¿Deben contener reglas de desempate los pliegos de condiciones en contratación estatal? Sí, la Corte Constitucional, al analizar el contenido del numeral a) del artículo 24 de la Ley 361 de 1997, que incorpora un criterio de desempate obligatorio en todos los procesos de selección, concluyó que se trata de "una disposición legal de obligatorio cumplimiento, por lo cual no existe ningún motivo jurídicamente válido para no aplicar la mencionada norma sea en este proceso o en cualquier otro. Como se observa, existen criterios de desempate que se incorporan por Ley al contenido mínimo de las reglas del proceso de selección y que son de obligatoria observancia por parte de las entidades públicas. Así las cosas, precisa recordar que el pliego de condiciones o los términos de referencia son actos administrativos, sin desconocer que la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones se ha encuadrado como reglamento o acto administrativo general, distinción que esta Corporación ha señalado como insatisfactoria, al considerarlos como actos jurídicos de naturaleza mixta. No puede desconocerse que la ineficacia en estos actos administrativos que fundan el futuro contrato, debe impactar en este último, toda vez que, en sintonía con lo que recientemente ha sostenido la Sala, es imposible seleccionar a un contratista en esas condiciones, pues esta será ajena al principio de selección objetiva y, por ende, se está en presencia de la causal de nulidad absoluta de la relación contractual así perfeccionada, contenida en el artículo 6 del Código Civil -incorporada en el Estatuto Contractual del Estado en el inciso primero del artículo 44 de la Ley 80-, consistente en la vulneración de normas de orden público u objeto ilícito, siendo que se inobservó el contenido del literal b) del numeral 5 del artículo 24 y el artículo 29 de la Ley 80 de 1993

Evaluación de las ofertas y los requisitos subsanables. Obligación de presentar estados financieros firmados por el contador - Firma del contador - requisito subsanable. Derecho a impugnar acto que declara desierta la licitación pública. Deber de notificar la declaratoria de desierta a los no favorecidos

Demanda presentada contra el Municipio, pidiendo que se declarara que existe un contrato de compraventa celebrado y se pagara indemnización de perjuicios. Contratación estatal. Vigencia de la ley. La ley preceptúa que en los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración. Contratación directa. Bienes que se requieran para la seguridad y defensa nacional. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal deben ceñirse a los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Principio de transparencia. Aspectos. Selección objetiva. Deber. Contrato estatal. Nulidad. Por las mismas causas que se prevén en el derecho común y, en especial entre otros eventos, cuando se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional o con abuso o desviación de poder. Expresa prohibición legal o constitucional. Existencia de una violación al régimen de prohibiciones y que esa prohibición sea explícita. Nulidad absoluta. Puede y debe ser declarada de oficio. No es susceptible de ser saneada por ratificación por las partes. Es saneada por prescripción extraordinaria. Cualquiera que sea la causa que da origen a la nulidad absoluta, transcurrido el término de la prescripción extraordinaria ya no podrá ella pedirse ni decretarse

Contratación estatal. Principio de transparencia. Se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. Obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés. Licitación pública. Contrato estatal. Suscripción. Contratación directa. Fraccionamiento del contrato. Aunque la conducta de fraccionar los contratos no está prohibida expresamente en la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la prohibición está implica. Principio de economía. Exige al administrador público el cumplimiento de procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Principio de responsabilidad. Vigilancia de la ejecución del contrato. Principio de selección objetiva. La oferta que sea seleccionada deberá ser aquella que haya obtenido la más alta calificación. Principio de la buena fe. Se impone a la administración la obligación de actuar de buena fe. Principio de planeación. Necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas y presupuestadas antes de contratar. Principio de publicidad. Poner a disposición de los administrados las actuaciones de la administración. Principio de igualdad. Trato igualitario a todos los oferentes. Principio de la reformatio in pejus

