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Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 36149 de 2014

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SENTENCIA DE UNIFICACION JURISPRUDENCIAL - Privación injusta de la libertad / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Sentencia de unificación jurisprudencial / SENTENCIA DE UNIFICACION JURISPRUDENCIAL POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - En relación con los parámetros para tasar perjuicios morales y criterios para reconocer perjuicios por lucro cesante / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - De persona acusada del delito de peculado por apropiación en provecho propio / DAÑO ANTIJURIDICO - Privación injusta de la libertad en Cárcel Nacional La Modelo de Bogotá de persona acusada de peculado por apropiación absuelta mediante sentencia

Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad (…) el demandante José Delgado Sanguino fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió

RESOLUCION DE ACUSACION - Proferida por la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Administración Pública / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTINA - Impuesta por la Fiscalía Especializada contra el sindicado / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA - Sustituida por caución prendaria luego de estar recluido ocho meses en centro carcelario / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Por término de ocho meses en Cárcel La Modelo de Bogotá / SENTENCIA ABSOLUTORIA - Proferida por Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, decisión confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga

El día 26 de noviembre de 1998 la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del señor José Delgado Sanguino, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998, sustituida por caución prendaria el 17 de agosto de 1999, por considerarlo autor del delito de peculado por apropiación (…) el día 23 de octubre de 2000 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga profirió sentencia absolutoria a favor del señor José Delgado Sanguino, providencia que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 22 de noviembre de 2001

PRELACION DE FALLO - Decisión sin sujeción al orden cronológico por tratarse de asuntos reiterados jurisprudencialmente / PRELACION DE FALLO - Pronunciamiento anticipado del juez por existir jurisprudencia consolidada y reiterada sobre privación injusta de la libertad

La Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir sin sujeción al orden de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”. En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor José Delgado Sanguino. (…) la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una Jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada

FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009 - ARTICULO 16

ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / ACCION DE REPARACION DIRECTA POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Caducidad / TERMINO DE CADUCIDAD ACCION DE REPARACION DIRECTA - Se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación penal o absolvió al procesado / CADUCIDAD POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - El término deberá contarse desde el momento en que se profiere la providencia que confirma la sentencia absolutoria cuando no haya certeza de su notificación

La jurisprudencia reiterada y consolidada del Consejo de Estado, en relación con el término de caducidad de la acción de reparación directa que se presenta por la privación injusta de la libertad, ha sostenido que debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado, lo cierto es que en este caso no hay constancia de la fecha aludida ni la de su notificación, motivo por el cual, para efectos del cómputo del término previsto en el artículo 136 del C.C.A., se tomará en cuenta el momento en el cual se profirió la providencia mediante la cual se confirmó la sentencia que absolvió al sindicado, pues aun teniendo en cuenta esa fecha, la demanda se interpuso de manera oportuna

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 136

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Por condenas impuestas contra la Nación / LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA - De la Fiscalía General de la Nación / LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Por ser una entidad con autonomía administrativa y presupuestal / LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Por acreditarse que la privación injusta de la libertad fue generada por actuaciones de sus funcionarios

Según se desprende del contenido de la demanda, ésta se dirigió strictu sensu contra una sola persona jurídica, a saber: La Nación, representada a través de la Rama Judicial (…) teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación es una entidad que goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política de 1991 y, además, que dentro del asunto sub lite se demostró que el daño antijurídico por el cual se demandó fue causado por actuaciones realizadas por la Fiscalía, esta Sala estima que la condena que se proferirá en el presente proceso en contra de La Nación por las actuaciones de la mencionada entidad pública deberá ser cumplida o pagada con el presupuesto de ésta

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA DE 1991 - ARTICULO 249

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por privación injusta de la libertad / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Regulación legal. Reiteración jurisprudencial / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Régimen objetivo / REGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta es atípica / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Principio in dubio pro reo / PRINCIPIO INDUBIO PRO REO - Opera cuando la privación deviene de una actividad investigativa adelantada por autoridad competente en cumplimiento de las exigencias legales y el sindicado resulta absuelto

Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de Jurisprudencia (…) En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 –Código de Procedimiento Penal- y de la Ley 270 de 1996 (…) En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica. (…) de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada  por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales. NOTA DE RELATORIA: En relación con el principio in dubio pro reo, consultar sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTICULO 414

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por privación injusta de la libertad / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL - Existente por acreditarse que el hecho punible por el que se investigaba al sindicado no existió / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL - Por daño especial / DAÑO ESPECIAL - Por rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas al privar a una persona de la libertad por hechos que no existieron

Resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia hubiere sido ajustado o contrario a Derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, será intrascendente -en todo sentido- que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional .(…) se impone concluir que el señor José Delgado Sanguino no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le ocasionó, el cual debe ser calificado como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la Administración Pública de resarcir a dicha persona por ese hecho

