Actos contra los que procede la simple nulidad; nulidad y restablecimiento y nulidad electoral. Como puede observarse, a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011 lo que determina la procedencia de uno u otro medio de control es la naturaleza del acto acusado, de forma que este debe ser el parámetro a tener en cuenta para establecer si la demanda está bien formulada o; si por el contrario, atañe al juez, según las voces del artículo 171 ibídem, adecuarla al trámite correspondiente. De la simple lectura del artículo 137 del CPACA, se desprende que por regla general el medio de control de nulidad procede, exclusivamente, contra actos de contenido general. No obstante, el mismo legislador estableció 4 situaciones excepcionales en las que es jurídicamente admisible que un acto particular y concreto pueda ser controlado mediante este mecanismo judicial. Así de acuerdo con artículo 137 solo será posible examinar la legalidad en abstracto de un acto particular y concreto, si y solo si se materializa alguna de las causales contempladas en la ley. No cabe duda que a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011, los actos de contenido particular y concreto pueden controlarse a través del medio de control de nulidad siempre y cuando se materialice alguno de los eventos previstos en el artículo 137 ibídem, de lo contrario y, si esto es posible, debe adecuarse la demanda al trámite correspondiente. Por su parte, el artículo 139 del CPACA es claro en establecer que los actos de elección, entre los que por supuesto se incluye la declaratoria de elección de los miembros de las corporaciones públicas, esto es, de los congresistas se conocen a través del medio de control de nulidad electoral

Se solicita la nulidad de resolución por aumento en un 50% del valor de las multas de tránsito en el Distrito de Barranquilla. Se declara la nulidad de la Resolución 0001 de 2009, mediante la cual se aumentó en un 50% el valor de las multas de tránsito a imponer en el Distrito de Barranquilla. Con esta resolución: i) se desconoce que a las autoridades territoriales no les está permitido modificar de manera permanente las normas contenidas en el Código Nacional de Tránsito y ii) se violaron los artículos 135 y 136 de dicho código. Aun cuando el fundamento del acto demandado es el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, la resolución contempló un supuesto, de manera permanente, que no traía la norma, que de no pagar dentro de los tres (3) días siguientes a la imposición de la multa, cuando en contraventor la aceptare, se le aumentaría en un 50% el valor de aquélla. Es claro entonces que las autoridades territoriales no podrán dictar normas de tránsito de carácter permanente que impliquen adiciones o modificaciones al Código de Tránsito

La acción adecuada para controvertir la legalidad de los actos de registro es la acción de nulidad. Todas las anotaciones que las Oficinas de Registro realizan impactan necesariamente los intereses particulares, individuales y concretos de las personas naturales o jurídicas, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas directamente relacionadas con el derecho de dominio y por ello nada obstaría para deprecar y encausar pretensiones que recauden la situación registral al panorama adecuado de los hechos y negocios que se plasman en el folio de matrícula inmobiliaria. El legislador quiso contemplar de manera expresa la posibilidad de controvertir la legalidad de ese tipo de actos particulares a través de la acción de simple nulidad, teniendo en cuenta la trascendencia del derecho de propiedad en nuestro sistema jurídico, político, económico y social, en el caso del certificado de tradición de los inmuebles o en aquellos derechos ínsitos en la dignidad humana que se instrumentan en el registro civil de las personas e incluso en eventos como la labor registral de la cámara de comercio en materia societaria; o en el derecho agrario y en asuntos de baldíos o bienes de uso público

Cuando además de la nulidad de la Resolución No. 0920 de 2011 por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral reguló "la promoción del voto en blanco" -acto administrativo de carácter general- se busca el reestablecimiento de los derechos, se trata de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que se dirige contra un acto de carácter general y abstracto, lo cual, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, es posible siempre y cuando la demanda se interponga dentro de los 4 meses siguientes a la publicación del acto que se demanda. Cumplida la conciliación prejudicial, y puesto que el acto acusado fue expedido por autoridad del orden nacional (el Consejo Nacional Electoral) y que el monto de las pretensiones es inferior a los 300 salarios mínimos legales mensuales, la competencia corresponde al juez administrativo en primera instancia. Traslado de la demanda

¿Las circulares de servicio constituyen actos administrativos cuando ostenten un carácter obligatorio en tanto reflejen la voluntad de la administración y, por ende, puedan producir efectos jurídicos? Acción de cumplimiento - Carencia de objeto material. Improcedencia. Circular de servicio - Naturaleza. Definición. Circular informativa - Naturaleza. Definición. Acción de nulidad. Acto administrativo - Impugnación. Tránsito y transporte terrestre en las correspondientes jurisdicciones territoriales - Régimen legal aplicable

En demanda de acción de nulidad de acto administrativo, la demandante solicita en capítulo especial se decrete la suspensión provisional del acto acusado. Gobernador - Nulidad de designación presidencial. Acto administrativo - Nulidad. Declaratoria de suspensión provisional

Los demandantes pretenden que se declare la nulidad del Decreto 2196 de 2002, por medio del cual el señor Presidente de la República designó al Gobernador del Departamento de Arauca. De igual manera solicitaron que se ordene al Gobierno Nacional a celebrar elecciones de Gobernador del Departamento de Arauca. Cargo de gobernador - Vacancia por renuncia. Designación presidencial de gobernador. Reemplazo definitivo. Período subjetivo. Elección de gobernador - Nulidad. Acción pública de nulidad - Sentencia inhibitoria por sustracción de material. Acto administrativo general - Control de legalidad y constitucionalidad. Acto administrativo "condición". Control de legalidad

El actor demandó la nulidad absoluta de la resolución 38 de 1995 del Consejo Nacional Electoral. Mediante dicho acto se reglamenta la elección de Juntas Administradoras Locales y Comunas en Distritos y Municipios. Decisión: Legal. Consejo Nacional Electoral - Competencia para reglamentar elección de Juntas Administradoras Locales. Juntas administradoras locales - Régimen aplicable a elecciones