de validez del decreto legislativo es la compatibilidad entre la declaratoria y la Constitución. || Como se explicó por la Corte en una situación similar, resuelta mediante el Auto 230 de 2017[3], esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia, hasta tanto se profiera sentencia sobre el decreto declaratorio.] - [Palabras claves: corte, decreto, decretos, constitucionalidad, control, constitucional, excepción, sentencia, judicial, sala, emergencia]

[Resumen automatizado: Esta comprobación implica, a su turno, que el control de constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de excepción debe ser anterior al escrutinio judicial de los decretos de desarrollo que se adoptan, en tanto que el primer soporte de validez del decreto legislativo es la compatibilidad entre la declaratoria y la Constitución. || Por ende, es claro que existe una relación de dependencia entre la sentencia que analiza la constitucionalidad del decreto de declaratoria y el control judicial de los decretos de desarrollo dictados dentro de ese marco. || Si bien en los procesos de control de constitucionalidad no existen partes, al tener carácter público y abstracto, ello no obsta para que el juez, en este caso la Sala Plena de la Corte, ejerza su función constitucional y legal de dirección de ese procedimiento y adelante las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de sus finalidades. || SUSPENDER los términos en el expediente RE-316, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto 768 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, en el marco del estado de emergencia, económica, social y ecológica”.] - [Palabras claves: control, corte, decreto, constitucionalidad, excepción, magistrado, sentencia, plena, emergencia, sala, constitucional, decretos, judicial, declaratoria]

[Resumen automatizado: En ese mismo sentido, el parágrafo del artículo 215, en el caso específico de la emergencia económica, social y ecológica, dispone que el Gobierno enviará a la Corte, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte al amparo de ese artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. || En el presente caso, mediante Sentencia C-252 de 2010 la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 4975 de 2009, que declaró el estado de emergencia social en todo el país, con el propósito de conjurar la grave crisis que afecta la viabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en consecuencia al haber desaparecido el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del decreto legislativo de desarrollo deviene inconstitucional". || Como se explicó por la Corte en una situación similar, resuelta mediante el Auto 230 de 2017[3], esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia, hasta tanto se profiera sentencia sobre el decreto declaratorio. || PRIMERO: SUSPENDER los términos en el expediente RE-312, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto 678 del 20 de mayo de 2020 "Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020".] - [Palabras claves: decreto, constitucionalidad, corte, decretos, constitucional, control, mediante, excepción, sentencia, emergencia, sala]

[Resumen automatizado: Magistrado sustanciador: ALBERTO ROJAS RÍOS || Dicho en otras palabras, el control de constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de excepción debe ser anterior al escrutinio judicial de los decretos de desarrollo que se adoptan, en tanto que el primer soporte de validez del decreto legislativo es la compatibilidad entre la declaratoria y la Constitución. || Ahora bien, aun cuando no existe una previsión expresa en el Decreto 2067 de 1991 en la que se indique el procedimiento que debe seguir la Corte cuando el trámite del control automático de constitucionalidad de los decretos legislativos se surte primero que el del decreto declaratorio de emergencia - verbi gracia, cuando a causa de las pruebas, se amplía el periodo de la definición del mismo se ha admitido acudir a la figura de la prejudicialidad, tal como se consideró, por ejemplo en el Auto 230 de 2017. || PRIMERO.- SUSPENDER los términos en el expediente RE-306, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 639 de 2020 “[p]or el cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal - PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020”.] - [Palabras claves: constitucionalidad, decreto, corte, sentencia, control, sala, emergencia, magistrado, proceso, debe, expediente]

[Resumen automatizado: Mediante auto del día 17 de julio de 2020, la magistrada sustanciadora rechazó la demanda de inconstitucionalidad, sobre la base de que el debate planteado por la accionante ya había sido clausurado definitivamente en la sentencia C-765 de 2012, en la que se efectuó un control constitucional previo, integral y automático de lo que hoy es el artículo 13.1 de la Ley 1618 de 2013. || En este contexto, en la medida en que el texto de la Ley 1618 de 2013 fue objeto de un control previo, automático e integral, y en la medida en que el precepto cuya validez se cuestiona en esta oportunidad fue declarado exequible, es claro que, al menos prima facie, ya no es viable un nuevo escrutinio judicial por la configuración del fenómeno de la cosa juzgada absoluta, fenómeno que según el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991 habilita al magistrado sustanciador para rechazar directamente la demanda de inconstitucionalidad. || Por las razones expuestas, se mantendrá la decisión de rechazo adoptada en el auto del día 17 de julio de 2020, sin perjuicio de que, si la actora lo estima pertinente, pueda presentar una nueva acción de inconstitucionalidad contra el precepto legal demandado, en la que se incorporen los elementos esbozados en el recurso de súplica para desvirtuar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada.] - [Palabras claves: demanda, inconstitucionalidad, corte, recurso, personas, rechazo, constitucional, cosa, juzgada, ley, empresas]

[Resumen automatizado: 3. Por medio de Auto del 12 de junio de 2020[2], la Magistrada Diana Fajardo Rivera inadmitió la demanda, porque "la acción de la referencia no cumple con el requisito de ofrecer razones y argumentos que se dirijan contra normas legales ciertas, ni que muestren específicamente como las normas acusadas violan la Constitución." En particular, destaca que la demanda no identifica cuáles son los grupos de personas que son objeto de la comparación, sino que hace "un ataque general a que todas las personas estén siendo objeto de una clasificación en razón a su estrato." Este ataque se centra en los usos y efectos de la estratificación socioeconómica, no en las normas que se demandan. || [6] Para ello, alude al séptimo fundamento jurídico del Auto del 10 de julio, que se acaba de transcribir en el fundamento jurídico anterior de esta providencia y se destaca que ni en la demanda ni en su corrección se afirma que las normas demandadas vulneran el derecho a la igualdad y a la no discriminación económica y social establecido en el Preámbulo y en el artículo 13 de la Constitución, por afectar la dignidad de las personas y su condición social en general.] - [Palabras claves: personas, económica, servicios, normas, demanda, públicos, social, domiciliarios, condición, capacidad, discriminación]

[Resumen automatizado: Referencia: recurso de súplica formulado contra el Auto del tres (3) de julio de 2020 proferido por el magistrado Carlos Bernal Pulido que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por Miguel Cristóbal Silva Patiño. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en especial de aquella que le concede el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 50 del Acuerdo N° 02 de 2015, dicta el presente auto resolviendo el recurso de súplica interpuesto por el demandante, de acuerdo con las siguientes: || El 10 de julio de 2020, el ciudadano Miguel Cristóbal Silva Patiño interpuso dentro del término establecido,[1] recurso de súplica contra el Auto del 3 de julio del año en curso, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del numeral 15 (parcial) del artículo 2 del Decreto Ley 3570 de 2011 "Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible". || Mediante auto del 10 de junio de 2020, el magistrado sustanciador Carlos Bernal Pulido decidió inadmitir la demanda de inconstitucionalidad formulada, debido a que las acusaciones del actor carecían de claridad, pertinencia, certeza, especificidad y suficiencia.[10] El accionante presentó escrito de corrección de la demanda, dentro del término de ejecutoria.] - [Palabras claves: demanda, recurso, jurídico, constitucional, auto, inconstitucionalidad, julio, fundamento, corte, decreto, plena, sala, razones, escrito]

[Resumen automatizado: Recurso de súplica en contra del auto de 30 de junio de 2020 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 88 (parcial) de la Ley 1753 de 2015 "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un nuevo país". || 6. Sobre este último punto, agregó que "no es posible evaluar siquiera si determinados modelos o pautas contenidas en la norma se ajustan al modelo flexible del sistema y método que ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como quiera que (...) no se estableció el más mínimo criterio, pauta o regla alguna para que el Gobierno Nacional fijara la tarifa" y "tampoco se fijó criterio alguno sobre la forma en que debían repartirse los beneficios". || En segundo lugar, señaló que procedía a corregir el cargo de inconstitucionalidad formulado, "con el objeto de subsanar la carencia de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia", y que tal corrección consistía en delimitar la supuesta vulneración del principio de legalidad "únicamente a que en el texto de la norma demandada NO se definió de manera directa la tarifa que debía ser aplicada a los sujetos pasivos de la contribución y tampoco se estableció (...) el SISTEMA Y MÉTODO para que el Gobierno Nacional pudiera determinar mediante Decreto Reglamentario la tarifa correspondiente".] - [Palabras claves: demanda, corte, sala, valor, disposición, tarifa, constitucional, sistema, requisitos, determinar, aprovechamiento, residuos, nacional, razones, rechazo, método]

[Resumen automatizado: Al efecto, reiteró los argumentos del auto de inadmisión y señaló que: (i) en los casos reseñados por el actor, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resuelve "por la vía fáctica y no jurídica" los cargos que se formulan en relación con las causas de despido por falta grave, por lo que no se acredita la existencia de un precedente o de una interpretación judicial que pueda cuestionarse en sede de control abstracto de constitucionalidad; (ii) dicho órgano de cierre ha señalado que es posible declarar la ineficacia de las cláusulas contractuales que afecten al trabajador, por lo que el actor debía demostrar "cómo se afecta el contenido mínimo de los derechos del trabajo, cuando lo que se aplica es la ineficacia de la cláusula contractual como lo habilita el Código Sustantivo del Trabajo, tal como incluso lo concluyó una de las providencias que cita". || En contra del auto de rechazo procede el recurso de súplica, ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, que tiene por objeto "permitirle al actor obtener una revisión de la decisión tomada en el auto de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad"[6].] - [Palabras claves: sala, demanda, corte, plena, trabajo, recurso, magistrado, inconstitucionalidad, interpretación, casación, constitucional, contrato, rechazo, judicial]

[Resumen automatizado: 4. Con base en las anteriores consideraciones, se dejarán sin efectos los Auto del 8 y 10 de junio de 2020 proferidos por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el marco del trámite de la acción de tutela que el señor Richard Martínez Olivera formuló contra la Fiscalía General de la Nación. || 5. Por otro lado, se advertirá tanto a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá como al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá que, en lo sucesivo, se abstengan de negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que les son repartidas con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y el Decreto 1983 de 2017, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, al tiempo que afecta la sumariedad y eficacia misma de la acción de tutela. || 6. Adicionalmente, la Sala advertirá al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela observe las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[10].] - [Palabras claves: tutela, competencia, bogotá, penal, acción, reglas, reparto, decreto, quinto, tribunal, sala, auto, distrito]

Presupuestos formales que deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias de tutela proferidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional. En cuanto a los presupuestos formales, la Sala Plena ha precisado los siguientes: (i) legitimación para actuar, es decir, que el solicitante tenga interés directo como parte o tercero afectado por la decisión cuya nulidad se discute; (ii) presentación oportuna de la solicitud, dentro del término de ejecutoria, es decir, en los tres días siguientes a la notificación del fallo objeto de cuestionamiento, salvo que se trate de un vicio anterior a la sentencia, el cual solo podrá ser alegado antes de que aquella se profiera; y (iii) la satisfacción de una carga argumentativa calificada, seria y coherente, para explicar la razón por la cual se estima que el fallo cuestionado desconoce intensamente el debido proceso constitucional. Al respecto, esta Corporación ha reiterado que el trámite de la nulidad no constituye una oportunidad para "reabrir debates pasados o para analizar nuevamente las controversias que ya han sido resueltas por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en su Sala Plena o en sus respectivas Salas de Revisión de tutela", y que, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política, es un cuerpo jurisdiccional y no consultivo, por lo que carece de competencia para resolver dudas o interrogatorios que formulen los ciudadanos o para esclarecer el sentido de las sentencias que profiere - [Resumen automatizado: 9. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: (i) tutelar los derechos fundamentales de petición y al debido proceso en relación con la solicitud de 26 de abril de 2017, “toda vez que no se ha otorgado una respuesta de fondo”; (ii) disponer que la ANT brinde información actualizada sobre (a) “el proceso de revocatoria de las 62 resoluciones de adjudicación de baldíos a favor de campesinos (…) iniciado por el INCODER”; (b) “el proceso de adjudicación de baldíos en el corregimiento de El Garzal, municipio de Simití, Bolívar” y c) “el proceso de deslinde del complejo cenagoso El Garzal (…) iniciado por el INCODER”; (iii) proferir decisión dentro de un plazo razonable y sin dilaciones injustificadas frente a los procedimientos de (a) “revocatoria de las 62 resoluciones de adjudicación de baldíos” en el corregimiento referido y (b) “deslinde del complejo cenagoso El Garzal” ; (iv) culminar dentro de un plazo razonable y sin dilaciones el “procedimiento de adjudicación de baldíos a favor de las familias campesinas del corregimiento (…) que cumplan con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, de conformidad con la Ley 160 de 1994” y (v) conformar “una mesa de trabajo interinstitucional para que adopte un plan estratégico con la finalidad de solucionar la situación del derecho a la tierra y el territorio colectivo de la comunidad campesina de El Garzal”.] - [Palabras claves: sala, tutela, acción, nulidad, corte, plena, solicitud, derecho, sentencia, decisión, constitucional, proceso, jurisprudencia, ii, accionantes, i]

[Resumen automatizado: En él solicita una aclaración de la razón por la cual no fue incluida su intervención en la sentencia y manifiesta que "no se hace mención alguna del amicus radicado por nuestra organización Open Society Justice Initiative para consideración de las tutelas (T-7.206.829 y T-7.245.483) en la sentencia T-006-20 de 17 de enero de 2020. || La participación de ciudadanos interesados y expertos en un asunto dentro de un proceso de tutela en sede de revisión ante la Corte Constitucional enriquece el debate y contribuye a construir el contenido y alcance de los derechos fundamentales desde una perspectiva más democrática y participativa.[4] Sobre este punto es preciso resaltar, que la lectura e interpretación de la Constitución y su Carta de Derechos no puede recaer en un intérprete único, sino que, en una democracia participativa y deliberativa, debe someterse también a los diferentes argumentos de grupos ciudadanos, expertos, académicos, entre otros sectores de la sociedad civil y del poder público.[5] La única forma de demostrar que esta participación fue efectiva es plasmando en la providencia las diferentes posiciones que fueron allegadas a la Corporación para emitir un pronunciamiento con la mayor cantidad de elementos de juicio; y ] - [Palabras claves: sentencia, corte, intervención, constitucional, parte, providencia, amicus, sala, dentro, proceso, general, mayo, enero, auto]

[Resumen automatizado: El día 22 de mayo de 2020, el ciudadano Jorge Luis Pabón Apicella presentó lo que denominó una “demanda de inconstitucionalidad” contra la sentencia C-285 de 2016[1], por medio de la cual la Corte Constitucional se pronunció sobre la validez de las disposiciones del Acto Legislativo 02 de 2015[2] que fijaron las directrices de un nuevo modelo de gobierno y administración del sistema judicial, mediante la creación de un Consejo de Gobierno y de la Gerencia de la Rama Judicial, en sustitución de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con la pretensión de que el fallo judicial fuera declarado inexequible o nulo. || Para justificar su solicitud, el peticionario efectuó dos tipos de consideraciones: unas orientadas a demostrar la procedencia del trámite de inconstitucionalidad o nulidad contra la providencia judicial, y otras que apuntan a evidenciar el quebrantamiento de la Carta Política por parte de la sentencia señalada. || Y, según el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991[3], corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional conocer de las solicitudes de nulidad de las sentencias judiciales proferidas por este tribunal, por irregularidades que impliquen una violación del derecho al debido proceso.] - [Palabras claves: judicial, fallo, nulidad, constitucional, corte, sentencia, debido, proceso, sala, solicitud, validez, providencia]

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de corrección de la sentencia T-101 del 10 de marzo de 2020. || - ORDENAR a Colpensiones que en el término de quince (15) días contados a partir del momento en que reciba el traslado de los dineros de que trata el numeral anterior, reconozca y pague al señor Juan Ángel Otero Ocampo, la pensión de vejez solicitada a partir del 09 de junio de 2014, fecha de su solicitud pensional, junto con los intereses y retroactivo a que haya lugar correspondiente a las mesadas adeudadas no pagadas que no hayan prescrito. || Esta Corporación advierte que en efecto en el numeral cuarto de la parte resolutiva se “ordenó a Colpensiones que en el término de quince (15) días contados a partir del momento en que reciba el traslado de los dineros de que trata el numeral anterior, reconozca y pague al señor Juan Ángel Otero Ocampo, la pensión de vejez solicitada a partir del 09 de junio de 2014, fecha de su solicitud pensional, junto con los intereses y retroactivo a que haya lugar correspondiente a las mesadas adeudadas no pagadas que no hayan prescrito”.] - [Palabras claves: solicitud, semanas, pensión, vejez, parte, lugar, corte, partir, general, sentencia, corrección]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente la prevista en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, procede a resolver una solicitud de nulidad presentada en contra de la sentencia C-373 de 2016, || Que el 13 de julio de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional profirió la sentencia de la referencia, en la que se estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra los artículos 2º (parcial), 5, 7, 8, 9 (parcial), 11 (parcial), 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”. || Que el 22 de mayo de 2020, Jorge Luis Pabón Apicella presentó solicitud de nulidad de la providencia, al considerar que con la decisión adoptada en ésta, se violó la Constitución Política[1]. || [2] Las solicitudes de nulidad en contra de sus sentencias deben ser presentada dentro del término de ejecutoria, esto es, dentro de los 3 días siguientes a su notificación, en virtud de una aplicación por extensión de las normas de procedimiento civil (A-015/06, A-068/19).] - [Palabras claves: nulidad, que, sentencia, presentada, magistrado, solicitud, parcial, plena, providencia, sala, formales, referencia]

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere este auto, con fundamento en los siguientes || Analizada la documentación remitida en relación con el proceso de notificaciones a las partes e intervinientes en el trámite que dio origen a la Sentencia T-281 de 2019, que sirvió de base al Auto 454 de ese mismo año, se advirtió la falta de acreditación de la notificación a Nuevo Cauca S.A.S. En esa medida, mediante auto del 18 de mayo de 2020 se le ofició al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao para que aportara los soportes del caso. || El 20 de junio de 2019, la Sala Sexta de Revisión profirió la Sentencia T-281 para resolver la acción de tutela instaurada por dos comunidades indígenas contra el Ministerio del Interior, de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Nuevo Cauca S.A.S., en la medida en que las primeras consideraron que su derecho a la consulta previa se lesionó como quiera que las demandadas desarrollaron el proyecto vial "Segunda Calzada Popayán-Santander de Quilichao" y, concretamente, su Unidad Funcional 3 (en adelante, UF3), sin su participación.] - [Palabras claves: sentencia, ambiental, corte, sala, solicitud, certificación, ministerio, parte, constitucional, interior, mediante, comunidades, sociedad, la]

[Resumen automatizado: La suscrita Magistrada, Presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, profiere la presente providencia con fundamento en las siguientes: || Para la entrega de este informe se dispuso el término de un mes contado a partir de la notificación de dicha providencia[2], la cual fue comunicada a German Marmolejo Rentería en calidad de representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó el 13 de mayo de 2020 mediante el Oficio A492 de 2020. || A pesar de lo anterior, esta Corporación no recibió el informe solicitado, motivo por el cual se requerirá al representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó para que, dentro de un término perentorio, dé cumplimiento a lo dispuesto en la orden segunda del Auto 165 de 2020. || Primero.- REQUERIR a German Marmolejo Rentería para que, en calidad de representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, presente a la Sala Especial de Seguimiento el informe solicitado en la orden segunda del Auto 165 de 2020. || - COMUNICAR, por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación y a través de correo electrónico, la presente decisión al representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó.] - [Palabras claves: auto, legal, orden, consejo, representante, general, especial, órdenes, medidas, corporación, cumplimiento, territorio, sala, constitucional, dentro]

[Resumen automatizado: Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas decisiones, a través del Auto 165 de 2020, este despacho solicitó información a las autoridades étnicas de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, a las entidades gubernamentales y a los organismos de control del Estado con el propósito de (i) identificar si existen nuevos bloqueos y prácticas inconstitucionales que inciden en la garantía de los derechos de las comunidades; y (ii) acopiar diferentes propuestas de los intervinientes en el proceso de seguimiento para la solución de los aspectos más críticos. || En virtud de lo anterior, mediante comunicación del 31 de julio de 2020, el representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó solicitó la ampliación del plazo inicialmente otorgado para la entrega del informe en respuesta a las órdenes segunda, quinta y décima del Auto 165 de 2020 hasta el 7 de agosto del año en curso[1]. || - ACCEDER a la petición del representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó por los motivos expuestos en esta providencia. || - COMUNICAR, por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación y a través de correo electrónico, la presente decisión al representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó.] - [Palabras claves: orden, consejo, auto, representante, término, comunidades, legal, décima, sala, tal, proceso, especial]

[Resumen automatizado: Mediante correo electrónico, el pasado 6 de mayo del año en curso, las autoridades indígenas del pueblo Totoró presentaron a la Sala Especial dos informes relacionados con la situación humanitaria que afrontan sus comunidades y con el presunto incumplimiento de la orden tercera del Auto 004 de 2009. || REMITIR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, los documentos objeto de la presente decisión a la Ministra del Interior, al Ministro de Defensa Nacional y al director de la Unidad para las Víctimas para que se pronuncien en torno a las afirmaciones formuladas por las autoridades indígenas del pueblo Totoró e indiquen las medidas adoptadas para la protección y salvaguarda de esta etnia”[1]. || En cumplimiento de esta decisión, el 24 de junio de 2020, el Gobierno Nacional presentó un informe a través del cual reportó las acciones y medidas adoptadas para proteger los derechos del pueblo indígena Totoró, así como el avance en el cumplimiento de la orden tercera del Auto 004 de 2009[2]. || REMITIR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional y a través de correo electrónico, una copia del informe relacionado en el fundamento jurídico tercero de este auto al Gobernador del Cabildo Totoroez.] - [Palabras claves: auto, mayo, en, gobernador, general, pueblo, constitucional, corte, correo, nacional, orden, cumplimiento, especial, sala, informe, electrónico, indígena]

[Resumen automatizado: Finalmente, en relación con la necesaria participación y consulta con las comunidades indígenas respecto de la implementación de las medidas urgentes (numeral 3 y 4 de la orden quinta de la sentencia T-466 de 2016): (i) la Gobernación del departamento de La Guajira, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, señaló que facilitó la reunión de las comunidades con las distintas entidades encargadas de ejecutar dichas medidas en tres oportunidades tras la publicación de la sentencia: el 13 y 27 de diciembre de 2016 y el 11 de enero de 2017[30]; (ii) el DAPRE y el DNP señalaron que desde el mes de septiembre de 2017 se dio comienzo a la estructuración del documento CONPES 3944 y que para tal fin se le comunicó al gobernador del departamento y de los municipios de Barrancas, Distracción y Riohacha tal circunstancia, para que convocaran a las comunidades indígenas con el fin de recibir sus observaciones a los ejes del documento de política pública[31]; (iii) la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio de Interior señaló que acompañó la coordinación del diálogo y consulta con las comunidades indígenas vinculadas en la elaboración del documento CONPES desde el comienzo de septiembre y en octubre[32]; y (iv) el municipio de Manaure relató en su informe[33] que, en materia de prestación de servicios de salud, en mayo de 2017 se instalaron mesas de trabajo interinstitucional y con las comunidades para discutir las alternativas de mejoramiento de la atención, tratamiento y prevención de los casos de desnutrición en niños, niñas y adolescentes.] - [Palabras claves: sentencia, medidas, corte, cumplimiento, sala, autoridades, órdenes, general, orden, derechos, secretaría]

[Resumen automatizado: Así, en el seguimiento a la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del desplazamiento forzado, la Corte Constitucional indicó en el Auto 008 de 2009, que existía una falencia estructural derivada de la alta impunidad en la judicialización de esta conducta, junto con la ausencia de una estrategia para superar los obstáculos procesales y una falta de capacidad institucional para el efecto[2]. || Por lo anterior, la presente providencia desarrollará: (i) el alcance de la competencia de la Sala de Seguimiento en relación con los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del delito de desplazamiento forzado; (ii) las falencias estructurales que obstaculizan el goce efectivo de este derecho en el caso de las víctimas del desplazamiento forzado; (iii) la interrelación entre la labor de la JEP y la valoración que efectúa esta Sala; y (iv) los parámetros de orientación en la persecución penal en el SIVJRNR, para luego realizar una solicitud de información sobre la investigación y judicialización del desplazamiento forzado.] - [Palabras claves: derechos, corte, desplazamiento, forzado, justicia, víctimas, constitucional, reparación, sala, verdad, especial, auto]

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera quien la preside y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y previo cumplimiento de los requisitos, y trámites legales y reglamentarios, profiere el siguiente Auto, con fundamento en los siguientes: || 1. El señor Jhon Jarry Castro Jiménez, por medio de apoderado judicial[2], y actuando como agente oficioso y curador provisorio de su hermano en situación de discapacidad, Ubaner Castro Jiménez, promovió acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y EMCALI EICE ESP, para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de petición, al mínimo vital, a la seguridad social integral, a la igualdad, y al debido proceso. || 9. Con posterioridad, dado que mediante “Informe Técnico de Investigación” del 9 de noviembre de 2016, Colpensiones logró comprobar la veracidad de los documentos de prueba allegados por Cristhian Muñoz Cerón, cuya finalidad era demostrar su calidad de compañero permanente del causante y su condición de beneficiario de la prestación, a través de Resolución VPB 3533 del 27 de enero de 2017, se ordenó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, con un porcentaje de 50% a su favor, a partir del 8 de febrero de 2016.] - [Palabras claves: jurídico, fundamento, tutela, proceso, julio, pensional, auto, trámite, acción, sustitución, constitucional, revisión, pago, instancia, corte, solicitud]

[Resumen automatizado: Por medio del Auto 450 de 2019, esta Sala rechazó la solicitud, presentada por el apoderado judicial de los accionantes, de abrir incidente de desacato a la Sentencia SU-061 de 2018. || Esta solicitud se fundó en que la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio de Autos del 10 de diciembre de 2018 y del 8 de mayo de 2019[1], dejó de reconocerles a los tutelantes la reparación económica en su calidad de víctimas indirectas, lo cual constituye un cumplimiento parcial de la orden tercera del fallo de unificación. || Esta decisión se fundó en dos argumentos principales: 1) la autonomía de la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para efectuar la tasación de perjuicios económicos, dado que la Corte Constitucional no impuso parámetros específicos para su reconocimiento judicial; 2) como consecuencia de lo anterior, la adopción de una providencia judicial complementaria a la sentencia recurrida, por medio de la cual se cumplió con las órdenes de tutela, adoptada de conformidad con las reglas jurisprudenciales que rigen el derecho de reparación cuando se trata de retenciones ilegales.] - [Palabras claves: sentencia, consejo, solicitud, judicial, sala, sección, juez, desacato, medio, magistrado, providencia]

[Resumen automatizado: Aclarar si la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es un juez independiente e imparcial para decidir la impugnación contra la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014, teniendo en cuenta que, precisamente, la acción de tutela se interpuso en su contra y, según la Sentencia SU-146 de 2020, se acreditó que dicha autoridad judicial desconoció sus derechos

[Resumen automatizado: En ese mismo sentido, el parágrafo del artículo 215, en el caso específico de la emergencia económica, social y ecológica, dispone que el Gobierno enviará a la Corte, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte al amparo de ese artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. || En el presente caso, mediante Sentencia C-252 de 2010, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 4975 de 2009, que declaró el estado de emergencia social en todo el país, con el propósito de conjurar la grave crisis que afecta la viabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en consecuencia al haber desaparecido el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del decreto legislativo de desarrollo deviene inconstitucional.” || 5. Esta comprobación implica, a su turno, que el control de constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de excepción debe ser anterior al escrutinio judicial de los decretos de desarrollo que se adoptan, en tanto que el primer soporte de validez del decreto legislativo es la compatibilidad entre la declaratoria y la Constitución. || Como se explicó por la Corte en una situación similar, resuelta mediante el Auto 230 de 2017[3], esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia, hasta tanto se profiera sentencia sobre el decreto declaratorio.] - [Palabras claves: corte, decreto, decretos, constitucionalidad, excepción, control, constitucional, sala, emergencia, legislativos]

[Resumen automatizado: En esta dirección, el parágrafo del artículo 215, dispone, en el caso específico de la emergencia económica, social y ecológica, que el Gobierno enviará a la Corte, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte al amparo de ese artículo, para que aquélla decida sobre su constitucionalidad. || 8. Con fundamento en lo anterior, la Sala evidencia que esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia, hasta tanto se profiera la sentencia sobre el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 “[p]or el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”[3]. || De allí que, como así se consideró de forma reciente por la Sala Plena, al conocer el expediente RE-307, pese a que en este proceso no existen partes, cuando la Corte Constitucional ejerza el control abstracto de constitucionalidad sobre los decretos legislativos de desarrollo, podrá supeditar su estudio al análisis del que decretó el respectivo estado de emergencia. || PRIMERO: SUSPENDER los términos en el expediente RE-314 correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 683 de 2020 “[p]or el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 - 2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.] - [Palabras claves: constitucionalidad, decretos, decreto, corte, proceso, desarrollo, emergencia, control, constitucional, excepción, legislativos, magistrado]

[Resumen automatizado: El vínculo entre el primer decreto y los que se emitan en virtud del anterior, de acuerdo con lo indicado en el fundamento precedente, no solo tiene que ver con la competencia del Gobierno para emitir legislación de excepción, orientada a superar la emergencia, sino que también está ligado a la validez constitucional de las normas contenidas en esta última, según lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte[2]. || 5. De esta manera, así como se concluyó recientemente en el Auto 246 del 15 de julio de 2020 (RE-307)[5], la Sala encuentra que se está ante el fenómeno de la prejudicialidad, en la medida en que lo que se determine en el fallo que decida sobre la constitucionalidad del Decreto 637 de 2020 impacta las decisiones que habrán de emitirse dentro de los trámites de revisión de la legislación emitida a su amparo. || PRIMERO: SUSPENDER los términos en el expediente RE-313, dentro del cual se adelanta el control de constitucionalidad del Decreto legislativo 682 de 2020, "[p]or el cual se establece la exención especial del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el propósito de promover la reactivación de la economía colombiana, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Decreto 637 de 2020".] - [Palabras claves: decreto, corte, constitucionalidad, emergencia, sala, control, dentro, auto, marco, sentencia, excepción, plena]

[Resumen automatizado: En ese mismo sentido, el parágrafo del artículo 215, en el caso específico de la emergencia economica, social y ecologica, dispone que el Gobierno enviara a la Corte, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte al amparo de ese artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. || En el presente caso, mediante Sentencia C-252 de 2010 la Corte Constitucional declaro inexequible el Decreto 4975 de 2009, que declaro el estado de emergencia social en todo el país, con el propósito de conjurar la grave crisis que afecta la viabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en consecuencia al haber desaparecido el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del decreto legislativo de desarrollo deviene inconstitucional". || SUSPENDER los terminos en el expediente RE-310, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto 662 del 14 de mayo de 2020, "Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".] - [Palabras claves: decretos, corte, constitucionalidad, decreto, control, constitucional, legislativos, sentencia, desarrollo, sala, mediante]

[Resumen automatizado: En ese mismo sentido, el parágrafo del artículo 215, en el caso específico de la emergencia económica, social y ecológica, dispone que el Gobierno enviará a la Corte, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte al amparo de ese artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. || En el presente caso, mediante Sentencia C-252 de 2010 la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 4975 de 2009, que declaró el estado de emergencia social en todo el país, con el propósito de conjurar la grave crisis que afecta la viabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en consecuencia al haber desaparecido el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del decreto legislativo de desarrollo deviene inconstitucional". || Como se explicó por la Corte en una situación similar, resuelta mediante el Auto 230 de 2017[3], esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia, hasta tanto se profiera sentencia sobre el decreto declaratorio. || PRIMERO: SUSPENDER los términos en el expediente RE-309, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto 660 del 13 de mayo de 2020 "Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".] - [Palabras claves: corte, decreto, constitucionalidad, decretos, constitucional, control, sentencia, excepción, legislativos, emergencia, mediante, sala]

