Es obligación del contratista la elaboración de los estudios y diseños previos al contrato de obra, a pesar de su inexistencia en el momento de su celebración. La Sala advierte que el objeto contractual no sufrió variaciones, desde un inicio se indicó que la gran mayoría de diseños corrían por cuenta del contratista y con base en ellos se construirían las instalaciones, esto es, un contrato de obra con diseños y estudios proporcionados por el contratista. Es que "las entidades pueden pactar libremente la contratación del diseño y la obra en un solo objeto contractual, pues ello dependerá de las necesidades que la entidad contrastante requiera satisfacer". En ese sentido, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definió dicho contrato como aquel que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago; tal como sucedió en el presente asunto, donde la entidad contrató la construcción de unas torres de control. Si bien el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 ordena que la resolución de apertura esté precedida de los diseños y planos; el numeral 3 del artículo 26 ibídem deriva responsabilidad de la falta de elaboración previa de los diseños, estudios y planos necesarios para la contratación y el numeral 12 del artículo 25 ibídem obliga a la entidad a tener los estudios y diseños antes de la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato

¿Puede el contratista alegar desequilibrio económico del contrato, cuando las variaciones se derivan de los términos y condiciones aceptadas por él? El contratista también se encuentra sometido al cumplimiento del principio de planeación, por lo cual no puede desconocer los términos y condiciones que aceptó. Dentro del marco de la colaboración que compete al contratista, se encuentra igualmente sometido a respetar el principio de planeación, es decir, el contratista tiene la carga de analizar la suficiencia y consistencia de los estudios previos y de los precios presupuestados, en orden a definir su participación en la licitación y el contenido de su oferta; se entiende que es una carga, en el sentido de que el contratista no podrá desconocer los términos y condiciones que aceptó y mucho menos aquellos que negoció con la entidad pública. Frente a las condiciones de equilibrio económico, se le impone al contratista la fuerza vinculante de sus negociaciones, especialmente cuando estuvo a su cargo la debida planeación de los montos y plazos requeridos para terminar la obra o gestión contratada, de manera que no podrá alegar posteriormente el hecho imprevisto que ya había ocurrido cuando impulsó los requerimientos y los nuevos análisis de precios, para modificar el contrato

Principio de planeación en las asociaciones público privadas. Al esquema de APP le es aplicable el principio de planeación tal como ha sido afirmado en el régimen de contratación estatal en Colombia. Para poder determinar cómo opera en este esquema se precisa delimitar el alcance del principio de planeación. El principio de la planeación o planificación aplicados a los procesos de contratación y actuaciones relacionadas con los contratos del Estado guarda relación directa e inmediata con los principios de interés general y de legalidad, procurando incorporar en el régimen jurídico de los negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de contratos, la ejecución y liquidación, no pueden ser, producto de la improvisación. La ausencia de la planeación ataca la esencia misma del interés general, se reitera, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también respecto del patrimonio público, que es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal, desconociendo reglas y requisitos previos dentro de los procesos contractuales; es decir, en violación del principio de legalidad

Falta de prueba idónea del vínculo entre la situación fáctica alegada y el desajuste o ruptura grave del equilibrio económico del contrato \ Elementos esenciales del acto administrativo \ Principio de legalidad y presunción de legalidad de los actos administrativos \El principio del equilibrio económico y la conmutatividad o reciprocidad negocial en los contratos estatales \ El principio de planeación y el análisis de los precios del mercado en los procesos de selección del contratista

i) Para declarar la nulidad de un contrato estatal por objeto ilícito no es indispensable la existencia de una norma que diga expresamente que es nulo - Las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también las que mandan u ordenan y por ende la transgresión del orden público se presenta cuando se viola la que prohíbe así como cuando no se observa o se desatiende la que ordena, casos todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito. Este entendimiento resulta natural y obvio, pues de no entenderse así se llegaría al absurdo de que la violación de una norma imperativa que sólo manda u ordena, pero que expresamente no prohíbe, no aparejaría sanción alguna o, lo que es lo mismo, que sería una norma inane, que manda pero no manda porque puede ser inobservada sin ninguna consecuencia. Así que no es cierto que para que un acto o contrato sea absolutamente nulo por objeto ilícito es indispensable la existencia de una norma que diga, expresa y sacramentalmente, que "es nulo", como consecuencia, el acto que la contraviene, pero desde luego que lo que sí debe existir es la norma que expresamente mande o prohíba \ ii) La ruptura del equilibrio económico para que abra paso a una indemnización supone la demostración de que la alteración económica del contrato es grave, que se sale de toda previsión y que no está comprendida dentro de los riesgos inherentes a la actividad del contrato que deban ser asumidos por el contratista

