Terrenos de bajamar no pueden considerarse como bienes privados, con vocación reparadora en proceso de justicia y paz. Ahora bien, al tenor del art. 166 del Decreto Ley 2324 de 1984 por medio del cual se organiza la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público, por tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce, de acuerdo a la ley y a las disposiciones de dicho decreto. Tales permisos, agrega la norma, no confieren título alguno sobre el suelo ni el subsuelo. Habiéndose dictaminado por la entidad estatal competente para ello que el lote está ubicado en su totalidad en una zona de bajamar, es indiscutible su condición de bien de uso público natural, que por definición lo hace inalienable, inembargable e imprescriptible. Por consiguiente, de ninguna manera puede reputarse como bien privado, susceptible de ser entregado para la reparación de las víctimas. De suerte que, sin dudarlo, la irregular situación del lote de terreno en cuestión ha de ser enmendada por las vías legales pertinentes. Sin embargo, ello no es óbice para mantener en el proceso de justicia y paz un bien que, ab initio, carece de toda vocación reparadora, pues por pertenecer a la Nación no puede ser entregado por particulares para que el dominio le sea transferido a persona alguna

Con la emisión de una sentencia condenatoria, cesan los efectos jurídicos de la medida de aseguramiento. En punto de la vigencia temporal de la medida de aseguramiento, la jurisprudencia ha clarificado que, desde la perspectiva material de su fundamento procesal, la detención preventiva, en consideración a su naturaleza cautelar, así como en vista de las finalidades a las que sirve en el proceso, tiene vigencia hasta que se profiere la sentencia de primera instancia, si el proceso es tramitado por la Ley 600 de 2000. En el marco del esquema procesal de la Ley 600 de 2000, la Sala ha clarificado que, con la emisión de una sentencia condenatoria, cesan los efectos jurídicos de la medida de aseguramiento, por lo que la subsistencia de la privación de la libertad del sentenciado encuentra un sustento material diverso. En tanto mecanismo cautelar, la detención sigue sirviendo al proceso, pero ya no en cuestiones probatorias ni de comparecencia stricto sensu, sino al eventual cumplimiento de la pena privativa de la libertad (art. 355 de Ley 600 de 2000). Esto, en la medida en que si bien la presunción de inocencia sigue rigiendo hasta que cobre ejecutoria la declaración de responsabilidad penal (art. 248 de la Constitución), no es menos cierto que, al dictarse una condena en primera instancia, ya existe una decisión judicial sobre la responsabilidad penal de quien es sentenciado, por lo que las determinaciones de condena son de cumplimiento inmediato

Reconocimiento de hermanos como víctimas en los casos de justicia y paz. La Sala ha señalado reiteradamente que el daño moral se presume en relación con el cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima; de manera que quienes no se encuentren dentro de estas categorías de parentesco -esto es, hermanos o nietos, entre otros- deben acreditar el daño por no ser destinatarios de la exención probatoria prevista por la normatividad antes citada. Lo anterior no quiere decir, como así lo precisó el a quo, que en el proceso de Justicia y Paz se les niegue a los hermanos y demás parientes que se ubican respecto de la víctima directa en el segundo grado de consanguinidad, o en grados superiores, el reconocimiento como víctimas, solo que a estas personas les corresponde probar, además del vínculo familiar, los perjuicios sufridos como consecuencia del accionar de las estructuras delincuenciales. Por tanto, cualquier familiar de la víctima directa que sufra un daño, y que respecto de esta se encuentre en un grado de parentesco superior al primero, puede acreditarse como víctima indirecta, sólo que ostenta la carga de probar el perjuicio padecido porque no le basta demostrar el parentesco, como sí sucede con el cónyuge, compañero o compañera permanente y con los padres e hijos, dada la presunción establecida en su favor

Posibilidad de tener como parte del tiempo cumplido para sustituir la medida de aseguramiento, el periodo que el postulado permaneció en prisión en el extranjero luego de su extradición. Cuando el postulado ha permanecido privado de la libertad en el exterior, en virtud de extradición solicitada y concedida con posterioridad a su ingreso al proceso especial de justicia y paz por conductas punibles cometidas con anterioridad a su desmovilización, es posible contabilizar ese término para los fines previstos en el art. 18 A inc. 1º num. 1º de la Ley 975 de 2005. Empero, ello está condicionado a que el solicitante acredite el requisito sustancial previsto en la norma, a saber, que la conducta punible en relación con la cual se privó de la libertad al postulado en el exterior tenga conexidad con la participación de las autodefensas en el conflicto armado, es decir, que se haya cometido con ocasión y durante la pertenencia del desmovilizado al grupo armado ilegal. El vínculo de los comportamientos atribuidos al postulado con el conflicto armado es algo que el juez de control de garantías debe valorar, en concreto y con el máximo rigor en la determinación de los supuestos fácticos pertinentes, en la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento, pues tal beneficio no puede ser aplicado si no se acredita que la conducta que motivó la detención por fuera del país, cuyo tiempo pretende ser aplicado para obtener la libertad, fue cometida con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal del cual se es desmovilizado. Además, de cara a lo exigido por el art. 18 A inc. 1º num. 3º, igualmente ha de acreditarse que aquél contribuyó al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de justicia y paz

La acumulación de procesos en el trámite de Justicia y Paz. La acumulación de procesos en el trámite de justicia transicional difiere ampliamente de la figura que reglamenta la acumulación de actuaciones seguidas bajo la égida de la Ley 906 de 2004, en tanto, para su aplicación es preciso acudir a los fines del proceso de Justicia y Paz, a los especiales principios que lo guían, los intereses de las víctimas y la contribución de la figura procesal para alcanzar de manera pronta y eficaz una sentencia que contenga una verdad lo más completa posible, así como una relación suficiente de los fenómenos y contextos de macrocriminalidad y macrovictimización. Con la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, que introdujo una manera diferente de investigar los crímenes cometidos por los grupos armados organizados al margen de la ley, imponiendo a la Fiscalía el deber de identificar esos contextos de macrocriminalidad y macrovictimización, la Corte revalidó tal postura, hallando en la figura de acumulación de procesos una herramienta eficaz para el cumplimiento de ese deber, deduciendo que "admitir la iniciativa de otros intervinientes o su oposición injustificada a tal pretensión, conduciría a una injerencia indebida en un asunto que la ley y la jurisprudencia le han asignado a un actor específico". En síntesis, para cumplir los principales fines del proceso de Justicia y Paz, la Fiscalía tiene la facultad exclusiva y excluyente de conexar hechos para que sean juzgados en una sola actuación, obedeciendo criterios de priorización dirigidos a esclarecer el patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y a develar los contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando los esfuerzos en los máximos responsables

Identificación de los patrones de macrocriminalidad. Lo primero que hay que advertir es que la identificación de los patrones de macrocriminalidad corresponde a un momento procesal específico y que el mismo se va edificando durante el desarrollo de toda la actuación. La Sala tiene establecido que los patrones de macrocriminalidad hacen parte de una serie de métodos instituidos en el ordenamiento jurídico interno y que definen los parámetros de investigación y juzgamiento de los procesos de justicia transicional. El alcance de dichos sistemas de enjuiciamiento prevé que estas actuaciones se basan en la aplicación de criterios de priorización, selección, investigación y juzgamiento de los máximos responsables, e igualmente, de tratamientos especiales a favor de quienes se sometan a dichos regímenes.Concluye la Corte Suprema de Justicia que que la identificación de determinado patrón de macrocriminalidad debía contener, al menos, los siguientes rasgos: "(i) las actividades criminales desplegadas por el grupo, junto con los responsables de dichas conductas; (ii) la ubicación temporal y territorial donde ocurrieron; y, (iii) la finalidad de tales actos."

Los postulados a la Ley de Justicia y Paz que se desmovilizaron de las FARC-EP se encuentran, por tanto, ante la disyuntiva de permanecer en el trámite de la Ley 975 de 2005 o solicitar su inclusión en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no pueden estar en los dos trámites transicionales al mismo tiempo (...) Si optan por solicitar la libertad condicionada prevista en la Ley 1820 de 2016 deberán someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como lo ordenan los artículos 35 y 36, al señalar que "el acta de compromiso que suscribirán las personas beneficiadas con las libertades previstas en este Capítulo, contendrá el compromiso de sometimiento y puesta a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz...", lo cual significa que al acogerse a la nueva jurisdicción tienen que abandonar la de Justicia y Paz, pues aunque los dos sistemas tienen como finalidad terminar con el conflicto armado interno y lograr la reconciliación y la paz nacional, cada uno tiene sus autoridades, procedimientos, sanciones y mecanismos de implementación que no permiten que se entremezclen y confundan

Libertad transitoria condicionada y anticipada establecida en la Ley 1820 de 2016. El Congreso de la República expidió la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, en desarrollo del procedimiento legislativo especial para la paz. La libertad transitoria condicionada y anticipada como su nombre lo indica, es provisional y previa y no implica, conforme lo establece el inciso 4 del artículo 51, "la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz" y tampoco conlleva la concesión de circunstancias atenuantes ni mucho menos la disminución de la respectiva sanción, pues se otorga mientras el beneficiario acude a la Jurisdicción Especial para la Paz y podrá ser revocada si no cumple las obligaciones contraídas en la respectiva acta de compromiso. Reitera la Corte que el derecho a beneficiarse del tratamiento diferenciado dependerá de que, como lo establece el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 2017, "el condenado reconozca verdad completa, detallada y exhaustiva" y cumpla las condiciones relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. Por tanto, si se sustrae de esos compromisos no se hará acreedor a las sanciones propias o alternativas de la Jurisdicción Especial para la Paz sino que se hará efectiva la pena impuesta por la justicia ordinaria. Ahora bien, la aplicación de los tratamientos penales especiales diferenciados previstos en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en la Ley 1820 de 2016 que conducirá en su momento el envío del proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz, implica reconocer que tal normatividad se ubica en el marco de la "justicia transicional" que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, ha sido admitida por la comunidad internacional, dado que tiene como supremo objetivo el restablecimiento de la paz interna, pero siempre y cuando se garantice que "las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de las mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban algún tipo de sanción"

¿Puede el juez condicionar qué dependencia de la Fiscalía emite el certificado sobre bienes que debe expedirse para qué el postulado a Ley de Justicia y Paz acceda a sustitución de medida de aseguramiento? No, la obligación del postulado y de la defensa se cumple con el suministro de la certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación, dado que es la entidad encargada de identificar, ubicar y perseguir los bienes de los integrantes de los grupos organizados al margen de la ley vinculados al trámite de Justicia y Paz. La normatividad transicional no exige que sea una u otra dependencia la que certifique el requisito, de suerte que no puede denegarse la sustitución por el hecho de que el documento sea expedido por una unidad diferente a la que el Magistrado considera debe emitirlo, pues la obligación de certificar está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación como entidad y no en un despacho particular. Con todo, resulta lógico que sea la fiscalía de la Unidad de Justicia y Paz que documenta el grupo la encargada de certificar los aspectos que por disposición legal debe refrendar la entidad, pues es la dependencia con mayor conocimiento de la estructura delictiva, sus integrantes, su contexto y patrones macro criminales, así como su contribución a develar la verdad y a reparar a las víctimas. No obstante, si otro despacho fiscal relacionado con el trámite emite la certificación, ello no comporta irregularidad que impida su valoración

¿Puede el juez condicionar qué dependencia de la Fiscalía emite el certificado sobre bienes que debe expedirse para qué el postulado a Ley de Justicia y Paz acceda a sustitución de medida de aseguramiento? No, la obligación del postulado y de la defensa se cumple con el suministro de la certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación, dado que es la entidad encargada de identificar, ubicar y perseguir los bienes de los integrantes de los grupos organizados al margen de la ley vinculados al trámite de Justicia y Paz. La normatividad transicional no exige que sea una u otra dependencia la que certifique el requisito, de suerte que no puede denegarse la sustitución por el hecho de que el documento sea expedido por una unidad diferente a la que el Magistrado considera debe emitirlo, pues la obligación de certificar está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación como entidad y no en un despacho particular. Con todo, resulta lógico que sea la fiscalía de la Unidad de Justicia y Paz que documenta el grupo la encargada de certificar los aspectos que por disposición legal debe refrendar la entidad, pues es la dependencia con mayor conocimiento de la estructura delictiva, sus integrantes, su contexto y patrones macro criminales, así como su contribución a develar la verdad y a reparar a las víctimas. No obstante, si otro despacho fiscal relacionado con el trámite emite la certificación, ello no comporta irregularidad que impida su valoración

¿Cualquier falla de comportamiento dentro del penal, es suficiente para reevaluar el otorgamiento de la sustitución de medida de aseguramiento de quién se acoge a Justicia y Paz?- No, tal como lo ha precisado esta Corporación, cuando se trata de evaluar la posible sustitución de medida de aseguramiento y ante la eventual existencia de reproches en el comportamiento al interior del penal, se impone examinar la especie, intensidad y dimensión de la falta disciplinaria ejecutada por el postulado, así como los motivos que impidieren la obtención del certificado de buena conducta, todo ello en un ponderado balance con la teleología general del proceso de justicia y paz, pues sólo en la medida en que tales aspectos estén íntimamente ligados con el incumplimiento de las obligaciones principales del desmovilizado, pueden utilizarse como motivo para negar la sustitución de la medida impetrada. En ese orden, la trascendencia del respeto a las obligaciones relacionadas con la obtención de la verdad, la justicia y la reparación efectiva, en manera alguna puede equipararse a la ejecución de una falta que pueda catalogarse de menor entidad en relación con dichas finalidades, toda vez que, de otro modo, la existencia de cualquier conducta disciplinaria tendría la capacidad de producir desproporcionadas consecuencias, no sólo frente a la libertad, sino respecto de la finalidad misma del sistema, la cual se negaría en su presencia, sin importar que las principales obligaciones del desmovilizado fueron cumplidas cabalmente. Por tal motivo, la conducta del interno "no puede analizarse con la misma estrictez con que se estudian las afines con los fundamentos del proceso de Justicia y Paz, al punto de anteponerla a los derechos de verdad, justicia y reparación de que son titulares las víctimas

¿Corresponde a la víctima pronunciarse en torno a los perjuicios sí la defensa del imputado no manifiesta su interés en pagar una indemnización? No, en criterio del actor, correspondía a la víctima pronunciarse en torno a los perjuicios y como no lo hizo él tuvo que acudir a un contador. Ese bosquejo es desacertado puesto que si la defensa estaba interesada en indemnizar los perjuicios ocasionados, le asistía la carga de expresarlo en la audiencia a efectos de lograr un acercamiento con la víctima, hacer explícita su propuesta y obtener así su asentimiento. Así afirmó el ad quem que si bien la víctima no señaló el monto de los perjuicios debió la defensa solicitar, oportunamente, la valoración pericial invocando la intención de acogerse al beneficio del art. 269 de la Ley 599, una vez se aprobó el allanamiento a cargos y antes que finalizara la audiencia donde se dispuso el trámite del art. 447 de la ley 906. Lo anterior por cuanto el escenario propio para debatir el tema de perjuicios es el incidente de reparación integral el cual se desarrolla luego de proferido el fallo, pero, además, porque al presentar por iniciativa propia y fuera del escenario procesal pertinente un informe pericial, dejaba de lado la posibilidad de controversia así como la aprobación del mismo. No podía el Juzgado asumir, sin más, el valor estimado por la defensa olvidando los derechos de la víctima así como la obligación de verificar la integralidad de la indemnización -art. 16 ley 446-. Así, al no tener establecido el valor de los perjuicios no procedía afirmar que se había dado la indemnización de que trata el citado art. 269, de ahí el acierto del fallo. Tampoco podía disponer la preclusión por ese mismo motivo acudiendo a la interpretación extensiva del art. 42 de la ley 600 de 2000, pues no había claridad sobre el monto de los perjuicios