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 90

CRITERIO DE UNIFICACION – Perjuicios morales / PERJUICIOS MORALES - Por privación injusta de la libertad / PERJUICIOS MORALES POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Unificación jurisprudencial / PERJUICIOS MORALES POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se presume el dolor, angustia y aflicción del directamente afectado y de sus seres queridos más cercanos / PERJUICIOS MORALES - Deben acreditarse con registros civiles / CRITERIOS DE UNIFICACION POR PERJUICIOS MORALES -. Parámetros para cuantificarlos / CRITERIO DE UNIFICACION PARMATROS PARA CUANTIFICARLOS - Reglas / REGLAS PARA LIQUIDAR EL PERJUICIO MORAL NIVEL UNO. - Víctima directa, cónyuge o compañeros permanentes y parientes en el primer grado de consanguinidad / REGLAS PARA LIQUIDAR EL PERJUICIO MORAL NIVEL DOS – Parientes en el segundo grado de consanguinidad / REGLAS PARA LIQUIDAR EL PERJUICIO MORAL NIVEL TRES - Parientes en tercer grado de consanguinidad / REGLAS PARA LIQUIDAR EL PERJUICIO MORAL NIVEL CUATRO – Parientes en el cuarto grado de consanguinidad y afines hasta el segundo / REGLAS PARA LIQUIDAR EL PERJUICIO MORAL NIVEL QUINTO – Terceros damnificados

Según lo ha reiterado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia, hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad; en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades, al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su Derecho Fundamental a la libertad.(…) en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de  28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa –radicación No. 25.022– y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera. (…) el señor José Delgado Sanguino permaneció privado de su libertad, esto es casi 9 meses, la gravedad del delito por el cual fue acusado y la afectación, angustia y congoja que el hecho dañoso causó en la víctima directa del daño, de acuerdo a lo acreditado con las pruebas testimoniales, se considera que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 70 SMLMV (…) En relación con los demás demandantes, se encuentra probado con los registros civiles de nacimiento que fueron aportados al proceso, que José Alberto Delgado Fontecha y Lina María De Las Estrellas Delgado Rangel son hijos del señor José Delgado Sanguino, razón por la cual hay lugar a reconocerles, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 70 SMLMV para cada uno de ellos.

CRITERIO DE UNIFICACION - Parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de perjuicios morales / PERJUICIOS MORALES - Unificación jurisprudencial. Quantum indemnizatorio / CRITERIO DE UNIFICACION TASACION DE PERJUICIOS MORALES - Se somete al arbitrio judicial aunado a la valoración probatoria hecha por el juez / PERJUICIOS MORALES - Reconocimiento a madre e hijos por acreditar su parentesco con registros civiles / PERJUICIOS MORALES - Reconocimiento a compañera permanente por afiliar al afectado como beneficiario del Sistema de Seguridad Social

En cuanto a la calidad de compañera permanente o estable de la señora Sonia Fontecha Vargas, tal como se mencionó en el acápite del material probatorio que obra en el proceso, se tiene acreditado que ella afilió como beneficiario del Sistema de Seguridad Social en Salud al señor José Delgado Sanguino como su compañero permanente. Al respecto, la Corte Constitucional se manifestó en el sentido de que se debe presumir la buena fe de quienes manifiestan su condición de compañeros permanentes con el fin de afiliarse al POS en la calidad de beneficiarios. (…) en los tres testimonios rendidos ante el Tribunal Administrativo de Santander, se observa plena coincidencia en que el señor Delgado Sanguino convivía con “su señora”, su madre y su hijo. Cabe aclarar que si bien en ninguno de los testimonios se haya mencionado el nombre de la señora Fontecha Vargas, lo cierto es que no obra prueba que desvirtúe esa convivencia y, aunque el señor José Delgado estuvo casado con otra señora que responde al nombre de Ana Belén Rangel Ballesteros, dicha sociedad conyugal se disolvió el 24 de junio de 1994, tal como consta en la escritura pública anexada con la demanda. (…) la Sala encuentra acreditado que la señora Sonia Fontecha Vargas es la compañera permanente o estable del señor José Delgado Sanguino y, en consecuencia, se le reconocerá la suma equivalente a 70 SMLMV, por concepto de perjuicios morales. NOTA DE RELATORIA: En relación con los medios probatorios para acreditar la relación de cónyuges o compañeros permanentes, consultar sentencia de 2 de diciembre de 2012, Exp. 20001-23-31-000-2010-00165-01, M.P. María Claudia Rojas

CRITERIO DE UNIFICACION - Para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante / INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR LUCRO CESANTE - En privación injusta de la libertad / LUCRO CESANTE - Por ingresos dejados de percibir en el período que estuvo recluido / CRITERIO DE UNIFICACION LUCRO CESANTE POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Para su reconocimiento debe acreditarse edad productiva al momento de la detención / ACREDITACION EDAD PRODUCTIVA - Para indemnizar lucro cesante

Cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se refieren a la privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera reiterada -y mediante esta providencia se unifica el criterio- que para la procedencia del reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se requiere que se acredite que la víctima de la referida privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho dañoso, es decir cuando fue detenida, se encontraba en edad productiva. En relación con este perjuicio, de un lado se tiene que el señor José Delgado Sanguino tenía 39 años de edad al momento de su detención y, en todo caso, de conformidad con los testimonios rendidos por los señores Javier Enrique Ramírez Espinosa, Pablo César Mantilla García y Serafina Camacho Pérez, está acreditado que para el momento de los hechos el señor desempeñaba una actividad productiva económica, aun cuando no expusieron con exactitud el tipo de labor que realizaba. NOTA DE RELATORIA: En relación con los criterios para reconocer perjuicios materiales por lucro cesante, consultar sentencia de 2 de junio de 1994, Exp. 8998, MP. Julio César Uribe Acosta.

