Se suspende provisionalmente los numerales 3, 4 y 5 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, al exceder su potestad reglamentaria Gobierno, al pasar por alto el contenido del Art. 5 Num. 4 de la Ley 1150 de 2007 (selección objetiva), así como el Art. 25 Num. 2 de la Ley 80 de 1993. Los numerales 3 4 y 5 resultan violatorios del artículo 5 numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, pues, al revisar la coherencia del "precio ofrecido" con la disponibilidad presupuestal (núm. 4, Art. 2.2.1.2.1.3.2), así como disponer que se debe llegar a un "acuerdo" sobre el mismo (Num. 4 y 5, Art. 2.2.1.2.1.3.2) como lo hace el decreto acusado, desconoce el principio de selección objetiva, ya que incluir factores económicos implica que el precio se torne determinante para la escogencia de los contratistas, violando la citada norma, pues el precio no puede ser factor de escogencia. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace por el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca y en el caso del concurso de méritos, el ofrecimiento más favorable está determinado por la propuesta técnica y la experiencia del proponente, criterios únicos determinantes para el estudio, evaluación y ponderación de las ofertas, esto es el factor de escogencia. Los numerales 4 y 5 violan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 Num. 2 Art. 25, pues es claro que se siguen "tramites distintos y adicionales a los expresamente previstos …" en la ley; en efecto, celebrar un "acuerdo" sobre el precio ofrecido es una situación que, aboca a la entidad a un segunda evaluación de lo que para ella sería la oferta más favorable, según el precio, cuando para este segundo momento se supone que ya se debió haber verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos para la escogencia del contratista, en consecuencia no se entiende porqué luego de agotado todo el procedimiento de selección objetiva, se tenga que realizar un acuerdo sobre el precio ofrecido

La administración no puede establecer en los pliegos de condiciones causales de rechazo que no tengan un fundamento legal o constitucional, y que carezcan de razonabilidad y proporcionalidad en relación con el objeto a contratar. Para la Sala, resulta contrario a la buena fe precontractual que al momento de presentar las observaciones al proyecto de pliego condiciones, la empresa demandante solicitara a la entidad que no requiriera el k residual de contratación, supuestamente por encontrarse derogado, cuando era evidente que ese requisito sí estaba vigente, no en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007. Se concluye que 1) la insistencia de la demandante para que no fuera tenido en cuenta un requisito evidentemente legal, 2) la presentación de información incompleta referida a dicho requisito aun cuando la entidad le había señalado su exigencia, y 3) el hecho de que hubiera ocurrido una situación similar en otro procedimiento de selección, son indicios que, "en consideración a su gravedad, concordancia y convergencia" permiten considerar ajustado al ordenamiento jurídico el rechazo de la propuesta de la demandante por resultar su comportamiento contrario al deber de buena fe precontractual. Para la Sala, suministrar información contraria a la realidad en una oferta no puede ser objeto de subsanación dentro de ningún procedimiento de selección

¿Puede rechazarse una propuesta en contratación estatal por no cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, cuando dichos requisitos no son necesarios para la comparación de propuestas? No, en ejercicio de la potestad de configuración de los pliegos de condiciones las entidades estatales contratantes se encuentran facultadas para exigir el cumplimiento y la observancia de los requisitos y condiciones que tanto a la luz de los principios constitucionales y legales que orientan la Contratación Estatal, como de su cometido misional, resulten pertinentes y necesarios para la consecución del fin público que se pretender satisfacer a través de la celebración del respectivo contrato. En consonancia con lo expuesto, y en punto a las restricciones a la libertad de configuración de los pliegos de condiciones a las cuales se encuentran sometidas las entidades estatales, ha de precisarse que si bien, según lo consagra el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones, lo cierto es que dicha previsión necesariamente debe armonizarse con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 15 del artículo 25 del mismo Estatuto según el cual la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. Esta posición fue conservada en la reforma introducida con la Ley 1150 de 2007, en cuyo parágrafo primero de su artículo 5 señaló que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En esa línea y a propósito de la definición de los requisitos y exigencias que puede contener el pliego de condiciones, la jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado que a la entidad le asiste el deber de cumplir con las cargas de claridad y precisión a la hora de establecerlos, cargas que en todo caso deben estar orientadas a la materialización del principio de selección objetiva pues de lo contrario las previsiones que no desarrollen o atenten contra la cristalización de dicho principio, o de todos aquellos que gobiernan la actividad contractual del Estado, serán inaplicadas o anuladas, según corresponda

