DECRETO 2187 DE 1990
(septiembre 18)
Diario Oficial No. 39.532, de 19 de septiembre de 1990
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia expresa>.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS ENCAMINADAS AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional,
Que las causas por las cuales se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, hacen referencia, entre otras, a la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, que vienen perturbando gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafio criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la seguridad pública y en la economía nacional; así como a la ejecución de actos terroristas en diferentes partes del territorio nacional;
Que con el fin de reprimir el narcotráfico se dictaron los Decretos legislativos 1856 y 2390 de 1989 y 42 de 1990, en virtud de los cuales se estableció el decomiso de los bienes y efectos de toda clase, vinculados directa o indirectamente a dichos delitos y sus conexos de enriquecimiento ilícito y el tipificado en el artículo 6o del Decreto legislativo 1856 de 1989;
Que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 69 de fecha 3 de octubre de 1989, que declaró la exequibilidad del citado Decreto legislativo 1856 del mismo año, examinó la compatibilidad del decomiso regulado por ese decreto legislativo con las prescripciones de la Constitución Política, expresó que la garantía a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, exige, como primer presupuesto, ". que la adquisición venga asistida de un justo título, o sea, que su causa de adquisición se ajuste a la ley y, en manera alguna, contrariando la misma. El señorío que se adquiera por medios ilícitos o a consecuencia de ellos no puede tener protección legal";
Que una de las circunstancias que en mayor grado facilita la labor de los grupos antisociales relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, es el ingreso ilegal de medios de transporte y de divisas producto de dichas actividades al margen de la ley, con lo cual se facilita la compra de armas, explosivos, vehículos, medios de transporte y comunicaciones y, en general, de los instrumentos que hacen posible y facilitan el narcotráfico, el terrorismo y los delitos conexos;
Que, por lo tanto, la represión de las conductas que facilitan el ingreso ilícito de bienes y de divisas originadas en la actividad del narcotráfico es un instrumento imprescindible en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, los Jueces de Orden Público y Especializados que adelanten procesos en los que hayan sido o sean incautadas aeronaves o muebles de origen extranjero que puedan ser decomisados por la Dirección General de Aduanas, u oro, platino, divisas, o títulos representativos de las mismas que puedan ser materia de investigación por la Superintendencia de Control de Cambios, enviarán inmediatamente copia del acta de aprehensión y de los elementos de prueba que puedan servir a las autoridades administrativas, así:
a) En el caso de aeronaves o muebles de origen extranjero que puedan ser decomisados, a la Administración de Aduanas competente;
b) Si se trata de oro, platino, divisas, o títulos representativos de las mismas, a la Superintendencia de Control de Cambios.
PARÁGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de que los mencionados funcionarios asuman oficiosamente la investigación administrativa de su competencia.
ARTÍCULO 2o. Las autoridades administrativas a que se refiere el artículo anterior adelantarán de manera preferencial los procesos administrativos o contravencionales de su competencia, originados en los hechos que motivan el presente Decreto. Por lo tanto, la decisión definitiva deberá proferirse dentro del término de 4 meses contados a partir de la fecha del recibo de la copia del acta de aprehensión.
El incumplimiento injustificado del término previsto en el inciso anterior, hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta, sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente en la entidad a que pertenezca.
ARTÍCULO 3o. El decomiso de aeronaves o bienes decretado por la Dirección General de Aduanas se hará efectivo una vez quede en firme la decisión correspondiente. Para este efecto, la Administración de Aduanas competente comunicará al juez la decisión y éste ordenará de inmediato la entrega de las aeronaves o bienes afectados al Fondo Rotatorio de Aduanas.
El Fondo Rotatorio de Aduanas podrá enajenar o rematar en el país o en el exterior, los bienes decomisados.
ARTÍCULO 4o. Las aeronaves o bienes no decomisados administrativamente, continuarán a disposición del Juez a cuyas órdenes se encuentren, para lo de su competencia.
ARTÍCULO 5o. Las multas impuestas por la Superintendencia de Control de Cambios se harán efectivas una vez quede en firme la decisión correspondiente en materia de infracciones al régimen de cambios, para lo cual el Superintendente comunicará al Juez la decisión y éste ordenará de inmediato al Banco de la República que del equivalente en moneda legal colombiana del oro, platino, divisas, o títulos representativos de las mismas que hubieren sido incautadas, se descuente el valor de la multa impuesta y su importe se deje a disposición de la Tesorería General de la República, sin necesidad de que se adelante proceso de ejecución fiscal contra los infractores.
El excedente, si lo hubiere, quedará a órdenes del Juez, para lo de su competencia.
PARÁGRAFO. Se presume como tenedor del oro, platino, divisas, o títulos representativos de las mismas, para los efectos del presente Decreto al propietario, poseedor, o tenedor del bien mueble o inmueble en el cual se hubiere realizado la correspondiente incautación.
ARTÍCULO 6o. Del producto de las multas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destinará las sumas que considere necesarias, para el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada la Cuenta Especial para el Restablecimiento del Orden Público, contemplada en el Decreto legislativo número 1965 de 1989.
ARTÍCULO 7o. Para los efectos previstos en este Decreto, los funcionarios comisionados por el Director General de Aduanas y el Superintendente de Control de Cambios, tendrán acceso a los expedientes y podrán participar en todas las diligencias que se relacionen con la incautación de bienes producto de los hechos que motivan el presente Decreto y los jueces estarán obligados a suministrar copias de las piezas procesales pertinentes para los efectos de las investigaciones administrativas o contravencionales de competencia de dichas autoridades.
PARÁGRAFO. El comisionado deberá ser abogado titulado y estará obligado a guardar reserva del proceso penal correspondiente.
ARTÍCULO 8o. Si el Juez ordenare la devolución de los bienes a que se refiere este Decreto, encontrándose pendiente decisión administrativa sobre los mismos, éstos serán puestos por el Juez a disposición de la Dirección General de Aduanas o de la Superintendencia de Control de Cambios, según el caso, en cuyo evento los funcionarios competentes dictarán las medidas correspondientes sobre dichos bienes.
ARTÍCULO 9o. El presente Decreto rige a partir de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a 18 de septiembre de 1990.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA,
Ministro de Gobierno;
LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA,
Ministro de Relaciones Exteriores;
JAIME GIRALDO ANGEL,
Ministro de Justicia;
RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ,
Ministro de Hacienda y Crédito Público; General
OSCAR BOTERO RESTREPO,
Ministro de Defensa Nacional;
MARIA DEL ROSARIO SINTES ULLOA,
Ministra de Agricultura;
FRANCISCO POSADA DE LA PEÑA,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social;
ERNESTO SAMPER PIZANO,
Ministro de Desarrollo Económico;
ANTONIO NAVARRO WOLFF,
Ministro de Salud;
LUIS FERNANDO VERGARA MUNARRIZ,
Ministro de Minas y Energía;
CESAR MANUEL GARCIA NIÑO,
Viceministro de Educación encargado de las funciones del Despacho del Ministro;
ALBERTO CASAS SANTAMARIA,
Ministro de Comunicaciones;
JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIERREZ,
Ministro de Obras Públicas y Transporte.