[Resumen automatizado: Así lo ha entendido esta corporación que en la sentencia C-488 de 1995[3] sostuvo que la declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto de emergencia origina una "inconstitucionalidad por consecuencia" esto es el "decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución" y luego, en la sentencia C-135 de 1997[4] recabó en que al desaparecer la causa jurídica (decreto declaratorio de emergencia), los dictados en su desarrollo son todos inconstitucionales[5], pues el Presidente de la República "queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y, por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley". || PRIMERO.- SUSPENDER los términos en el expediente RE-308, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 659 del 13 de mayo de 2020 "Por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".] - [Palabras claves: constitucionalidad, corte, decreto, control, decretos, debe, excepción, sala, magistrado, normas, sentencia, emergencia, legislativos]

[Resumen automatizado: En relación con (i) la carencia de especificidad, explicó que los alegatos presentados por el accionante dan cuenta de su inconformidad con que las disposiciones acusadas permiten la tramitación de litigios de mayor cuantía a través de procesos de única instancia, mas no logra argumentar por qué ésta habilitación transgrede la excepción al principio de la doble instancia reconocida en la Constitución; en lo que se refiere al (ii) requisito de pertinencia, encontró que los argumentos expuestos siguen siendo del orden legal en tanto exponen una aparente contradicción entre la parte general del CGP y las normas especiales que regulan el proceso verbal sumario; por último, (iii) advirtió que el demandante tampoco logró subsanar la falta de suficiencia de la demanda, pues los argumentos esgrimidos nuevamente se limitaron a evidenciar la inconformidad del accionante sin despertar una duda mínima acerca de la constitucionalidad de la norma reprochada.] - [Palabras claves: demanda, instancia, procesos, única, recurso, rechazo, cuantía, sala, proceso, corte, doble]

[Resumen automatizado: La Corte no ha analizado en sus pronunciamientos anteriores los riesgos para la salud que suponen los procedimientos abortivos legales, los cuales son métodos de tortura crueles y violentos a que son sometidas las mujeres; en la jurisprudencia sólo se ha analizado el aborto en centros clandestinos; no se ha valorado el hecho de que la despenalización de la conducta en casos de violación repercute en un aumento de estos crímenes; ni se ha examinado debidamente la incidencia que en este campo tienen varios instrumentos internacionales como el tratado sobre los derechos de las personas en condición de discapacidad, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, la Convención Internacional de los derechos del niño, y la Convención Interamericana (sic) de derechos humanos.] - [Palabras claves: corte, demanda, aborto, sentencia, constitucional, magistrado, auto, norma, derechos, salud, mujer, procedimientos]

[Resumen automatizado: 3. Por lo anterior, el proceso de tutela fue repartido al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, el cual, mediante Auto del 18 de junio de 2020[7], propuso conflicto de competencia ante este Tribunal, al estimar que la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio no podía sustraerse del conocimiento del caso con base en las normas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, en tanto que las mismas no fijan la competencia de los jueces de tutela y, por ello, no pueden ser invocadas por estos para apartarse del trámite de los recursos de amparo. || 4. De igual forma, este Tribunal le advertirá al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación), que los conflictos de competencia en materia de tutela tienen que ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual, en futuros casos deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia constitucional, expuestas en la presente providencia[27] y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, tribunal, auto, decreto, competencia, sala, superior, corte, judicial, reparto, distrito, autoridades, reglas, civil, conocimiento, acción]

[Resumen automatizado: El 28 de mayo de 2020, la Subsección Tercera de la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz resolvió no avocar el conocimiento de la tutela, por lo que propuso conflicto negativo de competencia y devolvió el expediente al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. || Con respecto al segundo punto, como se sintetizó en los antecedentes de esta providencia, el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Especial para la Paz presentaron una serie de argumentos relacionados con el entendimiento del artículo 8 transitorio de la Constitución introducido mediante el Acto Legislativo 01 de 2017. || Frente al conflicto relativo al factor subjetivo de competencia, la Sala Plena coincide con el planteamiento de la Subsección Tercera de la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz. La Corte encuentra que, al referirse a la custodia y administración de los bienes de las extintas FARC-EP, la acción de tutela no controvierte acciones u omisiones de los órganos de la JEP ni tampoco una de sus providencias. || Por lo tanto, esta Corporación remitirá el expediente a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, primera autoridad con competencia a la que le fue repartida la acción de tutela, para que adopte una decisión de fondo inmediatamente.] - [Palabras claves: competencia, tutela, acción, tribunal, sección, especial, administrativo, paz, jep, subsección, decreto, corte, autoridades]

[Resumen automatizado: La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Carlos Bernal Pulido y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de adición de la sentencia T-043 del 10 de febrero de 2020. || De otro lado, esta Corporación ha sostenido que, excepcionalmente, es posible acceder a las solicitudes de aclaración o adición, siempre que se constate el cumplimiento de los siguientes presupuestos concomitantes: i) que la solicitud se presente por alguna de las partes; ii) dentro del término de la ejecutoria, es decir, dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo; y iii) que se trate de un asunto de relevancia constitucional o que tenga una entidad tal que su desconocimiento implique que el sentido de la decisión hubiera sido distinto al adoptado[6]. || El 25 de febrero de 2020, la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve radicó en la Secretaría General de la Corte Constitucional una solicitud de adición a la sentencia T-043 de 2020, al considerar que la Sala omitió pronunciarse sobre la pretensión consistente en el pago de salarios que dejó de percibir durante el año 2019 debido a la decisión de la accionada de no suscribir un nuevo contrato de trabajo.] - [Palabras claves: sentencia, corte, solicitud, sala, constitucional, términos, tutela, acuerdo, general, término, corporación, marzo, decisión, revisión, parte]

[Resumen automatizado: Dentro del proceso de seguimiento que adelanta la Corte Constitucional a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la Sala Especial recibió una petición elevada por María Rosalba Palacio para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas por esta Corporación en el Auto 092 de 2008, para la protección de sus derechos fundamentales[1]. || En consecuencia, en la presente providencia la Corte Constitucional resolverá (i) dejar sin efectos la Resolución 04102019-373774 del 08 de abril de 2020 por cuanto esta decisión impuso cargas desproporcionadas sobre la actora y desconoció los principios de buena fe, confianza legítima y respeto al acto propio; (ii) ordenar a la Unidad para las Víctimas adoptar una nueva decisión en la que se indique a los beneficiarios el momento en que se hará efectiva su indemnización; y (iii) advertir al director de esta entidad que, no es posible trasladar a las víctimas las cargas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.] - [Palabras claves: auto, unidad, corte, derechos, atención, mujeres, informe, sala, constitucional, maría, indemnización, víctimas, desplazamiento, situación]

[Resumen automatizado: REMITIR, vía correo electrónico, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, la comunicación objeto de la presente decisión a la Ministra del Interior, al director de la Unidad para las Víctimas, al director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior y al director general del Departamento Nacional de Planeación para que se pronuncien a través de un informe conjunto en torno a las afirmaciones formuladas en dicho documento e indiquen las medidas adoptadas para la protección y salvaguarda de las etnias Ampiuile y Polindara. || COMUNICAR, vía correo electrónico, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, la presente decisión a los gobernadores de los pueblos indígenas Ampiuile y Polindara, a la Ministra del Interior, al director de la Unidad para las Víctimas, al director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, al director general del Departamento Nacional de Planeación, al Procurador Delegado para Asuntos Étnicos y al Defensor Delegado para los Derechos de la Población en Movilidad Humana.] - [Palabras claves: general, corte, nacional, pueblos, auto, director, constitucional, medidas, situación, secretaría, interior, especial, sala, corporación, comunicación, indígenas]

[Resumen automatizado: En ese mismo sentido, el parágrafo del artículo 215, en el caso específico de la emergencia económica, social y ecológica, dispone que el Gobierno enviará a la Corte, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte al amparo de ese artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. || 5. Esta comprobación implica, a su turno, que el control de constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de excepción debe ser anterior al escrutinio judicial de los decretos de desarrollo que se adoptan, en tanto que el primer soporte de validez del decreto legislativo es la compatibilidad entre la declaratoria y la Constitución. || Como se explicó por la Corte en una situación similar, resuelta mediante el Auto 230 de 2017[3], esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia, hasta tanto se profiera sentencia sobre el decreto declaratorio. || PRIMERO: SUSPENDER los términos en el expediente RE-307, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto 658 del 13 de mayo de 2020 “por el cual se disponen medidas para garantizar la operación de los medios abiertos radiodifundidos y la televisión comunitaria en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.”] - [Palabras claves: corte, decretos, constitucionalidad, control, decreto, constitucional, excepción, sentencia, proceso, legislativos, emergencia, sala]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional procede a pronunciarse sobre el impedimento para decidir, manifestado por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo en el proceso de la referencia. || 2. Mediante comunicación del 30 de junio de 2020, dirigida al Presidente de la Corte, el Magistrado Lizarazo Ocampo manifiesta "posible impedimento" en el asunto de la referencia, fundado en el hecho de tener interés en la decisión, conforme lo señala el artículo 25 del Decreto Ley 2067 de 1991. || Esto debido a que se trata con una norma con contenido general que, por esta razón, no tiene una incidencia actual y directa en el ejercicio de la actividad judicial del Magistrado, por lo cual no afecta el cumplimiento de su deber de imparcialidad para decidir sobre la constitucionalidad del Decreto 579 de 2020. || NEGAR el impedimento formulado por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo para decidir en el proceso RE-302, correspondiente a la revisión de constitucionalidad del Decreto 579 de 2020 "por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" || [4] Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia C-019 de 1996 determinó que "[l]as normas que consagran las causales de impedimento y recusación, se han dictado para garantizar la imparcialidad del juez.] - [Palabras claves: magistrado, interés, decisión, contratos, imparcialidad, debe, juez, norma, corte, decreto, auto, general, judicial]

[Resumen automatizado: Finalmente, los actores se refirieron al cargo por desconocimiento de los derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva e hicieron hincapié en los argumentos de la demanda inicial, pero incluyeron la comparación entre la norma acusada y el régimen de medidas cautelares previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso, con el fin de demostrar que el primero es insuficiente para salvaguardar los derechos que allí se ventilan. || El 23 de junio de 2020, la Secretaría General de la Corte recibió escrito de los accionantes en el que interpusieron el recurso de súplica contra el auto de rechazo del 16 de junio para que se admitieran los cargos segundo y tercero de la demanda, lo cual sustentaron de la siguiente forma: || La Sala encuentra, como se expuso en el auto del 16 de junio, que el fundamento de este cargo no deja de confundirse con el del derecho a la igualdad, sin llegar a identificarse por parte de los accionantes una oposición objetiva entre el precepto acusado y las disposiciones constitucionales de los artículos 25 y 48.] - [Palabras claves: demanda, cargo, norma, sentencia, corte, recurso, protección, derecho, segundo, medidas, cargos, derechos, sala, ciudadanos, artículos, rechazo]

[Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Andrés Camilo Flórez Franco demandó el numeral 3º del artículo 906 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, "[p]or medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones". || El principio de la primacía de la realidad sobre las formas del derecho laboral, previsto en el artículo 53 superior, solo puede ser aplicado según el Código Sustantivo del Trabajo: (i) por los jueces de la República para declarar la existencia de un contrato realidad en un caso concreto (art. || La demanda fue repartida a la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien mediante Auto del 26 de mayo de 2020 resolvió inadmitirla por considerar que no cumplía los requisitos argumentativos de especificidad, pertinencia y suficiencia. || Sin embargo, omitió explicar según el auto de inadmisión por qué del contenido de esta disposición se deriva que sólo los jueces de la República y el Ministerio del Trabajo son competentes para pronunciarse sobre la existencia de un contrato realidad.] - [Palabras claves: constitución, demanda, norma, realidad, existencia, recurso, juez, inconstitucionalidad, contrato, principio, laboral, auto, escrito]

[Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 40-6 de la Constitución, la ciudadana Diana Marcela Ortiz Tovar presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 101 de la Ley 2010 de 2019, “Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”. || En el caso sub examine, según el informe del 18 de junio de 2020 de la Secretaría General de esta Corporación, el auto de rechazo fue notificado por medio de estado del 4 de junio de 2020, enviándose también correo electrónico a la demandante, en el que se adjuntó una decisión de otro expediente, del 2 de junio del año en curso. || RECHAZAR POR EXTEMPORÁNEO el recurso de súplica formulado por la ciudadana Diana Marcela Ortiz Tovar contra el Auto del 2 de junio de 2020, proferido por el Magistrado Sustanciador Alejandro Linares Cantillo, mediante el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 101 de la Ley 2010 de 2019.] - [Palabras claves: junio, demanda, principio, norma, corte, recurso, general, decisión, disposición, rechazo, constitucional, inconstitucionalidad, correo, cargo]

[Resumen automatizado: Adicionalmente, se advertirá al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tunja autoridad que remitió el expediente a esta Corporación que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 (en este caso por la Corte Suprema de Justicia), por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || ADVERTIR al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tunja que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por el superior jerárquico común al tenor de lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, competencia, municipal, acción, corte, civil, constitucional, auto, lugar, debe, autoridades, factor, sala, conflicto]

[Resumen automatizado: Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada y el Tribunal Administrativo del Cauca usaron indebidamente las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, para abstenerse de conocer la acción de tutela de la referencia. || 2. Con base en lo anterior, esta Corporación dejará sin efectos el Auto del 23 de junio de 2020 proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada, y ordenará que se le remita el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo respectivo y profiera la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela promovida por Pablo César Mina García. || - REMITIR al Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada el expediente ICC-3862 para que, de manera inmediata, inicie el trámite de amparo respectivo y profiera la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por Pablo César Mina García.] - [Palabras claves: competencia, tutela, decreto, reparto, general, acción, reglas, asunto, conocer, tribunal, administrativo]

[Resumen automatizado: 2. El 25 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, instancia a la que le correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia, al considerar que acorde con lo previsto en el artículo 1 numeral 1 del Decreto 1893 de 2017 la tutela de la referencia es de conocimiento de los jueces municipales, pues "quienes son llamadas por pasiva son entidades particulares en el caso de las dos primeras y del orden municipal en el caso del SES Hospital Caldas". || Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 25 de junio de 2020 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, en el marco del trámite de la acción de tutela que Norvey de la Pava, en calidad de agente oficioso de la señora Imelda Ramírez Rivera, presentó en contra de la E.P.S. y Medicina Prepagada Suramericana S.A., Clínica Avidanti SAS y SES Hospital de Caldas.] - [Palabras claves: competencia, tutela, segundo, administrativo, reparto, decreto, acción, magistrado, sala, plena, autoridad, reglas, manera, constitucional, junio]

[Resumen automatizado: Sometida a un nuevo reparto, la acción de tutela le correspondió a la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, autoridad que declaró su falta de competencia y ordenó remitir el asunto al Juzgado Promiscuo Municipal de Páramo, mediante auto del 16 de junio de 2020. || En el presente asunto, los despachos involucrados pertenecen a la jurisdicción ordinaria, tienen distinta especialidad y pertenecen al mismo distrito, situación que enmarca el conflicto de competencia suscitado entre estas autoridades en uno de los supuestos contenidos en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[11], cuya resolución le corresponde a la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo en el presente trámite, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio. || M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 087 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 106 de 2017. || M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; A-207 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; A-015 de 2013.] - [Palabras claves: tutela, competencia, acción, sala, san, municipal, decreto, reglas, corte, autoridades, tribunal, materia, civil, debe, corporación, superior]

[Resumen automatizado: El asunto fue repartido al Juzgado Civil Municipal de Ubate, quien, mediante decisión del 10 de junio de 2020, rechazó la tutela interpuesta por los accionantes por considerar que la afectación de los derechos fundamentales por parte de la accionada tuvo su origen en la ciudad de Medellín, lugar donde se encuentra ubicada la empresa FRACOR S.A.S. De acuerdo con el Juzgado, el reparto debió efectuarse en esta ciudad con base en el factor territorial, según lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el inciso 3 del numeral 1 del articulo 1 del Decreto 1382 de 2000 y el numeral 1 del articulo 1 del Decreto 1983 de 2017. || Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en los que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales, tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: civil, lugar, juzgado, competencia, tutela, factor, accionantes, territorial, acción, fundamentales, medellín, derechos, sala, decisión]

[Resumen automatizado: 2. El 1 de junio de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño, instancia a la que le correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia, al considerar que acorde con lo previsto en el Decreto 1893 de 2017, la tutela de la referencia es de conocimiento de los jueces municipales, pues "aunque en el primero de los apartes de su escrito indica que se dirige en contra la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Hacienda y Credito Publico, una somera revision de la demanda permite establecer que no corresponde a sus agentes cumplir una decision que pudiera ser favorable a las pretensiones del actor, porque no hace parte de sus facultades juridicas. || Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 1 de junio de 2020 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el marco del trámite de la acción de tutela de Jorge Fernando Navia Estrada contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Universidad de Nariño.] - [Palabras claves: competencia, tutela, reparto, decreto, administrativo, tribunal, constitucional, fondo, sala, magistrado, auto, corte, acción, manera]

[Resumen automatizado: Una vez realizado el reparto, conoció del asunto el Tribunal Administrativo de Nariño Sala Unitaria de Decisión-, quien mediante auto fechado del 22 de mayo de 2020, manifestó no estar facultado para resolver la solicitud de amparo conforme a lo dictado por el Decreto 1983 de 2017, toda vez que indicó no tener competencia, pues de los hechos narrados en el escrito de tutela y de la pretensión de obtener ayudas económicas estatales, se infiere que quien debe figurar como accionado por la presunta violación o puesta en amenaza de los derechos fundamentales del accionante es la Alcaldía de Ipiales, Nariño y no la Presidencia de la República. || Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 22 de mayo de 2020, que profirió el Tribunal Administrativo de Pasto Sala Unitaria de Decisión-, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela formulada por el señor Pedro Cuatindioy Jacanamijoy, contra la Presidencia de la República y la Alcaldía de Ipiales, Nariño.] - [Palabras claves: tutela, competencia, acción, sala, pasto, tribunal, administrativo, reparto, expediente, corte, fondo]

[Resumen automatizado: Argumentó dicha decisión en que, el artículo 53 de la Ley 1922 de 2018 otorga una competencia especial y residual a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para conocer de las acciones de tutela, solo en aquellos casos en que sea promovida contra una providencia proferida por la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz, lo que en este caso no se advierte, así como tampoco acción u omisión atribuible a la misma, que presuntamente desconozca los derechos fundamentales de los demandantes[10]. || 9. Remitido el asunto, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz, mediante auto del 19 de mayo de 2020[23], ordenó a la Secretaría Judicial incorporar la nueva acción constitucional[24] al expediente de tutela que fue remitido a la Corte Constitucional, al considerar que se refiere a los mismos hechos, pretensiones y parte accionada. || Las mencionadas acciones constitucionales fueron asignadas a la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Subsección Cuarta de Tutelas, del Tribunal Especial para la Paz, autoridad que mediante auto del 19 de junio de 2020[29] ordenó remitir los escritos de tutela a esta Corporación con destino al expediente ICC-3844 con el fin de que fueran adjuntados a la actuación TP-SeRVR-01-40-2020-0003.] - [Palabras claves: paz, sección, tutela, especial, tribunal, competencia, revisión, acción, primera, sala]

[Resumen automatizado: El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán es el único órgano judicial que se ha pronunciado, hasta el momento, sobre la facultad que le asiste para conocer los hechos investigados en el proceso penal adelantado contra los señores Wilder Didier García Daza y Mauricio Leonardo Parrado Enciso, procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado y espionaje. || (ii) Si bien en el expediente obra copia de la Resolución Nº 6497, del 21 de octubre de 2019, proferida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, no puede perderse de vista que dicha providencia no sólo no fue proferida con ocasión de la decisión competencial adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, sino que ésta, en sí misma, no corresponde a un pronunciamiento relacionado con la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto del proceso adelantado en contra de los señores García Daza y Parrado Enciso. || Tercero.- ORDENAR al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán que comunique la presente providencia a las partes e intervinientes, dentro del proceso penal seguido en contra de los señores Wilder Didier García Daza y Mauricio Leonardo Parrado Enciso.] - [Palabras claves: conflicto, jurisdicciones, segundo, sala, jurisdicción, penal, competencia, corte, autoridades, paz, especial]

[Resumen automatizado: Los señores Nabor Enríquez Hernández y Nabor Leonardo Enríquez Ocaña, instauraron acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, Nariño, del Banco Central Hipotecario en liquidación y de la Compañía Central de Inversiones S.A. en adelante CISA-, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad ante la ley, de acceso a la administración de justicia y a la vivienda digna. || “Tercero.- DECRETAR LA NULIDAD de  todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado desde el 17 de febrero de 1999 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, en contra de los señores  Nabor Enríquez Hernández y Nabor  Leonardo Enríquez Ocaña, a partir de la actuación siguiente a la reliquidación del crédito basado en el pagaré a la orden No. 1 O.H. 37003894-0 que contiene una obligación por la suma de $18´560.000.oo, equivalente a 3.575.2399 UPAC. || El 20 de septiembre de 2019, Ivan Fernando Zarama Concha, actuando como apoderado de Nabor Enriquez Ocaña y Nabor Enriquez Hernández[6], presentó una solicitud de trámite de cumplimiento e incidente de desacato ante la Corte Constitucional y en contra de CISA, por considerar que dicha entidad no había acatado las órdenes impartidas en la Sentencia T-771 de 2006.] - [Palabras claves: cumplimiento, proceso, tutela, fallo, corte, desacato, sentencia, sala, orden, constitucional, juez, ejecutivo, ley]

[Resumen automatizado: El apoderado de Álvaro Ashton Giraldo, en el marco de la solicitud de sometimiento voluntario ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, Bladimir Cuadro Crespo, presentó escrito de "coadyuvancia", a efectos de manifestar que la causa que provoca el conflicto positivo de jurisdicciones, en esta ocasión, es la negativa de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de dar cumplimiento a una decisión judicial, proferida hace dos años, que ya definió la competencia al interior a la Jurisdicción Especial para la Paz. En consecuencia, asegura que el reclamo de jurisdicción planteado, es extemporáneo. || Si bien la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz es una autoridad jurisdiccional que administra justicia de manera transitoria y autónoma (artículos 5 y 7 del título transitorio de la Constitución[14]), la Fiscalía General de la Nación, en esta oportunidad, no solo carece de facultades jurisdiccionales, pues respecto del presunto delito de cohecho cometido por el señor Álvaro Ashton Giraldo solo funge en el proceso penal como ente investigador del sistema penal acusatorio; sino que además al tratarse de un asunto de Ley 906 de 2004 actúa dentro del mismo como parte y la jurisprudencia constitucional ha rechazado la posibilidad de que las partes propongan directamente un conflicto de jurisdicciones.] - [Palabras claves: corte, jurisdicciones, sala, competencia, jurisdicción, especial, conflicto, fiscalía, paz, proceso, suprema]

[Resumen automatizado: (i) Interpuso un incidente de desacato ante el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, que declaró renuente el cumplimiento de la sentencia y sancionó al representante legal de Electricaribe con una multa de 10 salarios mínimos, en tanto: i) para 2014 la empresa incrementó los salarios a sus trabajadores corporativos en un punto porcentual superior al incremento para los trabajadores sindicalizados; y ii) condicionó el acceso a los beneficios de la empresa, a la renuncia de las prerrogativas que como miembros del sindicato poseían los trabajadores, alegando que no podía existir simultaneidad en los regímenes de beneficios. || (iii) El 2 de octubre de 2015, el apoderado de Sintraelecol radicó un nuevo incidente de desacato ante el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de Cartagena que declaró el cumplimiento de la sentencia T-619 de 2013, en tanto: y i) Electricaribe incrementó el salario de los trabajadores sindicalizados en el 1% adicional al IPC con efectos retroactivos para los años 2014 y 2015; y ii) la obligación contenida en la decisión de revisión fue la realización de un ofrecimiento condicionado de los beneficios, por lo que su aceptación hacía parte de la liberalidad de cada trabajador.] - [Palabras claves: trabajadores, corte, cartagena, cumplimiento, beneficios, empresa, sentencia, auto, sindical, tutela, desacato]

[Resumen automatizado: Mediante comunicación de 16 de junio de 2020, la Secretaría General de la Corte Constitucional envió el expediente digital de la referencia al despacho del magistrado sustanciador, de acuerdo con el reparto efectuado por la Sala Plena en sesión de la misma fecha. || Por auto del 19 de junio de 2020, el magistrado sustanciador: (i) avocó el conocimiento del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, (ii) ordenó la práctica de pruebas; (iii) convocó a algunas entidades públicas y organizaciones privadas para que se pronunciaran sobre la constitucionalidad del Decreto; (iv) dispuso que una vez recaudadas las pruebas, se fijara en lista del proceso para que todos los ciudadanos interesados presentaran sus intervenciones; y (v) se corriera traslado al Procurador General de la Nación para que rinda el concepto de rigor según lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2067 de 1991. || Mediante escrito del 25 de junio de 2020, el ciudadano Danny Fernando Mera Bolaños solicitó: (i) la nulidad del resolutivo 4 del auto del 19 de junio de 2020, al considerar que la orden atenta contra el principio del interés público, dado que limita la participación pública en este proceso de constitucionalidad, al convocar a unas entidades de derecho público y privado específicas, en lugar de permitir la intervención de todos los ciudadanos.] - [Palabras claves: proceso, junio, corte, decreto, lista, constitucionalidad, nulidad, magistrado, electrónico, plena, constitucional, sala, ciudadano, ciudadanos]

[Resumen automatizado: Como pretensión subsidiaria, pidieron se declare su exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que "el Jefe de estado, en sus facultades legislativas extraordinarias, profiera medidas que desarrollen el aislamiento, pero en condiciones dignas, dotando a los ciudadanos de condiciones mínimas de subsistencia, (...) y se adopten medidas que favorezcan a la pequeña y mediana empresa, para que en tiempo postpandemia, se reactive constitucionalmente la economía, sin afectación a los derechos fundamentales".[13] Para fundamentar la solicitud, sostuvieron que las normas demandadas "son decretos legislativos y no decretos reglamentarios"[14] y que estos violan (i) el artículo 93 de la Constitución Política, "al desconocer uno de los instrumentos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, por violación del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales"[15]; (ii) "el bloque de constitucionalidad, por inaplicación del artículo 93 superior, al desconocer el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos"[16] y (iii) el artículo 4 "en el entendido que los precedentes judiciales proferidos por la Corte Constitucional son fuente principal de derecho en el orden jurídico colombiano".] - [Palabras claves: corte, demanda, decretos, recurso, fundamento, jurídico, constitucional, normas, derecho, decreto, plena, inconstitucionalidad, auto, violación, constitucionalidad, junio, sala]

[Resumen automatizado: Del anterior déficit argumentativo, la Magistrada Sustanciadora deriva la existencia de otra imprecisión, por cuanto el actor afirma que la finalidad de la norma demandada es la protección de los niños, niñas y adolescentes, cuando lo cierto es que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 enlista otros beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, que no son menores de edad. || Para el despacho, el demandante no logró demostrar la forma en que son asimilables el grupo poblacional de “los niños, niñas y adolescentes huérfanos del responsable del mantenimiento del menor en vida”, al del contenido en el literal c), por cuanto este precepto no se dirige a los y las menores de edad, sino que protege el vínculo existente entre el causante y sus hijos e hijas menores de edad o hasta los 25 años en las condiciones que la norma establece. || PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el Auto del nueve (9) de junio de dos mil veinte (2020), proferido por la Magistrada Sustanciadora Diana Fajardo Rivera, mediante el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Edier Esteban Manco Pineda contra el artículo 13 (parcial) de la Ley 797 de 2003, radicada con el número D-13735.] - [Palabras claves: demanda, auto, adolescentes, niñas, inconstitucionalidad, niños, mantenimiento, recurso, omisión, corte, rechazo, hijos]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial aquellas que le confiere el Decreto Ley 2067 de 1991 y el artículo 50 del Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 02 de 2015), procede a resolver el recurso de súplica interpuesto contra el auto del 5 de junio de 2020, que dispuso rechazar la demanda de la referencia. || El ciudadano refirió que en tanto el régimen constitucional especial de responsabilidad de los funcionarios públicos que establecen los artículos 6º, 89 y 90 no dispone que las prestaciones sociales se afecten, a ella no se puede oponer la inembargabilidad de las prestaciones sociales de los servidores públicos, pues la Constitución no contiene esa limitación "ni la permite refiriéndola como una excepción a la regla general, que muestre con claridad que la voluntad constitucional de la responsabilidad in extenso tiene una excepción expresamente consagrada por la Constitución misma y ya que la Carta Política es norma de normas y su sentido ilímite (sic) es prevalente y en caso de incompatibilidad con la Ley u otra norma jurídica deberá ser aplicado preferentemente el texto y el sentido constitucional sobre responsabilidad de los servidores públicos, autoridades públicas y agentes del Estado". || El ciudadano señaló que la inembargabilidad que contemplan las normas cuestionadas respecto de las prestaciones sociales de los servidores públicos, "colisiona con el sistema especial de responsabilidad patrimonial ilímite (sic) o ilimitada del servidor público impuesto por la prevalente Constitución Nacional en sus arts 6°, 89 y 90; así como colisionan o chocan contra el principio de igualdad".] - [Palabras claves: demanda, públicos, responsabilidad, recurso, normas, servidores, rechazo, escrito, corte, auto, constitución, servidor, inconstitucionalidad, junio, público, el]

[Resumen automatizado: De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1991 (Art. 6), el recurso de súplica es la instancia procesal destinada a que el demandante de una acción pública de inconstitucionalidad pueda controvertir -por aspectos formales o materiales- la providencia que rechace la demanda.[2] El carácter excepcional y estricto del recurso de súplica[3] impide que se convierta en una oportunidad para aportar nuevas razones que sustenten el concepto de la violación, corregir los yerros cometidos en la demanda o en el escrito de corrección o plantear nuevos elementos de juicio.[4] Por lo tanto, la competencia de la Sala Plena se circunscribe al análisis de los motivos de inconformidad del recurrente con el auto de rechazo, sin que pueda pronunciarse sobre materias distintas.[5] En tal sentido, para que el accionante logre comprobar que el auto de rechazo ha incurrido en un yerro, olvido o arbitrariedad, debe demostrar: (i) que se exigieron requisitos que no son propios del juicio de admisibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, o (ii) que cumplió, en forma satisfactoria, con lo solicitado en el auto inadmisorio de la demanda.[6] Así, el ejercicio del recurso de súplica exige que el demandante actúe con un mínimo de diligencia en la configuración de las razones que lo sustentan, pues, de lo contrario, implicaría una falta de motivación del recurso que le impediría a esta Corporación pronunciarse de fondo.] - [Palabras claves: inhabilidad, penal, norma, demanda, fundamento, inconstitucionalidad, jurídico, rechazo, proceso, derecho, personas, ley, violación, auto, incisos, inciso]

[Resumen automatizado: Bajo ese entendido, en esta oportunidad el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá es el competente para conocer la acción de tutela presentada por el señor José Tibaldo Ovalle Casallas, al ser la autoridad judicial con competencia que primero tuvo conocimiento del asunto, en tanto debe respetarse la elección que “a prevención” hizo el accionante al interponer la acción de tutela ante los jueces de esa ciudad. || 2. En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 9 de junio de 2020 por el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá y se le remitirá el expediente ICC-3856 que contiene la acción de tutela presentada por el señor José Tibaldo Ovalle Casallas contra la Alcaldía Municipal de Villamaría (Caldas) y la Unidad de Tránsito Departamental de Caldas para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.] - [Palabras claves: tutela, competencia, municipal, lugar, bogotá, corte, acción, autoridades, penal, factor, debe]

