La figura del consorcio hace referencia a una agrupación de personas, jurídicas o naturales, que se vinculan con el fin de participar, de forma conjunta, en una tarea económica particular. Dicho convenio de asociación encuentra su justificación en la unión de esfuerzos y recursos, y en la distribución del riesgo; sin embargo, no da nacimiento a una nueva sociedad o ente jurídico, por lo que cada consorciado conserva su independencia jurídica, aunque se obligue de manera solidaria frente a los compromisos contractuales adquiridos por el consorcio. En sentencia de unificación de septiembre de 2013, se estudió el alcance del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y explicó que los consorcios y las uniones temporales cuentan con facultad legal para comparecer al proceso, a través de sus representantes legales, en los casos en los que se debaten aspectos relacionados con los derechos o intereses de los que son titulares o que les conciernen en su condición de contratistas de las entidades estatales, o de interesados o partícipes en los procedimientos de selección contractual. Lo anterior, sin perjuicio de que sus integrantes, individualmente considerados, puedan comparecer al litigio en calidad de demandantes o demandados, eventos en los cuales deberán atenderse las exigencias relacionadas con la debida integración del contradictorio

Los consorcios y uniones temporales están contempladas en la Ley 80 de 1993, que según la jurisprudencia los ha definido como convenios de asociación que facilitan a sus miembros la organización para efectos de celebrar y ejecutar contratos con el Estado. Con su creación no nace a la vida jurídica una persona diferente a quienes los componen, pues conservan su individualidad jurídica. A pesar de que los consorcios y uniones temporales comparten dichas características se diferencian así: El consorcio tiene responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones y todos los miembros responden en caso de presentarse faltas o incumplimientos. En el caso de las uniones temporales, la responsabilidad limitada respecto del alcance y contenido de la participación en el objeto contratado y solo el miembro incumplido responde ante faltas o actos sancionatorios. Así, estas figuras jurídicas disciernen respecto del alcance de la responsabilidad de cada uno de los integrantes por las obligaciones del contrato celebrado, siendo un elemento esencial para elegir entre una u otra

De conformidad con la providencia de unificación 19933 de 2013 de esta Corporación, los consorcios y las uniones temporales se encuentran facultados para comparecer a los procesos judiciales que tengan que ver con temas relativos a la actividad contractual del Estado, ya que, a pesar de no ser personas jurídicas, se encuentran habilitados por la ley para celebrar contratos en el marco del Estatuto General de la Contratación Estatal. En dicha providencia se aclaró que si bien los consorcios y las uniones temporales se encuentran habilitados para concurrir a los procesos judiciales a través de su representante, esto no excluía la opción de que sus integrantes pudieran comparecer de manera independiente al litigio, si así lo decidían. La posición unificada de esta Corporación ha establecido que si bien las uniones temporales y los consorcios no son personas jurídicas, aquellas pueden comparecer al proceso a través de su representante, sin que esta situación desplace a los miembros que lo conforman, quienes pueden acudir de manera individual al proceso. Los integrantes de los consorcios o uniones temporales pueden comparecer al proceso a través de los representantes que hayan designado para tales efectos o, individualmente, si así lo deciden conforme a sus intereses

¿Puede rechazarse una propuesta en contratación estatal por no cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, cuando dichos requisitos no son necesarios para la comparación de propuestas? No, en ejercicio de la potestad de configuración de los pliegos de condiciones las entidades estatales contratantes se encuentran facultadas para exigir el cumplimiento y la observancia de los requisitos y condiciones que tanto a la luz de los principios constitucionales y legales que orientan la Contratación Estatal, como de su cometido misional, resulten pertinentes y necesarios para la consecución del fin público que se pretender satisfacer a través de la celebración del respectivo contrato. En consonancia con lo expuesto, y en punto a las restricciones a la libertad de configuración de los pliegos de condiciones a las cuales se encuentran sometidas las entidades estatales, ha de precisarse que si bien, según lo consagra el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones, lo cierto es que dicha previsión necesariamente debe armonizarse con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 15 del artículo 25 del mismo Estatuto según el cual la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. Esta posición fue conservada en la reforma introducida con la Ley 1150 de 2007, en cuyo parágrafo primero de su artículo 5 señaló que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En esa línea y a propósito de la definición de los requisitos y exigencias que puede contener el pliego de condiciones, la jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado que a la entidad le asiste el deber de cumplir con las cargas de claridad y precisión a la hora de establecerlos, cargas que en todo caso deben estar orientadas a la materialización del principio de selección objetiva pues de lo contrario las previsiones que no desarrollen o atenten contra la cristalización de dicho principio, o de todos aquellos que gobiernan la actividad contractual del Estado, serán inaplicadas o anuladas, según corresponda

¿Están facultadas las uniones temporales y los consorcios para concurrir un proceso judicial por controversias surgidas en un contrato estatal? - Sí, a juicio de la Sala, en esta ocasión debe retomarse el asunto para efectos de modificar la tesis jurisprudencial que se ha venido siguiendo y, por tanto, debe puntualizarse que si bien las uniones temporales y los consorcios no constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva figura plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que además de contar con la aptitud para ser parte en el correspondiente procedimiento administrativo de selección de contratistas -comoquiera que por ley cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas tanto de los procedimientos administrativos de selección contractual como de los propios contratos estatales? , también se encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal respectivo -legitimatio ad processum-, por intermedio de su representante - SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

¿Las personas jurídicas de derecho público deben conciliar a través de sus representantes legales? Unión temporal. Contrato estatal de concesión de mantenimiento y operación de alumbrado público - Suspensión. Alumbrado público. Conciliación extrajudicial - Requisitos

¿El paz y salvo tributario que se requiere en un proceso licitatorio a todos los participantes, debe exigirse hasta antes de la etapa de adjudicación del contrato respectivo? Licitación pública - Participación de unión temporal. Pliego de condiciones. Rechazo de participantes. Contrato estatal de obra. Contratista - Obligación de presentar paz y salvo tributario. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Conciliación

¿La falta de notificación del auto admisorio de la demanda a todos los integrantes de la Unión Temporal constituye causal de nulidad? ¿Las uniones temporales, figuras admitidas en el artículo séptimo de la ley 80 de 1993 para efectos de contratación estatal, no configuran una persona jurídica nueva e independiente de los miembros que conforman dichas asociaciones. Al no poseer tal naturaleza jurídica, carecen de capacidad para comparecer en proceso ante autoridades judiciales? Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Notificación de la demanda. Licitación pública - Adjudicación de contrato. Nulidad de acto de adjudicación. Unión temporal - Proponente en licitación pública. Consorcio - Proponente en licitación pública. Documento de constitución. Proceso contencioso administrativo - Litisconsorcio necesario

Acción contractual - Litis consorcio necesario. Indebida notificación del demandado. Consorcio - Naturaleza jurídica. Representación legal. Adjudicación de contrato estatal. En materia de responsabilidad la solidaridad implica que deben notificarse a todos los miembros del consorcio. Responsabilidad contractual

Representación legal de los consorcios

Representación legal de los consorcios