Actos administrativos de carácter general. Acción de nulidad frente a actos administrativos. Elementos propios del acto administrativo. Acto administrativo derogado. Puede ser objeto de pronunciamiento del juez contencioso administrativo. Procedencia de la acción de nulidad contra normas administrativas que ya no tienen vigencia. Potestad reglamentaria. Alcance. Límites. Revocatoria directa. Razones políticas que fundamentan el ejercicio de la potestad reglamentaria. Selección objetiva en la selección de contratistas. Presupuestos. Requisitos habilitantes y factores evaluables. Contratos estatales. Carácter intuito personae. Requisitos mínimos que cualquier sujeto interesado en ser proponente debe cumplir. Requisitos habilitantes. Oportunidad para presentarlos y para subsanarlos. Registro Único de Proponentes RUP. Noción. Finalidad. Su falta de exigencia no exime a la entidad de verificar la información de los proponentes. Participación en la subasta. Ampliación del plazo cuando un solo oferente resulte habilitado para ello. Documentos que soportan los criterios habilitantes. Prórroga para su presentación. Libertad de concurrencia. Debe ponderarse con el principio de igualdad. Selección abreviada. Menor cuantía. Selección abreviada. Puede adelantarse mediante procesos simplificados. Oferta. Presentación de manera dinámica mediante subasta inversa. Contratación directa. Mínima cuantía. Manuales de contratación. Permiten tipificar procedimientos diferentes a los determinados por la ley. Imposición de multas. Procedimiento. Principio de autonomía. Concurso de meritos. Proceso de selección. Factores de calificación. Valoración de aspectos técnicos de la oferta o proyecto. Contratos de interventoría. Intermediarios de seguros. Factores de escogencia y calificación de los proponentes. Factores de ponderación. Principios de transparencia, selección objetiva. Planeación y libertad de concurrencia. Procesos simplificados

Noción de acto administrativo. Naturaleza de las recomendaciones del Comité de Adjudicaciones, sus conceptos no son obligatorios. Autorización parte de la Junta Directiva de una entidad al representante legal para que celebre contratos. Definición del contrato de prestación de servicios. Finalidad de la selección objetiva. Procedimiento para la contratación directa. Contenido mínimo del pliego de condiciones. Principio de transparencia en la contratación directa. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del acto de adjudicación del contrato.

¿Cuáles son los requisitos para la conformación y funcionamiento de las asociaciones de municipios? Contratación estatal directa. Principio de transparencia contractual. Contratista - Selección objetiva. Contrato estatal interadministrativo. Principio de selección objetiva del contratista. Asociación de municipios. Patrimonio público. Acción popular

Solicitud de revocatoria de la suspensión provisional del Artículo 4 del Decreto 2170 de 2002, el cual define el deber de selección objetiva de contratista en desarrollo del Artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Decisión: Negada. Factores de evaluación - Distinción de factores subjetivos y objetivos - Criterios de selección - Definición por la entidad pública. Evaluación de propuestas - Libertad de la entidad pública

Se trata de la demanda de nulidad del Artículo 4 del Decreto 2170 de 2002, el cual define el deber de selección objetiva de contratista en desarrollo del Artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Decisión: Se decreta la suspensión provisional del artículo demandado excepto su parágrafo. Contrato estatal - Selección objetiva del contratista. Adjudicación. Requisitos subsanables por contratista. Evaluación de propuestas. Contratista - Factores de escogencia. Factores de cumplimiento. Experiencia. Organización. Equipos técnicos. Contratación pública - Principio de economía

¿Existe un régimen especial de contratación directa en el campo de las telecomunicación o aplica a los lineamientos de la Ley 80 de 1993? Contratación administrativa - Régimen aplicable. Principio de selección objetiva del contratista. Licitación pública para elección de contratista. Concurso público para elección de contratista. Servicio de telecomunicaciones - Régimen de contratación directa. Servicio básico. Prestación por el Estado. Prestación a través de concesiones. Contrato estatal de concesión - En materia de telecomunicaciones. Principio de economía en la contratación pública. Principio de transparencia en la contratación pública. Vigencia de la ley en el tiempo

Acción contractual. Contratación estatal - Capacidad de contratación. Capacidad residual para contratar. Suspensión del contrato estatal. Contrato estatal - Acto de adjudicación. Selección objetiva del contratista. Pluralidad de ofertas

Intermediario de seguros, criterios de selección, capacidad técnica, evaluación

Evaluación de propuestas y corrección de errores

Selección objetiva - Generalidades