Para que exista responsabilidad de la administración por riesgo excepcional se debe materializar el riesgo con ocasión al desarrollo de actividades peligrosas - En efecto, para que pueda atribuirse responsabilidad a la administración bajo el título objetivo de riesgo excepcional, es necesario que se materialice un riesgo al que ella haya expuesto a sus funcionarios, empleados, contratistas o particulares, según el caso, con ocasión del desarrollo de actividades peligrosas, tales como el uso de armas de fuego, la conducción de vehículos automotores o la conducción de energía eléctrica

Empresa de energía eléctrica responsable por daño causado por transporte o conducción de energía eléctrica a título de riesgo excepcional. La prestación del servicio de energía eléctrica ha sido considerada como una actividad peligrosa , los daños antijurídicos que se causan a los particulares en desarrollo de la misma, comprometen la responsabilidad extracontractual de la administración, a menos de que se acredite algunas de las causales eximentes de responsabilidad como el hecho exclusivo de la víctima o de un tercero

¿Es responsable un ente territorial de los daños que puedan ocurrir como resultado de una actividad desplegada por los recicladores dentro de los rellenos sanitarios, permitida por el municipio? - Si, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha dicho que los recicladores son personas que se encuentran indudablemente en una situación de debilidad manifiesta, sin seguridad social, sin un salario fijo, incluso, sin los elementos mínimos de seguridad que les permita enfrentar muchas de las contingencias que implica su labor, razón por la cual, el Estado se encuentra -como destaca la H. Corte Constitucional- en la obligación de llevar a cabo acciones afirmativas para su protección y dignificación como seres humanos y, dentro de dicha perspectiva, considera la Sala que el espectro de tales medidas cobija también el campo de la responsabilidad por los daños que llegaren a sufrir en el ejercicio de su actividad, en el entendido que resultaría contrario a los mandatos de justicia y equidad pretender que el Estado disfrute únicamente de los favores que representa su actividad pero los abandone en cuanto a los perjuicios que su labor les pueda ocasionar

Se declara patrimonialmente y de forma solidaria al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Empresa de Energía de Bogotá, por la muerte de una niña de dos años y medio, cuando se encontraba en el hogar comunitario REINER. La menor murió al ser atropellada por un vehículo contratado por la Empresa de Energía de Bogotá. Regulación normativa de los hogares comunitarios adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la negligencia en el cuidado de la menor, por parte de las madres comunitarias. Hecho de un contratista. Reiteración jurisprudencial. Responsabilidad del propietario de la actividad peligrosa o de la cosa conque ella se desarrolla se presume guardián de la misma. Tasación perjuicio moral. Pauta jurisprudencial. Se fija en salarios mínimos legales mensuales vigentes

Actividad peligrosa. Régimen de responsabilidad. Cambio jurisprudencial. Si bien inicialmente los eventos caracterizados por el ejercicio de actividades peligrosas fueron manejados por la jurisprudencia bajo el régimen de falla presunta, circunstancia ante la cual el actor se exoneraba de demostrar la falla del servicio, bastándole probar el hecho dañoso para que surgiera, en su favor y en contra del Estado, la presunción de falla y, por consiguiente, para que se invirtiera la carga de la prueba, lo cierto es que la jurisprudencia de esta Corporación adoptó un nuevo criterio en torno a dicho régimen, para concluir que en estos eventos no es necesario que se pruebe la existencia de una falla del servicio y resulta irrelevante que se presuma la misma, puesto que opera un régimen de responsabilidad objetivo que implica, de un lado, que el demandante sólo tiene que probar la existencia del daño y el nexo de éste con el servicio, es decir, que el daño sufrido se originó en el ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la entidad demandada; en esa medida, no basta que ésta pruebe que obró con diligencia y cuidado, puesto que ello resulta insuficiente, y sólo se podrá exonerar de responsabilidad en tales casos probando la existencia de una causa extraña, como la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero. Prueba trasladada. Requisitos y valoración. Principio iura novit curia. Corresponde al juez definir la norma o el régimen jurídico aplicable al caso frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante. Frente a unos mismos hechos resultan aplicables distintos regímenes de responsabilidad

Responsabilidad del Estado por ejecución de obra pública. Cuando quien ejerce una actividad peligrosa sufre un daño originado en ésta, la decisión sobre el derecho a ser indemnizado debe gobernarse en desarrollo de la tesis de la falla del servicio prestado. Aunque en la construcción de obras públicas dado el carácter peligroso que encierra su ejecución, proveniente de los instrumentos que se utilizan en ella y de la intervención que con ocasión de las mismas se hace en la naturaleza, como sucede cuando la construcción amerita la remoción de tierra, desvío del cauce de aguas, tala de árboles etc. el trabajador que se vincula a dicha actividad asume voluntariamente el riesgo que ella involucra y tiene sobre sí la obligación de extremar las medidas de seguridad para evitar lesionarse. Bajo ésta orientación frente a los daños que sufre quien ejerce una actividad peligrosa, originados en el evento, impacto o consecuencia adversa propia del mismo riesgo, el asunto deberá gobernarse bajo el régimen de la falla probada del servicio y no del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional. Daño ocurrido por culpa exclusiva de la víctima rompiéndose el nexo causal frente a la imputación hecha a la entidad demandada.

La conducción de energía eléctrica, mediante cables de alta tensión, ha sido considerada tradicionalmente como una actividad riesgosa, de suerte que al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad jurídica entre éste y el hecho de la Administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa, para que surja la responsabilidad del Estado, en tanto que este último, para exonerarse de responsabilidad, deberá acreditar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima. Reducción de la condena por culpa de la víctima. Valor probatorio de la partida de bautismo para demostrar el estado civil.