LUCRO CESANTE - Reconocimiento a la víctima por acreditar labor económica / LUCRO CESANTE - Liquidado con base al salario mínimo legal mensual vigente por no allegarse prueba sobre la suma de los ingresos / FACTOR PRESTACIONAL - A la liquidación debe agregarse el ingreso base y sumar el tiempo de detención / FACTOR PRESTACIONAL - Debe agregarse a la liquidación el tiempo que tarda la persona privada en conseguir trabajo

En las mencionadas piezas procesales no existe indicación alguna acerca de la suma que el señor Delgado Sanguino podía obtener con ocasión de la labor económica realizada –aunque se hubiera manifestado en la demanda que se dedicaba a actividades de construcción y de comercio informal devengando $600.000 mensuales aproximadamente–, razón por la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente, monto que será tenido en cuenta por la Subsección para liquidar el lucro cesante. A esa suma se le debe adicionar el 25% por concepto de prestaciones sociales. (…) en la liquidación debe agregarse el factor prestacional correspondiente para determinar el ingreso base y sumar al lapso durante el cual el señor Delgado Sanguino estuvo privado de la libertad, el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SALA PLENA

Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON (E)

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149)

Actor: JOSE DELGADO SANGUINO Y OTROS

Demandado: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE REPARACION DIRECTA

Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Santander, el día 21 de septiembre de 2007, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

1.- La demand.

En escrito presentado el día 22 de octubre de 2002, los señores José Delgado Sanguino y Sonia Fontecha Vargas, quienes actúan en nombre propio y en el de su hijo menor José Alberto Delgado Fontecha; Ana Belén Rangel Ballesteros, quien actúa en nombre y representación de su hija menor Lina María De Las Estrellas Delgado Rangel y Martina Sanguino de Delgado, mediante apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra La Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por el daño a ellos ocasionado como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual habría sido víctima el primero de los mencionados actores.

En este sentido, se solicitó en la demanda el reconocimiento de las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales para los señores José Delgado Sanguino, Sonia Fontecha Vargas y Martina Sanguino de Delgado, el equivalente a 518 SMLMV para cada uno de ellos y para los menores José Alberto Delgado Fontecha y Lina María De Las Estrellas Delgado Fontecha , el equivalente a 259 SMLMV para cada uno de ellos.

Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se pidió la suma de $ 5'140.000,00 a favor del señor José Delgado Sanguino y el monto de $ 3'426.666,00 a favor de la señora Sonia Fontecha Vargas.

2.- Los hechos.

La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:

Que el día 26 de noviembre de 1998 la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del señor José Delgado Sanguino, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998, sustituida por caución prendaria el 17 de agosto de 1999, por considerarlo autor del delito de peculado por apropiación.

Que el día 23 de octubre de 2000 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga profirió sentencia absolutoria a favor del señor José Delgado Sanguino, providencia que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 22 de noviembre de 2001.

3.- Contestación de la demanda.

Notificada en debida forma el auto admisorio de la demand

, la entidad demandada no la contestó.

4.- Alegatos de conclusión en primera instancia.

4.1. La parte demandante guardó silencio.

4.2. La entidad demandad aseguró que no se le podía endilgar responsabilidad al Estado, por cuanto debía existir un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia para reclamar un daño antijurídico que diera lugar a una reclamación patrimonial y dado que la Fiscalía General de la Nación –la cual avocó el conocimiento de la causa penal de la conducta del señor José Delgado Sanguino– solamente cumplió con el deber legal y constitucional de investigar los delitos, no estaba obligada a responder patrimonialmente por los daños que se reclamaron como antijurídicos, pues ello es el resultado del ejercicio legítimo de los poderes estatales, razón por la cual no debía indemnizarlo.

Adicionalmente indicó que los ciudadanos deben renunciar a su interés particular, por razón del principio del interés general consagrado en la Constitución Política y en pro de la seguridad pública que facilite la convivencia pacífica, que deben soportar ciertas dificultades como la detención preventiva.

Afirmó que para que opere una privación injusta de la libertad se debe demostrar aquella no tuvo sustento legal, pero sostuvo que la detención del señor José Delgado Sanguino se basó en normas procedimentales y sustantivas del ordenamiento penal, puesto que existía una investigación que condujo a imponer la medida de aseguramiento, al existir suficientes pruebas que la sustentaran.

En cuanto a la actuación del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga sostuvo que absolvió al detenido porque encontró la prueba que eximió de responsabilidad al señor José Delgado Sanguino en la conducta delictiva enjuiciada, circunstancia que no genera responsabilidad de indemnizar puesto que se actuó dentro del marco legal.

Finalmente manifestó que se tuviera en cuenta la autonomía administrativa y presupuestal de la Fiscalía General de la Nación para su labor investigativa y acusatoria, contenida en el artículo 249 de la Constitución Política, asegurando así la falta de legitimidad por pasiva de la Rama Judicial por cuanto los hechos y las conductas relacionadas en la demanda fueron realizadas por la Fiscalía General de la Nación.

El Ministerio Público guardó silencio.

5.- La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo Santander, mediante sentencia proferida el 21 de septiembre de 2007, denegó las súplicas de la demanda.

Indicó que la Fiscalía General de la Nación, al valorar las pruebas obrantes en el sumario al momento de definir la situación jurídica del sindicado y de calificar el mérito del sumario, encontró indicios que comprometían la responsabilidad del señor José Delgado Sanguino y que sólo al momento en el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga asumió su competencia, con el recaudo de nuevas pruebas, se pudo comprobar que el investigado no tenía vinculación alguna con la comisión del delito a él imputado.