¿Se configura una violación al principio de planeación un contrato estatal nulo por objeto ilícito y en tal caso como deben pagarse las prestaciones derivadas de dicho contrato? - Sí, se considera afectado el principio de planeación y nulo el contrato, siempre y cuando las deficiencias sean de " aquellas que desde el momento de su celebración ponen en evidencia que el objeto contractual no podrá ejecutarse o que su ejecución va a depender de situaciones indefinidas o inciertas por necesitar de decisiones de terceros o que los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse y por ende habrá de sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial de la entidad contratante por los sobrecostos en que habrá de incurrirse por el retardo. Cuando la ley de contratación estatal dispone que debe observarse el principio de planeación, la elusión de este mandato comporta una transgresión al orden legal que conduce a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto porque de acuerdo con el derecho común esto es lo que se configura en todo acto que contraviene al derecho público. El inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sin distinguir entre contratos de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato nulo por objeto o causa ilícitos hasta el monto del beneficio que la entidad estatal haya obtenido, constituyéndose este mandato en una excepción al régimen común previsto en el artículo 1525 del Código Civil que dispone que no se puede repetir lo que se ha dado o pagado en razón de ellos. Luego, si el interés público no se ha satisfecho en alguna medida, no habrá lugar a ningún reconocimiento o pago- Ahora, cuando en la contratación estatal resulta aplicable en toda su dimensión lo dispuesto en el artículo 1525 del Código Civil, es decir que "no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas", ésta prohibición no se extiende a los eventos en que el juez decreta oficiosamente la nulidad absoluta por estas causas

Se declaró administrativamente responsable al Ministerio de Transporte como sucesor procesal del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, por los perjuicios materiales ocasionados a los bienes de un ciudadano como consecuencia de la construcción de un carreteable en el Municipio de Chaparral, con fundamento en los principios de planeación y de previsibilidad aplicables a la contratación estatal. Daño antijurídico. Elementos. Principio de planeación en la contratación estatal. Sujeción de la actividad estructuradora de la administración al principio de planeación. Omisión de la autoridad administrativa. Deber de observar obligaciones normativas

Particular que demanda contra EAAB por desequilibrio en la ecuación financiera generado en la ejecución de un contrato de obra. Consejo de estado. Sección Tercera. Competencia. Acción contractual. Contrato de obra. Contrato de obra pública. Prestación de servicios públicos. Jurisdicción. Jurisdicción de lo contencioso administrativo. Regulación. Relación contractual. Liquidación bilateral. Salvedad. Por parte del contratista. Contratación estatal. Principios. Principio de la ecuación financiera de los contratos. Definición. Equilibrio económico. Rompimiento. Causas. Restablecimiento. Ecuación financiera. Conservación. Valoración. Restablecimiento. Teoría de la imprevisión. Concepto. Aplicación. Principio de planeación. Desconocimiento. Vulneración del principio de planeación. Debe probarse. Contratista debió probar que los imprevistos desbordaron sus previsiones por irresistibles

Contratación estatal. Principio de transparencia. Se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. Obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés. Licitación pública. Contrato estatal. Suscripción. Contratación directa. Fraccionamiento del contrato. Aunque la conducta de fraccionar los contratos no está prohibida expresamente en la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la prohibición está implica. Principio de economía. Exige al administrador público el cumplimiento de procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Principio de responsabilidad. Vigilancia de la ejecución del contrato. Principio de selección objetiva. La oferta que sea seleccionada deberá ser aquella que haya obtenido la más alta calificación. Principio de la buena fe. Se impone a la administración la obligación de actuar de buena fe. Principio de planeación. Necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas y presupuestadas antes de contratar. Principio de publicidad. Poner a disposición de los administrados las actuaciones de la administración. Principio de igualdad. Trato igualitario a todos los oferentes. Principio de la reformatio in pejus

La finalidad de las salvedades en el acta de liquidación de un contrato es la posibilidad de reclamación judicial. En materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección. Contrato a precio global. Equilibrio financiero del contrato - Derecho al reestablecimiento. Demostración de perjuicios por mayor permanencia en la obra. Mora en el pago de las cuentas de cobro. Cuentas de cobro sin plazo establecido : Diferenciación entre exigibilidad y morosidad. Para que haya reconocimiento de intereses de mora se debe constituir en mora al deudor