¿Puede valorarse la prueba trasladada entre procesos? - Sí, si la parte contra la que se aduce la prueba documental trasladada no la solicitó ni se practicó con audiencia de ella, podrá valorarse si i) "ésta estuvo en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla"; ii) fue utilizada por la contraparte, por ejemplo parte demandada, para estructurar la defensa en los alegatos de conclusión; en todo caso, "el juez tiene la facultad de rechazar de plano las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las impertinentes y las manifiestamente superfluas", Así mismo, se permite que los documentos públicos o privados autenticados sean valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes al que haya sido aportado en audiencia o diligencia. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica. En cuanto a los medios de prueba diferentes al documental, de no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, es decir, si se traslada la prueba a un proceso entre partes completamente o parcialmente distintas, se debe tener en cuenta el tipo de prueba para garantizar el principio de contradicción según las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas." En el caso de los testimonios, aquellos practicados "en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados en copia auténtica y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del C. de P. C. Si no se dan estas condiciones las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente

¿Pueden ser trasladadas a un proceso contencioso administrativo las declaraciones recaudadas sin la gravedad de juramento como pruebas dentro de un proceso penal? No, la Sala ha sido clara en el sentido de que las declaraciones que son recaudadas sin que sobre quienes las rinden pese la gravedad del juramento, no pueden ser tenidas como testimonios ni pueden ser objeto de ratificación durante el trámite procesal. Así, sobre la valoración de las indagatorias, las cuales se encuentran en condiciones muy similares a las versiones libres rendidas en la actuación disciplinaria los hechos, se indicó que las indagatorias que obran dentro de los respectivos procesos penales no pueden valorarse dentro del trámite contencioso administrativo como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de declaraciones rendidas por terceros, no cumplen con los requisitos del testimonio pues no se rinden bajo juramento, tal como lo prescribe el artículo el artículo 227 del C.P.C

¿Pueden apreciarse aquellos testimonios que, habiéndose rendido en un proceso ajeno al contencioso administrativo, no cumplieron con el requisito de haberse practicado con audiencia de la parte contra la cual se aducen en el proceso posterior y-o no fueron ratificados en éste?- SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

¿Puede trasladarse a un proceso administrativo la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal? - No, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. No cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, debe ordenarse la práctica de su testimonio. - Mérito probatorio de pruebas trasladadas

¿Puede trasladarse una indagatoria de un agente estatal practicada dentro de un proceso penal para ser valorada en un proceso contencioso administrativo? -No, dicha prueba no puede ser trasladada, ya que en ningún caso puede valorarse como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio

Acción de reparación directa por desaparición y posterior muerte de su hijo por parte de agentes de la Policía Nacional. Prueba trasladada. Valoración. Lucro cesante. Proceso disciplinario. Pruebas practicadas. Traslado y valoración. Daño antijurídico. Acreditación. Proceso penal. Incidencia en los fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Proceso disciplinario. Incidencia en los fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sentencia penal. No puede ser modificada por la jurisdicción contenciosa administrativa. Culpa penal. Diferente a la civil o administrativa. Responsabilidad patrimonial del estado. Daño antijurídico. Elemento fundante de la responsabilidad estatal. Policía Nacional. Deber de protección. Mandato constitucional. Obligatorio cumplimiento. Perjuicios morales

Causal excluyente de responsabilidad - Hecho de la víctima. No se configuró. El hecho exclusivo de la víctima debe estar probado. Participación en la realización del daño y que entre éste y su actuación exista una relación de causalidad adecuada. Causalidad adecuada. No todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio. Se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño. Prueba trasladada. Valoración en el proceso contencioso administrativo. Anuencia de las partes

Actividad peligrosa. Régimen de responsabilidad. Cambio jurisprudencial. Si bien inicialmente los eventos caracterizados por el ejercicio de actividades peligrosas fueron manejados por la jurisprudencia bajo el régimen de falla presunta, circunstancia ante la cual el actor se exoneraba de demostrar la falla del servicio, bastándole probar el hecho dañoso para que surgiera, en su favor y en contra del Estado, la presunción de falla y, por consiguiente, para que se invirtiera la carga de la prueba, lo cierto es que la jurisprudencia de esta Corporación adoptó un nuevo criterio en torno a dicho régimen, para concluir que en estos eventos no es necesario que se pruebe la existencia de una falla del servicio y resulta irrelevante que se presuma la misma, puesto que opera un régimen de responsabilidad objetivo que implica, de un lado, que el demandante sólo tiene que probar la existencia del daño y el nexo de éste con el servicio, es decir, que el daño sufrido se originó en el ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la entidad demandada; en esa medida, no basta que ésta pruebe que obró con diligencia y cuidado, puesto que ello resulta insuficiente, y sólo se podrá exonerar de responsabilidad en tales casos probando la existencia de una causa extraña, como la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero. Prueba trasladada. Requisitos y valoración. Principio iura novit curia. Corresponde al juez definir la norma o el régimen jurídico aplicable al caso frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante. Frente a unos mismos hechos resultan aplicables distintos regímenes de responsabilidad

Responsabilidad patrimonial del estado - Arma de fuego de dotación oficial. Prueba del hecho, de la condición del agente y del arma. Pruebas trasladadas. Eficacia probatoria. Riesgo excepcional. Régimen objetivo. Disparo efectuado por el centinela que custodiaba la base militar. Hecho exclusivo de la víctima - Causal eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación

