Se mantiene fallo que absolvió a la nación por atentado de las FARC en la Guajira. El Consejo de Estado ratificó que la Nación no está obligada a reparar colectivamente a las víctimas de un atentado terrorista protagonizado por las FARC contra un oleoducto en Ríohacha (Guajira) hace 19 años. La corporación negó una acción de tutela que buscaba dejar sin efectos la sentencia que absolvió al Ministerio de Minas y Energía y a la empresa Promigas por estos hechos. Según los accionantes, la decisión que revocó la reparación grupal violó sus derechos fundamentales, pues, a su juicio, se desconoció el precedente jurisprudencial que reconoce el riesgo excepcional, que se materializa cuando se produce un atentado terrorista. El Consejo de Estado no accedió a las pretensiones de la tutela. Sostuvo que el daño fue causado por la acción de un tercero, en este caso las FARC, y no por la materialización del riesgo que debía administrarse por una actividad peligrosa, que, para el caso, lo constituía la conducción del gas. A juicio de la alta corte, la acción de revisión no dejó de lado la valoración de las pruebas necesarias para examinar el caso, ni se excedió en competencias al revocar la condena a las entidades demandadas. Finalmente, precisó que aun cuando los demandantes señalen que en el fallo de revisión no se unificó jurisprudencia, la realidad del proceso muestra lo contrario; basta con que se exprese una razón de la decisión para crear el precedente

¿Es responsable el Estado por hechos de terceros, cuando una masacre ha estado precedida de una estigmatización de la población civil, a la que ha contribuido la fuerza pública? Para la Sala se encuentra acreditado en este caso, que la fuerza pública contribuyó a hacer efectiva la escala de valor del grupo irregular y alimentó la consolidación del estigma contra el pueblo de labranza grande y contra las víctimas mortales de la masacre de La Sarna. Las pruebas acreditan que agentes del Estado facilitaron información que llevó a los ejecutores a la convicción de que estaban frente a colaboradores de la guerrilla, aunque en realidad resultaron ser civiles que no participaban en las hostilidades. Por regla general, los daños ocasionados directamente por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, el hecho de que un detrimento provenga de un acto material efectuado por un tercero ajeno al Estado no imposibilita definitivamente su atribución a este último. Si la conducta estatal por acción u omisión, en efecto, contribuye de manera eficiente y adecuada al daño cuya reparación se demanda, puede imputársele su producción y, en consecuencia, la obligación de repararlo

¿Es posible atribuir responsabilidad al Estado por los daños ocasionados por una mina antipersona que no tenía conocimiento de su existencia? Responsabilidad del estado por hechos atribuibles a terceros. En lo que se imputa a la administración una omisión derivada del incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. No obstante, los hechos hasta acá revelados no permiten establecer, por sí solos, la presencia de una falla en la prestación del servicio, atribuible al Ejército Nacional, por haber omitido supuestamente detectar y desactivar la mina. El demandado no tenía que sospechar ni había sido informado (si lo fue, eso no se probó) de la existencia de artefactos explosivos en el sitio de los sucesos, que lo obligara a demarcar ese específico terreno o sitio, prestar vigilancia y proteger el área, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil, pues, pese a que se trataba de una zona con presencia militar y guerrillera, ello no obligaba, per se, a que la Fuerza Pública realizara allí labores de desminado, a lo cual se suma, como quedó visto, que la vereda El Desierto era boscosa y su terreno quebrado y, por ende, de no muy fácil acceso y, además, no había las condiciones de seguridad para hacerlo

¿Puede declararse la configuración del hecho de un tercero cuando la toma está dirigida directamente contra la población, aunque la misma haya sida anunciada con anterioridad y los miembros de la fuerza pública tuviesen conocimiento sobre su posible materialización? No, debido a la posición de garante que funge el ejército nacional frente a sus asegurados

¿El hecho de no aportar copia del folio de matrícula inmobiliaria para acreditar el derecho de dominio sobre un bien que ha sufrido daños imputables a la responsabilidad del Estado desacredita la legitimación en la causa de quién alega su derecho? No, sobre el particular cabe precisar que si bien, la demandante no aportó copia del folio de matrícula inmobiliaria que la acreditara como propietaria del inmueble, ni del certificado de existencia y representación del establecimiento de comercio, en el caso sub judice, ello no es óbice para tenerla como legitimada para actuar, toda vez que además de estar demostrado que el predio le fue adjudicado, según los testigos construyó su vivienda en él y allí también operaba su establecimiento de comercio. Además, debe tenerse en cuenta que según el artículo 2342 del Código Civil, está legitimado para acceder a la indemnización por responsabilidad extra contractual, "no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso". En igual sentido, por tratarse de un caso de graves violaciones a los derechos humanos, no pueden las normas de la legislación civil constituir un obstáculo o valladar alguno que impida acceder a la reparación de los derechos conculcados

