¿Es posible imputar responsabilidad al Estado si no se logra acreditar la existencia de amenazas en contra de la víctima reclamante? Si, la jurisprudencia señala que no es necesario que la victima de acciones delictivas, como el secuestro, denuncie amenazas para que el Estado pueda ser declarado responsable ya que tiene una posición de garante. \Reparación integral de las víctimas - Medidas de reparación no pecuniarias \Exhorta a las Farc ofrecer disculpas públicas y explicar a toda la comunidad nacional los hechos constitutivos del secuestro y sometimiento a tratos crueles e inhumanos al actor

Se unifica la jurisprudencia en el sentido de que, en los procesos de reparación directa donde se acredite la afectación de la unidad familiar se reconocerá el lucro cesante a los allegados del fallecido - En los procesos de reparación directa, cuando quiera que esté acreditada la afectación de la unidad en la que se funda la satisfacción de las necesidades básicas del núcleo familiar, al cónyuge o compañero(a) supérstite y a los hijos menores o discapacitados que conforman el grupo del fallecido se les reconocerá el lucro cesante teniendo en cuenta la unidad familiar afectada. A estos efectos se aplicará el acrecimiento, de conformidad con los criterios y la metodología expuestos para la liquidación del lucro cesante. Con el marco de referencia señalado para el acrecimiento, se procederá a la liquidación del lucro cesante en el caso concreto

El principio de reparación integral debe ser interpretado y aplicado de conformidad al tipo de daño producido - El principio de reparación integral, entendido éste como aquel precepto que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad al tipo de daño producido, es decir, bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, según el reconocimiento positivo del orden nacional e internacional, o que se refiera a la lesión de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de derechos humanos

¿Le es imputable jurídicamente al Ejercito Nacional la responsabilidad por los hechos que incurrieron los suboficiales al cometer violencia sexual contra una mujer víctima del conflicto armado? De acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, para que surja la responsabilidad de la entidad a la que pertenece el agente, se deberá observar, en cada caso concreto, si el funcionario actuó prevalido de la función pública, lo cual se determina, a su vez, evaluando si el daño ocurrió en horas en que se prestaba o debía prestarse el servicio, si devino con ocasión del mismo, y\o si acaeció en el lugar donde este se prestaba. En el presente caso, el daño se produjo con ocasión del servicio, pues se observa una manifestación o, más exactamente, una deformación del poder público en la conducta de los suboficiales y actuaron prevalidos de una condición de autoridad

¿Pueden reconocerse en la dimensión de los perjuicios inmateriales y como componente de reparación integral una indemnización por vulneración de los bienes constitucionales y convencionales de derechos a protección de género y derechos de los niños en una sentencia que declara responsabilidad extracontractual del Estado? Sí, ha dicho el Consejo de Estado que es necesario reconocer el impacto que la violencia ha causado en la vida de las mujeres dejándolas solas con la ausencia de sus familiares, cargando en ellas la desaparición, la muerte de sus compañeros, esposos. Lo cual ha conllevando a la desarticulación y desarraigo de los hogares por ellas constituidos, obligándolas ha (sic) asumir la posición de madres cabezas de familia proveedoras del hogar sumando a ello la obligación de exigir una reivindicación de sus derechos vulnerados, de reparación, Justicia y verdad ante los actos de violencia de los cuales fueron victimas (sic) directas o indirectas. Es necesario para la sala, reivindicar el poder de la mujer en la historia del país y reconocer que lejos de ser una victima (sic) "victimizada", la mujer, muy a pesar de las condiciones que le impone la sociedad y el conflicto armado, ha sido ejemplo de valentía y ha resistido con valor las diferentes condiciones a las que el conflicto la ha expuesto y como en muchos casos a través de su cotidianidad ha ayudado a garantizar las mínimas condiciones de vida digna de quienes le rodean sin importar el conflicto. El papel de la mujer no puede permanecer invisible para el Estado cuando ejerce labores humanitarias en la guerra por considerarse "socialmente" tales labores como propias de la mujer en desarrollo de las funciones de ama de casa. Pues está claro que las mismas constituyen una labor del más alto grado de reconocimiento no solo laboral, sino social. Asimismo se decidió reconocer en la dimensión de los perjuicios inmateriales, y como componente de la reparación integral, la condena a favor de las demandantes de la indemnización por vulneración de los bienes constitucionales y convencionales (Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado) a la vida, a la construcción de una familia y a la dignidad de las mujeres por valor correspondiente a VIENTE (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes

¿Se viola el principio de no reformatio in pejus cuando el juez ordena medidas no pecuniarias de reparación en caso de violaciones graves a los derechos humanos producidos por falta de diligencia en la prestación del servicio de salud que afecten directamente los derechos sexuales y reproductivos de la mujer por la ausencia de medidas diferenciales de protección? - No, en el caso de la prestación del servicio de salud, la ausencia de medidas afirmativas y-o diferenciales de prevención y de protección que tengan en cuenta la especificidades de las niñas, adolescentes y-o mujeres, así como las consecuencias que para las mismas revisten los procedimientos en los que pueden verse sensible e irreparablemente comprometidos los órganos que comprometen su identidad y sus derechos reproductivos, puede constituir una violación de los derechos constitucionales fundamentales de la víctima, a ordenar medidas no pecuniarias de reparación integral de los derechos conculcados y ello incluso si no fueron solicitadas en el petitum de la demanda. Así mismo se afirma que en los eventos de graves violaciones a derechos humanos o a derechos fundamentales, se considera que la imposición de medidas no pecuniarias de reparación integral no afecta el principio de la no reformatio in pejus. Puesto que cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión objetiva de un derecho, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea reestablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso sólo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de reparación integral

Acción de reparación directa. Familiares demandan a la Nación-Ministerio de Defensa, por la muerte de unos civiles en hechos atribuidos a efectivos del Ejército Nacional. Ejecuciones extrajudiciales. Noción. Concepto. Ocultamiento de evidencia. Deberes del Estado. Deber de investigar. Obligación estatal de esclarecimiento de la verdad. Violación de derechos humanos. Respecto de la prueba indiciaria en casos de desaparición forzada. Prueba indirecta. Reglas de la experiencia. Experiencia personal de juez. Apreciación en conjunto. Legitimación en la causa por activa. Concepto. Familiares. Terceros damnificados. Prueba. Familiaridad. Convivencia. Prueba. Reparación integral. Satisfacción y no repetición. Medidas simbólicas. Medidas conmemorativas. Garantía de no repetición. Rehabilitación. Readaptación de las víctimas

Se condena al Instituto de Seguros Sociales por la deficiente prestación del servicio médico al informar a una paciente que era portadora de VIH, basado en un examen erróneo y sin confirmar, omitiendo el protocolo establecido y la atención integral que se debe dar a los pacientes diagnosticados con VIH o con sospecha. Responsabilidad del Estado, al encontrarse acreditado que la información, suministrada a la demandante fue prematura, precipitada, sin confirmación y violatoria de los protocolos establecidos, acerca de un diagnóstico de infección con el virus del SIDA, que a la postre no resultó correcto y el comportamiento negligente de la entidad en el manejo de la paciente sospechosa de ser portadora del VIH. Responsabilidad extracontractual del Estado. Error en el diagnóstico. Falla del servicio. Decreto 559 de 1991. Prevención, control y vigilancia del VIH y SIDA. Liquidación de perjuicios. Perjuicios materiales. Lucro cesante. Nexo causal entre el daño y la actuación de la administración. Principio de reparación integral del daño

