Declara que la Resolución No. 6370 de 2021, expedida por la CRC, se encuentra ajustada a derecho - [Resumen automatizado: La Sala 18 Especial de Decisión del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 19941 y 136 de la Ley 1437 de 20112, procede a efectuar el control inmediato de legalidad de la Resolución número 6370 del 31 de agosto de 2021, “Por la cual se suspenden los efectos de algunas disposiciones regulatorias de carácter general contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016, relacionadas con el régimen de calidad y otras obligaciones a cargo de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores postales, con ocasión de la ampliación de la declaratoria de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones”, emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante CRC). || Que, con ocasión de la situación generada por la transmisión del Coronavirus COVID-19 y teniendo en cuenta la ampliación de la vigencia de la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social llevada a cabo por vía de la Resolución 844 del 26 de mayo 2020, esta Comisión, con fundamento en lo establecido en el Decreto 464 de 2020 y posteriormente en el Decreto 555 de 2020, a través de, entre otras, las resoluciones CRC 5941, 5952, 5955 y 5956 de 2020 adoptó una serie de medidas encaminadas a garantizar la prestación del servicio público esencial de telecomunicaciones y flexibilizar el régimen de obligaciones regulatorias a cargo de los PRST y los operadores postales, incluyendo aquellas asociadas al régimen de calidad de los servicios.] - [Palabras claves automatizadas: servicios, decreto, entrega, calidad, servicio, ley, emergencia, objeto, ministerio, atención, suspensión, redes, sala, efectos, prestación]

Son nulas las disposiciones que autorizan la exploración excepcional de aguas subterráneas. "En los numerales 9 y 10 del parágrafo del artículo 3 del acto controlado se dispuso la posibilidad de adelantar, sin permiso, las actividades de prospección y exploración de aguas subterráneas destinadas a sistemas de acueductos urbanos y-o rurales, siempre que se contara con información geoeléctrica del área de influencia del proyecto y la misma se hubiere remitido a la autoridad ambiental. Adicionalmente, se estableció que una vez realizada la prospección y exploración era necesario solicitar la correspondiente concesión de aguas subterráneas. Esas disposiciones reiteraron lo establecido en el artículo 4° del Decreto 465 de 2020 […]. Ese artículo fue anulado por la Sala Especial de Decisión Nro. 10 […]. En consecuencia, dicha Sala Especial de Decisión dispuso que los efectos de la anulación serían ex tunc […]. Siendo así las cosas, el acto analizado perdió, en lo pertinente, fuerza ejecutoria […]. Sin embargo, es claro que antes de la declaratoria de nulidad mencionada, la norma de la corporación autónoma regional produjo unos efectos, por lo que es procedente su examen de legalidad como se ha establecido jurisprudencialmente. Para esta Sala […] lo dispuesto en el acto analizado implicó la suspensión, temporal, de las exigencias establecidas en el Decreto 1076 de 2015 para el adelantamiento de las actividades de prospección y exploración de aguas subterráneas: so pretexto del aval de la autoridad ambiental se dejó de exigir el permiso concedido por dicha entidad (artículo 2.2.23.2.16.4 del Decreto 107634), así como el informe que debía rendir el permisionario (artículo 2.2.23.2.16.10 del mismo decreto). Esa modificación temporal no resultaba conforme a derecho. Primero, porque el aval de la autoridad competente con base en el informe geoeléctrico no aportaba la información requerida para adelantar el procedimiento correspondiente. Esto, porque, como lo estableció la Sala Especial de Decisión Nro. 10, "los denominados estudios geoeléctricos no comprenden la totalidad de estudios y documentos científicos y legales que se exigen en tiempos de normalidad para que la autoridad ambiental conceda los respectivos permisos". Segundo, porque esa disminución de la información requerida afectaba los controles para el uso planificado de los recursos naturales […]."

Declaran la nulidad de la norma que reactivó los procesos de selección para proveer los empleos de carrera de los regímenes general, especial y específico. "[E]l artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020 ordenó el aplazamiento de los concursos de mérito que se estuvieren adelantando, con la advertencia de que estos debían reanudarse una vez fuere superada la Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social; no obstante, la norma objeto de control dispuso que las entidades o instancias encargadas de los procesos de selección podrán reactivarlos estando aún vigente la declaratoria de emergencia sanitaria. […] [P]ara la fecha en que se dispuso la reanudación de las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas, […] continuaba vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, de manera tal que con la expedición del acto controlado el ejecutivo desbordó los límites de la atribución a él asignada para reglamentar el decreto legislativo. No pasa por alto para esta Sala que, en los considerandos del acto enjuiciado se alude a las decisiones sanitarias adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social que prorrogaron la situación de emergencia sanitaria bajo criterios de conveniencia y razonabilidad, medidas que se han venido flexibilizando en función de los análisis epidemiológicos de las autoridades sanitarias que han mostrado una reducción estabilizada y significativa en la velocidad de transmisión del Covid-19, lo que ha permitido una reactivación paulatina y de normalización en varios sectores y actividades económicas del país, al tanto que las inscripciones a los concursos de méritos se han venido haciendo en su mayoría por vía electrónica. Pero, al margen de esta realidad, el legislador extraordinario dispuso una condición resolutoria respecto del aplazamiento de los concursos que estaba sujeta al levantamiento de la emergencia sanitaria, e impuso así un límite que no admite margen de interpretación alguno y que no fue considerado al momento de expedirse la norma controlada. […] [S]in desconocer las cambiantes circunstancias que han venido aconteciendo con la evolución de la pandemia del Covid-19, al margen de la relevancia constitucional del principio del mérito en el empleo público […], no es plausible que el Gobierno Nacional a través de una norma reglamentaria desconozca el sentido y alcance material de una disposición normativa con rango legal, como lo es el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020." - [Resumen automatizado: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 1711, es competente en única instancia para ejercer el control inmediato de legalidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 "Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria", en cuanto tiene fuente en una autoridad del orden nacional, según lo dispuesto en los artículos 111 numeral 8º y 136 de la Ley 1437 de 2011, así como del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, que contiene el reglamento interno de la Corporación.] - [Palabras claves automatizadas: decreto, control, emergencia, medidas, procesos, acto, sala, selección, general, pruebas, legislativo, ministerio, social, marzo, carrera]

Medidas adoptadas por el Ministerio de Salud en la Resolución 777 de 2021 cumplieron los requisitos de necesidad, finalidad y proporcionalidad. "[L]as medidas adoptadas resultan necesarias para mitigar las repercusiones negativas económicas y sociales producidas en el país por la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, al permitir la apertura gradual de los sectores productivos, acompañada de directrices preventivas de bioseguridad contra la expansión del virus, en consonancia con lo que ordenó el Decreto legislativo 539 de 13 de abril de 2020. […] Comoquiera que el desarrollo adecuado de la economía nacional impacta positivamente para alcanzar la superación de la pandemia causada por el virus COVID-19, resultaban indispensables las medidas adoptadas, toda vez que están encaminadas a procurar la protección y prevención del contagio en todas las actividades económicas, sociales y de los sectores de la administración pública, y contribuyen a garantizar los derechos sociales de los trabajadores, así como el desempeño de las labores en condiciones dignas, justas y de bioseguridad. […] La decisión del Ministerio resulta igualmente compatible con los fines perseguidos por la declaratoria del estado de excepción, entre cuyas motivaciones, el Decreto 417 de 2020 consagró la de limitar las posibilidades de propagación del virus COVID-19, proteger la salubridad pública, toda vez que otro de los fundamentos para la declaración de tal estado de excepción lo constituyó las afectaciones al sistema económico, y la Resolución 777 de 2021 busca superarlas, a la par con la protección a la salud de la población. […] El acto enjuiciado también supera el juicio de proporcionalidad, […] por su idoneidad para alcanzar un propósito constitucionalmente legítimo, cual es el de contribuir a proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, derechos y libertades por parte de las autoridades de la República, razón de ser del Estado social de derecho, como lo consagran los artículos 1 y 2 de la Constitución Política; en particular se pretende que, en la medida en que los sectores económicos de la sociedad y de la administración pública abandonen paulatinamente el confinamiento, se proteja a los trabajadores y a la misma sociedad del riesgo del contagio y de la expansión del virus COVID- 19." - [Resumen automatizado: La Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el propósito de que, conforme al artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se ejerza control inmediato de legalidad respecto de la Resolución 777 de 2 de junio de 2021, «Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas», emitida por el titular de esa cartera. || Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. || Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este código.] - [Palabras claves automatizadas: actividades, desarrollo, control, medidas, social, ministerio, salud, legalidad, sociales, acto, condiciones, decreto, económicas, nacional, excepción]

Aun en vigencia de la Emergencia Sanitaria las entidades tienen competencia para levantar la suspensión de términos de las actuaciones administrativas. "[E]l subdirector administrativo y financiero del Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución No. 00473 del 10 de marzo de 2022 mediante la cual se ordenó la suspensión de los plazos para liquidar todos los contratos suscritos por ese órgano ministerial que sean objeto de liquidación. La aludida medida, se sustentó en la emergencia sanitaria ordenada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 de 2020, decisión que había sido prorrogada a través de otros actos administrativos con cobertura hasta el 30 de abril de 2022, toda vez que para el momento […] se encontraba propagada la variante ómicron la cual representó un desafío a nivel mundial debido a su alta transmisibilidad lo que aumentó "rápidamente los casos de personas contagiadas con COVID 19, por lo que persistían las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de plazos para liquidar los referidos contratos". No obstante, según se expuso en el acto administrativo [objeto de control], como el Ministerio de Minas y Energía, con corte al 12 de abril de 2022 contaba con un 57,98 por ciento de personas con esquema de vacunación completo incluyendo la dosis de refuerzo, 32,49 por ciento se encontraba con la segunda dosis y está a la espera de la dosis de refuerzo, 5,74 por ciento contaba con la primera dosis y un 1,26 por ciento de personal no se encontraba vacunado, el órgano ministerial decidió levantar la suspensión de los plazos para liquidar todos los contratos que había dispuesto a través de la citada Resolución No. 00473 del 10 de marzo de 2022. Además de la justificación anterior, se tuvo en cuenta que como consecuencia de los avances en el Plan Nacional de Vacunación, los casos de contagio han disminuido considerablemente, por lo cual, junto al plan de bioseguridad […], se concluyó que se podía realizar con menor riesgo la consulta de los expedientes contractuales y los documentos que se expiden en el marco de las actividades de supervisión y que reposan físicamente en el Grupo de Gestión Contractual y en las dependencias de la entidad. Aunado a las anteriores circunstancias, se argumentó que la continuidad en el trámite de las liquidaciones de los contratos pendientes de este trámite permite liberar los saldos, procurar los pagos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales." - [Resumen automatizado: Que frente a la anterior resolución, el 4 de junio de 2021 el honorable Consejo de Estado profirió la sentencia de control de legalidad No. 11001-03-15-000-2021-00062-00, declarando la nulidad del acto administrativo, señalando: “En efecto, la gravedad de las circunstancias que justificaron la declaratoria de estado de excepción a raíz de la pandemia del Covid-19, requería la adopción de medidas urgentes, necesarias y proporcionales por parte de las autoridades administrativas con el fin de paliar la crisis y sus efectos desde el punto de vista sanitario y económico; no obstante, estas disposiciones debían ser dictadas por el funcionario competente, que, para el presente caso, correspondía al señor ministro de Minas y Energía, pues, tal como se expuso en precedencia, la suspensión de los plazos o términos para liquidar los contratos suscritos al interior de la entidad, resultaba ser una medida administrativa propia del ámbito de sus atribuciones y competencias.] - [Palabras claves automatizadas: ministerio, suspensión, energía, minas, contratos, no, control, administrativo, sentencia, decreto, plazos, ley, mediante, marzo, acto]

Medidas adoptadas en el Decreto 523 de 2020 cumplieron los requisitos de necesidad, finalidad y proporcionalidad. "[C]on el acto controlado se pretendía asegurar fuentes alternativas de proveeduría de insumos para las empresas productoras de alimentos de la canasta básica familiar, en particular carne de cerdo, pollo, huevo y pescado, que permitieran ampliar, sin costo adicional, su producción. Lo anterior, para precaver el desabastecimiento de insumos y de alimentos, la especulación de precios, el impacto negativo sobre el índice de precios al consumidor y la inflación, como consecuencia de las drásticas medidas, como el confinamiento preventivo obligatorio, que impactaba desfavorablemente el desenvolvimiento cotidiano de la actividad económica del país. […] Comoquiera que el desarrollo adecuado de la economía nacional impacta positivamente para alcanzar la superación de la pandemia causada por el virus COVID-19, resultaban indispensables las medidas adoptadas, toda vez que están encaminadas a procurar la estabilidad alimentaria y por esa vía también las actividades económicas, y los derechos sociales de la población. […] El acto enjuiciado resulta igualmente compatible con los fines perseguidos por la declaratoria del estado de excepción, entre cuyas motivaciones, el aludido Decreto 417 de 202021 consignó el deber del Gobierno nacional de garantizar la suficiencia y accesibilidad de la población a los alimentos necesarios para su subsistencia, el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional. […] El acto enjuiciado también supera el examen de proporcionalidad, […] por su idoneidad para alcanzar un propósito constitucionalmente legítimo y superior, cual es el de contribuir a proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, derechos y libertades […]. En particular, se pretende que, en la medida en que los sectores económicos, como el de la producción de alimentos garanticen el abastecimiento de estos a precios razonables, en medio de las limitaciones que aparejaron de los controles sanitarios adoptados por el Estado contra la pandemia […]. No se trató de una medida desproporcionada y de carácter general respecto de la materia, en razón a que se limitó a "Suspender la aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios" y "Establecer un arancel del cero por ciento" solo para el caso de la importación de maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya […]." - [Resumen automatizado: La Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el propósito de que, conforme al artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se ejerza control inmediato de legalidad respecto del Decreto 523 de 7 de abril de 2020, «Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas en relación con la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya», emitido por el señor presidente de la República, con la firma de los señores ministros de comercio, industria y turismo, agricultura y desarrollo rural y de hacienda y crédito público. || Una vez examinado, advierte la Sala que satisface los presupuestos legales para el control inmediato de legalidad por parte de esta Corporación, puesto que no se trata de un decreto legislativo, sino de un acto administrativo proferido por autoridad nacional, esto es, el señor presidente de la República junto con los señores ministros de hacienda y crédito público, agricultura y desarrollo rural y de comercio, industria y turismo, en ejercicio de la función administrativa, como desarrollo directo del Decreto legislativo 417 de 17 de marzo de 2020, con el cual el primer mandatario, con la firma de todos los ministros, «declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional».] - [Palabras claves automatizadas: decreto, control, medidas, precios, que, producción, legalidad, acto, alimentos, medida, nacional, sala, excepción, inmediato]

Entidades tienen la competencia para ordenar la suspensión del plazo para liquidar los contratos estatales. "Según ese precepto [Decreto 491 de 2020, art. 6], la suspensión de términos es facultativa para las entidades en función de las necesidades del servicio y del análisis de sus actividades y procesos previa evaluación y justificación de la situación concreta, ejercicio que efectuó la resolución objeto de control en su parte considerativa cuando sustentó la necesidad de suspender los plazos para la liquidación de los contratos por el impacto que generaba la variante ómicron en la salud de los funcionarios y demás intervinientes en los procesos y tramites contractuales del Ministerio de Minas y Energía. Por consiguiente, resulta plausible y acorde con el ordenamiento jurídico el objetivo de dicho acto administrativo en el sentido de preservar la salud de quienes participan en los trámites de liquidación de los contratos celebrados por el Ministerio de Minas y Energía en atención de la situación de emergencia sanitaria suscitada por la pandemia de Covid-19, la cual amerita la adopción de rigurosos protocolos de bioseguridad para evitar su propagación y contagio. […] Igualmente, la Sala encuentra que la suspensión de los términos previstos para la liquidación de los contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía adoptada en la resolución objeto de control tampoco riñe con [los] preceptos del estatuto contractual, por cuanto, como se advirtió, esa decisión encuentra soporte legal en el pluricitado artículo 6o del Decreto 491 de 2020 […]. Como se ha explicado en esta providencia, las medidas adoptadas en la resolución que se revisa están orientadas a prevenir y evitar el contagio de la variante ómicron del Covid-19 a través del distanciamiento social entre los funcionarios del ministerio y los contratistas que intervienen el procedimiento administrativo de liquidación de los contratos estatales celebrados por el Ministerio de Minas y Energía, lo cual, sin duda, protege los derechos fundamentales de los intervinientes y procura, especialmente, la protección del derecho de defensa y el debido proceso de las partes que pueden resultar afectados con el vencimiento de los plazos dispuestos para liquidar el contrato." - [Resumen automatizado: Que posteriormente, mediante Resolución No. 411218 del 24 de diciembre de 2020, el Ministerio de Minas y Energía determino, nuevamente, suspender los plazos para liquidar todos los contratos suscritos por la entidad que sean objeto de liquidación de conformidad con el artículo 60° de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, hasta el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. || De otro lado, esta colegiatura advierte que en los considerandos del acto sujeto a control se dijo que, de manera previa a su expedición, el Ministerio de Minas y Energía profirio la Resolución No. 410576 del 3 de abril de 2020 “Por la cual se ordena la suspensión del plazo para liquidar los contratos de conformidad con el Decreto 491 de 2020”, acto administrativo que fue suscrito por el Subdirector Administrativo y Financiero de la entidad y que, según pudo verificar la Sala en el SAMAI, tuvo control inmediato de legalidad por parte de esta Corporación a través de la sentencia de fecha 16 de junio de 2020, encontrándola ajustada al ordenamiento jurídico vigente al momento de su expedición” .] - [Palabras claves automatizadas: ministerio, minas, marzo, energía, suspensión, ley, acto, liquidación, contratos, control, decreto, términos, mediante, administrativo]

Declara ajustadas a derecho las Resoluciones CRC 6113 de 2020 y 6183 de 2021, proferidas por la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la CRC - [Resumen automatizado: La Sala Especial de Decisión n.º 19 dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el proceso judicial tramitado en virtud del medio de control inmediato de legalidad de que tratan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), respecto de las Resoluciones 6113 del 30 de noviembre de 2020 y 6183 del 26 de febrero de 2021, emitidas por la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), relacionadas, principalmente, con la medida de suspensión de los efectos de algunas disposiciones regulatorias de carácter general contenidas en la Resolución CRC 5050 del 10 de noviembre de 2016, por causa de la pandemia de la covid-19. || En lo relacionado con la legalidad de la Resolución 6113 de 2020, luego de hacer una descripción de las disposiciones que la componen, la procuradora aseguró que dicho acto administrativo tiene conexidad con las medidas de flexibilización previstas en los Decretos Legislativos 417, 637 y 555 de 2020, toda vez que la emergencia ocasionada por la pandemia de la covid-19 dificulta el cumplimiento de los deberes a cargo de los proveedores del servicio de telecomunicaciones respecto de la atención a usuarios en oficinas físicas y el suministro de indicadores de calidad; asimismo, frente a las condiciones de acceso, tarifas, cobertura, frecuencia y tiempo de entrega del objeto postal.] - [Palabras claves automatizadas: servicios, suspensión, atención, efectos, prestación, servicio, calidad, decreto, que, usuarios, emergencia, capítulo, disposiciones, medidas, entrega]

Medidas adoptadas durante los estados de excepción deben atender el mandato de proporcionalidad. En relación con las medidas señaladas en los numerales 3.13 y 3.14 del protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Sala constató que, "invaden la vida íntima de los deportistas de altos logros, entrenadores y personal de apoyo de las modalidades deportivas seleccionadas, en cuanto a cómo debe ser el relacionamiento con sus familiares y, por ende, desconocen el libre desarrollo de su personalidad […] por cuanto […] no son claras en el sentido de establecer si estas disposiciones son obligatorias o solo corresponden a recomendaciones o sugerencias, razón por la cual, la Sala considera necesario declarar la legalidad condicionada en el entendido de que lo dispuesto en el numeral 3.13 y 3.14 se refiere a recomendaciones preventivas y de mitigación tendientes a contener la infección respiratoria aguda por COVID-19 en el sector deportivo durante la emergencia sanitaria, pues de lo contrario, se violarían los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad". En cuanto a las medidas descritas en el numeral 4.8., la Sala concluyó que, "no son obligatorias, sino que expresamente se refieren a simples recomendaciones. En esas condiciones, […] no se vislumbra violación alguna a los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que estas no imponen u obligan de forma arbitraria a que se tenga determinada conducta en la casa, hogar o vivienda, sino que sugieren tener ciertas medidas de bioseguridad con la finalidad prevenir y mitigar la pandemia del COVID-19 de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020." - [Resumen automatizado: Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus, los procesos de limpieza y desinfección de equipos, elementos e insumos, el manejo de residuos producto de la actividad, el manejo de situaciones de riesgo, el adecuado uso de elementos de protección personal EPP, el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias, las medidas de bioseguridad entre los deportistas, entrenadores y personal de apoyo al salir y regresar a las viviendas y durante los entrenamientos, las recomendaciones de precaución para los deportistas o personal deportivo que viva con personas de alto riesgo y el monitoreo de síntomas de contagio.] - [Palabras claves automatizadas: personal, ministerio, alto, uso, personas, control, riesgo, actividades, apoyo, medidas, debe, social, rendimiento, salud]

