RESOLUCIÓN 002 DE 2024
(enero 16)
Diario Oficial No. 52.660 de 5 de febrero de 2024
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024>
Por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
EL DIRECTOR DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
en uso de las atribuciones delegadas mediante el artículo primero de la Resolución número 0-0712 del 12 de diciembre de 2023, en concordancia con las competencias establecidas en el artículo 14B del Decreto Ley 016 de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el inciso 2 del artículo 2o de la Constitución Política, “[l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Que el numeral 7 del artículo 250 de la misma norma superior dispone que, en el marco del proceso penal y dentro de su campo de competencia, corresponde a la Fiscalía General de la Nación “[v]elar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal”.
Que, en concordancia con las anteriores disposiciones, la Ley 906 de 2004, en su artículo 114, numeral 6, determina que es una atribución de la Fiscalía General de la Nación “[v] elar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar”.
Que la Ley 985 de 2005, en su artículo 8o establece que “[e]n los casos que lo ameriten, previa evaluación del riesgo por parte del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con sus disposiciones propias, y por intermedio del mismo programa, se brindará protección integral a testigos y víctimas de la trata de personas y a sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, durante todo el proceso penal o mientras subsisten los factores de riesgo que lo justifiquen”.
Que la Ley 1257 de 2008, en su artículo 17 establece las medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar.
Que, por su parte, el artículo 14B del Decreto Ley 016 de 2014, adicionado por el artículo 35 del Decreto Ley 898 de 2017, establece que es competencia de la Dirección de Protección y Asistencia “[d]irigir y administrar el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía de que trata la Ley 418 de 1997 y las normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten, para lo cual podrá requerir apoyo a la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación”.
Que, adicionalmente, el artículo 14B del mismo Decreto Ley, adicionado por el artículo 35 del Decreto Ley 898 de 2017, en su numeral 4, establece que le corresponde a la Dirección de Protección y Asistencia “[d]esarrollar, implementar y controlar las medidas de protección, así como los programas de asistencia integral para las personas que hayan sido beneficiadas por parte del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación”.
Que el numeral 9 del artículo 14B ejusdem, adicionado por el artículo 35 del Decreto Ley 898 de 2017, determina que la Dirección de Protección y Asistencia es competente para “[c]alificar el nivel de riesgo y evaluar, con autonomía, las medidas de protección o asistencia social, el nexo causal entre el riesgo y la participación del testigo o la víctima dentro de la indagación, investigación o proceso penal; así mismo, decidirá con autonomía, la vinculación, desvinculación o exclusión de los beneficiarios del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”.
Que, en el caso de las víctimas del conflicto armado interno, la Ley 1448 de 2011, prorrogada mediante la Ley 2078 de 2021, en su artículo 32, ordena a los Programas de Protección incluir en su revisión e implementación, entre otros, los siguientes aspectos: “[c] ontemplar medidas proporcionales al nivel de riesgo de la víctima antes, durante y después de su participación en procesos judiciales o administrativos (...). El riesgo y los factores que lo generan deben ser identificados y valorados de acuerdo con la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha fijado al respecto. El riesgo debe ser evaluado periódicamente y las medidas actualizadas de acuerdo a dicha evaluación, de conformidad con la normatividad vigente (...). Los criterios para la evolución (sic) de riesgo y las decisiones sobre las medidas deberán atender y tomar en consideración criterios diferenciales por género, capacidad, cultura y ciclo vital, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
Que el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 1719 de 2014 determina que “se presume la vulnerabilidad acentuada de las víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, el riesgo de sufrir nuevas agresiones que afecten su seguridad personal y su integridad física, y la existencia de riesgos desproporcionados de violencia sexual de las mujeres colombianas en el conflicto armado conforme a lo previsto en el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. En consecuencia, la adopción de las medidas provisionales de protección a que haya lugar, no podrá condicionarse a estudios de riesgo por ninguna de las autoridades competentes”. Y que el numeral 2 agrega: “[e]n todos los casos, los programas de protección deberán incorporar un enfoque de Derechos Humanos hacia las mujeres, generacional y étnico, y armonizarse con los avances legislativos, y los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”.
