¿A través del recurso extraordinario de revisión puede excluirse un factor salarial erróneo en una liquidación pensional reconocida por vía administrativa en virtud de los preceptos contenidos en el artículo 20 de la ley 797 de 2003? Se concluyó que con la sentencia de abril de 2006 proferida por la Sección Segunda no se creó una situación jurídica a favor del demandante y en detrimento del tesoro público, como lo prevé el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la orden de reliquidación de la pensión gracia no incluyó la prima de vida cara, factor cuya exclusión se solicita en esta oportunidad. Se advierte que no era necesario que la Sección Segunda se ocupara de señalar que la prima de vida cara quedaba excluida de la reliquidación ordenada por el juez ordinario, porque a partir de su no inclusión como factor salarial en la decisión judicial, se sobreentiende su exclusión. Por lo anterior y, teniendo en cuenta que la prima de vida cara se incluyó en la Resolución de julio de 2007, por la que CAJANAL le dio cumplimiento a la sentencia proferida excediendo lo judicialmente concedido por la Sección Segunda, se concluye que lo pretendido por la UGPP es que por medio del recurso extraordinario de revisión se ordene la exclusión de un factor que se incluyó en un acto administrativo, cuestión que es ajena a la finalidad de este medio excepcional de impugnación, que no constituye un mecanismo para superar las equivocaciones en que hubiese incurrido la entidad al no seguir las pautas de liquidación conforme a lo ordenado en el fallo, y resultar de allí el exceso en el monto pensional

El Consejo de Estado negó el recurso de revisión donde se pretendía ser reparada por los desplazamientos forzados que sufrieron las familias que ocuparon terrenos ubicados en la hacienda La Bellacruz, en los municipios de Pelaya, La Gloria y Talameuqe (Cesar), entre 1989 y 1996. El lugar había sido escenario del conflicto entre los campesinos y una familia que pretendía obtener el reconocimiento de la propiedad sobre las 250.000 hectáreas del predio, hasta que se produjo el desplazamiento forzado por la acción de grupos paramilitares en 1996. Los demandantes aseguraron que ante la debilidad del Estado para proteger a las comunidades y a los propios contratistas que trabajarían en el proceso de medición y delimitación de las tierras baldías, debieron ser reubicados en los municipios de Ibagué y Armero-Guayabal (Tolima) e interpusieron la demanda, con el anhelo de ser reparados por estos hechos. El Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado, en segunda instancia, negaron las pretensiones, por considerar los demandantes no lograron probar que estuvieran dentro del grupo de las familias campesinas que fueron desplazadas en 1996. La alta corte en recurso de revisión ratificó la decisión, al concluir que los documentos presentados por los demandantes, entre ellos algunas sentencias judiciales, no tienen la calidad de prueba recobrada

Causal de revisión relacionada con prueba recobrada. Esta Corporación ha señalado que la prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo que existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque solo llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello, es decir, que antes de proferirse la sentencia se encontraban extraviados, perdidos o refundidos. Por este motivo, son inadmisibles en este recurso extraordinario documentos fechados con posterioridad al fallo como tampoco es válido edificar la causal con documentos que, aun siendo anteriores a esa providencia, claramente pudieron haber sido aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes, pues el recurso extraordinario de revisión no puede aprovecharse para subsanar errores o actitudes negligentes de las partes respecto a la carga probatoria. Las razones para no aportar la prueba documental durante el proceso deben ser las expresamente establecidas por el legislador (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria) y, además, deben acreditarse en el recurso interpuesto. Que la prueba debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada. En efecto, la disposición señala que la prueba debe ser de tal entidad que el juez, con fundamento en ella, hubiera proferido una decisión diferente

Recurso extraordinario de revisión. Objeto y alcances. No es una nueva instancia. Principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material. Causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Diferencias entre falta absoluta, deficiente o errada motivación para efectos del recurso extraordinario de revisión

¿La nulidad procesal desaparece del proceso con ocasión del consentimiento proveniente de la parte perjudicada con ella? Recurso extraordinario de revisión - Legitimación. Terceros con interés legítimo. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Proceso contencioso administrativo - Nulidad originada en la sentencia

¿La violación del derecho de defensa, como causales de revisión extraordinaria, deben entenderse en relación con las distintas actuaciones realizadas durante el proceso de pérdida investidura? Congresista - Pérdida de investidura. Proceso de pérdida de investidura. Recurso extraordinario especial de revisión

¿Las irregularidades cometidas en la celebración de contratos pueden dar lugar a la indebida destinación de dineros públicos? Congresista - Pérdida de investidura. Indebida destinación de dineros públicos. Celebración de contrato. Recurso extraordinario especial de revisión. Proceso de pérdida investidura

¿Las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario son susceptibles de recurso de revisión? Congresistas - Pérdida de investidura. Conflicto de intereses. Recurso extraordinario especial de revisión. Debido proceso

Recurso extraordinario de revisión. No procede intervención de terceros que no fueron parte en proceso que se revisa

Recurso extraordinario de revisión - Causales de nulidad de la sentencia

Recurso extraordinario de revisión - Pérdida de la investidura