Beneficiarios del reconocimiento económico temporal al Talento Humano en Salud fallecido, tienen derecho a dicha prestación, aun cuando el deceso haya ocurrido con posterioridad a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. "[L]a mención especial del reconocimiento económico temporal al talento humano en salud que haya fallecido prestando sus servicios profesionales durante la emergencia sanitaria, puede generar una restricción para el acceso al derecho reconocido en el artículo 11 del Decreto Legislativo 538 de 2020, al personal médico que, atendiendo el llamado forzoso para la prestación de sus servicios profesionales fallezca con posterioridad a la superación de la emergencia sanitaria, aun cuando haya adquirido el COVID-19 con ocasión de la pandemia y en el marco del llamamiento efectuado por la legislación de excepción. En tal virtud, la Sala condicionará el parágrafo 3 del artículo 5 (sic) de la Resolución No. 1774 de 2020, por razones de solidaridad social y de equidad, en el entendido que es procedente el beneficio económico temporal siempre y cuando se demuestre que el personal de la salud fallecido adquirió el COVID-19 como consecuencia de la prestación de sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, aun cuando el deceso haya ocurrido con posterioridad a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social"

Para ser beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) no resulta procedente exigir a los empleadores tener la condición de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). "La potestad reglamentaria por la vía del acto administrativo formula las medidas necesarias para la ejecución práctica de un precepto legal, es decir, torna efectivo y práctico el enunciado abstracto de la ley. Esta potestad debe contraerse a asegurar el cumplimiento de la ley y no puede extenderse más allá de su objeto. Lo contrario, implica extralimitación. Pasaría de la cumplida ejecución de la ley, a modificarla o alterarla, e invadiría las competencias del legislador, al decretar normas que -en democracia- solo a este último le corresponden. El artículo 4 de la Resolución 1361 de 2020 fija las reglas para la verificación y cálculo del aporte estatal por parte de la UGPP. Dispone que, para efectos de conceder el beneficio del PAP, se deberá tener en cuenta solamente los empleados por los que se concedió el PAEF. Así, el acto controlado prevé un requisito adicional a los que establece el artículo 8 del Decreto Legislativo 770 de 2020, pues exige al empleador que se postula al PAP tener la condición de beneficiario del PAEF. Como el Decreto Legislativo 770 de 2020 no estableció ese requisito, es claro que el artículo 4 de la Resolución nº. 1361 de 2020 excede la competencia reglamentaria del Ministerio de Hacienda. La disposición reglamentaria no puede establecer requisitos no previstos por el legislador extraordinario. Por ello, se declarará nulo el fragmento respectivo de la medida" - [Resumen automatizado: 1361 de 2020 del Ministerio de Hacienda definió la metodología para el cálculo de la disminución de los ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (en adelante PAP), el proceso y las condiciones a las cuales deben sujetarse las entidades financieras involucradas, la UGPP y todos los actores que participen del programa, el calendario de postulación y los plazos, la verificación y cálculo del aporte estatal, la restitución del beneficio si a ello hay lugar y otras medidas accesorias como la socialización del programa, el uso de medios electrónicos y el fomento del control ciudadano. || Como las Resoluciones n°.1360 y 1555 de 2020 perdieron fuerza ejecutoria, porque fueron subrogadas por la Resolución 0360 de 2021, que se expidió después de que el Congreso de la República, por medio de la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, ampliara el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios-PAP hasta enero de 2021 y le introdujera modificaciones, los actos son susceptibles de control inmediato de legalidad durante el lapso en que produjeron efectos.] - [Palabras claves automatizadas: control, legalidad, parágrafo, decreto, ministerio, hacienda, legislativo, programa, entidades, aporte, acto, el, beneficiarios]

Procesos de insolvencia regulados en el Decreto Legislativo 772 de 2020 son aplicables a los deudores con independencia de las causas que originaron su insolvencia. Si bien es cierto que las herramientas consagradas en la normativa de excepción son "aplicables a los deudores que se han afectado como consecuencia de la emergencia" (D.L. 772 de 2020, art. 1), y que la Corte Constitucional consideró que el régimen de insolvencia regulado en dicho precepto "es aplicable a los deudores cuya crisis (i) ha sido el resultado de las causas de la declaratoria o (ii) se ha agravado como consecuencia de tales causas o de las medidas tomadas para evitar la extensión de sus efectos" (Sentencia C-378 de 2020), el artículo 1 del Decreto 133 de 2020 reglamenta los procesos de insolvencia permitiendo la admisión de deudores "independientemente de las causas que originaron la insolvencia". En el marco del control inmediato de legalidad, el Consejo de Estado concluyó que dicha reglamentación cumple con el requisito de conexidad, de acuerdo con las siguientes consideraciones: "De manera acorde con la finalidad de rescatar a las empresas afectadas por las medidas de confinamiento y otras, el artículo 1 [del Decreto 133 de 2020], en desarrollo de los artículos 11 y 12 del Decreto 772, determina como sujetos destinatarios, a los deudores cuyos activos sean iguales o inferiores a 5.000 SMMLV, dejando abierta la posibilidad de acceder a los procesos creados por el Decreto 560 de 2020 y al trámite de validación de acuerdos extrajudiciales consagrado en la ley 1116 de 2006. Así mismo, el artículo 2 del Decreto objeto de control, hace explícita la coordinación de los procesos de reorganización abreviada y liquidación judicial simplificado para pequeñas insolvencias, con los demás procesos de insolvencia adelantados bajo la vía ordinaria, esto es, los procesos de reorganización empresarial y los de liquidación judicial previstos en la ley 1116 de 2006, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos que para estos procesos establece el Decreto 1074 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo", en materia de los referidos procesos de insolvencia." - [Resumen automatizado: Pues bien, conforme aparece en el texto del Decreto 1332 de 2020, este acto administrativo fue expedido por el Presidente de la República, “En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto Legislativo 772 de 3 de junio de 2020.” En el anterior contexto, encuentra la Sala que el Presidente de la República tiene competencia para expedir el acto objeto de control, pues corresponde a su función ejercer la potestad reglamentaria a través de la expedición de los decretos que sean necesarios para la cumplida ejecución de las leyes, entendidas éstas en sentido formal (expedidas por el Congreso de la República) o material (expedidas por el Gobierno Nacional en calidad de legislador extraordinario). || La Sala 18 Especial de Decisión del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de , procede a efectuar el control inmediato de legalidad del Decreto 1332 del 6 de octubre de 2020, “Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 772 de 2020, sobre medidas especiales en materia de Procesos de insolvencia”, expedido por el Gobierno Nacional (Presidente de la República y Ministro de Comercio, Industria y Turismo).] - [Palabras claves automatizadas: decreto, procesos, legislativo, proceso, medidas, gobierno, ley, control, efectos, económica, acto, legalidad]

Declara ajustado a derecho el Decreto 1320 de 2020, por el cual se autorizan y regulan las líneas crédito con tasa compensada, con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan otras disposiciones

Se condiciona la legalidad de la norma que regula la hipótesis de giro en exceso de recursos realizado por la ADRES en cumplimiento de acuerdos de pago parcial celebrados con las entidades recobrantes. "[E]l Decreto 521 de 2020, al regular los criterios para el giro de los recursos a pagar con ocasión de los acuerdos suscritos, estableció en su artículo 18 una suerte de prelación en los destinatarios de estos dineros, prevaleciendo el pago directo a las IPS o proveedores con los que las entidades recobrantes tuvieren alguna deuda por servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC, y solo en el caso en que no existieren tales obligaciones, los dineros serían girados de manera directa a las entidades recobrantes. No obstante, el Decreto Legislativo 800 de 2020 excluyó a las entidades recobrantes como destinatarias del giro de ese pago anticipado del 25 por ciento al indicar que "[…] El valor de los acuerdos de pago será girado, directamente a los prestadores y proveedores de servicios y tecnologías de salud, reportados previamente por las entidades recobrantes […]". En ese sentido, para que la lectura del mencionado parágrafo 1.º resulte armónica con el ordenamiento jurídico de excepción, deberá entenderse que la hipótesis de un exceso en el valor girado se refiere al pago hecho a los prestadores y proveedores de servicios y tecnologías de salud; no a la entidad recobrante. En todo caso, al tratarse de un mecanismo de pago por terceros del que se beneficia la entidad recobrante pues con ello extingue una deuda a su cargo, la obligación de reintegrar a la ADRES el valor que se giró en exceso en virtud del acuerdo de pago parcial, seguirá estando en cabeza dicha entidad recobrante. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que, en caso de llevar a cabo el reintegro, pueda adoptar esta última para realizar el ajuste financiero que corresponda con el respectivo prestador o proveedores de servicios y tecnologías de salud por el mayor valor que se le giró, de manera que se evite un enriquecimiento sin justa causa"

Declara la legalidad de la Resolución No. 1421 del 21 de agosto de 2020, expedida por el Ministro de Salud y Protección Social, "por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades de los parques de diversión, jardines botánicos y reservas naturales", cuya vigencia queda condicionada a la duración de la emergencia sanitaria

Suspensión de los procesos de contratación en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, con ocasión de la emergencia generada por el COVID-19. Declara ajustadas a derecho las Resoluciones 0100 n.° 0110-0248 del 24 de marzo de 2020 y 0100 n.° 0253-2020 del 25 de marzo de 2020, proferidas por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, salvo los apartes "contractual, de ejecución y liquidación", contenidos en el artículo 1º de la Resolución 0100 n.° 0110-0248 del 24 de marzo de 2020, proferida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, los cuales son declarados nulos

Resuelve: i) declarar la legalidad condicionada del numeral 5 de la Circular Externa No. 20201300000335 del 16 de julio de 2020, expedida por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en el sentido de que el término de los 3 días hábiles establecido para comunicar la realización de la diligencia no es aplicable a las visitas ordinarias in situ, para las que se debe observar el término de 15 días previsto en el artículo 1.1 de la Resolución 2946 de 2010; ii) declarar la legalidad condicionada de las demás disposiciones de la citada circular, bajo el entendido de que su vigencia se regula por lo dispuesto en los artículo 3 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020 - [Resumen automatizado: El cumplimiento de la finalidad de las normas y su absoluta conexidad con los fundamentos fácticos y jurídicos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica se evidencia, si se tiene en cuenta que aquella se sustentó en la necesidad de salvaguardar la salud pública, por la velocidad de propagación y escala de transmisión del coronavirus - COVID-19, supuesto de hecho que igualmente sirvió de base para la declaratoria de la emergencia sanitaria y, por su parte, la realización virtual de las visitas ordinarias y extraordinarias en la medida adoptada en la circular externa objeto de control, que al hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones garantiza la continuidad en la prestación del servicio y adapta sus procedimientos a la nueva realidad, protegiendo tanto la salud como el debido proceso de los sujetos que intervienen en la diligencia.] - [Palabras claves automatizadas: visitas, control, acto, inspección, decreto, ley, administrativo, servicios, en, entidad, información, derecho, medida, vigilancia, no, ordinarias]

Adolece de nulidad la norma que, tratándose de la prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo en casa durante el Estado de Emergencia, ordena dar preferencia al uso de determinadas plataformas tecnológicas. "[L]a Resolución controlada prevé la posibilidad de que en el trámite de las actuaciones enlistadas en su artículo primero sea requerida una visita o inspección, y en ese escenario, también contempla el uso de una plataforma tecnológica, indicando que, con preferencia, se debe optar por la plataforma [Z], en tanto que el Decreto Legislativo no define ninguna específicamente sino que pone a disposición de los entes administrativos de manera general la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, circunstancia que permite concebir con claridad una evidente limitación o restricción que no se encuentra contemplada en la norma legal y que no tiene justificación de ninguna índole, razón que implica declarar su invalidez. En efecto, la consigna del Decreto 491 es la de alcanzar el mayor grado de eficiencia en el ejercicio de la función administrativa y la prestación del servicio respectivo a través de la utilización de herramientas tecnológicas de modo que el riesgo de contagio se minimice y la existencia del virus no se convierta en un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos y deberes de los que son titulares los ciudadanos del territorio nacional; objetivo este que difícilmente se lograría con la imposición de canales digitales, máxime cuando el mercado ofrece múltiples alternativas sobre el particular… [E]sta Sala declarará la nulidad del literal d) del artículo 3 del acto bajo análisis y ordenará al Ministerio del Trabajo que, para notificar las decisiones adoptadas en los precisos procedimientos administrativos que tenga habilitados adelantar durante la Emergencia Económica, Ecológica y Social, aplique lo establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020"

Declara ajustada al ordenamiento jurídico la Resolución 000085 de 22 de abril de 2020 expedida por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural - [Resumen automatizado: En primer lugar, expresó que se satisfacen los supuestos previstos en la norma para la procedibilidad del control inmediato de legalidad, porque: i) la resolución es un acto de contenido general, en tanto que regula la suspensión de términos para las actuaciones administrativas de las liquidaciones de contratos y convenios a cargo del Ministerio; ii) el acto administrativo se expidió en cumplimiento de función administrativa y, en ese sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural estaba facultado para garantizar la prestación de los servicios de la entidad; y iii) el acto administrativo desarrolla lo establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020. || La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala Especial de Decisión; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo, constitucional y legal y el desarrollo jurisprudencial sobre los estados de excepción; iv) el Estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020, v) el Decreto Legislativo 491 de 2020 y sentencia de constitucionalidad; vi) el marco normativo internacional, vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el control inmediato de legalidad, viii) la Resolución 000085 del 22 de abril de 2020, ix) el análisis del caso concreto y x) las conclusiones.] - [Palabras claves automatizadas: control, sala, medidas, términos, ministerio, acto, decreto, medida, emergencia, desarrollo, actuaciones, excepción, legalidad, mediante, el, en, ley]

Se declara ajustada a derecho la resolución por medio de la cual la DIAN prescribe el Formulario 350 Declaración de Retención en la Fuente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 2020 y siguientes. "En cuanto a las normas previstas en la Ley 137 de 1994 [arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, y 50], […] la Sala advierte que la medida adoptada en la resolución que aquí se analiza no vulnera o contraviene alguno de estos asuntos, pues cuando la entidad prescribió el formulario para el recaudo y pago de impuestos no afectó directa o indirectamente ninguno de estos derechos. De otro lado, si bien es cierto que el impuesto solidario previsto en el Decreto 568 de 2020 fue declarado inexequible […] con efectos retroactivos, ello no genera que la resolución que aquí se analiza haya perdido su fundamento jurídico ni tampoco que se haya producido su decaimiento, pues, […] en la práctica ocurrió que sí fueron recaudados unos dineros bajo ese concepto, dineros que deben ser declarados por los agentes retenedores a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, de manera que, como lo dispuso la Corte, sean considerados como un adelanto del impuesto de renta [Decreto 568 de 2020 art. 12]. A lo anterior, debe añadirse que las disposiciones del Decreto 568 relativas al aporte solidario voluntario se mantienen vigentes luego del pronunciamiento efectuado por esa Corporación, lo cual justifica también la existencia de un mecanismo que permita reportar los dineros que se recauden por esos conceptos ante la DIAN. Además, el acto administrativo analizado constituye también materialización del artículo 578 del Estatuto Tributario […]. En tal sentido, para garantizar la adecuada administración y recaudo del impuesto solidario y del aporte solidario voluntario por el COVID-19, la entidad decidió incluir dentro del Formulario 350 los renglones 84 y 85, con el fin de tener claridad respecto de los dineros que fueron recaudados por los agentes retenedores por esos conceptos. […] Para la Sala, lo dispuesto en el acto objeto de análisis es proporcional frente a la necesidad que se buscaba atender, específicamente, el recaudar y administrar dineros adicionales para ser invertidos en la atención de las necesidades generadas por cuenta de la pandemia. Además, recuérdese que, de ordinario, los agentes retenedores tienen la obligación de efectuar reportes ante la DIAN, de manera que no se está frente a la imposición de una obligación distinta o adicional que haga gravosa o afecte desproporcionadamente su situación." - [Resumen automatizado: La Sala Especial de Decisión No. 16, profiere sentencia de única instancia dentro del proceso que se adelanta en virtud del medio de control inmediato de legalidad de la Resolución 000047 de 14 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante la que se determinó “prescrib[ir] el formulario 350 Declaración de Retención en la Fuente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 2020 y siguientes”. || Para resolver este asunto, la Sala se referirá, en primer lugar, al objeto y alcance del medio de control inmediato de legalidad, así como a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica efectuada mediante el Decreto 417 de 2020 y a la creación del impuesto y del aporte solidario por el COVID-19 dispuesta con la expedición del Decreto 568 de 2020, para luego, a partir de esos presupuestos, efectuar el análisis específico de legalidad del acto administrativo objeto de control, bajo la perspectiva del cumplimiento de los requisitos formales y materiales para su expedición.] - [Palabras claves automatizadas: impuesto, acto, decreto, control, efectos, legalidad, aporte, sala, ley, agentes, voluntario, mayo, mediante, fuente, normas, nacional]

La disposición de un buzón de correo electrónico para la gestión de las solicitudes de facilidades de pago en materia tributaria, en desarrollo del Decreto Legislativo 491 de 2020, no contradice los principios de conexidad, proporcionalidad y sujeción al ordenamiento superior. "[L]a medida adoptada se encuentra relacionada con la situación de crisis declarada en el Estado de emergencia, en tanto busca, en primer orden, garantizar el derecho de petición y el debido proceso administrativo de las personas que desean gestionar una solicitud de facilidad de pago en materia tributaria, ante la medida de asilamiento preventivo obligatorio ordenada por el Gobierno Nacional; y, en segundo orden, el derecho fundamental a la salud pública. Así las cosas, la Sala considera se supera el juicio de conexidad […]. En segundo lugar, la Sala Especial considera que la medida […] es proporcional, en la medida en que, por un lado, el ordenamiento jurídico ordinario no contiene una normativa que autorice a la [DIAN] para que gestiones las solicitudes de otorgamiento de facilidades de pago teniendo como medio de recepción los canales virtuales; y, por el otro, una estrategia para evitar el aumento indiscriminado de contagios, y, así proteger el derecho a la salud, ha sido mediante las órdenes de aislamiento preventivo obligatorio. Por tal razón, en aras de coadyuvar con estas medidas de distanciamiento social, la medida ordenada resulta necesaria para conjurar la crisis derivada de la pandemia. […] En tercer lugar, la Sala Especial […] considera que la medida […] fijada en la Circular Externa materia de control, no desconoce las reglas de derecho internacional sobre los derechos humanos, los cuales prevalecen de conformidad con lo establecido en el artículo 3 Ley 137 [de 1994]. De igual forma, los enunciados normativos de este acto administrativo no modifican o afectan alguno de los derechos intangibles señalados en el artículo 4 de la Ley 137, como tampoco suspenden derechos humanos o libertades fundamentales. Asimismo, del contenido de la medida adoptada no se evidencia que exista algún tipo de discriminación por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica, artículo 14 [ibidem]. Por las razones expuestas, la Sala encuentra que la Circular Externa 003 de 14 de abril de 2020 se encuentra ajustada al Decreto Legislativo 491 de 2020, a las normas constitucionales superiores y a la normativa internacional." - [Resumen automatizado: Los requisitos materiales se cumplen por el acto objeto de estudio, para ello expuso las siguientes razones: i) no se advierte que la circular vulnere alguno de los derechos intangibles indicados en el artículo 4 de la Ley 137 de 2 de junio de 1994, como tampoco alguno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales sobre derechos humanos; ii) las medidas adoptadas permitirán a los contribuyentes que incurrieron en mora, frente a sus obligaciones tributarias, facilitar el cumplimiento de ellas, por lo tanto, se satisface el requisito de finalidad del acto; iii) la circular se motiva debidamente en los decretos legislativos derivados del Estado de excepción; iv) se cumple el requisito de conexidad porque las medidas no contradicen el marco exceptivo en el que se regulan; v) la medida adoptada por la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no suspende la aplicación de otras disposiciones, sino que facilita el cumplimiento de un trámite a través de medios tecnológicos; vi) las medidas resultan proporcionales para lograr el fin perseguido, debido a que no se limita el ejercicio de derecho fundamental alguno; y vii) la circular se expidió en ejercicio de función administrativa y estableció medidas que facilitan a los administrados el cumplimientos de disposiciones superiores en relación con las facilidades de pago, así, se satisface el requisito de no contradicción específica.] - [Palabras claves automatizadas: decreto, en, medida, pago, medidas, excepción, control, acto, mediante, dirección, ley, especial, legalidad, sala, legislativo, orden, la]

Adolecen de nulidad las medidas que limitan la posibilidad de realizar audiencias públicas por medios electrónicos a determinados procesos de selección de contratistas, y las que establecen la posibilidad de suspender los procesos como consecuencia de la emergencia sanitaria. "Codechocó consideró que, en el evento de que se adelante el procedimiento de selección correspondiente a la modalidad de convocatoria pública, las audiencias que deban ser celebradas se podrán efectuar a través de las herramientas que la tecnología ofrece para tal fin…, lo cierto es que el Decreto Legislativo 440 de 2020 no limitó esa posibilidad a un solo proceso de selección sino que permitió que fueren utilizadas las herramientas virtuales para cualquier otro, independientemente de si se requiere o no convocatoria pública; lo que de suyo impone declarar la nulidad de la expresión…, por restringir el alcance de la norma superior que le sirvió de fundamento, máxime cuando no se halla justificación a tal limitante que permita respaldar su validez y en cambio sí implica un obstáculo para el ejercicio de la función pública cuando quiera que se determine la necesidad de adelantar un procedimiento contractual distinto al que definió… [E]l entendimiento de [la] atribución de suspensión [de los procesos de selección] debe predicarse de la emergencia económica, social y ecológica declarada en el Decreto 417 de 2020, pues es esta decisión la que permite la ulterior expedición de los Decretos Legislativos que, a su vez, son pasibles de reglamentación a través de decisiones como la que es examinada en esta instancia. En modo alguno podría concebirse que la enunciada suspensión pueda ser decretada como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020…., puesto que…, el sustento para la validez de actos como el expedido por Codechocó se supedita a la existencia de un Decreto Legislativo que declare el estado de excepción y las normas posteriores del mismo rango que desarrollen las medidas en cada área de la función pública"

