Se negó la pérdida de la investidura de concejal porque no se probó que haya sido condenado mediante sentencia judicial a pena privativa de la libertad, por juez nacional o extranjero. En los procesos de desinvestidura, corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; en este caso los dos elementos para la configuración de la inhabilidad imponen a la parte demandante probar: i) que fue condenado a través de sentencia judicial, proferida por autoridad nacional o extranjera, a pena privativa de la libertad; ii) que la condena a pena privativa de la libertad no se profirió por delitos políticos o culposos; iii) que la sentencia que fundamenta la configuración de la causal se encuentra ejecutoriada; y, iv) en caso de sentencia proferida por autoridad extranjera, se debe probar que esta surte efectos en Colombia en virtud de tratado internacional o por exequátur. La Sala observa que al proceso no fue aportado el original o la copia de la sentencia que, según señala el demandante, fue proferida por la autoridad judicial de los Estados Unidos de América en el año 1991 contra el demandado, señor ABC, por el delito de narcotráfico; mucho menos, se acreditó que la sentencia estuviere ejecutoriada o que se hubiere adelantado el trámite de exequátur para que la eventual sentencia surta efectos en el territorio Colombiano. En este orden de ideas, la Sala considera que no se encuentra probado, más allá de toda duda razonable, que el demandado haya sido condenado, mediante sentencia judicial proferida por autoridad extranjera, a pena privativa de la libertad

No incurre en causal de pérdida de investidura concejal que participa en elección de contralor inhabilitado. Aunque el proceso de pérdida de investidura tiene un carácter disciplinario de especiales características, se trata de una sanción jurisdiccional y un mecanismo de control político de los ciudadanos, lo que implica que en cumplimiento de las reglas del debido proceso, las causales sean taxativas y por ende, el hecho de que la Ley 617 de 2000, en el artículo 48 numeral 6, disponga que los concejales también perderán su investidura, además de las causales allí previstas, por otras establecidas de manera expresa en la ley, no equivale a que puedan hacerse interpretaciones extensivas o por fuera de lo reglado en el ordenamiento jurídico. En cuanto a la causal señalada en el numeral 1° del artículo 48 de la misma ley, que tiene que ver con la violación del régimen de incompatibilidades, el cual estimó la actora se configuró en este caso por los concejales incurrir en las prohibiciones descritas en los artículos 35 numeral 18 y 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002 al elegir como Contralor Distrital de Santa Marta al señor Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospino. Si bien entonces, la participación en la elección de un contralor que fue retirado del cargo por encontrarse en causal de inhabilidad puede dar lugar a adelantar un proceso disciplinario de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002, ello no configura per se causal de pérdida de investidura, pues no hay disposición legal que le atribuya tal alcance

Cuando un concejal desempeña simultáneamente ese cargo público con el de docente en una institución educativa de medio tiempo o tiempo completo, bien sea del mismo ente territorial u otro distinto, lo hace incurso en la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de incompatibilidades, sin que, por lo demás, la desvirtúe la circunstancia de no devengar honorarios. La excepción se predica de la hora cátedra, la vinculación laboral de medio tiempo o de tiempo completo comporta el ejercicio de un cargo o empleo en una institución educativa. Asimismo, que lo que buscaron el constituyente y el legislador al establecer la causal en comento fue garantizar la exclusividad de la labor de concejal, al igual que su independencia e imparcialidad que obviamente resultan afectadas con una dedicación de medio tiempo o tiempo completo a la docencia en la medida en que ello entraña el desempeño de un cargo o empleo público. En el proceso está acreditado que el demandado se desempeña simultáneamente como Concejal del Municipio de Necoclí (Antioquia) y docente de Aula en la I.E.R. Pueblo Nuevo de dicho ente territorial, con nombramiento provisionalidad vacante temporal, por lo que se configura la causal de pérdida de investidura, sin que se desvirtúe la misma por el hecho de haber renunciado a los honorarios como concejal

La inhabilidad prevista en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 es de aquellas que la Corte Constitucional ha denominado inhabilidad-requisito, esto es, aquellas que no tienen un origen sancionatorio. Del contenido del citado precepto, junto con lo expuesto por la Corte Constitucional, sentencia C-780 de 2001, se colige que la inhabilidad que se le endilga al demandado (haber celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio) corresponde a una prohibición legal que les impide a las personas que pretendan ser elegidas concejales, ser inscritas y elegidas, por lo que, contrario al análisis del demandado, la inhabilidad existe a pesar de que no exista posesión. No cabe duda que, ese el entendimiento que se acompasa con el principio de legalidad aplicable al proceso de pérdida de investidura (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), en la medida en que la conducta descrita en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, nunca contempla la posesión como un parámetro para evaluar la existencia de la inhabilidad. El demandado debía conocer que la conducta era constitutiva de inhabilidad para ocupar el cargo de concejal pues el análisis de las inhabilidades e incompatibilidades que concurran en los futuros candidatos es, siguiendo la disposición legal estatutaria, uno de los aspectos que debe ser objeto de revisión por parte de los partidos políticos, en el presente caso, del Partido Conservador, el cual avaló la candidatura del demandado y, por ello, debió ser de obligatoria evaluación por parte del ciudadano colegir que el demandado ocultó tal situación a su partido y decidió, voluntariamente, presentarse a la contienda electoral, a sabiendas de estar incurso en la inhabilidad

