Se condenó a la Fiscalía a pagar más de 395 millones de pesos a un hombre y a su familia, como reparación por haberlo acusado injustamente de promover un paro armado a nombre de la desmovilizada guerrilla de las FARC. El demandante fue capturado, luego de que informes de inteligencia recopilados por el CTI incluyeran declaraciones que lo señalaban de hostigar a la población de la vereda El Mesón, (Tolima), para que participara en un paro armado que supuestamente adelantarían las FARC. Luego de ser acusado de los delitos de extorsión y rebelión, el accionante recuperó su libertad. Para la Sala, las acusaciones se basaban en indicios poco sólidos sobre la pertenencia o afinidad del procesado para con el grupo insurgente. El ciudadano interpuso una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo del Tolima, con la intención de que la Fiscalía resarciera el daño por su detención. El Tribunal consideró que la medida privativa de la libertad se justificaba y negó las pretensiones de la demanda. El Consejo de Estado revocó esa determinación y declaró al organismo de investigación responsable del daño por haber mantenido privado de su libertad a este ciudadano, basado en indicios que no eran contundentes sobre la participación del detenido en las conductas delictivas que se estaban investigando

El incumplimiento de las directrices durante las operaciones militares y la falta de cuidado de la víctima, son eximentes de responsabilidad del Estado. La Sala encuentra una evidente conexión causal entre la acreditada conducta reprochable de la víctima y el resultado final, en tanto esta determinó que el victimario tuviera cargada el arma, al tiempo que le impuso una posición capaz de infligirle un alto grado de temor, por lo que al sentirse amenazado reaccionó de la única manera previsible. Aunque la víctima obró como agente del Estado, lo hizo en contravía de las directrices institucionales y sin el cuidado que imponía la inexperiencia del soldado campesino bajo su mando, con los resultados conocidos, de modo que fue el hecho suyo y no alguno atribuible a la demandada el que generó los daños cuya reparación pretende. Aunque el daño fue producido por un agente estatal que se encontraba en especial relación de sujeción con la administración, por razón de fallas en las órdenes impartidas al personal, el acreditado comportamiento culposo de la víctima, relevante en su causación, rompió la posibilidad de imputarlo a la demandada; esto es, la Sala encuentra acreditada un eximente total de responsabilidad

En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo. Según lo normado en el artículo 63 del C. Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación al deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, a pesar de hacerlo, confió imprudentemente en poder evitarlos. Esta norma explica que la culpa grave es el comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario de la víctima. Se estableció en sentencia de unificación que la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados y el término de duración de la privación de la libertad, para lo que se requiere, según la calidad alegada, la prueba del estado civil, la convivencia de los compañeros o de la relación afectiva. La jurisprudencia esclareció que solo es posible conceder lo que se pida en la demanda y no procede ningún reconocimiento oficioso por parte del juez e, igualmente, el demandante debe acreditar con prueba suficiente el perjuicio solicitado

¿Incurrió la Fiscalía General de la Nación en responsabilidad administrativa con la detención preventiva del demandante debido a que fue absuelto de la conducta punible? La conducta del imputado es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad o si la posibilidad de imputarle el daño se rompe con la existencia de una conducta de la propia víctima. Dicho de otra manera, aun cuando aquí no se debate la responsabilidad penal ni se cuestiona la decisión de fondo proferida por la jurisdicción ordinaria, sí se advierte que las circunstancias en las que se presentaron los hechos que sirven de sustento a la demanda dan cuenta de varias situaciones que involucraron al procesado y mediaron para la imposición de la medida de aseguramiento que se tradujo en la restricción de su libertad. La causa determinante del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Fiscalía al imponer medida de aseguramiento al aquí demandante, sino justamente las irregularidades anotadas en precedencia -que involucran al aquí actor-, quien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dio lugar a la investigación que se adelantó en su contra y a las decisiones proferidas por la Fiscalía

¿Procede la aplicación de la causal eximente de responsabilidad, del hecho de la víctima, al demostrarse que la conducta de la víctima fue la causa exclusiva del daño? Para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder -activo u omisivo- de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto la causa exclusiva del daño como el origen determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada. La decisión de suicidarse la víctima estuvo libre de presiones o injerencias de cualquier índole y fue tomada por su propia voluntad; además, la determinación de aquél no era previsible, dado que se trató de un evento súbito y repentino para el reeducador que estaba a cargo de su custodia, a quien no resultaría jurídicamente admisible exigirle lo imposible, esto es, anticiparse al designio personal, oculto e intempestivo del occiso

Las denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado. A efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, resulta necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo o no injerencia, y en qué medida, en la producción del daño. Para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, se requiere que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima

Responsabilidad patrimonial del Estado por accidentes de tránsito ocasionados por falta de señalización en etapas de construcción y de señales preventivas. Participación cierta y eficaz de la víctima en causar su propio daño. Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No. 38832 de 22 de febrero de 2017, C.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. El Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (art. 2.357 Código Civil) es aquel que contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir, cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima contribuyó realmente a la causación de su propio daño. Tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los elementos estructurales -daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal-, la conducta del perjudicado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del quantum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento adquiera las notas características para configurar una co-causación del daño. En esta dirección puede sostenerse que no es de recibo el análisis aislado o meramente conjetural de una eventual imprudencia achacable a la víctima, si la misma no aparece ligada co-causalmente en la producción de la cadena causal. Para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto la causa exclusiva, esto es, única del daño, como que constituya la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada

