No puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública. Fue así como, la entidad demandada (Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) teniendo en cuenta la condena impuesta en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y en ejercicio de los mecanismos legales, instauró acción de repetición buscando la recuperación de los dineros cancelados por la entidad pública, contra los Magistrados del Tribunal Administrativo que profirieron el acto administrativo de abandono injustificado omitiendo realizar la audiencia previa, y que no lograron desvirtuar la presunción contenida en el numeral 1 del artículo 6 "violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho" de la Ley 678 de 2001, que establece que la conducta de un agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley

Se presenta desviación de poder siempre que se ejercen las potestades administrativas con fines diferentes a los fijados por el ordenamiento jurídico. El acto, aunque es aparentemente legal, en realidad no se dirige a cumplir el objetivo trazado por la ley para el ejercicio de esa competencia. Para que se pueda predicar la existencia del dolo o la culpa grave en relación con el acto administrativo anulado por desviación de poder, resulta necesario indagar en la intención del sujeto que actuando a nombre de la administración lo expidió, para identificar el querer oculto y compararlo con la verdadera finalidad de servicio público que debe orientar sus actuaciones. Por ello, resulta necesario establecer si, además de estar orientado el acto administrativo a una finalidad distinta a aquella que el ordenamiento ha marcado para el ejercicio de esa específica competencia, esa orientación desviada fue consciente y determinada por la intención del autor de la decisión de causar un daño, o fruto de una grave negligencia de su parte

En la determinación de una responsabilidad subjetiva juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta

Es necesario precisar que aunque la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario demandado bien puede ser omisiva, para que aparezca comprometida su responsabilidad patrimonial no basta con acreditar cuáles eran sus obligaciones legales, sino que debe probarse que en efecto las omitió

¿Deben tener las entidades públicas diligencia para la revisión de requisitos para interponer acción de repetición? Sí, la Sala, considera oportuno efectuar un severo llamado de atención a las entidades públicas, por falta vigilancia y control de la actividad procesal como actores en la interposición de la denominada acción de repetición, la cual busca como objetivo primordial establecer la responsabilidad de sus agentes y la recuperación de los dineros de naturaleza pública. Lo anterior, teniendo en cuenta la manera descuidada y poco diligente, que se observa en la presentación de este tipo de demandas, en las cuales no se acredita cabalmente el cumplimiento de los requisitos esenciales para la prosperidad de dicha acción, esto es, la calidad del agente, la condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos, el pago efectivo y por último, el dolo o culpa grave del servidor público, a pesar de la reiterada jurisprudencia de esta Corporación en la materia. Cabe advertir, que la carencia, deficiencia o indebido material probatorio allegado a cada una de las demandas presentadas por el Estado para la procedencia de la acción de repetición, no ha permitido en esta instancia conceder y en consecuencia, hacer efectiva la acción de repetición

Acción de repetición. Tránsito legislativo. Normatividad aplicable. Requisitos de procedencia. Nexo causal entre la conducta del funcionario y la causa de la condena. Conducta dolosa o gravemente culposa. Principio de irretroactividad de la ley

Evolución normativa de la acción de repetición. Concepto y objeto de la acción de repetición. Naturaleza jurídica indemnizatoria de la acción de repetición. Requisitos de procedibilidad de la acción de repetición. Actuación dolosa o gravemente culposa en acción de repetición. Cómputo del término de caducidad de la acción de repetición. Tránsito legislativo en la acción de repetición, principio de irretroactividad de la ley. Llamamiento en garantía con fines de repetición. Requisitos para la configuración de excepción previa de pleito pendiente. Concepto de dolo malo.

¿Es procedente conceder el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida dentro de una acción de repetición, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda, con fundamento en que no se demostró el dolo o la culpa grave de los ex-miembros de la Policía Nacional? Elementos indispensable para la prosperidad de la acción de repetición: la calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; la existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública; el pago realizado por parte de ésta y; la calificación de dolosa o gravemente culposa del agente estatal. Cunado no se aporta la providencia judicial que aprobó el acuerdo conciliatorio, no se cumple con el requisito de demostrar la condena judicial o la conciliación debidamente aprobada de la cual naciera la obligación de pagar. No basta que la entidad pública aporte documentos de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación.

¿La acción de grupo permite el llamamiento en garantía? Acción de grupo - Llamamiento en garantía. Acción de repetición. Responsabilidad patrimonial del Estado. Responsabilidad de la persona llamada en garantía

Incumplimiento del contrato por la administración. Pago con cheque sin fondos. Responsabilidad contractual

Falla en el servicio

Acción de repetición

Conciliación

Caducidad - Efectos