Así las cosas, concluyó que la Fiscalía General de la Nación estaba en la obligación de investigar y de llegar al esclarecimiento de los hechos, por manera que el actor debía esperar los resultados de la etapa de instrucción, al existir indicios en su contra que lo vinculaban con la comisión de un delito.

6.- La apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia al considerar que se encontraban acreditados los elementos estructurales para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación.

Expuso que el régimen de responsabilidad es objetivo en los eventos de privación injusta de la libertad, por tanto no resultaba necesario analizar la actuación o la legalidad de las actuaciones de los funcionarios.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo a quo se equivocó en la aplicación del régimen de responsabilidad, en la medida en que para proferir la decisión objeto de apelación había hecho referencia únicamente a la inexistencia de una falla en el servicio, bajo el argumento de que los ciudadanos están obligados a soportar la carga en razón a que la ley le otorga facultades a la Fiscalía General de la Nación para proceder a la detención de las personas cuando exista, al menos, un indicio grave en su contra.

7.- Alegatos de conclusión en segunda instancia.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Prelación de fall

.

En la actualidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho para fallo.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 1 

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, permite decidir sin sujeción al orden de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor José Delgado Sanguino.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una Jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipad

.

2.- El ejercicio oportuno de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos (2) años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la providencia mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la providencia del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga que absolvió al señor José Delgado Sanguino se profirió el día 22 de noviembre de 2001 y la demanda se formuló el 22 de octubre de 200.

Si bien la jurisprudencia reiterada y consolidada del Consejo de Estado, en relación con el término de caducidad de la acción de reparación directa que se presenta por la privación injusta de la libertad, ha sostenido que debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado, lo cierto es que en este caso no hay constancia de la fecha aludida ni la de su notificación, motivo por el cual, para efectos del cómputo del término previsto en el artículo 136 del C.C.A., se tomará en cuenta el momento en el cual se profirió la providencia mediante la cual se confirmó la sentencia que absolvió al sindicado, pues aún teniendo en cuenta esa fecha, la demanda se interpuso de manera oportuna.

3.- Responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación respecto de las condenas que se profieran en contra de la Nación por sus actuaciones.

Según se desprende del contenido de la demanda, ésta se dirigió strictu sensu contra una sola persona jurídica, a saber: La Nación, representada a través de la Rama Judicial.

Este criterio ha sido establecido por esta Sección del Consejo de Estad

, en aquellos eventos en los cuales una entidad que representa a La Nación llama en garantía a otra entidad que igualmente forma parte de la misma, según los siguientes términos:

“En este sentido, considera la Sala que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley pues, como se dijo, el llamado en garantía debe ser un tercero y, en este caso, por el contrario, el llamamiento realizado por el demandado, es decir, por la Nación – Congreso de la República no se hace a un tercero sino que se pretende la vinculación de la misma persona jurídica, la Nación, pero representada por el Ministerio de Hacienda.

Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que la parte demandada en la presente acción es la Nación, no es posible que el Congreso de la República, que para efectos del proceso es su representante, llame en garantía al Ministerio de Hacienda, dado que dicho  y, en consecuencia, no puede ser considerado como un tercero que pueda ser llamado en garantía, motivo por el cual, la Sala confirmará el auto recurrido, salvo que por motivos diferentes a los expuestos por el tribunal de instancia.

Esa misma postura ha sido aplicada en casos alusivos a pruebas trasladadas, tal como se evidencia en el siguiente pronunciamiento de esta Corporación:

“En el presente caso resulta claro que, aún cuando los oficios estuvieron dirigidos al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá y no a la entidad demandada –Fiscalía General de la Nación-, el requerimiento fue consecuente en su destinatario, si se tiene en cuenta que no hubo duda de que el proceso penal no cesó en la etapa de investigación, sino que superó la instrucción para ser decidido en juicio por el operador jurídico oficiado. Más allá del anterior argumento, lo cierto es que -en suma-, tanto la Fiscalía como la Rama Judicial representan una misma y única persona: la Nación, por lo cual no halla razón la Sala para exceptuar la valoración de lo aportado(Se destaca).

En línea con lo anterior, si bien la mencionada tesis ha sido aplicada para eventos en los cuales se pretende la vinculación de terceros al proceso y aquellos casos en los cuales hay lugar a la valoración de pruebas, tal circunstancia no excluye su aplicación al caso que aquí se analiza, puesto que lo que se persigue es indicar y reafirmar que el libelo demandatorio se dirigió respecto de una sola y única persona jurídica, La Nación.

Pues bien, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación es una entidad que goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política de 1991 y, además, que dentro del asunto sub lite se demostró que el daño antijurídico por el cual se demandó fue causado por actuaciones realizadas por la Fiscalía, esta Sala estima que la condena que se proferirá en el presente proceso en contra de La Nación por las actuaciones de la mencionada entidad pública deberá ser cumplida o pagada con el presupuesto de ést.

4.- Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de Jurisprudencia.

En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 –Código de Procedimiento Penal- y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificad por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiv.

Con esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5.- El material probatorio que obra en el proceso.

Durante el curso del proceso se decretaron como pruebas y se recaudaron ,de manera debida y oportuna, los siguientes elementos de acreditación:

Copia del registro civil de nacimiento del señor José Delgado Sanguin.

Copia del registro civil de nacimiento de la señora Ana Belén Rangel Ballestero.