El daño es imputable única y exclusivamente al comportamiento de la víctima cuando no existe colaboración con el buen funcionamiento de la administración de justicia - En el caso concreto, el daño es imputable al comportamiento de la víctima, pues en primer lugar, decidió no presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, lo que hubiese permitido esclarecer su situación jurídica evitando un extensión de los tiempos procesales, y en segundo lugar, porque fue éste con su conducta quien intentó ejercer de manera arbitraria sus derechos, generando así los efectos y consecuencias derivadas de dicho proceder. En conclusión, el daño en el caso concreto no es imputable a la administración de justicia, puesto que, fue el comportamiento inadecuado y reprochable de la víctima lo que ocasionó que se le vinculara al proceso penal y se le prescribiera la acción cambiaria de la que era titular

¿En que casos, en el evento de que se presenten fallas en los deberes de prevención, control y vigilancia de los riesgos asociados a la celebración de fiestas populares y espectáculos públicos; el Estado no esta llamado a reparar? - El Estado no será llamado a reparar si logra acreditar que el daño es consecuencia de un evento imprevisible o irresistible o de la actuación de la propia víctima que libremente asume el riesgo de participar en los festejos, o que exhibe un comportamiento negligente o imprudente. - Falla del servicio

Privación injusta de la libertad. Daño. Perjuicios morales y materiales. Culpa exclusiva de la víctima. Ausencia de prueba. Preclusión de la investigación. Falta de tipicidad de las conductas. Para que una conducta sea punible la misma debe ajustarse estrictamente a la descripción legal, vulnerar o poner en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, y realizarse de manera voluntaria y libre

Daño antijurídico. Existencia. Perjuicios morales. Prueba. Reglas de la experiencia. Aplicación. Sentencia penal. No tiene efectos de cosa juzgada en el proceso de reparación. Culpa exclusiva de la víctima. Debe ser la causa determinante del daño. Hecho exclusivo de la víctima. Determinación

Responsabilidad Patrimonial del Estado. Lesiones causadas con arma de fuego de dotación oficial. Riesgo Excepcional. Culpa exclusiva de la víctima. Causal eximente de responsabilidad. Acción de reparación directa. Lesiones ocasionadas al particular, fueron causadas por agentes de la Policía Nacional, con armas de dotación oficial, quienes además se encontraban en servicio activo. Responsabilidad Objetiva

Conscripto. Suicidio. Causal eximente de responsabilidad. Culpa exclusiva de la víctima. Responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que se les causan. Responsabilidad del Estado por el suicidio de un soldado conscripto. La identificación y previsibilidad de una persona potencialmente suicida. Configuración de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho determinante y exclusivo de la víctima, el cual resultó imprevisible e irresistible para la Administración

Alcance de las causales exonerativas de responsabilidad consistentes en culpa exclusiva de la víctima y cumplimiento de un deber legal. Valor probatorio de la prueba trasladada. Elementos para la configuración de la falla del servicio carcelario. Evolución jurisprudencial respecto de la responsabilidad por daños causados a personas privadas de su libertad en establecimiento carcelario.

Título de imputación de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, por tratar de un muerte provocada con arma de fuego de dotación oficial, de acuerdo con el cual al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la entidad para exonerarse, deberá demostrar la existencia de una causal de exoneración como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor. Esto siempre que no se invoque en la demanda el régimen de falla del servicio. Inviolabilidad del derecho a la vida. Prohibición de ejecución extrajudicial. Principio de exclusividad de la fuerza pública. Límites, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.

Es posible hablar de la guarda acumulativa, en aquellos eventos en que un número plural de sujetos ejercen el control o la dirección sobre la cosa o la actividad riesgosa, de tal manera que, en estos casos, por regla general, la doctrina y la jurisprudencia se han inclinado por avalar la teoría de la guarda en la estructura y la guarda en el comportamiento, de tal forma que se facilite el análisis de imputación, esto es, de atribución del daño. Imposibilidad de imputar la responsabilidad al guardián del comportamiento, cuando de los supuestos fácticos se desprende que el daño se origina en la estructura misma de la cosa, o de los elementos a través de los cuales se desarrolla la actividad. Contenido y alcance de la culpa exclusiva de la víctima Rectificación jurisprudencial respecto de la irresistibilidad e imprevisibilidad. Riesgo excepcional en caso de energía eléctrica.

Pese a que el hecho generador del daño fue causado materialmente por personal al margen de la ley, el mismo se suscitó por la conducta irreflexiva y excesivamente arriesgada del Comandante del grupo de policías que se desplazaban en misión de servicio, lo cual permite imputarlo, jurídicamente, a la entidad pública a la que pertenece dicho funcionario. Base de liquidación de los perjuicios materiales. Diferencias entre pensión de invalidez e indemnización por falla en el servicio.

El régimen de responsabilidad del Estado al que obedece tal acción, tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución de 1991, que le impone a aquél el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es decir, el elemento fundamental de la responsabilidad es la existencia de un daño que la persona no está en el deber jurídico de soportar. Responsabilidad extracontractual del Estado. Proceso de reparación directa - Falla del servicio probada. Hecho de la víctima. Principio de reparación integral del daño. Daño emergente

¿Cuando el daño ocasionado a la víctima por parte de autoridades de policía, proviene exclusivamente de la culpa de la víctima, el Estado queda exonerado de responsabilidad? Responsabilidad patrimonial del Estado - Culpa exclusiva de la víctima. Principio de exclusividad de la fuerza pública. Proceso de reparación directa - Reporte periodístico como prueba

¿La ausencia de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre la demanda formulada, dado que no se trata de un elemento de la acción, sino de la pretensión? Acción de reparación directa - Legitimación. Responsabilidad patrimonial del Estado. Proceso de reparación directa - Contenido de la demanda. Culpa de la víctima. Demostración de hecho que origina el daño. Entidades públicas - Prueba de falla del servicio. Desplome de puente vehícular y peatonal colgante