Que el artículo 67 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 4o de la Ley 1106 de 2006, que fue prorrogado por las Leyes 1421 de 2010, 1738 de 2014, 1941 de 2018 y 2272 de 2022, creó, con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía” mediante el cual se otorga protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal. Igualmente, dispuso que en los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de estos.
Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-234 de 2012, exhortó a la Fiscalía General de la Nación a revisar íntegramente el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal, que se encontraba contenido en la Resolución número 0-5101 de 2008, a fin de “adecuarlo a los principios y elementos mínimos de racionalidad que ha precisado la jurisprudencia constitucional, así como a los criterios y elementos para la revisión e implementación de los programas de protección integral”, contenidos en el artículo 32 de la Ley 1448 de 2011, modificada y prorrogada por la Ley 2078 de 2021.
Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución número 0-1006 del 27 de marzo de 2016, publicada en el Diario Oficial número 49.832 del 2 de abril de 2016, reglamentó el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, atendiendo a aspectos propios como la protección integral, el factor diferencial y de género, y demás previsiones legales especiales Vigentes.
Que la Corte Constitucional, mediante Sentencias T-355 y T-511, del 6 de julio y del 16 de septiembre de 2016, respectivamente, identificó falencias en la ponderación frente a personas que son sujetos de protección especial, en las garantías al debido proceso administrativo previstas en el trámite de las medidas de protección y en el análisis de la eficacia y de las causales de terminación de estas.
Que las anteriores decisiones de la Corte Constitucional ampararon los derechos fundamentales de los accionantes, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que, si bien el testigo puede verse sometido a restricciones en el ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales, las mismas no deben afectar el núcleo esencial de los derechos y han de mantenerse dentro de los cauces de lo razonable y lo proporcional. Igualmente, al considerar que la autoridad no está facultada para disponer la exclusión del Programa como primera respuesta al incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el protegido y su familia; por el contrario, le corresponde en ejercicio de su posición de garante, adoptar las medidas necesarias para remediar y prevenir nuevas infracciones y como último recurso disponer el retiro; esto, con mayor razón, cuando las condiciones de riesgo no han variado.
Que el Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación asume la “Posición de Garante” frente a las personas que normativamente cumplen con los requisitos establecidos para ser objeto de medidas de protección y que no elevan su nivel de riesgo ni incurren en un comportamiento doloso e imprudente, a través de acciones denominadas “a propio riesgo”, que propician un riesgo jurídicamente desaprobado, concepto que permite conocer cuándo un comportamiento ha superado los límites del espacio del actuar permitido en el marco del tráfico relacional. Así lo explica la Corte Constitucional, en las Sentencias T-355 del 6 de julio de 2016 y SU-1184 del 13 de noviembre de 2001. Esto mismo ha sido reiterado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las Sentencias SP-12912018 del 25 de abril de 2018, con radicado 49680; y SP1945-2019 del 12 de junio de 2019, con radicación 50523.
Que de conformidad con la Ley 1098 de 2006, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA) corresponde al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Los NNA podrán vincularse al Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación cuando cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución número 0-1400 del 22 de septiembre de 2021, estableció las Instancias de Gobierno en la Fiscalía General de la Nación, fortaleció el Sistema de Gestión Integral, y adoptó la Arquitectura Institucional como práctica estratégica que busca fortalecer las capacidades institucionales que contribuyan a mejorar la articulación, calidad, eficiencia y seguridad en la operación de la entidad mediante el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Que el numeral 13 del artículo 14B del Decreto Ley 016 de 2014, adicionado por el artículo 35 del Decreto Ley 898 de 2017, determina que corresponde a la Dirección de Protección y Asistencia “[a]plicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación” y por ende adecuar su funcionamiento a las nuevas prácticas que conlleva la implementación de la Arquitectura Institucional de la Fiscalía General de la Nación.