En relación con la Resolución nº. A-0259 del 2 de abril de 2020 de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER, la Sala resuelve: i) anular los artículos 10, 11 y 12, en los términos de la sentencia de 13 de agosto de 2020 [CE. Sala Plena. Sala Décima Especial de Decisión 11001-03-15-000-2020-01058-00]; ii) declarar la legalidad de los artículos 1-9 y 13-24; iii) declarar la legalidad de los artículos 7 y 15, en cuanto disponen la notificación de actos administrativos a través de correo electrónico, los cuales deben interpretarse según el condicionamiento del artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que ordenó la Corte Constitucional en Sentencia C-242 de 2020; iv) declarar la legalidad del artículo 4, el cual debe aplicarse de conformidad con el condicionamiento del artículo 3 del Decreto 465 de 2020, que ordenó el Consejo de Estado en Sentencia del 13 de agosto de 2020 [Sala Plena. Sala Décima Especial de Decisión 11001-03-15-000-2020-01058-00] - [Resumen automatizado: El 26 de octubre de 2020, el consejero ponente avocó el conocimiento de la resolución objeto de este control, dispuso la publicación del aviso para intervención ciudadana, invitó a unas instituciones para que presentaran concepto, solicitó a CARDER la remisión de los antecedentes administrativos y ordenó notificar al agente del Ministerio Público. || La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce del control inmediato de legalidad de las medidas de carácter general que se dictan en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, de conformidad con los artículos 20 de la Ley || El control inmediato de legalidad es el medio idóneo para verificar que las medidas generales expedidas por las autoridades administrativas, que desarrollan decretos legislativos, se ajustan al ordenamiento. || Como las medidas adoptadas en la resolución tienen que ver, precisamente, con la prestación del servicio a su cargo, mediante el uso de las tecnologías de la información, la ampliación de términos para contestar peticiones y la suspensión de algunos términos, es claro que existe una relación de conexidad entre estos preceptos y los motivos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica y el Decreto Legislativo 491 de 2020.] - [Palabras claves automatizadas: decreto, control, medidas, legalidad, emergencia, artículos, acto, términos, excepción, el, público, consejo, servicio, sentencia, sala]

Declara ajustados al ordenamiento jurídico los artículos primero, segundo, quinto, séptimo, octavo, décimo (párrafo primero) y undécimo de la Resolución núm. 312 de 16 de junio de 2020 expedida por el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio - [Resumen automatizado: En relación con el examen material, refirió que: i) el acto no vulneró ni limitó el núcleo esencial de derecho fundamental alguno; ii) se ajustó al principio de necesidad porque se expidió, para adoptar el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19 en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; iii) dispuso las medidas preventivas para contener y mitigar la pandemia del COVID 19, en aras de limitar al máximo cualquier posibilidad de contagio, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica y iv) dispuso las medidas para el adecuado cumplimiento de las funciones y prestación de los servicios a cargo de la entidad. || El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, “[…] [p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica […]”.] - [Palabras claves automatizadas: decreto, medidas, ministerio, servicios, legislativo, emergencia, control, vivienda, sala, social, prestación, ii, junio, artículos, legalidad, acto, medida, i]

Adolece de nulidad la norma que establece la interrupción de los términos de las actuaciones administrativas. "Conforme a estos preceptos [art. 2530 y 2536, C.C.], la suspensión de términos de la prescripción difiere de la interrupción. La suspensión implica que, al reanudarse el conteo por haber desaparecido su causa, se cuenta el lapso que corrió antes de la configuración del fenómeno -si lo hubo-. A su vez, al desaparecer la causa de la interrupción, el lapso transcurrido antes del fenómeno no se tiene en cuenta, de modo que el conteo del término inicia de cero…; normas [que] son aplicables a los procedimientos administrativos y disciplinarios por remisión de los artículos 47 y 306 CPACA, 8 de la Ley 153 de 1887, 21 de la Ley 734 de 2002 y 1 CC, en cuanto establece que las disposiciones del Código Civil comprenden las normas legales sustanciales y las acciones civiles. El artículo 6 del Decreto 491 de 2020, además de autorizar la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, prescribe que durante el período de suspensión no correrán los términos de caducidad y prescripción. Al desarrollar este precepto, [la norma examinada] dispone que "la suspensión de términos implica la interrupción de los términos de caducidad y prescripción de los diferentes procesos que adelanta CORALINA". De la confrontación entre el acto controlado, el precepto extraordinario que le sirve de sustento y las normas legales del derecho común, se advierte una contradicción. Mientras que los preceptos con fuerza de ley establecen que la suspensión de términos… implica que, una vez superada la causa que llevó a que se configurara ese fenómeno, el término se reanuda y se tiene en cuenta el lapso transcurrido antes de la suspensión; la resolución controlada… [da] a la suspensión un alcance distinto -como si se tratara de una interrupción-, esto es, que una vez superada su causa, el término trascurrido antes de la configuración del fenómeno no se cuenta y, por ello, se empieza nuevamente de cero. De modo que la expresión "interrupción"… pugna con las normas superiores y, por ello, se impone anularla"

Declara ajustada a derecho la Resolución No. 000232 de 1° de junio de 2021 expedida por la Agencia Nacional del Espectro - [Resumen automatizado: Así las cosas, se colige que, el acto administrativo objeto del proceso de la referencia, expedido por el Director General de la Agencia Nacional del Espectro -ANE-, para 1) reglamentar el trabajo en casa de los funcionarios y contratistas de la entidad y a la gestión virtual de los tramites a su cargo; 2) implementar las actividades presenciales cuando se requiera por necesidades del servicio; 3) abrir canales virtuales para la radicación de correspondencia, peticiones y cuentas de cobro de contratistas de prestación de servicios y proveedores; 4) tramitar los procesos de nombramiento de personal de la entidad de manera virtual; e 5) implementar la firma digital para los trámites al interior de la ANE que la requieran; claramente desarrolla el contenido del Decreto Legislativo 491 de marzo 28 de 2020 y, en ese orden, la resolución enjuiciada se encuentra ajustada al criterio de conexidad que es el primer aspecto material que se analiza en desarrollo del medio de control inmediato de legalidad.] - [Palabras claves automatizadas: nacional, control, medidas, legalidad, inmediato, decreto, administrativo, través, gobierno, acto, contratistas, emergencia, sala]

Disposiciones que ordenan el desarrollo de procedimientos administrativos mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones solo pueden tener efecto hasta la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. "[E]n el marco del estado de excepción en el que el distanciamiento social es fundamental para evitar la propagación del virus, la priorización de la virtualidad como forma de adelantar las actuaciones administrativas se erige como una medida válida que busca garantizar la prestación del servicio, sin sacrificar la salud de los servidores públicos o de los ciudadanos, con lo cual se encuentra satisfecho el requisito de proporcionalidad. Sin embargo, la Sala advierte que la entidad no estableció un término de vigencia para la medida allí adoptada, lo que podría dar lugar a entender que la misma puede prolongarse de manera indefinida en el tiempo, incluso con posterioridad a la superación de la emergencia generada por cuenta de la pandemia. Si bien ello no implica, per se, una vulneración del principio de proporcionalidad, puesto que es posible que el esquema que privilegia la virtualidad resulte ser igual o más eficiente que aquél que exige el adelantamiento de los procesos de manera presencial, no se puede desconocer que todas estas medidas han sido expedidas en el marco del estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional y que, por tanto, guardan relación y encuentran fundamento en los hechos y circunstancias que dieron lugar a la emergencia. Por tal razón, se advierte necesario declarar la legalidad condicionada de la disposición contenida en artículo 2 de la Resolución 20476 de 11 de mayo de 2020, en el entendido de que la orden allí establecida se prolongará hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social"

Disposiciones de carácter general dirigidas a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, acerca de las medidas adoptadas en materia de prestación del servicio para atender la emergencia sanitaria, podían ser expedidas únicamente por el Superintendente de Industria y Comercio. "La resolución revisada impartió unas instrucciones generales con el fin de garantizar los derechos de los usuarios. De manera que no se expidió para ejercer la supervisión de las instrucciones de la entidad previamente adoptadas, ni tampoco fue proferida en el marco de una investigación contra los proveedores de servicios de telecomunicaciones por presuntas infracciones al régimen de protección, en el marco de las atribuciones de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios del Servicio de Comunicaciones de la SIC (artículos 13.1 y 13.3 del Decreto 4886 de 2011). Las demás las disposiciones invocadas en el acto administrativo -Ley 1341 de 2009 (arts. 2.4, 7 y 53), Ley 1480 de 2011 (núm. 1 y 9 del art. 59) y Decreto 4886 de 2011 (núm. 22, 32 y 36 del art. 1)-, son normas que establecen las funciones generales de la SIC en materia de protección al consumidor. Tampoco se trata de una función delegable, pues se trata de un acto administrativo de carácter general, de manera que corresponde exclusivamente su ejercicio al Superintendente de Industria y Comercio (art. 11 de la Ley 489 de 1998). Como la Resolución n°. 19012 del 21 de abril de 2020 impartió instrucciones en materia de protección al consumidor, para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el país informaran a los usuarios acerca de unas medidas adoptadas en materia de prestación del servicio para atender la emergencia sanitaria, el Despacho del Superintendente de Industria y Comercio era el competente para proferir la resolución controlada, según el artículo 3.5 del Decreto 4886 de 2011. La Sala acogerá el criterio expuesto tanto por la interviniente […] como por el Ministerio Público, en el sentido que la Directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicio de Comunicaciones de la SIC no tenía competencia para proferir la resolución controlada. Por ello, se declarará su nulidad. La configuración de este vicio, releva a la Sala de estudiar si el contenido material del acto viola o no normas superiores"

Las modificaciones al calendario académico que las secretarías de educación consideren necesario adelantar durante la emergencia sanitaria, pueden modificar las fechas de disfrute de vacaciones de los docentes. "En el literal a) del numeral 3° del acto analizado se dispuso que las entidades territoriales que pretendieran solicitar al Ministerio la modificación de su calendario académico debían presentar dicha solicitud acompañada de un "análisis técnico pedagógico"… [No] se advierte contradicción alguna con las disposiciones de la ley estatutaria de los estados de excepción, en especial en cuanto a la inviolabilidad de derechos intangibles, la prohibición de reproducir normas declaradas inconstitucionales o el menoscabo de los derechos sociales de los trabajadores. No obstante, sobre este último asunto uno de los intervinientes solicitó que se declare la legalidad condicionada de esta disposición, a fin de que se indique que en ningún caso las entidades territoriales podrán modificar el número de semanas de descanso de los docentes, riesgo que, según aducen, ya se habría materializado en algunos municipios. Sobre este punto, debe señalarse que, de acuerdo con el literal c) del numeral 1° del artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015, durante el calendario académico los docentes y los directivos gozarán de siete semanas de vacaciones, en tanto, como se explicó al inicio de este capítulo, será la entidad territorial la que fijará las fechas exactas en las que dichas semanas podrán disfrutarse. Revisada la Directiva No. 11 de 29 de mayo de 2020, la Sala encuentra que esta no se refiere a la modificación del número de semanas de vacaciones que el Decreto 1075 de 2015 previó para los docentes, por lo que el asunto planteado resulta ser ajeno a la disposición que aquí se analiza; y si bien es posible que la modificación del calendario académico eventualmente acarree una variación en las fechas en las que esas semanas podrán disfrutarse, ello no implica per se un menoscabo de los derechos sociales de los trabajadores, ya que esto sería consecuencia de la necesidad de efectuar ajustes institucionales para garantizar la prestación del servicio"

Declara la legalidad de las Resoluciones n°. 1129 del 20 de mayo de 2020, 1191 del 29 siguiente, 1200 del 1º de junio de 2020, 1242 del 11 siguiente, 1331 del 26 de junio de 2020 y 1683 del 1º de septiembre de 2020, expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El alcance y aplicación de los preceptos controlados se sujeta a los condicionamientos dispuestos por la Corte Constitucional a los Decretos Legislativos 639, 677 y 815 de 2020, en las sentencias C-458, C-459 y C-460 de 2020 - [Resumen automatizado: Como las Resoluciones n°.1129, 1191, 1200, 1242, 1331 y 1683 de 2020 perdieron fuerza ejecutoria, porque fueron subrogadas por la Resolución 2162 de 20206, que se expidió después de que el Congreso de la República, por medio de la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, ampliara el Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF hasta marzo de 2021 y le introdujera modificaciones, los actos son susceptibles de control inmediato de legalidad durante el lapso en que produjeron efectos.] - [Palabras claves automatizadas: control, parágrafo, decreto, legislativo, excepción, ministerio, legalidad, programa, el, inmediato, aporte, hacienda, jurídico, beneficiarios, acto, entidades]

Entidades no pueden modificar las formas de notificación de las decisiones administrativas al reglamentar los Decretos Legislativos. "[E]n cuanto a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 del acto objeto de estudio, que establece que en lo que respecta a la devolución de saldos a favor prevista en el artículo 862 del Estatuto Tributario, dichas decisiones se entenderán notificadas por conducta concluyente, la Sala observa que dicha disposición, primero, contraviene lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 y, segundo, modifica, la forma de notificación de las decisiones del procedimiento de devolución de saldos a favor y la forma en que, según la Ley 1437 de 2011, dicha notificación se surte. En un asunto similar al ahora analizado, en el que se estudió la legalidad de la Resolución No. 0030 de 29 de marzo de 2020, esta Corporación sostuvo: "[…] ante la falta de regulación de la notificación por conducta concluyente en los procedimientos tributarios, la entidad debía seguir las normas generales sobre la materia. Así, la legislación solo contempló esa modalidad de notificación cuando el interesado "revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales" (artículo 72 del CPACA), pero la entidad previó que ello también sucedería "cuando el contribuyente reciba los TIDIS o la consignación total o parcial de los saldos solicitados". Así las cosas, la entidad no podía de forma autónoma modificar la forma de notificación de las decisiones del procedimiento de devolución de saldos a favor, pues debía ceñirse a las previsiones legales que desarrollaban ese trámite. La entidad no tenía la capacidad para introducir modificaciones al texto legal que regía el procedimiento que debía seguir. Llegado el momento habría que revisar caso a caso si los supuestos de hecho adicionados podrían considerarse suficientes, pero la entidad no podía dejar de antemano reglada esas situaciones porque ello no era ajeno a su ámbito de regulación". En ese orden de ideas, se declarará en la parte resolutiva de esta providencia, no ajustado a derecho el parágrafo del artículo 1 de la Resolución No. 000050 de 20 de mayo de 2020." - [Resumen automatizado: Procede la Sala Especial de Decisión N.° 21 del Consejo de Estado, conforme a lo previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, a efectuar el control inmediato de legalidad de la Resolución N.º 000050 de 20 de mayo de 2020, emitida por el director general de la UAE de la Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, mediante la cual se modifica parcialmente la Resolución 0030 de 29 de marzo de 2020 por medio de la cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. || Con fundamento en la competencia asignada a esta corporación para conocer por la vía del control inmediato de legalidad las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción acorde a lo previsto en el artículo 136 del CPACA, se consignaron en el Auto de 20 de octubre de 2020, los siguientes aspectos: i) que la resolución mencionada es una disposición reglamentaria y/o medida de carácter general; ii) fue expedida por una entidad de carácter nacional, esto es, por la UAE- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN; y iii) desarrolla algunos decretos legislativos emitidos durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.] - [Palabras claves automatizadas: social, términos, marzo, medidas, dirección, decreto, acto, actuaciones, administrativa, emergencia, mediante, través, suspensión, servicios]

Se declara la nulidad de las medidas relacionadas con la suspensión de términos en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos y en los trámites de atención extraprocesal del ICBF, por infringir la norma superior en que debían fundarse. "[E]l PARD es uno de los mecanismos principales para la efectividad de los derechos fundamentales de los menores, pues tiene como objetivo la adopción de medidas para el amparo inmediato de sus derechos a la vida, a la salud, a la educación, entre otros… Por lo dicho, la medida de suspensión de los términos establecida en el artículo 1 de la Resolución 3507 no es concordante con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, pues este excepciona la facultad para suspender las actuaciones administrativas relativas a la efectividad de derechos fundamentales, lo cual se constituye en el objetivo primordial de los PARD. Así, tampoco se ajusta a la norma superior la facultad que el artículo 2 otorga a los defensores y comisarios de familia para levantar o no suspender los términos de esas actuaciones administrativas, pues esta es accesoria de lo señalado en el artículo 1, por lo que la Sala declarará la nulidad de ambas disposiciones. Por otra parte, el artículo 3… tampoco es concordante con lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, porque los trámites extraprocesales, asimismo denominados por el ICBF como Trámites de Atención Extraprocesal, son todos aquellos que deben adelantar los defensores de familia por fuera del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, que también están encaminados a la protección y garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y que surgen de las funciones establecidas para estos servidores en el artículo 82 del CIA…; por ejemplo, a través de la conciliación se puede definir la cuota alimentaria para la subsistencia de un menor; mediante la diligencia de reconocimiento voluntario se garantiza su derecho a la identidad y el restablecimiento internacional de derechos permite proteger al menor que se encuentre por fuera del territorio colombiano con sus derechos amenazados o vulnerados, en el marco de tratados y convenios internacionales"

La Resolución No. 409 de 2020 tiene conexidad con el Decreto Legislativo 467 de 2020, pues incorpora en el presupuesto de la entidad, recursos que hacían parte de un fondo inactivo, para ser utilizados en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, que se constituyó para beneficiar a los usuarios de la entidad que resultaren afectados con los efectos económicos negativos proyectados con ocasión de la pandemia, conforme con lo dispuesto en el Decreto Legislativo núm. 467 de 2020. Cumple con el principio de finalidad [art. 10 Ley 137 de 1994], toda vez que da cumplimiento a los lineamientos generales previstos en el parágrafo 1° del artículo 1º del Decreto 467 de 2020, respecto de la autorización de identificar dichos recursos e integrarlos los recursos disponibles de la entidad. Satisface el requisito de necesidad [art. 11 Ley 137 de 1994], porque facilita la disponibilidad de estos montos para asegurar el acceso y la permanencia en los programas de educación superior por la población de estudiantes en situaciones de afectación económica por causa de la pandemia. Cumple con el requisito de proporcionalidad [art. 13 Ley 137 de 1994], por cuanto atiende los presupuestos delimitados tanto en el Decreto Legislativo 467 de 2020, como en el Acuerdo 018 de 2020, que buscan integrar efectivamente recursos inactivos que se destinaran a cubrir las necesidades puntuales que se fijaron en el plan de auxilios. En consideración a los fines de la medida, la Sala encontró que el acto objeto de control no desatiende los principios de intangibilidad de ciertos derechos y no discriminación [arts. 4 y 14 Ley 137 de 1994]

Servidores públicos y contratistas que resuelvan efectuar el aporte mensual solidario voluntario por el COVID 19 con destino al FOME, deben informarlo por escrito por cualquier medio. "[L]os incisos 2 y 3 del literal B) de la Circular 00030 de 2020 establecieron pautas para dar cumplimiento a lo relacionado con la formalidad consistente en presentar la manifestación de la voluntad por escrito al pagador del respectivo organismo o entidad al interior de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC. […] En dichos incisos se prevé el correo electrónico al cual los servidores pu?blicos y las personas naturales que hayan suscrito contratos de prestacio?n de servicios profesionales y de apoyo a la gestio?n con la Unidad deberían comunicar la decisio?n de hacer el aporte voluntario a la Subdireccio?n Administrativa, […] junto con las demás formalidades, entre ellas, la manifestación de realizar el aporte voluntario, el monto del aporte y los meses en que se haría efectivo y, en el caso de los contratistas de prestacio?n de servicios profesionales y de apoyo a la gestio?n, expresar su voluntad en documento adicional, aportado de manera simulta?nea con cada una de las respectivas cuentas de cobro de los meses de mayo, junio y julio de 2020, que serían radicadas en el Grupo de Central de Cuentas. Vistas las previsiones del artículo 9 del Decreto Legislativo 568 de 2020, se observa que la citada norma estableció que los servidores públicos y las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública que efectuarían el aporte mensual solidario voluntario por el Covid-19 deberían informarlo por escrito por cualquier medio al pagador del respectivo organismo o entidad, dentro de primeros cinco días de los meses de mayo, junio y julio de 2020. Por lo tanto, establecer como único medio un correo electrónico para que el servidor público y las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública que desearan efectuar el aporte voluntario de que trata el literal B) de la Circular 00030 de 2020, resulta ser restrictiva respecto del mandato contenido en el artículo 9 del Decreto Legislativo 568 de 2020." - [Resumen automatizado: A partir del primero (01) de mayo de 2020 y hasta el treinta (31) de julio de 2020, créase con destinación específica para inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales el impuesto solidario por el COVID 19, por el pago o abono en cuenta mensual periódico de salarios de diez millones de pesos (10.000.000) o más de los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución Política, por el pago o abono en cuenta mensual periódico de los honorarios de las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vinculados a las entidades del Estado de diez millones de pesos (10.000.000) o más; y por el pago o abono en cuenta mensual periódico de la mesada pensional de las megapensiones de los pensionados de diez millones de pesos (10.000.000) o más, que será trasladado al Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME al que se refiere el Decreto Legislativo 444 de 2020.]