Partida de bautismo de la señora María Martina Sanguino Re.

Registro civil de nacimiento de la señora Sonia Fontecha Varga.

Registro civil de nacimiento de la señora Lina María De Las Estrellas Delgado Range.

Registro civil de nacimiento del señor José Alberto Delgado Fontech.

Formulario por medio del cual la señora Sonia Fontecha Vargas afilió al señor José Delgado Sanguino al Sistema de Seguridad Social en Salud como beneficiario en la E.P.S., Seguro Socia.

 Memorial de fecha 29 de julio de 1998, suscrito por los señores Sonia Fontecha Vargas y José Delgado Sanguino y dirigido al Seguro Social, en el cual la primera de los mencionados manifestó que el segundo convive con ella hace siete años, en cuya unión se procreó a José Alberto Delgado Fontech.

Copia del carnet de afiliación al Seguro Social en el cual aparece la señora Sonia Fontecha Vargas como cotizante y José Delgado Sanguino como beneficiario, con fecha de afiliación de 29 de julio de 199.

Copia de la Escritura Pública No. 3160 de la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga de fecha 24 de junio de 1994, en la cual se dejó constancia sobre la disolución y liquidación de la sociedad conyugal existente entre los señores José Delgado Sanguino y Ana Belén Rangel Ballestero.

Copias de las cédulas de ciudadanía de los señores Martina Sanguino de Delgado, José Delgado Sanguino, Ana Belén Rangel Ballesteros y Sonia Fontecha Varga.

Constancia expedida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, en la cual se hace constar que en ese Despacho se absolvió al señor José Delgado Sanguino del delito de peculado en provecho propio, a través de sentencia proferida el 23 de octubre de 2000 y que esa decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, a través de sentencia proferida el 22 de noviembre de 200.

Copia de la denuncia penal interpuesta ante el Fiscal General de la Nación el 28 de febrero de 1997 por el señor Luis Fernando Cote Peña, quien firma como Concejal de Bucaramanga de la époc.

Ante el Tribunal Administrativo de Santander, los señores Javier Enrique Ramírez Espinosa, Pablo César Mantilla García y Serafina Camacho Pérez rindieron sendas declaraciones en la cuales indicaron cómo estaba compuesta y cómo eran las relaciones familiares de los demandantes, al tiempo que señalaron la forma en la cual el proceso penal iniciado contra el señor José Delgado Sanguino y la correspondiente medida de aseguramiento que se le impuso, lo afectaron a él y a su famili. Lo manifestaron así:

El señor Javier Enrique Ramírez Espinos:

“Yo supe todo porque siempre estaba en la casa permanentemente, supe cuando lo capturaron y lo que salió en las noticias, puesto que a eso le hicieron bastante publicidad. Él estuvo preso más o menos ocho meses y la señora no trabajaba, el que traía la plata era para la señora y su mamá quien es ciega, esa situación fue brava para la familia si porque los ahorros que él tenía se agotaron pues la señora con el niño no tenía quien les diera a ellas. A la esposa le tocaba duro incluso nosotros como yernos nos tocaba ayudarles para la comida porque no tenían ni para el mercado… Mucho daño se hizo a esa familia porque después de haber sido una persona de bien, no se daban lujos pero vivían bien, no le hacía falta nada, tenían que pedir colaboración a gente particular que no tenían nada que ver con ellos y aparte de eso el hombre tener que gastar lo que tenía en las cuotas de la casa puesto que se atrasó y salir y nadie que le de trabajo y además a una persona que supuestamente es pícara o ladrón o que haya sido de la cárcel le queda pesado conseguir trabajo… Esa vaina yo la vi en televisión y en las páginas de vanguardia y eso le dieron mucho bombo a nivel nacional, eso que lo saquen en televisión y digan que es un pícaro y ladrón le afecta mucho la imagen a uno y a la familia… La señora y el niño en una situación buena tener que pasar hambre y aguantarse a la gente diciéndole cosas y el niño estaba muy pequeño y la señora sin tener recursos para mantenerse y mantener al pelado eso la afectó muchísimo, y la mamá quien dependía de él también”.

El señor Pablo César Mantilla:

Lo que sé es que lo detuvieron un primero de diciembre en las horas de la noche o en la madrugada y lo sacaron como cualquier bandido y ladrón por causas que desconozco, estuvo en la Cárcel Modelo por un tiempo como de un año… A la familia él era el que los mantenía y la familia aguantando hambre y esperando que la gente les colaborara puesto que ellos dependían de José y a él porque después de que sale una persona de la cárcel queda reseñado y nadie le va a dar empleo tanto por la edad como por los sucesos… Fue algo injusto lo que le hicieron al señor y que los que pagaron todo eso fue el hijo y la señora puesto que los colocaron en una situación económica muy mala e injusta”.

La señora Serafina Camacho Pérez:

“Claro lo afectó mucho a la familia especialmente a la mamá quien es cieguita, afecta de igual forma a su esposa e hijo puesto que él era quien veía de ellos. A él lo afectó mucho puesto que el al ver que afectaba a su familia lo afectó igual”.

Oficio del 8 de noviembre de 2004, mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga remitió las copias que hacen parte del proceso penal que se inició contra el señor José Delgado Sanguino, expediente que será valorado por la Corporación por cuanto se solicitó como prueba por la parte demandante, al tiempo que se adelantó con audiencia de la entidad demandad.