¿En todos los casos en los que la conducta por la cual el postulado fue privado de la libertad, confesada, versionada e imputada en justicia y paz, el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz debe tener por acreditado que la misma está vinculada al accionar delictivo de la organización armada al margen de la ley? No, si bien por las razones señaladas por la Sala en auto del 28 de octubre de 2014, radicado 44509, transcritas en el numeral 2 de este acápite, es exigible la acreditación de la existencia de la imputación para que el postulado demuestre que el delito por el cual permaneció privado de la libertad por lapso de ocho años fue cometido por el accionar delictivo del grupo organizado al margen de la ley, ello no significa que ese sólo acto en todos los casos resulte suficiente, ni que el Magistrado de Control de Garantías deba pasar por alto los elementos de conocimiento que indican que la conducta fue cometida por razones ajenas a los propósitos del grupo armado ilegal. Esto por cuanto, como se señaló en el numeral 1, la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, es una especie de valoración previa del tiempo que los desmovilizados han estado privados de la libertad, para favorecerlos con dicha medida anticipadamente, pero quedando atados al proceso, dentro del cual posiblemente serán condenados con un pronóstico favorable a ser beneficiados con la pena alternativa. En este sentido, aunque la Fiscalía formule imputación por el delito que el postulado fue privado de la libertad, el pronóstico que al Magistrado de Control de Garantías le corresponde llevar a cabo no necesariamente debe ser favorable, por ejemplo cuando observa que no hubo una verificación real respecto de la vinculación de la conducta con el accionar delictivo del grupo armado ilegal, o de los elementos de conocimiento arrimados a la audiencia surge evidente que el delito fue cometido por razones personales del desmovilizado o diferentes a los fines de la organización armada ilegal, principalmente cuando así fue establecido en el proceso ordinario

¿Procede una petición de nulidad por desconocimiento a lo normado sobre unidad procesal y conexidad en la audiencia de formulación de acusación? No, es consolidada la posición de la Sala referente a que el escrito de acusación, como petición de parte, no es susceptible de ser anulado, no podría estar afectado de invalidez; ante una acusación mal planteada y sustentada, la sanción como sucede con cualquier acto de parte, está dada porque al finalizar el juicio la misma no habrá de prosperar Así mismo, ha reiterado la Sala que la imparcialidad del juez y su independencia frente al papel que deben asumir las partes, sin hesitación alguna, hace a un sistema procesal inquisitivo, mixto o acusatorio. Como la ley 906 de 2004, consagra un modelo adscrito a esta última especie, es claro que tratándose del ejercicio de la acción penal, en especial por el trámite ordinario, no hay posibilidad de controlar por vía de corrección, cuestionamiento o validación, la acusación formulada por la Fiscalía, al constituir un acto de parte que de no reunir los requisitos sustanciales pertinentes, o de incurrir en inconsonancia en cuanto los hechos investigados y su calificación jurídica, conlleva a su desestimación en la sentencia, siendo la intervención de la judicatura previa a esa fase procesal restringida a lo formal, lo que incluye el acto complejo de formulación de la acusación. Entonces, su construcción adecuada es una responsabilidad asignada a la Fiscalía y, el control pertinente, corresponde a los demás intervinientes, no al juez. Lo pretendido por el defensor no sólo implica un control material sobre la acusación, sino una intrusión en las funciones que le ha asignado la Constitución y la ley a la Fiscalía General de la Nación. A esta entidad en un sistema acusatorio le corresponde adelantar la investigación y postular la pretensión punitiva adecuada con la que se espera restablecer el equilibrio quebrantado con la comisión del delito, y por su parte la defensa es la llamada a oponerse a tal designio y por ello, ambos constituyen los únicos legitimados para actuar en el proceso, aclarándose que si bien en el sistema colombiano se admite la participación del Ministerio Público y de las víctimas, lo hacen no en condición de partes sino de intervinientes, siendo su injerencia limitada y, en el último caso, canalizada prevalentemente por conducto del ente acusador

¿Sobrepasa la intención de la ley 975 de 2005, el decreto reglamentario 3011 de 2013 al las fases procesales en las se puede negar la sustitución de la medida de aseguramiento? No, la Sala en anterior oportunidad precisó cómo en el proceso penal existen varias fases en las que se hace un estudio de atribuibilidad al agente de la conducta punible. Tal cosa ocurre en la imputación, en la formulación de acusación y, naturalmente, en la sentencia condenatoria. Sabido es que para concretar la primera se requiere una inferencia razonable de autoría, para la segunda probabilidad de verdad y para la última certeza más allá de toda duda. Y decantó que la garantía de la presunción de inocencia se mantiene vigente, pero que existen elementos de juicio -que conforman una inferencia razonable de autoría- que permiten afirmar el inicio de su decaimiento, el cual podrá ser definitivo o no, según la manera en que avancen las fases posteriores del proceso penal. Más se flexibiliza, entonces, la garantía de la presunción de inocencia en un trámite especial como el de Justicia y Paz, en el que necesariamente el postulado procesado no puede esperar otra cosa que un fallo condenatorio, a cambio de una pena alternativa. Siendo ello así, la Sala ratifica que no sobrepasa ni excede la intención de la ley el hecho de que el decreto reglamentario determine cuál de las fases procesales en las que se hace un estudio de autoría del delito doloso es la que se requiere para negar la sustitución de la medida de aseguramiento. Además, porque la existencia de una sentencia en contra del postulado, según lo dispone el artículo 11A de la Ley 975 de 2005 en concordancia con el numeral 2º del artículo 35 del Decreto 3011 de 2013, acarrea como consecuencia la exclusión de aquel del proceso de Justicia y Paz. Por ende, la certeza sobre la autoría del delito doloso que se declara en la sentencia condenatoria comporta la expulsión del postulado del trámite de Justicia y Paz mientras que la existencia de una imputación, sólo conlleva la negativa de sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad

¿Sobrepasa la intención de la ley 975 de 2005, el decreto reglamentario 3011 de 2013 al las fases procesales en las se puede negar la sustitución de la medida de aseguramiento? No, la Sala en anterior oportunidad precisó cómo en el proceso penal existen varias fases en las que se hace un estudio de atribuibilidad al agente de la conducta punible. Tal cosa ocurre en la imputación, en la formulación de acusación y, naturalmente, en la sentencia condenatoria. Sabido es que para concretar la primera se requiere una inferencia razonable de autoría, para la segunda probabilidad de verdad y para la última certeza más allá de toda duda. Y decantó que la garantía de la presunción de inocencia se mantiene vigente, pero que existen elementos de juicio -que conforman una inferencia razonable de autoría- que permiten afirmar el inicio de su decaimiento, el cual podrá ser definitivo o no, según la manera en que avancen las fases posteriores del proceso penal. Más se flexibiliza, entonces, la garantía de la presunción de inocencia en un trámite especial como el de Justicia y Paz, en el que necesariamente el postulado procesado no puede esperar otra cosa que un fallo condenatorio, a cambio de una pena alternativa. Siendo ello así, la Sala ratifica que no sobrepasa ni excede la intención de la ley el hecho de que el decreto reglamentario determine cuál de las fases procesales en las que se hace un estudio de autoría del delito doloso es la que se requiere para negar la sustitución de la medida de aseguramiento. Además, porque la existencia de una sentencia en contra del postulado, según lo dispone el artículo 11A de la Ley 975 de 2005 en concordancia con el numeral 2º del artículo 35 del Decreto 3011 de 2013, acarrea como consecuencia la exclusión de aquel del proceso de Justicia y Paz. Por ende, la certeza sobre la autoría del delito doloso que se declara en la sentencia condenatoria comporta la expulsión del postulado del trámite de Justicia y Paz mientras que la existencia de una imputación, sólo conlleva la negativa de sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad

¿Cómo debe el postulado a Ley de Justicia y Paz, proceder para acogerse al mecanismo de terminación anticipada del proceso? Es necesario precisar cómo la iniciativa para acogerse al instituto radica en el postulado, quien debidamente informado y asesorado sobre las implicaciones y consecuencias del sometimiento temprano, podrá manifestarlo directamente o por conducto de su defensa, en cualquiera de las siguientes eventualidades: a. Ante la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal del caso, quien podrá apoyar o no la solicitud. a.1. Si lo primero, es decir, si considera procedente la terminación anticipada, el Fiscal deberá solicitar audiencia a la Sala de Conocimiento respectiva para sustentar allí el pedimento (...), le compete hacer dos verificaciones sustanciales: - Si el(los) postulado(s) solicitante(s) hizo o hicieron parte de un patrón de macrocriminalidad ya esclarecido en una sentencia de justicia y paz. - Si se han identificado los daños causados a las víctimas de dicho patrón. De ser necesario, se surtirá previamente el ya mencionado incidente de reparación. En caso que la evaluación realizada por la judicatura arroje resultados afirmativos, se decidirá que hay lugar a la terminación anticipada, determinación que, reza la norma, "...se incorporará en la sentencia y se procederá a la lectura de la misma. De no suceder así, se sigue obvio que notificadas las partes e intervinientes de lo resuelto desfavorablemente, por tratarse de decisión de fondo pero de índole eminentemente interlocutoria, les habilita para interponer los recursos ordinarios de reposición y apelación, si es de su interés, en consonancia con lo previsto en los artículos 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el 27 de la Ley 1592 de 2012, y 178 y siguientes de la Ley 906 de 2004. a.2. Desde otra perspectiva, la normatividad en examen prevé el camino a seguir en la hipótesis que la Fiscalía no acoja o coadyuve la pretensión del(os) postulado(s), habilitándosele para acudir de manera directa ante "...la autoridad judicial correspondiente según la etapa en que se encuentre el proceso."; será de cargo de la magistratura oír los planteamientos de la Fiscalía General de la Nación y, con audiencia de las partes e intervinientes, decidir lo que haya a lugar, conforme dicta el parágrafo 3º del segundo de los artículos arriba trascritos

¿Cómo deben ser llevadas a cabo las actividades de resocialización del postulado a la Ley de Justicia y Paz que pretenda acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento? Esta Sala tiene determinado lo siguiente: 1. Este requisito no puede entenderse en el sentido de que el postulado debe haber estado inscrito en actividades de estudio o trabajo durante el 100% del tiempo, pues ello haría nugatorio el derecho de acceder al beneficio, sino que lo razonable es que el interesado lo haya hecho durante un lapso considerable que permita evidenciar su propósito de readaptarse a la vida civil. 2. Esto supone que el interesado debe acreditar cuándo y cómo llevó a cabo las actividades de resocialización ofrecidas por el INPEC, con el fin de que el Magistrado con funciones de control de garantías de Justicia y Paz pueda valorar si existe real propósito de prepararse y adaptarse para convivir en sociedad. 3. Sin embargo, si existen fechas puntuales en las cuales el desmovilizado no llevó a cabo programas de resocialización, por el mismo fin atrás mencionado, debe demostrar que estaba imposibilitado para ello en razón de su compromiso de asistir a las audiencias de justicia y paz, y contribuir al esclarecimiento de la verdad, o que tales actividades no fueron brindadas por el INPEC, esto último, por ejemplo, mediante certificación del establecimiento que indique que no fueron ofrecidas

¿Cómo deben ser llevadas a cabo las actividades de resocialización del postulado a la Ley de Justicia y Paz que pretenda acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento? Esta Sala tiene determinado lo siguiente: 1. Este requisito no puede entenderse en el sentido de que el postulado debe haber estado inscrito en actividades de estudio o trabajo durante el 100% del tiempo, pues ello haría nugatorio el derecho de acceder al beneficio, sino que lo razonable es que el interesado lo haya hecho durante un lapso considerable que permita evidenciar su propósito de readaptarse a la vida civil. 2. Esto supone que el interesado debe acreditar cuándo y cómo llevó a cabo las actividades de resocialización ofrecidas por el INPEC, con el fin de que el Magistrado con funciones de control de garantías de Justicia y Paz pueda valorar si existe real propósito de prepararse y adaptarse para convivir en sociedad. 3. Sin embargo, si existen fechas puntuales en las cuales el desmovilizado no llevó a cabo programas de resocialización, por el mismo fin atrás mencionado, debe demostrar que estaba imposibilitado para ello en razón de su compromiso de asistir a las audiencias de justicia y paz, y contribuir al esclarecimiento de la verdad, o que tales actividades no fueron brindadas por el INPEC, esto último, por ejemplo, mediante certificación del establecimiento que indique que no fueron ofrecidas

¿Está facultado el magistrado ante quien se promueve el incidente de oposición a la medida cautelar, subsanar con prueba de oficio la demanda presentada por el interesado? No. Establecido lo anterior, es evidente que quien pretende con el levantamiento de una medida cautelar impuesta en el marco de un proceso de Justicia y Paz, es un particular que considera tiene un mejor derecho que las víctimas, está en la obligación de aportar la prueba suficiente y necesaria para que se abra el incidente; además porque su pretensión está encaminada a desvirtuar una decisión judicial, prevalida de la doble presunción de acierto y legalidad, determinación tomada por otro magistrado de control de garantías, quien luego de un trámite igualmente reglado, optó por imponer el gravamen al predio en disputa. No puede entonces el magistrado ante quien se promueve el incidente de oposición a la medida cautelar, subsanar con prueba de oficio la demanda presentada por el interesado, pues de hacerlo, estaría parcializando su accionar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes aspiran a la reparación integral de los perjuicios ocasionados por los delitos cometidos por los grupos al margen de la ley. Cosa diferente será que en trámite del incidente, considere el magistrado de control de garantías, que es necesario practicar otras pruebas diversas a las solicitadas, y decretadas, que le permitan efectivamente garantizar o proteger un derecho fundamental amenazado o vulnerado, es decir, respetando la doctrina constitucional, sí es posible que el funcionario ante quien se adelanta el incidente decrete prueba oficiosa, pero no aquella que supla la deficiencia de la parte interesada en promover el levantamiento de la medida cautelar

¿Debe reconocerse como víctima a quiénes siendo reclutados ilícitamente siendo menores de edad y se desmovilizaron con mayoría de edad? No, la Corte Constitucional en sentencia C-253A de 2012 avaló la exequibilidad del inciso primero del parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 precisando que el propósito del canon 3º de la Ley 1448 de 2011 no es definir o modificar el concepto de víctima, porque esa condición responde a una realidad objetiva, sino identificar, dentro del universo de perjudicados, a los que serán destinatarios de las medidas especiales de protección previstas en la normativa transicional. Así mismo, señaló, que el hecho de que la norma cuestionada hubiese fijado unos criterios de diferenciación, no infringe el postulado de la igualdad, sino que, dentro de la libertad de configuración que le es permitida, el legislador estableció parámetros para fijar razonables diferencias ante situaciones disímiles, pues quien en forma voluntaria ingresó en un grupo al margen de la ley, no puede pretender acceder a unos procedimientos expeditos de reparación en idénticas condiciones de quien, actuando dentro de la legitimidad es perjudicado en sus derechos. Ello no significa que no tenga la posibilidad de obtener reparación de los perjuicios recibidos, sino que debe acudir a los procedimientos ordinarios para obtener su reparación. En ese orden, resulta claro que la normatividad transicional vigente no cobija con las prerrogativas especiales en ella consagradas a los miembros de los grupos organizados al margen de la ley, salvo los niños, niñas y adolescentes que hubiesen sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad

¿Cómo debe tramitarse el incidente de identificación de afectaciones a las víctimas que se tramitó en primera instancia bajo el artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 antes de la declaratoria de inexequibilidad de esta normativa? Deberá tramitarse por incidente de reparación integral. En el asunto sometido a consideración de la Sala, no se puede perder de vista que el incidente de identificación de afectaciones a las víctimas se tramitó bajo la ritualidad del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, por cuanto era la norma vigente cuando se adelantó esa etapa del proceso. Sin embargo, ante la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 23, 24 y 25, entre otros, de la Ley 1592 de 2012, surge necesario determinar si el procedimiento adelantado en primera instancia se ajusta o no a los artículos de la Ley 975 de 2005, que reingresaron al ordenamiento jurídico por virtud de la sentencia de inconstitucionalidad. En ese orden, como quiera que el incidente de identificación de afectaciones a las víctimas se tramitó antes del 27 de marzo de 2014 (fecha de la sentencia C-180 de 2014), pero aún no se había resuelto la impugnación, deberá el A quo tramitar el incidente de reparación integral una vez ejecutoriado el fallo, conforme con el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, el cual se aplicará acudiendo al principio de complementariedad, como lo dispone el artículo 62 de la Ley 975 de 2005. (…) En el presente caso, ante la declaratoria de inexequibilidad de la totalidad del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, corresponde al A-quo iniciar audiencia de incidente de reparación integral

¿Bajo qué normatividad debe tramitarse el trámite de restitución de tierras que se encontraba en curso al 3 de diciembre de 2002? Bajo el trámite de la ley de Justicia y Paz. Conforme lo tiene decantado esta Sala, el Tribunal de Justicia y Paz mantiene la competencia, si al momento de entrar en rigor la ley 1592 de 2012, los bienes objeto de la petición soportaban medida cautelar (sin importar cuál de las previstas en el ordenamiento nacional) y el incidente estaba en curso. Al respecto la mencionada decisión 40.617 expresó que los incidentes para la restitución de tierras que se encontraban en curso al 3 de diciembre de 2012 deben continuarse tramitando dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, siempre y cuando, para esa fecha existiere medida cautelar sobre el bien objeto del mismo. En tal hipótesis, el trámite se seguirá bajo las pautas del procedimiento diseñado en el canon 39 de la Ley 1592 de 2012, que incluyen la aplicación de las presunciones de despojo previstas en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, así como las figuras de compensación en especie y reubicación en los casos que no sea posible restituir a la víctima en el predio despojado, entre otras

¿Basta con que se enuncie la calidad de víctima sin necesidad de probanzas adicionales para que se tenga como tal en casos de desplazamiento forzado? No, es criterio de esta Sala, que quien pretenda la restitución de bienes presuntamente despojados por grupos armados al margen de la ley, tiene la carga de demostrar la condición de víctima y el nexo causal del daño con las actividades del grupo armado ilegal, no siendo suficiente enunciar tal calidad, lo cual resulta del todo consonante con el contenido del artículo 14 del Decreto 4760 de 2005. Se tiene que el delito de desplazamiento forzado comporta el ejercicio de violencia o coacción arbitraria sobre un número identificable de personas, que produce el cambio físico de residencia, por manera que los medios de coacción utilizados deben ser dirigidos contra un sector de la población produciendo el sometimiento de su voluntad, obligando o compeliendo a su cambio de residencia. Además, ha de tenerse en consideración que la Corte Constitucional al referirse a la condición de desplazado por la violencia ha explicado, que es una circunstancia de carácter fáctico apreciable cuando se ha ejercido cualquier forma de coacción para imponer el abandono del sitio habitual de morada o de trabajo, obligando a movilizarse a otro lugar, dentro de las fronteras del Estado; conlleva una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas obligadas a migrar, pues tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal. Es así que cuando se pretende la reparación de un daño causado, en el componente restitución, es preciso establecer, en primer lugar, la calidad de víctima tratándose de la restitución de tierras y se deben aportar elementos de convicción que demuestren la conducta generadora de dicho daño

¿Basta con que se enuncie la calidad de víctima sin necesidad de probanzas adicionales para que se tenga como tal en casos de desplazamiento forzado? No, es criterio de esta Sala, que quien pretenda la restitución de bienes presuntamente despojados por grupos armados al margen de la ley, tiene la carga de demostrar la condición de víctima y el nexo causal del daño con las actividades del grupo armado ilegal, no siendo suficiente enunciar tal calidad, lo cual resulta del todo consonante con el contenido del artículo 14 del Decreto 4760 de 2005. Se tiene que el delito de desplazamiento forzado comporta el ejercicio de violencia o coacción arbitraria sobre un número identificable de personas, que produce el cambio físico de residencia, por manera que los medios de coacción utilizados deben ser dirigidos contra un sector de la población produciendo el sometimiento de su voluntad, obligando o compeliendo a su cambio de residencia. Además, ha de tenerse en consideración que la Corte Constitucional al referirse a la condición de desplazado por la violencia ha explicado, que es una circunstancia de carácter fáctico apreciable cuando se ha ejercido cualquier forma de coacción para imponer el abandono del sitio habitual de morada o de trabajo, obligando a movilizarse a otro lugar, dentro de las fronteras del Estado; conlleva una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas obligadas a migrar, pues tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal. Es así que cuando se pretende la reparación de un daño causado, en el componente restitución, es preciso establecer, en primer lugar, la calidad de víctima tratándose de la restitución de tierras y se deben aportar elementos de convicción que demuestren la conducta generadora de dicho daño

¿Basta con que se enuncie la calidad de víctima sin necesidad de probanzas adicionales para que se tenga como tal en casos de desplazamiento forzado? No, es criterio de esta Sala, que quien pretenda la restitución de bienes presuntamente despojados por grupos armados al margen de la ley, tiene la carga de demostrar la condición de víctima y el nexo causal del daño con las actividades del grupo armado ilegal, no siendo suficiente enunciar tal calidad, lo cual resulta del todo consonante con el contenido del artículo 14 del Decreto 4760 de 2005. Se tiene que el delito de desplazamiento forzado comporta el ejercicio de violencia o coacción arbitraria sobre un número identificable de personas, que produce el cambio físico de residencia, por manera que los medios de coacción utilizados deben ser dirigidos contra un sector de la población produciendo el sometimiento de su voluntad, obligando o compeliendo a su cambio de residencia. Además, ha de tenerse en consideración que la Corte Constitucional al referirse a la condición de desplazado por la violencia ha explicado, que es una circunstancia de carácter fáctico apreciable cuando se ha ejercido cualquier forma de coacción para imponer el abandono del sitio habitual de morada o de trabajo, obligando a movilizarse a otro lugar, dentro de las fronteras del Estado; conlleva una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas obligadas a migrar, pues tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal. Es así que cuando se pretende la reparación de un daño causado, en el componente restitución, es preciso establecer, en primer lugar, la calidad de víctima tratándose de la restitución de tierras y se deben aportar elementos de convicción que demuestren la conducta generadora de dicho daño

¿En qué momento procede la modificación del fallo penal en procesos de justicia y paz? En cualquier tiempo siempre que sea procedente. Las figuras de la aclaración y adición no están, ciertamente, reguladas en la citada Ley 975, luego en esas materias resulta pertinente acudir al ordenamiento procesal penal para colmar tal vacío, específicamente a la Ley 600 de 2000, teniendo en cuenta que frente a la complementariedad contenida en el artículo 62, la Sala tiene dicho que esa remisión se refiere tanto a la Ley 906 de 2004 como a la Ley 600 de 2000. Lo anterior, además, porque conforme al criterio expuesto por la Sala sobre el particular, el estatuto procesal penal constituye la normativa aplicable al tema de las aclaraciones y adiciones por regular integralmente esas materias.Resulta indispensable aclarar inicialmente, como ya lo ha precisado la jurisprudencia, que a diferencia de lo establecido en el Decreto 050 de 1987, el cual disponía que las referidas modificaciones al fallo sólo podían surtirse dentro del término de ejecutoria, tanto en el Decreto 2700 de 1991, como en el estatuto procesal penal actualmente vigente no se establece tal exigencia temporal, razón por la cual ha estimado la Sala que la modificación de la sentencia es viable en cualquier tiempo, siempre que la misma sea procedente

¿Procede la rebaja de la pena prevista en el artículo 70 de la ley 975 de 2005 para las personas que luego del 25 de julio de 2005 aún no se se hallaban descontando pena? No, el libelista sostiene que el procesado se hace acreedor a rebaja de pena en un 10% con apoyo en lo previsto en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 y en virtud del principio de igualdad. La mencionada disposición, declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-360 de 2006, establecía lo siguiente: Rebaja de penas. Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico. Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas". Como quiera que, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, la declaratoria de inexequibilidad se determinó con efectos hacia el futuro, la Corte Suprema ha señalado que la rebaja prevista en la norma es perfectamente otorgable aún después de emitido el mencionado fallo de constitucionalidad, siempre y cuando quien aspire a ello cumpla los requisitos establecidos en la norma. El artículo 70 en mención condiciona el reconocimiento de la rebaja a que se trate de personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 975 de 2005 se encuentren descontando pena en virtud de sentencia ejecutoriada. Sobre el particular, en la providencia antes remembrada la Sala manifestó que las expresiones 'cumplan pena', 'pena impuesta', 'sentencias ejecutoriadas' y 'condenado' utilizadas en la redacción de la norma y conforme al lenguaje jurídico propio, no dejan duda alguna que la rebaja de la pena prevista en el artículo 70 procede únicamente para las personas que al 25 de julio de 2005 -fecha de la vigencia de la ley- se hallaban descontando pena en virtud de una sentencia que había hecho tránsito a cosa juzgada material

¿Puede debatirse la causa de la reparación integral en la tramitación de dicho incidente? No, la determinación del daño depende del pronunciamiento en el proceso penal. Afirma la Sala en esta oportunidad que el incidente de reparación integral es dependiente de los resultados del proceso penal, en tanto el mismo solo puede ejercitarse en caso de que éste culmine con sentencia condenatoria y, en consecuencia, declarada la responsabilidad penal, la civil se deduce de aquella por manera que el debate en el incidente de reparación integral se centra en la acreditación del daño y su cuantificación, siendo la labor del juez penal la de declarar la existencia del perjuicio y decidir sobre el monto de la indemnización cuya fuente es el delito. El procedimiento incidental que prevé la Ley 906 de 2004 a partir de su artículo 102 debe tener como propósito definir la ocurrencia del daño y su estimación pecuniaria, más no su fuente, por cuanto en la sentencia ya se declaró la comisión del delito y la responsabilidad en cabeza del procesado, quien a su vez ostenta la condición de demandando en el incidente, puesto que la propia ley sustancial impone al penalmente responsable la obligación de indemnizar. Así se extrae de los artículos 94 y 96 del Código Penal de donde no puede ser objeto de controversia definir si el penalmente responsable está llamado a indemnizar o no, puesto que tal carga se deriva directamente de la condena penal en su contra por incurrir en el comportamiento delictivo que es fuente de responsabilidad civil extracontractual

¿Puede presumirse que los bienes rurales ofrecidos por el postulado al proceso de Justicia y Paz tiene vocación reparadora? Sí, el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1592 de 2012, establece la posibilidad de afectar con medidas cautelares los bienes ofrecidos por el postulado que sean de su titularidad real o aparente, o los denunciados pertenecientes al grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció, o los que la Fiscalía haya identificado como no ofrecidos o denunciados por los postulados, siempre que de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución. Lo anterior, desde luego, en el entendido de que dichos bienes tengan aptitud reparadora de acuerdo con el artículo 11C de la Ley 975 de 2005, según la cual "Se entiende por vocación reparadora la aptitud que deben tener todos los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados en el marco de la presente ley para reparar de manen efectiva a las víctimas. Condición que se presume frente a los bienes inmuebles rurales de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 62 del Decreto 3100 de 2013, como lo estableció la Sala en AP de junio 18 de 2014, en el que se indicó que "Sin embargo, por razones de política legislativa que corresponden al ámbito de libertad de configuración del legislador, de este tipo de definiciones quedan excluidos los "bienes rurales", sobre los cuales, se entiende, se presume su vocación reparadora y por lo tanto, se puede solicitar la imposición de medidas cautelares, la suspensión del poder dispositivo y la inclusión en el Fondo de reparación a las Víctimas, sin necesidad de juicios previos acerca de su vocación reparadora, como lo dispone el artículo 62 del decreto 3011 de 2013

¿Cómo debe tramitarse el incidente de oposición a la medida cautelar y a quién le compete su conocimiento? El incidente de oposición a la medida cautelar, es el medio a través del cual los terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados para efectos de extinción de dominio dentro del proceso de justicia y paz, intervienen para lograr el levantamiento de las medidas adoptadas provisionalmente. Por tanto, ha dicho esta Corporación que la primera carga que debe cumplir quien solicite el inicio de un incidente de levantamiento de medidas cautelares, consiste en identificar los bienes "y el proceso dentro del cual se impulsa la decisión de la cuestión accesoria, por cuanto, indudablemente, ésta depende de aquél". En el mismo sentido, la Sala reitera que el trámite incidental de oposición de terceros a la medida cautelar, introducido al proceso de justicia y paz por el artículo 17 de la Ley 1592 de 2012, corresponde adelantarlo a los magistrados con función de control de garantías, sin que la competencia funcional obedezca a la etapa en que se encuentre la actuación de la cual depende el incidente

¿Cómo debe tramitarse el incidente de oposición a la medida cautelar y a quién le compete su conocimiento? El incidente de oposición a la medida cautelar, es el medio a través del cual los terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados para efectos de extinción de dominio dentro del proceso de justicia y paz, intervienen para lograr el levantamiento de las medidas adoptadas provisionalmente. Por tanto, ha dicho esta Corporación que la primera carga que debe cumplir quien solicite el inicio de un incidente de levantamiento de medidas cautelares, consiste en identificar los bienes "y el proceso dentro del cual se impulsa la decisión de la cuestión accesoria, por cuanto, indudablemente, ésta depende de aquél". En el mismo sentido, la Sala reitera que el trámite incidental de oposición de terceros a la medida cautelar, introducido al proceso de justicia y paz por el artículo 17 de la Ley 1592 de 2012, corresponde adelantarlo a los magistrados con función de control de garantías, sin que la competencia funcional obedezca a la etapa en que se encuentre la actuación de la cual depende el incidente

¿Cómo debe tramitarse la solicitud de nulidad en un proceso de Justicia y Paz regido por la Ley 975? La norma no se refiere en forma alguna al instituto de las nulidades procesales y tampoco existe en la Ley 975 de 2005 ni en las demás que la complementan, precepto que regule de manera específica el trámite y la competencia para decidir sobre la invalidación de la actuación. Bajo ese derrotero, debe acudirse a la regulación que para el efecto trae la Ley 906 de 2004, cuyo artículo 339 establece que es la audiencia de formulación de acusación la oportunidad para proponer nulidades. Entonces, si el saneamiento del proceso corresponde bajo la égida de la Ley 906 de 2004 al juez de conocimiento y debe plantearse y decidirse dentro de la misma actuación que se pretende nulitar, sin que haya lugar a iniciar trámites incidentales, no existe razón válida alguna para deducir que en justicia y paz el competente es el magistrado con función de control de garantías, menos, si dentro de este procedimiento el legislador previó en forma taxativa los asuntos que deben tramitarse en audiencia preliminar. Y aunque el artículo 13 de la ley 975 de 2005 hace mención a que las decisiones que resuelven asuntos sustanciales y las sentencias deberán sustentarse en la forma indicada, este mandato sólo va encaminado a efectivizar el principio de motivación que debe regir las decisiones judiciales, incluidas las que se toman en justicia y paz, pero de ninguna manera corresponde a una regla de competencia. Un entendimiento de esta naturaleza equivaldría, ni más ni menos, a concebir que todos los asuntos sustanciales tendrían que resolverse en audiencia preliminar y lo más insólito, que la sentencia está reservada a estos funcionarios judiciales