Que los numerales 1 y 19 del artículo 4o del Decreto Ley 016 de 2014, establecen como funciones del Fiscal General de la Nación, entre otras, las siguientes: “1. Formular y adoptar las políticas, directrices, lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación en la Constitución y en la ley [...] 19. Expedir reglamentos, protocolos, órdenes, circulares y manuales de organización y procedimiento conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la Fiscalía General de la Nación”.
Que es posible que la definición de temas o materias que estén en cabeza del titular de la Fiscalía General de la Nación, sean trasladadas para su definición a un área específica o dependencia de la entidad, por vía de la delegación de funciones. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que la Fiscalía General de la Nación tiene la facultad de delegar sus funciones a diferentes dependencias, de acuerdo con la estructura orgánica establecida en el Decreto Ley 016 del 2014.
Que en virtud de lo establecido en el acápite anterior mediante Resolución número 0-0712 del 12 de diciembre de 2023 se delegó en el Director de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación: “(...) la facultad de expedir reglamentos, protocolos y ordenes relacionadas con el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y demás asuntos que guarden relación con esta materia”.
Que resulta necesario derogar la Resolución número 0-1006 de marzo 27 de 2016, a fin de ajustar el Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación a los principios que ha precisado la jurisprudencia constitucional, y a las políticas y prácticas estratégicas institucionales. Igualmente, este reglamento se adecúa a la actual estructura orgánica del ente investigador y acusador en los términos del Decreto Ley 898 de 2017.
Que, en mérito de lo expuesto, el Director de Protección y Asistencia,
RESUELVE:
PARTE GENERAL.
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Reglamentar el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> El Reglamento contenido en el presente acto administrativo está dirigido a los servidores que hagan parte de la Dirección de Protección y Asistencia y aquellos servidores que apoyen la ejecución del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, así como sus beneficiarios.
PRINCIPIOS RECTORES.
ARTÍCULO 3o. DIGNIDAD HUMANA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Las actuaciones desarrolladas dentro del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (en adelante, “Programa de Protección y Asistencia” o “el Programa”) deberán estar enmarcadas en el respeto y la valoración de los derechos de los individuos con sus características y condiciones particulares.
ARTÍCULO 4o. IGUALDAD. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Los usuarios del Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación gozarán de los mismos derechos, libertades, obligaciones, deberes y oportunidades, sin discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, edad, etnia, salud, discapacidad, orientación sexual o identidad de género.
La Dirección de Protección y Asistencia aplicará el enfoque diferencial y de género en sus actuaciones, reconocerá las particularidades de sus usuarios, identificará las vulnerabilidades inherentes a la situación de riesgo y adoptará medidas complementarias en favor de aquellas personas que, por su condición, estén en circunstancias de debilidad manifiesta.
ARTÍCULO 5o. CONSENTIMIENTO. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> El ingreso al Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación implica una serie de limitaciones y restricciones en el ejercicio de algunos de los derechos fundamentales y libertades para el protegido, que se justifican en el interés superior de preservar su vida e integridad personal, por lo que se encuentra en una situación de especial sujeción ante el Programa, quien asume la posición de garante.
Por tanto, la decisión de ingresar, permanecer o renunciar al Programa, la tomarán los usuarios de manera voluntaria y con pleno conocimiento y responsabilidad sobre estos hechos.
ARTÍCULO 6o. AUTONOMÍA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> El Director de Protección y Asistencia tendrá autonomía para decidir acerca del ingreso, permanencia y terminación de la protección y asistencia, según lo establecido en la normativa que regula la materia y de acuerdo con el principio de proporcionalidad, y en particular, con el requisito de ponderación. Esta autonomía se ejercerá dentro del ámbito administrativo, normativo y territorial.