Adolece de nulidad el reglamento que, al amparo de la normativa de excepción, ordena practicar la notificación de los actos administrativos exclusivamente a través de correo electrónico. "[E]l artículo 4 […] establece que, para todas las solicitudes y trámites, los usuarios deberán aportar la dirección electrónica respectiva a fin de recibir la notificación del acto administrativo que resuelva la petición, queja, reclamo o lo relativo al trámite de solicitud ambiental respectivo. Por su parte, el artículo 9 manifiesta que, durante el término de la emergencia sanitaria, la entidad notificará sus actos administrativos a los correos electrónicos de los directamente interesados que figuren en el registro mercantil o en el expediente, o en la dirección electrónica suministrada por el usuario para recibir notificaciones o comunicaciones. [… P]ara que garanticen los derechos de acceso a la administración y al debido proceso, esas disposiciones deben entenderse conforme con la declaratoria de exequibilidad condicionada ordenada por la Corte Constitucional […] En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.8, 53 y 53A de la Ley 1437 de 2011, cuando las autoridades realizan las notificaciones de sus actos de manera electrónica, deben "asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos". [… C]on relación a los artículos cuarto y noveno del acto bajo estudio, estos deben condicionarse porque desconocen parcialmente la finalidad fijada por el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, siendo menester adecuar las disposiciones bajo la alineación de los mandatos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020 para señalar que, respecto de las notificaciones que se adelanten por parte de CORPOCHIVOR, estas no pueden ser exclusivamente por medios electrónicos, pues se requiere que la autoridad administrativa mantenga los canales de notificación fijados por los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011." - [Resumen automatizado: 491 de 28 de marzo de 2020, en el que se impartieron a las autoridades las siguientes instrucciones: i) dar a conocer en su página web los canales de comunicación e información mediante los cuales prestarán sus servicios, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de peticiones; ii) que la notificación o comunicación de los actos administrativos se haga por medios electrónicos; y iii) se autorizó la suspensión de términos en las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. || La Procuradora advirtió que el artículo 4º relacionado con la atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ambientales, al prever que las mismas sólo puedan realizarse de manera virtual por los canales dispuestos para ello por CORPOCHIVOR y que en todas las solicitudes o tramites deberán los usuarios aportar la dirección electrónica para su respectiva notificación, no se ajusta al condicionamiento efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-242 de 2020, respecto del artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de 2020, en donde el Alto Tribunal consideró que ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos, siendo menester condicionar esta disposición en ese sentido.] - [Palabras claves automatizadas: decreto, medidas, en, artículos, emergencia, constitucional, administrativos, control, actos, ley, marzo, general, acto, corte, corporación, legislativo, medio]

Actos de declaratoria de urgencia manifiesta motivados en hechos comprobados por Decretos Legislativos para efectos de habilitar la contratación directa, solo pueden entrar en vigencia a partir de su publicación. "Respecto a las normas de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 440 de 2020, la Resolución 001966 de 15 de abril de 2020… resulta estar conforme a sus preceptos, pues la urgencia manifiesta se declaró mediante acto administrativo motivado en el que se entiende comprobado el hecho que la habilitó para celebrar directamente los contratos necesarios para cuidar la vida, salud e integridad de los empleados y contratistas de la entidad. Dicho lo anterior, la Sala advierte que en el artículo 7 de la resolución que aquí se analiza, la entidad dispuso que este acto regiría "a partir de su expedición". Dicha previsión, resulta contraria a la regla prevista en el artículo 65 del CPACA, el cual dispone que "[l]os actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales"… Si bien esta situación no genera la nulidad del acto, toda vez que, como lo ha establecido la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, no se trata de un requisito para la existencia del acto sino para su eficacia, en aras de proteger el imperio del ordenamiento jurídico se declarará la legalidad condicionada del artículo 7 de la Resolución 001966 de 15 de abril de 2020, bajo el entendido de que dicho acto administrativo solo puede regir a partir de la fecha de su publicación, tal y como lo dispone el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

Se anulan las disposiciones expedidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que suspendían los términos para el pago de condenas dinerarias impuestas a la entidad por autoridades judiciales. "[E]l artículo 45 de la Ley 270 de 1996 señala, como regla general, que las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el porvenir… Como las resoluciones controladas se expidieron… antes del fallo de inexequibilidad del Decreto Legislativo 491 de 2020…, no se declararán nulas por ese hecho y la Sala procederá a su examen material… [L]a medida de suspensión de pagos de condenas contenidas en sentencias judiciales -mientras estuvo vigente- trasgredió normas constitucionales y legales, pues no solo desconoció derechos adquiridos, sino que, sin fundamento sólido alguno, autorizó desobedecer los fallos judiciales, cuando el Gobierno debe -por el contrario- prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias (art. 201.1 CN). Una decisión judicial ajustada al orden jurídico (convencional, constitucional o legal) no puede ser incumplida por el Gobierno Nacional -como legislador extraordinario-. La Administración -en el marco de un estado de excepción- no puede expedir normas para eludir el cumplimiento de sus obligaciones civiles. Por motivos diferentes a los expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020, la Sala advierte que el precepto legal de excepción es incompatible con la Constitución (art. 4 CN), porque repugna con los artículos 58 y 201.1 CN. De allí que las resoluciones controladas, además de ser abiertamente contrarias al marco legal que regula el cumplimiento de las obligaciones (arts. 1494, 1627 y 1649 CC y 192 CPACA), están sustentadas en un mandato legal extraordinario contrario a la Constitución. En consecuencia, la Sala inaplicará el parágrafo 1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, antes de que este fuera declarado inexequible por la Corte Constitucional, y anulará las Resoluciones n°.000273 del 17 de abril 2020, 000288 del 27 de abril de 2020 y 0000356 del 26 de mayo de 2020. La nulidad de los actos administrativos tendrá efectos ex tunc, esto es, desde siempre"

Se ajusta a derecho la extensión del plazo para la entrega del informe de la auditoría externa de gestión y resultados de las empresas de servicios públicos domiciliarios correspondiente a la vigencia del año 2019. "En relación con el plazo de entrega de los informes de las AEGR, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dispuso, por Resolución SSPD-2019000010005 del 16 de abril de 2019, que la fecha máxima para el cargue del informe en el Sistema Único de Información-SUI es el 31 de mayo del año siguiente a la vigencia evaluada. A su vez, el acto controlado modificó esa disposición para la vigencia 2019 y amplió el término hasta el 21 de agosto de 2020. La modificación armoniza el cumplimiento de esa obligación con el artículo 5 del Decreto Legislativo 434 de 2020, que extendió el término de celebración de las reuniones ordinarias de asambleas y juntas de socios, correspondientes al ejercicio 2019, hasta dentro del mes siguiente al levantamiento de la emergencia sanitaria, esto es, el 30 de mayo de 2020. Como los estados financieros de las empresas de servicios públicos domiciliarios -constituidas como sociedades por acciones- se aprueban en las asambleas ordinarias de accionistas y la oportunidad para celebrar estas reuniones, para evaluar la vigencia 2019, se amplió, también era necesario extender el plazo para la presentación del informe de AEGR, pues los auditores externos debían contar con toda la información financiera necesaria para su elaboración. La medida impartida por la resolución… se ajusta a la necesidad de armonizar ese término con la oportunidad para celebrar las juntas de socios y asambleas ordinarias de las sociedades comerciales destinadas a la evaluación de la vigencia 2019 y aprobación de estados financieros. Si esos estados son un insumo fundamental para la elaboración del informe de auditoría, resulta razonable que postergada la reunión en la que se aprueban, también se disponga una extensión del plazo para el cargue del informe en el Sistema Único de Información" - [Resumen automatizado: La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce del control inmediato de legalidad de las medidas de carácter general que se dictan en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción […]. || Como instrumento de apoyo a la Superintendencia, es decir de control y no de coadministración de las empresas, las AEGR contribuyen de manera significativa a fortalecer el esquema de control de gestión y resultados de los servicios públicos domiciliarios, un sector vital de la economía que materializa las finalidades sociales del Estado (arts. || La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce del control inmediato de legalidad de las medidas de carácter general que se dictan en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, de conformidad con los artículos 20 de la Ley || Como los estados financieros del último ejercicio de las empresas de servicios públicos domiciliarios se presentan y aprueban en las asambleas generales, la resolución controlada dispuso armonizar la fecha de entrega de los informes de AEGR con la ampliación del plazo para las reuniones ordinarias societarias.] - [Palabras claves automatizadas: control, acto, excepción, legalidad, servicios, administrativa, superintendencia, inmediato, públicos, jurídico, ejercicio]

En ejercicio de la excepción de ilegalidad, inaplica el numeral 6 de la circular 6 de 19 de marzo de 2020 de la Contraloría General de la República, en cuanto ordenó remitir los contratos suscritos en el marco de la urgencia manifiesta, en lo relacionado con la competencia del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, y en tal virtud, declara la nulidad de la expresión "de conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993", contenida en el artículo 4 de la Resolución n°. 2496 del 15 de abril de 2020, expedida por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES, y en lo demás, declara ajustada al ordenamiento superior la citada resolución

Declara la improcedencia del control inmediato de legalidad de las medidas adoptadas en los artículos segundo, tercero, quinto, séptimo, octavo y décimo de la Resolución 0609 de 31 de marzo de 2020, expedida por la Directora General la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, y ajustados al ordenamiento jurídico los demás artículos de la citada resolución - [Resumen automatizado: El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de mayo de 2020: i) avocó conocimiento del trámite de control inmediato de legalidad; ii) advirtió a la Corporación que podría presentar intervención sobre la legalidad del acto, iii) ordenó la publicación del aviso por el término de diez (10) días para garantizar las intervenciones ciudadanas en el presente trámite, iv) invitó al Ministerio de Salud y Protección Social; y a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para que rindieran su concepto, v) ordenó notificar al Ministerio Público, y vi) requirió a la Directora General de la Cortolima para que allegara el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la resolución objeto de este proceso. || La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala Especial de Decisión; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo, constitucional y legal y el desarrollo jurisprudencial sobre los estados de excepción; iv) el Estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020, v) el Decreto Legislativo 491 de 2020 y sentencia de constitucionalidad; vi) el marco normativo internacional, vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el control inmediato de legalidad, viii) la Resolución 609 de 31 de marzo de 2020, ix) el análisis del caso concreto y x) las conclusiones.] - [Palabras claves automatizadas: medidas, marzo, en, emergencia, control, decreto, sala, servicios, acto, legalidad, legislativo, corporación, parte]

Competencia de la CREG para regular esquemas de diferimiento del pago de facturas a usuarios residenciales de estratos diferentes de los señalados en la normativa de excepción. "[E]s claro que el artículo 1 del Decreto Legislativo 517 de 2020 estableció medidas concretas de diferimiento del pago de facturas respecto de los estratos 1 y 2, pero también lo es, que el artículo 3 ejusdem facultó a la CREG adoptar esquemas transitorios de diferimiento del pago de facturas, misma razón que permite inferir que la implementación de las disposiciones de esa norma extraordinaria, conlleva la potestad de reglamentar la medida de diferimiento para otros estratos socio económicos, teniendo en cuenta para ello los elementos fácticos, sociales, jurídicos y técnicos que resulten necesarios para materializar esta medida. En ese sentido, es claro que se trata de medidas diferentes… Así las cosas, se puede advertir que la inclusión de otros estratos socioeconómicos -3, 4, 5 y 6-…, obedec[e] a la realidad económica que atraviesa el país y que afecta, de manera también diferenciada, a toda la población. En efecto, en el artículo 5 del acto primigenio, se estableció el deber que tienen los comercializadores de ofrecer un acuerdo de pago al usuario de estratos 5 y 6, teniendo en cuenta las condiciones indicadas en los artículos 9 -relativo a la tasa de interés- y 10 -relacionado con el plazo de diferimiento-. Esta disposición materializa el mandato constitucional establecido en los artículos 365 y 366, ya que no desconoce que estos estratos también pueden verse económicamente afectados por la pandemia y que para esta parte de la población, el servicio de gas también resulta esencial para el desarrollo y protección de los demás derechos fundamentales, como la vida digna, el trabajo y el estudio. Ahora, el acto administrativo objeto de estudio no desconoce las diferencias existentes entre los estratos que requieren de un subsidio y aquellos, que generan parte de los ingresos para cubrir aquellos, por esta razón, la medida para los estratos 5 y 6 es distinta, sin que esto implique una vulneración al principio de igualdad material, sino que, por el contrario, hace efectivo el principio de igualdad materia" - [Resumen automatizado: Precisó que la habilitación hecha en el Decreto Legislativo 517 de 2020 a la CREG para que, mientras permanezca vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, pueda adoptar en forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de facturas emitidas, así como adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que considere necesarios, inclusive lo relacionado con el aporte voluntario de que trata el Decreto, con el fin de mitigar los efectos del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, y sus actividades complementarias, debe entenderse en forma estricta, limitando la capacidad regulatoria excepcional al marco fijado tanto por la Ley 142 de 1994 como por el Decreto Legislativo 517 de 2020.] - [Palabras claves automatizadas: pago, decreto, medidas, servicio, control, usuarios, servicios, energía, en, ley, acto, medida, prestación, legislativo]

Sin perjuicio de la validez de los acuerdos de pago celebrados entre prestadores y usuarios, se declara la nulidad parcial y con efectos a futuro, de las disposiciones de la CREG que extienden los esquemas para diferir el pago de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible a usuarios residenciales diferentes a los señalados en la normativa de excepción. "[M]ientras que el Decreto Legislativo 517 de 2020 sólo obligó a las empresas comercializadoras, que prestan el servicio público de energía eléctrica y gas combustible, a diferir el pago de las facturas de usuarios residenciales de estrato 1 y 2, las resoluciones de la CREG extendieron los efectos de la medida a los usuarios de estratos 3 a 6. El artículo 3 del Decreto Legislativo 517, que facultó a la CREG adoptar en forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de las facturas emitidas, norma que sirvió de fundamento para expedir las disposiciones controladas, no puede ser interpretado como una autorización a la CREG para ejercer potestades legislativas… En todo caso, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de la Ley 142 de 1994…, la anulación parcial de estos actos administrativos, relacionados con servicios públicos, sólo producirá efectos hacia futuro…, [y] no afecta la legalidad de los acuerdos de los prestadores con los usuarios frente al pago de las facturas de energía eléctrica -en el marco de la pandemia- pues estos se soportan en reglas del derecho privado, aplicables a la contratación de servicios públicos… La Sala reitera que el régimen del contrato de servicios públicos es de naturaleza mixta. De un lado, está sometido a una parte reglamentaria contenida en disposiciones de orden público propias de una ley de intervención económica… establecidas en la Ley 142 de 1994... Asimismo, dicho régimen se gobierna por otra parte contractual propiamente dicha, esencialmente regida por las reglas de derecho privado [L. 142 de 1994, art. 132]… Aunque el Decreto Legislativo 517 de 2020 estableció la posibilidad para celebrar acuerdos de pago con los usuarios…, lo cierto es que las entidades prestadoras de servicios públicos…, como acreedores, pueden -sin necesidad de autorización legal alguna- realizar acuerdos de pago con sus deudores en atención al impacto ocasionado por la pandemia y… establecer… las condiciones para su cumplimiento"

Medidas adoptadas para el retorno a Colombia por el coronavirus no pueden excluir a extranjeros no residentes en el país. "[Se] excluyó a quienes simplemente tienen la condición de extranjeros, pese a que ni el Decreto Legislativo 439 ni el 569 contemplaron esa situación. En efecto, en ninguna de estas normas se limitó la posibilidad de ingreso excepcional al país para los ciudadanos colombianos y-o extranjeros residentes, sino que en ellas se contempló que todo "pasajero" -sin importar su nacionalidad o su vinculación como residente en Colombia- que se encontrara en situación de fuerza mayor o de caso fortuito y que requiriera entrar al país, podría hacerlo, de acuerdo con reglas que se fijaran para el efecto… Así las cosas, es claro que los protocolos dictados por la entidad en desarrollo de estos decretos legislativos -que son únicamente los que aquí se analizan-, excluyen injustificadamente a otras personas que también pueden tener estatus migratorios válidos, como permisos de trabajo o visas de migrante, quienes bien podrían estar en situaciones que los llevaran a requerir ingresar al territorio nacional por emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, lo cual va en clara contravía de los Decretos Legislativos en los que se funda la resolución, normas que no contemplaron tal distinción. Además, esta exclusión puede comportar una vulneración de las normas previstas en la Ley 137 de 1994, en particular aquellas que se refieren a la prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos (artículo 3), la intangibilidad de garantías fundamentales como la vida y la integridad personal (artículo 4), la prohibición de suspender derechos o de afectar su núcleo esencial (artículos 5, 6 y 7), la necesidad de justificar las limitaciones que se establezcan para los derechos fundamentales (artículo 8), la no discriminación (artículo 14), y la proscripción de suspender los derechos humanos (artículo 15), normas aplicables a cualquier persona sin importar el estatus migratorio que ostente… Por tal razón, la Sala advierte necesario declarar la legalidad condicionada de esta medida, en el entendido de que el ámbito de aplicación del protocolo debe incluir también a extranjeros que deban ingresar al país y que cumplan las condiciones que de las que tratan el Decreto Legislativo 439 de 2020 y el artículo 5 del Decreto Legislativo 569 del mismo año"

Declara la nulidad del inciso 4° del artículo 1° de la Resolución nro. 0097 del 19 de marzo, artículo 5° de la Resolución nro. 109 del 13 de abril de 2020, artículo 5° de la Resolución nro. 123 del 24 de abril de 2020 y parágrafo 3° del artículo 1° de la Resolución 132 del 8 de mayo de 2020, "expedidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, y ajustadas al ordenamiento superior los demás apartes de las Resoluciones nro. 0097 del 19 de marzo, 109 del 13 de abril, 123 del 24 de abril y 132 del 8 de mayo de 2020, expedidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, únicamente por los motivos y frente a los aspectos analizados en esta providencia, -por medio de las cual se adoptan medidas transitorias en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, suspensión de términos de las actuaciones administrativas y sancionatorias adelantadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar-

Declara la validez de los artículos tercero de la Resolución 03323 del 9 de abril y segundo de la Resolución 03745 del 8 de mayo de 2020, expedidas por el Superintendente de Notariado y Registro - [Resumen automatizado: Los supuestos fácticos en que se fundamenta el acto del 8 de mayo de 2020, “Por medio de la cual se establecen turnos transitorios para la prestación del servicio público notarial durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio”, son los mismos que dieron origen a las Resoluciones Nos. 03323 y 03324, dictadas por el Superintendente el 9 de abril de la misma anualidad, pero a diferencia de aquellos, esta resolución se expidió en vigencia de la segunda declaratoria del Estado de emergencia económica, social y ecológica realizada por el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 e indicó su expedición en orden a dar cumplimiento a la medida de aislamiento preventivo obligatorio prorrogada por el Gobierno nacional en el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020. || Con fundamento en los argumentos expuestos en su recursos de reposición, indicó que las Resoluciones 03323, 03324 y 03745 de 2020 fueron expedidas por el Superintendente de Notariado y Registro para dar cumplimiento a la medida ordinaria de aislamiento preventivo obligatorio, dispuesta por el Presidente de la República en los Decretos 531 y 593 de 2020 para hacer frente a otra medida, también ordinaria, cual es, la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, concluyendo que no procede su control inmediato de legalidad, en tanto no desarrollan decretos legislativos del Estado de emergencia económica, social y ecológica.] - [Palabras claves automatizadas: servicio, medidas, emergencia, control, social, excepción, medida, decreto, prestación, mayo, legalidad, ley]

La decisión de suspender el cobro de los cánones de arrendamiento en los contratos estatales no se materializa en actos administrativos, y resulta procedente, aunque no medie autorización en la normativa de excepción. "A pesar de la vía que adoptó la entidad al "instrumentalizar" las resoluciones controladas en actos administrativos, su legalidad se explica en el derecho privado, que es el régimen de todo contrato. Aunque lo recomendable hubiese sido buscar un acuerdo con cada uno de los deudores para, en el marco de la autonomía negocial, acordar nuevas condiciones para el pago de la facturación por concepto de servicios aeronáuticos y aeroportuarios y suspender el cobro de cánones de arrendamiento de los espacios comerciales de aeropuertos y aeródromos administrados por la Aerocivil, la disposición cuya legalidad se revisa es la expresión del desarrollo de una relación contractual en el marco de circunstancias excepcionales… Dicha decisión, no obstante la forma en que se adoptó (acto administrativo), constituye en realidad una expresión de la autonomía privada en el marco de la relación contractual, que, se reitera, encuentra sustento en la ley comercial y civil, aplicable a las relaciones a los contratos de arrendamiento de la Aerocivil por remisión expresa de la Ley 80 de 1993. Ahora, aunque el artículo 21 del Decreto 482 -retomado por el artículo 11 del Decreto Legislativo 569- permitió suspender el cobro de los cánones de arrendamiento de los espacios comerciales de aeropuertos y aeródromos administrados por esa entidad, la Aerocivil tendría la facultad de realizar ese pacto con sus deudores sin necesidad de la habilitación establecida en los decretos legislativos. En efecto, un acuerdo de esta naturaleza reflejaría un comportamiento entre las partes que, de buena fe y en ejercicio de la autonomía negocial, acuerdan nuevas condiciones y los aspectos económicos ante circunstancias excepcionales, en el marco de la legislación comercial y civil. Acreedor y deudor están facultados - por el régimen general del contrato- para renegociar las condiciones que sean necesarias para su correcta ejecución, en orden a afrontar los hechos que impidan su cumplimiento" - [Resumen automatizado: Aunque lo recomendable hubiese sido buscar un acuerdo con cada uno de los deudores para, en el marco de la autonomía negocial, acordar nuevas condiciones para el pago de la facturación por concepto de servicios aeronáuticos y aeroportuarios y suspender el cobro de cánones de arrendamiento de los espacios comerciales de aeropuertos y aeródromos administrados por la Aerocivil, la disposición cuya legalidad se revisa es la expresión del desarrollo de una relación contractual en el marco de circunstancias excepcionales, mediante las cuales el acreedor suspendió el pago de los cánones de arrendamiento a los que tenía derecho.] - [Palabras claves automatizadas: legalidad, control, cobro, contrato, acto, inmediato, decreto, excepción, juez, decisión, pago, emergencia, medidas, administrativa, ordenamiento, legislativo]