El hecho de que el concejal hubiera omitido su deber de manifestar su impedimento y, por el contrario, presentara la ponencia del proyecto de Acuerdo y participara en la votación del mismo, es razón suficiente para endilgarle responsabilidad frente a la ocurrencia del conflicto de interés, pues la situación personal en la que se encontraba, le implicaba un interés específico o directo en la medida en que se trataba de facultar al Alcalde de Pereira para expropiar por vía administrativa inmuebles ubicados en el Plan Parcial Ciudad Victoria

No constituye fuerza mayor los actos de una candidata electa que se excusó de tomar posesión como concejal de un municipio del Cauca excusándose en la existencia de una incompatibilidad entre el ejercicio del cargo y la práctica requerida para obtener el título de abogada. La fuerza mayor se produce cuando el hecho exógeno al concejal elegido es imprevisible

La inhabilidad para ser concejal está limitada al año anterior a la elección más no aun periodo posterior a ésta - En relación con el período de la inhabilidad en la causal de violación al régimen de inhabilidades por celebración de contratos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación ha señalado que éste, está limitado al año anterior a la elección y no a un período posterior a ésta, de manera que las inhabilidades para ser concejal, tanto elegido como llamado a ocupar las curules vacantes, se aplican en función de la fecha de la elección y no de la posesión

Requisitos para que se configure la causal de inhabilidad para ser elegido como concejal al intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier orden, en interés propio o en el de terceros - Para la configuración de esta causal de inhabilidad es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) La ejecución de conductas que revelen una participación personal, directa y activa en actos previos a la celebración de un contrato estatal, es decir, en la etapa precontractual o en la celebración o suscripción del mismo. Por tanto, es sujeto pasivo de la prohibición no solo quien suscribe el contrato estatal sino también aquel que participa en las diligencias precontractuales en procura de lograr la consolidación del contrato o convenio; (ii) El respectivo acuerdo de voluntades debe cumplirse en el territorio del municipio. Ello por cuanto la causal de inhabilidad que se comenta busca enervar los efectos que las actividades contractuales pueden generar en los electores, quienes asocian los beneficios del bien o servicio que por virtud del acuerdo de voluntades se presta o se provee, con quien interviene en la etapa precontractual o con el contratista; y (iii) La intervención debe verificase dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección

Elementos constitutivos de la inhabilidad causada por celebrar contratos dentro del año anterior de la elección como concejal prevista en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 - En armonía con lo anterior, los elementos que configuran la causal de inhabilidad, de conformidad con los hechos que fundamentan la acción que convoca la atención de la Sala son los siguientes: (i) celebrar contrato con una entidad pública de cualquier nivel, (ii) haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal, (iii) Hacerlo en interés propio o de terceros, y (iv) ejecutarlo en el mismo municipio

No incurre en causal de pérdida de investidura por inhabilidad el concejal que allá sido vinculado como docente hora cátedra con una universidad pública - No se configura la causal de pérdida de investidura prevista en el art. 40 numeral 3 de la Ley 617 de 2000, el cual consagra que no podrá ser concejal municipal quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros. Lo anterior, en atención a que el ejercicio docente bajo la modalidad hora cátedra no implica la celebración de un contrato con la universidad conforme a que la relación que se desprende entre éstos y la universidad es de carácter laboral, es decir, la vinculación hora cátedra no puede surgir de la celebración de un contrato sino de una relación laboral entre el docente y el establecimiento educativo

Se confirma la pérdida de investidura de concejal municipal, por violación al régimen de inhabilidades, por tener afinidad extramatrimonial con el Alcalde de dicho municipio. A pesar de que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del Art. 48 del C. C. , la figura de la afinidad extramatrimonial no ha desaparecido de la legislación Colombiana. Para la Sala todas aquellas normas que hagan referencia al parentesco por consanguinidad o afinidad, se interpretan y aplican, indistintamente, si dicho vinculo proviene de un matrimonio, religioso o civil, o de una unión permanente; surtiendo idénticos efectos en uno u otro caso

Es causal de inhabilidad, actuar en forma simultánea como Concejal de Bogotá y apoderado en un proceso judicial en que es parte Distrito - Sin perjuicio de las actuaciones correspondientes a las funciones propias del cargo y del ejercicio del derecho de petición, está prohibido a los Concejales ser apoderados o defensores en los procesos en que sean parte el Distrito, sus entidades descentralizadas o cualesquiera otras personas jurídicas en las que aquél o éstas tengan participación

