Desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental (artículo 28 C.P.) que sólo admite limitación en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Regulación de la presunción de inocencia. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Evolución jurisprudencia respecto de la interpretación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Representación judicial de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial. Tanto el Director Ejecutivo de Administración Judicial como el Fiscal General de la Nación pueden representar judicialmente a la Nación. La Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución. Corolario de esa autonomía es que las condenas que se profieran contra la Nación, por las actuaciones realizadas por la Fiscalía, deberán ser cumplidas o pagadas con el presupuesto de ésta.

¿La representación judicial de la Nación, por los hechos imputables a la Fiscalía General de la Nación corresponde al Director Ejecutivo de Administración Judicial, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia? Las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público. Proceso de reparación directa - Representación judicial de la Nación. Responsabilidad extracontractual del Estado - Test de conexidad. Fiscalía General de la Nación - Representación judicial

¿La detención preventiva a unas personas sindicadas de algunos delitos, que luego fueron absueltas, genera responsabilidad patrimonial al Estado? Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Fiscalía General de la Nación - Capacidad para ser parte en proceso. Proceso penal - Investigación previa. Detención preventiva a sindicados