[Resumen automatizado: 1. El señor Héctor Bolívar Hidalgo Muñoz presentó acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación y la Directora Ejecutiva de esa entidad, en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al "mínimo vital, el carácter móvil del salario, la igualdad, debido proceso y derechos sociales de los trabajadores"[1], dado que las accionadas se negaron a aplicar la excepción de "inconstitucionalidad e incovencionalidad" del Decreto 568 de 2020[2], por el cual se impuso a cargo de los servidores públicos el impuesto solidario por COVID-19. || Se configuró un conflicto aparente de competencia toda vez que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán determinó que no era competente para conocer la acción de tutela presentada por el señor Héctor Bolívar Hidalgo Muñoz contra la Fiscalía General de la Nación, con base en lo dispuesto en las reglas de reparto de tutela del Decreto 1834 de 2015. || 2. Así las cosas, la autoridad competente para conocer de la acción de tutela instaurada por el señor Héctor Bolívar Hidalgo Muñoz contra la Fiscalía General de la Nación es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, instancia a la que se le repartió en un primer momento el conocimiento del amparo de la referencia.] - [Palabras claves: tutela, decreto, acción, tribunal, competencia, identidad, general, sala, superior, judicial, distrito, fiscalía, acciones, auto]

[Resumen automatizado: 3. A través de Auto del 29 de mayo de 2020[4], el Tribunal Administrativo del Chocó se declaró incompetente para conocer del amparo presentado por Yober Rico Camargo y remitió el expediente respectivo a los jueces del circuito del Quibdó, al estimar que, de conformidad con el Decreto 1983 de 2017, el estudio de la referida acción de tutela le corresponde a dichas autoridades judiciales en atención a la naturaleza jurídica de las entidades demandadas. || 4. Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó, el cual, mediante Auto del 2 de junio de 2020[5], se abstuvo de asumir el conocimiento de la causa y propuso un conflicto de competencia ante esta Corte, al considerar que el Tribunal Administrativo del Chocó no podía sustraerse del conocimiento del caso con base en las normas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, en tanto que las mismas no fijan la competencia de los jueces de tutela y, por ello, no pueden ser invocadas por estos para apartarse del trámite de los recursos de amparo.] - [Palabras claves: tutela, chocó, decreto, competencia, tribunal, constitucional, reparto, administrativo, acción, auto, judiciales, conocimiento, autoridades]

[Resumen automatizado: El 20 de mayo de 2020, Nairo Martínez Madera, Fiscal 47 delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena de Indias, instauró acción de tutela en contra del Presidente de la República, los ministros del despacho y las demás autoridades encargadas de llevar a cabo el recaudo del impuesto solidario, creado mediante el Decreto Legislativo 568 de 2020[1]. || En particular, esta Corte considera que tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, como el Tribunal Administrativo de Bolívar, son competentes, en razón del factor territorial, para conocer de la acción de tutela. || Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de 22 de mayo de 2020, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el marco de la acción de tutela promovida por Nairo Martínez Madera, en contra del Presidente de la República, los ministros del despacho y demás autoridades encargadas de materializar el recaudo del impuesto solidario, creado mediante Decreto Legislativo 568 de 2020. || Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3849 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que profiera decisión de fondo respecto de la referida acción de tutela.] - [Palabras claves: tutela, tribunal, bogotá, competencia, sala, corte, distrito, judicial, decreto, acción, superior, factor, auto]

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente Auto, con fundamento en los siguientes: || Por todo lo expuesto, la parte accionante solicita[9] que se ordene a la Fiscalía General de la Nación y a sus dependencias concernidas, en relación con los hechos denunciados, (i) garantizar el principio de debida diligencia; (ii) crear un grupo especial de trabajo; (iii) convocar con urgencia al comité técnico jurídico, que debería estar compuesto por personal con experiencia y formación en violencia sexual, así como por expertos en tortura psicológica, enfoques diferenciales -énfasis en pertenencia religiosa y en análisis criminal de sectas; (iv) que ese comité adelante una sola investigación integral; (v) reasignar los procesos de Ana Milena Rubiano Madrid y María Fernanda Hernández Cubillos a un despacho capacitado en violencia sexual; (vi) evitar que nuevos casos contra José Francisco Jamocó Ángel sean conocidos por la Fiscal 219 y su secretario; (vii) permitir el acceso los expedientes; e (viii) iniciar investigaciones al mismo denunciado por lavado de activos y falsedad en documento público.] - [Palabras claves: fundamento, tutela, jurídico, fiscalía, trámite, proceso, sala, corte, parte, derechos, acción, general, bogotá, personas]

[Resumen automatizado: Con fundamento en lo anterior, el 16 de abril de 2020, la Sala Plena de esta Corporación profirió el Auto 121, a través del cual autorizó a las diferentes Salas de Revisión para levantar los términos judiciales en asuntos concretos sometidos a su consideración, siempre y cuando se motivara tal decisión a partir de los siguientes criterios: i) la urgencia en adoptar una decisión de fondo o una medida provisional dirigida a la protección de los derechos fundamentales; ii) la importancia nacional que revista el caso; y iii) la posibilidad material de que el asunto pueda ser tramitado y decidido de forma compatible con las condiciones actuales de aislamiento preventivo obligatorio, sin que ello implique la imposición de cargas desproporcionadas a las partes o a las autoridades concernidas. || [29] "Tercero: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- que, en el término de diez (10) días siguientes a partir de la notificación de esta providencia, proceda a EMITIR un nuevo acto administrativo en el cual decida la petición de sustitución pensional presentada a favor del señor Javier Eduyer Caballero Cervantes en calidad de hijo en condición de invalidez del causante, teniendo en cuenta la clase de enfermedad que padece, los conceptos médicos allegados en sede de tutela y lo expuesto por la jurisprudencia constitucional sobre la materia.] - [Palabras claves: cumplimiento, corte, pensional, trámite, juez, sentencia, tutela, auto, solicitud, fallo, corporación, instancia, primera]

[Resumen automatizado: 6. Por su parte, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga precisó que, a pesar de que existía un documento en donde el señor Moreno Cárdenas había manifestado su intención de someterse a la JEP, la misma no podía ser entendida como una respuesta o decisión de esa jurisdicción[5]. || 7. Así las cosas, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga ordenó la ruptura de la unidad procesal y la remisión del expediente a la Corte Constitucional, para que determinara a qué jurisdicción le correspondía continuar con el conocimiento del proceso penal[8]. || En el presente caso no se configura un conflicto de competencia entre jurisdicciones, debido a que esta clase de controversias no pueden provocarse directamente a partir de la solicitud de una de las partes, sino que requiere que dos o más autoridades judiciales, de distintas jurisdicciones, se declaren competentes o incompetentes para conocer del proceso. || Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional se declarará inhibida para pronunciarse de fondo y ordenará la remisión del expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga, Valle del Cauca, para que continúe con el trámite que corresponda según su competencia.] - [Palabras claves: competencia, jurisdicción, corte, conflicto, jurisdicciones, autoridades, constitucional, solicitud, proceso, penal, sala, jep]

[Resumen automatizado: Primero.- DEJAR SIN EFECTOS los autos de 10 y 16 de junio de 2020, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el marco de la acción de tutela promovida por Claudia Liliana Del Castillo Rentería, en calidad de agente oficiosa de su padre, Nelson Del Castillo Obando, en contra del Juzgado 26 de Ejecución de Penas y Medidas de aseguramiento de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, y la Fiscalía General de la Nación. || Tercero.- ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela remita el expediente a las autoridades judiciales dispuestas por la Ley 270 de 1996 de acuerdo con las reglas compiladas el auto 550 de 2018. || [1] Pese a que en el escrito de tutela se hace referencia al Juzgado 26 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, lo cierto es que el accionante aún no ha sido condenado y, por tanto, el proceso está en curso ante el Juez 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, tal como lo explica la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Cali, en el auto de 12 de junio de 2020.] - [Palabras claves: superior, distrito, bogotá, tribunal, tutela, sala, penal, judicial, competencia, corte, auto]

[Resumen automatizado: En igual sentido, en dicha providencia se señaló que el demandante no cumplió con el requisito de especificidad puesto que no determinó la contradicción existente entre la disposición acusada y los artículos constitucionales en tanto: i) afirmó sin fundamento que las inhabilidades y prohibiciones buscan proteger la moralidad y que esta norma no lo hace, cuando en realidad existen inhabilidades que persiguen fines legítimos diferentes a la moralidad; ii) solo indicó que la norma impide a personas que disfrutan de la pensión de jubilación ejercer la función notarial sin indicar por qué esto vulnera el derecho a la seguridad social, a la propiedad privada y a la libertad de empresa; y iii) desconoce que la actividad notarial es una función pública administrativa en la que el legislador goza de competencia para determinar las condiciones para su ejercicio.] - [Palabras claves: pensión, demanda, rechazo, decreto, notarios, concurso, recurso, auto, norma, magistrado, el, corte, ley]

[Resumen automatizado: Siendo viable un nuevo examen de las disposiciones demandadas, la actora sostiene que los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil desconocen los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 42, 44, 47, 49, 50, 94 y 95 de la Carta Política, tal como se explica a continuación: (i) primero, la diferenciación entre seres humanos nacidos y no nacidos vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, máxime cuando los primeros se encuentran en situación de debilidad y vulnerabilidad, y cuando, por tanto, requieren una protección especial por parte del Estado; la normatividad civil, en cambio, no sólo otorga un status distinto a los nasciturus, sino que además les niega la personalidad jurídica, e incluso determina que cuando mueren en el seno materno, se reputarán no haber existido jamás; (ii) segundo, el diferimiento de la personalidad jurídica no solo desconoce el reconocimiento constitucional de este atributo (art.] - [Palabras claves: seres, inconstitucionalidad, humanos, demanda, código, artículos, protección, derechos, civil, rechazo]

[Resumen automatizado: 2. Por reparto, el conocimiento de la acción de tutela le correspondió a la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito judicial de Popayán, autoridad que mediante auto del 20 de mayo de 2020 se abstuvo de avocar conocimiento con fundamento en que "estudiado el reclamo constitucional y después de efectuar consulta ante la Oficina Judicial de Cali, se tuvo Conocimiento que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho del Magistrado EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS, se le asignó el 13 de mayo de los corrientes, la acción de tutela con secuencia N°. || 5. Una vez devuelto el asunto, la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en auto del 21 de mayo de 2020 sostuvo que pese a que el Magistrado remisor tramita varias tutelas acumuladas contra la Fiscalía General de la Nación por la aplicación del impuesto solidario COVID-19, se rehusó a conocer de esta acción constitucional sin explicar las razones por las cuales (i) no se presenta la triple identidad; (ii) ni se satisfacen los presupuestos del Decreto 1834 de 2015.] - [Palabras claves: tutela, decreto, identidad, acción, tribunal, competencia, causa, fiscalía, sala, general, nación, corte, auto]

[Resumen automatizado: 1. Luego de haber asumido el conocimiento del expediente de la referencia el 11 de diciembre de 2019, esta sala dictó el Auto 101 de 2020, por medio del cual convocó a Colpensiones, a la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a Protección S.A., a Asofondos, a Fedesarrollo, a Seguros de Vida Suramericana S.A. y a Fasecolda, a una sesión técnica informal, que sería dirigida por el magistrado ponente y que se realizaría el 17 de marzo de 2020, a las 09:00 de la mañana, en las instalaciones de la Corte. || 3. En consonancia con tales medidas, en Auto del 16 de marzo, el magistrado sustanciador estimó que para proteger la integridad de los funcionarios de esta Corporación y la de quienes habían sido citados a la sesión técnica informal, era necesario aplazar su realización presencial hasta tanto las condiciones de salud pública lo permitieran. || Por ello, dispone que dicha sesión se realice, por medios tecnológicos, el 10 de julio de 2020 a las 09:00 de la mañana y que el magistrado sustanciador mantenga la competencia para su dirección, en los mismos términos establecidos en el Auto citado.] - [Palabras claves: auto, sesión, suspensión, términos, necesario, magistrado, medio, sala, marzo, medios, técnica]

[Resumen automatizado: Recurso de súplica contra el auto del 1º de junio de 2020 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal". || La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial aquellas que le concede el Decreto ley 2067 de 1991 y el artículo 50 del Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 02 de 2015), procede a resolver el recurso de súplica interpuesto contra el auto del 1º de junio de 2020, que dispuso rechazar la demanda de la referencia. || 3. De conformidad con su objeto, mediante el recurso de súplica se le garantiza al actor la posibilidad de activar una instancia procesal dentro de la acción pública de inconstitucionalidad, para "controvertir los argumentos que el magistrado sustanciador adujo para rechazar la demanda de inconstitucionalidad"[9], por lo cual se ha señalado que la argumentación del recurso de súplica se debe encaminar a rebatir la motivación del auto de rechazo, y no a corregir, modificar o reiterar las razones expuestas inicialmente en la demanda. || [13] En el Auto 175 de 2012 se señaló: "(...) el objeto del recurso de súplica es controvertir los argumentos que el magistrado sustanciador adujo para rechazar la demanda de inconstitucionalidad.] - [Palabras claves: demanda, recurso, inciso, auto, rechazo, dos, delitos, mayo, corte, junio, código, magistrado, inconstitucionalidad]

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 -numeral 9- de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere el siguiente || La señora Irina del Carmen Herrera Guerra interpuso acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales luego de que esta entidad rechazara su inscripción en el Registro Único de Víctimas, por haber radicado la solicitud de forma extemporánea. || Ello resulta pertinente para este caso concreto puesto que el juez de instancia invocó una norma procesal para inadmitir y posteriormente rechazar la acción de amparo radicada por la señora Irina del Carmen Herrera Guerra, comprometiendo así el objetivo central del derecho de acceso a la justicia, que radica en lograr que los jueces profieran decisiones de fondo.] - [Palabras claves: tutela, sentencia, juez, instancia, corte, derecho, justicia, decreto, derechos, acción, decisión]

[Resumen automatizado: Conforme con lo anterior, María de los Ángeles Silva solicitó a la Sala Especial iniciar la apertura de un incidente de desacato en contra del director de la Unidad para las Víctimas por el presunto incumplimiento de las órdenes del Auto 092 de 2008, así como adoptar medidas para asegurar los derechos a la subsistencia mínima, la atención y la reparación de ella y su núcleo familiar, y de manera específica, la protección de sus hijos menores de edad. || En tal sentido, y puesto que corresponde a esta Sala Especial de Seguimiento asegurar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en Sentencia T-025 de 2004[8], en la presente decisión se dará traslado a la petición de María de los Ángeles Silva y se solicitará información al director de la Unidad para las Víctimas respecto del cumplimiento de las órdenes que amparaban a la peticionaria y su núcleo familiar, con el propósito de contar con los elementos de juicio suficientes para adoptar una decisión acorde con la solicitud de la actora en correspondencia con las obligaciones constitucionales y legales relacionadas con la protección de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado.] - [Palabras claves: auto, corte, maría, constitucional, medidas, cumplimiento, sala, atención, derechos, unidad, desplazamiento]

[Resumen automatizado: En virtud de estas decisiones, en el Auto 163 de 2020 la Sala Especial analizó dos solicitudes elevadas por integrantes de las comunidades de Curvaradó de iniciar un incidente de desacato en contra de diferentes autoridades gubernamentales, por el presunto incumplimiento de las órdenes dictadas para la protección de los derechos a la autonomía y al territorio[1]. || Producto de esta valoración, y dada la condición de riesgo que afrontan las comunidades, en el Auto 163 de 2020 la Sala Especial resolvió adoptar un conjunto de medidas dirigidas a garantizar (i) la seguridad e integridad de los integrantes del Consejo Comunitario de Curvaradó; (ii) su autonomía; y (iii) sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. || Debido a que se encuentra fundamentada la petición de la Ministra del Interior en la necesidad de coordinar la respuesta institucional para promover el cumplimiento de las decisiones de esta Corporación y garantizar los derechos de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, este despacho accederá a la petición de ampliar el término dispuesto en el Auto 165 de 2020 hasta el 10 de julio de 2020. || - COMUNICAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, la presente decisión a la Ministra del Interior.] - [Palabras claves: auto, interior, órdenes, especial, sala, derechos, comunidades, i, cumplimiento, en, medidas, ii]

[Resumen automatizado: En consonancia con lo expuesto, la Sala Especial remitió a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas la solicitud elevada por la CSPPDF respecto de la adopción de medidas para asegurar la atención diferenciada de las víctimas de desplazamiento forzado durante la emergencia generada por el COVID-19. || Primero.- REMITIR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, el informe de respuesta al Auto 149 de 2020 allegado por el director de la Unidad para las Víctimas, a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Consejo Noruego para los Refugiados. || Segundo.- COMUNICAR, por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, el contenido de esta providencia a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas.] - [Palabras claves: general, población, departamento, medidas, seguimiento, unidad, auto, especial, nacional, derechos, víctimas, secretaría, crisis, forzado, emergencia]

[Resumen automatizado: En el Auto 166 de 2020, la suscrita Magistrada ordenó a los directores del Departamento Nacional de Planeación (en adelante DNP) y de la Unidad para las Víctimas analizar las observaciones y las propuestas realizadas por los organismos de control y la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento Forzado (en adelante CSPPDF) a los indicadores de goce efectivo de derechos (en adelante IGED). || Primero.- REMITIR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, el documento allegado por los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas en respuesta a la orden cuarta del Auto 166 de 2020, a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, para que en caso de tener observaciones o propuestas respecto del plan de trabajo para la consolidación de la batería de batería Indicadores de Goce Efectivo de Derechos, se pronuncien en el término de diez (10) días, a partir de la notificación de la presente decisión.] - [Palabras claves: general, auto, unidad, nacional, gobierno, trabajo, proceso, plan, control, organismos, seguimiento]

[Resumen automatizado: Violación de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad[16]: si bien las normas acusadas son idóneas para disuadir a los sujetos sancionables de incurrir en condutas no deseadas, y necesarias en tanto permiten que se incremente el cumplimiento de las obligaciones; las mismas no son proporcionales en sentido estricto, ya que al no permitir que se gradúe la sanción ni estipular unos topes máximos para la misma[17], en ciertas ocasiones la relación costo-beneficio será desproporcionada.[18] Al respecto, en la Sentencia C-616 de 2002 la Corte Constitucional señaló que, cuando una disposición no deja espacio o un marco de referencia para su dosificación “la norma acusada plantea un problema de proporcionalidad pero no respecto de la relación entre el fin buscado v el medio empleado para alcanzarlo, sino respecto del grado de gravedad de las circunstancias, apreciado en casa caso. || Haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 1° del Decreto 469 de 2020, mediante Auto 121 del 17 de abril de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió levantar la suspensión de términos a que hace referencia el fundamento jurídico anterior, para adelantar la etapa de admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, quedando nuevamente suspendidos “una vez se decida acerca de la admisión, corrección o rechazo de la demanda o el recurso de súplica, según corresponda, de conformidad con lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991.”] - [Palabras claves: sanción, fundamento, demanda, jurídico, principios, relación, normas, artículos, sanciones, violación, ley, razones, auto, equidad]

[Resumen automatizado: Referencia: recurso de súplica formulado contra el Auto del veintiuno (21) de mayo de 2020 proferido por el magistrado Carlos Bernal Pulido que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por Alejandro Decastro González. || El 28 de mayo de 2020, el ciudadano Alejandro Decastro González interpuso dentro del término establecido,[1] recurso de súplica contra el Auto del 21 de mayo del año en curso, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 220 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones". || El 28 de abril de 2020, el magistrado sustanciador Carlos Bernal Pulido, mediante Auto, decidió inadmitir la demanda de inconstitucionalidad formulada, debido a que los cargos presentados carecían de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia necesarios para adelantar el control de constitucionalidad propuesto.[9] El accionante presentó escrito de corrección de la demanda, dentro del término de ejecutoria.] - [Palabras claves: demanda, recurso, auto, fundamento, inconstitucionalidad, razones, jurídico, corte, sala, mayo, rechazo, constitucional, plena]

[Resumen automatizado: Recurso de súplica contra el auto del 20 de mayo de 2020 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 31 (parcial) de la Ley 142 de 1994 "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001. || Por otra parte, porque la disposición exige, como condición previa para la no aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que las empresas estatales que deseen prestar servicios públicos domiciliarios se hayan dedicado en algún momento a esa actividad. || Sobre el requisito de certeza, en el auto del 20 de mayo de 2020 se expuso que, no obstante haberlo indicado desde el comienzo, "la norma no regula la hipótesis a la que se refiere la demandante, pues no determina cuál es el régimen aplicable a los contratos celebrados por las entidades estatales, antes de la prestación efectiva de servicios públicos domiciliarios.] - [Palabras claves: servicios, demanda, públicos, ley, domiciliarios, rechazo, estatales, recurso, escrito, contratos, entidades, corte, norma, expresión]

[Resumen automatizado: En primer lugar, recordó que, mediante la Sentencia C-108 de 2017[5], la Corte estudió una demanda en contra de la expresión “[l]as penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo”, contenida en el artículo 14 de la Ley 890 de 2014. || Conforme a los argumentos esbozados por el demandante y las consideraciones establecidas en la Sentencia C-108 de 2017, el Magistrado sustanciador concluyó que existe cosa juzgada formal, toda vez que ya hubo un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el precepto que es nuevamente sometido a escrutinio y el demandante presentó los mismos cargos analizados en la mencionada providencia[8]. || El rechazo de una demanda de inconstitucionalidad ocurre cuando: (i) tras haber sido inadmitida por el Magistrado sustanciador, no fue corregida en término; (ii) fue subsanado oportunamente, pero de forma insuficiente; (iii) recae sobre normas amparadas por cosa juzgada constitucional; o, (iv) acusa normas respecto de las cuales la Corte es manifiestamente incompetente. || Ahora bien, en el escenario en el que la norma fue declarada exequible previamente, la decisión de la Corte debe analizar si se trata de los mismos cargos ya estudiados, para  estarse a lo resuelto en la sentencia previa porque está amparada por la cosa juzgada constitucional.] - [Palabras claves: demanda, norma, cosa, sentencia, juzgada, corte, constitución, derecho, ley, derechos, constitucional, decisión, en, magistrado, recurso, inconstitucionalidad]

[Resumen automatizado: El 15 de noviembre de 2019, la SDSJ de la JEP declaró que era competente para conocer el proceso penal 056153104002201800016, que se adelantaba en contra del MY (R) Hernando García García[4], al considerar que el “proceder del exmiembro de la fuerza pública pudo constituir una de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en las cuales era causada la muerte de una o varias personas protegidas por el derecho internacional humanitario, para presentarlas como resultados de supuestos escenarios de combate, práctica que no fue ajena al conflicto armado interno de Colombia”. || En particular, se trata de un conflicto positivo de jurisdicciones porque tanto el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro, que hace parte de la jurisdicción ordinaria, como la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz que hace parte de la JEP, declararon que eran competentes para conocer el mismo asunto. || En primer lugar, de conformidad con los artículos 6 transitorio del título transitorio de la Constitución[13] y 36 de la Ley 1957 de 2019[14], la competencia de la JEP prevalece sobre la de las demás jurisdicciones cuando se trata de conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.] - [Palabras claves: conflicto, jep, competencia, armado, hechos, jurisdicciones, sala, proceso, paz, relación, penal, conductas, causa]

[Resumen automatizado: Con todo, la Magistrada Magda Victoria Acosta Walteros decidió salvar parcialmente su voto en relación con la última de las decisiones anteriormente referidas, en razón a que estimó que si bien el Consejo Superior de la Judicatura, en efecto carece de competencia para conocer de la denuncia presentada en contra del Conjuez Enrique del Río González, lo cierto es que, contrario a lo concluido mayoritariamente, resulta desacertado plantear un conflicto de jurisdicciones ante la Corte Constitucional. || En ese sentido, a partir de los derroteros planteados en la parte considerativa de esta decisión, correspondería a la Sala Plena de la Corte Constitucional inhibirse de realizar cualquier pronunciamiento en relación con el fondo de la controversia planteada y remitir el expediente a la autoridad competente para resolver el conflicto suscitado, de no ser porque se observa que el oficio a través del cual la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes presuntamente manifestó considerarse incompetente, únicamente se encuentra suscrito por el secretario de dicha comisión, sin que, en el expediente, repose algún pronunciamiento de carácter jurisdiccional que avale su accionar.] - [Palabras claves: competencia, corte, constitucional, comisión, superior, consejo, acusación, investigación, judicatura, representantes, sala, cámara]

[Resumen automatizado: Segundo.- VINCULAR al presente trámite constitucional a la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Valle del Cauca- para que, en el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del presente Auto, se pronuncie, si así lo considera, sobre los hechos y las pretensiones que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela de la referencia. || [4] En concreto, la demandante María Alicia Murillo Murillo y su apoderada, Flor Stella Cobo Arboleda; la litisconsorte Carmen Elvira Valencia de Torres y su apoderado, Jorge Luis Martínez; la demandada, Nación -Ministerio de la Protección Social- Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS- (la citación fue dirigida al Grupo de Administración de Entidades Liquidadas -Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social-) y a su apoderado, Alejandro Morales Dussan; la UGPP y su apoderado, Simón Eduardo Acosta Ospina; la autoridad ordinaria laboral de primera instancia, Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura y quien fungió, en principio, como autoridad ordinaria de segunda instancia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga (folios 32 al 43).] - [Palabras claves: sala, marzo, superior, suspensión, términos, corte, proceso, acuerdo, tribunal, instancia, auto, judicial]

[Resumen automatizado: (g) A la Corte Constitucional le corresponde verificar el mayor nivel posible de ejecución del componente de protección laboral exigido en la Sentencia SU-484 de 2008, de modo tal que se advierta, de un lado, la reducción de los obstáculos que han impedido el cierre definitivo del proceso liquidación de la Fundación San Juan de Dios y, de otro, como consecuencia de lo anterior, avances progresivos en la satisfacción de los derechos al salario, las prestaciones sociales y pensionales salvaguardadas. || En tal contexto, esta Corporación procederá a reiterarle al Gerente Liquidador de la Fundación San Juan de Dios, hoy Mandatario del proceso de liquidación, que en virtud de las consideraciones expuestas, le corresponde emitir las órdenes de pago en relación con los derechos reconocidos en providencias judiciales ejecutoriadas con anterioridad a la Sentencia SU-484 de 2008, incluso si ello significa el pago de acreencias por vigencias laborales o contractuales posteriores a las fechas indicadas en los numerales 4º y 5º de su parte resolutiva, de conformidad con lo establecido en la orden segunda del Auto 268 de 2016.] - [Palabras claves: san, dios, derechos, sentencia, cumplimiento, pago, corte, laborales, órdenes, auto, tutela, maría]

[Resumen automatizado: Y luego, concluyó que aun cuando la norma fue declarada inexequible esta tuvo efectos jurídicos “los cuales se han prorrogado por efecto de sucesivas subrogaciones detalladas en la demanda, con la consecuencia de no poder utilizar o acceder al beneficio tributario contenido en el artículo 74 [de la Ley 1943 de 2018] dada la exigencia de un régimen de regulación prudencial inexistente; de ahí que estime necesario el estudio de constitucionalidad solicitado, sin que el mismo implique ir en contra del principio de la cosa juzgada”[13]. || Reiteró la falta de especificidad debido a que todos los cargos se basan en dos razones sin conexión con la naturaleza de los reproches: “i) la referencia al proceso legislativo de las disposiciones acusadas y la supuesta omisión del debate para la inclusión del requisito de régimen prudencial; y, ii) la configuración de una disposición normativa incompleta e ineficaz (…)”. || Respecto del cargo por omisión legislativa relativa indicó que no es claro ni específico, en tanto “[s]e limitó a exponer que el deber omitido de regulación integral del régimen prudencial está contenido en el artículo 150.8 superior, sin reparar que esa normativa contiene la cláusula general de competencia del Congreso y no una obligación específica de desarrollo legislativo del régimen prudencial como requisito de acceso de las sociedades mercantiles de libranza a beneficios tributarios”.] - [Palabras claves: demanda, ley, régimen, regulación, superintendencia, cargo, trámite, sociedades, norma, legislativo, vicios, requisito]

[Resumen automatizado: La Sala Plena rechaza esta decisión del Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, por cuanto invocó las reglas de reparto para negarse a resolver de fondo la acción de tutela. || Igualmente, la Sala evidencia que el Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín analizó el fondo del asunto fuera de la etapa procesal correspondiente, al pronunciarse sobre la integración del contradictorio y evaluar la legitimación por pasiva en la acción de tutela de la referencia, en el momento de determinar su competencia, con el solo propósito de desprenderse de la misma con base en reglas de reparto. || ADVERTIR al Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor las normas que regulan la competencia en materia de tutela y la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en estos asuntos, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto. || ADVERTIR al Juzgado 8 Civil Municipal de Oralidad de Medellín (Antioquia) que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el expediente a las autoridades judiciales previstas para ello en la Ley 270 de 1996, de acuerdo con las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: competencia, tutela, acción, reglas, conflictos, autoridades, auto, penal, corte, asunto, reparto, judiciales, conocimiento, debe]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial aquellas que le concede el Decreto ley 2067 de 1991 y el artículo 36 del Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 02 de 2015), profiere la presente providencia, atendiendo las siguientes || 2. El artículo 36 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), inciso segundo dispone: "[l]as providencias deben ser firmadas en un término máximo de quince días contado desde el momento en que se dio a conocer a la opinión pública el sentido del fallo, salvo que el magistrado ponente justifique ante la Sala Plena su ampliación, por razones vinculadas con cambios sustanciales al proyecto original. || 3. Atendiendo a que en el asunto de la referencia no se acogió la ponencia inicialmente presentada por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger, la Corte encuentra justificado ampliar el término de diez (10) días contenido en el artículo 34 inciso final del mismo reglamento[1], por un término adicional de 15 días que se podrá prorrogar por 30 días más. || AMPLIAR EL TÉRMINO PARA FIRMAS de la sentencia C-140 de 2020 (expediente D-13517), en quince días (15), el cual podrá ser prorrogable por treinta (30) días más.] - [Palabras claves: días, magistrado, sala, corte, plena, término, constitucional, podrá, quince, interno, mil, diez, dos]

[Resumen automatizado: En un breve escrito, sustentó el ciudadano su solicitud en los siguientes términos: "De manera respetuosa, al tenor de lo establecido en el Decreto 2067 de 1991, me permito recusar a los magistrados Alberto Rojas Ríos y Luis Guillermo Guerrero para conocer del Decreto 491 de 2020, ya que en su artículo 14 ordenó el aplazamiento de los procesos de selección del personal del Estado, incluidos los de naturaleza constitucional, frente a lo cual dichos togados tendrían un interés especial, ya que sus períodos como jueces de la Corte Constitucional están próximos a finalizar. || Esta Corte es competente para decidir sobre la pertinencia de la presente solicitud, teniendo en cuenta que según los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 2067 de 1991 a esta le corresponde decidir si las recusaciones presentadas contra uno o más de sus magistrados son o no pertinentes, para que, en caso afirmativo, se dé trámite al incidente, y en caso negativo se proceda a su archivo. || Para ello, es necesario hacer un recuento sobre la regulación y el trámite que deben seguir las recusaciones presentadas contra los Magistrados de la Corte Constitucional; el entendimiento de la causal de interés directo, la cual ha sido decantada por la jurisprudencia y, finalmente, constatar en el caso en concreto el cumplimiento de las condiciones formales y materiales mínimas de procedencia, establecidas de manera pacífica en la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves: corte, constitucional, decreto, proceso, causal, si, magistrados, hechos, magistrado, interés, solicitud, debe, auto, ciudadano, recusaciones, control]

[Resumen automatizado: Los artículos 215 y 241.7 de la Constitución Política disponen que es competencia de esta Corte decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno Nacional en el marco de los estados de emergencia económica, social y ecológica. || Los días 22 y 26 de mayo de 2020, la Secretaría General de la Corte Constitucional envió al despacho del magistrado sustanciador dos solicitudes de medida cautelar remitidas por los ciudadanos John Mario Mendoza Jiménez y Nubia Pérez Tovar. || Para sustentar su solicitud, el ciudadano John Mario Mendoza Jiménez afirma que la interpretación armónica y sistemática de la Constitución, y del control abstracto de constitucionalidad, permite concluir la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto Legislativo 568 de 2020. || Primero.- RECHAZAR por improcedentes las solicitudes de medida cautelar formuladas por los ciudadanos John Mario Mendoza Jiménez y Nubia Pérez Tovar, en el marco de la revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 568 de 2020, “Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020”, identificado con el radicado RE-293.] - [Palabras claves: constitucionalidad, decreto, corte, constitucional, provisional, legislativo, suspensión, medida, impuesto, control, excepción]