En este orden de ideas, dentro de la aludida prueba trasladada reposan, entre otros medios de convicción, copia auténtica de las siguientes pruebas documentales:

  1. Providencia de 24 de mayo de 1994, a través de la cual la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Administración Pública profirió resolución de acusación en contra del señor José Delgado Sanguino como presunto autor del delito de peculado por apropiación en provecho propi.
  2. Providencia de 26 de noviembre de 1998, por medio de la cual la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Administración Pública impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al sindicado José Delgado Sanguino como autor –en grado de determinador– del punible de peculado por apropiación a favor de tercero.
  3. Orden de captura en contra del señor José Delgado Sanguino, expedida el 30 de noviembre de 1998 por la Fiscalía General de la Nació.
  4. Reporte de capturas ordenadas por la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Administración Pública, en el cual consta que el 1 de diciembre de 1998 funcionarios del C.T.I. de Bucaramanga hicieron efectiva la captura del señor José Delgado Sanguin.
  5. Providencia de fecha 17 de agosto de 1999, mediante la cual la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva por la de caución prendaria al sindicado José Delgado Sanguin.
  6. Boleta de libertad del señor José Delgado Sanguino, expedida por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal de Distrito de Bucaramanga el 18 de agosto de 199.

- Sentencia de fecha 23 de octubre de 2000, proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, a través de la cual se absolvió al señor José Delgado Sanguino por los cargos imputados en razón del presunto delito de peculado en provecho propio. Lo consideró así:

“En relación con RUBEN QUINTERO NÚÑEZ, en el informe GDF1226 del 12 de febrero del 2000, se da cuenta de que efectivamente dentro de los documentos que obran en la empresa estaba el soporte de las horas extras, dominicales y festivos, como lo es el memorando interno dirigido a la señora Gladis de la sección de nóminas, por el Director del Departamento de Aseo Doctor Juan Bautista Vega Espíndola, fechado el 1-3-96, donde se especifica que el tiempo suplementario o globalizado de RUBEN QUINTERO ES “FESTIVOS: 7, HORAS EXTRAS DIURNAS: 38, HORAS EXTRAS NOCTURNAS: 27, HORAS EXTRAS FESTIVAS NOCTURNAS: 30, HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS: 10, AUXILIOS DE ALIMENTACIÓN: 31”. Aspecto éste que es igualmente corroborado por el mismo JUAN BAUTISTA VEGA, quien refiere que allí se laboraba por tarea que correspondía a un recorrido de seis horas diarias, pero había días que una sola persona hacía tres recorridos, ya que la orden era que el trabajo de aseo no se podía paralizar, y debido a la crisis de automotores, donde de 37 recolectores, solo habían trabajado siete. Refiriendo que esas horas extras así como su conversión, se venían autorizando desde anteriores administraciones como en la de Cristian Mora, Rafael Ardila, Carlos Ibáñez y Alfonso Pinto. Son hechos que conllevan a inferir como así se dijo respecto de Ludwing Mantilla, que prevaleciendo la realidad sobre la formalidad, lo cierto es que al no desconocerse por el perito contable que se hayan realizado, este aspecto no permite predicar responsabilidad penal del procesado por el pago de las quince horas en exceso, puesto que realmente se laboraron, y efectivamente en unas dependencias como la de aseo, la labor no podía paralizarse puesto que se trata de un servicio público que debía prestarse prontamente, como al respecto lo refirió el mismo Director de dicho departamento.

Con fundamento en los anteriores razonamientos, se procederá a absolver  RUBEN QUINTERO  de los cargos que se le hacen como autor de peculado por apropiación en provecho propio.

Ahora bien, a JOSÉ SAÚL SANDOVAL y JOSÉ DELGADO SANGUINO, respecto a horas extras, dominicales y festivos, sucedió similar circunstancia a la predicada respecto a RUBÉN QUINTERO, donde aparece el soporte de las horas extras firmada por su jefe el Dr. JUAN BAUTISTA VEGA ESPINDOLA, y correspondiendo similar consideración sobre su pago de las horas que superaban el tope máximo permitido, deberá por éste cargo absolverse a JOSE DELGADO SANGUINO y respecto de JOSE SAUL SANDOVAL disminuirse el monto de su apropiación” (se subraya.

- Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2001, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, por medio de la cual confirmó la sentencia mencionada previamente, en lo que tiene que ver con la absolución del señor Delgado Sanguino, puesto que ese punto no fue materia de apelació.

6.- El caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, en especial con el reporte de capturas de la Fiscalía General de la Nación y la boleta de libertad expedida por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal de Distrito de Bucaramanga, la Corporación encuentra que el demandante José Delgado Sanguino fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.

Al respecto, en sentencia proferida el 29 de marzo de 2012 por la Sección Tercera de esta Corporación, se dijo:

“No olvida la Sala que en casos como el presente, como ya se dijo, surge la responsabilidad objetiva de la entidad demandada, toda vez que se configuró una de las tres circunstancias consagradas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, consistente en que el hecho no existió, pues así de manera expresa lo manifestó el fiscal en la providencia en la que resolvió precluir la investigación, por considerar que no hubo fraude al fisco con ocasión del contrato de obra pública ejecutado por el señor Villamil Valderrama (Se resalta).