Se configura falla en el servicio por demora en la implementación de medidas preventivas en materia ambiental que hubieran evitado la inundación de predios - La tardanza en la implementación de las medidas necesarias para prevenir el daño que ocasionarían las obras irregularmente ejecutadas, le resultan atribuibles a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- a título de falla en el servicio, ya que a esta entidad le asistía el deber de garantizar que los trabajos allí adelantados cumplieran con los requisitos contenidos en las normas ambientales precisamente para evitar consecuencias negativas en el entorno a causa de las labores de relleno del predio. Así las cosas, la Sala revocará la sentencia apelada para declarar la responsabilidad solidaria de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

¿Es posible imputar a las entidades estatales el daño causado por el hecho de sus contratistas? - Sí, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha puntualizado que es posible imputar a las entidades estatales el daño causado por el hecho de sus contratistas, puesto que se tiene suficientemente establecido y jurisprudencialmente averiguado que cuando la Administración contrata a un tercero para la ejecución de una obra a través de la cual va a prestar un servicio público, es tanto como si la referida entidad la ejecutara directamente

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable al Instituto Nacional de Vías, por la muerte de un ciudadano en un accidente de tránsito cuando se desplazaba entre Briceño y Chocontá, la colisión se produjo como consecuencia de la inexistencia de señalización en la vía y la falta de advertencia a los conductores, sobre el riesgo que ofrecía el desplazamiento en la carretera debido a que se encontraba lisa y resbalosa por trabajos de sellado de grietas que se habían realizado con anterioridad. De las pruebas aportadas al proceso se estableció claramente que no se configuró la causal eximente de responsabilidad, el hecho de un tercero, que alegaba la entidad demandada. Daño antijurídico. Responsabilidad subjetiva por falla del servicio. Responsabilidad extracontractual del Estado

Se declara la responsabilidad patrimonial de la Nación por la muerte del Juez Promiscuo Municipal de Cumbal, por omisión derivada del incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo, porque falló el deber de protección y seguridad que la fuerza pública tenía que prestar al funcionario por haber sido amenazado por un grupo subversivo. Acreditación del daño antijurídico. Imputabilidad del daño antijurídico a la entidad demandada. Responsabilidad patrimonial del Estado. Hecho de un tercero no siempre configura una causa extraña para exonerar de responsabilidad a la administración. Reiteración jurisprudencial. Acción u omisión de un tercero imputable al estado - Imputabilidad por omisión. Previsibilidad de la Administración Pública en la producción de un hecho dañoso y en la no adopción de las medidas necesarias para evitarlo. Tasación perjuicio moral. Pauta jurisprudencial. Se fija en salarios mínimos legales mensuales vigentes

El Consejo de Estado declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación. Ministerio de Defensa. Policía Nacional, por los daños causados a los demandantes como consecuencia de una onda explosiva que afectó sus inmuebles y ocasionó serias lesiones a varias personas, al ser activado un artefacto que fue abandonado en la Unidad de Policía Judicial del municipio de Chiquinquirá. Regímenes de responsabilidad aplicables frente a daños causados por terceros en atentados terroristas y hechos violentos. Responsabilidad del Estado por falla en el servicio derivada de la omisión de la Policía Nacional. Relación causal adecuada entre la omisión de la administración y la producción del daño. Omisión del deber constitucional y legal de procurar la protección, el bienestar y la tranquilidad de la población civil

Accidente en parque arqueológico. Piedras de Tunja. Título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. Responsabilidad patrimonial del Estado. No se configuró la responsabilidad patrimonial del Estado porque el daño antijurídico no es imputable a las entidades demandadas, por configurarse la causal eximente de responsabilidad, hecho de un tercero. Imputabilidad del daño antijurídico. Causal eximente de responsabilidad. Hecho de un tercero

Valor probatorio de la prueba trasladada. Se puede valorar la prueba testimonial trasladada, cuando los testimonios han sido objeto de ratificación. Hecho exclusivo de un tercero como eximente de responsabilidad. Los hechos que dieron lugar al daño fueron producidos por el actuar de un grupo armado ilegal, que ingresó a las veredas de un municipio, causando la muerte a tres personas y no se demostró participación de miembros del Ejército Nacional, en la producción de los daños cuya reparación se reclama. No existe criterio de imputación material, que permita vincular la conducta o comportamiento de la administración con los actos o hechos desencadenantes del daño, en consecuencia él no le es imputable al Estado, como quiera que el resultado, de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso sólo puede ser atribuido a la conducta de un tercero.