ARTÍCULO 7o. RESERVA LEGAL. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Las actuaciones e información relativa a la protección de personas amparadas o relacionadas con el Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación tendrán carácter reservado, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 418 de 1997.
Las personas que tengan acceso a dicha información están obligadas a guardar reserva legal, en especial, aquella relacionada con la población objeto de protección de este programa. La violación a la reserva legal acarreará las sanciones penales o disciplinarias del caso.
ARTÍCULO 8o. NECESIDAD. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Las medidas de protección y asistencia serán aplicadas al beneficiario, de acuerdo con el resultado de la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo que se realice a su favor, con el fin de proteger los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal, mientras persistan los motivos que dieron origen a la protección. Las medidas de protección y asistencia pueden ser modificadas si las condiciones varían y si la evaluación técnica de amenaza y riesgo así lo determina.
Los candidatos a protección o sus beneficiarios no podrán imponer condiciones, dado que las medidas se tomarán de acuerdo con las verificaciones que realice el programa y aplicando el enfoque diferencial y de género.
ARTÍCULO 9o. PROPORCIONALIDAD. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Las actuaciones del Programa de Protección y Asistencia tendrán en cuenta el respeto y la observancia de los derechos fundamentales, enmarcados dentro de criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido.
El Programa de Protección y Asistencia aplicará los criterios constitucionales en relación con las limitaciones y restricciones a los derechos fundamentales, en aras de salvaguardar la vida, libertad, seguridad e integridad personal.
ARTÍCULO 10. PONDERACIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La interpretación que el Programa de Protección y Asistencia realice sobre los alcances y límites de los derechos constitucionales buscará, en todos los casos, un equilibrio práctico en la situación concreta. El Programa deberá sopesar la afectación de los derechos involucrados.
ARTÍCULO 11. TEMPORALIDAD. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Las medidas de protección se aplicarán a los protegidos mientras subsistan los motivos que dieron origen a su ingreso al Programa de Protección y Asistencia, se mantenga su intervención en el proceso penal, y cumplan los requisitos establecidos en la normativa que regula la materia.
Las medidas implementadas estarán sujetas a revisión periódica de que trata el artículo 36 de la presente resolución.
ARTÍCULO 12. PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> El interés general prevalecerá sobre el particular. Toda decisión al interior de la Dirección de Protección y Asistencia buscará, únicamente, proteger la vida, libertad, seguridad e integridad personal de los beneficiarios del Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación.
ARTÍCULO 13. CORRESPONSABILIDAD. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Para lograr el fin primordial del Subproceso de Protección y Asistencia, se requiere de la participación activa de los usuarios en este, y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ellos al ser vinculados al Programa.
Asimismo, la Dirección de Protección y Asistencia cumplirá a cabalidad con los compromisos adquiridos y las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 14. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La Dirección de Protección y Asistencia aplicará los principios de la Función Administrativa, en las actividades propias del Proceso de Protección y Asistencia, en aras de alcanzar los fines del Estado Social de Derecho.
ARTÍCULO 15. COLABORACIÓN ARMÓNICA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La Dirección de Protección y Asistencia, dentro del ámbito de sus competencias, colaborará de manera armónica con los diferentes órganos del Estado para el cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO 16. ESPECIALIDAD TÉCNICA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Las actuaciones de la Dirección de Protección y Asistencia se encauzarán estrictamente en las competencias específicas que le son atribuidas por normas jurídicas. La independencia y autonomía para evaluar, con base en estudios técnicos individualizados, motivados y específicos, determina el nivel de riesgo, derivado de la intervención de un proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación, al igual que las medidas relacionadas con el ingreso, permanencia y terminación de la protección y asistencia.
NATURALEZA, BENEFICIARIOS Y OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA.
ARTÍCULO 17. NATURALEZA DEL PROGRAMA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> El Programa de Protección a Testigos, Víctimas e intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación es el conjunto de mecanismos adoptados por la Dirección de Protección y Asistencia, para salvaguardar la vida, libertad, seguridad e integridad de las personas que están sometidas a amenazas o en condición de riesgo (extraordinario o extremo) por causa o con ocasión de su intervención en un proceso penal.
