Momento procesal en que el juez puede declarar la caducidad. El Consejo de Estado señaló que la garantía del derecho al acceso a la administración de justicia lleva a que en los eventos donde se discuta responsabilidad el Estado por delitos de lesa humanidad, en que el juez contencioso no cuente con los elementos suficientes de convicción para decidir sobre la vigencia del medio de control en las etapas iniciales del proceso, debe, en garantía de los principios pro actione y pro damato, continuar con el trámite y resolver este asunto en una etapa posterior, una vez cuente con mayores elementos de juicio. Preciso que lo anterior, no implica que en todos los casos frente a los cuales sea probable que se haya cometido un delito de lesa humanidad el juez deba pronunciarse sobre la vigencia de la acción en las etapas posteriores del proceso, sí desde el inicio del mismo, o en sus etapas previas a la audiencia inicial se cuenta con los medios suficientes para definir la vigencia de la acción, el juez podrá declarar la configuración del fenómeno de la caducidad

Para la Sala la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales se ejercen dentro de un término específico - se configura cuando el medio de control es interpuesto después de dos años desde que se conoció el daño antijurídico, o desde la ejecutoria de la sentencia frente a la cual se predica un error judicial. El artículo 136, numeral 8 del CCA, consagraba un término de dos años para interponer la acción de reparación directa, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad. En cuanto a los errores jurisdiccionales, la Sección ha indicado que el término de caducidad se computa a partir de la ejecutoria de la providencia de la cual se predica el error, regla que no resulta aplicable en los eventos en los que la decisión afecta a terceros que no son parte del proceso

La Sala realizó algunas precisiones sobre la caducidad de la acción, en los eventos en que se demanda la nulidad absoluta del contrato de concesión minera para la explotación de yacimientos de materiales de construcción. En el caso estudiado por la Sala, se halla en discusión la nulidad absoluta del contrato de concesión, con fundamento en el hecho de que la zona concedida, por cuenta de actos expedidos con posterioridad a su celebración, se superpone con áreas declaradas como de especial protección ambiental, lo cual si bien, eventualmente podría dar lugar una nulidad por objeto ilícito sobreviniente derivado de la expedición de normas que imponían restricciones de tipo ambiental para su explotación, ciertamente no guarda identidad con una controversia sobre los derechos de dominio del subsuelo, sino con la posibilidad de continuar ejecutando el objeto contractual, exploración y explotación del yacimiento. Se reitera que no se presenta en el subexamine una situación que amerite la prescindencia de la aplicación del término de caducidad de la acción contractual, habida cuenta de que no se encuentra en discusión alguna el derecho de dominio sobre bienes del Estado. La Sala acoge las reflexiones que un evento análogo al que ahora se analiza, en el sentido de considerar que las reglas de caducidad en los casos en que la autoridad ambiental pretende la nulidad absoluta del contrato de concesión minera, por sobrevenir decisiones de especial protección ambiental que afectan la zona concedida, será un término máximo de 5 años contados a partir de la fecha de inscripción en el registro minero del contrato

Conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa por delitos de lesa humanidad. Esta Corporación ha indicado que para el conteo del término de caducidad siempre debe acudirse al caso concreto y observar sus particularidades, en tal sentido ha dispuesto que en eventos como los del desplazamiento forzado, dicho término se debe contabilizar de manera flexible a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar a la misma, esto por considerar que se trata de daños de carácter continuado. Así mismo en el marco de la admisión de la demanda el juez está plenamente facultado para dar aplicación a los principios pro actione y pro damato, cuando el conteo del término de caducidad no puede ser determinado de manera clara en una etapa inicial, esto sin perjuicio de que en un momento posterior y con la verificación de todo el material probatorio se pueda determinar que existió caducidad del medio de control

Caducidad de la acción de reparación directa ante la imposibilidad de conocer el daño. En algunos eventos se ha establecido que el término de 2 años previsto en la ley deberá contabilizarse a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad -cuando esta última no coincide con la causación de aquel, es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la imposibilidad de conocerlo-, o cuando aquel se entiende consolidado -en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo-, circunstancias que se analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. Es posible que en específicas ocasiones el daño se prolongue con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos que sirven de fundamento para las pretensiones, sin que esto signifique que el término de caducidad se postergue de manera indefinida