¿Le corresponde al Magistrado de Control de Garantías conocer de un trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares antes de la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012? No, si al entrar a regir la Ley 1592 de 2012 se adelantaba algún trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares, el Magistrado de Control de Garantías no puede continuar con la actuación y debe remitirla al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en tanto no se satisface el presupuesto que habilita la competencia de la jurisdicción de Justicia y Paz para mantener el conocimiento del asunto. La excepción a dicha regla está prevista en el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012, que como se advierte de su simple lectura no es aplicable a este caso: Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de restitución en el marco de procedimiento de la Ley 975 de 2005, la autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará la dispuesto en la ley 1448 de 2011

¿Le corresponde al Magistrado de Control de Garantías conocer de un trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares antes de la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012? No, si al entrar a regir la Ley 1592 de 2012 se adelantaba algún trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares, el Magistrado de Control de Garantías no puede continuar con la actuación y debe remitirla al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en tanto no se satisface el presupuesto que habilita la competencia de la jurisdicción de Justicia y Paz para mantener el conocimiento del asunto. La excepción a dicha regla está prevista en el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012, que como se advierte de su simple lectura no es aplicable a este caso: Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de restitución en el marco de procedimiento de la Ley 975 de 2005, la autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará la dispuesto en la ley 1448 de 2011

¿Le corresponde al Magistrado de Control de Garantías conocer de un trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares antes de la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012? No, si al entrar a regir la Ley 1592 de 2012 se adelantaba algún trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares, el Magistrado de Control de Garantías no puede continuar con la actuación y debe remitirla al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en tanto no se satisface el presupuesto que habilita la competencia de la jurisdicción de Justicia y Paz para mantener el conocimiento del asunto. La excepción a dicha regla está prevista en el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012, que como se advierte de su simple lectura no es aplicable a este caso: Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de restitución en el marco de procedimiento de la Ley 975 de 2005, la autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará la dispuesto en la ley 1448 de 2011

¿Le corresponde al Magistrado de Control de Garantías conocer de un trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares antes de la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012? No, si al entrar a regir la Ley 1592 de 2012 se adelantaba algún trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares, el Magistrado de Control de Garantías no puede continuar con la actuación y debe remitirla al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en tanto no se satisface el presupuesto que habilita la competencia de la jurisdicción de Justicia y Paz para mantener el conocimiento del asunto. La excepción a dicha regla está prevista en el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012, que como se advierte de su simple lectura no es aplicable a este caso: Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de restitución en el marco de procedimiento de la Ley 975 de 2005, la autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará la dispuesto en la ley 1448 de 2011

¿Cuáles son los requisitos necesarios para que se produzca un pronunciamiento favorable a la solicitud de culminación anticipada en el proceso de justicia y paz? Así las cosas, de la lectura de las disposiciones que regulan y reglamentan el asunto, es posible colegir los requisitos normativamente exigidos para el pronunciamiento favorable a la pretensión de culminación del proceso por la vía anticipada: i) Que al postulado o los postulados se les haya formulado imputación. ii) Que los hechos imputados se enmarquen en un patrón de macro criminalidad que hayan sido objeto de precisión y esclarecimiento en algún fallo proferido en el contexto de Justicia y Paz. En este punto, debe precisarse que, aunque la norma no lo dice expresamente, está ínsito en dicha exigencia, como noción básica de la teoría general del proceso, que la providencia en la que se identifica el patrón de criminalidad masiva que sirve como sustento de la pretensión de terminación anticipada de la actuación esté en firme. iii) Que en esa misma sentencia hayan sido identificados los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas con ocasión de las conductas delictivas cometidas en el marco de ese patrón de macro criminalidad. No obstante, la insatisfacción de este presupuesto no comporta necesariamente la decisión desfavorable a la pretensión. Lo anterior debe entenderse e interpretarse en armonía con lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia C - 284 de 2014 , en la que declaró inexequible la normatividad atinente al llamado incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas y, en atención al instituto de la reviviscencia, entendió que "las normas de la Ley 975 de 2005 que regulan el incidente de reparación integral, que son derogadas implícitamente...deben recobrar su vigencia". En ese orden, de encontrarse que en la sentencia que sirve como soporte para la terminación anticipada del proceso no fueron decididas las pretensiones indemnizatorias de la totalidad de las víctimas identificadas, lo procedente será tramitar un incidente de reparación excepcional. iv) Que el postulado o los postulados expresamente soliciten la terminación anticipada de la actuación seguida en su contra ante el Fiscal del caso y, si este se opone al pedido, ante el funcionario judicial competente, de acuerdo con el estadio procesal en que se encuentre el trámite

¿Es posible llevar al juicio oral declaraciones anteriores con fines distintos a mostrar la verdad de su contenido o para que sea usada con un fin diferente al de ser medio de prueba? Sí, la respuesta es afirmativa, porque es perfectamente viable que una parte incluya la existencia y contenido de una declaración como parte del tema de prueba. Esta diferencia entre tema de prueba y medio de prueba es determinante en materia de prueba de referencia, porque cuando la declaración anterior es parte del tema de prueba, es admisible el documento que la contenga y-o la declaración de la persona que la percibió directa y personalmente. Lo fundamental es que en estos casos no se afecta el derecho a la confrontación porque, la contraparte podrá utilizar todos los medios de impugnación frente al testigo que tuvo conocimiento "personal y directo" de aquello que constituye objeto de prueba: el falso testimonio, la declaración injuriante, etcétera. Lo anterior sin perjuicio de que en casos donde la declaración anterior haga parte del tema de prueba, los medios utilizados para la demostración de su existencia y contenido puedan constituir prueba de referencia

¿Tiene derecho a la sustitución de la medida de aseguramiento el desmovilizado que no aportó certificación sobre la ejecución de actividades de resocialización alegando la imposibilidad de su realización por culpa de las posibilidades otorgadas por las autoridades públicas? No, a menos que haya probado fehacientemente dicha imposibilidad. El examen del asunto en cuestión, impone recordar que, acorde con las previsiones del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de 2012, es posible sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por otra no privativa de la libertad cuando se cumplan algunos requisitos Así mismo, según el artículo 37 del Decreto 3011 de 2013, dichas exigencias deben concurrir en su totalidad, conforme lo ordena la citada norma y lo ha precisado esta Corporación[2], pues la ausencia de uno de ellos impide acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento, motivo por el cual deben acreditarse con documentos o pruebas que respalden su cumplimiento. Para el caso concreto del requisito consagrado en el numeral 2º del artículo 18 A, constituyen medios de convicción idóneos las certificaciones expedidas por el Instituto Nacional Penitenciario sobre: a) las actividades de resocialización desarrolladas y, b) la buena conducta durante el tiempo de reclusión. Como la defensa incumplió la carga procesal de demostrar que XXXX no realizó actividades de resocialización durante el periodo comprendido entre entre marzo a diciembre de 2007 y de mayo a diciembre de 2008 por razones ajenas a su voluntad, no se satisface a plenitud la exigencia contenida en el numeral 2 del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de 2012, circunstancia que impone confirmar la decisión impugnada, en tanto la sustitución de la medida de aseguramiento procede exclusivamente cuando se comprueba que están reunidos todos los presupuestos contemplados en dicho precepto

¿Debe entenderse que el retiro del escrito de acusación modifica el criterio de competencia de acuerdo al proceso de desarollado bajo la ley 1592 de 2012? No, la ley 1592, por su parte, dispone la realización de una audiencia concentrada de legalización y aceptación de cargos, no ante el Magistrado de Control de Garantías, sino ante la Sala de Conocimiento, cuya celebración debe realizarse dentro de los sesenta días siguientes a la finalización de la imputación, y en la misma diligencia tiene lugar el incidente de reparación integral norma (art. 23 Ley 975) que recupera vigencia con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 23 de la ley 1592 (c- 286 de 2014). Agotado el incidente, subsigue la individualización de la pena y finalmente la sentencia. De manera que en el procedimiento concebido por la Ley 1592, la fase de legalización de la acusación a que alude la jurisprudencia de esta Corporación, se inicia con la presentación del escrito de acusación ante la Sala de Conocimiento, momento a partir del cual los magistrados que integran esta Sala asumen la competencia sobre el asunto, y proceden a señalar fecha para que tenga lugar la audiencia concentrada ya descrita. No todo retiro del escrito de acusación comporta retrotraer la actuación al estanco precedente. En el caso sub examine, el retiro del escrito de acusación no supone la vuelta de la actuación a la fase anterior, pues se trata, como se evidencia de la constancia procesal expedida por la Secretaría (fs. 50 y 56), así como de la relación de escritos de acusación devueltos (fs. 44 a 47), de la entrega del simple escrito de acusación, sin que ello haya implicado la devolución de la totalidad del expediente, lo cual permite entender que la competencia se mantiene en la sala de Conocimiento. Cabe advertir que ese retiro de varios escritos de acusación, tiene por objeto reajustar los patrones de criminalidad en relación con el Bloque Central Bolívar, dada la acumulación de varias acusaciones relacionadas con integrantes del aludido Bloque, ordenada en audiencia del 11 de mayo de 2015

¿Para que proceda la sustitución de la medida de aseguramiento de un postulado a proceso de Justicia y Paz se require que la persona esté detenida durante los ocho años debido a la imposición de una medida de aseguramiento o para que descuente la pena fijada en una sentencia condenatoria? No, con todo, la norma exige también que la privación de la libertad se cumpla en un centro de reclusión sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario, circunstancia que, por supuesto, descarta como parte del referido lapso de ocho años, el tiempo que el postulado hubiese permanecido en zonas de ubicación temporal, como la que se destinó en el municipio de La Ceja (Antioquia), en donde estuvo XXX XX hasta el 30 de noviembre de 2006, puesto que a partir del día siguiente (1 de diciembre de 2006), fue recluido en el EPC de Alta y Mediana Seguridad de Itagüí. Pero, la disposición no exige que la persona esté detenida durante los ocho años debido a la imposición de una medida de aseguramiento o para que descuente la pena fijada en una sentencia condenatoria, como erradamente lo entendió el Magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. En efecto, el devenir del proceso transicional enseña que entre la versión libre que rinda el postulado y la formulación de imputación, pueden transcurrir varios años, así mismo que durante ese tiempo el postulado permanece en reclusión; pero, la medida de aseguramiento de detención preventiva sólo se impondrá al finalizar esa última actuación, es decir, la imputación. La reclusión, en consecuencia, puede obedecer a que la persona hubiese estado privada de la libertad por orden de una jurisdicción diferente a la de Justicia y Paz; incluso, porque simplemente de forma voluntaria, como ocurrió desde el comienzo de las desmovilizaciones, el postulado quiso permanecer confinado para facilitar el desarrollo del proceso especial

¿Ante qué juez debe solicitarse la sustitución de medidas de aseguramiento en procesos de Justicia y Paz cuando contra el postulado se adelantan dos o más actuaciones de Justicia y Paz? Cuando contra el postulado se adelantan dos o más actuaciones de justicia y paz, cuyo conocimiento estaría llamado a ser radicado en varias Salas de Justicia y Paz, por ejemplo, por haber pertenecido a diferentes bloques, frentes o grupos armados organizados al margen de la ley, cualquiera de los Magistrados de Control de Garantías en donde se le hubiese impuesto medida de aseguramiento, es competente para conocer de las solicitudes de sustitución. Lo relevante es que la defensa del postulado formule la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento ante cualquiera de los despachos con función de control de garantías que hubiere proferido alguna de las decisiones de detención, e identifique claramente las medidas de aseguramiento a cuya sustitución aspira. Al magistrado de control de garantías le corresponderá, entonces, velar por las garantías fundamentales de los intervinientes que habrán de tomar parte en la correspondiente audiencia en la cual se decida sobre la sustitución, en especial las de las víctimas, sin que haya lugar a rechazar, negar u objetar la competencia por factor territorial u otra razón, de manera que no se abra la posibilidad de interminables controversias o incidentes de definición de competencia que, a estas alturas y después de ocho años o más, terminarían por dilatar injustificadamente la actuación y hacer nugatorio el derecho que le asiste al postulado a que el asunto de la sustitución de media de aseguramiento se resuelva de fondo de manera ágil. Igualmente, el evento anterior o cualquier otro en el que se advierta pluralidad de autoridades competentes, no releva a la Fiscalía, la defensa y a los demás intervinientes -que requieran de audiencia preliminar-, a acudir al magistrado de control de garantías del lugar en donde se facilite el adelantamiento de la diligencia con el respeto de los derechos fundamentales; es decir, la selección del funcionario -por razón de su sede- debe estar orientada por algún criterio razonable determinado por las finalidades asignadas constitucionalmente al proceso y por los moduladores de la actividad procesal

¿Ante qué juez debe solicitarse la sustitución de medidas de aseguramiento en procesos de Justicia y Paz cuando contra el postulado se adelantan dos o más actuaciones de Justicia y Paz? Cuando contra el postulado se adelantan dos o más actuaciones de justicia y paz, cuyo conocimiento estaría llamado a ser radicado en varias Salas de Justicia y Paz, por ejemplo, por haber pertenecido a diferentes bloques, frentes o grupos armados organizados al margen de la ley, cualquiera de los Magistrados de Control de Garantías en donde se le hubiese impuesto medida de aseguramiento, es competente para conocer de las solicitudes de sustitución. Lo relevante es que la defensa del postulado formule la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento ante cualquiera de los despachos con función de control de garantías que hubiere proferido alguna de las decisiones de detención, e identifique claramente las medidas de aseguramiento a cuya sustitución aspira. Al magistrado de control de garantías le corresponderá, entonces, velar por las garantías fundamentales de los intervinientes que habrán de tomar parte en la correspondiente audiencia en la cual se decida sobre la sustitución, en especial las de las víctimas, sin que haya lugar a rechazar, negar u objetar la competencia por factor territorial u otra razón, de manera que no se abra la posibilidad de interminables controversias o incidentes de definición de competencia que, a estas alturas y después de ocho años o más, terminarían por dilatar injustificadamente la actuación y hacer nugatorio el derecho que le asiste al postulado a que el asunto de la sustitución de media de aseguramiento se resuelva de fondo de manera ágil. Igualmente, el evento anterior o cualquier otro en el que se advierta pluralidad de autoridades competentes, no releva a la Fiscalía, la defensa y a los demás intervinientes -que requieran de audiencia preliminar-, a acudir al magistrado de control de garantías del lugar en donde se facilite el adelantamiento de la diligencia con el respeto de los derechos fundamentales; es decir, la selección del funcionario -por razón de su sede- debe estar orientada por algún criterio razonable determinado por las finalidades asignadas constitucionalmente al proceso y por los moduladores de la actividad procesal

¿Puede negarse la posibilidad de acumular procesos en un proceso de Justicia y Paz cuando a pesar de cumplir todos los requisitos se convertiría en un macro proceso? Sí, como la decisión de negar la acumulación de procesos se fundamentó igualmente en la consideración de la Sala de Justicia y Paz respecto a la dificultad para la celebración de audiencias macro, lo que generara dilación en el adelantamiento de la causa y el consiguiente perjuicio para los postulados y las víctimas, encuentra la Corte que tal argumentación resulta suficiente en orden a otorgar solidez a la decisión adoptada. Precisamente la creación de Salas de Justicia y Paz en diferentes Distritos Judiciales del país, en lugar de mantener una sola Sala a nivel nacional, obedece a la pretensión de parcializar las actuaciones con el fin atender en mejor manera los intereses de las víctimas y obtener pronta y cumplida justicia. Acorde con los anteriores derroteros, ha de concluirse que a la pretensión de acumulación de procesos solicitada por la Fiscalía General de la Nación, le es válidamente oponible en esta oportunidad el argumento enfocado a acreditar que en lugar de encaminarse a la consecución de ideales de justicia, verdad, reparación, memoria histórica y satisfacción de los intereses de las víctimas, terminaría por convertir el proceso en inmanejable y ostensiblemente alejado de los fines de celeridad y eficacia, motivo por el cual se confirmará la determinación impugnada