[Resumen automatizado: Mediante Auto del 11 de mayo de 2020[8], el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo resolvió rechazar la demanda de la referencia, por considerar que, sobre el asunto, existe cosa juzgada constitucional. || El 18 de mayo de 2020[13], dentro del término de ejecutoria del auto de rechazo (14, 15 y 18 de mayo de 2020), la Secretaría General de la Corte Constitucional recibió escrito contentivo del recurso de súplica presentado por el abogado Pablo Cáceres Corrales, apoderado de los ciudadanos Luz Helena Sierra Valencia y Rafael Ignacio Cantillo Ortega . || Mediante Auto del 11 de mayo de 2020, el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo resolvió rechazar la demanda presentada por Luz Elena Sierra Valencia y Rafael Ignacio Cantillo Ortega, al considerar que, sobre el asunto, existe cosa juzgada constitucional. || "En consecuencia, es claro que existe cargo y que el problema jurídico a resolver es si es constitucional que la norma demandada establece un tratamiento especial para el pago de intereses moratorios respecto del incumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. || CONFIRMAR el Auto del 11 de mayo de 2020, proferido por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo en el proceso D-13690, mediante el cual se rechazó la demanda presentada por los ciudadanos Luz Elena Sierra Valencia y Rafael Ignacio Cantillo Ortega, contra el artículo 195 (parcial) de la Ley 1437 de 2011.] - [Palabras claves: corte, intereses, tasa, demanda, constitucional, interés, juzgada, recurso, pago, mayo, sentencia, cosa, entidades, sala]

[Resumen automatizado: Se configuró un conflicto aparente de competencia, porque el Tribunal Administrativo del Huila declaró que carecía de competencia para conocer la acción de tutela que presentó la señora Daniela Santiago Soto y ordenó remitir el caso a uno de los magistrados que componen la Sala Unitaria de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con base en las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1834 de 2015. || Lo anterior, debido a que, de forma abstracta y general, se limitó a sostener: "(...) se tiene conocimiento que en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Unitaria de Decisión Penal, despacho del magistrado Jorge Arturo Castaño Duque, se avocó conocimiento mediante auto del 20 de abril hogaño, de la tutela con radicación 6600122040002020 00053 00 en donde personas privadas de la libertad deprecaron la protección de los mismos derechos fundamentales que en esta tutela, frente a las mismas autoridades y por la misma causa, esto es, conceder el beneficio de la prisión domiciliaria transitoria en atención al peligro inminente que el COVID 19 representa para los internos de los respectivos establecimientos de reclusión del país a causa del hacinamiento".] - [Palabras claves: tutela, tribunal, acción, sala, judicial, identidad, administrativo, sujeto, causa, corte, superior, distrito, decreto, competencia, autoridad]

[Resumen automatizado: Por reparto el conocimiento de la acción de tutela le correspondió al Tribunal Administrativo del Huila que, mediante auto del 23 de abril de 2020, dispuso remitir el asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -Sala Unitaria de Decisión Penal- tras poner de presente que dicha autoridad judicial “(…) avocó conocimiento mediante auto del 20 de abril hogaño, de la tutela con radicación 6600122040002020 00053 00 en donde personas privadas de la libertad deprecaron la protección de los mismos derechos fundamentales que en esta tutela, frente a las mismas autoridades y por la misma causa, esto es, conceder el beneficio de la prisión domiciliaria transitoria en atención al peligro inminente que el COVID 19 representa para los internos de los respectivos establecimientos de reclusión del país a causa del hacinamiento"[3]. || De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia toda vez que el Tribunal Administrativo del Huila invocó su falta de competencia para conocer de la acción de tutela interpuesta por la señora Laura Daniela Charry Toro y, en consecuencia, ordenó remitir el asunto a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015 relacionada con la figura de la tutela masiva.] - [Palabras claves: tutela, tribunal, competencia, decreto, superior, administrativo, acción, causa, corte, auto, sala, conocimiento, autoridad, judicial, constitucional]

[Resumen automatizado: 1. El 26 de septiembre de 2019 el ciudadano Jack Khoudari Amram y otros formularon acción de tutela contra la sentencia proferida el 17 de agosto de 2016 por Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se resolvió casar la providencia dictada el 11 de julio de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el fallo de primera instancia adoptado el 30 de marzo de 2012 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, en el que se negaron las pretensiones incoadas en un proceso de resolución de contrato de compraventa, por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la libertad de empresa y al principio de la intervención del Estado en la economía. || TERCERO.- DECRETAR como prueba que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, la sociedad Textiles Konkord S.A.[12] allegue a esta corporación un informe detallado sobre el cumplimiento de la orden de restitución material del bien inmueble identificado con número de matrícula 51-1310, según el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto de 2016 dentro del proceso ordinario de resolución de contrato de compraventa iniciado por Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. contra Textiles Konkord S.A., radicación 11001-31-03-007-2007-00606-01.] - [Palabras claves: corte, sala, proceso, suprema, civil, justicia, contrato, sociedad, casación, providencia, sentencia]

[Resumen automatizado: 3. Igualmente, resulta preciso solicitarle al Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta Oralidad que, en el término máximo de tres (3) días contados a partir de la comunicación del presente Auto y en su calidad de autoridad judicial que fungió como primera instancia[2], certifique por el medio más expedito la fecha en la cual fue notificada a las partes la Sentencia SU-349 de 2019, proferida por la Corte Constitucional. || Tercero.- ORDENAR al Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta Oralidad que, en el término máximo de tres (3) días contados a partir de la comunicación del presente Auto, y en su calidad de autoridad judicial que fungió como primera instancia, certifique por el medio más expedito la fecha en la cual fue notificada a las partes la Sentencia SU-349 de 2019, proferida por la Corte Constitucional. || [8] En acuerdo PCSJA20-11527 del 22 de marzo de 2020, se dispuso "[e]xceptuar de la suspensión de términos adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA20-11521 de 2020, las actuaciones que adelante la Corte Constitucional con ocasión de la expedición de decretos por el Presidente de la República en ejercicio de las funciones del artículo 215 de la Constitución Política". || [13] EN Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020, se incluyeron nuevas excepciones y se prorrogó la suspensión de términos judiciales del 11 hasta el 8 de junio de 2020.] - [Palabras claves: términos, acuerdo, marzo, auto, suspensión, corte, excepciones, judiciales, constitucional, nulidad, sala]

[Resumen automatizado: 2. La demanda, luego de fijar el alcance de las normas demandadas, considera que ellas son incompatibles con el principio de igualdad y con los derechos al debido proceso, al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad y al principio de buena fe, al permitir que se realicen las audiencias inicial y de instrucción y juzgamiento, sin que comparezca el apoderado de una de las partes, a pesar de que haya manifestado que no podría asistir a ellas, con fundamento en un motivo que puede ser atendible. || Frente a esto, la providencia que rechaza la demanda sostiene que: 1) el fin perseguido por estas normas es el de una pronta y cumplida justicia; 2) que habiendo en esta materia un amplio margen de configuración del legislador, para calificar como desproporcionadas las normas demandadas, se debe "mostrar, al menos, no que había otras alternativas de regulación, sino que la opción seleccionada no es válida porque establece limitaciones constitucionales irrazonables o que, en general, es irracional debido a su contenido, a sus objetivos, etc."; 3) dado que esto no se muestra, se concluye que la demanda corregida carece de suficiencia y de especificidad.] - [Palabras claves: demanda, audiencia, derechos, normas, fin, si, partes, parte, inasistencia, fundamentales, medida, proceso, norma]

[Resumen automatizado: Se configuró un conflicto de competencia por la interpretación del factor subjetivo de competencia, toda vez que; de una parte, la Sección de Revisión, Subsección Quinta, del Tribunal para la Paz declaró su incompetencia para conocer de la acción de tutela de la referencia invocando para el efecto, el artículo 8 transitorio del título transitorio de la Constitución; y de otro lado, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga no decidió los impedimentos propuestos por dos de sus magistrados, pues consideró que el asunto era de competencia de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, debido a que en la acción de tutela era necesario vincular a algunas de las salas que integran la Jurisdicción Especial para la Paz. || Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 13 de marzo de 2020 por el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga Guillermo Ángel Ramírez Espinosa, dentro de la acción de tutela formulada por Carlos Andrés Mahecha Bernal contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja y remitirá el ICC-3843 a la mencionada autoridad judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.] - [Palabras claves: competencia, tutela, paz, sala, tribunal, jurisdicción, acción, factor, penal, especial]

[Resumen automatizado: 2. Por reparto, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 20 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá Sección Segunda, el cual, mediante Auto del 22 de abril de 2020[2], resolvió declararse incompetente para conocer del amparo y remitir el asunto a los jueces municipales de la misma ciudad, al estimar que de conformidad con el Decreto 1983 de 2017, les corresponde a dichas autoridades asumir el caso teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de las entidades accionadas. || 3. En consecuencia, la acción de tutela fue repartida al Juzgado 30 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, el cual, mediante Auto del 4 de mayo de 2020[3], propuso conflicto de competencia ante esta Corte, argumentando que la autoridad judicial remitente no podía sustraerse del conocimiento del caso, toda vez que siguiendo las reglas contenidas en el Decreto 1983 de 2017 y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y del Departamento Nacional de Planeación, es palmario que el amparo debe ser estudiado por un funcionario con categoría del circuito.] - [Palabras claves: tutela, decreto, bogotá, competencia, administrativo, autoridades, constitucional, segunda, auto, sección, judiciales, reglas, autoridad]

[Resumen automatizado: Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 29 de abril de 2020 proferido por el magistrado Henry Octavio Moreno Ortiz de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el marco del trámite de la acción de tutela que Édgar Javier Higuera Silva formuló contra contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la República, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el departamento de Santander y el municipio de Girón. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 29 de abril de 2020 proferido por el magistrado Henry Octavio Moreno Ortiz de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el marco del trámite de la acción de tutela que Édgar Javier Higuera Silva formuló contra contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la República, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el departamento de Santander y el municipio de Girón.] - [Palabras claves: tutela, competencia, distrito, acción, sala, auto, tribunal, judicial, debe, corporación, superior, reglas, materia, corte, autoridad, constitucional, reparto]

[Resumen automatizado: Por medio del auto del 29 de abril de 2020, el Juez 29 Civil Municipal de Bogotá dispuso el envío de la acción de tutela “a la Corte Constitucional, para que dirima el conflicto de colisión negativa de competencia”[5]. || Esta decisión se emitió con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015, que no pueden ser utilizadas para promover conflictos de competencia. || La Sala Plena rechaza esta decisión del Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá y advierte que el Juez 29 Civil Municipal de Bogotá también invocó las reglas de reparto para negarse a resolver de fondo la acción de tutela. || En consecuencia, la Corte advertirá a estas dos autoridades judiciales que, en lo sucesivo, se abstengan de sustraerse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en reglas de reparto, por cuanto afectan la protección inmediata de derechos fundamentales. || Cuarto.- ADVERTIR al Juez 29 Civil Municipal de Bogotá que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el expediente a las autoridades judiciales dispuestas por la Ley 270 de 1996 de acuerdo con las reglas compiladas el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: bogotá, tutela, acción, civil, competencia, reglas, judiciales, corte, autoridades, conocimiento, reparto, factor, municipal]

[Resumen automatizado: En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará la remisión del expediente ICC-3836, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado. || Adicionalmente, se advertirá al Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional. || ADVERTIR al Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.] - [Palabras claves: competencia, municipal, garantías, tutela, control, penal, corte, acción, asunto, debe, conflictos, fondo]

[Resumen automatizado: El 14 de mayo de 2020, la Secretaría General de la Corte Constitucional envió al despacho del magistrado sustanciador dos escritos remitidos, el 30 de abril y el 11 de mayo de 2020, por el ciudadano Eluin Guillermo Abreo Triviño, quien, actuando en nombre propio y en calidad de Presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá D.C., presenta intervención ciudadana en el proceso de control de constitucionalidad del Decreto Ley 568 de 2020 y solicita a la Corte Constitucional que “en aplicación de los artículos 1º y 590 y ss del C. || No es posible concluir que, por efecto de lo dispuesto en el artículo 1 del Código General del Proceso, las competencias asignadas a la Corte Constitucional hayan sido modificadas para incluir la adopción de medidas cautelares en el marco del control abstracto de constitucionalidad. || Primero.- RECHAZAR por improcedentes las solicitudes de medida cautelar formuladas por los ciudadanos Eluin Guillermo Abreo Triviño y Fabio Fernández Betancur en el marco de la revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 568 de 2020, “Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020”, identificado con el radicado RE-293.] - [Palabras claves: corte, decreto, constitucionalidad, medida, constitucional, general, legislativo, solicitud, impuesto, mayo, dispuesto, suspensión, el, provisional, control]

[Resumen automatizado: 3. Efectuado nuevamente el reparto, el asunto fue asignado al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, quien, en Auto del 22 de abril de 2020, planteó un conflicto negativo de competencia ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín por estimar que, el juzgado remitente no podía aplicar el artículo 2.2.3.1.2.1. || (ii) El Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín aplicó erradamente una regla de reparto para no tramitar la acción de tutela presentada por William Marulanda Tobón, a pesar de que la misma no desplaza su competencia sobre la solicitud de amparo y, con ello, afectó la celeridad y eficacia de la administración de justicia. || 2. Con base en lo anterior, esta Corporación dejará sin efectos los Autos del 20 y 23 de abril de 2020 proferidos por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, y ordenará que se le remita el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo respectivo y profiera la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela promovida por William Marulanda Tobón.] - [Palabras claves: tutela, competencia, reparto, decreto, penal, acción, asunto, auto, general, tribunal, reglas, fondo, corte, conocer]

[Resumen automatizado: 5. El 22 de abril de 2020, realizado el reparto ordenado, el Juzgado Civil del Circuito de Acacías, Meta no compartió las razones expuestas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio para ordenar la remisión del expediente a ese despacho, al considerar que tal decisión desconoció la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional sobre las reglas de reparto. || Asimismo, se advertirá al Juzgado Civil del Circuito de Acacías, Meta, que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, para lo cual deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || Cuarto.- ADVERTIR al Juzgado Civil del Circuito de Acacías, Meta, que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, para lo cual deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, referidas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, sala, competencia, penal, decreto, judicial, distrito, superior, corte, tribunal, reparto, constitucional]

[Resumen automatizado: 2. La acción fue repartida al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto, autoridad que, mediante Auto del 13 de abril de 2020, declaró su falta de competencia para resolver el asunto y ordenó la remisión del expediente a los juzgados del circuito de Puerto Asís[5]. || El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís consideró que las autoridades judiciales de Pasto sí tendrían competencia para conocer del expediente de la referencia únicamente con base en la dirección donde el representante legal de la sociedad solicitó recibir notificaciones. || En cambio, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís sí tiene competencia para conocer de la acción de tutela, en la medida que tiene competencia territorial sobre el municipio de Valle del Guamuez, donde se produjeron las actuaciones que la sociedad accionante considera vulneraron su derecho al debido proceso. || Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 14 de abril de 2020 proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, en el marco del trámite de la acción de tutela formulada por el Bufete Abogados & Consultores Contables S.A.S. contra "Notariado y Registro Putumayo, y Notaría Única de Hormiga, Instrumentos Públicos del Putumayo, Superintendencia de Notariado y Registro".] - [Palabras claves: tutela, acción, competencia, lugar, putumayo, territorial, factor, segundo, parte, auto, autoridades, corte]

[Resumen automatizado: Tras someterse a nuevo reparto, la actuación le correspondió a la Sala Constitucional - Penal del Tribunal Superior de Antioquia, sin embargo, mediante auto del 12 de marzo siguiente, esta autoridad ordenó remitir la acción de tutela al Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Medellín, primera autoridad a la que se le repartió el asunto. || En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 26 de marzo de 2020 por la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia y ordenará que se le remita el expediente ICC-3829 que contiene la acción de tutela presentada por la señora Bernarda Cecilia Yepes contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que de forma inmediata profiera decisión de segunda instancia que corresponda, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. || Segundo: REMITIR el expediente ICC- 3829 a la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia, para que tramite la impugnación presentada por la señora Bernarda Cecilia Yepes contra el fallo proferido el 16 de marzo de 2020 por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Medellín y profiera la decisión de segunda instancia que corresponda.] - [Palabras claves: tribunal, tutela, administrativo, competencia, sala, acción, marzo, reparto, instancia]

[Resumen automatizado: Recibido el asunto en la Jurisdicción Especial para la Paz fue repartido a la Sección de Revisión que, mediante auto de 27 de septiembre de 2019, requirió al señor Vidal Díaz para que "precise por escrito si es su voluntad que se resuelva el recurso que interpuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en la Jurisdicción Contencioso Administrativa o si lo que se pretende es que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz revise la sanción disciplinaria que pesa en su contra, en los términos previstos en la presente decisión y en el artículo 10º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, el literal b del artículo 97 de la Ley 1957 de 2019 Estatutaria de la Administración de Justicia de la JEP y el artículo 52A de la Ley 1922 de 2018"[6]. || ii) Analizados los antecedentes, la Sala observa que la controversia se enmarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa bajo el número 25307-3333001-2018-00037-00 y, se relaciona concretamente con el conocimiento y resolución del recurso de apelación formulado en contra de la decisión adoptada en la audiencia inicial adelantada el 4 de junio de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot, en la cual se declaró probada la excepción de “inepta demanda por no ser susceptible de control judicial el acto administrativo”.] - [Palabras claves: sección, revisión, decisión, conflicto, administrativo, paz, jurisdicción, jep, especial, competencia, tribunal, judicial]

[Resumen automatizado: Mediante escrito dirigido el día 22 de abril del presente año al correo electrónico de la Secretaría General de la Corte, el ciudadano Juan Pablo Meza formuló recusación contra la totalidad de los magistrados de esta Corporación por considerar que en el presente caso se configura la causal "tener interés en la decisión", consagrada en el artículo 25 del Decreto Ley 2067 de 1991, con fundamento en las siguientes razones: || (i) "(...) la Corte Constitucional en el proceso de revisión automática de constitucionalidad del Decreto 469 de 2020 tiene un doble rol: por una parte, es la destinataria del Decreto Legislativo expedido por el Gobierno Nacional con el que faculta a esa Corporación Judicial para levantar los términos de sus propias actuaciones, y por otra, le corresponde juzgar la congruencia de dicha norma con la Constitución Política". || (iii) "En virtud de la norma transcrita se hace evidente que se configura una de las causales de impedimento y recusación definidas para los procedimientos de revisión de los decretos dictados en virtud de los artículos superiores 212, 213 y 215 por resultar la Sala Plena de la Corte Constitucional la destinataria de la norma que se examina, lo cual genera que todos los magistrados tengan un interés en la decisión que se tome y se rompa en el presente caso la garantía de imparcialidad e independencia del funcionario judicial".] - [Palabras claves: corte, interés, magistrados, si, constitucional, hechos, sala, causal, debe, magistrado, decisión, plena, auto, decreto, ciudadano]

[Resumen automatizado: Una vez realizado el reparto, conoció del asunto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección A, quien mediante auto fechado del 16 de marzo de 2020[4], manifestó no estar facultado para resolver la solicitud de amparo conforme a lo dictado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017[5], toda vez que indicó no tener competencia, pues estudiada la norma anteriormente referenciada y los hechos narrados en el escrito de tutela, determinó que quienes figuran como accionados por la presunta violación o puesta en amenaza de los derechos fundamentales del accionante fueron las entidades encargadas de propender por su seguridad[6] y no la Presidencia de la República. || El presente asunto llegó a manos del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare, quien, de igual forma, mediante auto del 25 marzo de 2020 se declaró incompetente para dirimir la controversia en cuestión, toda vez que señaló que las sedes principales de las entidades accionadas efectivamente tienen su domicilio en la ciudad de Bogotá, por lo que considera que la presunta violación o puesta en amenaza de los derechos fundamentales del accionante ocurrió allí[7].] - [Palabras claves: tutela, acción, tribunal, guaviare, subsección, competencia, cundinamarca, administrativo, san, derechos, lugar, factor, sección, auto, entidades]

[Resumen automatizado: Finalmente, que la Sala de Descongestión incurrió en defecto sustantivo por inaplicar la interpretación razonable del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original y la norma que lo reglamentó, dado que ya tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional había establecido la manera correcta de interpretar dicho precepto, esto es que el tiempo de convivencia, ya sea de dos o cinco años (dependiente de la fecha del deceso del causante y la norma que estuviera en vigencia para ese momento), debe ser acreditado en época no inmediatamente anterior al fallecimiento sino en cualquier tiempo. || El peticionario considera que cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que no tiene elementos suficientes para encontrar probada la convivencia entre la señora Margarita Escobar y el causante de al menos dos años, y que por lo tanto la sala de casación accionada incurrió en defecto fáctico al declararla probada, se desconoce que todo el análisis de casación versa sobre la sentencia recurrida y no “sobre la controversia sometida inicialmente a conocimiento del juez de instancia”[11].] - [Palabras claves: sentencia, corte, sala, convivencia, nulidad, constitucional, suprema, margarita, derecho, años, decisión, justicia]

[Resumen automatizado: En consonancia con el ordinal sexto del Auto 331 de 2019, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en calidad de secretaría técnica de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (en adelante CSPPDF), presentó a la Sala Especial un documento con observaciones al informe realizado por el Gobierno Nacional y una propuesta complementaria de instrumentos de medición de los derechos de la población desplazada[5]. || El examen de los informes allegados por los organismos de control y la CSPPDF permite concluir que: (i) su contenido responde al análisis solicitado en las órdenes cuarta y sexta del Auto 331 de 2019, por cuanto presenta una verificación de los atributos técnicos de cada uno de los indicadores planteados por el Gobierno Nacional y la evaluación de las funciones sustancial e instrumental del conjunto de ellos para medir cada uno de los derechos; (ii) de acuerdo con los actores del proceso de seguimiento, los instrumentos de medición presentan algunos vacíos y deficiencias relacionados con la idoneidad y la correspondencia con el contenido de los derechos de la población desplazada que son susceptibles de mejoras; y (iii) los documentos aportan recomendaciones y propuestas para ajustar y complementar la medición de cada uno de los derechos en los cuales se concentra el seguimiento de los resultados de los IGED.] - [Palabras claves: indicadores, derecho, general, derechos, auto, proceso, nacional, población, gobierno, información, análisis]

[Resumen automatizado: Durante el seguimiento de estas decisiones, mediante Auto 163 de 2020, la Sala Especial encontró un cumplimiento rezagado en las órdenes relacionadas con la restitución y el saneamiento de los territorios del Consejo Comunitario de Curvaradó, así como un contexto de riesgo y nuevas vulneraciones derivadas de los cambios en las dinámicas del conflicto que afecta la zona del Bajo Atrato. || En consecuencia, puesto que corresponde a la Sala Especial de Seguimiento verificar el cumplimiento de sus decisiones, así como asegurar que las autoridades garanticen el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, en la presente providencia, la suscrita magistrada solicitará información con dos propósitos específicos: (i) identificar si existen nuevos bloqueos y prácticas inconstitucionales que impiden el cumplimiento de las órdenes de la Corte; y (ii) acopiar diferentes propuestas de las comunidades, las autoridades y los intervinientes en el proceso de seguimiento para la solución de los aspectos más críticos y que representan mayor complejidad en la garantía efectiva de los derechos a la autonomía, la identidad, el territorio, verdad, justicia y reparación de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. || SOLICITAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior presentar un informe en el cual responda a la Sala Especial de Seguimiento los interrogantes planteados en el fundamento jurídico veintitrés (23) de este auto.] - [Palabras claves: auto, comunidades, especial, interior, general, corte, constitucional, órdenes, sala, medidas, nacional, territorio, informe, cumplimiento, derechos, nación, población]

[Resumen automatizado: - PONER A DISPOSICIÓN del Procurador General de la Nación, el Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Defensor Delegado para los Derechos de la Población Desplazada, el Secretario Técnico de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados los informes relacionados en el fundamento jurídico sexto de la presente providencia, los cuales se remiten por vía digital. || - SOLICITAR al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que, en el marco de sus labores y competencias, presenten a la Sala Especial de Seguimiento sus observaciones en torno a los informes objeto de la presente decisión.] - [Palabras claves: naciones, auto, unidas, seguimiento, general, derechos, humanos, nacional, especial, gobierno, cumplimiento, informes, corte, en]

[Resumen automatizado: Dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y los Autos 005 de 2009, del 18 de mayo de 2010, 045, 112 y 299 de 2012, diferentes integrantes de las comunidades uno de ellos a través de apoderado judicial del Consejo Comunitario de Curvaradó (Carmen del Darién Chocó)[1], solicitaron a esta Sala Especial: (i) dar inicio al trámite de un incidente de desacato en contra de la Ministra del Interior, el inspector ad hoc del Ministerio del Interior y el director de la Agencia Nacional de Tierras; y (ii) adoptar medidas para garantizar la restitución material de sus territorios y la elección de sus autoridades étnicas de manera libre, segura y transparente.] - [Palabras claves: comunidades, ministerio, auto, interior, sala, informe, cumplimiento, corte, proceso, constitucional, orden, territorio, medidas]

[Resumen automatizado: El accionante consideró que con esa decisión el juez incurrió en dos defectos: (i) sustantivo, “en razón de su empeño de que se practique una prueba que está expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico”, por cuanto la Ley 1652 de 2013 estableció un régimen de excepcionalidad para la prueba testimonial de los menores de edad en casos relacionados con violencia sexual, y su hija ya había sido sometida a múltiples valoraciones y rendido una entrevista forense, razón por la cual se debió dar aplicación al artículo 438 de la Ley 906 de 2004 y llevar a juicio -como prueba de referencia- sus declaraciones anteriores; y (ii) fáctico, “a causa de la ausencia de razonabilidad en la que incurre el Despacho al autorizar que se llame a declarar a una niña de siete años y medio para que informe de unos presuntos hechos que habrían ocurrido cuando ella tenía tres años y medio, sin tomar en cuenta que (i) es manifiestamente improbable que la niña pueda guardar un recuerdo mínimamente objetivo de lo que en realidad sucedió; y (ii) de tal situación existe ya la grabación tantas veces mencionada de la entrevista que le realizó el CTI a la niña, de manera oportuna y con sujeción a las normas legales aplicables.” Adicionalmente, el accionante sostuvo que el decreto de esa prueba vulneraba sus derechos fundamentales porque desconocía el equilibrio procesal básico.] - [Palabras claves: sala, nulidad, prueba, penal, testimonio, proceso, corte, decisión, niña, juez, solicitud, tutela, niños]

[Resumen automatizado: Dentro del término de traslado a los ciudadanos, propio del trámite de revisión constitucional del anotado decreto, el ciudadano Carlos Ernesto Castañeda, presentó un escrito de intervención en el que, además de pronunciarse sobre el examen de constitucionalidad del decreto objeto de estudio, solicitó a la Corte estudiar la posibilidad de adoptar una “medida cautelar excepcional de suspensión provisional” del artículo 4.° referente a las vacaciones, o subsidiariamente, “ordenar la inaplicación del mismo a todos los empleadores del país”. || Además, el Decreto 2067 de 1991 ”no contempla la posibilidad de disponer medidas [cautelares], y por esto, surge la imposibilidad para la Corte Constitucional de acceder a pretensiones encaminadas a la suspensión provisional de las normas sometidas al control de constitucionalidad a cargo de esta Corporación”. || Primero: RECHAZAR por improcedente la solicitud de “medida cautelar” formulada por el ciudadano Carlos Ernesto Castañeda, en el marco de la revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 488 de 2020, “por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, identificado con el radicado RE-252.] - [Palabras claves: corte, constitucionalidad, control, decreto, medidas, constitución, decretos, magistrado, posibilidad, constitucional, suspensión, provisional, trámite]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales establecidas en los artículos 27 del Decreto ley 2067 de 1991 y 99 del Acuerdo 02 de 2015, procede a decidir sobre el impedimento presentado por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger en el proceso de la referencia. || Puso de presente la magistrada que se encuentra incursa en la causal dispuesta en el numeral 5º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 con ocasión de la amistad íntima que la une “con el doctor Julio Andrés Ossa Santamaría, con quien he laborado alrededor de veinte años tanto en esta Corporación como en la Secretaría de la Presidencia de la República” y sobre el que tiene conocimiento que “obró y/o obra como asesor jurídico del accionante dentro de una solicitud de nulidad en contra de la tutela T-008 de 2020”[9]. || 6. La magistrada Cristina Pardo Schlesinger presentó impedimento para conocer del trámite referido, circunscribiendo la causal de amistad íntima con el doctor Julio Andrés Ossa Santamaría a que este "obró y/o obra como asesor jurídico del accionante dentro de una solicitud de nulidad en contra de la tutela T-008 de 2020".] - [Palabras claves: sala, nulidad, trámite, corte, magistrado, causal, solicitud, plena, dentro, tutela, constitucional]

[Resumen automatizado: 2. Por reparto, el conocimiento del asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Santander, el cual, mediante Auto del 15 de abril de 2020, resolvió declararse incompetente para conocer del amparo y remitir el asunto a los jueces del circuito de Bucaramanga, al considerar que de conformidad con el Decreto 1983 de 2017, les corresponde a dichas autoridades asumir el caso por tratarse de una acción de tutela interpuesta en contra de entidades del orden nacional. || 3. En consecuencia, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga, el cual, mediante Auto del 16 de abril de 2020, propuso conflicto de competencia ante esta Corte, al estimar que el Tribunal Administrativo de Santander no podía sustraerse del conocimiento del caso con base en las normas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, en tanto que las mismas no fijan la competencia de los jueces de tutela y, por ello, no pueden ser invocadas por estos para apartarse del trámite de los recursos de amparo.] - [Palabras claves: tribunal, administrativo, tutela, decreto, competencia, reparto, acción, conocimiento, judiciales, autoridades, constitucional, magistrado]

[Resumen automatizado: Ahora bien, la Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio de la Constitución, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes "a prevención" los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o (b) donde se producen sus efectos[19]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[20]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una sentencia de tutela, lo cual implica, que únicamente podrán conocer del asunto, las autoridades judiciales que ostentan la condición de "superior jerárquico correspondiente"[21], en los términos establecidos en la jurisprudencia.] - [Palabras claves: tutela, competencia, acción, civil, autoridades, corte, lugar, judiciales, sala, factor, decreto, fundamentales, derechos, solicitud, plena]

[Resumen automatizado: En atención a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 en el territorio nacional y al incremento del contagio en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio, se hace necesario adoptar medidas dirigidas a descongestionar dicho centro de reclusión, a través de: i) la actualización de la documentación de las personas privadas de la libertad; ii) la remisión de la documentación a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad; y iii) la priorización de audiencias de libertad y estudio oficioso de sustitutos y subrogados penales. || En primer lugar debe determinarse si esta Sala es competente para conocer el caso suscitado en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio (en adelante EPMSC Villavicencio) y emitir un pronunciamiento de fondo para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que se encuentran allí recluidas, en el marco del seguimiento al ECI declarado en las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.] - [Palabras claves: libertad, personas, derechos, privadas, medidas, según, deberá, dispuesto, fundamentales, seguridad, sala, establecimiento]

[Resumen automatizado: En tal virtud, en este auto de impulso procesal, se hace necesario advertir las fallas en la respuesta gubernamental y, a partir de ellas, reiterar las pautas que deben guiar la elaboración de los informes que se presentan en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, con el objetivo de que el Gobierno Nacional suministre información relevante, suficiente y clara para valorar el avance en la superación del ECI. || En relación con los componentes referidos, la suscrita magistrada precisará: (i) los elementos centrales del corte de cuentas efectuado por esta Corporación en el Auto 373 de 2016, en particular: (a) el nivel de cumplimiento declarado; (b) los bloqueos y prácticas inconstitucionales advertidas; y (c) las órdenes proferidas; como punto nodal del análisis que debe efectuar el Ejecutivo; y (ii) las falencias identificadas en el informe anual de 2019, priorizando aquellas asociadas a: (a) la falta de relación entre las acciones reportadas y su impacto en la superación del ECI; y (b) los atributos mínimos de la información presentada en el marco de este proceso judicial.] - [Palabras claves: auto, gobierno, información, sala, nacional, derechos, población, constitucional, en, corte, informe, informes]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada para este asunto por los conjueces Emilssen González de Cancino, Marco Tulio Gutiérrez Morad, Juan Carlos Henao Pérez, Luis Fernando López Roca, Julio Andrés Ossa Santamaría, Jorge Gabino Pinzón Sánchez, Mauricio Piñeros Perdomo, Rodrigo Uprimny Yepes y Natalia Ángel Cabo, resolvió negar la manifestación de impedimento de los magistrados Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, dentro del proceso de referencia RE-293, que corresponde al estudio de constitucionalidad del decreto legislativo 568 del 15 de abril de 2020, “Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020”.] - [Palabras claves: impuesto, magistrados, millones, voluntario, diez, sujetos, corte, aporte, pesos, pasivos, fuente, interés, mensuales, control]