Valor probatorio de la prueba trasladada. Se puede valorar la prueba testimonial trasladada, cuando los testimonios han sido objeto de ratificación. Hecho exclusivo de un tercero como eximente de responsabilidad. Los hechos que dieron lugar al daño fueron producidos por el actuar de un grupo armado ilegal, que ingresó a las veredas de un municipio, causando la muerte a tres personas y no se demostró participación de miembros del Ejército Nacional, en la producción de los daños cuya reparación se reclama. No existe criterio de imputación material, que permita vincular la conducta o comportamiento de la administración con los actos o hechos desencadenantes del daño, en consecuencia él no le es imputable al Estado, como quiera que el resultado, de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso sólo puede ser atribuido a la conducta de un tercero.

El Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones. Presunción del perjuicio moral ante el parentesco. Medio probatorio idóneo respecto del estado civil. Valor probatorio de la copia autenticada, de la copia simple y de la prueba trasladada. Improcedencia del testimonio proveniente del demandante, pues lo que corresponde es la declaración de parte. Responsabilidad del Estado ante el deber de protección. Si bien no existió una denuncia formal presentada ante las autoridades de policía poniendo en conocimiento las amenazas que había en contra de su vida o pidiendo protección especial para que le brindaran seguridad, lo cierto es que se probó que las autoridades tenían conocimiento de esta situación, lo cual ameritaba que oficiosamente la Policía Nacional debiera escoltarlo permanentemente y de manera especial.

Valor probatorio de las prueba trasladada. La copia del fallo disciplinario constituye prueba documental de excepcional importancia, no sólo porque mediante ella se infiere que el personal victimario fue sancionado disciplinariamente por su conducta ilegal e injusta, por fuera de los cánones del buen servicio, que ese personal estaba adscrito a la Policía Nacional y que cuando causó la tragedia estaba en misión de servicio. La figura de la falta personal del agente en últimas comporta la invocación del hecho exclusivo de un tercero como causal eximente de responsabilidad. En relación con la causal de exoneración consistente en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la misma se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado en manera alguna con la actuación de aquél. Modificación de gramos oro a salario mínimo legal respecto de la condena en perjuicios morales.

Valor probatorio de la prueba trasladada. Presunción del perjuicio moral cuando se trata de parientes. Ingreso base de liquidación del lucro cesante por incapacidad física.

Valor probatorio de la prueba trasladada y de las fotografías. Naturaleza jurídica de la versión libre y de la indagatoria. Criterios de valoración respecto del testigo sospechoso. Tratándose de la colisión de vehículos automotores, el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante, y surge la necesidad entonces de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor del vehículo oficial o alguna otra circunstancia constitutiva de falla en el servicio que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada. Hecho exclusivo de un tercero como eximente de responsabilidad en accidente de tránsito. Si bien las decisiones que se profieren en el curso de un proceso penal no obligan al juez contencioso administrativo, en razón de las diferencias sustanciales que caracterizan ambas acciones, lo cierto es que resulta innegable la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción.

Valor probatorio de la prueba trasladada. No es cierto que el deceso de la víctima, quien se encontraba retenida en una estación de policía, hubiese obedecido a una fuerte golpiza propinada por los agentes adscritos a la estación aludida. No hay lugar al estudio de hechos que se alegan solamente en el recurso de apelación y que no fueron aducidos desde la demanda.

Valor probatorio de la prueba trasladada. Estado frente a los conscriptos y reclusos, adquiere no sólo una posición de garante al doblegar, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que, de igual manera, el Estado entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquéllos. El daño antijurídico es imputable a la entidad demandada a título de falla del servicio, por cuanto dentro del proceso se halla acreditado el comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en la obligación de protección y seguridad que debe brindar a sus funcionarios, más aún si se trataba de un soldado conscripto, cuya voluntad se encuentra sometida por la administración pública, y que, por lo tanto, no tiene una libre elección en la prestación o no del deber impuesto.

Valor probatorio de las copias. Valor probatorio de la prueba trasladada. La utilización de armas de fuego comporta para quien ejerce dicha actividad una actividad de suyo peligrosa que origina un riesgo de naturaleza anormal. Cuando la fuerza pública causa un daño con un arma de dotación oficial en actos propios del servicio y como parte de una operación de represión del delito, dichos asuntos deberán gobernarse bajo el régimen de responsabilidad subjetiva, bajo el título de imputación de falla probada del servicio y frente a quien es sujeto de tal operación, porque en estos eventos, aunque la actividad sigue siendo riesgosa, prima la misión de las autoridades públicas de preservar la seguridad y tranquilidad ciudadanas, como cuando las víctimas ejercen la misma actividad, y hacen uso de las armas de fuego en contra de las fuerzas del orden, la responsabilidad por dicho título de imputación se configura si la respuesta dada por la fuerza pública resulta desproporcionada al ataque recibido. Generalidades sobre perjuicios morales. Liquidación y distribución de los perjuicios materiales.

Valor probatorio de la prueba trasladada. Accidente de tránsito por conducir en estado de embriaguez. Culpa exclusiva de la víctima en accidente de tránsito.