La política de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia inició tiempo después de que se tipificó como delito el cultivo de la hoja de coca, siendo en los años ochenta, con la Ley 30 de 1986, la primera manifestación importante para la erradicación de los cultivos. Dicha ley, además de adoptar el Estatuto Nacional de Estupefacientes, determinó que el Consejo Nacional de Estupefacientes, tenía como competencia decidir sobre la forma y procedimientos finales de erradicación. Desde que el glifosato comenzó a utilizarse existieron varias quejas por parte de los ciudadanos sobre los efectos adversos que el químico causaba no solo a sus plantaciones lícitas sino, en general, a los recursos naturales e incluso a la salud humana y por ello, fueron presentadas diversas demandas a efectos de que se les reparara los perjuicios causados, así como evitar la continuación de la aspersión. La jurisprudencia estableció que cuando de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario se demuestre que durante la aspersión se afectaron los cultivos lícitos que no tenían ninguna relación con los cultivos ilícitos y, que la afectación se debió a que la entidad demandada incumplió, por acción u omisión alguno de los deberes de cuidado y precaución que le eran exigibles al momento de realizar la aspersión área, ha condenado a la demandada a resarcir los daños causados, toda vez se demostró el incumplimiento de sus obligaciones

Es indispensable distinguir entre el daño causado al medio ambiente como derecho colectivo y aquel de carácter particular y concreto que puede sufrir una persona, natural o jurídica, como consecuencia de la lesión ambiental, pues, se recuerda, sólo este último es susceptible de ser indemnizado por la vía de la acción de reparación directa o de la acción de grupo

Se configura falla en el servicio por demora en la implementación de medidas preventivas en materia ambiental que hubieran evitado la inundación de predios - La tardanza en la implementación de las medidas necesarias para prevenir el daño que ocasionarían las obras irregularmente ejecutadas, le resultan atribuibles a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- a título de falla en el servicio, ya que a esta entidad le asistía el deber de garantizar que los trabajos allí adelantados cumplieran con los requisitos contenidos en las normas ambientales precisamente para evitar consecuencias negativas en el entorno a causa de las labores de relleno del predio. Así las cosas, la Sala revocará la sentencia apelada para declarar la responsabilidad solidaria de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-

Declarada patrimonialmente responsable a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil de los daños ocasionados al demandante con motivo de la puesta en funcionamiento de la segunda pista del aeropuerto El Dorado \Los daños al medio ambiente y su afectación a los derechos individuales \Afectación a los derechos colectivos y subjetivos en el marco de autorizaciones administrativas \La contaminación sónica del medio ambiente y su afectación a los derechos individuales \Valoración probatoria tratándose de daños medioambientales \ Es dable considerar antijurídicas las inmisiones no soportables ni tolerables, esto es aquellas que interfieren en el ejercicio placentero y tranquilo de las actividades habituales, incluso bajo el cumplimiento de las respectivas autorizaciones ambientales \Daños causados por contaminación auditiva \Daño antijurídico - Depreciación de bien inmueble, imposibilidad de arrendamiento, afectación a la salud física y emocional de propietario