Declara ajustada al ordenamiento jurídico la Resolución 210 del 3 de abril de 2020, expedida por el Director General la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - [Resumen automatizado: El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de mayo de 2020: i) avocó conocimiento del trámite de control inmediato de legalidad; ii) advirtió a la Corporación que podría presentar intervención sobre la legalidad del acto, iii) ordenó la publicación del aviso por el término de 10 días para garantizar las intervenciones ciudadanas en el presente trámite, iv) invitó al Ministerio de Salud y Protección Social para que rindieran su concepto, v) ordenó notificar al Ministerio Público, y vi) requirió al Director General de la Corponor para que allegara el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la resolución objeto de este proceso. || La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala Especial de Decisión; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo, constitucional y legal y el desarrollo jurisprudencial sobre los estados de excepción; iv) el Estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020, v) el Decreto Legislativo 491 de 2020 y sentencia de constitucionalidad; vi) el marco normativo internacional, vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el control inmediato de legalidad, viii) la Resolución 210 de 3 de abril de 2020, ix) el análisis del caso concreto y x) las conclusiones.] - [Palabras claves automatizadas: control, actuaciones, medidas, acto, legalidad, suspensión, medida, términos, emergencia, decreto, sala, en, ley, marzo]

Autoridades no pueden diferir la respuesta a los derechos de petición a la superación del Estado de Emergencia. "Si bien, en principio, dicha disposición puede entenderse cobijada por la regla general prevista en el [parágrafo del] artículo 14 del CPACA […], lo cierto es que, en criterio de esta Sala, ella sí puede llegar a comportar una grave afectación al núcleo esencial del derecho fundamental de petición. En efecto, […] hace parte del núcleo esencial del derecho de petición el recibir una respuesta pronta y oportuna […]. Este aspecto del derecho fundamental no se encuentra garantizado en este caso, en el que la entidad pretende relevarse de su obligación de responder hasta que se supere la emergencia sanitaria […]; de hecho, ni siquiera en vigencia del estado de excepción se relevó a las entidades de su deber de resolver las peticiones ciudadanas, ni tampoco se previó la posibilidad de no prestar la función pública o de supeditarla a que los servidores pudieran retornar a las dependencias físicas de las entidades. Durante el estado de emergencia sanitaria las entidades públicas han venido retornando paulatinamente al trabajo presencial, bajo ciertas reglas y con determinados condicionamientos, de manera que no existe justificación alguna para que la entidad pretenda deferir la respuesta de los derechos de petición a su cargo a la superación de un estado de emergencia cuya declaratoria no depende de él y que, en todo caso, no implica per se la imposibilidad de desplazarse a los archivos de la entidad y atender así las peticiones respetuosas que le formulen los ciudadanos. Así las cosas, es claro que una medida de esas características no solo desborda las competencias otorgadas en el Decreto Legislativo 491 de 2020, que en ningún momento previó esta situación de indefinición de las peticiones, sino que, además, es excesiva respecto del núcleo estructural derecho fundamental de petición, pues lo cercena totalmente difiriendo de forma indefinida la respuesta al ciudadano. Estas consideraciones, sumadas a la circunstancia de que, durante el tiempo en que ha estado vigente la emergencia sanitaria e incluso en las etapas de confinamiento más estricto se permitió que algunos servidores acudieran a las entidades para recabar la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, impide a la Sala entender esta disposición acorde al ordenamiento jurídico […]." - [Resumen automatizado: Sin embargo, debe dejarse a salvo de esta conclusión la medida prevista en el aparte final del inciso primero del artículo 2° de la resolución bajo examen, relacionada con la suspensión de términos para el pago de sentencias judiciales, la cual, en criterio de esta Sala, no guarda conexidad con el estado de excepción declarado ni tampoco se muestra como necesaria para mitigar sus causas o conjurar sus efectos, toda vez que, de acuerdo con las reglas presupuestales, la provisión para el pago de sentencias judiciales viene hecha desde el año anterior, esto es, antes de que empezara la crisis generada por la pandemia.]

Declara ajustados al ordenamiento jurídico los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 (parcial) de la Resolución núm. A-0240 de 30 de marzo de 2020 expedida por el Director General (e) de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - [Resumen automatizado: 8. El Despacho Sustanciador, mediante el auto de 29 de mayo de 2020: i) avocó conocimiento del trámite de control inmediato de legalidad; ii) advirtió a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda que podría presentar intervención sobre la legalidad del acto, iii) ordenó la publicación del aviso por el término de 10 días para garantizar las intervenciones ciudadanas en el presente trámite, iv) invitó Ministerio de Salud y Protección Social y a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para que rindieran su concepto, v) ordenó notificar al Ministerio Público, vi) requirió al Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda para que allegara el expediente administrativo que contuviera los antecedentes de la Resolución objeto de este proceso; y vii) ordenó a la Secretaría General de la Corporación que, una vez expirado el término de la publicación del aviso, pasara el asunto al Ministerio Público para que rindiera su concepto.] - [Palabras claves automatizadas: medidas, decreto, marzo, control, corporación, servicios, contratistas, mediante, autónoma, legislativo, sala, regional, legalidad, emergencia, prestación]

La declaratoria de legalidad del parágrafo 1.° del artículo 1.° de la Resolución SSPD - 20201000009965 del 1.° de abril de 2020; los artículos 1°., 2.° (parágrafo 1.°), de la Resolución SSPD 202000011255 de 2020; el artículo 2.° de la Resolución SSPD - 20201000011575 de 2020; y el parágrafo 3.° del artículo 1.° de la Resolución SSPD20201000024185 del 30 de junio de 2020, estará condicionada a que deban entenderse así: "ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos, por ejemplo, a través de una llamada telefónica, el envío de un mensaje de texto o de voz al celular o un aviso por una estación de radio comunitaria", como lo previó la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020

Declara: I) la legalidad condicionada del artículo 1 de la Resolución 00097 del 21 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, bajo el entendido de que la suspensión de términos contemplada no cobija los términos de prescripción de la acción penal ni de la pena; ii) la legalidad condicionada del artículo 4 de la Resolución 000097 de 21 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, bajo el entendido que al acto rige a partir de su publicación; iii) la legalidad de los artículos 2 y 3 de la Resolución 000097 de 21 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar - [Resumen automatizado: [S]e trata de un medio de control específico a través del cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo efectúa el análisis automático de la legalidad de las medidas generales adoptadas por las autoridades del orden nacional al amparo de un estado de excepción, medio a través del cual se busca evitar que durante las condiciones de excepcionalidad se presente una extralimitación en el ejercicio de las competencias asignadas a las autoridades públicas, así como evitar la puesta en vigencia de normas que amenacen o vulneren los derechos de los administrados. || De conformidad con los antecedentes anteriormente reseñados, corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si la Resolución 000097 de 21 de marzo de 2020, expedida por la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y Policial, guarda conformidad con las normas superiores que le sirvieron de fundamento y con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción bajo el cual se produjo. || Sobre lo primero, la Sala advierte que el artículo 221 de la Constitución Política instituyó la Justicia Penal Militar y Policial, como una jurisdicción especial que, si bien hace parte del Ministerio de Defensa Nacional, cumple con la función de administrar justicia en el ámbito castrense y, por consiguiente, está sujeta a todos los principios propios de la actividad jurisdiccional11.] - [Palabras claves automatizadas: militar, acto, justicia, penal, medidas, control, sala, términos, medida, policial, legalidad, marzo, ley]

Control inmediato de legalidad de las resoluciones expedidas por el Ministerio del Deporte mediante las cuales se suspendieron los términos en los procedimientos administrativos y se establecieron medidas relacionadas con el servicio integral al ciudadano -Resolución 488 de 30 de marzo de 2020-, y se prorrogaron dichas medidas - Resoluciones 000521, 000531, 000563, 000604, 000863, 000715-. Declarada su legalidad, salvo artículos 5, 4 y 4 de las Resoluciones 604 del 9 de junio de 2020, 715 del 7 de julio de 2020 y 863 del 31 de julio de 2020, respectivamente, que establecían que "[a]l término del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional, se expedirán las decisiones que correspondan sobre la no continuidad de la presente suspensión de términos", cuando dichos actos administrativos habían sido expedidos por posterioridad a la fecha de terminación del Estado de Emergencia - [Resumen automatizado: Que, el Ministerio del Deporte mediante Resolución No. 000563 del 26 de mayo de 2020, resolvió prorrogar la suspensión de términos para los procesos administrativos sancionatorios, liquidación de convenios y/o contratos y se ampliaron los términos de contestación de requerimientos radicados, desde el día 26 de mayo hasta el 8 de junio de 2020. || En consecuencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, es competencia del Ministro del Deporte dictar los actos administrativos necesarios para cumplir con las funciones legales y reglamentarias que le correspondan, entre las cuales, adoptar las medidas necesarias en relación con los procedimientos administrativos sancionatorios, de cobro coactivo, liquidación de convenios, contestación de requerimientos, peticiones o solicitudes, en general todos los procedimientos administrativos que adelanta el Ministerio en el marco integral de sus funciones. || En consecuencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, es competencia del Ministro del Deporte dictar los actos administrativos necesarios para cumplir con las funciones legales y reglamentarias que le correspondan, entre las cuales, adoptar las medidas necesarias en relación con los procedimientos administrativos sancionatorios, de cobro coactivo, liquidación de convenios, contestación de requerimientos, peticiones o solicitudes, en general todos los procedimientos administrativos que adelanta el Ministerio en el marco integral de sus funciones.]

Declara la nulidad de las Resoluciones 002 de 13 de abril de 2020 y 003 de 27 de abril de 2020, expedidas por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Corporaciones autónomas no pueden, al amparo de la autonomía que les asiste, y de las causas que dieron origen a la declaratoria de Estado de Emergencia, disponer que en los trámites administrativos a su cargo no se realicen diligencias previstas en la reglamentación nacional que rigen la materia. "[E]n cuanto al parágrafo segundo del artículo 2° de la resolución analizada, el cual dispone que "[l]as concesiones aquí referidas podrán ser decididas con información actualizada de oferta y demanda del cuerpo de agua respecto del cual se solicita la concesión para la prestación esencial del servicio de acueducto, caso en el cual no se realizaría visita técnica", la Sala encuentra que el tema de los requisitos que deben agotarse para otorgar las concesiones de aguas se encuentra regulado en las normas reglamentarias que se refieren a esta materia. Así, el artículo 2.2.3.2.9.5 del Decreto 1076 de 2015 señala que la visita es una etapa de obligatorio cumplimiento dentro del procedimiento para obtener la concesión de aguas, ya que en ella no solo deben hacerse verificaciones de tipo técnico, sino que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.7, las personas interesadas tienen esa oportunidad para presentar su oposición a la solicitud. De esta manera, resulta claro que la autonomía de las Corporaciones Autónomas no puede llevar a la consideración de que ellas tienen la facultad de decidir a su arbitrio qué partes del procedimiento deberán ser agotadas y cuáles no, o de sustituir los requisitos normativamente establecidos. En consecuencia, en tanto la visita técnica es una exigencia que no puede ser desconocida y constituye una etapa transcendental dentro del procedimiento administrativo ambiental, se decretará la nulidad del parágrafo 2° del artículo 2° de la resolución bajo examen, con la advertencia de que la validez de aquellos trámites que se hayan decidido bajo la vigencia de esta disposición estará sujeta a que la entidad programe y efectivamente realice la respectiva visita técnica"

Declara la nulidad de la directriz para la aplicación del Decreto Legislativo 491 de 2020, impartida por el secretario general de una corporación autónoma regional, por falta de competencia. "[E]l Secretario General no tenía competencia para adoptar las medidas consistentes en definir la modalidad mediante la cual se prestarían los servicios de la entidad; la forma de notificación o comunicación de los actos administrativos y los correos electrónicos que se utilizarían para dichos fines; la ampliación de los términos para resolver las diferentes modalidades de petición; la ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias; la no terminación ni suspensión unilateral de contratos y el procedimiento para el respectivo pago, así como el correo electrónico que se destinará para tales fines; el cumplimiento de la obligación de reportar a las respectivas [ARLs], la lista de los funcionarios y contratistas que durante el período de aislamiento preventivo obligatorio presenten sus servicios a través de trabajo en casa…, teniendo en cuenta que… está adoptando decisiones relacionadas con la dirección de la entidad y el normal funcionamiento de la misma, lo cual son funciones propias del Director General de la Entidad, de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 5 del artículo 29 de la Ley 99… [Tampoco] le [estaba permitido]… habilitar al Subdirector Financiero y a él mismo a que determinen la viabilidad o no de resolver las peticiones de los usuarios en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, porque… es un aspecto propio del funcionamiento de la entidad… [No podía] disponer sobre la forma de [realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Corporativa y el Consejo Directivo] y, en particular, la posibilidad de sesionar no presencialmente…, lo cual está determinado por la ley y los respectivos estatutos y su modificación corresponderá al Director General o al respectivo órgano de gobierno corporativo, según sea el caso... [N]o tenía facultades para adoptar medidas relacionadas con los procesos de selección en curso, especialmente, lo relacionado con las condiciones para el nombramiento, posesión, inducción y periodo de prueba, comoquiera que radica en el Director General… la función de "Nombrar y remover el personal de la Corporación" [L. 99 de 1993, art. 29 (núm. 8]" - [Resumen automatizado: Este principio de formalidad cumple variados propósitos: 1) notificar a la población la situación de anormalidad y la consiguiente entrada en vigor en el territorio nacional o en parte de él, de un régimen de excepción; 2) expresar la verificación de una situación de anormalidad contemplada como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda, en las condiciones y en los términos de la constitución, ejercer la función legislativa y expedir decretos legislativos; 3) dar curso a los controles de tipo jurídico y político sobre el Gobierno por parte de las restantes ramas del poder público (Congreso y Corte Constitucional). || De conformidad con la normativa indicada, las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.] - [Palabras claves automatizadas: medidas, corporación, legalidad, general, decreto, emergencia, sala, control, acto, términos, inmediato, marzo, excepción, social, consejo]

Declara ajustadas a derecho las Resoluciones No. 1-0370 del 24 de marzo de 2020, 1-0418 del 13 de abril de 2020, 1-0504 del 11 de mayo de 2020, 1-0552 del 26 de mayo de 2020, 1-0576 del 1° de junio de 2020 y 1-0681 de 1° de julio de 2020, proferidas por la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por la cual se suspendieron los términos de las actuaciones disciplinarias de primera instancia de competencia de la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, con excepción del artículo 4 de cada una de las resoluciones estudiadas frente al cual se declara su legalidad de manera condicionada, en el entendido que, las seis (6) resoluciones "tendrán vigencia a partir de la publicación del respectivo acto" de conformidad con el artículo 65 del CPACA

Potestad de las autoridades para ordenar la suspensión de términos en actuaciones administrativas en el marco del Decreto Legislativo 491 de 2020. En consideración a lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia C-242 de 2020, la suspensión de términos administrativos decretada por las autoridades a través de acto administrativo se entiende ajustada a derecho, siempre y cuando no se aplique a las siguientes actuaciones: i) los procedimientos relativos a la efectividad de derechos fundamentales, (ii) el pago de sentencias judiciales, y (iii) el pago de sanciones moratorias a cargo de los fondos de cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos fiduciarios. Así las cosas, la Sala declaró la nulidad de la expresión "resolución de peticiones", contenida en uno de los actos demandados, porque de ella se deriva la consecuencia de suspender los términos administrativos atinentes al derecho de petición, y declaró la validez condicionada de las resoluciones 077 de 19 de marzo de 2020, 080 del primero (1) abril de 2020, 082 del 16 de abril de 2020, 088 del 26 de abril de 2020, 093 de 8 de mayo de 2020, y 096 de 15 de mayo de 2020, expedidas por el Contador General de la Nación en el entendido de que la suspensión de términos administrativos decretada en dichas resoluciones, no cobija los asuntos desarrollados por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020

Declara la validez de la Resolución 1571 de 1 de septiembre 2020, expedida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por los motivos expuestos en la presente providencia - [Resumen automatizado: Procede la Sala a realizar el control inmediato de legalidad de la Resolución No. 1571 de 22 de junio de 2020, “por medio de la cual se regula la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias a los beneficiarios del Programa Familias en Acción, en cumplimiento del Decreto 637 de 20020 ‘Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional’, el decreto Legislativo 563 de 2020 y el Decreto Legislativo 814 de 2020”. || 9. El 1 de septiembre de 2020, en desarrollo de los Decretos Legislativos 563 y 814 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) expidió la Resolución No. 1571, “por medio de la cual se regula la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias a los beneficiarios del Programa Familias en Acción, en cumplimiento del Decreto 637 de 2020 ‘Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional’, el decreto Legislativo 563 de 2020 y el Decreto Legislativo 814 de 2020” .] - [Palabras claves automatizadas: decreto, social, entrega, administrativo, legislativo, medidas, control, departamento, programa, transferencia, que, acto, condicionada, transferencias, ley]

Declara ajustado a derecho el artículo 1 de la Resolución 32 de 24 de abril de 2020, de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios -UPRA-, pero única y exclusivamente bajo el entendido que los términos de las actuaciones suspendidas se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, o antes, si las condiciones sanitarias, de salubridad, tecnológicas y logísticas en general de la entidad, así lo permitan - [Resumen automatizado: Previo a efectuar el correspondiente control de legalidad respecto de la medida de suspensión prevista por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios -UPRA-, mediante la normas objeto del presente asunto, la Sala estima pertinente, para otorgar la mayor claridad posible a esta providencia, hacer referencia concreta de los siguientes aspectos puntuales: (i) el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en la Constitución de 1991; (ii) la facultad excepcional del Ejecutivo para expedir decretos ley con fuerza material de ley, en los Estados de Excepción; (iii) el desarrollo que de los decretos legislativos hacen las diferentes autoridades públicas; (iv) el control a los poderes excepcionales del Ejecutivo (y de la administración en general) en los Estados de Emergencia; (v) el control político; (vi) el control constitucional automático y sus parámetros de aplicación; y (vii) el control inmediato de legalidad y sus parámetros de aplicación o desarrollo.] - [Palabras claves automatizadas: términos, control, acto, legalidad, suspensión, inmediato, administrativas, actuaciones, sala, administrativo, emergencia, ley, decreto, gobierno, medidas]

De la delegación realizada en los términos de la Ley 80 de 1993 no se desprende que el delegado asuma la competencia consagrada en la normativa de excepción, consistente en suspender el término para liquidar los contratos de la entidad. "[E]n lo atinente a la competencia del Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía, se debe acudir a la parte motiva de la Resolución [controlada], en la que se expresa que esta fue expedida en uso de las facultades que le fueron conferidas al citado funcionario en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993… y la Resolución de Delegación… Nótese que, si bien… fue delegado para suscribir todos los actos y contratos que surjan en desarrollo de los procesos liquidatarios, lo cierto es que… su competencia estaba limitada a tal actuación, es decir, únicamente a la suscripción de los actos y contratos derivados de la actuación administrativa que se adelante luego de la terminación normal o anormal del contrato estatal, por lo que no se vislumbra que este funcionario contara con la facultad para expedir actos administrativos de carácter general relacionados con tales funciones… [L]as funciones atribuidas… de ordenación del gasto y suscripción de contratos y-o convenios comprendidas en la etapa precontractual, adjudicación, liquidación, terminación, modificación, adición, prórroga, aplicación de sanciones y todas las demás actuaciones inherentes a la actividad contractual, no le confirieron competencias ni atribuciones para expedir actos administrativos de carácter general relacionados con la ejecución o desarrollo de dichas funciones, como tampoco le otorgaron la atribución para regular los trámites y procedimientos administrativos internos del Ministerio…, como lo es el de ordenar la suspensión del plazo previsto en el procedimiento administrativo contractual para liquidar los contratos suscritos por la entidad… [L]a facultad otorgada por el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, a todas las autoridades para suspender los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa hasta tanto permaneciera vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, no comporta que sea cualquier funcionario el que pueda ejercer[la]…, por más conveniente, urgente o necesaria que sea la medida a tomar" - [Resumen automatizado: 1.4.- El Presidente de la República consideradas, entre otras circunstancias, la insuficiencia de las medidas adoptadas en ejecución de la emergencia sanitaria, y la aptitud de la pandemia causada por el COVID-19 para obrar como detonante de un crisis económica y social que no podía ser afrontada por las autoridades estatales mediante el ejercicio de sus atribuciones ordinarias, expidió, con la firma de todos sus ministros, el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, y por medio de este declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho Decreto, normativa que fue declarada ajustada a la Carta Política por la Corte Constitucional en la Sentencia C-145 de 2020 . || El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 17 , es competente en única instancia para ejercer el control inmediato de legalidad de la Resolución No. 411218 de 24 de diciembre de 2020 “Por la cual se ordena la suspensión del plazo para liquidar los contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía”, en cuanto tiene fuente en una autoridad del orden nacional, según lo dispuesto en los artículos 111 numeral 8º y 136 de la Ley 1437 de 2011, así como del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, que contiene el reglamento interno de la Corporación.] - [Palabras claves automatizadas: minas, ministerio, energía, acto, no, suspensión, control, términos, administrativo, medidas, ley, legalidad, decreto, contratos]