¿A qué juez le corresponde determinar la suspensión condicional de la ejecución de la pena ordinaria en el proceso de Justicia y Paz? Sea esta la oportunidad para replantear el criterio fijado por la Sala en CSJ AP, 11 agt. 2015, rad. 46282. Luego de una nueva lectura del texto de la norma (inciso segundo del artículo 18 B), la Sala debe concluir que es al Magistrado de Justicia y Paz a quien el legislador le ha otorgado competencia para establecer la forma como el postulado dentro del proceso transicional puede ejecutar la pena que se le ha impuesto como consecuencia de haber infringido la ley penal dada su pertenencia a un grupo armado ilegal de los definidos por la propia Ley 975 de 2005. Adicionalmente, es en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento al interior del proceso transicional, donde el Magistrado de Control de Garantías definirá si es igualmente posible la suspensión condicional de la ejecución de la pena de condenas emitidas por la justicia ordinaria. La misma interpretación merece el inciso tercero del artículo 18 B, la cual fue expresada en CSJ AP 16 Set. 2014, rad. 44511, en el sentido de que es al Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz al que le corresponde definir si procede o no la revocatoria de la suspensión condicional de la ejecución de la pena cuando quiera que el postulado incumpla los compromisos adquiridos para su concesión, quedando claro que la competencia del Juez de Ejecución de Penas se limita a materializar el criterio expuesto por el Magistrado de Justicia y Paz, decretando la revocatoria cuando así lo haya dispuesto aquel. En ese orden, si el Magistrado de Control de Garantías es quien puede decidir revocar tal subrogado, es también el funcionario al que le corresponde concederlo, restringiéndose la intervención del Juez Ejecutor de Penas a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Magistrado de Justicia y Paz

¿A qué juez le corresponde determinar la suspensión condicional de la ejecución de la pena ordinaria en el proceso de Justicia y Paz? Sea esta la oportunidad para replantear el criterio fijado por la Sala en CSJ AP, 11 agt. 2015, rad. 46282. Luego de una nueva lectura del texto de la norma (inciso segundo del artículo 18 B), la Sala debe concluir que es al Magistrado de Justicia y Paz a quien el legislador le ha otorgado competencia para establecer la forma como el postulado dentro del proceso transicional puede ejecutar la pena que se le ha impuesto como consecuencia de haber infringido la ley penal dada su pertenencia a un grupo armado ilegal de los definidos por la propia Ley 975 de 2005. Adicionalmente, es en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento al interior del proceso transicional, donde el Magistrado de Control de Garantías definirá si es igualmente posible la suspensión condicional de la ejecución de la pena de condenas emitidas por la justicia ordinaria. La misma interpretación merece el inciso tercero del artículo 18 B, la cual fue expresada en CSJ AP 16 Set. 2014, rad. 44511, en el sentido de que es al Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz al que le corresponde definir si procede o no la revocatoria de la suspensión condicional de la ejecución de la pena cuando quiera que el postulado incumpla los compromisos adquiridos para su concesión, quedando claro que la competencia del Juez de Ejecución de Penas se limita a materializar el criterio expuesto por el Magistrado de Justicia y Paz, decretando la revocatoria cuando así lo haya dispuesto aquel. En ese orden, si el Magistrado de Control de Garantías es quien puede decidir revocar tal subrogado, es también el funcionario al que le corresponde concederlo, restringiéndose la intervención del Juez Ejecutor de Penas a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Magistrado de Justicia y Paz

¿A qué juez le corresponde determinar la suspensión condicional de la ejecución de la pena ordinaria en el proceso de Justicia y Paz? Sea esta la oportunidad para replantear el criterio fijado por la Sala en CSJ AP, 11 agt. 2015, rad. 46282. Luego de una nueva lectura del texto de la norma (inciso segundo del artículo 18 B), la Sala debe concluir que es al Magistrado de Justicia y Paz a quien el legislador le ha otorgado competencia para establecer la forma como el postulado dentro del proceso transicional puede ejecutar la pena que se le ha impuesto como consecuencia de haber infringido la ley penal dada su pertenencia a un grupo armado ilegal de los definidos por la propia Ley 975 de 2005. Adicionalmente, es en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento al interior del proceso transicional, donde el Magistrado de Control de Garantías definirá si es igualmente posible la suspensión condicional de la ejecución de la pena de condenas emitidas por la justicia ordinaria. La misma interpretación merece el inciso tercero del artículo 18 B, la cual fue expresada en CSJ AP 16 Set. 2014, rad. 44511, en el sentido de que es al Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz al que le corresponde definir si procede o no la revocatoria de la suspensión condicional de la ejecución de la pena cuando quiera que el postulado incumpla los compromisos adquiridos para su concesión, quedando claro que la competencia del Juez de Ejecución de Penas se limita a materializar el criterio expuesto por el Magistrado de Justicia y Paz, decretando la revocatoria cuando así lo haya dispuesto aquel. En ese orden, si el Magistrado de Control de Garantías es quien puede decidir revocar tal subrogado, es también el funcionario al que le corresponde concederlo, restringiéndose la intervención del Juez Ejecutor de Penas a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Magistrado de Justicia y Paz

¿Debe aplicarse la medida de aseguramiento impuesta por la jurisdicción ordinaria cuando el asunto debía tramitarse por Ley de Justicia y Paz, pero al interior de ese proceso aún no se ha dictado la medida? No, tratándose de la sustitución de la medida de aseguramiento, si existe sentencia en firme proferida por la justicia ordinaria y se cumplen todos los requisitos del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, pero no se ha dictado medida de aseguramiento al interior del trámite transicional, lo procedente es impetrar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, acorde con el artículo 18B ibídem, previo concepto del Magistrado de Control de Garantías en virtud del cual establezca de forma razonable que los hechos objeto de condena en la justicia ordinaria fueron cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado al margen de la ley

¿Basta con que se haya iniciado investigación penal para negar la sustitución de la medida de aseguramiento a un desmovilizado en el Proceso de Justicia y Paz? No, se requiere que al menos se le haya formulado imputación por una conducta punible dolosa. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2011 de 2013 y como lo ha discernido esta Sala, para negar la sustitución de la medida de aseguramiento por encontrar demostrada la configuración de esa exigencia, el decreto reglamentario fijó una condición clara y expresa consistente en que se entiende trasgredido el compromiso de no repetición de delitos, cuando al postulado, al menos, se le ha formulado imputación por una conducta punible dolosa. Resulta apenas lógico exigir ese mínimo presupuesto, porque supone la existencia de una indagación preliminar en curso de la cual deba establecerse si realmente ocurrió el hecho que llegó a conocimiento de la fiscalía, si constituye infracción a la ley penal, así como la identificación o la individualización de los autores o partícipes y el aseguramiento de los medios de convicción que permitan ejercer debidamente la acción punitiva del Estado; y, sólo a partir de la convergencia de tales resultados podrá formularse la imputación, porque de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, podría inferirse razonablemente que el implicado es autor o partícipe del delito que se investiga

¿Ante qué juez debe solicitarse la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por una no privativa de la libertad concedida en el trámite de la justicia transicional de la Ley 975 de 2005? - El Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz. Para hacer efectiva la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por una no privativa de la libertad, concedida en el trámite de la justicia transicional de la Ley 975 de 2005, es necesario que se disponga, a solicitud del postulado, la suspensión condicional de las penas que le hubiesen impuesto mediante procesos ordinarios, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubiesen sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Para ello, el interesado debe formular la solicitud en la misma audiencia adelantada ante el "Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz", autoridad que le corresponde indicar si infiere razonablemente que la sentencia respecto de la cual el postulado pretende la suspensión de la ejecución de la pena, fue proferida por conductas perpetradas en las circunstancias atrás señaladas, y sólo en caso afirmativo, deberá remitir copia de lo actuado al "juez de ejecución de penas y medidas de seguridad" que tenga la vigilancia de la sanción, para que se pronuncie sobre la suspensión condicional de su ejecución. Si bien a la autoridad que le corresponde decidir sobre la suspensión de la ejecución de la pena es al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, su competencia se habilita cuando el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz infiere razonablemente que las conductas objeto de la sentencia fueron cometidas durante y por motivo de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley

¿Qué bienes entregados deben incluirse en el trámite de Justicia y Paz? Los bienes que deben incluirse en el trámite de Justicia y Paz son los susceptibles de extinción de dominio, cuya declaratoria debe hacerse en la sentencia, tal como lo prevé el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012. Ninguna incertidumbre se presenta entonces, respecto a que la imposición de medidas cautelares procede respecto de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas, como también sobre aquellos identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones, siempre que sea posible inferir que su titularidad, real o aparente, corresponde al postulado o al grupo armado al margen de la ley al cual pertenecía. Además de lo anterior, constituye presupuesto para el ingreso al Fondo para la Reparación de Víctimas que los bienes tengan vocación reparadora, esto es, que contribuyan efectivamente al resarcimiento, pues si no ostentan dicha característica, el Magistrado de Control de Garantías debe negar su admisión. Así las cosas, en orden a determinar la vocación reparadora del bien, debe ponderarse entre otros aspectos el estado de conservación, la funcionalidad, la capacidad de prestar el servicio para el cual está destinado y el valor simbólico que el objeto pueda tener para la comunidad, análisis que se hará en cada evento, toda vez que lo que se pretende es construir una masa de bienes con aptitud para conformar un patrimonio que haga de la reparación una expectativa razonable para las víctimas y no un simple inventario simbólico de bienes que no ofrecen una auténtica vocación reparadora, tal como lo ha anunciado la Sala en anteriores oportunidades

¿Puede exigirse una certificación de entrega de bienes de un desmovilizado de la Ley de Justicia y Paz como requisito para acceder a la sustitución de medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario? No, el criterio para verificar un requisito como el que en este acápite se discute, no corresponde a la simple constatación documental de la realidad que se pretende comprobar, sino que, necesariamente, le asiste al Magistrado de Justicia y Paz el deber de valorar su contenido, y que aún si no contara con una certificación para comprobar la entrega de bienes del postulado, tal carencia no resultaba indispensable para acceder a la sustitución deprecada. La misma consideración opera en relación con la certificación de entrega de bienes, cuando desde el inicio del proceso transicional se tuvo conocimiento sobre quiénes entregaban muebles o inmuebles con destino a la reparación de sus víctimas, momento desde el cual se debió buscar la exclusión de quienes no aportaron nada con dicho fin, si es que se consideraba que incumplieron con sus compromisos para ser beneficiarios de la pena alternativa; más aún cuando durante todos estos años de vigencia de la Ley 975 de 2005 la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de investigar cuáles de los desmovilizados postulados a la indulgencia punitiva de la Ley de Justicia y Paz colocaron sus bienes en manos de testaferros defraudando así sus compromisos con la paz del país; para buscar la extinción de dominio de aquéllos a favor de las víctimas y la exclusión del proceso transicional de los que así obraran. Pero, lo que no puede hacerse ahora es condicionar el beneficio ofrecido en el artículo 18 A de la Ley 975 de 2005 a la entrega de bienes, cuando, a la gran mayoría, no obstante no haber aportado ninguno al fondo del cual se repararían sus víctimas; se les escuchó en versiones libres y se les han venido imputando las conductas criminales confesadas, para ahora, después de más de ocho años, recriminarles dicha omisión y justificar en ella, que hasta ahora resultaba indiferente, la negativa de la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, y también, por esa vía, acercarse a exclusión del proceso transicional. De suerte que, si la Fiscalía tiene conocimiento de que un desmovilizado en particular que no aportó bienes para la reparación de sus víctimas, se abstuvo, no obstante tenerlos, debe solicitar su expulsión del proceso transicional, de lo contrario, no se puede exigir como requisito sine qua non para concederle la sustitución, la certificación en tal sentido

¿Puede exigirse una certificación de entrega de bienes de un desmovilizado de la Ley de Justicia y Paz como requisito para acceder a la sustitución de medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario? No, el criterio para verificar un requisito como el que en este acápite se discute, no corresponde a la simple constatación documental de la realidad que se pretende comprobar, sino que, necesariamente, le asiste al Magistrado de Justicia y Paz el deber de valorar su contenido, y que aún si no contara con una certificación para comprobar la entrega de bienes del postulado, tal carencia no resultaba indispensable para acceder a la sustitución deprecada. La misma consideración opera en relación con la certificación de entrega de bienes, cuando desde el inicio del proceso transicional se tuvo conocimiento sobre quiénes entregaban muebles o inmuebles con destino a la reparación de sus víctimas, momento desde el cual se debió buscar la exclusión de quienes no aportaron nada con dicho fin, si es que se consideraba que incumplieron con sus compromisos para ser beneficiarios de la pena alternativa; más aún cuando durante todos estos años de vigencia de la Ley 975 de 2005 la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de investigar cuáles de los desmovilizados postulados a la indulgencia punitiva de la Ley de Justicia y Paz colocaron sus bienes en manos de testaferros defraudando así sus compromisos con la paz del país; para buscar la extinción de dominio de aquéllos a favor de las víctimas y la exclusión del proceso transicional de los que así obraran. Pero, lo que no puede hacerse ahora es condicionar el beneficio ofrecido en el artículo 18 A de la Ley 975 de 2005 a la entrega de bienes, cuando, a la gran mayoría, no obstante no haber aportado ninguno al fondo del cual se repararían sus víctimas; se les escuchó en versiones libres y se les han venido imputando las conductas criminales confesadas, para ahora, después de más de ocho años, recriminarles dicha omisión y justificar en ella, que hasta ahora resultaba indiferente, la negativa de la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, y también, por esa vía, acercarse a exclusión del proceso transicional. De suerte que, si la Fiscalía tiene conocimiento de que un desmovilizado en particular que no aportó bienes para la reparación de sus víctimas, se abstuvo, no obstante tenerlos, debe solicitar su expulsión del proceso transicional, de lo contrario, no se puede exigir como requisito sine qua non para concederle la sustitución, la certificación en tal sentido

¿Están sometidas a tarifa legal probatoria las manifestaciones que haga el postulado a la Ley de Justicia y Paz en un proceso penal? No, el demandante pasa por alto que en los trámites que se adelantan bajo la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) no opera la tarifa legal de prueba respecto a que las manifestaciones que haga el postulado en las versiones se deben tener como una verdad incontrastable, habida cuenta que el artículo 17, inciso 3°, de la mentada ley señala que una vez que se rinda versión libre y se confiesen unos hechos, las diligencias “se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tengan conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Es decir, las informaciones que suministren los postulados dentro de este particular trámite, para hacerse acreedor a los beneficios punitivos reglados en esta ley, deben ser objeto de verificación y comprobación, pues en el evento en que se evidencie que éste faltó a la verdad necesariamente debe ser excluido de la Ley de Justicia y Paz

