¿Es posible declarar responsable al Estado, en aplicación al régimen de imputación por responsabilidad objetiva, si al verificarse que la descendencia de uno de sus agentes se intoxicó por manipulación de sustancias peligrosas en razón y con ocasión del ejercicio de sus funciones? La imprecisión en que se incurre en uno de los dictámenes según la cual, la madre de las menores se habría contaminado con anterioridad a su vinculación al Servicio Seccional de Salud del Departamento de Sucre, no tiene ningún respaldo probatorio dentro del plenario; por el contrario, obra prueba que en el momento que se designó le fue practicado un examen médico que la calificó como apta para desempeñar sus labores. Frente a la manipulación del mercurio, resulta evidente que en las actividades en las que se requiera su manipulación hace que estas sean definidas como peligrosas, respecto de lo cual, si bien es posible examinarla desde el régimen subjetivo de responsabilidad, en este caso no encuentra la Sala desde esa perspectiva el incumplimiento de algún deber normativo por parte de las entidades demandadas, con base en las pruebas obrantes en el proceso. Desde la óptica del régimen objetivo de responsabilidad, dado el carácter peligroso que comporta la actividad de manipulación del mercurio, se dispone la Sala estudiar si se encuentra configurado un riesgo excepcional que permita atribuirle responsabilidad a las entidades demandadas

Esta Corporación decantó en reciente pronunciamiento que lo verdaderamente menester en los eventos en que un miembro de la Fuerza Pública causa un daño a una persona para efectos de dilucidar si el hecho tuvo o no nexo con el servicio no es examinar su intencionalidad o su motivación interna, sino la exteriorización de su conducta, es decir, "si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público". Ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación que en los casos en los que los soldados no se encuentran en cumplimiento de un acto del servicio, al evidenciarse que al momento de la ocurrencia de los hechos se encontraban evadidos de la guarnición o retirados del servicio, y el motivo no era una misión oficial, sino razones diferentes, tales como consumir bebidas alcohólicas hasta terminar en la comisión de conductas punibles, dichos actos no pueden ser imputados a la entidad demandada, porque no se configura la atribución jurídica del daño al ente accionado. En el caso sub examine se configuró la culpa personal del agente, en razón a que los soldados autores del daño cometieron los delitos sin ningún vínculo ni nexo con el servicio, sin armas de dotación oficial y sin utilizar insignias o vestimentas de las fuerzas militares, por consiguiente, sus conductas fueron llevadas a cabo dentro del ámbito de la esfera privada, teniendo en cuenta que el móvil de su actuar delictivo fue el de hurtar a la víctima. Se ha referido en casos similares que no se materializa ni fáctica ni jurídicamente la imputación cuando no se demuestra que el Agente de la Policía o del Ejército para el momento de los hechos estuviese cumpliendo órdenes oficiales ni en el desempeño de sus funciones propias, ni cuando no hubiera prueba de que portara un uniforme o un distintivo que lo identificara como miembro de la entidad, ni cuando el delito hubiese sido cometido con un arma de dotación oficial asignada al agente sin ninguna anotación de novedad

Responsabilidad Patrimonial del Estado. Lesiones causadas con arma de fuego de dotación oficial. Riesgo Excepcional. Culpa exclusiva de la víctima. Causal eximente de responsabilidad. Acción de reparación directa. Lesiones ocasionadas al particular, fueron causadas por agentes de la Policía Nacional, con armas de dotación oficial, quienes además se encontraban en servicio activo. Responsabilidad Objetiva

Acción de reparación directa. Privación Injusta de la libertad. Perjuicios morales. Responsabilidad del estado. Error judicial. Evolución jurisprudencial. Responsabilidad objetiva del Estado por privación injusta de la libertad. Falla del servicio de la administración de justicia. Nulidad constitucional de pleno derecho. Prueba obtenida con violación al debido proceso. Inobservancia formalidades legales