Secretario General de la Unidad de Restitución de Tierras no era competente para adoptar el instructivo para el trámite de los procesos Disciplinarios en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. "No se desconoce que dentro de las funciones a cargo de la Secretaría General se encontraba la de coordinación de las investigaciones disciplinarias que se adelantaran contra los servidores de la entidad. Sin embargo, esa competencia no comporta la facultad para expedir actos administrativos generales como el examinado. Lo anterior, porque la coordinación de las investigaciones disciplinarias se refiere a aquellas relacionadas con los procesos a su cargo o que es competente para decidir, esto es, para aquellos de primera instancia. Y, en todo caso, esa coordinación no habilita para regular, de manera general, aspectos como los atinentes a los mecanismos a utilizar para la realización de las actuaciones, audiencias y diligencias para la gestión y trámite de los procesos disciplinarios dentro de la entidad. Esa conclusión se refuerza al tener presente que, a la Dirección General, en cabeza del Director General de la entidad, le corresponde la dirección de la entidad, función en virtud de la que se encuentra facultado para "suscribir como representante legal los actos, convenios y contratos para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a la Unidad". En ese orden de ideas, la expedición del acto examinado le correspondía a la Dirección General de la entidad en cabeza del Director General de la misma." - [Resumen automatizado: El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) expidió la Resolución Nro. 00480 del 10 de julio de 2020, cuyo control inmediato de legalidad corresponde ejercer a esta Sala Especial de Decisión. || Lo segundo, porque el acto (i) fue expedido por el competente, esto es, el secretario general de la entidad, quien es el encargado de coordinar las investigaciones de carácter disciplinario y resolverlas en primera instancia, de conformidad con el manual de funciones (Resolución Nro. 00798 del 11 de noviembre de 2018, con sus modificaciones); (ii) se profirió con ocasión a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos del COVID-19, las cuales consistían en el distanciamiento social y el aislamiento, por lo que fue necesario buscar alternativas para que los procesos administrativos no prescribieran, caducaran o se vieran afectados los derechos sustanciales y procesales de los intervinientes respectivos; || Esta Sala Especial de Decisión observa que se cumplen los presupuestos para la procedencia del control inmediato de legalidad, pues la Resolución Nro. 00480 del 10 de julio de 2020 es un acto administrativo general dictado por una autoridad del orden nacional para desarrollar un decreto legislativo.] - [Palabras claves automatizadas: acto, control, general, especial, unidad, sala, legalidad, en, procesos, entidad, decreto, correo, administrativa]

Sobre el Control Inmediato de Legalidad del Acuerdo ICETEX 21 del 31 de marzo de 2020 "por el cual suspende temporalmente la aplicación del literal b. del artículo 64 y el literal e. del artículo 65 del Acuerdo 025 de 2017 y el parágrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo 020 de 2015" que se traduce en una suspensión del requisito de no encontrarse en mora para renovar el crédito u optar por el desembolso para el siguiente periodo académico mientras dure la contingencia generada por el COVID-19, decide la Sala la legalidad condicionada del plazo de vigencia, en el sentido de que la suspensión temporal de la aplicación del literal b. del artículo 64 y el literal e. del artículo 65 del Acuerdo 025 de 2017, y del parágrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo 020 de 2015", debe ser la misma que prevé el Decreto Legislativo No. 467 de 2020 en el parágrafo 2 del artículo 1, es decir, hasta agotar el monto de los recursos dispuestos para financiar el Plan de Auxilios Educativos coronavirus COVID-19

Se condiciona la legalidad de la norma que amplía el objeto del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico. "[E]l Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el artículo que se escruta del Decreto Reglamentario 1265 de 17 de septiembre 2020, integró la razón de ser de la creación del FONSE (artículo 46 de la Ley 2020 de 2019), con los dispuesto en al artículo 1º del [Decreto Legislativo 809 de 2020], por lo que en la nueva ampliación del objeto le permite a dicho fondo podría otorgar créditos directos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para destinarlos a solventar las necesidades de recursos asociadas a la implementación de esquemas de solución de largo plazo derivados de los procesos de toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, los cuales se hayan visto afectados por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así las cosas, con la disposición analizada el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desarrolló el decreto legislativo y se requería definir el nuevo y ampliado objeto de FONSE para poder ser aplicado en el mundo jurídico, por lo que el mismo se encuentra ajustado a derecho por esta Sala, pero la legalidad del artículo escrutado estará condicionada a lo ordenado por el artículo 1º del Decreto Legislativo 809 de 2020, en el sentido que los créditos que se otorguen al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sean para destinarlos a solventar las necesidades de recursos asociadas a la implementación de esquemas de solución de largo plazo derivados de los procesos de toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios que se encuentren en curso"

Delegación de funciones conferidas a los directores de Corporaciones Autónomas Regionales en virtud de Decretos Legislativos está sujeta a las exigencias establecidas en la Ley 99 de 1993. "[N]i en la resolución que se remitió para estudio de legalidad ni en los antecedentes del acto administrativo aparece acreditado que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS hubiera autorizado expresamente al Director General de la entidad para realizar la delegación, en las subdirecciones y regionales, de la función consistente en suspender los términos de actuaciones administrativas a cargo de la entidad. Como la competencia es un requisito de validez del acto administrativo [L. 1437 de 2011, art. 137], en el presente caso se trata de una delegación de la función de suspender términos que no cuenta con la autorización previa del Consejo Directivo de la entidad, por lo que el Director no quedó expresamente habilitado para realizarla, lo que conlleva a que el artículo deba ser declarado ilegal. Adicionalmente, por cuanto la ausencia de la autorización previa legalmente consagrada implica igualmente la infracción de normas en las que debería fundarse [L. 99 de 1993, art. 27 (lit. h) y 29 (núm. 7)] y por expedición irregular, en la medida en que se omitió un requisito necesario para su proferimiento, como lo es la autorización previa y expresa del Consejo Directivo de la entidad al director y representante legal de la misma… [L]a Sala destaca que no se trata de las funciones propias de las referidas dependencias, toda vez, que la suspensión de términos con ocasión de las causas que dieron origen a la declaratoria de los Estados de excepción tiene un carácter extraordinario y derivan en forma directa de los decretos declarativos y del legislativo, objeto de desarrollo, encontrándose radicada en cabeza del Director General de la entidad y no de las dependencias señaladas"

Acuerdos de pago del sector de juegos de suerte y azar son procedentes sin necesidad de la habilitación establecida en el decreto legislativo. "La Resolución [examinada], al establecer el procedimiento para los acuerdos de pago entre Coljuegos y los operadores de juegos de suerte y azar, dio cumplimiento a lo dispuesto en artículo 3 y el inciso 2 del artículo 7 del Decreto Legislativo 576 de 2020…. A pesar de la vía que adoptó la entidad al "instrumentalizar" la resolución controlada en un acto administrativo, su legalidad se explica en el derecho privado, que es el régimen de todo contrato. La entidad, en su calidad de sujeto activo de la obligación como acreedor, estableció el procedimiento y las condiciones que debían seguir sus deudores para solicitar una modificación a sus obligaciones y lograr un acuerdo de pago con ocasión al impacto económico que recibió el sector por la pandemia. Dicha decisión, no obstante la forma en que se adoptó (acto administrativo), constituye en realidad una expresión de la autonomía privada en el marco de la relación contractual, que, se reitera, encuentra sustento en la ley comercial y civil, aplicable a las relaciones contractuales de la operación por intermedio de terceros de juegos de suerte y azar según artículo 7 de la Ley 673 de 2001, que remite a la Ley 80 de 1993. Aunque el Decreto Legislativo 576 de 2020 prescribió que las entidades administradoras del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar y sus operadores o concesionarios podían celebrar acuerdos de pago bajo ciertas condiciones, estas entidades tendrían la facultad de realizar pactos con sus deudores sin necesidad de la habilitación establecida en el decreto legislativo... En efecto, un acuerdo de esta naturaleza reflejaría un comportamiento entre las partes que, de buena fe y en ejercicio de la autonomía negocial, acuerdan nuevas condiciones y los aspectos económicos ante circunstancias excepcionales, en el marco de la legislación comercial y civil. El acreedor está facultado -por el régimen general del contrato- para renegociar las condiciones que sean necesarias para su correcta ejecución, en orden a afrontar los hechos que impidan su cumplimiento"

La Sala considera que las medidas adoptadas en la Resolución 5491 de 19 de marzo de 2020, expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, guardan conexidad, consonancia y proporcionalidad con las causas que dieron origen al estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en el Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020. \ Advierte que la decisión no enerva la posibilidad de que esta resolución pueda ser cuestionada acudiendo a los medios de control previstos en el CPACA con fundamento en otros argumentos distintos a los que fueron analizados en esta providencia, dados los efectos de cosa juzgada relativa

El Consejo de Estado definió que el Decreto 457 de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público", que ordenó el aislamiento obligatorio preventivo, no está sujeto a control inmediato de legalidad. La Corporación explicó que el Gobierno tomó la medida sanitaria en uso de sus facultades ordinarias y no como desarrollo de decretos legislativos expedidos con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica. La providencia destacó que como los jueces solo pueden ejercer las competencias que les otorga la ley, el Consejo de Estado no tiene la facultad de asumir el control automático del decreto. La decisión judicial resaltó que frente a la medida de aislamiento obligatorio preventivo procede el medio de control de nulidad y que cualquier persona puede acudir a ese mecanismo para controvertir la legalidad de esa disposición

Autoridades no pueden desconocer la eficacia de la notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos. "[E]l artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 adoptó la notificación por correo electrónico hasta tanto permaneciera vigente la emergencia sanitaria, como una forma de notificación válida y eficaz mientras dure la mencionada emergencia sanitaria. De conformidad con lo anterior, la parte inicial del parágrafo objeto de estudio, esto es, la que indica "En ningún caso se entenderá que la notificación por correo electrónico incluida en este artículo suple la notificación de los actos administrativos", contraría las previsiones del decreto de excepción por cuanto la entidad no podía de forma autónoma desconocer los efectos de la notificación electrónica de las decisiones, pues debía ceñirse a las previsiones legales en que dice fundarse, además que el referido Decreto Legislativo solo señaló que esa forma de notificación no era aplicable "para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"... En consecuencia, la primera parte del parágrafo 1º del artículo 2º del acto objeto de control contraría el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, pues no reconoce la validez y efectos jurídicos de dicha forma de notificación, como lo indica el Ministerio Público, lo cual riñe con el derecho al debido proceso y los principios de confianza legítima, eficiencia y economía que gobiernan las actuaciones administrativas. En ese sentido se declarará su ilegalidad"

Se declara la nulidad de la norma que impedía solicitar la no aplicación de la opción tarifaria transitoria para los usuarios residenciales de gas pertenecientes a los estratos 1 y 2. "[E]n lo que [concierne] al juicio de motivación suficiente…, es necesario señalar que las medidas adoptadas en el art. 2º del acto objeto de control, no tienen una explicación de porque es necesaria su adopción… [E]n el documento soporte del acto, se estableció que la justificación de esa modificación tiene relación con la aplicación de un beneficio que no recibirían de negarse a que se les aplique la opción tarifaria, pues con la modificación de la fórmula de cálculo establecido en la Resolución 104 de 2020, los subsidios serían mayores que lo que obtendrían si se negaran a la aplicación de esta medida. Sin embargo, no se explica de manera clara de qué manera esa modificación de la fórmula tendría incidencia en los subsidios y correlativamente en la disminución de costos de los estratos 1 y 2, por lo que se queda en una simple afirmación. En consonancia con lo anterior, es preciso poner de presente que, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, esto es, que las ventajas que se obtienen mediante la intervención en el derecho compensen los sacrificios que esta implica para sus titulares y para la sociedad en general, esta Sala encuentra que no hay alguna evidencia, más allá de la deficiente justificación que se proporcionó en el Documento CREG 082 de 2020, que efectivamente eliminar la posibilidad de elección por parte de los usuarios de estratos 1 y 2 resulte más beneficiosos para estos. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala declarará la nulidad de la medida adoptada en el artículo 2 de la Resolución 109 de 5 de junio de 2020, pues esta resulta desproporcionada en razón a que no hay un juicio de justificación suficiente, según el cual se demuestre que hay un mayor beneficio para los usuarios de estratos 1 y 2 que aquel que obtendrían en el evento en el que se nieguen a la opción tarifaria. Como consecuencia de lo anterior, y dado que se declaró la nulidad del artículo segundo de la Resolución 109 de 5 de junio de 2020, y, con el fin de no dejar desprotegidos a los usuarios residenciales del servicio público de gas combustible por redes de tubería de los estratos 1 y 2, se ordenará la reviviscencia del Numeral 3 del Artículo 2 de la Resolución CREG 048 de 2020"

Control de legalidad del Concepto 100208221- 469 de 22 de abril de 2020 - Impuesto solidario y aporte solidario voluntario por el COVID 19-. La inexequibilidad con efectos retroactivos de los artículos 1 a 8 del Decreto Legislativo 568 de 15 de abril de 2020, que dispusieron la creación del impuesto solidario, los sujetos pasivos, el hecho generador, la causación, la base gravable, la tarifa, la administración y recaudo y los agentes de retención en la fuente a título de impuesto solidario afectó la validez de los puntos 1 a 4 del Concepto fundamentados en esos artículos\ No ocurre lo mismo con el punto 5 del Concepto, cuyas disposiciones, en general, desarrollaron lo relativo al aporte solidario y encontraron sustento en los artículos 13 y 9 del Decreto Legislativo como quiera que los mismos no fueron declarados inexequibles - [Resumen automatizado: En el presente asunto se observa que el acto es susceptible de control judicial pues el concepto objeto de análisis: a) de entrada, en su encabezado indicó: “De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado para determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas tributarias, en materia aduanera y de control cambiario en lo de competencia de la DIAN” b) Así, la autoridad que expidió el acto, DIAN - Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina anunció que su actuación se enmarca en la función, a esa subdirección asignada, consistente en mantener la unidad doctrinal c) además de citar la competencia interpretativa, en efecto, desplegó su interpretación sobre las disposiciones del Decreto Legislativo, fue así como asumió su postura frente al hecho generador y concepto de salario, sujetos pasivos, base gravable y tarifa y otros aspectos. || La base gravable del impuesto solidario por el COVID 19 será, según corresponda, el valor del pago o abono en cuenta del salario definido en el punto I de este documento, de los honorarios y del pago pensional, mensual periódico, de 10 millones o más menos el primer millón ochocientos mil pesos de que trata el inciso 2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 568 de 2020.] - [Palabras claves automatizadas: impuesto, decreto, aporte, legislativo, control, concepto, acto, artículos, base, sala, cuenta, efectos]

Contratación de urgencia de los Decretos Legislativos no puede estar sujeta a la exigencia consagrada en la Ley 80 de 1993, relacionada con la remisión inmediata de los contratos a la autoridad de control fiscal. "[L]a contratación de urgencia -prevista por el artículo 7 del Decreto Legislativo 440 de 2020- aunque refiere al artículo 42 de la Ley 80 de 1993, parte del supuesto legal de la configuración del hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro para prevenir, contener y mitigar los efectos del COVID-19. El artículo 7 del Decreto Legislativo 537 de 2020 replicó esa disposición y sujetó su vigencia a la emergencia sanitaria. De modo que, hay una diferencia sustancial entre la urgencia manifiesta de la Ley 80 de 1993 y la contratación de urgencia de los Decretos Legislativos 440 y 537 de 2020… [L]a Corte Constitucional… concluyó que las entidades estaban relevadas de motivar la situación relacionada con el estado de excepción en el acto administrativo que declara y justifica la urgencia manifiesta, pues ese aspecto se entendía configurado por ley. De ahí que la verificación por parte de los organismos de control fiscal de los hechos y circunstancias que dan lugar a la urgencia manifiesta -según el artículo 43 de la Ley 80 de 1993- y el estudio acerca de la necesidad de la contratación directa, carece de objeto. Los decretos legislativos tienen por probado el evento para su procedencia. Por ello no procede su remisión al ente de control fiscal, para lo efectos del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, quien además en ningún supuesto puede llegar a una conclusión contraria, a la prevista en la ley. Como el artículo 5 de la resolución revisada ordenó a quienes suscribieran contratos remitir a la autoridad competente los contratos originados en la urgencia manifiesta, "de conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993" y esa remisión contraviene el artículo 7 de los Decretos Legislativos 440 y 537 de 2020, que dieron por probada el evento de procedencia, la Sala anulará el aparte de la norma que ordena la remisión en esas condiciones"

El Consejo de Estado avocó conocimiento, en única instancia, del control inmediato de legalidad del Decreto 685 del 22 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Por el cual se ordena la emisión de Títulos de Solidaridad (TDS), y se dictan otras disposiciones". La medida a examinar por parte del Consejo de Estado se basa en un decreto legislativo que dictó el Ministerio ordenando la inversión en títulos de deuda pública para conjurar los efectos económicos y sociales negativos ocasionados por la propagación de la COVID-19. Por medio del decreto frente al cual se avoca conocimiento se estableció el límite del valor de los bonos de deuda pública, las condiciones de su emisión y se estableció el control de las inversiones de los recursos en cabeza de la Superintendencia Financiera, entre otras medidas

Suspensión de términos de las actuaciones administrativas relacionadas con el pago de sentencias y conciliaciones no guarda proporcionalidad con las causas que dieron origen a la declaratoria de Estado de Emergencia. "[U]na cosa es que las medidas sean razonables, que estén amparadas en las decisiones adoptadas en el marco del estado de excepción, y otra cosa muy distinta es que guarden relación de proporcionalidad con la gravedad de los hechos que se pretende conjurar… La sala no encuentra proporcional ni necesaria la decisión de suspender la actuación para el cumplimiento y pago de las sentencias y conciliaciones, pues lo cierto es que puede resultar más gravoso para el derecho de acceso a la administración de justicia, que no solo asegura la posibilidad de acudir al juez y de obtener una sentencia justa, sino que garantiza que el interesado cuente con los instrumentos necesarios para reclamar el cumplimiento de la providencia que le resulte favorable. Además, implica la afectación desproporcionada del debido proceso, derecho que asegura que las decisiones se adopten en plazos razonables, al paso que limita de manera excesiva el derecho de tutela judicial efectiva… [L]a sala no puede pasar por alto la incidencia que tiene tal suspensión frente a los derechos de la persona que aspira al cumplimiento y pago oportuno de la sentencia o conciliación. Es más, no se puede desconocer que el parágrafo primero del artículo 6 del Decreto 491 [con fundamento en el cual se adoptó dicha medida] no superó el control de constitucionalidad"

Adolece de nulidad la norma que establece la interrupción de los términos de las actuaciones administrativas con ocasión del Estado de Emergencia. "[D]el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, se colige que, al señalar que durante la suspensión de los términos procesales en las actuaciones administrativas o jurisdiccionales no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza, dicha norma hace referencia a la figura procesal de la suspensión, esto es, que al reanudarse los términos procesales suspendidos, el cómputo de la prescripción, caducidad y firmeza se entienden igualmente reanudados desde el estado en que se encontraban al momento en que entró en vigencia la medida excepcional y transitoria de la suspensión de que trata la norma ibídem. En ese orden…, [en relación con] la medida… consistente en interrumpir los términos de caducidad y de prescripción en los procesos disciplinarios a cargo de la Secretaría General del ICFES, la Sala considera que la misma no es adecuada, idónea y eficaz para conjurar el Estado de Emergencia, toda vez que excede los parámetros de las normas en que se fundamenta… [S]i bien es claro que la finalidad… es evitar que se configuren los fenómenos de la caducidad y de la prescripción…, ante la imposibilidad de adelantar los procesos disciplinarios por medios tecnológicos, conforme a los parámetros legalmente establecidos, este objetivo puede ser cumplido a través de la suspensión de los términos administrativos y judiciales, de acuerdo con lo expuesto en los Decretos 417 y 491 de 2020. Por lo tanto, tampoco supera el juicio de necesidad… [L]a medida en cuestión resulta desproporcionada, por cuanto implica que los términos de caducidad y prescripción de las actuaciones disciplinarias deban ser contabilizados nuevamente, pues como viene expuesto, la interrupción causa que el término vuelva a correr en su integridad. Por lo tanto, es claro que la interrupción de estos fenómenos afectaría el derecho al debido proceso de los sujetos implicados en los procesos disciplinarios" - [Resumen automatizado: Ahora bien, se destaca que mediante sentencia de 9 de septiembre de 2020, la Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado , en ejercicio del medio de control inmediato de legalidad declaró ajustada a derecho la Resolución 215 de 1° de abril de 2020, por medio de la cual, el Secretario General del -ICFES- suspendió los términos procesales dentro de los procesos disciplinarios promovidos ante la mencionada entidad durante el periodo comprendido entre el 1° y el 13 de abril de 2020, y cuya vigencia fue prorrogada a través de los actos administrativos objeto de este proceso. || Previo a efectuar el correspondiente control de legalidad respecto de la medida prevista por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, mediante las normas objeto del presente asunto, la Sala estima pertinente, para otorgar la mayor claridad posible a esta providencia, hacer referencia concreta de los siguientes aspectos puntuales: (i) el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en la Constitución de 1991; (ii) la facultad excepcional del Ejecutivo para expedir decretos ley con fuerza material de ley, en los Estados de Excepción; (iii) el desarrollo que de los decretos legislativos hacen las diferentes autoridades públicas; (iv) el control a los poderes excepcionales del Ejecutivo (y de la administración en general) en los Estados de Emergencia; (v) el control político; (vi) el control constitucional automático y sus parámetros de aplicación; y (vii) el control inmediato de legalidad y sus parámetros de aplicación o desarrollo.] - [Palabras claves automatizadas: términos, control, decreto, general, acto, legalidad, medidas, suspensión, ley, actuaciones, inmediato, sala, actos]

La Sala no avocara conocimiento sobre la Circular 174 de 2020, por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estableció que la ley prohíbe la gratuidad frente a este tipo de prestaciones no tendrá control automático de legalidad. Determinó que no se trata de una medida de contenido general, que es la que habilita la aplicabilidad del control automático de legalidad que corresponde a este tipo de medidas. La directriz va dirigida, entre otros, a autoridades locales y empresas, para que ejerzan las actuaciones a las que hubiese lugar para garantizar la prestación del servicio, pese a la prohibición de gratuidad en la factura. Ello indica que no es una medida de contenido general, pues tiene destinatarios específicos, como las empresas que prestan los servicios y los entes territoriales