¿Afecta los derechos de las víctimas la Ley 1592 de 2012 al diferir a la sentencia el pronunciamiento sobre la legalización de cargos? No, debe insistirse en que ningún menoscabo a ellos ocurrió con el diferimiento que la Sala de Justicia y Paz hizo de la decisión de legalización de cargos para la sentencia, pues si lo que se busca con la emisión de la determinación en audiencia separada y antes de iniciar el incidente, es i) que la decisión pueda ser recurrida; y, ii) que se conozca qué cargos fueron legalizados antes de empezar el incidente, es claro que ambas situaciones se superan con el trámite aquí surtido. Frente a lo primero, baste reseñar que tal derecho se efectiviza cuando la decisión se integra a la sentencia, de la misma forma a que se hubiera emitido en audiencia y providencia diferentes, muestra de lo cual es precisamente el pronunciamiento que ocupa la atención de la Sala. De tal manera que en decisión separada o como parte de la sentencia, la legalización de cargos ocurre después de la formulación y la aceptación que de ellos realicen los postulados, siendo susceptible, en cualquiera de los casos, de ser debatida a través de los recursos previstos en la ley. En relación con el segundo punto, el derecho que tienen las víctimas a intervenir en las audiencias de incidente de reparación en forma directa o a través de apoderado, se cumple al margen de que para el momento de su realización se conozca el pronunciamiento acerca de los cargos legalizados, por lo que tampoco se vulneran garantías sustanciales con el diferimiento que se demanda. Es que ninguna garantía adicional obtienen las partes cuando concurren a una audiencia con el único fin de escuchar la lectura de la legalización de los cargos, para luego dar curso a las sesiones de incidente de reparación integral; en cambio, considerables retrasos se presentan con las fallidas fechas para oralizar la decisión y con mayor razón, tratándose de procesos en los que la multiplicidad de postulados, hechos, cargos, víctimas y apoderados, no permiten ni siquiera el consenso de la data para su rápida evacuación

¿El artículo 26 de la ley 975 de 2005 excluyó la posibilidad de la interposición simultánea de los recursos de reposición y apelación? No, el artículo 26 de la Ley 975 de 2005 apunta a, la celeridad, atendiendo que para la apelación de "asuntos de fondo durante el desarrollo de las audiencias" no se exige la "interposición previa del recurso de reposición". Por ende, no se explica la Corte cuál es el soporte del a quo para aseverar que este precepto condicionó los recursos de manera fatal a la escogencia de uno u otro porque el mismo, se repite, se limita a reiterar el principio de la teoría general del proceso atinente a que contra la sentencia solo procede la apelación, contra los autos que no deciden un asunto trascendente la reposición, mientras que contra los denominados autos interlocutorios es viable la presentación conjunta del recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, de ser negado el primero y sin necesidad de una nueva sustentación

¿Puede considerarse una retractación en una confesión como la configuración de una prueba nueva en el que se pueda basar la acción de revisión? No, se observa que en verdad el nuevo relato que se trae con la demanda de revisión corresponde a una retractación, sobre la cual de tiempo atrás ha sostenido reiteradamente la Sala que no es viable procurar la revisión de una sentencia ejecutoriada con la sola retractación de uno o de varios deponentes. Es evidente que la prueba que así se pretende introducir no se refiere a un hecho desconocido dentro del proceso, y menos podría considerarse como una variación sustancial de uno conocido dentro del mismo, sino a una enmienda o arrepentimiento que no brinda certeza sobre la verdad. En ese orden, al no ser la acción de revisión el escenario para discernir en cuál de las dos versiones el testigo mintió, pues ante un fallo ejecutoriado, donde sus declaraciones han superado la presunción de certeza y legalidad para ser reconocidas por la sociedad como verdades inmutables, sólo valdría esa retractación cuando se haya determinado por decisión judicial en firme, que el testigo mintió en el proceso, y en tal evento ya no se estaría en presencia de una prueba nueva, sino de una prueba falsa, sobre la que se fundamentó el fallo, caso en el cual es otra la causal por la que debe intentarse esta acción. Asimismo se ha dicho que las declaraciones efectuadas por los postulados en el trámite de la Ley 975 de 2005, no pueden ser consideradas como prueba nueva, como quiera que no opera tarifa legal respecto de esta, y por ministerio de la ley las confesiones deben ser objeto de verificación por parte de la Unidad Nacional de Fiscalías y la policía judicial

¿Cuál es el objetivo del incidente de oposición de terceros a la medida cautelar en la Ley 975 de 2005? Conforme al artículo 17C de la Ley 975 de 2005, los terceros de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes que hubiesen sido objeto de medidas cautelares orientadas a la extinción de dominio, pueden solicitar el levantamiento de dicha cautela. Ese precepto constituye la forma a través de la cual el legislador reconoce que en el proceso especial de justicia y paz, eventualmente, resultan afectados bienes de personas que ninguna relación mantuvieron con miembros del grupo armado al margen de la ley. Al efecto, esta Sala ya había expuesto que en su criterio, el objeto del trámite incidental que inicia un tercero, es demostrar que en relación con el bien ofrecido por el postulado y respecto del cual se ha decretado una medida cautelar, ese tercero tiene un mejor derecho que no puede verse afectado. Dado que las medidas cautelares tienden a afectar el derecho de dominio o la disponibilidad sobre el mismo o bien el derecho de posesión y sus derivados, el incidente tendrá por objeto establecer en cabeza del tercero un mejor derecho de propiedad o de posesión que debe ser respetado. Así, en el caso de la propiedad, el incidente apuntará a demostrar que el derecho radica en ese tercero, ya porque así aparece consignado en el registro inmobiliario, o bien por cuanto aunque el bien aparezca en cabeza del postulado es en realidad de propiedad del tercero, como cuando media una simulación, o como cuando a pesar de no estar inscrito el acto que materializa la propiedad, existen escrituras u otros documentos que indican que el postulado cedió la propiedad. Se buscará entonces el levantamiento de la medida de embargo o de limitación o suspensión del poder dispositivo sobre el bien

¿Proceden medidas cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo de dominio sobre los bienes destinados a la extensión de dominio? No, entonces, están destinados a la extinción de dominio dentro del trámite de Justicia y Paz, i) Los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas y, ii) Los bienes identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones que tengan la vocación de contribuir a la reparación de las víctimas y puedan ser objeto de extinción de dominio en la sentencia de justicia transicional. Sobre dichos bienes, ha dicho la Sala (CSJ AP 10 abril 2013, Rad. No. 40617), proceden las medidas cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo de dominio previstas en el artículo 17B, adicionado a la Ley de Justicia y Paz por el artículo 16 de la Ley 1592 de 2012. De igual forma, agrega la Corte, también resultan viables las demás cautelas previstas en el ordenamiento jurídico nacional que garanticen el cumplimiento de la sentencia y la reparación de las víctimas. Además de lo anterior, constituye presupuesto para el ingreso al Fondo para la Reparación de Víctimas que los bienes tengan vocación reparadora, esto es, que contribuyan efectivamente al resarcimiento, pues si no ostentan dicha característica, el Magistrado de Control de Garantías debe negar su admisión, tal como lo ordena el artículo 11C

¿Es aplicable para los quiénes se desmovilizaron individualmente el término de 8 años contados desde el 25 de julio de 2005 contenido en el numeral 2 del artículo 38 del decreto 3011 de 2013? No, la hermenéutica del numeral 2 del artículo 38 ibídem que se ajusta al contenido del artículo 18A de la Ley 975 de 2005 y a la interpretación de la Corte Constitucional, implica que el decreto reglamentario (Decreto Reglamentario 3011 del 26 de diciembre de 2013) no establece nuevas hipótesis fácticas sobre la forma como debe contarse el término de 8 años para la sustitución de la medida de aseguramiento: simplemente dilucida cómo debe determinarse el tiempo de reclusión en una de las hipótesis fácticas de la desmovilización colectiva. Por ende, no se refiere a la dejación de armas de carácter individual, la cual está regulada en el inciso 5 de la citada preceptiva. En efecto, se repite, el numeral 2 no está dirigido a los eventos de desmovilización individual sino exclusivamente a la desmovilización colectiva llevada a cabo antes del 25 de julio de 2005. En el anterior contexto, la Sala reafirma cómo la interpretación sistemática del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, reglamentada en el canon 38 del Decreto 3011 de 2013, implica que para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, el postulado debe haber estado detenido mínimo 8 años en centro de reclusión sujeto a las reglas de control penitenciario, así: En los eventos de desmovilización colectiva, desde el inicio de la privación de la libertad en centro de reclusión sujeto a las reglas de control penitenciario, cuando el postulado se hallaba libre al momento de la dejación de armas de la estructura armada a la que perteneció, fecha que en todo caso deberá ser concomitante o posterior a la expedición de la Ley 975 de 2005. Y a partir de la postulación por el Gobierno Nacional en todos los eventos de desmovilización individual, sea que el grupo al que perteneció el desmovilizado haya desaparecido, haya abandonado las armas o permanezca en el uso ilegal de las mismas, con independencia de que se hubiese entregado con antelación al amparo de otros ordenamientos jurídicos como el contendido en la Ley 782 de 2002

¿Cuál es el procedimiento que debe realizarse en procura de aplicar las causales de terminación del proceso de justicia y paz y exlusión de la lista de postulados? La normativa implementa la terminación del proceso de justicia y paz, lo cual no opera oficiosamente por parte de las salas de dicha especialidad creadas en algunos Tribunales del país, dado que si bien es en donde se toma la decisión, ésta ha de provocarla la solicitud del Fiscal que la sustentará en audiencia y debe fincarse en una de las causales consagradas en dicha legislación o bien en otras diseñadas por las autoridades judiciales que ostenten competencia en esos trámites, de acuerdo a las novísimas facultades deferidas a ellas por el legislador. En caso de que se acojan los planteamientos del ente acusador, la determinación que adopte ese juez colegiado será la de dar por terminado el proceso al desmovilizado y acorde con ello, dispondrá comunicar a los despachos judiciales que ventilen actuaciones penales contra el mismo para que las reactiven, haciéndose lo propio con las órdenes de captura y de igual manera, pondrá su decisión en conocimiento del Gobierno Nacional, en aras de que lleve a cabo el trámite de exclusión de la lista de postulados, a la que no podrá volver a aspirar

¿Desde qué momento comienza a contarse el término de ocho años de privación de la libertad para que dentro del proceso transicional de Justicia y Paz el postulado tenga el derecho a la sustitución de la medida de aseguramiento cuando ya se encuentra en un establecimiento carcelario cumpliendo sentencia de la Justicia Ordinaria? Desde la fecha de postulación al proceso transicional. Conforme ya se advirtió, no es caprichoso tomar como punto de partida para contabilizar el término aludido, la fecha de la postulación, en tanto, es justamente allí cuando empieza la etapa judicial de la actuación. La etapa anterior, esto es, la administrativa, que inicia con la desmovilización ya sea que el interesado se encuentre privado de la libertad o no, o lo haga individual o colectivamente, comprende básicamente la constatación por parte del Gobierno Nacional de los requisitos para acceder al proceso de justicia y paz. Empieza la etapa judicial desde el momento en que el gobierno hace la correspondiente postulación y remite las listas a la Fiscalía General de la Nación. Allí mismo, como se tiene dicho, el postulado adquiere una expectativa razonable de acceder a los beneficios de la justicia transicional. Asimismo, el lapso de ocho años de privación de la libertad para que dentro del proceso transicional el postulado tenga el derecho a la sustitución de la medida de aseguramiento impuesta, no debe ser subsiguiente a la desmovilización individual, sino a partir del momento que éste hecho adquiere relevancia jurídica en el proceso transicional, esto es, cuando el Gobierno Nacional postula al desmovilizado a ser beneficiario de la pena alternativa de la Ley 975 de 2005, porque considera entregó información que, en la medida de sus posibilidades de cooperación, contribuyó al desmantelamiento de la organización armada ilegal a la cual perteneció, tal como lo dispone el parágrafo 2º del artículo 5º. Del Decreto 3391 de 2006

¿Puede desvincularse del trámite de la Ley de Justicia y Paz a quien, demostrado que pertenece al grupo de autodefensas, se ocupa al interior del mismo exclusivamente de tareas de narcotráfico o delitos conexos a este? - No, lo primero que debe puntualizar la Sala es la desatención en que incurre el Tribunal A quo cuando -partiendo del hecho referido a que efectivamente hacía parte de la estructura del grupo paramilitar- pasa por alto que, finalmente, la actividad delictiva que cabría atribuir al postulado en esa hipótesis de pertenencia, no es apenas la del narcotráfico, aún si se pasara por alto que la misma aceptación de que financiaba al grupo paramilitar, atendía varias de sus necesidades logísticas e incluso fungía como pagador de nómina, advierte de tareas varias que en la práctica extienden el campo penal hacia otros tipos delictuosos. En efecto, ya de manera reiterada y pacífica la Corte advirtió cómo la pertenencia del postulado al grupo particular de autodefensas reclama, en calidad de conditio sine qua non, la imputación jurídica y fáctica del delito de concierto para delinquir, precisamente porque el compartir ese ideario y vincularse plenamente a la organización, sin importar el tipo de labor concreta desarrollada al interior de la misma, cubre a satisfacción las exigencias del tipo penal en cuestión. De lo contrario, vale decir, si esa conducta no es imputada o se estima no ejecutada, decae completamente el requisito básico que habilita acceder al trámite transicional: la pertenencia al grupo de Autodefensas. En este sentido, para la Sala es claro que la comisión del delito de concierto para delinquir, fruto de determinarse probado que el desmovilizado efectivamente integró las filas del grupo armado al margen de la ley, legitima su pretensión de acogerse al trámite de la Ley 975 de 2005 y le otorga el derecho, desde luego, siempre que cumpla las otras condiciones y no incumpla las obligaciones inherentes a ello, de acceder a una pena alternativa, cuando menos, por esta conducta punible en particular

¿A quién le corresponde la responsabilidad de valorar y evaluar el cumplimiento de las exigencias contempladas en el artículo 37 del Decreto 3011 de 2013 para conceder la sustitución de la medida de aseguramiento? Al Magistrado de Justicia y Paz. La Sala observa con enorme preocupación la tarifación rígida en que de acuerdo con el Decreto 3012 de 2013, habrían de considerarse satisfechas las exigencias para conceder la sustitución de la medida de aseguramiento. Esto, por cuanto al exigir certificaciones de la Fiscalía en relación con la colaboración del postulado con el esclarecimiento de la verdad como condición necesaria para que se le conceda la sustitución, se está desplazando la labor valorativa del Magistrado de Justicia y Paz y se le está colocando en la mera condición de verificador documental; lo cual desdice de su calidad de juez. La misma consideración opera en relación con la certificación de entrega de bienes, cuando desde el inicio del proceso transicional se tuvo conocimiento sobre quiénes entregaban muebles o inmuebles con destino a la reparación de sus víctimas, momento desde el cual se debió buscar la exclusión de quienes no aportaron nada con dicho fin, si es que se consideraba que incumplieron con sus compromisos para ser beneficiarios de la pena alternativa; Considera la Sala que el establecimiento de este tipo de cargas en cabeza del postulado, insinúa el incumplimiento de las expectativas de libertad que los desmovilizados tenían luego de ocho años de privación de la libertad, siendo leal y justo, que el Estado les cumpla a quienes honraron sus compromisos. En todo caso, la responsabilidad de valorar y evaluar el cumplimiento de las exigencias previstas en la Ley 975 de 2005 en cada caso en particular fue otorgada por el Legislador a los Magistrados de Justicia y Paz, funcionarios a los que deberá acudir la Fiscalía, una vez citada y enterada sobre el objeto de la diligencia, con toda la información relevante del correspondiente desmovilizado, esto es, fecha de la desmovilización y de su privación de la libertad, causa de la medida de aseguramiento, contenido de las imputaciones realizadas en contra del desmovilizado, estado de los procesos transicionales, datos relevantes relacionados con otros procesos adelantados por fuera de Justicia y Paz en su contra, etcétera; para que el funcionario judicial encargado de verificar todo lo concerniente, tenga suficientes elementos de juicio para adoptar la decisión justa que proceda