[Resumen automatizado: 3. La Sala Plena encuentra que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga es la autoridad competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por el señor José Sebastián Pinto Moreno, por las siguientes razones: || 4. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto 6 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga en el marco del trámite de la acción de tutela de José Sebastián Pinto Moreno contra el Municipio de San Gil, la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Gil, y la Superintendencia de Puertos y Transporte. || DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 6 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por José Sebastián Pinto Moreno contra el Municipio de San Gil, la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Gil, y la Superintendencia de Puerto y Transporte.] - [Palabras claves: competencia, san, tutela, acción, constitucional, administrativo, lugar, debe, corte, corporación, sala, judicial, reglas, autoridades, territorial, reparto, conocer]

[Resumen automatizado: En el escrito se sostiene que el fallo cuya nulidad se solicita adolece de cuatro tipos de vicios: (i) primero, vulneró directamente el derecho a la dignidad humana y la prohibición de discriminación; (ii) segundo, ignoró los precedentes constitucionales en los que se reconoce el derecho de los menores de edad de acceder a terapias que se encuentran por fuera del Plan de Beneficios, y la posibilidad de apelar al mecanismo de la acción de tutela para ordenar pagos en favor de personas en condición de discapacidad y menores de edad, así como en favor de empresas que tienen créditos con entidades territoriales que se encuentran sujetas al régimen previsto en la Ley 550 de 1999; (iii) tercero, se acumularon indebidamente las acciones de tutela en un solo proceso, pues mientras en los 36 casos restantes que integran el expediente T-2893757 se debatía sobre el derecho de unos menores de edad de acceder a unas terapias especializadas en IPS específicas, “en el caso de Funtierra esta etapa fue superada, encontrándose en un nivel superior al pretendido por las IPS de diferentes ciudades de Colombia (…) al proferirse los diferentes fallos de tutela”, lo cual daría lugar a un defecto procedimental; (iv) finalmente, se advierte que el fallo incurre en algunos defectos fácticos y probatorios, como quiera que en la providencia se afirma que los menores atendidos por Funtierra no se encuentran enfermos, con base en unas entrevistas telefónicas que se hicieron a los padres y acudientes de los menores atendidos por la IPS, cuando en realidad los niños atendidos sí tienen enfermedades graves; de igual modo, en la providencia judicial se cuestiona la metodología y los procedimientos seguidos para obtener los pagos de la Gobernación de Córdoba, cuando estos siempre se ajustaron al ordenamiento jurídico.] - [Palabras claves: salud, sistema, tutela, servicios, menores, judicial, parte, sentencia, corte, proceso, niños, derecho, constitucional]

[Resumen automatizado: La Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá intervino en el proceso de tutela para indicar que, si bien bajo la interpretación de la sentencia SU-1219 de 2001 sería posible considerar que la acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial proferida en un trámite de la misma naturaleza no procede, lo cierto es que "los fallos adoptados por los Jueces Primero Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Pivijay (Magdalena), presentan protuberantes vicios tanto de procedimiento como de fondo, de una magnitud tal, que ameritan dejar sin efecto las consecuencias de esas decisiones"[13]. || Así, anotó que desde el punto de vista formal se han impuesto tres condiciones para la procedencia de las solicitudes de nulidad de sentencias de la Corte Constitucional y que, en ese sentido, se cumplen en tanto que cuenta con legitimación por activa, en la medida en que estuvo vinculada al proceso de tutela; cumple con una carga de argumentación en la que explica claramente los preceptos constitucionales que se vulneraron con la decisión; e interpone la solicitud de manera oportuna, es decir, dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, ello como quiera que, según afirma, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta tan sólo le informó sobre la providencia emitida por la Corte Constitucional el día 11 de diciembre de 2019.] - [Palabras claves: tutela, sentencia, proceso, corte, sala, acción, constitucional, nulidad, ana, debido]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el siguiente || En segunda medida, la Sala explicó que, si con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa, el Tribunal accionado hubiese estudiado el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo el Decreto 758 de 1990[16] que de hecho es lo que permite la regla fijada en la sentencia SU-442 de 2016[17], la accionante tampoco hubiera obtenido dicha prestación pensional, como quiera que antes del 1º de abril de 1994 fecha en la que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 no reunió las semanas de cotización exigidas por aquel Decreto, es decir 300 o 150 semanas conforme las particularidades del caso concreto[18], pues antes de esa data su historia laboral registra un periodo acumulado de tan solo aproximadamente 60 semanas y, además, dejó de cotizar desde febrero del año 2001, retomando los aportes a pensión solo dos meses antes de la estructuración de su pérdida de capacidad laboral.] - [Palabras claves: sentencia, sala, principio, corte, invalidez, nulidad, condición, pensión, revisión, semanas, proceso, diciembre]

[Resumen automatizado: Dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y a los Autos 004 de 2009 y 266 de 2017, el Consejero Mayor y Representante Legal del Consejo Regional Indígena del Cauca (en adelante el "CRIC") solicitó a la Sala Especial dar inicio al trámite de un incidente de desacato en contra de la Ministra de Educación Nacional, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Director del Departamento Nacional de Planeación ("DNP"), de la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ("ICBF"), y del Gobernador y el Secretario de Educación del Departamento del Cauca, por el presunto incumplimiento de la orden tercera del Auto 004 de 2009[1] y de las órdenes primera y cuarta del Auto 266 de 2017[2]. || Posteriormente, en el Auto 266 de 2017, la Sala Especial de Seguimiento realizó una nueva evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del ECI en el marco de las órdenes proferidas para la protección de los pueblos indígenas y concluyó que, pese a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, estas no lograron contener los riesgos que afrontan los grupos étnicos en sus territorios, ni atendieron de manera eficaz a sus comunidades cuando fueron desplazadas, situación que mantiene la vulneración masiva y sistemática de sus derechos a la autonomía, a la identidad cultural y al territorio.] - [Palabras claves: auto, sala, orden, corte, cumplimiento, desacato, incumplimiento, indígenas, pueblos, órdenes, en, constitucional, sentencia]

[Resumen automatizado: En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, integrada por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero y por las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, profiere el presente auto. || Dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y al Auto 008 de 2009, el Señor Carlos Andrés Gutiérrez Mejía solicitó a la Sala Especial de Seguimiento: (i) dar inicio al trámite de un incidente de desacato en contra del Fiscal General de la Nación por el presunto incumplimiento de la orden decimotercera del Auto 008 de 2009[1]; (ii) compulsar copias en contra de la ex-Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros; y (iii) requerir a la Unidad para las Víctimas y a la Fiscalía General de la Nación, para que expongan los motivos por los que no se ha dado cumplimiento a las obligaciones derivadas de dicha orden. || En la presente providencia, la Sala Especial de Seguimiento resolverá las tres solicitudes relacionadas con el presunto incumplimiento de la orden decimotercera del Auto 008 de 2009, a saber: (i) la apertura de un incidente de desacato en contra del Fiscal General de la Nación; (ii) la compulsa de copias en contra de la ex-Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros; y (iii) el requerimiento a la Unidad para las Víctimas y la Fiscalía General de la Nación[7].] - [Palabras claves: corte, sentencia, constitucional, sala, desacato, en, especial, apertura, si, derechos, auto, tutela]

[Resumen automatizado: En virtud de lo anterior, dentro de los límites del seguimiento encomendado a la Sala Especial, esta providencia reiterará el deber de diferenciación entre las medidas de política social, de atención humanitaria y de reparación, así como la obligación de garantizar el derecho a la igualdad material y no discriminación de la población desplazada para acceder a la oferta institucional del Estado. || La Mesa Nacional, así como algunas Mesas Departamentales y Municipales de Participación Efectiva de las Víctimas, mediante escritos separados cuyas copias allegaron, vía correo electrónico, a la Sala Especial de Seguimiento entre el 21 y el 27 de marzo del presente año, solicitaron a las autoridades nacionales y locales adoptar acciones urgentes para la protección de los derechos de las víctimas de desplazamiento durante la emergencia generada por el COVID-19[2]. || La Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (en adelante la CSPPDF), mediante comunicación remitida por correo electrónico y tramitada por la Secretaria General de esta Corporación el 13 de abril del año en curso, solicitó a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 adoptar medidas dirigidas a asegurar la atención diferenciada de las víctimas de desplazamiento forzado durante la emergencia generada por el COVID-19.] - [Palabras claves: población, víctimas, desplazamiento, seguimiento, derechos, forzado, gobierno, nacional, sala, humanitaria, atención, medidas, corte, sentencia, constitucional, situación, especial]

[Resumen automatizado: En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, integrada por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez y por las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, profiere el presente auto. || Dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y a los Autos 200 de 2007, 089 de 2012, 173 de 2014 y 737 de 2017, Diana Marcela Caicedo solicitó a la Sala iniciar el trámite de un incidente de desacato en contra de los directores de la Unidad para las Víctimas y la Unidad Nacional de Protección, por el presunto incumplimiento de las citadas providencias. || Diana Marcela Caicedo, víctima de desplazamiento forzado y lideresa de la Mesa Local de Participación de Víctimas de Engativá (Bogotá), solicitó a la Sala Especial de Seguimiento iniciar un incidente de desacato en contra de los directores de la Unidad para las Víctimas y la Unidad Nacional de Protección (UNP) por el presunto incumplimiento de los Autos 200 de 2007, 098 de 2013, 173 de 2014 y 737 de 2017.] - [Palabras claves: órdenes, sala, en, derechos, especial, desacato, unidad, riesgo, población, medidas, forzado, desplazamiento, orden, corte, protección, incidente]

[Resumen automatizado: Frente a la solicitud de la defensa, el Juzgado Segundo del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga declaró que le corresponde a la Corte Constitucional conocer sobre las controversias entre cualquier jurisdicción y la JEP, por consiguiente, invocando lo previsto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional, para que resuelva el conflicto de jurisdicción[6]. || Por medio de Auto del 16 de septiembre de 2019, el magistrado sustanciador le solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (en adelante SRVR) de la JEP, que informara si el proceso penal de la referencia se encontraba incluido dentro de los informes a que se refiere el literal b) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019, o dentro del universo de hechos del Caso 003, y si ya se ha convocado o se tiene previsto convocar a los imputados a la diligencia de versión voluntaria. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, de conformidad con los artículos 241.11 de la Constitución[7] y 70 de la Ley 1957 de 2019[8], es competente para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones en los casos en los que se encuentre involucrado algún órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz] - [Palabras claves: competencia, corte, proceso, sala, conflicto, autoridades, jep, constitucional, jurisdicciones, jurisdicción, conocer]

[Resumen automatizado: La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP informó a ésta Corporación que mediante Auto 005 de 2018 había priorizado el caso 003 relativo a "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate", pero que dicha priorización no incluía la región en la que operaba la unidad militar involucrada en los hechos objeto de la investigación penal; que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia no les había remitido el proceso penal contra el señor Medina Hernández; que dicho proceso no se encontraba en la relación presentada por el Ministerio de Defensa; y que las organizaciones de víctimas no lo habían relacionado. || Sobre el particular resulta necesario reiterar lo señalado por la Corte en el Auto 130 de 2020[23], en el sentido de que el hecho de que la Jurisdicción Especial para la Paz no priorice o seleccione un caso no significa que no tenga competencia material sobre el mismo pues, de conformidad con los artículos 5 y 6 transitorios del Acto Legislativo 01 de 2017, tiene competencia preferente y exclusiva sobre las demás jurisdicciones respecto de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.] - [Palabras claves: conflicto, competencia, sala, proceso, jurisdicciones, corte, penal, si, constitucional, jurisdicción, jep, autoridades]

[Resumen automatizado: PRIMERO.- SOLICITAR, por conducto de la Secretaría General, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz que, en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente Auto, INFORME a esta Corporación[1] sobre el estado actual del trámite de la petición de libertad presentada por el señor Víctor Alfonso Santos Ospina, que le fue remitida a esa Sala el 25 de abril de 2019 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. || SEGUNDO.- SOLICITAR, por conducto de la Secretaría General, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz que, en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente Auto, INFORME a esta Corporación sobre el estado actual del trámite de la solicitud de sometimiento elevada por el señor Román Aristizábal Vasco el 17 de octubre de 2018.] - [Palabras claves: sala, magistrado, paz, secretaría, auto, general, hábiles, jurisdicción, solicitudes, especial, término, días, conducto, situaciones, respuesta, definición]

[Resumen automatizado: En respuesta al primer problema jurídico, la Corte constató que AVIANCA había desconocido el derecho al debido proceso disciplinario de Juan Diego Gallo Lozano, Elizabeth Escobar Ospina y Jaime de Jesús Garzón Osorio al inaplicar elementos constitutivos de este derecho fundamental, en especial (i)“el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba”[1], (ii) “la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos”[2], (iii)“el pronunciamiento definitivo del patrono mediante un acto motivado y congruente”[3] y (iv)“la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron”. || Por Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNÍQUESE a los solicitantes Juan Diego Gallo Lozano y Elizabeth Escobar Ospina lo resuelto en la presente decisión, con la advertencia de que contra la misma no procede recurso alguno.] - [Palabras claves: parte, sentencia, corte, tutela, derecho, sala, i, proceso, constitucional, solicitud, ii, sentencias, en]

[Resumen automatizado: Con base en los anteriores criterios, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efectos el auto proferido el 10 de marzo de 2020 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, dentro de la acción de tutela formulada por Jesús Antonio Rodríguez, en representación de su hijo menor de edad. || Asimismo, se advertirá al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: competencia, tutela, ciudad, penal, municipal, acción, factor, territorial, corte, debe, sala, auto, lugar, efectos]

[Resumen automatizado: 2. El 6 de febrero de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, instancia a la que correspondió el reparto del asunto, decidió declarar su incompetencia al considerar que no le corresponde el conocimiento de la acción de tutela pues "para el caso concreto, el artículo 8 transitorio del título transitorio de la Constitución (incorporado por el Acto Legislativo No. 01 de 2017) establece que el único competente para conocer de las acciones de tutela que se interpongan contra autoridades pertenecientes a la Jurisdicción Especial para la Paz es el Tribunal para la Paz"[3]. || Se configuró un conflicto de competencia por la interpretación del factor subjetivo de competencia, toda vez que tanto la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá como la Sección de Revisión, Subsección Sexta, del Tribunal para la Paz declararon su incompetencia para conocer de la acción de tutela de la referencia invocando para el efecto, el artículo 8 transitorio del título transitorio de la Constitución.] - [Palabras claves: paz, tutela, competencia, jurisdicción, sala, tribunal, bogotá, especial, factor, transitorio]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, profiere el presente auto en el que se pronuncia sobre la solicitud presentada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en relación con el cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016. || De otra parte, se observa que la situación presentada por la Agencia Nacional de Tierras mediante la presente solicitud, relacionada con la imposibilidad de cumplir con las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-235 de 2016, ante el decreto de la medida cautelar ordenada por el Consejero Martín Bermúdez Muñoz, puede ser expuesta en el marco del cumplimiento de dicha sentencia que se adelanta ante el Juzgado10 Civil del Circuito de Bucaramanga, a quien correspondió el trámite de la primera instancia en el asunto de la referencia.] - [Palabras claves: cumplimiento, nacional, sentencia, proceso, corte, tutela, mediante, constitucional, en, juez, san, trámite, auto, medidas, órdenes, derechos]

[Resumen automatizado: i. ¿Cuál es el trámite que hasta la fecha, al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz y desde la radicación, se le ha dado a las solicitudes de acceso al beneficio de libertad condicionada elevadas por los señores Jairo Granja Hurtado, Eider Andrés Sánches Valencia y Hernán Darío Ortega Alvarado, quienes fungen como accionantes dentro de los expedientes T-7.670.974, T-7.670.977 y T-7.694.352, respectivamente? || Desde el 15 de marzo de 2018 y hasta la fecha de expedición del presente Auto: (i) ¿Qué medidas se han adoptado para brindar una respuesta oportuna a las solicitudes de acceso al beneficio de libertad condicionada elevadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz? || Cuarto.- De acuerdo con la parte considerativa de esta providencia, MANTENER LA SUSPENSIÓN de los términos procesales del asunto de la referencia, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, y por el término de tres meses adicionales, que serán contados a partir del recaudo y valoración de la totalidad de las pruebas decretadas en este proveído.] - [Palabras claves: jurisdicción, especial, constitucional, términos, corte, sala, por, paz, acceso, magistrado, condicionada, suspensión, tutela]

[Resumen automatizado: Por su parte, con respecto al principio de intrasectorialidad, en la sentencia C-473 de 2019 se argumentó que, en virtud de la normatividad demandada, los recursos del FOSFEC ya no se destinan al segmento empleador-trabajador, sino a otros grupos y segmentos sociales que no participaron en la financiación de esta carga impositiva, para financiar programas gubernamentales de interés general, relacionados con el desarrollo territorial, la promoción del empleo y la ocupación, el desarrollo de la infraestructura nacional en las zonas rurales y de posconflicto, y el apoyo de la empresa y el emprendimiento.] - [Palabras claves: ley, recursos, sentencia, desarrollo, programas, anterior, contribuciones, principios, parte, proyectos, corte, solicitud, destinación, segundo, actividades, pueden, normatividad]

[Resumen automatizado: Mediante auto del 31 de julio de 2019, la Sala de Revisión decretó, como medida provisional, la suspensión del proceso de restablecimiento sobre los lotes de terreno identificados con las matrículas inmobiliarias No. 50 S-159215, 50 S-159218 y 50 S-159217, ordenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, hasta que se decidiera de fondo la acción de tutela. || - DEJAR SIN EFECTOS el numeral resolutivo segundo de la sentencia proferida el 27 de octubre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso penal con radicado No. 11001600072620100087201, adelantado en contra de Juan López Rico, así como el proceso de restablecimiento sobre los lotes de terreno identificados con matrículas inmobiliarias No. 50 S-159215, 50 S-159218 y 50 S-159217, que, en cumplimiento de tal decisión, adelantó el Juzgado 25 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá. || NEGAR la solicitud de nulidad interpuesta por el señor Fabio Guiza Santamaría en contra de la Sentencia T-549 del 19 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: nulidad, corte, sala, tutela, proceso, sentencia, constitucional, solicitud, penal, plena, decisión, acción]

[Resumen automatizado: (i) El representante judicial del procesado Carlos William Múnera Bernal solicitó remitir el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por estimar que, a partir de la expedición de la Ley 1957 de 2019, la Fiscalía General de la Nación perdió competencia para continuar con el proceso. || (iv) El representante de la Fiscalía General de la Nación, por su parte, sostuvo que de conformidad con el literal j) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2017, debía evitarse "que [el juez ordinario] emit[iera] sentencia condenatoria [o que] imp[usiera] alguna medida de aseguramiento, toda vez que este proceso podría ser de aquellos que deb[ía] conocer de manera preferente la JEP, observándose un aparente conflicto de jurisdicciones lo que haría necesaria la remisión de las presentes diligencias a la Corte Constitucional (...)"[7]; || La Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para "dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones" en los que esté involucrado algún órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz, de conformidad con los artículos 241 de la Carta Política[10] (numeral 11) y 70 de la Ley 1957 de 2019.] - [Palabras claves: competencia, proceso, conflicto, no, jurisdicción, asunto, corte, constitucional, penal, santa, autoridades, especial, jep]

[Resumen automatizado: // Esto quiere decir, que descendiendo al asunto de autos, la queja presentada por el doctor Abelardo De la Espriella contra el Representante a la Cámara, doctor Julián Bedoya Pulgarín, denunciado este último que actuó en calidad de instructor ponente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que por competencia constitucional y legal esta Corporación tal como se dijo en líneas anteriores no es la competente para conocer del asunto, se itera, por no estar estipulado por la ley”[7] || 6. Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió “abstenerse de conocer de la queja presentada por el doctor Abelardo De la Espriella contra el Representante a la Cámara, doctor Julián Bedoya Pulgarín, para en su lugar, proponer conflicto negativo de competencia con la Procuraduría General de la Nación, al señalarse no ser la Corporación competente para ello, remitiéndose el expediente a la Corte Constitucional, para lo de su cargo”[8].] - [Palabras claves: competencia, sala, corte, judicatura, superior, consejo, constitucional, jurisdiccional, general, conflictos, ley, disciplinaria, conocer, comisión, procuraduría, nación]

[Resumen automatizado: Esta decisión contó con el salvamento parcial de voto de una Magistrada[14], quien sostuvo que la resolución del caso debió contraerse a la decisión de no avocar conocimiento de los recursos de apelación interpuestos y a la remisión del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, sin entrar a realizar consideraciones adicionales sobre la suspensión de los procesos adelantados en la jurisdicción penal ordinaria, pues ello no procede para los miembros de la Fuerza Pública, de conformidad con el artículo 6º del Decreto 706 de 2017. || La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que existe una controversia entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, en relación con dos asuntos: en primer lugar, respecto del conocimiento y resolución de los recursos de apelación formulados en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 9 de mayo de 2018, dentro de la causa judicial que, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se identifica con el radicado 20001-3104-003-2016-00187; y en segundo lugar, en lo que se refiere a la definición de la jurisdicción sobre la cual recae la competencia para decidir sobre el fondo de la situación jurídica del señor Orley Gutiérrez Cabrera.] - [Palabras claves: sala, competencia, paz, jurisdicción, tribunal, penal, corte, ley, especial, conflicto, judicial, jurisdicciones]

[Resumen automatizado: 7. El 22 de mayo de 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz manifestó que no era la autoridad competente para conocer del asunto de la referencia, debido a que (i) la situación fáctica no se acomodaba a los casos priorizados en esa jurisdicción y (ii) aún no se había resuelto el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia penal de primera instancia. || Con base en lo anterior, la Sala dirimirá el conflicto de jurisdicciones de la referencia, en el sentido de determinar que (i) tanto la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, como la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia carecen de competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del señor Martínez santanilla, con ocasión de la causa judicial que en el ámbito de la jurisdicción ordinaria se identifica con el radicado CUI 005-44031-04-001-2015-00139-00 ya que, al tratarse de un asunto cuyo conocimiento fue asumido por la JEP, carece de objeto el trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia penal condenatoria, proferida por la Jurisdicción Ordinaria y, por lo tanto, no puede tramitarse ni resolverse.] - [Palabras claves: sala, jurisdicción, paz, jurisdicciones, especial, penal, competencia, superior, tribunal, corte, conflicto, ley]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial aquellas que le concede el Decreto ley 2067 de 1991 y el artículo 50 del Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 02 de 2015), procede a resolver el recurso de súplica interpuesto contra el auto del 24 de febrero de 2020, que dispuso rechazar la demanda de la referencia. || 3. Mediante auto del 7 de febrero de este año, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger puso de presente que los argumentos de inconstitucionalidad de las demandas deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes, destacando que estos son exigibles de manera más estricta cuando los ciudadanos demandan la interpretación de un texto con fundamento en la doctrina del derecho viviente. || De conformidad con su objeto, mediante el recurso de súplica se le garantiza al actor la posibilidad de activar una instancia procesal dentro de la acción pública de inconstitucionalidad, para "controvertir los argumentos que el magistrado sustanciador adujo para rechazar la demanda de inconstitucionalidad"[9], por lo cual se ha señalado que la argumentación del recurso de súplica debe encaminarse a rebatir la motivación del auto de rechazo, y no a corregir, modificar o reiterar las razones expuestas inicialmente en la demanda.] - [Palabras claves: demanda, recurso, término, rechazo, corte, liquidación, texto, dentro, sala, inconstitucionalidad, contrato, norma, cuales, auto, acción]

[Resumen automatizado: Referencia: Recursos de súplica interpuestos contra los autos de 6 y 25 de febrero de 2020, proferidos por el magistrado Carlos Bernal Pulido, mediante los cuales rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del título (parcial) y de los artículos 1 y 2 (parcial) de la Ley 1626 de 2013 || 1. El 13 de febrero de 2020 y el 3 de marzo de 2020, Álvaro Leonardo Mora Duarte presentó recursos de súplica contra -respectivamente- los autos de 6 y 25 de febrero de 2020, proferidos por el magistrado Carlos Bernal Pulido, mediante los cuales rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del título (parcial) y de los artículos 1 y 2 (parcial) de la Ley 1626 de 2013. || Haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 1o del Decreto 469 de 2020, mediante Auto 121 del 16 de abril de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió levantar la suspensión de términos a que hace referencia el fundamento jurídico anterior en los recursos de súplica de los procesos de constitucionalidad en trámite, tal como el asunto de la referencia.] - [Palabras claves: demanda, rechazo, corte, constitucional, inconstitucionalidad, plena, recurso, requisitos, i, ii, auto, sala, magistrado, parcial, suficiencia, decreto]

[Resumen automatizado: En este contexto, el actor subrayó que la norma acusada desconoce un precedente constitucional vinculante referido a la distinción entre poder, función y actividad de policía y que, por esta vía, viola el derecho al debido proceso, ya que “el uniformado no es el competente para conocer en primera instancia la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad, pues del análisis constitucional es competencia del alcalde o del inspector de policía”. || En esencia, el Magistrado constató que del numeral 2° del artículo 315 de la Constitución no se desprende una prohibición para que los comandantes de estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional conozcan de la aplicación de la medida de suspensión temporal de la actividad, por lo cual la demanda carece de certeza, pertinencia y suficiencia. || En el recurso de súplica, el ciudadano Rodrigo Pombo Cajiao alegó una supuesta incongruencia entre las razones que condujeron al Magistrado Ponente a inadmitir la demanda y las que lo llevaron a rechazarla, en tanto que en el auto inadmisorio, a su juicio, no le advirtieron que debía señalar una norma constitucional que le prohibiera a los comandantes de estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional conocer de la aplicación de la medida de suspensión temporal de la actividad, razón por la cual posteriormente le rechazaron la demanda.] - [Palabras claves: demanda, policía, constitucional, auto, actividad, argumentos, función, corte, suspensión, nacional, medida, temporal, actor, magistrado]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve el recurso de súplica interpuesto contra el auto de rechazo de la demanda de la referencia, de conformidad con las siguientes consideraciones: || 1. En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241 y 242 de la Constitución, el accionante Álvaro Leonardo Mora Duarte presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1761 de 2015, “(p)or la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones (Rosa Elvira Cely)”, por considerar que (i) es contraria a la igualdad de trato, de oportunidades y de protección por parte de las autoridades entre hombres y mujeres, así como (ii) vulneratoria de la dignidad (art. || Así, el objeto del recurso de súplica es controvertir los argumentos que el magistrado sustanciador adujo para rechazar la demanda de inconstitucionalidad. || 3. En el caso examinado, el magistrado sustanciador encontró que la demanda no reunía los requisitos previstos en el Decreto 2067 de 1991, razón por la cual, mediante el auto del 7 de febrero de 2020, la inadmitió y concedió al demandante tres días para su corrección.] - [Palabras claves: demanda, recurso, inconstitucionalidad, corte, plena, magistrado, constitucional, hombres, sala, rechazo, requisitos, corporación]

[Resumen automatizado: 3.Efectuado nuevamente el reparto, el expediente fue asignado al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Asís el cual, a través de auto del 19 de marzo de 2020, se abstuvo de asumir la competencia del asunto tras considerar que si bien el actor pretende la nulidad de una actuación que tuvo lugar en la Notaria Única y en la Oficina de Instrumentos Públicos de La Hormiga, lo cierto es que los efectos de dicha solicitud se extienden hasta la ciudad de Pasto toda vez que es allí donde se ubica actualmente su domicilio y donde espera ser notificado sobre el trámite de tutela. || 2. Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 19 de marzo de 2020 por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Asís y ordenará que se le remita el expediente ICC 3828 para que, de manera inmediata, tramite y profiera, en primera instancia, la decisión de fondo que haya lugar en el marco de la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Diego López Acevedo.] - [Palabras claves: tutela, lugar, competencia, putumayo, factor, acción, corte, derechos, efectos, territorial, conocer, autoridades]

[Resumen automatizado: Adicionalmente, se advertirá al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio autoridad que remitió el expediente a esta Corporación que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 (en este caso por el superior jerárquico común que es el Consejo de Estado), por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || ADVERTIR al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio (Meta) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por el superior jerárquico común al tenor de lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, competencia, administrativo, acción, bogotá, debe, territorial, lugar, constitucional, factor, sección, segunda, auto, guainía]

[Resumen automatizado: 4. En atención a lo anterior, el expediente fue remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, mediante Auto del 25 febrero 2020, se abstuvo de dirimir el conflicto suscitado entre el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira (Risaralda) y el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali (Valle de Cauca) por cuanto entre los mismos no existe un superior jerárquico común, de conformidad con la Ley 270 de 1996, razón por la cual consideró que es competencia de la Corte Constitucional conocer la colisión propuesta. || 2. En consecuencia, la Sala dejará sin efectos el Auto del 12 de febrero de 2020, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, y le remitirá el expediente ICC-3819 para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por el señor José Creisler Santana Ocampo contra Empresas Municipales de Cali.] - [Palabras claves: corte, lugar, competencia, tutela, territorial, factor, penal, acción, sala, constitucional]

[Resumen automatizado: De acuerdo con el artículo 1º de este decreto, en el marco de la emergencia mencionada “la Sala Plena de la Corte Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.” || SEGUNDO.- DISPONER la competencia de la Sala Plena y AUTORIZAR a las Salas de Revisión de la Corte Constitucional para levantar la suspensión de términos judiciales en asuntos concretos sometidos a su consideración. || La suscrita magistrada salva parcialmente su voto en el asunto de la referencia, al constatar que la autorización dada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto ley 469 de 2020 para “levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales” fue radicada en cabeza de la Sala Plena de la Corte Constitucional. || En esa medida, no comparte la autorización dada a las Salas de Revisión de la Corte Constitucional “para levantar la suspensión de términos judiciales en asuntos concretos sometidos a su consideración”. || 1. Mediante Auto 121 de 2020, la Sala Plena adoptó disposiciones sobre levantamiento de la suspensión de términos judiciales en determinados trámites que son competencia de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: términos, judiciales, suspensión, constitucional, corte, sala, levantar, consejo, plena, superior]

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y, especialmente, de acuerdo con lo consagrado en los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991, profiere el presente auto con base en los siguientes: || El 15 de junio de 2018, el señor Alirio Zárate Ariza interpuso acción de tutela contra la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, por considerar que esa autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. || Sin embargo, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional aclara que el trámite del procedimiento administrativo de que trata el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994 no podrá exceder el término total de dos (2) meses a partir de la notificación del presente fallo, vencido el cual, la ALCALDÍA DE FLORENCIA deberá proceder de manera inmediata con la expedición del acto administrativo en el que reconozca el pago de la pensión de jubilación por aportes en favor del actor, en los términos definidos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.] - [Palabras claves: corte, sala, trámite, desacato, cumplimiento, instancia, competencia, juez, fallo, incidente, actor, constitucional, tutela, general, primera]

[Resumen automatizado: 5. Inconforme con dicha decisión, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, mediante Auto del 11 de marzo de 2020, dispuso el envío del expediente de la referencia a esta Corporación, bajo el argumento de que la determinación adoptada por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia y su propio precedente adoptado en un fallo reciente[2], en el que a manera de obiter dicta precisó que las reglas contenidas en el Decreto 1069 de 2015 corresponden a normas de reparto y en ningún caso son causales para declarar la falta de competencia. || (iii) Al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena que las decisiones adoptadas por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en ejercicio de su competencia legal para resolver conflictos[8], deben ser acatadas de manera inmediata con el fin de evitar dilaciones injustificadas en la resolución de los procesos de tutela.] - [Palabras claves: cartagena, competencia, tribunal, decreto, superior, sala, municipal, reparto, control, penal, judicial, garantías, distrito, tutela]