La Sala no avocara conocimiento sobre la Circular 144 de 2020 emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Determinó que las medidas que la Superservicios adoptó frente a la reinstalación y reconexión de servicios públicos domiciliarios tampoco son de su competencia, por no tener un contenido general y abstracto. A juicio de la corporación esta medida pretende precisar que las medidas de reconexión del servicio y las directrices impartidas a las empresas y a las autoridades locales no implican la gratuidad del servicio, lo que indica que no es una medida con contenido general, abstracto y dirigido a un número de actores no determinado, que son las características que se exigen para activar el control automático

Se declara que la Resolución 0277 de 27 de abril de 2020, proferida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- se encuentra ajustadas a derecho. Control inmediato de legalidad. El artículo 20 de la Ley 137 de 1994 otorgo competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para tramitar dicho mecanismo de escrutinio o revisión de las medidas de carácter general, expedidas por las autoridades nacionales y territoriales, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción. De ahí que la providencia que decida el control inmediato de legalidad es una sentencia judicial. Es automático e inmediato, dado que, tan pronto se expide el correspondiente acto administrativo general para desarrollar los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los Estados de Excepción, la entidad de la cual emanó dicho acto, debe enviarlo a la jurisdicción contenciosa dentro de las 48 horas siguientes, para que se ejerza el control correspondiente, so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado. Es autónomo, por cuanto, es posible que se controlen los actos administrativos generales expedidos para desarrollar los Decretos Legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los Estados de Excepción, antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que lo declaró y de los Decretos Legislativos que expida el Presidente de la República para conjurarlo

Prorroga de la suspensión de términos del trámite de extradición no guarda proporcionalidad con las causas que dieron origen a la declaratoria de Estado de Emergencia. "[N]o es un medio idóneo para alcanzar el fin perseguido… La Sala [echa] de menos de qué manera la medida pretendía contribuir a desarrollar los compromisos de cooperación judicial internacional… [E]n virtud de dicha cooperación se debía acudir a los medios más expeditos para evitar que un trámite tan importante como la extradición se vea afectado por los problemas de salud pública que enfrentan los distintos Estados… [L]a medida [no] era necesaria, pues existían medios alternativos idóneos para la obtención del fin, que no restringían los principios afectados... [S]e podía acudir a los medios virtuales, [y p]ara los trámites en los cuales se hacía necesaria su presencia física [capturas y traslados], se podían adoptar medidas estrictas de bioseguridad que estaban al alcance del Gobierno… [Tampoco era proporcional en sentido estricto puesto que] afecta en mayor medida los principios que sufren restricción, frente al fin que se persigue con la decisión, por cuanto la libertad de la persona requerida se puede ver limitada injustamente hasta que finalice la emergencia sanitaria… lo cual implica una incertidumbre total frente a una fecha exacta, [pues]… no es posible establecer si esa fecha se vuelva a extender, de cara a la gravedad de la pandemia, de modo que la medida tiene un efecto ilimitado en el tiempo… [E]s forzoso concluir que [dicha] medida… es desproporcionada entre los fines buscados y los medios empleados para conseguirlo, pues se limitaron derechos constitucionales y convencionales de manera grave e innecesaria, como lo son el debido proceso y la libertad personal"

Avoca conocimiento de la Resolución 630 de 2020 "Por la cual se establecen los lineamientos para la implementación del Decreto 561 del 15 de abril de 2020". Norma por medio de la cual el Ministerio de Cultura estableció los parámetros bajo las cuales artistas, creadores y gestores culturales podían ser incluidos como beneficiarios del ingreso solidario fijado por el Gobierno Nacional para aliviar los problemas de capacidad de pago y adquisitiva de los sectores vulnerables de la población durante la crisis generada por la COVID-19

Se declara la validez de la Circular No. 18 de 16 de abril de 2020, expedida por la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, condicionando la expresión "hasta que finalice la orden del aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno Nacional", bajo el entendido de que la reanudación de términos tendrá como límite temporal máximo el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, por los motivos expuestos en la presente providencia

Intereses de las facturas emitidas en el suministro y en el transporte para la prestación del servicio público de gas combustible por redes no pueden ser trasladados al usuario final. "[L]a expresión "costo financiero" a la que alude el artículo 4º de la Resolución CREG 153 de 2020 y que protesta el Ministerio Público en su intervención, corresponde a la facultad que la norma le otorga a los productores comercializadores, transportadores u otros agentes comercializadores para incluir los intereses ocasionados a los comercializadores que atienden usuarios residenciales de estratos 1 a 4 durante el periodo de gracia, según lo previsto en el artículo 4º de la Resolución CREG No. 060 del 17 de abril de 2020… sin que, en manera alguna, pueda considerarse que este costo financiero pueda transferirse al usuario final, tal como lo prevé el artículo 3º del Decreto Legislativo No. 798 del 4 de junio de 2020, pues su propósito está orientado a facilitar a los comercializadores el cumplimiento de sus obligaciones y, en todo caso, en virtud del carácter oneroso de los servicios públicos domiciliarios… Un análisis similar puede hacerse del apartado del artículo 4º objeto de control, que establece que, en las cuotas a pagar por el saldo diferido de las facturas, el productor - comercializador, el transportador o el comercializador de gas combustible, podrá incluir los intereses ocasionados durante el período de gracia… en el entendido que su alcance se circunscribe a la facultad que tienen estos agentes comercializadores para incluir los intereses ocasionados a los comercializadores que atienden usuarios residenciales de estratos 1 a 4 durante el periodo de gracia"

Se declara no ajustado a derecho, el aparte que alude a los estratos 1 y 2 contenidas en el artículo 8º de la Resolución CRA 915 de 16 de abril de 2020, de la CRA. Por lo que el inciso primero del artículo 8, quedará en la siguiente literalidad: "Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y-o aseo aplicarán a los suscriptores y-o usuarios residenciales de estratos 3 al 4 el menor valor entre: i) la tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera para esta financiación, ii) la tasa preferencial más doscientos puntos básicos o iii) la línea de crédito directo a empresas de servicios público domiciliarios prevista en el Decreto L. 581 de 2020". Se declarar que los demás artículos de la Resolución CRA 915 de 16 de abril de 2020, "Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19", se encuentran, en los aspectos que se conocieron dentro del Control Inmediato de Legalidad, ajustados a derecho, haciendo tránsito a cosa juzgada relativa, al tenor de lo dispuesto en las consideraciones de este proveído. Se declara que la Resolución CRA 918 de 6 de mayo de 2020, "Por la cual se modifica la Resolución CRA 915 de 2020", expedida por el expedida por el Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico se encuentra ajustada a derecho, haciendo tránsito a cosa juzgada relativa, al tenor de lo dispuesto en las consideraciones de este proveído

El Consejo de Estado avoca conocimiento del control inmediato de legalidad de la Resolución 058 de 14 de abril de 2020, expedida por la Nación-Ministerio de Minas y Energía - Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG "Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago de las facturas del servicio de energía eléctrica"

Autoridades están facultadas para disponer la reanudación de los contratos de infraestructura de transporte que fueron suspendidos unilateralmente en desarrollo de los Decretos Legislativos. "Si bien es cierto que… la suspensión… solo tendría vigencia durante la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y el levantamiento de la suspensión en la Circular [examinada] se daría -en principio- con posterioridad a la vigencia del Decreto 417 de 2020…, no es menos cierto que la medida está en consonancia con la legislación comercial y civil -que es el régimen general de todo contrato- y es consecuente con la situación inusual generada por la pandemia del COVID-19, que llevó precisamente a la expedición de normas de aislamiento y reactivación de actividades… En el marco de las reglas establecidas con ocasión a la pandemia…, [e]l Invías autorizó a su deudor al no cumplimiento de determinadas obligaciones a su cargo en el tiempo estipulado… Bajo esta misma regla de conducta contractual -y ante el cambio de las reglas del aislamiento obligatorio en ciertos sectores- el acreedor estaba facultado para reactivar las obligaciones suspendidas, en cumplimiento de los protocolos de seguridad que fueron exigidos para ese fin… [L]a posibilidad de suspensión del contrato y su consecuente reactivación, regulada en el artículo 26 del Decreto 482 de 2020, aunque unilateral, no supone la configuración de una potestad excepcional. Por un parte, no modificó el artículo 14 de la Ley 80 de 1993… y, por otra, tampoco resulta extraña al ámbito privado, donde, se insiste, es posible que el acreedor, de forma unilateral, aplace la exigencia de una obligación teniendo en consideración determinadas circunstancias que alteran su correcto cumplimiento y en el cual, incluso, la ley civil autoriza terminaciones unilaterales… Esta decisión, que la Sala toma como juez del acto administrativo, que no de cada uno de los contratos afectados con dicha decisión, no arrebata al juez natural del contrato, sea institucional o arbitral, sus competencias ordinarias para revisar, caso por caso… y con base en lo probado, cuáles son los efectos que produjo en el contrato, ya sea por incumplimiento o por la alteración de la equivalencia objetiva y razonable de prestaciones"

Declaran legalidad condicionada del artículo 1 de la Resolución No. 916 del 7 de abril de 2020 expedida por el Director General del Instituto Nacional de Vías INVIAS contenida en el parágrafo de la misma disposición. En relación con la posibilidad de que en razón de las circunstancias de fuerza mayor la entidad pueda solicitar mayor plazo al establecido legalmente para atender esos trámites, la Sala condicionará su legalidad de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 5 del Decreto 491 de 2020, en el entendido de que esa posibilidad debe ser excepcional y se deberá informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término, expresando los motivos de la demora y señalando el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto

Se declara la nulidad de la frase "(…) y la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria declarada por el Director General del INPEC por medio de la Resolución No. 1144 de 2020", contenida en el artículo 1 de la Resolución 197 de 25 de marzo de 2020 "por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta para la contratación directa con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Presidente de la República, así como del Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria declarado por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y se dictan otras disposiciones", expedida por la Directora General (E) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, considerándose que existían reparos sobre la legalidad de la expresión que fijaba la fecha de vigencia de la medida con lo dispuesto en una resolución de emergencia penitenciaria y carcelaria expedida por el Director del USPEC

Declarar ajustada a derecho la Circular 003 del 13 de abril de 2020, expedida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en la Constitución Política para examinar los actos de carácter general que se profieren al amparo del estado de excepción. El control compete al Consejo de Estado, cuando el acto lo expide una autoridad del orden nacional, o al tribunal administrativo del lugar en el que se expide el acto de la autoridad territorial (artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 CPACA). En definitiva, el examen de legalidad que corresponde a esta Corporación se realiza mediante la confrontación del acto con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción y las demás normas superiores a las que debe sujeción el acto objeto del control oficioso

Se declaró la nulidad del aparte "(…) de las actuaciones del trámite administrativo de pago de sentencias y conciliaciones (...)" del artículo 1 de la Resolución 00453 de 3 de abril de 2020, expedida por el Fiscal General de la Nación. El Consejo de Estado determinó que la Fiscalía no podía suspender términos en los procesos de conciliación y pago de sentencias en los que la entidad hubiera sido condenada, a pesar de la emergencia generada por la COVID-19. El Consejo de Estado declaró nula la suspensión de términos en los procesos para el pago de sentencias judiciales, pues considera que la medida no es proporcional ni necesaria para preservar la vida y la salud de sus funcionarios y, en cambio, sí implica el incumplimiento de sentencias judiciales y la violación de derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia y al mínimo vital de los acreedores de dichas sentencias judiciales. Además, declaró nula la suspensión de términos en procesos de conciliación, pues la medida no guarda conexidad con la norma superior en la que se basa la expedición de este acto administrativo por parte de la Fiscalía, un decreto legislativo que suspendió términos en los trámites administrativos de pago de sentencias, pero no en el pago de conciliaciones

Se declara la legalidad de la Resolución 00742 del 20 de marzo de 2020 "Por medio de la cual se establece una medida transitoria para los servicios de parqueo de aeronaves en los aeropuertos Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, Palonegro de la ciudad de Bucaramanga, Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja, Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, Alfonso López de la ciudad de Valledupar y Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha", de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Se declara la legalidad de la Resolución 72 del 30 de marzo de 2020 de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, "Por la cual se suspenden los términos de reporte de información del sector de Profesionales de compra y venta de divisas regulados por la Resolución 059 de 2013 de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF". expedida con ocasión del el Decreto Legislativo 491 de 2020

Se declara la ilegalidad de la expresión "interrupción" contenida en el parágrafo 5 del artículo 4 de la Resolución 666 de 1 de abril de 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM. Se declara la legalidad condicionada del artículo 5 en el entendido que los permisos, autorizaciones, certificados o licencias que venzan dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria y que no pudieron ser renovadas debido a las medidas adoptadas en esta misma resolución, se entenderán prorrogadas por el tiempo que faltara para completar el término de un mes. Se declara la legalidad condicionada del artículo 2, en el entendido de que, ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos

Se declara la nulidad de la Resolución 000309 del 31 de marzo de 2020 expedida por la Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud "Por la cual se suspenden los términos en algunos asuntos de conocimiento de la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional, con ocasión de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social"

Se declara la legalidad de la Resolución 0520 del 28 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, "por la cual se establecen los requisitos para la fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso externo categorizados como medicamentos, para uso en la emergencia sanitaria declarada por COVID -19". La legalidad declarada se entiende hasta el vencimiento de los tres meses precisados en la sentencia C-155 de 2020, en la cual se declaró la inexequibilidad de los artículos 1 y 2 del Decreto legislativo 476 de 2020

Se declara que la la Resolución 41076 del 3 de abril de 2020, "Por la cual se ordena la suspensión del plazo para liquidar los contratos de conformidad con el Decreto 491 de 2020" proferida por el Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía se ajusta al ordenamiento jurídico

Se declara que la Resolución 640 de 1 de abril de 2020, expedida por la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC- "por la cual se suspenden términos dentro de algunas actuaciones administrativas que se adelanten en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", se encuentra ajustada a derecho

Se declara que la Resolución 000027 del 25 de marzo de 2020 expedida por el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN "Por la cual se modifican los plazos definidos en el artículo 45 de Resolución 011004 del 29 de octubre de 2018, modificado y adicionado por el artículo 15 de la Resolución 000008 del 31 de enero de 2020; en el artículo 42 de la Resolución 000070 del 28 de octubre de 2019, y en el artículo 4 de las Resoluciones 9147, 9148 y 9149 de 2006, establecidos para la presentación de información tributaria y cambiaria ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN", objeto de control inmediato de legalidad, se encuentra ajustada a la Constitución y a la Ley

Se ajusta a derecho la flexibilización de las obligaciones relacionadas con la emisión del espacio del Defensor del Televidente durante el Estado de Emergencia. [S]e advierte razonable la justificación presentada por la CRC [en relación con la necesidad de la medida]… puesto que al analizar el cumplimiento…del deber consagrado el artículo 36 (parágrafo 3.°) del Acuerdo CNTV 2 de 2011, implicaba que los operadores de televisión abierta realizaran grabaciones periódicas, que involucraba el desplazamiento, reunión y exposición del personal, lo cual contrariaba las medidas señaladas por la Organización Mundial de la Salud, acogidas por el Gobierno nacional en diferentes decretos, en el sentido de que los países deben adoptar determinaciones no farmacológicas para evitar de trasmisión del virus COVID-19 de humano a humano, dentro de las cuales se encuentra el distanciamiento social… La determinación de la CRC resulta compatible…con los fines perseguidos por la declaratoria del estado de excepción… De igual forma, satisface el juicio de proporcionalidad en cuanto: (i) no se trató de una medida con vocación de permanencia, sino de carácter temporal… (ii) como ya se anotó, no deroga, subroga, modifica, sustituye o adiciona en forma definitiva la normativa que rige en estado de normalidad… (iii) no implicó suspensión del espacio del televidente, sino que sencillamente permitió la repetición de emisiones durante él…y (iv)… no se afectó la prestación ni la calidad del servicio de televisión en general, indispensable en medio de la pandemia para difundir las medidas de bioseguridad, referentes al distanciamiento físico y demás ordenadas por las autoridades competentes

Funciones consagradas en Decretos Legislativos solo pueden ser objeto de delegación por parte de las autoridades administrativas en el marco de la legislación que regula dicho instrumento. "De conformidad con el artículo 211 [C. Pol.]…, la ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. Si bien la Constitución permite la delegación de funciones, es un requisito indispensable que medie una ley previa que la autorice [CE, S. Tercera, S. 31-Jul-2008, rad. n°. 25000-23-26-000-2005- 00240-01(AP)]… Si bien el artículo 11 [Ley 489 de 1998] enuncia algunas funciones que no pueden ser materia de delegación…, ello no significa que todos los "demás" asuntos sean delegables. La Constitución exige -se repite- una autorización previa y expresa para delegar… La Sala no encuentra autorización -previa y en la Ley- para que la Sesión de Comunicaciones hubiera delegado la competencia de la suspensión de términos -o su reanudación- en el director ejecutivo de la CRC. Tampoco halla correspondencia entre los presupuestos del fenómeno de la delegación… y la pretendida "delegación" que la Sesión hizo al director, pues, en los términos de la resolución controlada, este sólo puede ejercer la atribución trasladada con la aprobación previa del Comité de Comisionados de la Sesión. De modo que, realmente no se transfirió temporalmente el ejercicio de función alguna y -además- dicha "autorización" proviene de un organismo diferente a la autoridad delegante. En suma, la Sesión de Comunicaciones no tiene autorización legal para delegar la competencia mencionada y la pretendida "delegación" no está en consonancia con los elementos distintivos del instituto, pues el ejercicio de la función delegada -que el delegatario debe ejercer con independencia- quedó supeditado a una autorización de un organismo (el Comité de Comisionados), que ni siquiera es el titular de la competencia delegada. Por ello, se impone anular los artículos 2 y 3 de la Resolución n°. 5957 de 2020"

Se declara la legalidad condicionada de los artículos 1 y 2 de la Resolución 5956 del 3 de abril de 2020, en el entendido de que la suspensión del artículo 2.1.10.6 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 5050 de 2016 y la posibilidad de que el deber de información al que se refiere no se dé con, al menos, tres (3) días calendario de anticipación a la fecha de la interrupción del servicio por más de treinta (30) minutos, pero sí de manera previa, opera en los casos en los que la intervención sea urgente para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones y su buen funcionamiento

Se declara que las Resoluciones 116 de 30 de marzo de 2020, 133 de 13 de abril de 2020, 160 de 27 de abril de 2020, 174 de 11 de mayo de 2020 y 192 de 26 de mayo de 2020, proferidas por la Presidente de la Agencia Nacional de Minería -ANM- se encuentran ajustadas a derecho. Se declara que los artículos 1 parágrafo 1 y artículo 2 parágrafo 1 de Resolución 133 de 13 de abril de 2020; y artículo 1 parágrafo 5 de la Resolución 174 de 11 de mayo de 2020 referidos a la implementación de medidas para la notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, están ajustados a derecho, pero de manera condicionada, en el entendido que ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos

Se declara la ilegalidad de la expresión "interrupción" contenida en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 647 de 2020 "por medio de la cual se prorroga la medida de suspensión de términos adoptada mediante la Resolución No. 604 del 16 de marzo de 2020 y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública", expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. Los demás aspectos evaluados se encuentran ajustados a derecho. Improcedente para conocer de la legalidad de la prórroga de la medida de suspensión de los términos de las actuaciones administrativas y de la atención presencial al público

Se declarara la nulidad de los artículos 4, 5 (parágrafo transitorio 1) y 6 del Decreto 465 de 23 de marzo de 2020 proferido por el Presidente de la República, "por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19". Se declara ajustados a derecho los artículos 1, 2, 5 (parágrafo transitorio 2), 7, 8 y 9. Se condiciona la legalidad del artículo 3 del Decreto 465 de 23 de marzo de 2020, en el entendido que: i) Los términos previstos en el Decreto 1076 de 2015 para el trámite de concesión de aguas, se entienden reducidos en una tercera parte, únicamente en la etapa del procedimiento administrativo cuyo trámite compete a las autoridades ambientales, es decir, la etapa final atinente a la expedición del acto administrativo que decide (a) la oposición u oposiciones si las hubiere y (b) si es procedente o no, otorgar la concesión solicitada, la cual ya no será de 15 días sino de 5 días, mientras se mantenga la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud; y ii) Que además de la fijación o publicación, a cargo de la autoridad ambiental, de un aviso durante 10 días en un lugar público de sus oficinas, así como en la alcaldía o en la inspección de policía de la localidad, también se ordene, obligatoriamente, la transmisión radial - a costa del peticionario - de un comunicado informando de la iniciación de un procedimiento administrativo de concesión de aguas

No repone Auto que avocó conocimiento del medio de control inmediato de legalidad frente a la Resolución No. 3019 del 19 de marzo de 2020 del ICBF, "Por la cual se modifican la Resolución No. 6100 de 2019 "Por la cual se adopta el Manual Operativo del Programa Generaciones 2.0" y la Resolución No. 9530 de 2019 "Por la cual se adopta el Manual Operativo para el Fortalecimiento de Capacidades de los Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad y sus Familias", en el marco de la emergencia por COVID-19". Aun cuando la Procuraduría presentó un recurso para que el Consejo de Estado rechazara el control automático de legalidad sobre unas modificaciones adoptadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su manual de operaciones, la alta corte decidió ratificar su decisión de avocar conocimiento sobre ellas

