La figura del llamamiento en garantía se encuentra regulada por dos fuentes normativas, cuyos requisitos de procedencia varían conforme a la disposición que resulte aplicable al caso particular. En efecto, por un lado se encuentra: i) el llamamiento en garantía con fines de repetición que se rige por la Ley 678 de 2001 y, de otro lado, ii) el llamamiento en garantía previsto por el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, los cuales poseen características diferentes, mientras el llamamiento en garantía con fines de repetición tiene como finalidad examinar la responsabilidad del agente (llamado) por una conducta dolosa o gravemente culposa que incidió en los hechos que dieron origen a la demanda, el llamamiento en garantía previsto por la Ley 1437 de 2011 tiene como propósito hacer comparecer en el proceso a un tercero para que asuma su posición de garante, en virtud de una relación legal o contractual por la que esté llamado a responder

El artículo 225 de la Ley 1437 de 2011 regula el llamamiento en garantía de los procesos ordinarios de conocimiento de esta Jurisdicción, para lo cual precisa que el demandado está facultado para solicitar la citación de un tercero que deba responder por la eventual condena que se decrete en su contra, con fundamento en una relación legal o contractual, que imponga para el llamante la liberación de los eventuales efectos adversos que pueda acarrearle el litigio. La solicitud de llamamiento en garantía no requiere la prueba del vínculo legal o contractual, sino que basta con la manifestación de que dicha relación existe, por manera que el anexo pertinente no será presupuesto para tramitarlo, pero sí para decidirlo de fondo, tal como lo ha sostenido esta Corporación en múltiples providencias. Con la legislación anterior (CCA), para realizar la solicitud de llamamiento en garantía no bastaba con la mera afirmación de que existía un vínculo legal o contractual para exigir a un tercero el respectivo reembolso, sino que dicha relación debía acreditarse al menos con prueba sumaria; mientras que con el CPACA, para realizar el correspondiente llamamiento en garantía ya no se requiere la prueba del derecho legal o contractual con el fin de acreditar de que tal relación existe, pues aquello constituye un presupuesto para resolverlo de fondo, mas no para darle trámite, en razón a que, para tramitar dicha solicitud, únicamente basta con la afirmación de la existencia del referido vínculo

Procedencia del llamamiento en garantía. La jurisprudencia se ha inclinado por aceptar la procedencia del llamamiento en garantía frente a quien también ostenta la calidad de demandado en el proceso, nada obsta para que el llamamiento proceda respecto del sujeto que, a su vez, aparece como parte pasiva de la demanda, siempre y cuando se acrediten los requisitos del llamamiento en garantía, podrá tener la doble condición de demandado y llamado, de esta manera garantiza que en un solo litigio se resuelvan las dos controversias, evitando desgaste y congestión judicial. No existen normas procesales que impidan la coexistencia de la calidad de demandado y de llamado en garantía, ya que, si bien en ambos casos se busca la vinculación de una persona al proceso, el primer mecanismo tiene por finalidad la declaratoria de responsabilidad del demandado como directo responsable, mientras en el segundo el llamante en garantía busca incorporar al proceso a un tercero en virtud de una relación legal o contractual que los liga

Finalidad del llamamiento en garantía. En esencia la carga procesal de quien pretende formular el llamamiento en garantía reside en la necesidad de señalar y probar, si quiera de manera sucinta, la existencia del vínculo jurídico que une a la parte convocante con el tercero llamado y las razones de hecho para su procedencia. La admisión del llamamiento en garantía debe ceñirse al cumplimiento de los requisitos formales del artículo 172 CPACA, toda vez que las valoraciones de fondo sobre dicho asunto, esto es, el vínculo legal o contractual, deben efectuarse en la sentencia que ponga fin al respectivo litigio, por lo que de aceptarse un llamamiento en garantía se deberá correr el respectivo traslado a aquellos. La finalidad de la figura del litisconsorcio necesario es que se vinculen a todos los sujetos procesales que tienen calidad de partes, y sin cuya integración no es posible desatar la relación sustancial objeto de controversia. De los anteriores elementos, queda claro que la necesidad de integración del litisconsorcio necesario atiende al interés directo que puedan tener las partes con la decisión que se vaya a proferir en la sentencia