Responsabilidad patrimonial del Estado. Entidad educativa contrató los servicios de transporte para los alumnos de la escuela, para el día del paseo, con conocimiento de que el vehículo en el cual se haría el transporte de personas era obsoleto y tenía graves problemas mecánicos, causando en un accidente la muerte de algunos alumnos. Establecimiento educativo.- Responsabilidad frente a los alumnos. Deber de custodia de los alumnos. Responsabilidad del estado. Calidad de los educandos. Obligación de cuidado. Causa del daño. Directa e inmediata. Causa preponderante. Teoría de la equivalencia de las condiciones Responsabilidad del estado. Cláusula general. Régimen subjetivo y objetivo de responsabilidad. Conducta contraria a derecho. Daños derivados de actividades lícitas. Conducción de automotores. Actividad peligrosa. Riesgo creado. Responsabilidad de quien tiene la guarda de la actividad peligrosa. Caso fortuito en riesgo excepcional. Finalidad de la notificación personal del auto de admisión de la demanda. Tasación de perjuicios morales por lesiones corporales. Lucro cesante y principio de reparación integral

Tienen las autoridades el deber de evitar que las personas detenidas o presas sufran algún daño. Toda violación a un derecho humano genera la obligación ineludible de reparar integralmente los daños derivados de dicho quebrantamiento. No todo daño antijurídico reparable (resarcible), tiene fundamento en una violación o desconocimiento a un derecho humano y, por lo tanto, si bien el perjuicio padecido deber ser reparado íntegramente, dicha situación no supone la adopción de medidas de justicia restaurativa. Proceso de reparación directa - Daño moral. Derechos fundamentales de los reclusos. Proceso penal - Protección al detenido. Principio de reparación integral del daño. Sistema interamericano de derechos humanos. Principio de la no reformatio in pejus

El régimen de responsabilidad del Estado al que obedece tal acción, tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución de 1991, que le impone a aquél el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es decir, el elemento fundamental de la responsabilidad es la existencia de un daño que la persona no está en el deber jurídico de soportar. Responsabilidad extracontractual del Estado. Proceso de reparación directa - Falla del servicio probada. Hecho de la víctima. Principio de reparación integral del daño. Daño emergente

¿Qué suscede cuando existe un fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, adicionalmente, las partes se encuentran adelantando procesos judiciales - con la posibilidad de celebrar conciliaciones judiciales-, o conciliaciones prejudiciales en el derecho interno? ¿Procede la conciliación respecto de la violación de derechos humanos? Corte Interamericana de Derechos Humanos - Condena internacional por violación a derechos humanos. Derechos humanos - Violación. Indemnización de perjuicios.

El Estado debe asumir los riesgos que se crean para quienes prestan el servicio militar obligatorio, como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que se les asignan, como cuando el daño es causado con un arma de dotación oficial o, cuando se deriva del ejercicio de una actividad peligrosa, como la conducción de vehículos oficiales, teniendo en cuenta que la sola manipulación de armas de fuego o la conducción de automotores, entraña un peligro al cual se expone la víctima por imposición del Estado. Acción de reparación directa - Término de caducidad. Hechos mediatos e inmediatos. Servicio militar obligatorio. Proceso de reparación directa - Hecho de la víctima. Presunción de perjuicio moral. Tasación de condena de perjuicios morales

Cuando el traslado de pruebas, incluidos los testimonios, practicadas en otro proceso es solicitado o cuenta con la anuencia de ambas partes, tales pruebas pueden ser valoradas en el proceso contencioso administrativo, aunque hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original. Mientras esté establecido el carácter cierto del daño -pérdida o disminución de capacidad laboral- aunque en ese preciso momento la víctima no desarrolle una actividad económicamente productiva, tiene derecho a que se le indemnice, a título de lucro cesante, la pérdida o aminoración de la posibilidad que tenía de ganarse la vida en una actividad lucrativa empleando el 100% de su capacidad laboral. Proceso de reparación directa - Traslado de pruebas. Pérdida de capacidad laboral. Sucesión procesal. Principio de reparación integral del daño

¿La privación injusta de la libertad por investigación de hechos atípicos, es causa de indemnización de perjuicios a cargo del Estado? Privación injusta de la libertad. Indemnización de perjuicios. Acción de reparación directa. Daño en la vida de relación. Principio de reparación integral del daño. Falla del servicio judicial. Nación - Representación judicial