Y en igual sentido, en providencia de 31 de mayo de 2013, se manifestó:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución y 414 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, el Estado deberá responder por la medida de aseguramiento de detención preventiva a la que estuvo sometido el señor Jhon Jaime Villa Díaz, porque el hecho no existió, comoquiera que en la investigación que se adelantó en su contra, la justicia penal militar así lo resolvió, en la medida en que no se acreditó la existencia del estupefaciente….

Así pues, cuando se ha probado que los supuestos fácticos por los cuales se inició el proceso penal no tuvieron lugar, como en el presente caso en el que se comprobó que el sindicado sí había laborado las horas extras, se debe entender que el hecho no existió.

Se agrega, además, que resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia hubiere sido ajustado o contrario a Derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, será intrascendente –en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constituciona

.

Por consiguiente, se impone concluir que el señor José Delgado Sanguino no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le ocasionó, el cual debe ser calificado como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la Administración Pública de resarcir a dicha persona por ese hecho, tal como se dejó indicado en precedencia, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada, al tiempo que tampoco se acreditó que el hecho dañoso hubiere ocurrido como consecuencia del hecho de un tercero, puesto que la entidad demandada no demostró los presupuestos necesarios para su configuración, esto es la imprevisibilidad, irresistibilidad y que la conducta hubiere resultado totalmente ajena a la Fiscalía General de la Nació.

7.- Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

Según lo ha reiterado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia, hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su liberta; en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidade

, al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su Derecho Fundamental a la liberta

.

Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercano

, según corresponda.

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el Juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concept.

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de  28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa –radicación No. 25.022– y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

Por consiguiente, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual el señor José Delgado Sanguino permaneció privado de su libertad, esto es casi 9 meses, la gravedad del delito por el cual fue acusado y la afectación, angustia y congoja que el hecho dañoso causó en la víctima directa del daño, de acuerdo a lo acreditado con las pruebas testimoniales, se considera que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 70 SMLMV.

En relación con los demás demandantes, se encuentra probado con los registros civiles de nacimiento que fueron aportados al proceso, que José Alberto Delgado Fontecha y Lina María De Las Estrellas Delgado Rangel son hijos del señor José Delgado Sanguino, razón por la cual hay lugar a reconocerles, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 70 SMLMV para cada uno de ellos.

En cuanto a la calidad de compañera permanente o estable de la señora Sonia Fontecha Vargas, tal como se mencionó en el acápite del material probatorio que obra en el proceso, se tiene acreditado que ella afilió como beneficiario del Sistema de Seguridad Social en Salud al señor José Delgado Sanguino como su compañero permanente. Al respecto, la Corte Constitucional se manifestó en el sentido de que se debe presumir la buena fe de quienes manifiestan su condición de compañeros permanente con el fin de afiliarse al POS en la calidad de beneficiario

.

Por su parte, sobre el mismo tema, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia proferida el 2 de diciembre de 2012, se pronunció de la manera siguiente:

“A juicio de la Sala, la demostración de la relación de cónyuge o de compañero permanente entre dos personas no puede restringirse a una única prueba, o, como bien se expuso a un mecanismo ad substantiam actus, que para el caso del Decreto 1260 de 1970, vendría a ser el registro civil, máxime cuando obran en el plenario otros elementos de juicio, que conforme al artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por integración de materia a este asunto, pueden probar como cierta la circunstancia que pretende demostrarse. En tal sentido y habida cuenta de que al proceso se allegó copia del formulario de inscripción de aval 2008-2011 (fl. 1) y certificación de la relación de beneficiarios al sistema de seguridad social expedida por COOMEVA (fl. 50), la Sala considera que existen los elementos de juicio necesarios para que se entienda probada la relación de cónyuge o compañero permanente del demandado con la señora MARDELIA YOLIMA PADILLA SANTAMARÍA (se resalta).

Adicionalmente, en los tres testimonios rendidos ante el Tribunal Administrativo de Santander, se observa plena coincidencia en que el señor Delgado Sanguino convivía con “su señora”, su madre y su hijo. Cabe aclarar que si bien en ninguno de los testimonios se haya mencionado el nombre de la señora Fontecha Vargas, lo cierto es que no obra prueba que desvirtúe esa convivencia y, aunque el señor José Delgado estuvo casado con otra señora que responde al nombre de Ana Belén Rangel Ballesteros, dicha sociedad conyugal se disolvió el 24 de junio de 1994, tal como consta en la escritura pública anexada con la demanda.

Por lo anterior, la Sala encuentra acreditado que la señora Sonia Fontecha Vargas es la compañera permanente o estable del señor José Delgado Sanguino y, en consecuencia, se le reconocerá la suma equivalente a 70 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.

Finalmente, respecto de la demandante Martina Sanguino de Delgado, la Sala encuentra probado que es la madre de la víctima directa del daño, en razón al registro civil de nacimiento del señor Delgado Sanguino obrante en el proceso. Cabe aclarar que si bien tanto en el texto de la demanda como en la cédula de ciudadanía, la señora aparece con el nombre de Martina Sanguino de Delgado, mientras que en el mencionado registro civil y en la partida de bautismo aparece con el nombre de Martina Sanguino Rey, lo cierto es que es indudable para la Sala que se trata de la misma persona, en virtud de que el apellido “de Delgado” corresponde al de su esposo y padre de su hijo, tal como se nota en la partida de bautismo donde aparece registrado el matrimonio con el señor Bernardino Delgado. Por lo anterior, también se le reconocerá la suma equivalente a 70 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.

