La postura consolidada de la Sección Tercera ha sido explícita en afirmar que la carga de la prueba, en punto de la justificación de la mora jurisdiccional, está en cabeza de la accionada cuando se trata de acreditar los volúmenes de procesos y los tiempos de tramitación promedio de los mismos en el distrito judicial donde se ubican las unidades judiciales objeto de reproche. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es una modalidad de responsabilidad aplicable de forma subsidiaria, en tanto que solo opera en supuestos fácticos distintos al error jurisdiccional o a la privación injusta de la libertad. La jurisprudencia de la Corporación ha señalado que para definir si hay lugar a la responsabilidad por fallas en la administración de justicia, derivadas del retardo en adoptar decisiones, es preciso constar los siguientes aspectos, a fin de determinar si se encuentra o no justificada la demora y, por consiguiente, si la falla es relativa: i) la complejidad del asunto, ii) el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento, iii) los estándares de funcionamiento referidos al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora y iv) el comportamiento procesal de la parte que alega la mora jurisdiccional

En términos generales, la demora de los procedimientos no es una comprobación necesaria y suficiente para que el Estado responda por los daños que esa situación pueda llegar a causar. Al respecto, aunque el denominador común en los eventos de mora judicial está dado por la necesidad de que los juicios se tramiten y decidan dentro de plazos razonables, en desarrollo de esa exigencia se ha considerado que, únicamente la dilación injustificada puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas de los derechos de las partes e intervinientes. En garantía de los destinatarios del servicio de administración de justicia, pero también reconociendo que sería desproporcionado declarar la responsabilidad de la Nación cada vez que un proceso se extiende más allá del término que, para su duración, previene la ley, la jurisprudencia de esta Corporación (como la de otras Cortes nacionales e internacionales), desarrolló la noción de plazo razonable, de la que se extrae la sub-regla según la cual, sólo en los casos en los que el retardo no se encuentre justificado, será posible, en principio, reclamar la indemnización de perjuicios por mora judicial

Configuración de la mora judicial. Para determinar la responsabilidad del Estado derivada de la mora judicial, debe dilucidarse si ese retardo estuvo justificado o no, conclusión a la cual se llega luego de analizar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como se llevó el caso, el volumen de trabajo del despacho que tramitó el asunto y los estándares de funcionamiento de la Rama Judicial, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de procesos como aquel que sirve de fundamento a las pretensiones, punto que debe analizarse desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, y no desde un estado ideal. La parte demandante invocó como daño derivado del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia el pago de los intereses causados durante todo el proceso ejecutivo, porque, según él, la mora en su trámite llevó a que estos se aumentaran. Dicho daño se encuentra probado con la sentencia del Juzgado 3 Civil del Circuito de Valledupar, en la que el crédito fue liquidado, para lo cual, se incluyeron tanto los intereses del período anterior a la interposición de la demanda ejecutiva como los causados con posterioridad a esta hasta la fecha en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado en contra de lo decidido por el Juzgado 6º Civil Municipal de Valledupar. La Sala encuentra que dicho daño no tiene la connotación de antijurídico y que, por ende, no es indemnizable, pues la terminación del proceso ejecutivo dependía de que se pagara la obligación y, como esto no sucedió, la consecuencia lógica era que debía continuarse con el trámite del proceso ejecutivo

Responsabilidad del estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El daño puede ser entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica que, bajo ciertas condiciones, activa al ordenamiento jurídico en función de su reparación o compensación. En orden a la reparación del daño, no basta con la acreditación de la lesión material de un interés en el plano fáctico. Tampoco es suficiente con la demostración de la lesión de un interés jurídicamente protegido. Se hace necesario demostrar que el daño ha producido efectos personales y ciertos en los intereses jurídicamente tutelados de la víctima, y que no existe un título legal que, conforme al ordenamiento constitucional y legal, legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado, esto es, que la víctima no esté obligada a soportar sus consecuencias. En tal caso, y siempre que el daño no haya tenido causa, o autoría en la víctima, procede el adelantamiento del juicio de atribuibilidad del daño. El retardo injustificado de una decisión es, sin duda, potencialmente trasgresor del debido proceso y de las garantías legales y constitucionales del usuario en sedes administrativa y judicial. Para que ese retardo configure una verdadera mora y se erija en causa de imputación del daño a las entidades demandadas, debe superar el plazo razonable sin una razón válida. El juicio del juez contencioso administrativo sobre la razonabilidad de los tiempos empleados en la actuación judicial debe superar el simple cotejo de los términos en los cuales el proceso debía resolverse para confrontarlo con el tiempo real en que se surtió. En ese orden, debe detenerse en la particularidad del trámite, verificar si hubo o no justificación en la tardanza y si es desproporcionada frente a la gestión y, analizar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, el volumen de trabajo y los estándares de funcionamiento

La mora judicial es una carga que soportan todos los ciudadanos porque el servicio de justicia no tiene la capacidad necesaria para atender todos los procesos dentro de los términos legales y porque las autoridades judiciales están obligadas a otorgar prelación a determinados asuntos (en penal especialmente a aquellos en los cuales hay un detenido). Es evidente que ella genera daños a todos los ciudadanos no obstante lo cual solo pueden ser indemnizados aquellos que sean particulares y revistan especial gravedad. De conformidad con el artículo 90 Superior, sólo pueden calificarse como antijurídicos aquellos daños que sean particulares y especialmente graves, lo que implica que el Estado no debe responder por aquellos daños que no reúnan tales características, tal como lo ha sostenido la C. Constitucional. Para determinar si un daño es o no antijurídico, deben revisarse en cada caso sus circunstancias, en especial, si existen causales de justificación para la Administración que admitan que la persona, en virtud de normas legales u otros factores, tiene el deber de soportar el daño que se le infringió, según corresponda

¿Cómo se determina que ha transcurrido un plazo razonable que no configura la vulneración del derecho al debido proceso en una decisión judicial? La mora judicial no genera de manera automática la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Deben tomarse en consideración las circunstancias particulares del despacho que adelanta la actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia (parte del juicio del responsabilidad desde la perspectiva del sistema), (ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal. La determinación de la razonabilidad del plazo, entonces, debe llevarse a acabo a través de la realización de un juicio complejo, que además tome en consideración la importancia del derecho a la igualdad -en tanto respeto de los turnos para decisión- de las demás personas cuyos procesos cursan ante el mismo despacho