Según el artículo 225 del CPACA el llamamiento en garantía procede cuando quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, pide la citación de aquel para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. La solicitud de llamamiento en garantía debe hacerse por escrito que debe cumplir los requisitos previstos en los numerales 1 a 4 del CPACA y con ella deberá aportarse prueba sumaria de la existencia del derecho legal o contractual. El artículo 1037 del C. de Comercio señala que son partes del contrato de seguro, de un lado, el asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos y, de otro, el tomador, persona que obra por cuenta propia o ajena y traslada los riesgos

El criterio vigente y conforme desde el cual se interpreta el artículo 78 del C.C.A., se define a partir de las siguientes reglas: Antes de la Constitución de 1991 la legitimación por pasiva derivada del artículo 78 del C.C.A. se integraba a partir de cualquiera de estas tres posibilidades: a) demandando solamente a la entidad pública, b) demandando solamente al funcionario público o, c) demandando conjuntamente a la entidad y al funcionario. Desde la Constitución de 1991, en los términos de la sentencia C-430 del 12 de abril de 2000 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 la legitimación por pasiva derivada del artículo 78 del C.C.A. se redujo a dos posibilidades: a) demandando solamente a la entidad pública, b) demandando conjuntamente a la entidad y al funcionario y; A partir de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 solamente es posible trabar la relación jurídico-procesal entre la víctima y la entidad demandada como partes originales del proceso. La única posibilidad actual de convocar al funcionario dentro del proceso corre por cuenta de la entidad demandada, quien podrá llamarlo en garantía o, ejercer la acción de repetición con posterioridad a la sentencia condenatoria

¿El llamamiento en garantía y la denuncia del pleíto se entienden como dos conceptos diferentes? - No, resulta estéril establecer dos figuras diferentes para regular situaciones casi que idénticas, pues, de lo que se trata, en ambos casos, es la vinculación forzada de un tercero al proceso al existir un vínculo material que le ata a alguna de las partes (bien sea un nexo real o personal), definido escuetamente como "relación sustancial" en tratándose de la denuncia del pleito o como un "vínculo legal o contractual" respecto del llamamiento en garantía, siendo claro que a la primera de estas figuras se le ha entendido como instrumento para el trámite de la obligación de saneamiento por evicción que dispone el artículo 1899 del Código Civil, pese a que la redacción de la norma no señale ello expresamente. Es por esta razón que la distinción de estas dos figuras no encuentra actualmente mayor respaldo en la práctica, dado que estos dos conceptos "comparten una misma base jurídica, sus diferencias resultan prácticamente imperceptibles y se derivan más bien de discusiones doctrinales históricas, pues, recuérdese que la anterior normativa de procedimiento civil, el Código Judicial establecido por la Ley 105 de 1931 sólo consagraba la figura de la denuncia del pleito en el artículo 235, de manera que las discusiones giraban en torno al radio de acción de esta normativa, esto es, sobre si esta vinculación comprendía también las garantías personales además de las reales

¿A quién le corresponde la carga de la prueba respecto de la acreditación del dolo o de la culpa grave con la cual habría actuado el llamado en garantía? - La carga procesal le atañe a quién hace el llamado en garantía, en el sentido de probar los requisitos configurativos del llamamiento en garantía y los fundamentos de hecho de la demanda como noción procesal que se basa en el principio de autorresponsabilidad de las partes y como requerimiento de conducta procesal facultativa predicable de todo aquél a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar así una decisión desfavorable

DAS formuló demanda de repetición en contra de ex director de la entidad, por que actuó con dolo o culpa grave al expedir Resolución aceptando renuncia -no voluntaria- de un Oficial de Inteligencia, acto administrativo que dio lugar a una sentencia condenatoria en contra suya, por la que tuvo que pagar a la funcionaria desvinculada irregularmente una suma. Acción de repetición. Competencia Consejo de Estado. Normatividad. Presupuestos. Finalidad. Llamamiento en garantía. Con fines de repetición. Acción de repetición. Definición. Busca responsabilizar patrimonialmente al funcionario que en ejercicio de sus funciones actúa con dolo o culpa grave causando un daño antijurídico. Precedente jurisprudencial. Presupuestos y requisitos. Prosperidad de la acción. Prueba que acredite que la entidad pública demandante haya sido condenada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Prueba. Deficiencias probatorias. Documentos. Valor probatorio. Documento en copia simple. Valor probatorio No son medios de convicción. Copia. Autenticación. Dolo. Conductas. Culpa grave. Conductas. Presunción. Praesumptio sumitur ex eo quod plerumque fit. Presunción. Definición normativa. Definición doctrinaria. Acto administrativo. Nulidad. Ejercicio del derecho de repetición. Comporta el desarrollo efectivo de la carga de la prueba