Excepción de caducidad por actos de lesa humanidad. El Consejo de Estado indicó la posibilidad de aplicar una excepción de caducidad frente a casos que constituyen delitos de lesa humanidad, se puede concluir que en los casos en que se configuren los elementos de un acto de lesa humanidad, es permitido al juez dejar de lado la regla ordinaria de caducidad, para en su lugar, abrir paso al estudio del asunto sometido a su conocimiento, en aplicación del ius cogens, toda vez que debe garantizarse el acceso real y efectivo al derecho de administración de justicia, con el fin de verificar si efectivamente se trata de un daño derivado de un delito de lesa humanidad sobre el cual procede la reparación integral de las víctimas. El conocimiento del proceso no estaría sujeto a la regla de caducidad fijada en la Ley 1437 de 2011 de dos años, pues, el juez está obligado a hacer prevalecer las garantías constitucionales y convencionales y a determinar con certeza la configuración del referido plazo extintivo

Para efectos de contabilizar el término de caducidad el Consejo de Estado ha distinguido el concepto de daño permanente y daño continuado para señalar que respecto de este último, aquel debe contarse desde el momento en que se verifica la cesación de la conducta causante del daño. Se ha establecido que en casos en los cuales el daño alegado es producto de delitos de carácter continuado, como ocurre con el desplazamiento forzado, el término de dos (2) años previsto en la ley solo podrá computarse teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, pues se trata de eventos en los que el daño se prolonga en el tiempo. En los casos en los que se alega un daño por desplazamiento forzado, por ser un daño continuado, el término de caducidad debe contabilizarse desde la cesación del daño, esto es, cuando se verifique que se dan todas las condiciones de seguridad para que las personas desplazadas retornen al lugar de origen

La jurisprudencia se unifica en el sentido de que toda pretensión debe efectuarse dentro del término en que se puede ejercer el derecho de acceder a la administración de justicia, período que sólo puede ser suspendido pero no interrumpido, su contabilización continua hasta su culminación sin que sea relevante que con anterioridad a su vencimiento se presente en forma oportuna peticiones en ejercicio del derecho de acción señalado, por lo que se impone que se verifique la caducidad de toda nueva pretensión sin perjuicio de que ésta se formule al comenzar un proceso, o durante su trámite vía reformulación del libelo introductorio, tal como la presentación de pretensiones requieren que las mismas sean elevadas en el término establecido para ello por la caducidad de la acción, so pena de que se rechacen al momento de admitirse la demanda o su reforma, o se denieguen cuando se profiera el fallo correspondiente, se advierte que respecto de dichas solicitudes igualmente debe revisarse el cumplimiento del requisito de procedibilidad consistente en el intento de llegar a una conciliación extrajudicial. La presentación de ciertas pretensiones no interrumpe el término de caducidad objetivamente establecido que se computa hasta su finalización, de manera que el hecho de que un demandante manifieste ciertas solicitudes en tiempo no lo posibilita a que posteriormente, cuando caduque su derecho de acción, manifieste otras peticiones sobre las cuales guardó silencio durante el interregno en el que ese derecho le estaba habilitado, de lo que se sigue que el requisito de caducidad de la acción deba verificarse tanto al momento de presentación de la demanda como al instante en el que la misma se adicione, sin importar que se intenten agregar nuevos demandantes, demandados u objetos de discusión

Resulta diáfano para la Sala de Subsección que el argumento principal del recurso único de apelación no es de recibo, como quiera que también las entidades públicas, como la demandante, están obligadas a ejercer las acciones judiciales en los términos previstos por la Ley, y no pueden ampararse en la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, puesto que existen normas procesales que redundan en beneficio del derecho sustancial desde la perspectiva social, como ocurre con las que consagran los términos de caducidad

Hay ciertos eventos en los cuales no se conoce el daño de manera inmediata a su producción por lo tanto se permite que el término para que se ejerza la caducidad se extienda

Acción de reparación directa. Recurso de apelación contra sentencia, para que se declare patrimonialmente responsable al Fondo Rotatorio de Aduanas, por el remate en subasta pública de la motonave de propiedad del demandante. Consejo de Estado. Sección Tercera. Competencia. Apelación sentencia. Caducidad de la acción. Término. Caducidad de la acción. Cómputo. Juez de segunda instancia. Limitación. Prueba. Valoración. Hecho dañoso. Configuración. Acervo probatorio. Análisis. Fondo Rotario de Aduanas. Decreto 1151 de 1976. Organización y funciones. Obligaciones. Incumplimiento de obligaciones. Perjuicios. Liquidación. Condena. Actualización. Perjuicio causado. Se traduce en la pérdida económica a partir del momento en que fue retenido el bien mueble. Condena en costas. Configuración. Contrato de cesión de derechos litigiosos. Validez

Caducidad de la acción administrativa; diferencias entre la caducidad administrativa y la caducidad de la acción ante la justicia

Caducidad de la acción contractual. Acta de liquidación del contrato por mutuo acuerdo sin salvedades impide las reclamaciones judiciales

Nulidad de contratos - Evolución legal - Término - Legitimación