Se declara nula el Acta de adjudicación en proceso de contratación directa al no haberse adjudicado al proponente que obtuvo el mayor puntaje argumentando que el certificado de ser distribuidor del fabricante - OTE - "no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 480 del C.C. Para la Sala no se demostró si dicho certificado era necesario para la comparación de las propuestas (Según los términos de referencia el sistema de evaluación estaría basado en factores de precio, calidad, estudio financiero, garantías técnicas ofrecidas y plazo de entrega) por lo cual la falta de ese documento no servía de razón suficiente para la eliminación de la propuesta presentada por la sociedad. ¿Pueden considerarse como daño emergente los gastos en que incurre el proponente para presentar una propuesta? No, estos no son factores indemnizables ni de reconocimiento al proponente que resulte vencido en un proceso administrativo de selección, comoquiera que se trata de los costos de oportunidad en los que se tiene que incurrir para participar en el proceso de selección, gastos que, por lo demás debe asumir todo aquel que se presente al proceso de selección y que, no obstante no ser elegido, no le son reembolsables, dado que no tiene el carácter de perjuicio indemnizable. Lucho cesante - utilidades dejadas de percibir en caso de habérsele adjudicado el contrato

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Acto de adjudicación del contrato. Caducidad. Acto precontractual. Caducidad. Término para intentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del acto de adjudicación de un contrato. Dictamen pericial. Objeción por error grave. Prueba pericial. Error grave. Documento. Original. Copia. Valor probatorio. Documento público. Documento privado. Documento auténtico. Copia simple. Aportada por la entidad pública. Valor probatorio. Contratación directa. Decreto ley 222 de 1983. Decreto Ley 222 de 1983. Contratación directa. Adquisición de bienes para la defensa nacional. Perfeccionamiento del contrato. Adjudicación del contrato. Procedimiento administrativo de selección. Principios aplicables al procedimiento de selección. Reiteración jurisprudencial. Principios aplicables al procedimiento de contratación directa. Principio de transparencia. Principio de economía. Principio de responsabilidad. Reiteración jurisprudencial. Principio de selección objetiva. Contratación directa. Evaluación de propuestas. Recomendaciones comité evaluador. Naturaleza

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de los actos separables del contrato -precontractuales- y su término de caducidad. El acto declaratorio de desierta la licitación no es precontractua porque no da lugar a la celebración de un contrato, luego su término de caducidad es de 4 meses. Doctrina de los actos propios, relación con el principio de la buena fe. No es lícito hacer valer un derecho en contradicción con una conducta anterior, o sea, venire contra factum proprium non valet. Naturaleza y concepto del pliego de condiciones, requisitos de participación de los oferentes y citerios de evaluación.

Solicitud de revocatoria de la suspensión provisional del Artículo 4 del Decreto 2170 de 2002, el cual define el deber de selección objetiva de contratista en desarrollo del Artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Decisión: Negada. Factores de evaluación - Distinción de factores subjetivos y objetivos - Criterios de selección - Definición por la entidad pública. Evaluación de propuestas - Libertad de la entidad pública

Se trata de la demanda de nulidad del Artículo 4 del Decreto 2170 de 2002, el cual define el deber de selección objetiva de contratista en desarrollo del Artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Decisión: Se decreta la suspensión provisional del artículo demandado excepto su parágrafo. Contrato estatal - Selección objetiva del contratista. Adjudicación. Requisitos subsanables por contratista. Evaluación de propuestas. Contratista - Factores de escogencia. Factores de cumplimiento. Experiencia. Organización. Equipos técnicos. Contratación pública - Principio de economía

Nulidad contractual, legitimación activa

Régimen aplicable al procedimiento licitatorio para la adjudicación de la concesión de la telefonía móvil celular, cuya apertura fue el 28 de octubre de 1993. Facultad del Gobierno para tener en cuenta otros criterios de valoración de la propuesta, siempre y cuando fuera también factor esencial de valorización para la adjudicación el contener la propuesta el plan de expansión en condiciones especiales a los municipios más necesitados. Adjudicación del contrato a la mejor oferta económica. Actos administrativos susceptibles de control de legalidad por vía de la acción de restablecimiento del derecho. Derecho de participación en contratación estatal.

Selección objetiva - Factores

Selección objetiva - Factores