[Resumen automatizado: 3. En consecuencia, tras un nuevo reparto, el estudio de la solicitud de amparo le correspondió al Juzgado Promiscuo de Familia de Montelíbano, el cual, a través de Auto del 28 de febrero de 2020[3], resolvió abstenerse de asumir el conocimiento de la acción de tutela y plantear un conflicto negativo de competencia ante este Tribunal, al estimar que la decisión del Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá se basó en una inadecuada interpretación de la competencia por factor territorial. || 3. Adicionalmente, esta Corporación le advertirá al Juzgado Promiscuo de Familia de Montelíbano (autoridad que remitió el expediente de la referencia a este Tribunal), que los conflictos de competencia en materia de tutela tienen que ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual en futuros casos deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[22].] - [Palabras claves: tutela, auto, competencia, bogotá, autoridades, territorial, corte, constitucional, lugar, factor, sala, acción, judiciales]

[Resumen automatizado: En consecuencia, con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto proferido el 11 de febrero de 2020 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto, en el cual declaró la falta de competencia para conocer de la acción de tutela. || Por lo anterior, la Sala remitirá el expediente ICC-3821, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto para que, de manera inmediata, inicie el trámite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado por el señor Miguel Belalcázar Pérez, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. || REMITIR el expediente ICC-3821 al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto, para que, de manera inmediata, inicie el trámite y profiera decisión de fondo respecto de la acción de tutela formulada por el señor Miguel Belalcázar Pérez, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.] - [Palabras claves: competencia, tutela, administrativo, decreto, acción, corte, municipal, fondo, constitucional, sala]

[Resumen automatizado: (i) Se configuró un conflicto negativo de competencia por la interpretación del factor territorial, toda vez que el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá se abstuvo de decidir en segunda instancia la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, declaró la nulidad de todo lo actuado por el a quo, tras considerar que la potestad para decidir la solicitud de amparo recae en las autoridades judiciales municipales de Santa Marta, al presentarse allí la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el actor. || Tercero: ADVERTIR al Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta (Magdalena) que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves: tutela, competencia, civil, lugar, bogotá, acción, corte, marta, santa, sala, municipal]

[Resumen automatizado: En consecuencia, debido al marco de protección expuesto y puesto que corresponde a esta Sala Especial verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas particulares del Auto 092 de 2008, se solicitará al director de la Unidad para las Víctimas, presentar un informe a través del cual: (i) se pronuncie en torno a las afirmaciones formuladas por la peticionaria, razón por la cual se remitirá copia de su solicitud; (ii) acredite las acciones adelantadas en cumplimiento de dicha providencia, en especial, deberá (a) reportar qué impacto en el goce efectivo de los derechos de María Rosalba Palacio tuvieron cada una de las medidas y (b) explicar por qué concluyó que la actora alcanzó las condiciones de autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad; (iii) presente las medidas a las cuales tuvo acceso la solicitante dentro de la oferta institucional dispuesta para atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado y la violencia generalizada; y (iv) exponga los obstáculos identificados que incidieron en el cumplimiento del numeral 549 de la orden novena del Auto 092 de 2008 y las normas que protegen a la población desplazada (e.g. Ley 387 de 1997 y 1448 de 2011) respecto al caso concreto.] - [Palabras claves: auto, constitucional, corte, cumplimiento, mujeres, sala, unidad, atención, medidas, derechos, condiciones, sentencia, especial]

[Resumen automatizado: Como resultado del presunto incumplimiento de estas disposiciones, María Rosalba Palacio solicitó a la Sala Especial hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas en su favor y adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar que la Unidad para las Víctimas cumpla con dichos mandatos y garantice su protección y atención, en los términos dispuestos en el Auto 092 de 2008. || En consecuencia, debido al marco de protección expuesto y puesto que corresponde a esta Sala Especial verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas particulares del Auto 092 de 2008, se solicitará al director de la Unidad para las Víctimas, presentar un informe a través del cual: (i) se pronuncie en torno a las afirmaciones formuladas por la peticionaria, razón por la cual se remitirá copia de su solicitud; (ii) acredite las acciones adelantadas en cumplimiento de dicha providencia, en especial, deberá (a) reportar qué impacto en el goce efectivo de los derechos de María Rosalba Palacio tuvieron cada una de las medidas y (b) explicar por qué concluyó que la actora alcanzó las condiciones de autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad; (iii) presente las medidas a las cuales tuvo acceso la solicitante dentro de la oferta institucional dispuesta para atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado y la violencia generalizada; y (iv) exponga los obstáculos identificados que incidieron en el cumplimiento del numeral 549 de la orden novena del Auto 092 de 2008 y las normas que protegen a la población desplazada (e.g. Ley 387 de 1997 y 1448 de 2011) respecto al caso concreto.] - [Palabras claves: sala, cumplimiento, víctimas, medidas, ayuda, en, atención, unidad, especial, mujeres, corte, si, condiciones]

[Resumen automatizado: Repartido nuevamente el asunto, le correspondió al magistrado Jorge Eduardo Ferreira Vargas de la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, quien, mediante auto de 2 de marzo de 2020, resolvió "rechazar por falta de competencia"[5] la acción de tutela y remitirla a la Secretaría General del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. || Mediante providencia de 4 de marzo de 2020, este magistrado declaró que "carec[ía] de competencia para conocer de la presente acción de tutela", porque "como la entidad accionada es (...) la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá (...) las acciones de tutela que se interpongan contra dicha entidad deberán ser tramitadas por las autoridades señaladas en el numeral 6 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017, o sea, por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial"[7]. || En adición, esta Sala instará a los despachos de los magistrados Carlos Enrique Moreno Rubio, de la Sección Quinta del Consejo de Estado y Felipe Alirio Solarte Maya de la Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto del decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: tutela, competencia, sala, tribunal, acción, decreto, bogotá, consejo, sección, judicial, administrativo, superior]

[Resumen automatizado: En razón de lo anterior, el asunto fue repartido al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Facatativá el cual, a través de Auto de 6 de febrero de 2020, señaló que no es la autoridad competente para resolver la acción de tutela. || Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Primero Penal Municipal de Facatativá tomó las reglas de reparto contenidas en el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo. || 3. Adicionalmente, se advertirá al Juzgado Primero Penal Municipal de Facatativá que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional. || ADVERTIR al Juzgado Primero Penal Municipal de Facatativá que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.] - [Palabras claves: competencia, tutela, penal, municipal, decreto, corte, asunto, auto, acción, materia, reglas, conflictos, autoridad, debe, fondo]

[Resumen automatizado: 3. En cumplimiento de dicha orden, el asunto fue asignado a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en Auto del 19 de febrero de 2020, planteó conflicto negativo de competencia ante este Tribunal, por estimar que, al dirigirse la queja constitucional a cuestionar actuaciones adelantadas por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en virtud del numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. || Además, se tiene que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia afectó la celeridad y la eficacia en la administración de justicia, así como la protección a los derechos fundamentales del accionante, pese a que esta Corte en reiterada jurisprudencia ha establecido que las reglas contenidas en el Decreto 1069 de 2015, que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017 no pueden ser usadas por el juez de tutela para rechazar la competencia o declarar la incompetencia de otra autoridad judicial. || - ADVERTIR a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: sala, corte, casación, justicia, decreto, penal, competencia, suprema, tutela, auto, decisión]

[Resumen automatizado: 3. En cumplimiento del mencionado proveído, el asunto fue remitido al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona, el cual, mediante Auto del 30 de enero de 2020, indicó que no le corresponde asumir el conocimiento del amparo interpuesto por Ángela Vanessa Rodríguez Díaz, porque si bien tramitó la acción de tutela presentada por Bladimir Jaimes Prada en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cierto es que profirió el fallo correspondiente el 7 de enero de 2020, por lo que, en los términos del Decreto 1834 de 2015, en la actualidad no es procedente acumular ambos asuntos. || 1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que se configuró un conflicto aparente de competencia, porque el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ipiales resolvió abstenerse de asumir el conocimiento del amparo interpuesto por Ángela Vanessa Rodríguez Díaz y remitir el expediente respectivo al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona, con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1834 de 2015, sin comprobar la concurrencia de identidad de sujeto pasivo, causa y objeto, como presupuesto de aplicación válida de dichas directrices administrativas.] - [Palabras claves: tutela, decreto, competencia, acción, decisión, civil, nacional, sala, conocimiento, comisión, identidad, segundo, fundamentales, derechos, corte, servicio]

[Resumen automatizado: 5. El 29 de abril de 2019, la Sala Segunda de Revisión profirió un nuevo Auto de pruebas por medio del cual desarrolló el enfoque de solicitar informes conjuntos en los que los niveles central, regional y local se alinearan y, en virtud del principio de colaboración armónica, presentaran su diagnóstico sobre la problemática de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria tales como estaciones e inspecciones de Policía y propusieran medidas específicas para enfrentarla. || 7. A través de Auto del 21 de mayo de 2019, la Sala Séptima de Revisión suspendió los términos para fallar, vinculó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación y les ordenó que remitieran un informe con respecto al hacinamiento de personas con medida de aseguramiento en estaciones y subestaciones de Policía del país y en las unidades de reacción inmediata (URI). || En atención a las pruebas recaudadas y a que el problema de hacinamiento en centros de detención transitoria cubre estaciones de Policía y URI de todo el país, mediante Auto 545 de 2019, la Sala Plena vinculó al proceso constitucional al Consejo Superior de la Judicatura; y a las gobernaciones de los departamentos de Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle y Vichada.] - [Palabras claves: detención, medidas, centros, libertad, personas, privadas, policía, transitoria, sala, nacional]

[Resumen automatizado: Frente a éste último, la Sala tuvo en cuenta tres elementos para desestimar la responsabilidad de Avianca, a saber: (i) la accionante incumplió dos asignaciones de vuelo en los 53 días que participó en el cese ilegal; (ii) el permiso sindical permanente justificó la inasistencia al lugar de trabajo en los descargos de la señora Martínez Rubio y en la acción de tutela fue presentado como acto de persecución; (iii) el proceso de normalización de operación de Avianca dependía, entre otros, de la disponibilidad de recursos externos simuladores de vuelo, chequeadores , por lo que los pilotos fueron temporalmente reincorporados a labores en tierra que no afectaron su situación salarial, escalafón ni lugar de trabajo. || Frente al primer cargo indicó que los impedimentos son taxativos y que no vician de nulidad el trámite de tutela, pues la sentencia fue ponencia del Magistrado Alejandro Linares Cantillo, pero se decidió unánimemente por la Sala Cuarta de Revisión. || Ahora bien, la nulidad contra las providencias judiciales de esta corporación no es ni general, ni ordinaria; de manera que sólo resulta procedente cuando existe una vulneración del debido proceso que pueda ser imputable a la sentencia y que sea de entidad suficiente para afectar la cosa juzgada constitucional.] - [Palabras claves: nulidad, sentencia, proceso, sala, debido, constitucional, decisión, magistrado, corte, solicitud, derecho, juez]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado -quien la preside-, Alberto Rojas Ríos, Carlos Bernal Pulido, Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes Cuartas, Diana Fajardo y Cristina Pardo Schlesinger, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, procede a decidir sobre la solicitud de nulidad presentada por el apoderado judicial de la Empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., contra la sentencia T-478 del 15 de octubre de 2019, proferida por la Sala Séptima de Revisión[1]. || TERCERO.-ADICIONAR la sentencia del ocho (8) de octubre de dos mil dieciocho (2018) resuelta por el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales del Distrito Judicial de Bogotá, en el sentido de ADVERTIR a la empresa Aguas de Bogotá S.A.ESP que, una vez opere el reintegro del señor Julio Roberto Briceño, no podrá retirarlo de su empleo sin el agotamiento previo de los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; y, que en el futuro se abstenga de incurrir en situaciones como las que dieron lugar a la presente acción de tutela.] - [Palabras claves: nulidad, laboral, sentencia, corte, contrato, sala, bogotá, manera, decisión, empresa, constitucional, proceso]

[Resumen automatizado: Así, le correspondió a la Sala Plena determinar si incurrió la decisión de segunda instancia en el proceso de pérdida de investidura adelantado contra el Señor Álvaro Escobar González (i) en un defecto fáctico al no tener en cuenta los testimonios de Jorge Uribe Escobar y María del Pilar Torres Mejía; y (ii) en una indebida motivación de la sentencia al no tener en cuenta el presunto desconocimiento por parte del entonces concejal de que su familiar en cuarto grado de consanguinidad era el promotor de la renovación urbanística, así como la ausencia de valoración del "interés directo" que ello podría reportarle al accionante. || De acuerdo con lo manifestado en la solicitud de nulidad "atendiendo a que se trata de un proceso de doble instancia, los Suscritos Magistrados consideramos que se debió vincular en calidad de accionado a todas las autoridades judiciales que intervinieron y decidieron mediante sentencias, la solicitud de pérdida de investidura del señor Álvaro Escobar González, es decir, se debió vincular como accionados al Tribunal Administrativo de Risaralda y a esta Sección, a fin de que cada una expusiera los argumentos de defensa; máxime si se tienen en cuenta que la orden judicial impartida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-379 de 2019 implica la revocatoria de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en primera instancia"] - [Palabras claves: sentencia, proceso, decisión, nulidad, consejo, interés, corte, constitucional, pérdida, sala, investidura, plena]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger, y los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente || Por lo anterior, al haberse establecido una justificación sobre la diferencia entre los estudiantes inscritos en la UPTC hasta el segundo periodo del año 2017 y los estudiantes inscritos al primer semestre lectivo del año 2018 y, asimismo, al haberse omitido la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, la Sala Novena de la Corte Constitucional consideró que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante el Acuerdo 067 de 2017, vulneró los derechos fundamentales a la educación e igualdad del señor Carlos Manuel Bayona Hernández, por cuanto dicho acto administrativo debió aplicarse al accionante sin diferenciación de tiempo alguna.] - [Palabras claves: nulidad, acuerdo, sentencia, corte, constitucional, ministerio, parte, sala, nacional, acción, valor, tutela, educación]

[Resumen automatizado: En contra de la sentencia condenatoria, la defensa interpuso recurso extraordinario de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[2], la cual, mediante Auto del 22 de marzo de 2018[3], resolvió remitir el proceso[4] a la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que se configuraban los presupuestos para que le fuera concedida a José Amílcar Rivas Palma la amnistía de iure contemplada en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto Ley 277 de 2017. || En efecto, se advierte que el conflicto de la referencia se suscitó entre la Sala de Amnistía o Indulto, órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz[22], y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, parte de la Jurisdicción Ordinaria[23] (presupuesto subjetivo), quienes mediante los proveídos del 15 de julio[24] y del 17 de septiembre de 2019[25] respectivamente, estimaron que en la actualidad no les corresponde pronunciarse, en el marco de sus competencias, dentro del proceso con número de radicación 11001600002720110009901[26] (presupuesto objetivo), de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, en las leyes 1564 de 2012, 1820 de 2016 y 1922 de 2018, así como en el Decreto Ley 277 de 2017 (presupuesto normativo).] - [Palabras claves: sala, ley, corte, amnistía, jurisdicción, jep, especial, conflicto, justicia, indulto, penal, paz]

[Resumen automatizado: Todo lo señalado lleva a establecer que, en el caso de la referencia, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz recae la competencia para adoptar la decisión a que haya lugar respecto del recurso de apelación promovido el 26 de septiembre de 2017 por la Procuraduría 173 Judicial Penal II de Tunja, contra el Auto Nº 771 del 6 de septiembre de 2017, proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, en el que se concedió la amnistía de iure parcial y la libertad condicionada en favor del señor Villalobos Forero. || Por lo anterior, esta Corporación resolverá el conflicto de jurisdicciones estudiado, en el sentido de declarar que corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz adoptar la decisión a que haya lugar, respecto del recurso de apelación promovido el 26 de septiembre de 2017 por la Procuraduría 173 Judicial Penal II de Tunja, contra el Auto Nº 771 del 6 de septiembre de 2017, proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, en el que se concedió la amnistía de iure parcial y la libertad condicionada en favor del señor Henry Gonzalo Villalobos Forero.] - [Palabras claves: paz, jurisdicción, competencia, auto, ley, libertad, especial, tribunal, amnistía, conflicto, sala, jep, judicial, condicionada]

[Resumen automatizado: Habida cuenta de que la representante legal y judicial de Protección S.A.[20], manifestó que durante la vigencia en que el actor estuvo afiliado en ese fondo, se contrató con Seguros de Vida Suramericana S.A. el cubrimiento de las contingencias derivadas de la invalidez y la muerte, en Auto del 28 de enero de 2020[21], el magistrado sustanciador, dispuso que, a través de la Secretaría General de la Corporación, se librara oficio a esa última entidad, adjuntando copia de la acción de tutela, de sus anexos, del auto admisorio, del fallo de instancia y de los elementos materiales probatorios recaudados en sede de revisión para que se entendiera vinculada a la causa con el fin de que se pronunciara acerca de los hechos y pretensiones en que se funda la presente acción. || (v) Seguros de Vida Suramericana S.A. y Fasecolda[33], esta última en su calidad de entidad gremial del sector asegurador, para que, también por separado, manifiesten su posición jurídica frente a la cuestión planteada y retraten el alcance de los contratos de seguros en lo que tiene que ver con el pago de la suma adicional que haga falta para completar el capital suficiente a fin de financiar las pensiones de invalidez de quienes, como el actor, fueron afiliados al RPM con posterioridad a la fecha de estructuración.] - [Palabras claves: pensión, invalidez, fondo, fecha, entidad, ley, cada, sala, semanas, traslado, administradora, régimen, pensiones, cuenta, prestación, principal, proceso, corte, persona, revisión]

[Resumen automatizado: 2. El 17 de febrero de 2020, mediante correo electrónico, la Secretaría General de la Corte recibió un escrito que contiene la solicitud de cumplimiento de la Sentencia C-033 de 2014 suscrita por el señor Michel Alejandro Monroy Morales. || Por otra parte, la incompetencia para verificar el cumplimiento se explica porque las sentencias que esta Corte profiere en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad constituyen una decisión vinculante para los operadores judiciales, las autoridades administrativas y los particulares, como quiera que estas providencias tiene efectos normativos erga omnes[5]. || 5. En consecuencia, en relación con la petición realizada por el señor Michel Alejandro Monroy Morales, relacionada con supuestos incumplimientos de la Sentencia C-033 de 2014 por parte de la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional, considera la Sala que se trata de un asunto completamente ajeno al proceso que culminó con la declaratoria de exequibilidad de un segmento del inciso 2º del artículo 5º de la Ley 336 de 1996, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional conforme al artículo 243 superior. || [4] La Corte Constitucional ha considerado que no tiene competencia para tramitar solicitudes de cumplimiento de sentencias de constitucionalidad, entre otros, en los siguientes Autos: 201 de 2005, 573 y 266 de 2015, 137 y 304 de 2016, 399 de 2017.] - [Palabras claves: corte, cumplimiento, parte, sentencias, sentencia, magistrado, sala, constitucional, plena, constitucionalidad]

[Resumen automatizado: Por lo tanto, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del veinte (20) de enero de 2020 proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja, en el marco del trámite de la acción de tutela formulada por Richar Martínez Cruz contra la Alcaldía municipal de Itagüí y el Banco Agrario de Colombia. || 4. Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Itagüí, autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación, que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || ADVERTIR al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Itagüí que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves: tutela, competencia, acción, civil, corte, municipal, sala, conflicto, auto, magistrado, corporación, debe, factor, segundo]

[Resumen automatizado: (i) Se configuró un conflicto negativo de competencia por la interpretación del factor territorial, toda vez que el Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá se abstuvo de avocar conocimiento de la acción de tutela de la referencia, al considerar que la potestad para ello recaía en las autoridades judiciales del lugar donde se encuentra la entidad accionada, es decir, en el municipio de Tocancipá. || Asimismo, le advertirá al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || Tercero: ADVERTIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves: tutela, competencia, lugar, autoridades, acción, municipal, bogotá, penal, factor, corte, judiciales, debe, garantías]

[Resumen automatizado: (a) Por una parte, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Envigado estimó que no era competente para conocer de la acción de tutela de la referencia por cuanto en el caso sub judice el aquí accionante actuó en representación de un tercero, afirmando que, en consecuencia, es el domicilio de este último -Santa Bárbara de Antioquia- el lugar a tomar en consideración para determinar dónde se proyectan los efectos de la presunta vulneración del derecho invocado, razón por la cual remitió el expediente a los juzgados de dicho municipio. || Así las cosas y de conformidad con los criterios definidos por la jurisprudencia de esta Corporación en relación con la aplicación del factor territorial en materia de conflictos de competencia en acciones de tutela, comparte la Corte la posición adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara de Antioquia en el sentido de afirmar que el caso sub examine el señor Jorge Octavio Espinosa Sánchez promovió la acción de tutela para solicitar la protección del derecho de petición a nombre propio, bajo el entendido de que sobre él recae la titularidad del mismo. || Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 02 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Envigado mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela impetrada por el señor Jorge Octavio Espinosa Sánchez contra la Alcaldía de Armenia (Antioquia).] - [Palabras claves: competencia, municipal, acción, tutela, lugar, santa, corte, conocer, factor, civil, territorial, judicial]

[Resumen automatizado: Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 5 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarenta y Cuatro de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Edgar Enrique González Rodríguez contra la Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda. || Adicionalmente, se advertirá al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira (Risaralda) autoridad que remitió el expediente a esta Corporación que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || ADVERTIR al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira (Risaralda) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, competencia, acción, lugar, corte, autoridades, debe, bogotá, auto, civil, conflicto, factor, materia, sala, constitucional]

[Resumen automatizado: Se configuró un conflicto negativo de competencias fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial pues, de una parte, la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se abstuvo de decidir en segunda instancia la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, declaró la nulidad de todo lo actuado por el a quo, tras considerar que la potestad para decidir la solicitud de amparo recae en el Juzgado Promiscuo Municipal de Silos, Norte de Santander, al presentarse en ese municipio la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, así como la extensión de sus efectos. || Con base en los anteriores criterios, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efectos el auto proferido el 11 de diciembre de 2019 por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de tutela formulada por Juan Guillermo Cuadros Castillo contra la Procuraduría General de la Nación y el Concejo Municipal de Santo Domingo de Silos, Norte de Santander.] - [Palabras claves: municipal, acción, tutela, competencia, administrativo, territorial, derechos, tribunal, lugar, factor, cundinamarca, efectos, sala, fundamentales, debe]

[Resumen automatizado: Ahora bien, al realizarse una nueva valoración de la directriz, por medio del auto 122 de 2019, la Sala Especial señaló que la orden décima novena no está sujeta a la existencia de los CTC, toda vez que su propósito es evitar la negación de los servicios a los que usuarios del sistema tienen derecho independientemente de que esten condicionados o no a la aprobación de dicho comité, en esa oportunidad, la Sala encontró que continuaban las situaciones de hecho que llevaron a proferir el mandato de la devolución de los dineros obtenidos sin justa causa, esto es, la negación de servicios, del entonces POS, hoy PBS, y especialmente aquellos financiados con la UPC, avizorándose que "en algo menos de tres años las negaciones de servicio PBS han superado a las estudiadas en el auto 411 de 2015, con el agravante de que a partir del tercer trimestre de 2017 no se han presentado reportes en RC", lo que adicionalmente denotó la inactividad de las autoridades competentes para contrarrestar tal situación.] - [Palabras claves: servicios, salud, ministerio, orden, recursos, información, registro, causa, devolución, tal, sala]

[Resumen automatizado: Mediante la sentencia T-500 del 4 de agosto 2017, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela instaurada por la Defensoría del Pueblo, actuando en representación del ciudadano Iván Darío Gutiérrez Rojas en nombre propio y de sus hijos menores de edad, contra la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consulado de Colombia en Hong Kong, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y la Oficina de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo. || SEGUNDO.- ORDENAR a ¡a Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos, que en el término de cinco días hábiles, a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva recomendación al Ministro de Justicia y del Derecho en los términos precisos del amparo concedido, sobre la solicitud de repatriación del ciudadano Iván Darlo Gutiérrez Rojas, teniendo en cuenta: (i) su derecho fundamental a la unidad familiar; (ii) los intereses superiores de sus hijos, menores de edad, Juan Ángel Gutiérrez Murcia y Diana Oliva Gutiérrez Díaz; (iii) la autorización dada por las autoridades de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China para su repatriación; (iv) el cumplimiento de los requisitos genéricos de traslado por repatriación; y (v) la posibilidad de que el solicitante sufrague los gastos inherentes al traslado.] - [Palabras claves: cumplimiento, sentencia, sala, ministerio, justicia, instancia, hijos, corte, comisión, juez, solicitud, ciudadano, edad, derecho, tribunal]

[Resumen automatizado: El 5 de octubre de 2018, una magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió "asumir el conocimiento" de la petición que presentó el señor Solano y solicitar información a distintas autoridades. || El 5 de agosto de 2019, el Juzgado Promiscuo del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Fe de Antioquia profirió un auto mediante el cual decidió remitir el proceso a la Corte Constitucional "para que dirima la colisión negativa de jurisdicción". || La Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para "dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones", de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241 de la Carta Política[10]. || En este caso, el Juzgado Promiscuo del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Fe de Antioquia es la única autoridad que se ha pronunciado sobre su competencia frente al proceso identificado con el No. 0504231890012014-00002, en este caso, en forma negativa. || Segundo.- REMITIR el expediente CJU-00053, así como los cuadernos del expediente penal No. 0504231890012014-00002, al Juzgado Promiscuo del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Fe de Antioquia para lo que corresponda. || Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones".] - [Palabras claves: competencia, corte, conflicto, constitucional, sala, asunto, autoridades, jurisdicción, dos, fe, santa, especial, paz, jurisdicciones]

[Resumen automatizado: En dicha audiencia manifestó que la competencia para conocer sobre los hechos que se discuten en el presente caso le corresponde a la jurisdicción ordinaria, toda vez que no existe un pronunciamiento por parte de la JEP en el que se avoque conocimiento del caso y el acta de sometimiento no tiene el efecto de suspender el proceso penal. || En el presente caso, la única autoridad que se había pronunciado, hasta el momento en que se sometió el asunto a conocimiento de ésta Corte, acerca de la facultad para conocer sobre los hechos investigados en el proceso penal, lo fue el Juzgado Setenta y Cuatro Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C. De igual manera, la Corte advierte que dicha autoridad judicial se limitó a reafirmar la competencia de la jurisdicción ordinaria y a remitir el expediente a la Corte sin que hasta ese momento se hubiera planteado, en estricto sentido, un conflicto de jurisdicción, desconociendo el trámite del artículo 54 del Código de Procedimiento Penal invocado por la defensa.] - [Palabras claves: competencia, conflicto, jurisdicción, jurisdicciones, penal, proceso, corte, jep, constitucional, defensa]

[Resumen automatizado: Se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación a este derecho constitucional fundamental por parte de la Sala de Revisión, "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”. || Para la Sala Plena de la Corte Constitucional las causales invocadas por la solicitud de nulidad no son de recibo, puesto que no se demuestra que la Sentencia haya incurrido en una violación de los derechos fundamentales del accionante que sea ostensible, probada, significativa y trascendental. || En la Sentencia SU-445 de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela de una persona que considera que los jueces laborales ordinarios, en apelación y en casación, desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y, a la seguridad social, y el principio de favorabilidad en materia laboral, al haber revocado la decisión del juez de primera instancia que sí los había reconocido.] - [Palabras claves: nulidad, corte, parte, sentencia, sala, derecho, tutela, solicitud, decisión, proceso, plena, debido, constitucional]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, resuelve la solicitud de prórroga del plazo dispuesto para el cumplimiento de la sentencia SU-096 de 2018 ampliado mediante auto 588 del 29 de octubre de 2019, presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social con fundamento en los siguientes, || Mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 22 de octubre de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó una prórroga de dos meses para culminar las acciones emprendidas para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia SU-096 de 2018. || Mediante Auto 588 del 29 de octubre de 2019 la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir competencia únicamente para resolver la solicitud de prórroga del plazo dispuesto para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia SU-096 de 2018, pedida por el Ministerio de Salud y Protección Salud en el asunto de la referencia. || Así las cosas, la solicitud de prórroga fue presentada de manera oportuna por el Ministerio de Salud y Protección Social, pues se radicó en la Secretaría de esta Corporación el 21 de febrero de 2020, esto es, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del auto que prorrogó el término.] - [Palabras claves: sentencia, ministerio, cumplimiento, prórroga, plazo, orden, proyecto, auto, derechos, meses, corte, tutela, término, protección, nuevo, solicitud]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente auto, con fundamento en los siguientes: || “EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga su veces para que definan, en el ámbito de sus competencias, un plan de acción que permita evacuar en el menor tiempo posible los procesos de extinción de dominio a los que cuales (sic) debe aplicarse la Ley 793 de 2002, por mandato de la transición ordenada en el artículo 217 del Código de Extinción de Dominio, de manera que personas que se encuentren en situación similar a la del señor Zúñiga Caballero les sea garantizado su derecho a un proceso de extinción de dominio dentro de un plazo razonable.”] - [Palabras claves: cumplimiento, instancia, corte, acción, proceso, juez, primera, tutela, dominio, sentencia, extinción, general, solicitud, sala, constitucional]

[Resumen automatizado: “…al confrontar los argumentos consignados en el escrito de la demanda con los presupuestos legales y jurisprudenciales referenciados, el Despacho sustanciador encuentra que la demanda incumple los requisitos previstos en el artículo 2 del Decreto Ley 2067 de 1991, disposición que establece que cuando los ciudadanos acuden a la jurisdicción constitucional mediante acción pública de inconstitucionalidad deben señalar: (i) el objeto demandado, (ii) las normas constitucionales que se reputan quebrantadas, (iii) el concepto de la violación, (iv) el trámite impuesto por la Carta Política para la expedición del acto demandado, así como la forma en que fue quebrantado, y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. || 7. Con todo, al no haberse recibido oportunamente escrito de corrección de la demanda dentro del término legal correspondiente, por Auto del 6 de febrero de 2020, esta fue rechazada y se informó a los demandantes que contra esta decisión procede el recurso de súplica ante la Sala Plena de la Corporación.] - [Palabras claves: demanda, dentro, ley, proceso, escrito, corte, magistrado, debido, enero, secretaría, término, plena, constitucional, sala, auto]

[Resumen automatizado: 3. En auto del 4 de febrero de 2020[6] la magistrada Cristina Pardo Schlesinger rechazó la demanda al considerar que la misma no cumple con ninguno de los requisitos formales exigidos en el artículo 2º del Decreto ley 2067 de 1991, pues de lo aportado por la accionante "resulta imposible extraer las normas que considera quebrantan la Constitución Política, como quiera que su inconformidad está dirigida a múltiples hechos y decisiones tanto de la justicia como del ejecutivo". || Señaló igualmente la sustanciadora que "lo más cercano con lo que puede identificarse el objeto de la demanda es que se interpone contra las sentencias '2010 a 2012' de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, asuntos sobre los cuales la Corte Constitucional no tiene ninguna competencia para pronunciarse de conformidad con el artículo 241 de la Constitución Política". || 4. Ahora bien, cuando se trata del rechazo de plano de las demandas de inconstitucionalidad, el Auto 602 de 2016 ratificó que, sin necesidad de inadmitir la demanda, en desarrollo de los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica, el inciso 4º del artículo 6º del Decreto ley 2067 de 1991 permite que se disponga de un rechazo de plano cuando la acusación recaiga sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales este Tribunal sea "manifiestamente incompetente" para proceder con su examen[20].] - [Palabras claves: corte, demanda, recurso, rechazo, auto, inconstitucionalidad, decreto, sala, debe, constitucional, cuales, razones, decisión, ley, requisitos]