¿Procede la acción de revisión de las versiones de intervinientes en trámites de Justicia y Paz para introducir modificaciones en versiones dadas ante otras autoridades? No, no puede pasar desapercibido que el auto del 11 de diciembre de 2013 fue muy claro al señalar que: La Corte ha tenido la oportunidad de referirse a las versiones de quienes intervienen en los trámites de Justicia y Paz, para señalar que no pueden ser atendidas en el trámite de la acción de revisión cuando se pretende con ellas introducir informaciones que modifican lo que ellos mismos hicieron saber en procesos ante otras autoridades o por lo menos lo permitieron o propiciaron

¿Debe excluirse de los beneficios de la Ley 975 de 2005 a un desmovilizado que se fugó de la cárcel en cumplimiento de la condena? - Sí, un desmovilizado al cumplir esa obligación referida a la justicia -mantenerse privado de la libertad hasta que la autoridad competente lo disponga- reafirma su voluntad de someterse a los mandatos de la ley de justicia y paz y, por esa vía, también da inconfundibles y sinceras muestras de estarse a futuro a los demás compromisos e imposiciones legales. Obviamente, si el pacto que el postulado selló al someterse al programa para obtener los beneficios jurídicos, consiste en sujetarse al encierro de la manera como lo haya dispuesto el funcionario facultado para ello o simplemente estar a su disposición, su evasión, con total independencia de las consecuencias penales, supone tanto el incumplimiento de una de las más serias obligaciones, como la afectación del trámite. Bajo esa perspectiva, se estima que la incursión del postulado en la conducta punible, lo sustrae del medio en que lo ha depositado la autoridad, alejándolo del proceso excepcional, y al funcionario que lo tiene asignado se le hace imposible practicar las diligencias que implican su intervención, por lo que el caso queda destinado a la indefinición, a lo cual se le debe dar una doble lectura en el plano de la Ley 975 de 2005; por un lado, el incumplimiento a la obligación de permanecer privado de la libertad y por otro, la causación al proceso de consecuencias desastrosas

¿Debe excluirse de los beneficios de la Ley 975 de 2005 a un desmovilizado que se fugó de la cárcel en cumplimiento de la condena? - Sí, un desmovilizado al cumplir esa obligación referida a la justicia -mantenerse privado de la libertad hasta que la autoridad competente lo disponga- reafirma su voluntad de someterse a los mandatos de la ley de justicia y paz y, por esa vía, también da inconfundibles y sinceras muestras de estarse a futuro a los demás compromisos e imposiciones legales. Obviamente, si el pacto que el postulado selló al someterse al programa para obtener los beneficios jurídicos, consiste en sujetarse al encierro de la manera como lo haya dispuesto el funcionario facultado para ello o simplemente estar a su disposición, su evasión, con total independencia de las consecuencias penales, supone tanto el incumplimiento de una de las más serias obligaciones, como la afectación del trámite. Bajo esa perspectiva, se estima que la incursión del postulado en la conducta punible, lo sustrae del medio en que lo ha depositado la autoridad, alejándolo del proceso excepcional, y al funcionario que lo tiene asignado se le hace imposible practicar las diligencias que implican su intervención, por lo que el caso queda destinado a la indefinición, a lo cual se le debe dar una doble lectura en el plano de la Ley 975 de 2005; por un lado, el incumplimiento a la obligación de permanecer privado de la libertad y por otro, la causación al proceso de consecuencias desastrosas

¿Es procedente la acumulación de procesos que se encuentran en diferentes etapas procesales bajo la Ley 975 de 2005, a fin de que continúen conforme la modificación prevista en la Ley 1592 de 2012? Es al inicio de la audiencia concentrada y a instancias de la Fiscalía, que se debe solicitar la acumulación de procesos, para que previa motivación acerca del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículos 22 de la Ley 1592 de 2012 y 51 de la Ley 906 de 2004, relativos a que los delitos se hayan cometido durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado ilegal y sean conexos, resuelva la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. Ésta hermenéutica armoniza con el hecho de que la Ley 1592 de 2012 modificó la competencia para conocer de la formulación y aceptación de cargos y la radicó en las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz de los distintos Tribunales. Es entonces a partir de allí cuando procede el requerimiento de acumulación por la Fiscalía, que es a la que corresponde fijar la estrategia procesal para implementar el procesamiento conjunto de las actuaciones, con miras a cumplir los fines de la Ley 975 de 2005, solución que satisface el interés preponderante de las víctimas

¿Es diferente el momento procesal en el que procede la acumulación de procesos de Justicia y Paz en la 975 de 2005 y en la Ley 1592 de 2012? - Sí, la jurisprudencia de la Sala ha previsto las situaciones en que procede la acumulación, en particular cuando opera entre un proceso de Justicia y Paz y el o los que se tramitan ante los jueces penales ordinarios. Así mismo, con fundamento en la Ley 975 de 2005, la Sala ha definido que la acumulación que se produce entre procesos de Justicia y Paz debe tener lugar después de la legalización de cargos (auto del 17 de octubre de 2012, rad. Nº 39269, citada y reiterada en la providencia del 29 de mayo de 2013, rad. Nº 41035). Pero la ley ni los precedentes de esta Colegiatura han abordado el tema de la acumulación, en vigencia de la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012. Conforme esta última norma, la solución de la cuestión se orienta de manera distinta, pues, al margen de la regulación de la acumulación en el proceso penal ordinario (Ley 906 de 2004 o Decreto Ley 2700 de 1991), es preciso acudir a los fines del proceso de Justicia y Paz, a los especiales principios que lo guían, los intereses de las víctimas y la contribución de la figura procesal para alcanzar de manera pronta y eficaz una sentencia que contenga una verdad lo más completa posible, así como una relación suficiente de los fenómenos y contextos de macrocriminalidad y macrovictimización. No cabe duda, entonces, que la acumulación es un instrumento idóneo para concretar los fines de la Ley 1592 de 2012 y dirigir de manera eficiente el procesos de Justicia y Paz, función que le compete a la fiscalía. Por tanto, la regla para hacer procedente la acumulación no debe fijarse, como lo hace el artículo 51 de la Ley 906 de 2004, tomando como referencia un específico acto procesal, es decir "al formular la acusación" o "en la audiencia preparatoria", o bien, según el artículo 7º del Decreto 4760 de 2005, "hasta que termine la audiencia de formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005" (auto del 25 de septiembre de 2007, rad Nº 28250), sino conforme con su aptitud para cumplir el conjunto de cometidos y directrices que la Ley 1592 de 2012 y la Resolución 0001 del 4 de octubre de 2012 le asignan a la fiscalía, como es la de diseñar la senda a través de la cual aspira a obtener los fallos de Justicia y Paz que satisfagan de la mejor manera posible los fines de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, según precisos criterios de priorización

¿Qué juez es el competente para conocer de una solicitud de suspensión de la ejecución de la pena y-o la libertad por indulto presentada por el defensor de un desmovilizado al que aún no se le ha formulado imputación ni se le ha impuesto medida de aseguramiento en relación con el proceso iniciado por ley 975 de 2005? "El llamado a resolver la solicitud liberatoria es el juez que vigile la ejecución de la pena que en la actualidad se encuentra purgando, ya que aún no se halla a disposición de las autoridades judiciales de Justicia y Paz, siendo por tanto la pena alternativa una simple expectativa cuyo reconocimiento depende de una serie de factores, ninguno de los cuales se pude aún establecer

¿Genera nulidad procesal la tramitación ante jueces ordinarios de procesos adelantados por delitos cometidos por quién se ha postulado a la Ley de Justicia y Paz, durante su pertenencia a la organización armada al margen de la ley? - No, esta Corporación viene sosteniendo, con apoyo en lo regulado en el artículo 20 de la Ley 975 de 2005, que la hipótesis en mención se resuelve a través de la figura de la acumulación, para cuyo efecto es factible, incluso, decretar la suspensión de la actuación procesal seguida en sede del juez ordinario cuando el trámite rituado con sujeción a la Ley de Justicia y Paz no ha llegado aún a la fase que viabiliza la acumulación. Así, ha dicho la sala que cuando se tramitan procesos en la justicia ordinaria por conductas del desmovilizado, sucedidas durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, y existe -como en este caso- la manifestación libre de aceptar esos cargos en el proceso de transición, lo pertinente es establecer las condiciones de la suspensión y posterior acumulación de las investigaciones, partiendo del presupuesto de que los procesos penales ordinarios que se tramitan ya por la ley 600 de 2000, ora por la ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), no coinciden en su estructura procesal con el trámite de la ley 975 de 2005 que fijó el marco jurídico de la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, en el marco de un acuerdo humanitario. La Corte también señaló que la acumulación debe ser solicitada por el respectivo Fiscal de Justicia y Paz. La Sala, igualmente, tiene expresado que en caso de emitirse sentencia de condena dentro del proceso ordinario y ésta cobre ejecutoria, lo procedente es acudir a la figura de la acumulación jurídica de penas

¿Pueden tramitarse bajo la ley de justicia y paz los incidentes de restitución de tierras por bienes sobre los cuales no recaiga medida cautelar? No, los incidentes para la restitución de tierras que se encontraban en curso al 3 de diciembre de 2012 deben continuarse tramitando dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, siempre y cuando, para esa fecha existiere medida cautelar sobre el bien objeto del mismo. En tal hipótesis, el trámite se seguirá bajo las pautas del procedimiento diseñado en el canon 39 de la Ley 1592 de 2012, que incluyen la aplicación de las presunciones de despojo previstas en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, así como las figuras de compensación en especie y reubicación en los casos que no sea posible restituir a la víctima en el predio despojado, entre otras. Dicha excepción explica, además, que se mantenga la atribución de competencia a los Magistrados de Control de Garantías para conocer de la solicitud de restitución y-o cancelación de títulos fraudulentos contenida en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 9 de la Ley 1592 de 2012. En sentido opuesto, si al entrar a regir la Ley 1592 de 2012 se adelantaba algún trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares, el Magistrado de Control de Garantías no puede continuar con la actuación y debe remitirla al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en tanto no se satisface el presupuesto que habilita la competencia de la jurisdicción de Justicia y Paz para mantener el conocimiento del asunto

¿Puede inscribirse la sentencia condenatoria como medida cautelar en procesos de restitución de tierras? Sí, no sobra señalar que si bien la Ley 975 de 2005 no menciona la inscripción de la demanda como medida cautelar aplicable en justicia transicional, no existe prohibición para utilizarla y, además, en algunos eventos resulta adecuada para lograr los propósitos de asegurar los bienes y alertar a la comunidad sobre las implicaciones jurídicas de celebrar transacciones respecto de inmuebles sometidos al trámite de Justicia y Paz. De igual forma, se trata de una medida cautelar reglada en el Código de Procedimiento Civil, ordenamiento jurídico aplicable de forma residual en virtud del principio de complementariedad del artículo 62 de la Ley 975 de 2005. En ese orden, resulta procedente su uso en Justicia y Paz, siempre y cuando se atienda su naturaleza jurídica y las reglas que la gobiernan

¿Pueden extraditarse los colombianos acusados de cometer delitos comunes en el exterior aún cuando simultáneamente se adelantaban procesos especiales de Justicia y Paz contra ellos? Sí, pues en la práctica el propósito que sirvió de fundamento a su postura no se ha cumplido cabalmente, toda vez que después de siete años de instrumentalizarse el proceso de justicia y paz, quienes se han acogido a dicho trámite no han contribuido en forma real, eficaz y transparente al esclarecimiento de la verdad, como tampoco con la finalidad de reparar a las víctimas, contexto dentro del cual entiende la Corte que no puede soslayar la objetiva existencia de aquellos presupuestos que hacen viable el instrumento de colaboración internacional contra la criminalidad como la extradición. La posición actual de la Corte cobra mayor relevancia cuando se advierte, como en este caso, que el afán del requerido en extradición no es contribuir de manera efectiva a la paz nacional ni restablecer los derechos de las víctimas de su actuar criminal, sino evadir la acción de las autoridades extranjeras que lo requieren para que responda en juicio por delitos cometidos, incluso, con posterioridad a su supuesta desmovilización

¿Qué ocurre cuando un desmovilizado cobijado por la ley de Justicia y Paz una vez iniciado el trámite judicial se torne renuente a comparecer al proceso de justicia transicional de la Ley 975 de 2005 y a rendir la versión libre y confesión? - En tal caso aun cuando no ha hecho ninguna afirmación, la Fiscalía con base en las constancias procesales, deduce que desistió del trámite es decir, se presenta una manifestación tácita de exclusión. Se exige que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal verifique si procesal y objetivamente se presenta el comportamiento omisivo e injustificado del postulado a partir del cual se deduce que ha desistido de continuar en el proceso de justicia y paz. A partir de la misma tendrá que enfrentar ante la justicia ordinaria los diferentes procesos por los hechos que cometió durante su militancia en el grupo armado ilegal, sin que tenga posibilidad alguna de ser postulado nuevamente al proceso de justicia y paz

¿Qué ocurre cuando un desmovilizado cobijado por la ley de Justicia y Paz una vez iniciado el trámite judicial se torne renuente a comparecer al proceso de justicia transicional de la Ley 975 de 2005 y a rendir la versión libre y confesión? - En tal caso aun cuando no ha hecho ninguna afirmación, la Fiscalía con base en las constancias procesales, deduce que desistió del trámite es decir, se presenta una manifestación tácita de exclusión. Se exige que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal verifique si procesal y objetivamente se presenta el comportamiento omisivo e injustificado del postulado a partir del cual se deduce que ha desistido de continuar en el proceso de justicia y paz. A partir de la misma tendrá que enfrentar ante la justicia ordinaria los diferentes procesos por los hechos que cometió durante su militancia en el grupo armado ilegal, sin que tenga posibilidad alguna de ser postulado nuevamente al proceso de justicia y paz

¿Qué jueces examinan los procesos especiales de la ley 975 del 2005 cuando impongan el deber de hacer remisiones al trámite común? - Los examinan los jueces de circuito especializados, pues si bien en el trámite especial el conocimiento de las conductas estaría a cargo de fiscales y jueces de justicia y paz, se asigna a fiscales y jueces del circuito especializados cuando de acuerdo con los criterios considerados por el legislador deba hacerse y sin tener en cuenta la cantidad de pena a imponer. Asimismo en los casos excepcionales en donde al postulado se le impute la comisión de un delito que dentro de las normas generales de competencia correspondiese a un juzgador diverso del especializado, por aplicación de las reglas de la conexidad el juzgamiento igual correspondería a este servidor judicial, como que el trámite debe cursar bajo una misma cuerda procesal y debe dirigirlo el juez de mayor jerarquía, que, para estos efectos, el legislador determinó lo fuese el especializado

¿Procede la libertad provisional en el trámite especial previsto por la Ley 975 de 2005? - No, la improcedencia de la libertad provisional dentro de los procesos que se tramitan conforme a la Ley de Justicia y Paz, se establece tras considerar que uno de los fundamentos de dicho régimen es que se trata del juzgamiento de conductas de la más extrema gravedad, de procesados que han dedicado largos años de su vida al ejercicio sistemático y reiterado de actos de violencia contra la población civil, y que como se trata de un proceso diseñado 'a la medida de las víctimas' se impone atender a su percepción de justicia, la cual naturalmente se vería burlada si se concediese la libertad provisional a quien voluntariamente se ha acogido al estatuto especial, en busca de una condena con beneficios. Ahora bien, el hecho de que los procesados hayan demostrado su inclinación a colaborar con este particular trámite, lo que constituye obviamente una de sus obligaciones más elementales si aspiran a beneficiarse en el futuro de la pena alternativa, en manera alguna tal disposición, por sí misma, permite la concesión de un beneficio distinto a los expresamente consagrados en la Ley 975 de 2005