7.2. Perjuicios materiales.

7.2.1. Lucro Cesante.

Acerca del reconocimiento del lucro cesante, tratándose de la privación injusta de la libertad, la Sala ha dicho:

“En relación con estos pedimentos, advierte la Sala que la demanda no conceptúa adecuadamente las nociones de daño emergente y lucro cesante. Éstas se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor:

«Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento» (subrayas fuera del texto original).

El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad ¾para el afectado¾ de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago ¾que la parte actora solicita¾ de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima. Esto último es lo que ocurre con el no pago de los salarios y prestaciones mientras se prolongó la detención preventiva. De manera que, por tratarse este extremo de un asunto que toca con el rubro del lucro cesante, será abordado inmediatamente después de cuantificar el daño emergente

.

Respecto de los criterios que deben tenerse en cuenta para reconocer la indemnización de este perjuicio, la jurisprudencia ha exigido que éste debe ser cierto:

“El lucro cesante, de la manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta Corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad públic

. Esa demostración del carácter cierto del perjuicio brilla por su ausencia en el experticio de marras

.

En este sentido, cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se refieren a la privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera reiterad -y mediante esta providencia se unifica el criterio- que para la procedencia del reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se requiere que se acredite que la víctima de la referida privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho dañoso, es decir cuando fue detenida, se encontraba en edad productiva.

En relación con este perjuicio, de un lado se tiene que el señor José Delgado Sanguino tenía 39 años de edad al momento de su detención y, en todo caso, de conformidad con los testimonios rendidos por los señores Javier Enrique Ramírez Espinosa, Pablo César Mantilla García y Serafina Camacho Pérez, está acreditado que para el momento de los hechos el señor desempeñaba una actividad productiva económica, aun cuando no expusieron con exactitud el tipo de labor que realizaba.

No obstante, en las mencionadas piezas procesales no existe indicación alguna acerca de la suma que el señor Delgado Sanguino podía obtener con ocasión de la labor económica realizada –aunque se hubiera manifestado en la demanda que se dedicaba a actividades de construcción y de comercio informal devengando $600.000 mensuales aproximadamente–, razón por la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporació

, hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente, monto que será tenido en cuenta por la Subsección para liquidar el lucro cesante. A esa suma se le debe adicionar el 25% por concepto de prestaciones sociales.

De igual forma, en la liquidación debe agregarse el factor prestacional correspondiente para determinar el ingreso base y sumar al lapso durante el cual el señor Delgado Sanguino estuvo privado de la libertad, el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárce.

En este orden de ideas, procederá la Subsección a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Para determinar lo que le corresponde al demandante por concepto de lucro cesante, se actualizará el valor del salario mínimo legal mensual vigente para el año 1998.

Ra = Rh ($203.826)  x  índice final – julio/14 (116,91)

                 índice inicial – diciembre/98 (52.18)

Ra = $ 456.675.oo

Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($616.000) resulta superior a la anterior cifra, se tomará la última cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante.

Ingresos de la víctima (SMLMV 2014): $ 616.000,oo

Período a indemnizar: 17,31 mese

A esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que se presume son devengadas por cada trabajador.

Así: 616.000 x 0.25 = 154.000 + 616.000 = 770.000.

De conformidad con lo anterior, se tomará la suma de $ 770.000 como ingreso base de liquidación.

                       (1+i)n -1

S   =  VA        -------------

                    i

           (1.004867)17,31 -1

S   =  VA    ---------------------   

                        0.004867

                    

S   =  $ 770.000 x 18.01

S  =   $ 13'867.700

Total perjuicios materiales por lucro cesante: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS ($13'867.700).

Ahora bien, en relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante que se solicitó en favor de la señora Sonia Fontecha Vargas, la Sala no accederá a su reconocimiento toda vez que fueron solicitados argumentando que ella recibía de su compañero José Delgado Sanguino una suma de dinero puesto que ella no trabajaba. Entonces como ya se le reconocerá al señor Delgado Sanguino lo que dejó de percibir durante el tiempo que fue privado injustamente de su libertad, no habría lugar a que adicionalmente se le reconociera a ella, si ya se satisfizo ese perjuicio en cabeza de su compañero.

7.2.2. Daño Emergente.

La parte demandante no solicitó en la demanda la indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente, ni acreditó en el proceso que hubiere incurrido en algún gasto con ocasión de la privación injusta de la libertad o de la interposición de la demanda que ahora se resuelve, motivo por el cual no hay lugar a acceder a su reconocimiento.

8.- Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO: Unificar la jurisprudencia en relación con los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y el criterio para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad.

SEGUNDO: Revócase la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Santander, el día 21 de septiembre de 2007 y, en consecuencia, se dispone:

1. Declárase patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de {}{}{}{}{}}}{}{}{}{}{}{}}}{}la Nación, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor José Delgado Sanguino.

2. Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar a los señores José Delgado Sanguino, Sonia Fontecha Vargas, José Alberto Delgado Fontecha, Lina María De Las Estrellas Delgado Rangel y Martina Sanguino de Delgado un monto equivalente a setenta (70) S.M.L.M.V., para cada uno a título de perjuicios morales.

3. Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor José Delgado Sanguino, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la cantidad de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS ($13'867.700).

4. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.  

6. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

Presidenta

HERNÁN ANDRADE RINCÓN                           STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO                 

ENRIQUE GIL BOTERO                                                   RAMIRO PAZOS GUERRERO                                            

DANILO ROJAS BETANCOURTH           JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

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