Solicitaron se declare administrativamente responsable por todos los perjuicios que les fueron irrogados con ocasión de las graves lesiones corporales sufridas por hechos ocurridos donde presuntamente, miembros de la Policía Nacional de manera imprudente ocasionaron un accidente de tránsito. Daño antijurídico. Noción. Concepto. Prueba trasladada. Ratificación en el proceso contencioso administrativo. Requisito de contradicción. Valoración de testimonios. Valor probatorio. Eficacia probatoria. Uso privativo de la fuerza por parte del estado. Límites. Dignidad humana. Derechos fundamentales. Perjuicios morales. Función satisfactoria. Reparación integral. Equidad. Llamamiento en garantía con fines de repetición

Falla del servicio médico en la atención medica de dos menores que padecieron isoinmunización por factor RH. Caducidad de la acción. Configuración. Término. Demanda. Presentada en término. Conflicto de competencia. Conflicto de jurisdicción. Incertidumbre. Jurisprudencia del Consejo de Estado. Acceso a la administración de justicia. Vulneración. Responsabilidad del estado. Prestación del servicio de salud. Naturaleza subjetiva. Titulo de imputación. Falla probada del servicio. Responsabilidad por falla medica. Acreditación de la falla, el daño antijurídico y el nexo de causalidad. Carga de la prueba del nexo causal. Corresponde al demandante. Prueba indirecta. Indicios. Historia clínica. Prueba idónea. Perjuicios morales. Acreditación. Presunción del perjuicio. Sin importar si es leve o grave. Cambio jurisprudencial. Llamamiento en garantía. Conducta dolosa o gravemente culposa

Acción de reparación directa, para que se declare como responsable, por los daños y perjuicios causados por la muerte de su compañero permanente en accidente de por una volqueta de propiedad del departamento del Huila. Medios de prueba. Validez. Valoración. Prueba trasladada. Incorporación y valoración probatoria. Requisitos. Daño. Acreditación. Conducción de vehículos. Ejercicio de una actividad peligrosa. Daño. Proveniente de una actividad peligrosa. Titulo de imputación. Objetivo de riesgo excepcional. Responsabilidad del Estado. Causales eximentes de responsabilidad. Causal eximiente de responsabilidad. Causa extraña, exclusiva, excluyente y adecuada. Hecho de la víctima. Debe ser imprevisible e irresistible. Teoría de la causalidad adecuada. Definición. Carga de la prueba. No fue acreditada. Hecho de la víctima. No se configuró. Concurrencia de culpa. No se configuró. Responsabilidad extracontractual del Estado. Imputación. Falla del servicio. Acreditación. Liquidación de perjuicios. Perjuicio moral. Prueba indiciaria. Hecho indicador y hecho indicado. Declaraciones extra juicio ante notario. Carecen de eficacia probatoria al no cumplir con los requisitos de ley. Perjuicios materiales. Lucro cesante Llamamiento en garantía. Procedencia. Patrimonialmente responsable

Régimen y funciones del Instituto Nacional de Vías. Régimen y funciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Valor probatorio de las fotografías teniendo en cuenta que se trata de un documento privado. Valor probatorio de la información de prensa escrita. Debe descartarse la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, dado que el actuar de él no fue la causa eficiente del daño, sino que lo fue la omisión por parte de la administración quien debió tomar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia del accidente a través de avisos que previnieran a los conductores que transitaban por la vía sobre el peso máximo que el puente resistía. Noción, finalidad y requisitos de procedencia del llamamiento en garantía.

Nociones de legitimación en la causa por activa y legitimación en la causa por pasiva. La entidad demandada cuenta con dos mecanismos procesales para vincular a sus agentes y así lograr el pago de la suma a la que fue condenada como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de los mismos: el llamamiento en garantía y la acción de repetición. El hecho de no efectuar el llamamiento en garantía no es óbice para que una vez efectuado el pago total de la condena por parte de la demandada, esta pueda repetir contra dichas funcionarias.

¿Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario? Acción contractual - Llamamiento en garantía

Evolución normativa de la acción de repetición. Concepto y objeto de la acción de repetición. Naturaleza jurídica indemnizatoria de la acción de repetición. Requisitos de procedibilidad de la acción de repetición. Actuación dolosa o gravemente culposa en acción de repetición. Cómputo del término de caducidad de la acción de repetición. Tránsito legislativo en la acción de repetición, principio de irretroactividad de la ley. Llamamiento en garantía con fines de repetición. Requisitos para la configuración de excepción previa de pleito pendiente. Concepto de dolo malo.

El régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la ejecución de una obra pública, debe definirse con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro. Acción contractual - LLamamiento en garantía. Contrato estatal de obra - Responsabilidad solidaria. Garantías. Contratista - Responsabilidad. Acción de repetición

¿En los procesos de naturaleza contractual y el en los de reparación directa, el llamamiento en garantía, figura que se regula por el Código de Procedimiento Civil? Acción contractual - Llamamiento en garantía. Acción de reparación directa - Llamamiento en garantía. Llamamiento en garantía. Denuncia del pleito. Contrato de seguro. Contrato estatal - Garantía

¿Dejar escapar un paciente psiquiátrico del hospital donde se encontraba recluido, quien además muere en la fuga, genera responsabilidad al Estado? Acción de reparación directa. Proceso de reparación directa - Llamamiento en garantía. Legitimación. Responsabilidad patrimonial del Estado. Hospitales - Obligación de seguridad a pacientes. Pacientes psiquiátrico. Falla del servicio hospitalario

¿La acción de grupo permite el llamamiento en garantía? Acción de grupo - Llamamiento en garantía. Acción de repetición. Responsabilidad patrimonial del Estado. Responsabilidad de la persona llamada en garantía

En ejercicio de la acción de reparación directa, se demanda al Banco de la República por la la expedición de las resoluciones 26 de 9 de septiembre de 1994 y 18 de 30 de junio de 1995, por las cuales el Banco de La República al calcular e informar mensualmente a la CAVs el valor del UPAC por el equivalente al 74% del promedio móvil de la tasa DTF, lo cual hizo impagable el contrato de mutuo comercial celebrado entre los demandantes y el B. C. H., y generó la entrega de la vivienda en dación en pago. Proceso contencioso - Llamamiento en garantía. Intervención de terceros. Banco de la República - Determinación de valor del UPAC. Contrato de mutuo comercial - Dación del pago del bien. Crédito hipotecario - Régimen legal aplicable

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por la nación en demanda de reparación directa contra un auto del tribunal que negó el llamamiento en garantía. El demandante pretende se le pague el daño causado por la expedición y aplicación de unas normas abiertamente inexequibles que crearon la obligación de liquidar y pagar la Tasa Especial por Servicios Aduaneros. Proceso contencioso administrativo - Llamamiento en garantía. Tercero obligado a indemnizar el perjuicio. Representación de la Nación

Acción de reparación directa por acto administrativo ilegal - Llamamiento en garantía a las aseguradoras. Procedencia en virtud de la relación contractual con el Banco de la República. Llamamiento en garantía - Requisitos formales y sustanciales. Responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado. Banco de la República - Fórmula de corrección monetaria y monto del UPAC. Liquidación de créditos en UPAC. Corrección monetaria y UPAC - Fórmulas de liquidación

Entidades públicas - Llamamiento en garantía a aseguradoras dentro de proceso de responsabilidad. Proceso de responsabilidad del Estado - Llamamiento en garantía contra los agentes estatales, particulares investidos de funciones públicas o a terceros con quienes la entidad demandada tenga derecho legal o contractual para exigir el reembolso

Entidades públicas - Llamamiento en garantía a aseguradoras dentro de proceso de responsabilidad. Proceso de responsabilidad del Estado - Llamamiento en garantía contra los agentes estatales, particulares investidos de funciones públicas o a terceros con quienes la entidad demandada tenga derecho legal o contractual para exigir el reembolso

Llamamiento en garantía. Evolución jurisprudencial y legal

Llamamiento en garantía. Sólo debe utilizarse en el evento en que exista prueba sumaria de la culpa o dolo del agente a partir de la Ley 678 de 2001. Cambio jurisprudencial

Acción contractual - Llamamiento en garantía a consorcio. Carácter preclusivo del término de suspensión del proceso y de la vinculación del llamamiento por notificación extemporánea. Pérdida de eficacia. Culpa grave o dolo - No es presupuesto de procedibilidad en el llamamiento en garantía

Llamamiento en garantía - Normas aplicables, Facultades Ministerio Público

Llamamiento en garantía al Banco de la República por inflación

Llamamiento en garantía - Concepto - Finalidad

Llamamiento en garantía