¿Procede la libertad provisional en el trámite especial previsto por la Ley 975 de 2005? - No, la improcedencia de la libertad provisional dentro de los procesos que se tramitan conforme a la Ley de Justicia y Paz, se establece tras considerar que uno de los fundamentos de dicho régimen es que se trata del juzgamiento de conductas de la más extrema gravedad, de procesados que han dedicado largos años de su vida al ejercicio sistemático y reiterado de actos de violencia contra la población civil, y que como se trata de un proceso diseñado 'a la medida de las víctimas' se impone atender a su percepción de justicia, la cual naturalmente se vería burlada si se concediese la libertad provisional a quien voluntariamente se ha acogido al estatuto especial, en busca de una condena con beneficios. Ahora bien, el hecho de que los procesados hayan demostrado su inclinación a colaborar con este particular trámite, lo que constituye obviamente una de sus obligaciones más elementales si aspiran a beneficiarse en el futuro de la pena alternativa, en manera alguna tal disposición, por sí misma, permite la concesión de un beneficio distinto a los expresamente consagrados en la Ley 975 de 2005

¿Cuál es el trámite que debe seguirse para realizar la extinción de dominio sobre los bienes entregados en el marco de la ley de Justicia y Paz? -La declaratoria de la extinción del derecho de dominio, debe estar precedida de un mínimo trámite que permita que quienes en los documentos de registro aparezcan inscritos como propietarios, antes y después de que los bienes figuren a nombre de los postulados, puedan comparecer libremente al proceso judicial para que probatoriamente se manifiesten sobre la legalidad del traspaso de títulos, el pago justo y demás incidencias de las transacciones, lo cual debe incluir el escuchar a los postulados que han hecho entrega de tales bienes para que, en ejercicio de su deber de contribuir a la verdad de lo acaecido, so pena de perder los beneficios de la Ley 975 del 2005, se pronuncien sobre tales aspectos y alleguen las pruebas documentales que legitimen la licitud de esas compraventas. Si se hace de manera conjunta dentro del trámite de la Ley 975 del 2005, se debe acudir al incidente procesal previsto en el Código de Procedimiento Civil, en desarrollo del cual el juzgador debe velar porque de manera real y efectiva todos quienes han figurado y figuran como propietarios de los bienes acudan a verificar la ocurrencia real y efectiva de las transacciones, así como escuchar a los integrantes de las AUC a cuyo nombre aparecen los mismos, para que refieran la verdad de las adquisiciones. - Víctimas - Verdad

¿Cuándo un bien puede ser interferido o afectado por la senda del proceso transicional? -La Sala ha precisado que debe existir una clara relación entre la situación victimizante y la confesión del desmovilizado en justicia y paz, lo cual debe estar íntimamente ligado con el bien que en cumplimiento de su obligación de reparación ha entregado el candidato a la pena alternativa, ya porque su propiedad o posesión esté en cabeza suya, ora porque su titularidad la ostente un agente suyo, o se ejerza en su nombre. Por tal razón, se insiste, en el proceso transicional sólo se pueden intervenir los bienes que son entregados por el desmovilizado en cumplimiento de las obligaciones que adquiere al ser candidatizado a ser beneficiario de la indulgencia punitiva que la Ley 975 de 2005 ofrece

¿Cuándo un bien puede ser interferido o afectado por la senda del proceso transicional? -La Sala ha precisado que debe existir una clara relación entre la situación victimizante y la confesión del desmovilizado en justicia y paz, lo cual debe estar íntimamente ligado con el bien que en cumplimiento de su obligación de reparación ha entregado el candidato a la pena alternativa, ya porque su propiedad o posesión esté en cabeza suya, ora porque su titularidad la ostente un agente suyo, o se ejerza en su nombre. Por tal razón, se insiste, en el proceso transicional sólo se pueden intervenir los bienes que son entregados por el desmovilizado en cumplimiento de las obligaciones que adquiere al ser candidatizado a ser beneficiario de la indulgencia punitiva que la Ley 975 de 2005 ofrece

¿Puede decidirse una acumulación procesal en un proceso de Justicia y Paz sin necesidad de audiencia oral? - No, la decisión, que ordena la acumulación, debe tomarse en el marco de una audiencia tomar dicha decisión sin la previa convocatoria a audiencia pública, socava el debido proceso, en tanto se contravienen las formas propias del juicio que es la garantía preestablecida de las reglas de juego sobre la manera como se desarrollará la actuación, desconoce el principio de oralidad y socava los derechos de las partes intervinientes y principalmente de las víctimas, quienes debieron ser citadas a efecto de que se pronunciasen sobre la acumulación ordenada. Dicha decisión también debe ser tomada por la Sala de Justicia y Paz y no por uno solo de los magistrados

¿A qué autoridad le corresponde decidir la renuncia de una persona para ser investigado y juzgado dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, si existe medida de aseguramiento, medidas cautelares, o la orden de suspender los procesos que se adelanten en la jurisdicción ordinaria, en aquellos eventos en que aun no se haya dado inicio a la etapa de juzgamiento? - El Magistrado de Control de Garantías quien en sede de audiencia preliminar debe resolver tal solicitud, para que sea esta misma autoridad quien levante las medidas impuestas y como consecuencia de ello disponga el archivo y el envío de las diligencias ante la jurisdicción ordinaria

¿A qué autoridad le corresponde decidir la renuncia de una persona para ser investigado y juzgado dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, si existe medida de aseguramiento, medidas cautelares, o la orden de suspender los procesos que se adelanten en la jurisdicción ordinaria, en aquellos eventos en que aun no se haya dado inicio a la etapa de juzgamiento? - El Magistrado de Control de Garantías quien en sede de audiencia preliminar debe resolver tal solicitud, para que sea esta misma autoridad quien levante las medidas impuestas y como consecuencia de ello disponga el archivo y el envío de las diligencias ante la jurisdicción ordinaria

¿En un proceso de Justicia y Paz, en donde se ordenó la restitución provisional de predios, se puede negar la práctica de pruebas dentro del trámite incidental de oposición, porque las pruebas pedidas no son pertinentes para probar la posición de buena fe?- No, cuando se trata de acreditar unos hechos, en aras de establecer si los mismos se subsumen en determinada hipótesis normativa, el análisis de las pruebas debe contraerse a si cumplen los presupuestos de pertinencia, utilidad y eficacia para dicho propósito y no el calificar la existencia de la buena o mala fe, porque al ser un aspecto sustancial debe analizarse al momento de resolver el incidente. - Pruebas

¿Son las autoridades de Justicia y Paz las competentes para ocuparse de la restitución de tierras cuyo despojo tuvo como origen el conflicto armado en la ley 1448 de 2011? - Si, puesto que la Corte de acuerdo con la interpretación que ha hecho de la citada ley establece que en relación con los artículos 168.8, en el que se asigna como función de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pagar las indemnizaciones judiciales ordenadas en el marco de la Ley 975; y, el parágrafo primero del artículo 177, en el cual se reconoce a las autoridades de Justicia y Paz, la posibilidad de destinación específica de bienes entregados por los desmovilizados con fines de reparación a las víctimas de los delitos juzgados en dicha jurisdicción, la ley 1448 de 2011 no sólo no reformó la Ley 975 de 2005 (excepto en temas de Comisión de conciliación) sino que se complementa con ella

¿Cuál es el trámite que debe impartir a las oposiciones hechas por los intervinientes cuando se trata del levantamiento de una medida cautelar por la venta del bien dentro del marco de la ley de justicia y paz? - En los procesos de Justicia y Paz en los cuales la administración de los bienes dirigidos a reparar los perjuicios, son entregados al Fondo para la Reparación de Víctimas cuyo proceder en relación con la disposición de ellos, debe ser verificado por el Magistrado de Control de Garantías en audiencia preliminar. Así, de obrar oposición a la venta, en audiencia preliminar escuchará la solicitud, correrá traslado para la práctica de pruebas y antes de decidir escuchará los argumentos de los intervinientes. - Fondo para la Reparación de Víctimas

¿Cuál es el trámite que debe impartir a las oposiciones hechas por los intervinientes cuando se trata del levantamiento de una medida cautelar por la venta del bien dentro del marco de la ley de justicia y paz? - En los procesos de Justicia y Paz en los cuales la administración de los bienes dirigidos a reparar los perjuicios, son entregados al Fondo para la Reparación de Víctimas cuyo proceder en relación con la disposición de ellos, debe ser verificado por el Magistrado de Control de Garantías en audiencia preliminar. Así, de obrar oposición a la venta, en audiencia preliminar escuchará la solicitud, correrá traslado para la práctica de pruebas y antes de decidir escuchará los argumentos de los intervinientes. - Fondo para la Reparación de Víctimas

¿Cuál es el trámite que debe impartir a las oposiciones hechas por los intervinientes cuando se trata del levantamiento de una medida cautelar por la venta del bien dentro del marco de la ley de justicia y paz? - En los procesos de Justicia y Paz en los cuales la administración de los bienes dirigidos a reparar los perjuicios, son entregados al Fondo para la Reparación de Víctimas cuyo proceder en relación con la disposición de ellos, debe ser verificado por el Magistrado de Control de Garantías en audiencia preliminar. Así, de obrar oposición a la venta, en audiencia preliminar escuchará la solicitud, correrá traslado para la práctica de pruebas y antes de decidir escuchará los argumentos de los intervinientes. - Fondo para la Reparación de Víctimas

¿Proceden los fallos en equidad cuando se valorizan perjuicios de las víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz? -No, la Corte señaló que las condenas proferidas bajo criterios de equidad propician un trato desequilibrado para las víctimas, por lo que tratándose de perjuicios demostrados cuya cuantía no cuenta con suficientes elementos de convicción, se deben perfeccionar los criterios de ponderación de las pruebas con las que se cuente, y no acudir indiscriminadamente a criterios de equidad, todo ello con el fin de evitar inequidades y tratamientos desiguales frente a supuestos de hecho semejantes

Delito de desaparición forzada. Derechos de las víctimas dentro del proceso de justicia y paz. El derecho a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito. Necesidad que tienen las víctimas para definir el registro de defunción de sus relativos comporta una garantía constitucional. Ley de justicia y paz. Medidas de aseguramiento: Facultades del juez respecto de la tipificación de la conducta efectuada por la Fiscalía. Principio de legalidad

Perjuicios materiales. Daño emergente. Lucro cesante. Incidente de reparación integral. Liquidación de perjuicios en concreto. Cuantía de las reparaciones de las víctimas debe efectuarse en equidad. Dignificación y reparación de victimas. Memoria histórica de una Nación. La equidad como criterio auxiliar. El hecho notorio que no requiere prueba. Indemnización para cada una de las víctimas reconocidas en el proceso. Daño moral subjetivo. Daño moral objetivado. Daño a la vida de relación. En materia de indemnización de perjuicios no opera la reformatio in pejus

¿La renuencia del postulado al proceso de justicia y paz a rendir versión libre acorde con lo ordenado en el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en la cual debe confesar los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen de la ley, anteriores a la desmovilización y por los cuales se acoge al proceso de justicia transicional, se debe tener como una manifestación tácita de no continuar con el respectivo proceso? Es indispensable para darle continuidad al trámite, que el desmovilizado rinda versión libre en la cual el fiscal lo interrogará acerca de los hechos de los cuales tenga conocimiento y, en presencia de su defensor, manifieste las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya participado en los hechos delictivos cometidos durante su pertenencia al grupo armado ilegal, anteriores a su desmovilización y por los cuales se acoge al procedimiento de justicia y paz.

Desistimiento del recurso de apelación. Estructura y finalidades político criminales de la Ley 975 de 2005, que por su singularidad no puede apoyarse en las exigencias legalmente consagradas para el proceso adversarial en el Código de Procedimiento Penal, salvo lo dispuesto en el artículo 62, porque el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, impone que se atienda a las regulaciones específicamente diseñadas para la promoción del proceso de reconciliación nacional, tal como lo preceptúa el artículo 2, inciso 1, del Decreto 3391 de 2006. Naturaleza y procedimiento de la audiencia preliminar de imputación en el contexto de la Ley 975 de 2005.

¿Resulta válido que un desmovilizado en el marco del trámite de aceptación de cargos, los acepte por un delito respecto del cual la justicia ordinaria le adelanta paralelamente un proceso penal, sin que esté concluida la versión ni se le haya formulado imputación ni mucho menos formulación de cargos? Niega trámite de aceptación de cargos. La aceptación de cargos sólo resulta viable si el desmovilizado, además de cumplir los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva previstos en el artículo 10 de la Ley de Justicia y Paz, así como los establecidos en sus normas reglamentarias, durante la diligencia de versión libre realizada en el marco del proceso de Justicia y Paz confiesa de manera completa y veraz el delito o delitos por razón de los cuales hace la manifestación de responsabilidad.

¿Proceden las imputaciones en el marco de la alternatividad penal cuando se refieren a hechos ocurridos con posterioridad a la Ley 975 de 2005? No debe comportar duda para los operadores de la justicia transicional que los hechos comprendidos en la imputación parcial, por tratarse de conductas punibles sucedidas luego de la vigencia de la ley, no están cobijados por la pena alternativa y por tanto no procede la imputación por ellas en el contexto de Justicia y Paz.

Normatividad aplicable y formas de terminación extraordinaria del proceso de justicia y paz. Hechos que permiten los beneficios de la ley de justicia y paz.

Decisión de revocar auto apelado y en su lugar aprueba la imputación parcial en proceso de justicia y paz.

Declara nulidad del proceso a partir de la providencia por medio de la cual se afectó al procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, homicidio (en concurso homogéneo y sucesivo) y secuestro (también en concurso homogéneo y sucesivo) por carecer de la adecuada motivación.

Procedencia de las imputaciones parciales en la ley de justicia y paz habida cuenta que no afectan las garantías y los derechos fundamentales de los intervinientes por los siguientes motivos. Una vez se reciba la lista de postulados del Gobierno Nacional y antes de la versión libre a los desmovilizados, la fiscalía tiene el deber de desarrollar una actuación previa tendiente a la averiguación de la verdad material, la determinación de las personas que concurrieron a la realización de las conductas punibles, la identificación de bienes, fuentes de financiación y armamento del grupo armado ilegal al que estuvo vinculado y todas las diligencias que permitan el esclarecimiento de la verdad.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Expediente 28626 de 2009 - No casa el fallo condenatorio por el delito de homicidio agravado por los cargos formulados. Casa en forma oficiosa y parcial en lo que tiene que ver con la imposición de la pena accesoria y respecto de la estimación de los perjuicios morales. Competencia de la Sala de Especializada de Justicia y Paz de un Tribunal Sperior de Distrito Judicial. La remisión del proceso al Tribunal Superior para resolver el recurso de apelación contra el fallo de primer grado proferido por un Juzgado Promiscuo del Circuito, estaba apoyado normativamente ante la expedición de un Acuerdo por parte del Consejo Superior de la Judicatura, de ahí que carezca de fundamento la pretensión de nulidad.

Casación oficiosa y parcial de fallo de segunda instancia por el que se confirmó en su integridad el fallo de primera instancia que condenó a la procesada por hallarla penalmente responsable por el delito de homicidio agravado. Competencia del juez en asuntos de justicia y paz. Falso juicio de existencia por omisión. Falso juicio de identidad. Principio de legalidad del delito y de las penas.

La Ley 975 de 2004 no se aplica a delitos políticos - Delito de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, en la modalidad de conservación