Se declara que la Resolución 5952 de 26 de marzo de 2020 expedida por la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones "por la cual se suspenden, hasta el 31 de mayo de 2020, el cumplimiento de los indicadores de calidad para el servicio de televisión y los efectos de las disposiciones en materia de medición, cálculo y reporte de los indicadores de calidad de datos móviles para tecnología de acceso 3G y de los indicadores de calidad de la transmisión de televisión por cable HFC analógico, televisión por cable HFC digital, televisión satelital y televisión con tecnología IPTV, y se dictan otras disposiciones", objeto de control inmediato de legalidad, se encuentra ajustada a las disposiciones constitucionales, convencionales y legales

Se declara que la Circular Externa núm. 11 del 19 de marzo de 2020 expedida por el Superintendente de la Economía Solidaria, por la cual imparten "instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional declarada por el gobierno nacional mediante el Decreto Núm. 417 del 17 de marzo de 2020", objeto de control inmediato de legalidad, se encuentra plenamente ajustada a las disposiciones constitucionales, convencionales y legales

Se declara la nulidad del artículo primero de la Resolución 40101 de 19 de marzo de 2020, proferida por el Ministerio de Minas y Energía con excepción de su parágrafo el cual se ajusta al ordenamiento jurídico. Se declara que los artículos 2 y 3 de la Resolución 40101 de 19 de marzo de 2020, proferida por el Ministerio de Minas y Energía se ajustan al ordenamiento jurídico. Se declaró la ilegalidad de la resolución por medio de la cual el Ministerio de Defensa decretó la suspensión de términos en los procesos disciplinarios que estaba adelantando, tras la emergencia decretada por el coronavirus. El Consejo de Estado declaró nula esta resolución, en la medida en que el secretario general del Ministerio de Defensa decidió suspender términos en las actuaciones disciplinarias antes de que el Gobierno hubiera dictado la disposición extraordinaria que permitió a las entidades suspender términos de procesos administrativos. Además, la alta corte señaló que la suspensión de términos en el trámite administrativo es un asunto que está reservado al legislador. De ahí que se haya concluido que el secretario general del Ministerio hizo uso de una competencia que no le había sido atribuida

El Consejo de Estado determinó que el plan de atención en salud adoptado por el Ministerio del ramo a propósito del coronavirus seguirá vigente, sin la necesidad de aplicar control automático de legalidad. El 12 de marzo pasado el Ministerio de Salud adoptó un plan para la prestación de servicios de salud durante la ejecución de las etapas de contención y mitigación de los efectos del coronavirus. La alta corte encontró que este plan del Ministerio de Salud, dirigido a las secretarías de salud locales y a todos aquellos actores encargados de la prestación de estos servicios, no estaba fundada en ninguno de los decretos legislativos que desarrollan el estado de excepción. Según el Consejo de Estado, esta resolución se basa en la declaratoria de emergencia sanitaria que dictó el Ministerio de Salud el 12 de marzo, y de ahí que no proceda efectuar el control automático de legalidad

El Consejo de Estado admitió para su conocimiento el control automático de legalidad de las medidas implementadas por el Ministerio de Salud para prevenir, diagnosticar y ofrecer tratamiento a la COVID-19. La resolución, que le permite a la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes establecer procedimientos de fiscalización, importe y transformación de medicamentos, fue enviada a la alta corte, en el marco del control de legalidad automático que le asiste adelantar alrededor de actos generales de las entidades nacionales, en desarrollo de los estados de excepción. El Consejo de Estado encontró que el acto administrativo cumplía con todos los requisitos para adelantar el control automático, entre ellos, que se deriva del decreto legislativo por medio del cual el Gobierno Nacional estableció la necesidad de que las entidades del Estado impartieran las directrices necesarias para enfrentar el coronavirus, decisión que, a su vez, se dictó en desarrollo de la emergencia social, económica y ecológica decretada por el Ejecutivo

Por ajustarse a los presupuestos de procedibilidad y de competencia, previstos en los artículos 20 de la Ley 137 de 2 de junio de 1994, 111 numeral 8 y 136 del CPACA, se avoca el conocimiento del control inmediato de legalidad, de la Resolución núm. 048 de 7 de abril de 2020, "Por la cual se establece una Opción Tarifaria Transitoria para el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería", expedida por la Nación - Ministerio de Minas y Energía - Comisión de Regulación de Energía y Gas

El Consejo de Estado avocó conocimiento de la resolución por medio de la cual el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) adoptó medidas especiales para asumir el rol que le asiste durante la pandemia del coronavirus. Según la alta corte, se trata de una medida reglamentaria, de carácter general que desarrolla uno de los decretos legislativos dictados en el marco de la emergencia social, económica y ecológica que acogió el Gobierno Nacional como medida para facilitar la ejecución de determinaciones tendientes a conjurar la crisis provocada por la COVID-19. Esto implica que están dados los presupuestos que habilitan al Consejo de Estado a aplicar el control automático de legalidad que es propio del acogimiento de estos estados de excepción

Repatriación de colombianos. El Consejo de Estado encontró que el protocolo adoptado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia mediante Resolución No. 1032 de 8 abril 2020 "Por la cual se establece el Protocolo para el regreso al país, de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes, que se encuentren en condición vulnerable en el extranjero y se dictan otras disposiciones." reúne los requisitos que habilitan el control automático de legalidad. Según esta Corporación, esta medida está fundada en el decreto legislativo que le traslada a Migración Colombia el deber de adoptar mecanismo para procurar el retorno de colombianos en el exterior durante la pandemia, una decisión que se dictó en desarrollo del estado de excepción dictado por el Gobierno para aliviar la crisis generada por la COVID-19

El Consejo de Estado es competente para revisar, enjuiciar o controlar la legalidad de la Resolución 000078 de 7 de abril de 2020 "Por medio de la cual se fija el listado de productos de primera necesidad, mientras perduren las causas que motivaron la declaratoria de la Emergencia Económica, y Ecológica" expedida por los Ministros de Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural, teniendo en cuenta el carácter nacional de los Ministerios y contener disposiciones reglamentarias y-o medidas de carácter general que fueron dictadas en desarrollo de lo dispuesto por los Decretos Legislativos: (i) 417 de 17 de marzo de 2020, y (ii) 507 de 1 de abril de 2020 "por el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso a los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020"

La potestad de expedir actos administrativos generales, se relaciona con la expresión inherente de la administración de proferir actos unilaterales encaminados a producir efectos jurídicos, y se forma por la concurrencia de elementos de tipo subjetivo (órgano competente), objetivo (presupuestos de hecho a partir de un contenido en el que se identifique objeto, causa, motivo y finalidad, y elementos esenciales referidos a la efectiva expresión de una voluntad unilateral emitida en ejercicio de la función administrativa) y formal (procedimiento de expedición). Finalmente, la administración, en virtud del artículo 41 de la Ley 489 de 1998, también ejerce la potestad instructiva, actos de carácter informal (directivas, circulares, instructivos, etc.) que ayudan a desarrollar de manera alternativa la función administrativa y cuyos efectos se proyectan únicamente en el ámbito interno de la administración con el objetivo de orientar, instruir o informar a los ciudadanos sobre el principio de legalidad; no obstante, dichos actos pueden impactar de igual forma en el bloque de legalidad, por lo que en estos eventos resulta procedente el control inmediato

La Directiva DIR2020-1 del 13 de marzo de 2020, proferida por el secretario general de Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, que tiene por asunto "Medidas de prevención, preparación y respuesta por emergencia sanitaria CORONAVIRUS (COVID-19)", fue enviada a la alta corte para que se adelantara el respectivo control automático. A pesar de que la Directiva en cuestión está relacionada con la adopción de medidas respecto de la enfermedad Covid-19, no se enmarca dentro de las decisiones de carácter general en ejercicio de la función administrativa que son dictadas en el marco del estado de excepción, pues el acto administrativo fue expedido de manera previa a la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica dictada por el Gobierno el 17 de marzo, no procede juzgarla mediante este mecanismo de control de legalidad de las decisiones dictadas por el Ejecutivo en los estados de excepción

Colpensiones remitió copia de la Resolución 005 del 19 de marzo de 2020 "por el cual se suspenden términos procesales en las actuaciones administrativas y disciplinarias en la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)", emitida por su Director, para que esta Corporación ejerza el control inmediato de legalidad establecido en el artículo 136 del CPCA, disponiéndose sin embargo por parte de la Sala no avocar conocimiento del medio de control tras considerar que la expedición de la decisión administrativa obedeció a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y no fue desarrollo de los decretos legislativos proferidos durante el Estado de Emergencia, Social y Ecológica. Se concluyó que la decisión administrativa sometida a control inmediato de legalidad, no cumplía con el presupuesto normativo de ser una medida dictada como desarrollo de los decretos legislativos de Emergencia Económica, Social y Ecológica, al haberse sustentado en la declaratoria de emergencia sanitaria dispuesta en la Resolución No. 385 de 2020, por lo que no obedeció al desarrollo de un decreto legislativo conforme lo establece el artículo 136 del CPACA, razón suficiente para que no proceda el referido control

El Ministerio del Interior expidió la Circular Externa CIR2020-21DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, cuyo objeto principal fue establecer recomendaciones para las autoridades territoriales encargadas de la construcción de los planes de desarrollo territorial. En concreto, se trata de recomendaciones para que los gobernadores y alcaldes establezcan alternativas de participación y socialización, mediante herramientas tecnológicas, de los proyectos de plan de desarrollo. En este caso, la Sala Unitaria constata que la Circular Externa CIR2020-21DMI-1000 no reglamentó ni desarrolló el Decreto Legislativo 417 de 2020 (que declaró el Estado de emergencia económica social y ecológica) ni ningún otro decreto legislativo proferido por el presidente de la República en el marco de esa declaratoria, lo que impide que ese acto sea objeto de control inmediato de legalidad por parte de esta jurisdicción. Concluyó que los fundamentos de la Circular Externa CIR2020-21DMI-1000 son normas proferidas antes de que el presidente de la República expidiera el Decreto Legislativo 417 de 2020

El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación remitió Circular No. 15 del 18 de marzo de 2020 que contiene el "Protocolo de ingreso de visitantes y colaboradores al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la recepción del segundo piso, con el fin de disminuir la propagación del COVID-19" para que esta Corporación ejerza el control inmediato de legalidad. El despacho advierte que la Circular 15 del 18 de marzo por medio de la cual el Secretario General del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estableció el protocolo de ingreso de visitantes en la recepción de sus instalaciones, no tiene la capacidad de reglamentar o desarrollar Constitución, la ley ni los decretos expedidos por el Gobierno, por medio de los cuales se decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Las disposiciones contenidas en la circular contienen medidas exclusivamente destinadas al equipo de atención al ciudadano de la entidad, de tal manera que, si bien constituye una expresión del ejercicio de la función administrativa y contiene medidas que gozan de esta naturaleza, no alcanza la categoría de acto administrativo, en tanto, no modifican las situaciones jurídicas de los empleados a quienes se encuentran dirigidas ni de los visitantes de la entidad, cuya salud igualmente se pretende proteger

La Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación remitió copia de la Comunicación Interna No. 14 del 17 de marzo de 2020, por la cual se adoptaron parámetros para la radicación de autorización de pago y de solicitudes de comisión de servicios y gastos de desplazamiento de la entidad, para que esta Corporación ejerza el control inmediato de legalidad establecido en el artículo 136 del CPCA, concluyéndose por parte de la Sala que estaban dados los presupuestos para avocar el conocimiento del referido medio de control. Acorde con el objeto de esta jurisdicción, debe entenderse que, para efectos del control inmediato de legalidad, las medidas de carácter general expedidas en ejercicio de la función administrativa, como desarrollo de los estados de excepción, señaladas en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, también incluyen a los actos internos de la administración, como circulares, memorandos, directivas y otros documentos similares, que reflejan jerarquía al interior de los órganos estatales. Por esto, la procedibilidad de su revisión judicial no dependerá del tradicional criterio material, en el que estos han de ser actos administrativos para que puedan ser controlados, sino que su examen atenderá a un criterio formal, en el que por ser actos sujetos al derecho administrativo (CPACA, art. 104), pueden ser inspeccionados judicialmente

No se adelantará control de legalidad a Resolución del Ministerio del Deporte 1 del 12 de marzo de 2020 por medio de la cual el Ministerio del Deporte decretó la suspensión de eventos deportivos en todo el territorio nacional, como medida para prevenir la propagación del coronavirus, no será objeto de control inmediato de legalidad. La alta corte sostuvo que esta directriz fue emitida antes de que el Gobierno declarara la emergencia social, económica y ecológica que tuvo como propósito impartir medidas oportunas para enfrentar los efectos de la presencia de la pandemia en Colombia. Ello implica que la determinación no está fundada en este estado de excepción o en alguno de los decretos legislativos derivados de él

La Sala declaró legal la resolución por medio de la cual fueron suspendidos los términos en los procesos disciplinarios a cargo de Corpoboyacá, así como los trámites de cobro persuasivo y coactivo o de depósitos judiciales que adelanta la entidad. A su juicio, suspender los términos de los señalados procesos está de acuerdo a la situación calamitosa que está enfrentando el país a raíz de esta crisis y, a pesar de mencionar medidas administrativas y legislativas distintas al decreto que declaró la emergencia social, económica y ecológica, realmente está amparada en este, logrando prevenir consecuencias jurídicas y de salud negativas para las partes y para los mismos funcionarios. La medida evita que tanto los funcionarios sustanciadores de las actuaciones administrativas suspendidas en sus términos, como los interesados, deban poner en riesgo su salud estando obligados a concurrir a los procesos, so pena de medidas disciplinarias en su contra, derivadas del vencimiento de términos, o perder los procesos

El Consejo de Estado determinó que no está sujeto a control automático de legalidad la suspensión del plazo de algunos contratos y convenios derivados del Fondo de Inversión para la Paz, que fue decretada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a propósito del coronavirus. La alta corte había decidido avocar conocimiento al tener en cuenta que uno de sus fundamentos explícitos había sido el decreto por medio del cual el Gobierno declaró el estado de emergencia. Sin embargo, la Procuraduría presentó un recurso de reposición, con la intención de que el Consejo de Estado decidiera no adelantar el control automático de legalidad respectivo, frente a esta determinación, por medio de la cual se suspendió transitoriamente la ejecución de contratos y convenios relacionados con programas de "Inclusión Productiva FEST, IRACA, Mi Negocio, Empleabilidad, Infraestructura Social y Hábitat, Jóvenes en Acción, Mejoramiento de Vivienda y ReSA". La alta corte encontró que esta determinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como fundamento la declaratoria de emergencia sanitaria dictada por el Ministerio de Salud y no la emergencia social, económica y ecológica, que es la que habilita al Consejo de Estado a enjuiciar de manera automática los actos de contenido general que emitan las entidades nacionales en cumplimiento del citado estado de excepción

Frente a la decisión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de tomar recursos destinados a inversión para trasladarlos a un proyecto para la implementación de transferencias en favor de la disminución de la pobreza, el Consejo de Estado sostuvo que la medida se basa en la norma que autoriza a devolver el IVA a los sectores más vulnerables, el traslado se motivó en el cumplimiento del artículo 21 de la Ley 2010 de 2019, que creó una compensación en favor de la población más vulnerable mediante la devolución de una cantidad de dinero correspondiente al pago del IVA. Esta norma la reglamentó el Decreto 419 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 189.11 CN, que estableció que la canalización de los dineros para el pago de la compensación se hará a través de los programas de atención a la población más vulnerable del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (artículo 1.3.1.19.4). De ahí que no proceda el control automático que corresponde ejercer frente a actos generales que se dicten con fundamento en los decretos legislativos que desarrollen el estado de excepción decretado a raíz de la COVID-19

No tendrá el control automático de legalidad el Consejo de Estado frente a la circular que expidió la Fiscalía General de la Nación adoptando medidas preventivas contra el coronavirus y contra la propagación de enfermedades respiratorias. La Fiscalía emitió un acto administrativo en el que se determinó, entre otras, la necesidad de continuar labores en casa por parte de sus servidores, tomar medidas de autocuidado de la salud y la adopción de protocolos sanitarios. Fue enviado para adelantar control de legalidad en forma automática. La alta corte decidió no avocar conocimiento de la resolución dado que este acto administrativo fue expedido 17 días antes de la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica decretada por el Gobierno, ello implica que la decisión del ente investigador no se da en cumplimiento de la declaratoria de estado de excepción ni de ninguno de los decretos legislativos derivados de ella. Esta circunstancia impide que se enjuicie la resolución por medio del control automático de legalidad, pero no implica que no pueda enjuiciarse, en caso de que algún ciudadano interponga una demanda contra ella

Consejo de Estado no avocará conocimiento de la suspensión de términos en procesos de insolvencia que conoce la Supersociedades. El Consejo de Estado determinó que la suspensión de términos en los procedimientos de insolvencia y mercantiles a cargo de la Superintendencia de Sociedades no tendrá control automático de legalidad. A juicio de esta autoridad judicial, la suspensión de términos adoptada por la Superintendencia se basó en el decreto del Gobierno del 23 de marzo, por medio del cual se impartieron instrucciones para cumplir la medida de aislamiento preventivo, y no en el acto por medio del cual se decretó la emergencia social, económica y ecológica. Eso significa que la decisión de la entidad vigilante de las sociedades comerciales en Colombia no está basada en ninguno de los decretos legislativos que desarrollan el estado de excepción decretado por el Gobierno, y de ahí que no sea procedente adelantar el control de legalidad automático

La Sala no adelantará control automático de legalidad sobre la resolución por medio de la cual la Fiscalía decretó la urgencia manifiesta para adelantar los procesos de contratación necesarios para conjurar la crisis generada por la COVID-19. Inicialmente se decidió avocar conocimiento del acto, por considerar que estaba fundado en los decretos legislativos por medio de los cuales se declaró la emergencia. La Procuraduría se opuso a esa determinación y presentó recurso de reposición. El Consejo de Estado revocó la decisión por medio de la cual decidió avocar conocimiento de la declaratoria de urgencia manifiesta por parte de la Fiscalía. Según la alta corte, esta resolución no desarrolla ningunos de los decretos legislativos dictados en el marco de la emergencia social, económica y ecológica. Al contrario, la urgencia manifiesta decretada para simplificar los procesos de contratación necesarios para enfrentar la amenaza del coronavirus en la Fiscalía obedece a la aplicación de las reglas que impone el Estatuto de Contratación a las entidades que están sometidas al arbitrio de dicho código. De ahí que no proceda el control automático de legalidad que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo frente a estados de excepción como el que estableció el Gobierno, tras la evidencia sobre la presencia del coronavirus en Colombia

Es improcedente el control de legalidad de Circular emitida por la Fiscalía General de la Nación, dado que constituye una medida preventiva del Covid- 19, proferida en ejercicio de la función administrativa y no en desarrollo de un decreto legislativo. Si bien la Circular constituye una "medida" preventiva de carácter general dictada en ejercicio de función administrativa, en el contexto de la situación sanitaria que para ese momento ya se presentaba a raíz del brote infeccioso por el Covid-19, en todo caso no fue proferida en desarrollo de ningún decreto legislativo. En la misma fecha en que se profirió la referida circular también fue expedido el Decreto 417 "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional", sin que aquella hubiera hecho mención alguna a este en su fundamento normativo que denominó "Marco legal - Documentos de referencia". Aunque por el curso de los acontecimientos, el contenido de la circular podría haber resultado afín con el del decreto, bajo ninguna circunstancia ello permite considerar satisfecho el requisito legal consistente en que la medida objeto del control inmediato de legalidad constituya un desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción. No significa lo anterior que la Circular no pueda ser objeto de ningún medio de control, sino únicamente que no lo es del establecido en el artículo 136 del CPACA

La resolución por medio de la cual el DANE suspendió la atención presencial al público, así como los términos de ciertos trámites, no será objeto de control automático de legalidad por parte del Consejo de Estado. La entidad estableció en la parte considerativa de este acto administrativo que la medida estaba basada, entre otros aspectos, en la declaratoria de estado de emergencia provocada por la pandemia generada por la COVID-19, la resolución fue enviada a la alta corte, para que esta determinara si había lugar adelantar un juicio sobre ella. La Sala decidió no avocar conocimiento de esta medida del DANE ya que esta autoridad no invocó como fundamento de esta determinación el decreto por medio del cual se declaró el estado de emergencia social, económica y ecológica producida por la presencia del coronavirus en Colombia. Según la alta corte la resolución no reúne las condiciones de los actos generales de las autoridades nacionales que deben ser objeto de control automático de legalidad por parte del Consejo de Estado, en el marco de las facultades que le son propias frente a las declaratorias de estado de emergencia. Esa decisión no impide que no se pueda ejercer el control judicial que en condiciones de normalidad ejerce este órgano judicial sobre los actos administrativos generales

El Consejo de Estado declaró ajustada a derecho la resolución por medio del cual se estableció la suspensión de términos entre el 24 de marzo y el 13 de abril en las actuaciones administrativas y contractuales de la Agencia Nacional Infraestructura (ANI), a raíz de la emergencia sanitaria y la consecuente emergencia social, económica y ecológica decretada por el gobierno. Se determinó que sí se trata de un acto de contenido general, propio de las medidas sujetas a su control durante los estados de excepción. Además, que el acto fue expedido en ejercicio de las funciones administrativas que le compete desempeñar a esta entidad adscrita al Ministerio de Transporte y tiene como fin desarrollar uno más de los decretos legislativos dictados en el marco de la emergencia. Según la Sala aquí no se modifican términos legales para atender derechos de petición o para liquidar contratos sino los referentes a gestiones internas del organismo, dice la providencia. Este examen de legalidad indica que la medida aquí analizada viabiliza la continuidad de trámites que puedan adelantarse virtualmente, satisfaciendo, entre otros, las necesidades de cada una de las partes en los contratos, concesiones, interventorías y obras públicas. Además, la suspensión de términos no incluye actividades necesarias para garantizar la prestación del servicio de transporte en condiciones de seguridad y tampoco las obligaciones relacionadas con la operación de carreteras, puertos aeropuertos y la red férrea