Valor probatorio de las prueba trasladada. La copia del fallo disciplinario constituye prueba documental de excepcional importancia, no sólo porque mediante ella se infiere que el personal victimario fue sancionado disciplinariamente por su conducta ilegal e injusta, por fuera de los cánones del buen servicio, que ese personal estaba adscrito a la Policía Nacional y que cuando causó la tragedia estaba en misión de servicio. La figura de la falta personal del agente en últimas comporta la invocación del hecho exclusivo de un tercero como causal eximente de responsabilidad. En relación con la causal de exoneración consistente en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la misma se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado en manera alguna con la actuación de aquél. Modificación de gramos oro a salario mínimo legal respecto de la condena en perjuicios morales.

Régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de daños causados a los soldados que prestan el servicio militar en calidad de conscriptos, es decir, aquellos que son reclutados de manera obligatoria (soldados regulares, bachilleres, campesinos etc.) que se diferencia del régimen jurídico aplicable por los daños causados al personal de la fuerza pública y de los organismos de defensa y seguridad del Estado que ingresan de manera voluntaria (personal de soldados voluntarios y profesionales, suboficiales y oficiales, personal de agentes de la Policía Nacional, detectives del DAS, entre otros). En el caso de los conscriptos, cuando el daño tiene origen en irregularidades en la actividad de la administración, el análisis debe efectuarse a la luz del régimen general de responsabilidad civil extracontractual del Estado -falla en la prestación del servicio- y, en caso de no hallarse estructurada ésta, deberá acudirse a los demás regímenes para efectuar el correspondiente estudio. si bien es cierto el tercero tuvo participación en la causación del hecho dañoso, la administración debió haberlo evitado, absteniéndose de exponer al soldado al fuego del adversario enviándolo a cumplir las labores de inteligencia táctica con los riegos que ello conlleva, los cuales fácilmente podía prever la administración, de manera que la causa extraña no se abre paso para impedir la estructuración de la responsabilidad de la administración, porque no evitar el daño teniendo la obligación de impedirlo o pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Noción de daño a la vida en relación.

¿Debe aprobarse o improbarse el acuerdo conciliatorio de carácter judicial, dentro de un proceso de reparación directa ejercido por falla en la prestación del servicio de protección a personas? Se encuentra plenamente probada la inejecución de la obligación de hacer, consistente en prestar seguridad y protección al diputado, sin importar, que para la prestación del servicio no existiera un horario establecido. Responsabilidad del estado de manera exclusiva.

La publicación de noticias en los medios de comunicación, acreditan la existencia de una información, pero de ninguna manera, prueban la veracidad de los hechos, puesto que aquéllas, constituyen documentos privados que, en principio, sólo dan fe de los términos en que fue divulgada una noticia. Proceso de reparación directa - Hecho de un tercero. Régimen probatorio. Subrogación de indemnizaciones. Principio de lealtad procesal. Atentado terrorista

Para que el hecho exclusivo y determinante de un tercero pueda ser considerado como causal excluyente de responsabilidad, éste en primer lugar debe ser imprevisible e irresistible para la Administración y además, es necesario que quien pretenda servirse de dicha causal, acredite no sólo que el tercero participó en la realización del daño, sino que entre su actuación y el daño existe una relación de causalidad adecuada. Proceso de reparación directa - Hecho de un tercero. Riesgo excepcional. Traslado de pruebas. Subrogación de indemnizaciones. Principio de lealtad procesal. Parentesco por consanguinidad - Prueba. Registro civil de nacimiento

Antes de la vigencia de la Constitución de 1991, el régimen de responsabilidad del Estado por actos terroristas, se edificaba sobre la falla del servicio, que por acción u omisión incurrieran las Fuerzas Armadas del Estado, y cuando no pudiera acreditarse dicha falla, se deducía la responsabilidad del Estado, con fundamento en el régimen de daño especial y en aplicación de los principios de igualdad y de equidad, pero siempre que el acto terrorista hubiera estado sido dirigido contra un establecimiento militar o un centro de comunicaciones, destinado a ese servicio, o contra una persona representativa de la cúpula administrativa. Actividad riesgosa. Actos terroristas. Régimen de responsabilidad del Estado. Responsabilidad patrimonial del Estado - Hecho de un tercero

¿La indemnización de los perjuicios materiales causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble está sometida a los principios de reparación integral del daño y comprende los conceptos de daño emergente, que consiste en el precio de la franja o totalidad, según el caso, del inmueble ocupado y del lucro cesante, que se traduce en aquellos ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir a consecuencia de la ocupación del mismo? Acción de reparación directa. Obra pública - Ocupación de predios rurales durante construcción. Indemnización de perjuicios. Responsabilidad extracontractual del Estado. Fuerza mayor. Hecho de un tercero. Hecho de la víctima