Requisitos para la procedencia de la acción de cumplimiento. Se destacó que en desarrollo del artículo 87 de la Constitución, la Ley 393 de 1997 en su art. 8, reglamentó la acción de cumplimiento, exige como requisito de procedibilidad "la renuencia", esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento. Destacó que para que la demanda proceda, se requiere: a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y que, en efecto, se establezca que existe la desatención de la norma o acto; b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al obligado, el cumplimiento de su deber legal; c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en el acto administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción; que no se trate de una norma que establezca gastos, ni tampoco del reclamo de un derecho que pueda garantizarse por la vía de la acción de tutela

La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos. Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el desarrollo de la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de la orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad renuente. Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede cuando el interesado tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplido. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia la prosperidad de este medio de control está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i) que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el deber, la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa, clara y actual; (iii) que la norma esté vigente; iv) que el deber jurídico esté en cabeza del accionado; v) que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de funciones públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda y vi) que tratándose de actos administrativos no haya otro instrumento judicial para lograr su efectivo cumplimiento

La ley exige como requisito de procedibilidad la renuencia, esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento. No obstante, la norma permite que, de manera excepcional, se prescinda del mencionado requisito cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda

¿A través de la acción de cumplimiento se puede ordenar la ejecución de toda clase de disposiciones legales? El fin último de la acción de cumplimiento es procurar la efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, en aquellos casos en que las autoridades públicas no dan estricto cumplimiento al deber jurídico o administrativo que les es exigible; sin embargo, no es posible a través de este mecanismo ordenar la ejecución de toda clase de disposiciones, sino de aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional, que albergan una obligación perentoria, clara y directa a cargo de determinada autoridad, un mandato "imperativo e inobjetable" en los términos de la Ley 393 de 1997 "Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política"

¿Es necesario que el solicitante en una acción de cumplimiento en su petición haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad? Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, que el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento. Para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el solicitante en su petición haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la solicitud que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y, que de este pueda inferirse el propósito de agotar el prerrequisito en mención

¿Se puede ejercer la acción de cumplimento para lograr hacer efectivas normas cuyo acatamiento implican el desarrollo de políticas públicas? Cuando se trata de mandatos imperativos pero no determinados, por vía de esta acción no puede exigirse su cumplimiento, ya que no están delimitados en todo su entorno, puesto que se trata de regulaciones en sentido material que tienen contenidos generales y se refieren a lineamientos del accionar público

¿Procede interponerse una acción de cumplimiento contra una empresa de telefonía móvil? - No, la acción de cumplimiento contra particulares sólo procede si estos ejercen funciones públicas. Pero respecto de las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil no existe norma que refiera a que la prestación y comercialización de servicios de telecomunicaciones se consideren función pública, y siempre que se predique que un particular ejerce funciones administrativas o públicas, debe partirse de la ley que le otorgue tal facultad, pues dicho ejercicio, como lo precisa la Carta Política, sólo puede devenir de un precepto legal. Es entonces el legislador a quien la Carta Fundamental le asignó de manera reservada tal potestad

El conocimiento de las acciones de cumplimiento está atribuido en primera instancia a los jueces administrativos ¿El Consejo de Estado carece de competencia para conocer de la acción de cumplimiento? Juez administrativo - Competencia. Consejo de Estado - Competencia transitorio. Impedimentos y recusaciones. Acción de cumplimiento - Procedencia