La pérdida de investidura constituye un juicio de carácter ético desde el punto de vista jurídico; por ello, el análisis se debe realizar desde la perspectiva de la ética pública en armonía, además, con los principios y normas de lucha contra la corrupción reconocidos y aceptados por el Estado con fundamento en el artículo 9 de la C. Política. Se reitera que el juicio de responsabilidad que se realiza en el marco de los procesos de pérdida de investidura no puede ser considerado como un juicio de responsabilidad objetiva, por el contrario, una vez verificada la configuración de dicho elemento, se debe proceder al estudio del elemento de culpabilidad, lo cual implica que el juez electoral debe realizar un análisis integral de la responsabilidad, bajo una estricta aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, entre ellos, los principios pro homine e in dubio pro reo. Los procesos de pérdida de investidura constituyen un juicio de carácter sancionatorio, para determinar si la conducta se subsume en el presupuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia la sanción

No incurre en causal de pérdida de investidura concejal que participa en elección de contralor inhabilitado. Aunque el proceso de pérdida de investidura tiene un carácter disciplinario de especiales características, se trata de una sanción jurisdiccional y un mecanismo de control político de los ciudadanos, lo que implica que en cumplimiento de las reglas del debido proceso, las causales sean taxativas y por ende, el hecho de que la Ley 617 de 2000, en el artículo 48 numeral 6, disponga que los concejales también perderán su investidura, además de las causales allí previstas, por otras establecidas de manera expresa en la ley, no equivale a que puedan hacerse interpretaciones extensivas o por fuera de lo reglado en el ordenamiento jurídico. En cuanto a la causal señalada en el numeral 1° del artículo 48 de la misma ley, que tiene que ver con la violación del régimen de incompatibilidades, el cual estimó la actora se configuró en este caso por los concejales incurrir en las prohibiciones descritas en los artículos 35 numeral 18 y 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002 al elegir como Contralor Distrital de Santa Marta al señor Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospino. Si bien entonces, la participación en la elección de un contralor que fue retirado del cargo por encontrarse en causal de inhabilidad puede dar lugar a adelantar un proceso disciplinario de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002, ello no configura per se causal de pérdida de investidura, pues no hay disposición legal que le atribuya tal alcance

La regla general es la irretroactividad de la ley, principio según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia, es decir, rige hacia el futuro. Sin embargo, la Constitución Política establece el principio de favorabilidad como una excepción al principio de la irrectroactividad, en tanto autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales a favor del reo, o de aquellas que comprometen el interés público o social. El principio de favorabilidad resulta ser aplicable al medio de control de pérdida de investidura cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas (por no haberse perfeccionado el derecho), ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, esta tiene efecto inmediato

Refiriéndose a la acción de nulidad electoral la sala precisó que el objeto es la revisión de la validez del correspondiente acto administrativo electoral, y la protección del ordenamiento jurídico su causa; en la perdida de investidura se busca, en contraste, establecer la viabilidad de un juicio sobre las inhabilidades, las incompatibilidades y los comportamientos de quienes ejercen la labor de congresistas -lo que constituye su objeto- con miras a salvaguardar la integridad de las corporaciones públicas

La violación al régimen de inhabilidades constituye un motivo de pérdida de investidura para los concejales - En relación con la violación al régimen de inhabilidades, que en el artículo 48 citado no aparece contemplada como causal de pérdida de investidura de los diputados, concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales, la Sala Plena de esta Corporación ha precisado en varias oportunidades que la misma no desapareció como causal de pérdida de investidura con la Ley 617 de 2000

Régimen de Incompatibilidades- No se puede ser simultáneamente edil y miembro de juntas o consejos directivos de empresas que presten servicios públicos domiciliarios

La Sala declaró la pérdida de la investidura del doctor Carlos Arturo Romero Jiménez, quien fue elegido Concejal de Bogotá D.C., para el período constitucional 2008-2011, por no cumplir con la obligación de tomar posesión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la instalación de las sesiones del Concejo Distrital. Fuerza mayor. Concepto. Causal eximente de responsabilidad. Imprevisibilidad. Definición. Principio de la confianza legitima. Aplicación. Presupuestos para su protección

¿Qué régimen de inhabilidades es el aplicable a los diputados en términos de pérdida de la investidura? - Al respecto la sala establece que no obstante que el artículo 48 de la Ley 617, en lo que toca con los diputados no consagró expresamente como causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades, como la violación de dicho régimen sí constituye causal de pérdida de investidura para los Congresistas lo es también para aquéllos en la medida en que comparten dicho régimen, por la remisión que hace el artículo 299 constitucional. De tal manera que mientras el legislador no dictara un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados más riguroso, en comparación con el de los Congresistas debe acudirse al de éstos, por el reenvío que hace la Constitución al régimen de los Congresistas, en lo que corresponda. Consecuentemente el ordenamiento jurídico vigente prevé como causal de pérdida de la investidura de diputados la violación del régimen de inhabilidades de los mismos, tal como en forma uniforme y reiterada lo ha entendido la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, de la que hacen parte algunos de los pronunciamientos precisamente citados como precedente por el a quo en la sentencia apelada

¿la circunstancia de que la autoridad electoral competente no le ha expedido al demandado su correspondiente credencial de concejal, lo sustrae de la acción de pérdida de investidura como concejal? La condición o calidad de concejal no nace de la credencial de concejal que expida la autoridad electoral respectiva, sino del acto administrativo que declara electa a la persona de que se trate o, en su lugar, del cumplimiento del acto que lo convoque o de llamamiento a tomar posesión del cargo en caso de vacancia en una de las curules que conforman la correspondiente corporación de elección popular, cuando tiene las condiciones para ser llamado, esto es, ser parte de la lista a la que pertenece quien hubiere hecho dejación del cargo, y seguir en turno frente a éste. La acreditación que se exige en el artículo 4º, literal b), de la Ley 144 de 1994, en cuanto señala que cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, ésta deberá formularse por escrito y contener, al menos "Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional", no puede tomarse de manera literal o restrictiva, en el sentido de que esa acreditación sólo pueda darse mediante la credencial o por la organización electoral, sino como un requisito susceptible de cumplir con cualquier prueba idónea

Diferencias y características de la acción electoral y de la acción de pérdida de investidura. Pérdida de investidura de Concejal por celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel. Celebrar un contrato sin formalidades plenas, no se constituye en una eximente.

Pérdida de la investidura por desempeño de la catedra tiempo completo