¿El hecho de ser proveedor único de gasolina y contratar con entidad pública por este hecho configura fuerza mayor o caso fortuito y exime de responsabilidad frente a la causal de pérdida de investidura? - No, estima la Sala que la calidad de proveedor único no es constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito. Los elementos indispensables para la configuración de fuerza mayor son la imprevisibilidad e irresistibilidad, los cuales no se dan en este caso, pues el hecho de que en un Municipio no haya sino una sola Estación de Servicio - lo que, por lo, demás constituye una situación muy generalizada en los municipios pequeños del país-, no guarda relación alguna con la libre determinación de postularse como candidato a un cargo de elección popular. En otras palabras, qué de imprevisible tiene que una persona, que se dedica a una actividad única en determinado Municipio, decida también, por su propia voluntad, participar en una elección para concejal? . Y qué de irresistible tiene no renunciar o mantenerse en un cargo de elección popular? . Siempre que en una decisión intervenga la libertad para adoptarla, per se, se descarta la imprevisibilidad e irresistibilidad, pues estas suponen la ocurrencia de un imprevisto al que es imposible resistir

Se decreta la pérdida de la investidura de un Concejal del municipio de El Colegio por ejercer simultáneamente como revisor fiscal de la Cooperativa de Transporte COINTRANSCOL LTDA., persona jurídica de derecho privado, que es contratista del mismo municipio. La causal de incompatibilidad prevista para los Concejales en el artículo 41 de la Ley 617 de 2000 (que adicionó el numeral 5 al Artículo 45 de la Ley 136 de 1994) lo que prohíbe es contratar con empresas, cualquiera sea su objeto social, que a su vez sean contratistas del Municipio donde el Concejal funge como tal. Concejales: Límites al ejercicio de su profesión u oficio

¿la circunstancia de que la autoridad electoral competente no le ha expedido al demandado su correspondiente credencial de concejal, lo sustrae de la acción de pérdida de investidura como concejal? La condición o calidad de concejal no nace de la credencial de concejal que expida la autoridad electoral respectiva, sino del acto administrativo que declara electa a la persona de que se trate o, en su lugar, del cumplimiento del acto que lo convoque o de llamamiento a tomar posesión del cargo en caso de vacancia en una de las curules que conforman la correspondiente corporación de elección popular, cuando tiene las condiciones para ser llamado, esto es, ser parte de la lista a la que pertenece quien hubiere hecho dejación del cargo, y seguir en turno frente a éste. La acreditación que se exige en el artículo 4º, literal b), de la Ley 144 de 1994, en cuanto señala que cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, ésta deberá formularse por escrito y contener, al menos "Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional", no puede tomarse de manera literal o restrictiva, en el sentido de que esa acreditación sólo pueda darse mediante la credencial o por la organización electoral, sino como un requisito susceptible de cumplir con cualquier prueba idónea

¿Puede un concejal integrar la Junta Nacional de Educación (JUME)? Cuando la Ley 115 de 1994 previó en su artículo 162 que en la conformación de la JUME estuviera "un representante del Concejo Municipal", debe entenderse que tal representante no podía ser uno de los Concejales, pues si esa hubiera sido la intención del legislador así lo habría señalado directamente, sin hacer referencia a un representante de la Corporación Edilicia y de haber hecho tal exigencia en forma directa, hubiera debido entenderse tácitamente derogada por la Ley 136 de 1994, en armonía con la Ley 489 de 1998

Función administrativa. Principios de publicidad y contradicción. Decisiones de las autoridades públicas. Publicidad de los actos administrativos. Supuesto para que adquieran ejecutividad y ejecutoriedad. Publicidad de los actos administrativos. Formas legales de surtirla. Concejal municipal llamado. Necesidad de publicidad de llamamiento

El conflicto de intereses surge cuando el congresista tenga interés directo en la decisión de que se trate, porque le afecte de alguna manera, o afecte a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a sus parientes, o a sus socios; y así lo observe o advierta, y debe entonces declarar su impedimento. Concejales - Pérdida de investidura. Conflicto de intereses. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades

Concejales - Pérdida de investidura. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Proceso de pérdida de investidura - Caducidad. Inhabilidad por celebración de contratos: ser proveedor único no exime de responsabilidad. Celebración de contratos en interés de terceros: prueba documental

Concejales - Pérdida de investidura. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Proceso de pérdida de investidura - Caducidad. Aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Ley 136 de 1994. Pérdida de la investidura por indebida destinación de dineros públicos. Concejo de Bogotá - Comisiones permanentes. Las comisiones permanentes pueden sesionar el mismo día pero no a la misma hora. Sesiones, asistencia, voz y voto, duración, prohibición de coincidir en el mismo horario