[Resumen automatizado: Finalmente, sobre la falta de suficiencia, indicó que el demandante no expuso: (i) "por qué los comercializadores de productos locales carecen de límite alguno a la hora de deducir el impuesto de renta por concepto de gastos de publicidad"; (ii) "si existía compensación entre las situaciones, objetos o sujetos que quiere comparar la demanda" y (iii) "por qué debe descartarse la interpretación que considera que la norma demandada es una regla especial que aplica a casos concretos y distintos de los que se regulan bajo las reglas generales de la deducción del impuesto de renta". || Sobre la falta de especificidad, señaló que: (i) el inciso demandado limitó "la deducibilidad de las expensas derivadas de la publicidad, promoción y propaganda de estos bienes legalmente importados, sin una justificación que sustente el tratamiento desigual con los contribuyentes que comercializan los mismos bienes producidos localmente"; (ii) al importar legalmente los bienes mencionados, "el contribuyente comercializador de mercancía importada se [encuentra] en la misma situación que el comercializador local (...) en razón al pago de los derechos aduaneros, a saber el arancel y el IVA", y (iii) "la calificación de ciertas mercancías como bienes de contrabando masivo, correspondió a una delimitación objetiva realizada por el Gobierno Nacional (...), por lo que los mismos pueden corresponder a bienes que el contribuyente comercializador importe o adquiera localmente".] - [Palabras claves: bienes, demanda, contribuyentes, masivo, publicidad, impuesto, renta, si, productos, sala, gastos, magistrado, legalmente, falta]

[Resumen automatizado: Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el despacho del magistrado Gerardo Botero Zuluaga de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de conocer la acción de tutela interpuesta por Rafael Antonio González, en contra de la Secretaría General de la Corte Constitucional, con base en reglas de reparto. || El despacho del magistrado Gerardo Botero Zuluaga de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es la autoridad judicial que debe resolver la acción de tutela interpuesta por Rafael Antonio González, por cuanto es la primera autoridad con competencia a la cual le fue repartida. || Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3813 al despacho del magistrado Gerardo Botero Zuluaga de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para que inicie el trámite y profiera decisión de fondo respecto de la referida acción de tutela. || Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá que los conflictos de competencia en materia de tutela tienen que ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales señaladas en la Ley 270 de 1996, por lo cual, en futuros casos, deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: corte, tutela, sala, competencia, acción, justicia, suprema, bogotá, constitucional, reparto, autoridades, plena]

[Resumen automatizado: 3. Finalmente, la Sala Plena advertirá al Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || ADVERTIR al Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves: competencia, lugar, barranquilla, tutela, penal, bogotá, corte, acción, auto, municipal, control, garantías, autoridades, factor, debe]

[Resumen automatizado: Del contenido del informe anual: i) mejorar la caracterización de las tutelas examinadas para obtener resultados más específicos; es decir, documento de identidad, raza, sexo, edad, condición económica, etnia, régimen, domicilio, grupo poblacional, condición social, discapacidad, diagnóstico, estado gestante, discapacidad en menores y adultos y demás aspectos que considere relevantes para los análisis; ii) indicar cuál es el porcentaje de usuarios que presentan tutelas en salud y su promedio de radicación por día y mes; iii) evaluar el comportamiento de las acciones de tutelas según cada problema jurídico teniendo en cuenta lo dispuesto en el considerando 7.3.4. || Respecto de lo ordenado en el auto 590 de 2016, adujo que el Ministerio radicó ante la Defensoría del Pueblo el informe anual dentro del plazo establecido (31 de enero de 2018), sin embargo advirtió que se observaron algunas falencias: (i) no se especificó el promedio de radicación de las acciones de tutela por día y mes; (ii) no se dijo nada sobre el cumplimiento efectivo de las solicitudes por las cuales se presentaban las principales causas en la demora en la prestación o autorización de los servicios de salud; (iii) no envió información respecto de los problemas jurídicos de la sentencia T-760 de 2008 y; (iv) no tiene conocimiento sobre la conformación de una base de datos autónoma, precisa y eficaz a partir del año 2016.] - [Palabras claves: salud, acciones, servicios, derecho, tutela, año, mismo, sistema, sentencia, servicio, cumplimiento, medidas]

[Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, profiere el presente Auto, con fundamento en las siguientes, || No obstante lo anterior, la jurisprudencia también ha admitido que, en algunos casos excepcionales, en el texto de las providencias se incluyen expresiones que plantean verdaderas dudas sobre el alcance de la decisión, razón por la cual “la propia ley autoriza que, dentro del término de ejecutoria, a petición de parte o de oficio, se puedan aclarar en auto complementario frases o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos en la parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión.”[3] || En conclusión, la Corte ha establecido que la solicitud de aclaración de una providencia por ella proferida debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) “[que] el solicitante la presente, teniendo legitimación en la causa, dentro del término de ejecutoria de la providencia”[7] y (ii) “[que] verse sobre la parte resolutiva de la sentencia o sobre la parte motiva siempre y cuando influya de forma directa en la decisión, de manera que únicamente se aclara lo que ofrece una duda objetiva y razonable.”] - [Palabras claves: parte, providencia, subsidio, sentencia, auto, solicitud, escrito, créditos, proyecto, resolutiva, dentro, duda, anterior]

[Resumen automatizado: Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2020 ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, la señora Dolores Margarita Gnecco de Forero formuló recusación en contra de los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Diana Fajardo Rivera, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, dentro del proceso de acción pública de inconstitucionalidad radicado con el número D-13.255, en el que se demandó el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”. || En el mismo sentido, tampoco es procedente el nombramiento de conjueces para examinar la pertinencia de una recusación cuando se afecta la mayoría deliberatoria y decisoria, por al menos tres razones que fueron antes mencionadas, (i) la evaluación sobre la pertinencia es una etapa de procedibilidad preliminar que no analiza el fondo de las causales de recusación invocadas sino solo se limita a revisar condiciones formales de su aptitud; (ii) debe ponderarse la necesidad de nombrar conjueces en asuntos de tan alta trascendencia como lo son los procesos de constitucionalidad y (iii) así como el inciso 2º del artículo 28 del Decreto 2067 de 1991, permite que el pleno de la Corte decida la pertinencia de la recusación presentada contra todos los magistrados, con mayor razón debe aplicarse la misma lógica en los casos en los que la mayoría de los magistrados de la Sala Plena son recusados, pues la consecuencias que se generan son las mismas en uno y otro escenario, esto es, se descompone el quorum para deliberar y decidir y retarda la decisión de inconstitucionalidad de la norma que se está discutiendo.] - [Palabras claves: magistrados, corte, proceso, interés, causal, decisión, si, sala, debe, magistrado, intervención, inconstitucionalidad, plena, hechos]

[Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de adición de la Sentencia T-619 de 2019 presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones. || Por tanto, aunque reconoció que “Colpensiones tiene la posibilidad de recurrir al recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (…)” para atacar las providencias cuestionadas, lo cierto es que, en el caso concreto desplazó dicho mecanismo por la afectación al interés general causado con la consolidación de una prestación económica que se alega fue obtenida a partir de un abuso palmario del derecho y que exponía a dicha entidad a un perjuicio irremediable que repercutía en las finanzas públicas. || QUINTO: Legitimar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones para que pueda acudir directamente ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión (artículo 20 de la Ley 797 de 2003), con el propósito de controvertir las decisiones judiciales no solo en aquellos casos donde se discuta reliquidaciones de pensiones por IBL, si no en casos de reconocimiento de cualquier prestación pensional donde haya ocurrido un abuso del derecho”.] - [Palabras claves: revisión, solicitud, término, dentro, parte, presentada, corte, providencia, acción, sentencia, ley, sala, derecho]

[Resumen automatizado: Las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, proceden a pronunciarse sobre el impedimento manifestado por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, en el proceso de tutela de la referencia. || Mediante auto del 30 de octubre de 2019, la Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional, escogió para revisión el expediente de tutela de la referencia que, por sorteo, fue asignado al Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. || El 3 de febrero de 2020, el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo manifestó a las suscritas magistradas, integrantes de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, su impedimento para sustanciar y decidir el expediente T-7.622.400. || Mediante auto del 30 de octubre de 2019, la Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional, escogió para revisión el expediente de tutela de la referencia que, por reparto, le correspondió al Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. || DECLARAR que en el proceso de tutela con el número de radicado T-7.622.400, promovido por Julián Eduardo Peña López contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo se encuentra incurso en la causal de impedimento por tener interés en las resultas del proceso, establecida en el numeral 1° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.] - [Palabras claves: impedimento, proceso, interés, causal, magistrado, tutela, imparcialidad, corte, actuación, constitucional]

[Resumen automatizado: 1. El 21 de noviembre de 2016, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional profirió la sentencia T- 686 de 2017, dentro del expediente T-5.766.763, mediante la cual concedió el amparo del derecho fundamental del debido proceso al Distrito Capital - Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá y en consecuencia, dejó sin efectos todo lo actuado dentro del proceso de rendición provocada de cuentas No. 2006-1578 promovido por los asociados de ASONAVI contra el Distrito Capital Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá. || 3. El 17 de enero de 2020, el apoderado de la parte accionante dentro del proceso de rendición provocada de cuentas, pidió que (i) le fuera expedida copia del salvamento de voto manifestado por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez en la sentencia T-686 de 2017, dado que el mismo nunca se aportó dentro de los seis (6) días siguientes a la firma del fallo y (ii) que de oficio se declarara la nulidad absoluta de la sentencia T-686 de 2017, comoquiera que se violó el debido proceso, al no incorporarse en término el respectivo salvamento de voto. || Único.- RECHAZAR DE PLANO la solicitud presentada por el apoderado de la parte demandante dentro del proceso de rendición provocada de cuentas, acorde con lo expuesto en esta providencia.] - [Palabras claves: magistrado, corte, sentencia, proceso, constitucional, dentro, sala, nulidad, voto, plena, debido]

[Resumen automatizado: 1.- El día 30 de mayo de 2018, el Presidente del Senado de la República remitió a esta Corporación el Proyecto de Ley No. 206 de 2016 Senado 094 de 2015 Cámara, “por medio del cual se modifica el número de semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres”, iniciativa que fue objetada por inconstitucional por el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 165 y 166 de la Constitución Política. || 2.- Mediante auto del día 6 de junio de 2018, el magistrado sustanciador asumió el conocimiento del caso de y dio trámite al proceso, solicitando al Secretario General del Senado de la República y de la Cámara de Representantes la remisión de las siguientes pruebas, relativas al proceso de aprobación del proyecto de ley: (i) las gacetas del Congreso en las que fueron publicadas las objeciones gubernamentales; (ii) las gacetas en las que fueron publicadas las actas correspondientes a las sesiones plenarias en las que se realizó el anuncio, discusión y votación del informe de objeciones; (iii) la certificación sobre el sistema de votación y mayorías obtenidas, y número de votos a favor y en contra con que fue aprobado el informe en la plenaria de cada una de las cámaras.] - [Palabras claves: congreso, general, república, objeciones, cámara, representantes, corte, día, ley, auto, senado, noviembre, proyecto, plenaria, expediente]

[Resumen automatizado: Por lo anterior, el presente asunto llegó a manos del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué -Sala Penal-, quien de igual forma, se declaró incompetente para dirimir la controversia en cuestión, toda vez que señaló que la accionante relacionó en su escrito de tutela, para los fines de notificación de la misma, una dirección[5] ubicada en la ciudad de Medellín (Antioquia) y, adicionalmente, indicó que al tratarse de un derecho de petición, no se hace necesario que sea el superior funcional quien conozca de la presente; lo anterior, en consideración a un pronunciamiento de esta Corporación, que establece, entre otras cosas, que las normas de reparto de la acción de tutela no autorizan a los jueces de tutela a declararse incompetentes, toda vez que esto afectaría las características de celeridad e informalidad que revisten el trámite de tutela y los derechos que ésta busca salvaguardar. || Cuarto: ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, referidas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, competencia, distrito, judicial, tribunal, superior, sala, acción, reparto, decreto, lugar, reglas]

[Resumen automatizado: 3. El conocimiento de la tutela fue asignado al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Pamplona, que por medio de Auto del 10 de diciembre de 2019, decidió declarar conflicto negativo de competencia y remitir el asunto a esta Corporación para su resolución. || 4. Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Pamplona, autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación, que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[14]. || ADVERTIR al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Pamplona que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves: tutela, competencia, bogotá, municipal, acción, sala, autoridades, debe, corte, auto, corporación, factor, lugar]

[Resumen automatizado: 2. Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual, mediante Auto del 13 de noviembre de 2019[3], consideró que no era competente para asumir la acción de tutela interpuesta por Medimás EPS, puesto que: (i) en la misma se cuestionan distintos procesos ejecutivos y de cobro coactivo adelantados por autoridades ubicadas por fuera de su alcance jurisdiccional en los términos del factor territorial contemplado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (ii) algunas de las autoridades demandadas son de su mismo nivel jerárquico por lo que resulta contrario a las directrices fijadas en el Decreto 1983 de 2017 asumir el estudio de los casos en su contra. || 3. En cumplimiento del referido proveído, el proceso 5 fue asignado a la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la cual, a través de Auto del 18 de noviembre de 2019[4], dispuso devolver las diligencias al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, al estimar que este último era el competente para asumir el conocimiento del asunto, comoquiera que: (i) al tenor del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, es la autoridad del lugar donde tiene su domicilio la parte demandante, y (ii) las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, dada su naturaleza administrativa, no constituyen una razón válida para apartarse del conocimiento de un amparo.] - [Palabras claves: tutela, tribunal, competencia, autoridades, barranquilla, sala, procesos, bogotá, judiciales, lugar, auto, administrativo, superior, decreto, judicial]

[Resumen automatizado: También, se advertirá a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en este caso, la Sala Mixta de la misma corporación, para lo cual deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || Cuarto.- ADVERTIR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, referidas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, sala, competencia, reparto, superior, reglas, tribunal, acción, decreto, auto]

[Resumen automatizado: PRIMERO.- Como medida provisional para proteger los derechos invocados por Luis Camilo Osorio Isaza, en el expediente T-7.616.782, SUSPENDER los efectos del numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia de única instancia del 13 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, mientras se surte el trámite de la presente acción de tutela, para que la decisión que le corresponde adoptar a esta Corporación resulte eficaz en caso de resultar favorable a las pretensiones de la demanda. || TERCERO.- Como medida provisional para proteger los derechos invocados por Lyda Marcela Pérez Ramírez, en el expediente T-7.629.189, SUSPENDER los efectos de los numerales TERCERO, CUARTO Y QUINTO de la sentencia del 28 de septiembre de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, confirmada mediante sentencia del 3 de enero de 2019 por parte de la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, mientras se surte el trámite de la presente acción de tutela, para que la decisión que le corresponde adoptar a esta Corporación resulte eficaz en caso de resultar favorable a las pretensiones de la demanda.] - [Palabras claves: sentencia, tutela, estado, parte, consejo, efectos, derechos, expediente, general, que, tribunal, provisional, pago, sala, repetición, mediante, medida]

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el presente auto, de conformidad con los siguientes, || Finalmente, solicita que se aclare la orden quinta en el sentido de precisar si el comité de verificación de cumplimiento de los acuerdos pactados entre Carbones el Cerrejón, la comunidad de Tabaco y el Municipio (conformado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría) puede tomar acciones concretas en caso de encontrar vulneraciones al derecho fundamental a la consulta previa. || En lo referente a la segunda solicitud de aclaración, dirigida a “precisar” la orden tercera sobre el alcance de la “Red de desarrollo endógeno”, la Sala estima que tampoco amerita una aclaración, toda vez que en el texto de la providencia se explica que las medidas necesarias y adecuadas que deben tomarse en el espacio de participación para definir la reubicación y el restablecimiento de los derechos de la comunidad Tabaco, deberán tener en cuenta el contexto actual de la población afectada, sus costumbres, su patrimonio histórico y las necesidades sociales básicas que requieran (párrafo 6.10 del caso concreto).] - [Palabras claves: comunidad, consulta, aclaración, derecho, parte, sentencia, sala, previa, solicitud, providencia, derechos]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones en los que esté involucrado algún órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz, de conformidad con los artículos 241.11 de la Carta Política[1] y 70 de la Ley 1957 de 2019[2], en concordancia con la interpretación sistemática del ordenamiento superior desarrollada por este Tribunal en la Sentencia C-674 de 2017[3], al efectuar el control de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 del mismo año. || De conformidad con las consideraciones precedentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional estima que no se encuentran dados los presupuestos básicos para que se pueda entender configurado un conflicto de competencia entre jurisdicciones con ocasión al conocimiento del proceso penal identificado con radicado No. 11001600009620110007700[12], toda vez que dicha clase de colisiones “requiere la efectiva contención de autoridades judiciales de distinta jurisdicción que reclamen para sí o nieguen la competencia frente a determinado asunto”[13], lo cual no se presenta en esta oportunidad.] - [Palabras claves: competencia, conflicto, corte, autoridades, constitucional, jurisdicciones, jurisdicción, bogotá, sala, paz, dos, asunto, proceso]

[Resumen automatizado: 1. Mediante escritos remitidos el 12 de febrero de 2020, la abogada Natalia Bernal Cano formuló recusación contra los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo, con el fin de que se separen del conocimiento de los expedientes D-13225 y D-13255. || Con fundamento en los criterios anteriores, la Corte pasa a valorar las solicitudes de la ciudadana Natalia Bernal Cano con el propósito de determinar si hay lugar a abrir el incidente de recusación en contra de los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo. || Análisis del requisito de carga argumentativa en relación con la recusación presentada por la ciudadana Natalia Bernal Cano contra los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo || Tal y como se indicó en las consideraciones generales de esta providencia y se explicó en los Autos 333 de 2019 y 036 de 2020, que declararon impertinentes las 2 recusaciones previas formuladas por la ciudadana Natalia Bernal Cano, la recusación en contra de un Magistrado de la Corte Constitucional exige la presentación de argumentos claros, serios, coherentes y que correspondan a las causales previstas en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991.] - [Palabras claves: recusación, solicitud, magistrados, magistrado, trámite, decreto, pertinencia, demandante, corte, artículos, carga, si, causales]

[Resumen automatizado: En escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2019, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, manifestó su impedimento para rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición demandada, por considerar que se encuentra incurso en la causal consistente en tener interés directo en la decisión, prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991. || Mediante Auto 015 del 22 de enero de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó el impedimento presentado por el Procurador General de la Nación, al considerar que se configuraba un interés actual, personal y directo, que afecta la imparcialidad con que debe ejercerse esta función y la confianza que la ciudadanía debe tener respecto del ejercicio objetivo y desinteresado de las funciones públicas, en el trámite del control de constitucionalidad. || En el caso bajo estudio de la Sala Plena de la Corte Constitucional, el Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, alude recaer en él un interés directo respecto del resultado del proceso de control de constitucionalidad en el que, en virtud del impedimento aceptado al Procurador General, el Auto 015 de 2020 le corrió traslado para que fuera él quien rindiera el correspondiente concepto frente a la norma acusada.] - [Palabras claves: general, nación, viceprocurador, función, constitucionalidad, procurador, imparcialidad, corte, interés, concepto, debe, impedimento]

[Resumen automatizado: 2. La acción de tutela le fue asignada al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Oralidad y Control de Garantías de Sabaneta, el cual, mediante Auto del 17 de enero de 2020[2], dispuso remitir el expediente a la autoridad de reparto de los jueces municipales de Medellín, al considerar que dichos despachos son los competentes para asumir el conocimiento del asunto en razón a que el actor tiene su domicilio en tal ciudad y esa circunstancia les otorga la competencia para fallar por factor territorial. || 3. En consecuencia, tras un nuevo reparto, el estudio de la solicitud de amparo le correspondió al Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín, el cual, a través de Auto del 21 de enero de 2020[3], resolvió abstenerse de asumir el conocimiento de la acción de tutela y plantear un conflicto negativo de competencia ante este Tribunal, al estimar que la decisión del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Oralidad y Control de Garantías de Sabaneta se basó en una inadecuada interpretación de la competencia por factor territorial.] - [Palabras claves: competencia, tutela, acción, auto, factor, lugar, municipal, control, garantías, territorial, autoridades, constitucional, judiciales, tribunal]

[Resumen automatizado: Indicó que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la acción debía remitirse a los juzgados civiles municipales de Bogotá, pues ahí tenían su domicilio las accionadas: Ajover S.A., Serviola S.A.S., ARL Colpatria y EPS Famisanar. || Adicionalmente, se le advertirá al Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, municipal, acción, civil, competencia, lugar, bogotá, factor, corte, autoridades, auto]

[Resumen automatizado: En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 10 enero de 2019 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago y ordenará que se le remita el expediente ICC-3802, que contiene la acción de tutela presentada por el señor Rafael Arturo Moreno Correa contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de La Dorada, para que de forma inmediata inicie el trámite y profiera decisión de fondo, respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. || Tercero: ADVERTIR al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Dorada (Caldas) que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves: tutela, lugar, municipal, segundo, acción, competencia, corte, efectos, autoridades, factor, penal]

[Resumen automatizado: Mediante auto del 8 de marzo de 2011, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación ordenó "inmediatamente y por el medio más expedito y eficaz, notifíquese la sentencia dictada por la Honorable Corte Constitucional el 15 de diciembre de 2010 a DELFÍN DÍAZ TORRES y, a los herederos determinados del señor Arturo Andrade Useche, esto es, a CARLOS ARTURO, LUZ DARY, MARÍA STELLA, XIMENA DEL PILAR, DIANA ANDRADE RODRÍGUEZ Y MARÍA STELLA RODRÍGUEZ FUENTES".[2] Sin embargo existe constancia del mismo juzgado de conocimiento de que el señor Delfín solicitó copia íntegra de la providencia el 1º de marzo de 2011, entendiéndose notificado en esta fecha. || TERCERO: Por Secretaría General de esta Corporación, ORDENAR al señor Carlos Arturo Andrade Rodríguez y a sus hermanos herederos del señor Arturo Andrade Useche-, que informen al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación-Tolima, con copia a la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, las razones por las cuales no han dado cumplimiento a la orden impartida en la sentencia T-1049 de 2010.] - [Palabras claves: corte, constitucional, sentencia, sala, auto, revisión, cumplimiento, laboral, desacato, tutela]

[Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de nulidad formulada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante el trámite de revisión de la acción de tutela promovida por Fredy Armando Urón Freytter en contra del municipio de Murindó y otros. || Como ya se mencionó, a través del Auto 548 de 2019, esta Sala de Revisión ordenó la vinculación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al presente trámite, en atención al componente ambiental de la emergencia decretada en el municipio de Murindó que, por su magnitud, requirió de la acción articulada de distintas autoridades del orden nacional y departamental para conjurar sus efectos. || Según se advierte del informe secretarial visible a folio 350 del cuaderno de pruebas, en cumplimiento de lo ordenado en la anterior providencia, la Secretaría General de la Corte procedió a comunicar su contenido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Oficio No. OPT-A-2516 del 8 de octubre de 2019, que remitió por correo certificado a la Calle 37 No. 8-40 de la ciudad de Bogotá, dirección donde está ubicada la sede de ese ministerio.] - [Palabras claves: trámite, desarrollo, tutela, solicitud, municipio, general, ministerio, medio, sala, auto, nulidad, acción, proceso]

[Resumen automatizado: La acción de tutela fue negada en primera instancia por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, tras considerar que (i) de acuerdo con la Ley 89 de 1890, para tomar posesión solo se requiere ser reconocido “por la parcialidad ante el Cabildo cesante y la presencia del Alcalde del Distrito”; (ii) según la Sentencia T-979 de 2006, cualquier pronunciamiento del juez constitucional en relación con la conformación de los órganos de gobierno de las comunidades indígenas constituye una intromisión contraria al artículo 330 de la Constitución Política, pues esa determinación corresponde únicamente a la misma comunidad, por lo que en estos eventos resulta deseable que ésta desarrolle y fortalezca los mecanismos y procedimientos internos de resolución de conflictos; y (iii) de conformidad con el artículo 246 constitucional, es al interior de la autoridad del Cabildo, representado en la comunidad, donde deben plantearse y resolverse las situaciones que se debaten.] - [Palabras claves: cumplimiento, sentencia, comunidad, sala, parte, tribunal, ministerio, distrito, interior, gobernador, personas, censo, comité, corte, autoridades]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos establecidos en los artículos 49 del Decreto 2067 de 1991 y 106 del Acuerdo 02 de 2015, procede a decidir sobre la solicitud de nulidad presentada el 8 de noviembre de 2019 por el apoderado judicial del señor Édgar Antonio Ahumada Sabogal, contra la sentencia SU-397, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional el 29 de agosto de 2019. || Mediante oficio n.º B-1497/19 del 13 de noviembre de 2019, la Secretaría General de la Corte Constitucional solicitó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su condición de juez de tutela de primera instancia, que informara la fecha en la cual la Sentencia SU-397 de 2019 fue notificada a las partes. || Indicó que esta no satisface el requisito de oportunidad porque de acuerdo con la información telefónica suministrada por el Secretario General de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia fue notificada al accionante y a su apoderado judicial mediante telegramas remitidos a la oficina de este último el 7 de octubre de 2019.] - [Palabras claves: sala, corte, nulidad, suprema, solicitud, sentencia, penal, judicial, justicia, casación, constitucional, apoderado]

[Resumen automatizado: A juicio de la Sala Cuarta de Revisión, la sentencia SU-055 de 2018 no constituye un hecho nuevo respecto del caso concreto, contrario a lo indicado por el apoderado de la parte accionante, ya que no propone un cambio jurisprudencial drástico sobre la judicialización de los oficios que comunican los actos de restructuración de la planta global de los entes territoriales, sino que recoge la jurisprudencia de distintos fallos de tutela (T-446 de 2013, T-146 de 2014 y T-153 de 2015) y destaca la posición que era sostenida por el Consejo de Estado desde la sentencia del 4 de noviembre de 2010, a efectos de resaltar que desde esa época ya se había reconocido el carácter de acto administrativo particular y concreto susceptible de controvertirse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a ese tipo de comunicaciones, toda vez que ponen en conocimiento del interesado la finalización de su relación laboral, es decir, definen la situación jurídica de cada uno de los demandantes en relación con el departamento de Boyacá.] - [Palabras claves: sentencia, nulidad, constitucional, corte, proceso, debido, sala, solicitud, tutela, decisión, respecto, derecho, manera]

[Resumen automatizado: El accionante, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al considerar que desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y participación política, favorabilidad, confianza legítima y buena fe; al proferir las sentencias del 16 de noviembre de 2011 que declaró la pérdida de investidura; 20 de febrero de 2012, que anuló su elección como Representante a la Cámara por el departamento del Magdalena, periodo 2010-2014; y 2 de mayo de 2018 que resolvió el recurso extraordinario de revisión. || Mediante auto del 22 de noviembre de 2019, el Despacho señaló que a fin de contar con los elementos de prueba pertinentes y conducentes para resolver la cuestión puesta a consideración de esta Corporación, era preciso disponer de los expedientes contentivos de los procesos de pérdida de investidura, nulidad electoral y el recurso extraordinario de revisión, donde reposan las providencias que son objeto de la presente petición de amparo, por lo que fueron solicitados en calidad de préstamo a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los procesos Rad. 110010315000201500110-00 y 11001032800020100063-00.] - [Palabras claves: investidura, sala, consejo, plena, sentencia, pérdida, administrativo, corte, tutela, procesos, revisión, recurso, noviembre]

[Resumen automatizado: 2. Mediante Auto del 18 de diciembre de 2019, la magistrada Diana Fajardo Rivera estimó que la demanda no cumplía con los requisitos contemplados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, toda vez que el concepto de la violación planteado no satisfacía las exigencias argumentativas de certeza y especificidad necesarias para estructurar un cargo de inconstitucionalidad. || 3. Así pues, esta Sala ha expresado que cuando una demanda es rechazada por no haber sido subsanada dentro de los tres días que, al tenor del artículo 3º del Decreto 2067 de 1991, deben concedérsele al accionante para el efecto, el recurso de súplica únicamente es procedente para demostrar que, contrario a lo dispuesto por el magistrado sustanciador, el escrito de corrección sí fue presentado en dicho término. || 4. En la presente oportunidad, la Sala encuentra que el recurso de súplica fue presentado dentro del término de ejecutoria de la providencia que rechazó la demanda, comoquiera que la misma fue notificada mediante estado número 009 del 23 de enero de 2020, y el actor interpuso el escrito impugnatorio el 28 de enero siguiente, esto es, dentro de los tres días hábiles previstos para el efecto en el numeral 1º del artículo 50 del Acuerdo 02 de 2015.] - [Palabras claves: demanda, recurso, término, actor, decreto, escrito, enero, corte, auto, dentro, corrección, sala]

[Resumen automatizado: Recurso de súplica en contra del auto de 22 de enero de 2020, por medio del cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 27 de la Ley 1393 de 2010 || Al respecto, expuso que el magistrado Alberto Rojas Ríos no podía “inadmitir o en su defecto rechazar la demanda con fundamento en unos requisitos que no están previstos en la ley sustancial, esto es, el Decreto 2067 de 1991”. || El 22 de enero de 2020, el magistrado Alberto Rojas Ríos rechazó la demanda y puso “a disposición de la Secretaría General” el escrito de subsanación, a fin de que se “diera trámite al recurso de súplica”. || La jurisprudencia constitucional ha señalado que el recurso de súplica tiene por objeto “permitirle al actor obtener una revisión de la decisión tomada en el auto de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad”. || Por tanto, la Sala Plena confirmará el auto 22 de enero de 2020, proferido por el magistrado Alberto Rojas Ríos, por medio del cual rechazó la demanda identificada con el número de radicación D-13596. || Primero.- CONFIRMAR el auto de 22 de enero de 2020, proferido por el magistrado Alberto Rojas Ríos, por medio del cual rechazó la demanda identificada con el número de radicación D-13596.] - [Palabras claves: enero, demanda, requisitos, auto, medio, recurso, actor, magistrado, demandante, plena, corte, sala, derecho]

[Resumen automatizado: En su sentir, esta disposición “no tiene relación directa ni específica con los planes y programas de la Ley 1955 de 2019, violando la unidad de materia; desconoce los principios constitucionales de la autonomía de la voluntad privada, libre competencia y la libertad contractual al establecer que la comisión de los intermediarios queda sujeta: i) al arbitrio exclusivo de una de las partes, ii) al tope fijado por el Gobierno, iii) que la ARL cumpla con los deberes propios de cobertura de las prestaciones del sistema, y iv) que el pago se haya asignado, de modo específico, a los gastos administrativos de la ARL”. || Esto, por cuanto: i) “manda a que el Gobierno Nacional fije el tope máximo de las comisiones pagaderas a los intermediarios del sector asegurador en el ramo de riesgos laborales”; ii) sacrifica, con ello, los principios de la libertad de empresa y libre competencia, y iii) actúa de manera desproporcionada e irrazonable frente a los derechos consagrados en el artículo 333 Superior. || Frente al cargo por violación a la libertad de empresa, la autonomía privada y la libre competencia, los actores señalaron que se explicó con suficiencia: (a) el contenido del artículo 48 superior y su finalidad “aparente”; (b) los límites de la regulación legislativa en esta materia, y (c) las razones por las que la disposición demandada “rebasa” tales límites.] - [Palabras claves: seguridad, social, norma, auto, razones, demanda, ley, actores, recursos, disposición, seguros, riesgos, laborales, cargo, demandas, competencia, violación, nacional]

[Resumen automatizado: No obstante, esta autoridad judicial, mediante auto de 5 de noviembre de 2019, manifestó su impedimento para conocer y fallar la acción de tutela en segunda instancia, por cuanto los Magistrados que la componen integraron la Sala que conoció del amparo formulado por la Universidad del Valle contra la sentencia de tutela del 13 de agosto de 2019, dictada por el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali. || Surtido el trámite anterior, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia consideró que la competencia para resolver la acción de tutela de la referencia correspondía, en primera instancia, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, comoquiera que "la queja se dirige, exclusivamente, a cuestionar el prenotado amparo, que fue definido por el prenombrado Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento (sic) de Cali"[8]. || Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Sala de Decisión de Tutelas No. 3 tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 para declarar la nulidad de todo lo actuado por el juez de primera instancia y, en consecuencia, abstenerse de resolver la impugnación.] - [Palabras claves: sala, tutela, competencia, corte, suprema, decisión, casación, justicia, penal, acción, no]

