Perjuicios morales por pérdida de bienes materiales. El Consejo de Estado señaló que le es prohibido a las autoridades judiciales presumir la existencia de perjuicios morales cuando se trata de pérdida o deterioro de bienes materiales, toda vez que tales presunciones son posibles solo en ciertos eventos que han sido aceptados jurisprudencialmente como causantes de un padecimiento moral, como aquellos en los que se ven involucrados derechos personalísimos de las víctimas. Resalta la corte que por regla general los perjuicios morales deben estar plenamente acreditados, no obstante, con el objeto de evitar cargas excesivas a las víctimas, se ha permitido la presunción de la existencia perjuicios morales solo en casos específicos como lesiones personales, desplazamiento forzado por causa del conflicto armado interno, privación injusta de la libertad y muerte. En tal sentido, si existiere un perjuicio moral ocasionado por la pérdida de bienes materiales, el interesado debe probar que dicho daño supera la esfera de lo material y trasciende a la esfera de lo moral a través de los medios de prueba pertinentes, sin que sea posible que el juzgador reconozca dicho daño a partir de la presunción del mismo. \ La sostenibilidad financiera constituye un criterio orientador que debe conducir a todas las ramas y órganos del poder público dentro de un marco de colaboración armónica, en los términos de la modificación realizada por el Acto Legislativo 03 de 2011 al artículo 334 de la Constitución Política. El objeto del incidente de impacto fiscal consiste, principalmente, en determinar si procede la modulación de la decisión que, en concepto del solicitante, afecta la sostenibilidad financiera. Por tal razón, resulta necesario que en la solicitud se enuncien (i) las posibles consecuencias que tendría la providencia en las finanzas públicas, (ii) las condiciones específicas que explican dichas consecuencias, (iii) los planes concretos para el cumplimiento de la sentencia o de los autos que se profieran con posterioridad a la misma, que aseguren los derechos reconocidos en ella en un marco de sostenibilidad fiscal y, adicionalmente (iv) anexar el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el caso concreto

Indemnización de los perjuicios materiales sufridos por un grupo de personas mediante sumas globales de dinero. El artículo 88 Superior facultó al legislador para regular las acciones de las que son titulares los grupos de personas afectados con un daño, lo que dio origen a la expedición de la Ley 472 de 1998, que creó las acciones de grupo, por medio de las cuales un número plural de personas o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios, pueden acudir a la jurisdicción con fines netamente indemnizatorios. La ley 472 dispone que la sentencia que ponga fin al proceso, favorable a las pretensiones del grupo dispondrá "el pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales", de donde se infiere que la condena ha de disponerse mediante una suma global de dinero, que debe corresponde a la sumatoria de las reparaciones que deban hacerse frente a cada afectado. De acuerdo al artículo 65 de la Ley 427 las indemnizaciones se han fijado, en sumas globales de dinero a favor del grupo afectado, con estimativos a favor de quienes no concurren como demandantes y sin perjuicio de la reparación de aquellos daños individuales debidamente comprobados. Aunque los daños provengan de una causa o fuente común, corresponde al juzgador analizar los efectos lesivos frente a cada afectado, lo que permite realizar diferenciaciones particulares entre los distintos beneficiarios de la condena, atendida las diferencias en las afectaciones

¿Si la fuente de la reclamación tiene que ver con el reconocimiento y pago de derechos laborales previstos a favor de los servidores públicos de la Rama Judicial categoría a la cual pertenecen los miembros de la Sala Plena Contenciosa, es viable la manifestación de impedimento por el interés en las resultas del proceso? Acción de grupo. Servidores públicos de la Rama Judicial - Ajuste salarial de año 2000 y 2001. Consejo de Estado - Ajuste salarial a miembros. Consejero de Estado - Impedimento

Juez competente en acciones de grupo