Valor probatorio de la prueba trasladada y de las fotografías. Naturaleza jurídica de la versión libre y de la indagatoria. Criterios de valoración respecto del testigo sospechoso. Tratándose de la colisión de vehículos automotores, el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante, y surge la necesidad entonces de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor del vehículo oficial o alguna otra circunstancia constitutiva de falla en el servicio que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada. Hecho exclusivo de un tercero como eximente de responsabilidad en accidente de tránsito. Si bien las decisiones que se profieren en el curso de un proceso penal no obligan al juez contencioso administrativo, en razón de las diferencias sustanciales que caracterizan ambas acciones, lo cierto es que resulta innegable la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción.

Valor probatorio de las copias. Valor probatorio de la prueba trasladada. La utilización de armas de fuego comporta para quien ejerce dicha actividad una actividad de suyo peligrosa que origina un riesgo de naturaleza anormal. Cuando la fuerza pública causa un daño con un arma de dotación oficial en actos propios del servicio y como parte de una operación de represión del delito, dichos asuntos deberán gobernarse bajo el régimen de responsabilidad subjetiva, bajo el título de imputación de falla probada del servicio y frente a quien es sujeto de tal operación, porque en estos eventos, aunque la actividad sigue siendo riesgosa, prima la misión de las autoridades públicas de preservar la seguridad y tranquilidad ciudadanas, como cuando las víctimas ejercen la misma actividad, y hacen uso de las armas de fuego en contra de las fuerzas del orden, la responsabilidad por dicho título de imputación se configura si la respuesta dada por la fuerza pública resulta desproporcionada al ataque recibido. Generalidades sobre perjuicios morales. Liquidación y distribución de los perjuicios materiales.

Título jurídico de responsabilidad objetiva cuando se trata de alguien que presta el servicio militar obligatorio y el daño se sufre a causa de un deficiente funcionamiento del servicio. Modalidades de responsabilidad por riesgo: responsabilidad por riesgo peligroso; responsabilidad por riesgo beneficio y responsabilidad por riesgo alea. Noción de riego estadístico. Título jurídico de imputación objetiva en daño especial. Retén militar constituye una actividad peligrosa - riesgo excepcional. Noción de causal eximente de responsabilidad. Teoría de la Causalidad Adecuada. Teoría de la equivalencia de las condiciones. Responsabilidad solidaria. Litis consorcio necesario. Indemnización de perjuicios morales.

En los casos en que se pretende que se declare la responsabilidad de la Administración por los daños causados por ella, en ejercicio de una actividad peligrosa, la entidad sólo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña que rompa el nexo de causalidad. Acción de reparación directa. Actividad peligrosa - Riesgo excepcional

De tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala ha venido reiterando la posibilidad de imputar a las entidades estatales el daño causado por el hecho de sus contratistas, en el entendido de que la actividad realizada por éstos en ejecución de convenio celebrado con una entidad pública, debe ser analizada como si hubiere sido desplegada directamente por ésta a efectos de establecer si debe deducirse responsabilidad extracontractual al Estado. Acción de reparación directa - Culpa exclusiva de la víctima. Responsabilidad patrimonial del Estado. Indemnización de perjuicios. Indemnización a forfait. Contrato estatal de obra pública - Accidente de trabajo de operario. Actividad riesgosa. Riesgo excepcional

El Estado debe asumir los riesgos que se crean para quienes prestan el servicio militar obligatorio, como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que se les asignan, como cuando el daño es causado con un arma de dotación oficial o, cuando se deriva del ejercicio de una actividad peligrosa, como la conducción de vehículos oficiales, teniendo en cuenta que la sola manipulación de armas de fuego o la conducción de automotores, entraña un peligro al cual se expone la víctima por imposición del Estado. Acción de reparación directa - Término de caducidad. Hechos mediatos e inmediatos. Servicio militar obligatorio. Proceso de reparación directa - Hecho de la víctima. Presunción de perjuicio moral. Tasación de condena de perjuicios morales

Cuando el traslado de pruebas, incluidos los testimonios, practicadas en otro proceso es solicitado o cuenta con la anuencia de ambas partes, tales pruebas pueden ser valoradas en el proceso contencioso administrativo, aunque hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original. Mientras esté establecido el carácter cierto del daño -pérdida o disminución de capacidad laboral- aunque en ese preciso momento la víctima no desarrolle una actividad económicamente productiva, tiene derecho a que se le indemnice, a título de lucro cesante, la pérdida o aminoración de la posibilidad que tenía de ganarse la vida en una actividad lucrativa empleando el 100% de su capacidad laboral. Proceso de reparación directa - Traslado de pruebas. Pérdida de capacidad laboral. Sucesión procesal. Principio de reparación integral del daño

A pesar de su licitud, la ejecución de la obra y la utilización de equipos pesados y rodantes, supone la creación de riesgos para quienes la realizan directamente y para terceras personas. Acción de reparación directa. Riesgo excepcional. Indemnización de perjuicios. Proceso de reparación directa - Compensación de indemnizaciones. Indemnización a forfait. Contrato estatal de obra pública - Accidente de trabajo

¿Quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, deben soportar los daños causados como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad? Fuerza pública - Indemnización a forfait. Riesgo propio del servicio. Riesgo excepcional. Ejército Nacional - Daño a miembros en ejercicio de funciones. Policía Nacional - Daño a miembros en ejercicio de funciones. Actividad riesgosa. Arma de dotación oficial

¿Quien transportaba pasajeros en un vehículo de carga debía contar con autorización expresa de autoridad competente? Transporte de pasajeros en vehículo de carga. Autoridades de tránsito - Control a vehículos de carga con pasajeros. Responsablidad extracontractual del Estado - Falla del servicio. Riesgo excepcional. Actividad peligrosa. Indemnización de perjuicios