[Resumen automatizado: Por lo anterior, el presente asunto llegó a manos del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís (Putumayo), ente judicial que, de igual forma, se declaró incompetente para dirimir la controversia en cuestión, toda vez que señaló que el accionante relacionó en su escrito de tutela, para los fines de notificación de la misma y de la solicitud en la que se funda la presunta vulneración, una dirección[5] ubicada en la ciudad de Pasto (Nariño), razón por la cual era el Juzgado remitente quien debía resolver la pretensión de amparo, al ser competente a prevención, pues la decisión del accionante de escoger esa municipalidad debe ser respetada. || En consecuencia, la Sala dejará sin efectos el Auto proferido el 29 de noviembre de 2019, por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto (Nariño), dentro de la acción de tutela formulada por Brayan Steven Ortiz Anacona, contra el Ejército Nacional de Colombia Dirección de Sanidad y remitirá el expediente ICC-3794 al mencionado despacho judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. || Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 29 de noviembre de 2019, que profirió el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto (Nariño), mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela formulada por el señor Brayan Steven Ortiz Anacona, contra el Ejército Nacional de Colombia Dirección de Sanidad.] - [Palabras claves: lugar, competencia, tutela, solicitud, factor, putumayo, administrativo, acción, segundo, auto, sala, conocer, prevención, magistrado]

[Resumen automatizado: 3. Debido a lo anterior, el plenario fue remitido al Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativá, el cual, a través de auto del 28 de noviembre de 2019[1], propuso un conflicto negativo de competencia ante la Sala Mixta Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, argumentando que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el superior funcional para efectos de conocer una acción de tutela, es el juez superior jerárquico, independientemente de la especialidad a la que pertenezca. || 5. De otro lado, advertirá al Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativá que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[18]. || Cuarto: ADVERTIR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativá que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: competencia, tutela, corte, reglas, reparto, acción, decreto, autoridades, judicial, judiciales, debe, administrativo, autoridad, materia, civil, constitucional]

[Resumen automatizado: PRIMERO.- Por Secretaría General, OFICIAR a la ciudadana Mónica Cecilia Medina Payares, parte demandante en el proceso de revisión del expediente T-7.662.457, para que en un término no mayor a diez (10) días, contados a partir de la comunicación de esta providencia judicial, suministre la información que considere necesaria sobre los siguientes numerales, la cual deberá ser remitida al magistrado sustanciador por medio físico o a través del correo institucional secretaria1@corteconstitucional.gov.co: || SEGUNDO.- Por Secretaría General, OFICIAR a la Empresa Heres Salud LTDA, parte demandada en el proceso de revisión del expediente T-7.662.457, para que en un término no mayor a diez (10) días, contados a partir de la comunicación del presente auto, resuelva los interrogantes planteados y envíe la documentación que considere necesaria, la cual deberá ser remitida al magistrado sustanciador por medio físico o al correo institucional secretaria1@corteconstitucional.gov.co: || TERCERO.- Por Secretaría General, OFICIAR al ciudadano Hernando Estrada Pacheco, parte demandada en el proceso de revisión del expediente T-7.662.457, para que en un término no mayor a diez (10) días, contados a partir de la comunicación del presente auto, suministre la información que considere necesaria sobre los siguientes numerales, la cual deberá ser remitida al magistrado sustanciador por medio físico o a través del correo institucional secretaria1@corteconstitucional.gov.co:] - [Palabras claves: empresa, proceso, quién, laboral, cargo, demandante, tutela, trabajo, información, ii, copia, parte, contados, días, violencia, magistrado, general, medio, persecución, secretaría]

[Resumen automatizado: Al respecto, precisó: “la afiliación del señor David Eutiquio Zea López al régimen de prima media administrado hoy por Colpensiones se dio una vez fue aceptada la conmutación pensional en la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011, pues con ello el Instituto de Seguros Sociales recibió el dinero correspondiente al cálculo actuarial allí descrito[9], adquiriendo la obligación de reconocer la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia, según las contingencias futuras del extrabajador de la extinta Frontino Gold. || Mediante Auto del 6 de diciembre de 2019, el magistrado sustanciador comunicó la iniciación del trámite de la solicitud de adición o aclaración y, en subsidio, de nulidad de la Sentencia T-257 de 2019, a David Eutiquio Zea López, Zandor Capital S.A. Colombia (hoy Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia), la Fiduciaria de Occidente S.A., Savia Salud EPSS y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, para que, si lo consideraban conveniente, intervinieran en el proceso en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de su comunicación.] - [Palabras claves: parte, nulidad, proceso, constitucional, invalidez, laboral, corte, sentencia, auto, pensión, sala, capacidad, solicitud, no]

[Resumen automatizado: El día 20 de enero de 2010, con fundamento en las solicitudes remitidas a este despacho por la accionante, en las que manifiesta la relevancia de que se realice una audiencia pública, el Magistrado sustanciador le solicitó a la Sala Plena que se convoque a audiencia pública en el presente asunto, en los términos de lo previsto en los artículos 12 del Decreto ley 2067 de 1991 y 5 y 67 del del Acuerdo 2 de 2015. || Mediante oficio remitido por la Secretaria General al despacho del Magistrado sustanciador, el día 23 de enero de 2020, se recibió el correo de la demandante de fecha 15 y 22 del mismo mes y año, en el que solicita “me dirijo a ustedes con el propósito de solicitarles una medida cautelar por medio la cual se ordene inmediatamente al Ministerio de Salud la suspensión de las prácticas legales de interrupción voluntaria del embarazo hasta que sean notificadas oficialmente las sentencias que serán proferidas antes del 14 de febrero (…)”. || Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que la nulidad se invoca con anterioridad a la sentencia (artículo 106 (a) del Acuerdo 02 de 2015), procederá la Sala Plena a rechazar por improcedente la solicitud de nulidad contra el proyecto de sentencia en los expedientes D-13255 y D-13225 formulada por la ciudadana Bernal Cano.] - [Palabras claves: corte, magistrado, proceso, solicitud, sentencia, nulidad, pública, constitucional, salud, sala, plena, el, fecha]

[Resumen automatizado: A través de escrito radicado el 27 de enero y ampliado el 4 de febrero ante la Secretaría General de la Corte, Natalia Bernal Cano formuló recusación contra el Magistrado de esta Corporación Alejandro Linares Cantillo para que se separe del conocimiento de los expedientes D-13225 y D-13255, en los que se estudia la constitucionalidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil y 122 del Código Penal. || Conforme al artículo 28 del Decreto Ley 2067 de 1991, corresponde a los demás magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional decidir si la recusación presentada contra uno de sus magistrados resulta pertinente. || Como se expuso en el auto A-333 de 2019 al resolver la primera solicitud de recusación presentada por la demandante en contra del magistrado sustanciador, se debe cumplir con una carga de claridad, seriedad y coherencia. || RECHAZAR por falta de pertinencia la recusación presentada contra el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, por la ciudadana Natalia Bernal Cano.] - [Palabras claves: recusación, magistrado, corte, sala, solicitud, causal, carga, objeto, plena, causales, decreto, incidente, pública, demandante]

[Resumen automatizado: Referencia: Recurso de súplica contra el auto del dieciséis (16) de enero de dos mil veinte (2020) que rechazó la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 83 (parcial) del Decreto Ley 020 de 2014 “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas”. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de aquella que le concede el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 50 del Acuerdo No. 02 de 2015, profiere el presente auto respecto del recurso de súplica interpuesto por el ciudadano Jairo Villegas Arbeláez, de acuerdo con los siguientes: || A pesar de esta indicación, considera el auto de rechazo, que el actor mantiene su escrito de corrección la misma base argumental, al “considerar que los servidores públicos diferentes a los de carrera administrativa no son sujetos de evaluación de mérito; plantea los mismos cargos contra las mismas normas; y no ofrece ningún replanteamiento que tome como punto de partida una lectura objetiva de la norma demandada.] - [Palabras claves: demanda, magistrado, norma, recurso, auto, rechazo, corte, constitucional, desempeño, carrera, debe, constitución, mil, dos, mérito]

[Resumen automatizado: Por una parte el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín (Antioquia) estimó que no era competente para conocer de la acción de tutela de la referencia por cuanto consideró que, en tanto la vulneración del derecho fundamental incoado ocurrió en el municipio de Rionegro, les corresponde a los jueces de dicho lugar conocer del trámite constitucional de la referencia, aunado al hecho de que la entidad accionada es del orden municipal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º Decreto 1983 de 2017. || 3. Así mismo, advertirá al Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro (Antioquia (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[14]] - [Palabras claves: civil, tutela, lugar, competencia, conocer, territorial, segundo, acción, debe, efectos, factor, autoridades, corte, constitucional]

[Resumen automatizado: Se presentó un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio invocó reglas de reparto para abstenerse de conocer la acción de tutela promovida por Crisanto Edilberto Carrillo Alvarado en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP. || 2. Así las cosas, esta Corporación dejará sin efectos el Auto del 13 de enero de 2020 proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio y, en consecuencia ordenará la remisión del expediente ICC-3799, que contiene la acción de tutela presentada por Crisanto Edilberto Carrillo Alvarado en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado. || SEGUNDO.- REMITIR el expediente ICC-3799, que contiene la acción de tutela presentada por Crisanto Edilberto Carrillo Alvarado en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.] - [Palabras claves: tutela, competencia, decreto, acción, reparto, municipal, corte, autoridades, magistrado, especial, auto, civil, reglas, constitucional, conocer, pensional]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que, si la acción de tutela interpuesta por Oswaldo Azael Martínez Delgado requería de medidas urgentes para la protección de sus derechos fundamentales y los de su hija menor de edad, debió el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto decretarlas de inmediato o resolver el asunto, en lugar de postergarlas al ordenar nuevamente el reparto del asunto a otro juez. || Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 20 de diciembre de 2019 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y remitirá el expediente ICC-3798 al mencionado despacho judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. || Asimismo, se advertirá al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto que en lo sucesivo, se abstenga de negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que le son repartidas, con base en argumentos distintos a los factores de asignación de competencia, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.] - [Palabras claves: tutela, competencia, administrativo, acción, plena, constitucional, sala, seguridad, corte, asunto, judicial, auto, factor, decisión, magistrado]

[Resumen automatizado: 2. La acción de tutela le fue asignada al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, el cual, mediante Auto del 11 de diciembre de 2019[2], dispuso remitir el expediente a la autoridad de reparto de los jueces civiles del circuito de la misma municipalidad, al considerar que dichos despachos son los competentes para asumir el conocimiento del asunto, de conformidad con la directrices fijadas en el Decreto 1983 de 2017, por ostentar la calidad de superiores jerárquicos funcionales del accionado. || 3. En consecuencia, el amparo le correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá, el cual, a través de Auto del 12 de diciembre de 2019[3], resolvió abstenerse de asumir el conocimiento de la acción de tutela y plantear conflicto negativo de competencia ante este Tribunal, al estimar que la decisión del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma localidad desconoce la naturaleza de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, pues a pesar de ser directrices administrativas de reparto las utilizó para apartarse del estudio del caso como si tuvieran el rango de normas legales de competencia.] - [Palabras claves: tutela, competencia, decreto, reparto, reglas, seguridad, auto, constitucional, acción, tribunal, conflictos, judiciales, autoridad]

[Resumen automatizado: Se suscitó un conflicto aparente de competencia, toda vez que el magistrado Luis Alonso Rico Puerta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia invocó reglas de reparto[13], para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta por Ruby del Carmen Riascos Vallejos en contra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y otro. || Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto proferido el 12 de noviembre de 2019 por el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela presentada por Ruby del Carmen Riascos Vallejos en contra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y la Dirección Seccional de Administración Judicial de la misma ciudad. || Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3795 al despacho del magistrado Luis Alonso Rico Puerta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que inicie el trámite y profiera decisión de fondo respecto de la referida acción de tutela.] - [Palabras claves: sala, corte, tutela, competencia, suprema, acción, justicia, magistrado, autoridad, civil, casación, superior, decreto]

[Resumen automatizado: Por una parte el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Cali estimó que no era competente para conocer de la acción de tutela de la referencia por cuanto consideró que, comoquiera que la accionada tiene su domicilio en el municipio de La Victoria (Valle), es allí donde tiene origen la vulneración del derecho que se reclama. || 3. Así mismo, advertirá al Juzgado Promiscuo Municipal de La Victoria (Valle) (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[15] || Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 28 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Cali mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela impetrada por el señor Héctor Gustavo Peralta Manzano contra la Alcaldía Municipal de La Victoria (Valle).] - [Palabras claves: tutela, municipal, civil, corte, competencia, lugar, factor, territorial, acción, debe, autoridad, conocer, autoridades]

[Resumen automatizado: La señora Angie Heaven López Gómez, en calidad de apoderada judicial de Leonor, Dilia, Alba Ruth, Pablo Emilio y José Edison Ocampo Gutiérrez, formuló acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), “seccional del departamento de Antioquia”, en procura de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso administrativo, dado que la entidad accionada presuntamente omitió dar respuesta al recurso de reposición que presentada por los demandantes. || Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 7 de noviembre de 2019 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, dentro del proceso de tutela promovido por Angie Heaven López Gómez, en calidad de apoderada judicial de Leonor, Dilia, Alba Ruth, Pablo Emilio y José Edison Ocampo Gutiérrez, formuló acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT). || DEJAR SIN EFECTOS el auto del 7 de noviembre de 2019, proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué (Tolima), dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Angie Heaven López Gómez, en calidad de apoderada judicial de Leonor, Dilia, Alba Ruth, Pablo Emilio y José Edison Ocampo Gutiérrez, formuló acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT).] - [Palabras claves: tutela, competencia, juzgado, factor, acción, ibagué, lugar, autoridad, ejecución, medellín, seguridad, penas, medidas, corte, expediente]

[Resumen automatizado: 4. Repartido el asunto, el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, en proveído del 6 de noviembre de 2019, declaró su falta de competencia para asumir el conocimiento de la acción de tutela promovida por la empresa Asesorías Solís SC S.A.S. la que actúa como representante judicial del señor Mario Augusto Henao Maya. || Por una parte, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira se declaró sin competencia para conocer del asunto, tras estimar que los competentes son las autoridades judiciales de Santa Rosa de Cabal, dado que en dicho ente territorial, se presenta la vulneración del derecho de petición, pues es allí donde se encuentra domiciliado el accionante. || 2. Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional dejará sin efectos el auto del 6 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá y ordenará la remisión del expediente ICC-3790, que contiene la acción de tutela presentada por Mario Augusto Henao Maya en contra de Reintegra S.A.S. para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.] - [Palabras claves: competencia, tutela, municipal, lugar, factor, santa, autoridades, acción, efectos, derecho, penal, territorial, debe, corte, auto]

[Resumen automatizado: 2. El 22 de noviembre de 2019, el Juzgado Undécimo Penal Municipal de Cartagena con Función de Control de Garantías, instancia a la que le correspondió por reparto el asunto, mediante oficio suscrito por su secretario informó que "dada la naturaleza del ente accionado este ente se percata que carece de competencia para conocer de la misma, por lo tanto se devuelve la carpeta contentiva de la acción constitucional para que esta sea repartida entre los juzgados del circuito[2]. || Asimismo, que la competencia de esta corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[9] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[10], tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: competencia, tutela, cartagena, reglas, acción, constitucional, corte, conflictos, reparto, municipal, penal, control, decreto, sala]

[Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a dictar el presente auto con fundamento en las siguientes || Por Secretaría General, VINCÚLESE al trámite de revisión de la acción de tutela de la referencia a las siguientes autoridades y entidades públicas: (i) Presidencia de la República; (ii) Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá); (iii) Defensoría del Pueblo (Regionales de Chocó y Urabá); (iv) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; (v) Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; (vi) Ministerio de Defensa-Ejército Nacional (vii) Universidad Nacional de Colombia; (viii) Contraloría Departamental de Antioquia; y (ix) Empresa de Servicios Públicos de Murindó SAS ESP. || El 21 de enero de 2020, la Secretaría General remitió al despacho del magistrado sustanciador escrito firmado por Luz Stella Camacho Gómez, apoderada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el cual solicita que se declare la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda de tutela, con fundamento en que no se realizó, en debida forma, la notificación personal de la acción constitucional, ya que “se omitió el envío de la demanda y sus anexos […] resultando imposible para la entidad elaborar la política de defesa en el caso concreto”.] - [Palabras claves: pruebas, antioquia, tutela, sala, cuaderno, general, medio, municipio, acción, nacional, partir]

[Resumen automatizado: A través de Resolución del 3 de abril de 2019 la Sala de Amnistía e Indulto (en adelante SAI) de la JEP, en relación con el trámite identificado en la jurisdicción ordinaria con el radicado No. 2017-00288[1], decidió negar la pretensión de amnistía o indulto del señor Conrado de Jesús Rojas Ochoa en relación con los hechos de secuestro extorsivo investigados, pues consideró que si bien se logró acreditar que (i) éste en efecto hacía parte de las FARC-EP, en específico el frente IX y se encuentra incluido dentro del listado aceptado por el Alto Comisionado para la Paz (Resolución 01 del 27 de febrero de 2017); y (ii) existe una relación de causalidad entre la conducta investigada y el desarrollo del conflicto armado interno; lo cierto es que (iii) los hechos objeto de la investigación penal, esto es, el secuestro extorsivo ejecutado puede ser catalogado como una “privación grave de la libertad” o como “toma de rehenes”, conductas para las que la Ley 1820 de 2016 excluyó expresamente la posibilidad de conceder la amnistía.] - [Palabras claves: competencia, jurisdicciones, conflicto, sala, corte, jurisdicción, autoridades, especial, penal, jep, paz, parte, asunto, no]

[Resumen automatizado: 1. El 6 de diciembre de 2019, Hugo Palacios Mejía presentó recurso de súplica contra el Auto del 29 de noviembre de 2019, proferido por el magistrado Carlos Bernal Pulido, mediante el cual rechazó la demanda D-13541 interpuesta en contra del artículo 296 de la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'” respecto del pretendido cargo segundo por vulneración al principio de unidad y materia y el principio democrático. || “al contrario de lo que dice el auto del 29 de noviembre, el estándar de cumplimiento que plantea la demanda corregida cuando enuncia 'el problema constitucional' en el segundo cargo sigue, casi que literalmente, la jurisprudencia de la Corte, según las sentencias C-376 de 2008 (ponente Monroy), C-016 de 2016 (ponente Linares) y C-092 de 2018 (ponente Rojas Ríos) en cuanto a la unidad de materia. || 7. En consecuencia, la Sala Plena confirmará el Auto del 29 de noviembre de 2019, proferido por el Magistrado Carlos Bernal Pulido, mediante el cual rechazó el segundo cargo de la demanda interpuesta por Hugo Palacios Mejía, en el expediente bajo radicado D-13541.] - [Palabras claves: demanda, cargo, principio, recurso, sala, unidad, objetivos, materia, segundo, auto, constitucional, plena, debe, noviembre, magistrado]

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere este auto con fundamento en los siguientes: || El 20 de septiembre de 2019, la señora Narváez acudió al juez de tutela para solicitar que le ordene a la EPS accionada el suministro de guantes quirúrgicos, pañales, crema antipañalitis[4], pañitos húmedos y tapabocas para el tratamiento del menor de edad, así como la exoneración de pagos moderadores, de costos médicos y la atención de modo integral para Juan José. || ORDENAR a EMSANAR EPS que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de esta decisión, programe la revisión de la historia clínica por parte del médico tratante de Juan José Meléndez Narváez para efecto de que este determine la cantidad de los guantes quirúrgicos, pañales, crema antipañalitis, pañitos húmedos y tapabocas pedidos por la madre del niño, que amerita su tratamiento en condiciones dignas.] - [Palabras claves: tutela, madre, niño, salud, tratamiento, juez, edad, menor, constitucional, la, derechos, acción, servicios, través, debe]

[Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución Política, los ciudadanos Diana Fabiola Millán Suárez y Pedro Alirio Quintero Sandoval, actuando mediante apoderado judicial, solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 82, 185, 186, 187, 188 y 218 del Decreto Ley 262 de 2000,"Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos". || En escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2019, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, manifestó su impedimento para rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición demandada, por considerar que se encuentra incurso en la causal consistente en tener interés directo en la decisión, prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991. || En el caso bajo estudio de la Sala Plena de la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, alude un interés directo respecto del concepto que emita ante la Corte Constitucional frente a la norma acusada, por tratarse de una disposición que en este momento lo faculta para nombrar a servidores públicos en provisionalidad y que, de prosperar la demanda, lo privaría de dicha facultad.] - [Palabras claves: general, procurador, nación, imparcialidad, corte, constitucional, constitucionalidad, proceso, auto, decreto, interés, función, debe, ejercicio]

[Resumen automatizado: 6. Debido a que la documentación enviada por el Congreso de la República estaba incompleta, mediante Auto No. 438 del 6 de agosto de 2019, la Sala Plena de esta Corporación ordenó al Secretario General del Senado de la República y al Secretario General de la Cámara de Representantes remitir a la "Corte Constitucional las Gacetas del Congreso de la República en las que se publicó el trámite legislativo del texto rehecho del proyecto de ley No. 54 de 2015 Senado- 267 de 2016 Cámara, así como las actas en las que consten la forma en que se surtió en detalle el procedimiento, los textos, los anuncios, citaciones, las publicaciones, las discusiones, la aprobación de informes de ponentes, la certificación sobre el quorum deliberativo y decisorio y, sobre los resultados de las votaciones". || Oficio SGE-SC-4541-2019 del 22 de noviembre de 2019, mediante el cual, el Secretario General del Senado de la República remitió nuevamente, copia de la Gaceta del Congreso No. 559 del 17 de junio de 2019, en la cual se publicó ante esa cámara el informe del texto rehecho al Proyecto de Ley No. 54 de 2015 Senado- 267 de 2016 Cámara, "Por el cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del país y se dictan otras disposiciones".] - [Palabras claves: cámara, senado, no, congreso, general, república, ley, constitucional, secretario, representantes, corte, proyecto, texto]

[Resumen automatizado: Que en la misma sesión, la Sala Plena al considerar la relevancia de los autos de fecha 17 y 20 de enero de 2020, y con el objetivo de garantizar la transparencia y el debido proceso[12], ordenará correr traslado de los conceptos de expertos[13], a la demandante, al Procurador General de la Nación, y a los intervinientes en oportunidad en el proceso de la referencia, para que en un término de 3 días hábiles, si lo estiman conveniente, se pronuncien sobre su contenido. || SEGUNDO.- A partir del día lunes 3 de febrero de 2020, por Secretaría General de esta Corte, CÓRRASE TRASLADO de los conceptos técnicos allegados hasta el viernes 31 de enero de 2020 a las 5:00 p.m., a la demandante, al Procurador General de la Nación, y a los intervinientes en oportunidad en el presente proceso, para que en un término de tres (3) días hábiles, si lo estiman conveniente, se pronuncien sobre su contenido. || [5] Decreto 2067 de 1991, artículo 13 (inciso primero): "El magistrado sustanciador podrá invitar a entidades públicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito que será público, su concepto sobre puntos relevantes para la elaboración del proyecto de fallo.] - [Palabras claves: magistrado, audiencia, que, plena, corte, proceso, derecho, octubre, sala, enero, pública, general]

[Resumen automatizado: Referencia: Recurso de súplica formulado contra el Auto del veintinueve (29) de noviembre de 2019 proferido por el Magistrado Carlos Bernal Pulido que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por Jesús Alfredo Rey Córdoba. || El 6 de diciembre de 2019, Jesús Alfredo Rey Córdoba interpuso dentro del término establecido,[1] recurso de súplica contra el Auto del 29 de noviembre del 2019, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra artículo 327 de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal".[2] || El 7 de noviembre de 2019, el magistrado sustanciador Carlos Bernal Pulido, mediante Auto, decidió inadmitir la demanda de inconstitucionalidad formulada, debido a que los cargos presentados carecen de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.[10] El accionante presentó escrito de corrección de la demanda, dentro del término de ejecutoria.] - [Palabras claves: demanda, auto, inconstitucionalidad, razones, constitucional, escrito, sala, corte, fundamento, noviembre, jurídico, recurso, plena, rechazo]

[Resumen automatizado: 2. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 28 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado 45 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá en el marco del trámite de la acción de tutela de Norberto Monroy Quiroz contra Cointelco S.A. En consecuencia, remitirá el expediente ICC-3787 a dicha autoridad judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar. || 3. Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado 11 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación, que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[21].] - [Palabras claves: tutela, acción, bogotá, auto, corte, competencia, constitucional, autoridades, corporación, debe, judicial, materia]

[Resumen automatizado: En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto proferido el 14 de noviembre de 2019 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá y ordenará que se le remita el expediente del ICC 3786 para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera decisión de fondo, respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. || Finalmente, se le advertirá al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || Cuarto.- ADVERTIR al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Tuluá (Valle del Cauca), que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.] - [Palabras claves: tutela, competencia, sala, acción, corte, autoridades, auto, conflictos, reglas, reparto, constitucional, plena]

[Resumen automatizado: Dicha autoridad consideró que el asunto era competencia del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca), debido a que el accionante se encuentra domiciliado en dicho Municipio y, por tanto, ese es el lugar donde se surten los efectos de la presunta vulneración de derechos fundamentales. || 5. Finalmente, se advertirá al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Causas Mixtas con Funciones de Conocimiento de Barranquilla autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[16]. || Tercero: ADVERTIR al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Causas Mixtas con Funciones de Conocimiento de Barranquilla que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.] - [Palabras claves: lugar, tutela, competencia, municipal, penal, sala, segundo, corte, autoridades, barranquilla, acción, efectos, corporación, factor, magistrado]

[Resumen automatizado: 4. Una vez remitido el asunto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto por medio de Auto del 8 de noviembre de 2019 consideró que el presente asunto se trata de un conflicto negativo de competencia suscitado entre una autoridad de las jurisdicción contencioso administrativa y otra de la jurisdicción ordinaria, razón por la cual, el competente para resolver la colisión es la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con los previsto en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996. || 1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto invocó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta por la señora Viviana Benavides Rodríguez. || 3. Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pasto y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto que siempre que consideren que existe un conflicto de competencia en materia de tutela observen las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[10].] - [Palabras claves: competencia, tutela, acción, sala, manera, reparto, constitucional, auto, reglas, asunto, materia, autoridades, administrativo]

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver una petición relacionada con la Sentencia T-601 de 2016, formulada por el señor Manuel Pretelt de la Vega, quien actúa en calidad de representante legal de la sociedad Hacienda Boca del Arroyo S.A., con fundamento en los siguientes: || El 19 de diciembre de 2019, el señor Manuel Pretelt de la Vega, en su condición de representante legal de la sociedad Hacienda Boca del Arroyo S.A., formuló ante esta Corporación incidente de desacato en contra de la Agencia Nacional de Tierras, el Superintendente de Notariado y Registro y el Gerente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con fundamento en el aparente incumplimiento de algunos aspectos de la sentencia T-601 de 2016 por parte de las entidades enunciadas.] - [Palabras claves: corte, incidente, instancia, hacienda, desacato, tutela, cumplimiento, juez, propiedad, solicitud, competencia, constitucional, primera, legal, parte, sociedad]

La competencia de la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de las órdenes de tutela y la diferencia entre este mecanismo y el incidente de desacato. El Decreto 2591 de 1991 tiene previstos dos tipos de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las órdenes emitidas en las sentencias de tutela: (i) el cumplimiento del fallo y (ii) la imposición de sanciones a quien sea renuente en su cumplimiento, mediante el incidente de desacato. En relación con el cumplimiento, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, establece que mediante este trámite el juez podrá requerir a la autoridad responsable, o a su superior jerárquico para que, a través de todas las herramientas que tenga en su poder, dé cumplimiento inmediato a las órdenes emitidas en el fallo de tutela. Por su parte, el incidente de desacato, previsto en el artículo 57 del citado Decreto 2591 de 1991, es un trámite procesal previsto para forzar el cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela y que puede conducir a la imposición de una sanción a la persona que, en efecto, incumple con la orden fijada en la sentencia de tutela. Pese a que se trata de instituciones diferentes, esa distinción no excluye el hecho de que, estas figuras converjan en dos aspectos concretos: (i) ambos trámites tienen origen lógicamente en el incumplimiento de la orden de tutela, y (ii) la finalidad de ambos es conminar al cumplimiento de la orden emitida por el juez constitucional en la sentencia de tutela - [Resumen automatizado: El 25 de agosto de 2015, el señor Juan Carlos Echeverría Pisciotti, apoderado de la señora María Carolina Díaz, solicitó a la Corte Constitucional: (i) notificarlo de todas las actuaciones surtidas al interior del trámite de seguimiento para ejercer su derecho de contradicción; (ii) al momento de proferir una decisión definitiva, tener en consideración los vínculos políticos que unen a las familias Crissien y Char; (iii) ordenar, a cargo del Distrito de Barraquilla, la revisión de los peritajes por ingenieros de confianza de los cobijados por la sentencia; (iv) autorizar a los habitantes del Conjunto Residencial "Ciudad del Sol 1" acceso ilimitado a la información y a los adelantos; y (v) ordenar el cumplimiento del pago de arriendos. || Precisamente, en el auto 219 de 2012 dictado en el marco del cumplimiento de la referencia por parte de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de ese momento, se estableció con certeza que la Sala se iba a centrar en verificar el cumplimiento de las órdenes sexta y séptima de la sentencia T-970 de 2009 y, de hecho en ese mismo año, consideró que la constructora accionada ya había cumplido con la obligación de contratar un peritaje para efectos de determinar si la estructura y los asentamientos del Conjunto Residencial "Ciudad del Sol I" cumplían con los parámetros previstos en las normas colombianas de sismo resistencia, y si garantizaban o no la vida y seguridad actual y futura de sus ocupantes (orden sexta).] - [Palabras claves: corte, sentencia, barranquilla, i, constitucional, tutela, acción, sala, cumplimiento, orden, si, conjunto, órdenes, juez]

[Resumen automatizado: Ahora bien, puesto que corresponde a esta Sala Especial de Seguimiento asegurar el cumplimiento de sus órdenes y que se garantice el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, en especial los derechos a la autonomía, representación y participación de las comunidades en la elección de sus autoridades étnicoterritoriales, se solicitará al representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó y al director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior presentar un informe individual en el cual indiquen: || Primero.- SOLICITAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, al representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó presentar un informe individual en el cual responda los interrogantes formulados en el fundamento jurídico quinto de la presente providencia. || Tercero.- SOLICITAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo informar a esta Sala Especial de Seguimiento cuál fue apoyo y acompañamiento brindado a las comunidades del Consejo Comunitario de Curvaradó en la elección de sus autoridades étnicoterritoriales y en la adopción de su reglamento interno.] - [Palabras claves: consejo, auto, general, comunidades, asamblea, corte, sala, legal, constitucional, especial, reglamento, convocatoria, representante, interno, cumplimiento]

[Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, || SEGUNDO.- ORDENAR que, por Secretaría General de esta Corporación, se oficie a la Fundación Ciudadela Divino Niño para que, en un término no mayor a tres (3) días contados a partir de la comunicación del presente auto proceda a informar: (i) si efectivamente la señora Mariluz Bonilla fue abandonada en dicha institución desde noviembre de 1992; (ii) si la señora Bonilla ha recibido algún tratamiento médico de parte de Saludvida EPS u otra empresa promotora de salud; y (iii) si a la fecha, y en los términos de la Ley 1996 de 2019[2], la señora Bonilla cuenta con una persona de apoyo o un defensor personal que la represente. || QUINTO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se oficie a la Alcaldía Municipal de Ibagué, Tolima, que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, se sirva informar a esta Corporación, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, si ha adelantado algún tipo de actuación encaminada a la inscripción de la señora Mariluz Bonilla en una de las EPS que operan en el Municipio.] - [Palabras claves: tutela, días, que, término, si, corporación, general, tres, secretaría, petición, dicha, sala]

[Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el siguiente || 2.