La valoración de la amenaza y el riesgo se realizará por la Dirección de Protección y Asistencia mediante evaluación técnica.
ARTÍCULO 18. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Serán beneficiarios del Programa de Protección y Asistencia los testigos, víctimas e intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. De igual forma podrán ser beneficiarios por extensión sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y el cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando estén en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal, de conformidad con la normativa vigente.
PARÁGRAFO 1o. Los beneficiarios por extensión estarán sometidos a las mismas condiciones establecidas para el ingreso, permanencia y terminación de la protección del beneficiario titular.
PARÁGRAFO 2o. La Dirección de Protección y Asistencia protegerá a aquellas personas que estén en libertad provisional, libertad condicional, o sean beneficiarias de la suspensión de la ejecución de la pena, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en esta Resolución para dicha protección. En los casos de niños, niñas y adolescentes infractores de la Ley Penal, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006.
PARÁGRAFO 3o. Los niños, las niñas y adolescentes podrán ser parte de la población objeto del Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía en calidad de beneficiarios directos o por extensión. La materialización de su vinculación deberá contar con el consentimiento expreso y el acompañamiento de su representante legal o de quien haga sus veces, salvo en aquellos casos de emancipación en los que se evaluará el consentimiento en los términos establecidos en la ley
En atención al principio de corresponsabilidad, y cuando se requiera, el Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) coordinarán las diferentes acciones y procedimientos de acuerdo con las competencias establecidas en la ley.
Todas las decisiones tendrán en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente y la prevalencia de sus derechos.
ARTÍCULO 19. NO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> No son beneficiarios del Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación aquellas personas cuya protección es responsabilidad de otras Entidades del Estado, entre otros, los siguientes:
a) Los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
b) Los defensores de oficio y apoderados judiciales.
c) Las diferentes personas o poblaciones cuya protección está a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de conformidad con la normativa vigente.
d) Las víctimas y testigos que se encuentren en situación de riesgo por su participación en los procesos de justicia y paz, en el marco de la Ley 975 de 2005.
e) La protección a personas que cumplen medidas privativas de la libertad, de conformidad con las normas vigentes, incluida la de reclusión domiciliaria u hospitalaria, o se encuentran bajo mecanismos de vigilancia electrónica como sustitutivos de la pena de prisión o de la detención preventiva, que estén a cargo de las autoridades penitenciarias y carcelarias, dirigidas o supervisadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Para el caso de adolescentes privados de la libertad se atenderá lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, en cuyo caso la medida se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
PARÁGRAFO. La solicitud de protección o de vinculación de cualquier persona privada de la libertad se realizará a favor de la familia por extensión y seguirá el mismo procedimiento para su ingreso, permanencia y terminación de la protección. En este evento se determinará como titular del caso a uno de los familiares vinculados por extensión.
ARTÍCULO 20. RESPONSABILIDADES DEL FISCAL DELEGADO. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Para alcanzar los fines de la investigación penal y los objetivos del Programa de Protección y Asistencia, el fiscal de conocimiento realizará las siguientes acciones:
a) Informar a la Dirección de Protección y Asistencia de manera clara, precisa, oportuna y por escrito las novedades que puedan incidir en la protección de los beneficiarios del Programa, así como todas las necesidades de protección y asistencia que advierta en el marco de las actuaciones penales a su cargo.
b) Priorizar la atención de los requerimientos efectuados por el Programa de Protección y Asistencia, en aras de agilizar la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo y el seguimiento a los casos vinculados.
c) Facilitar, en la medida de lo jurídicamente posible, a los servidores asignados de la Dirección de Protección y Asistencia, cuando se requiera, la revisión al expediente en cualquier fase procesal, con el único fin de verificar la participación procesal del candidato o beneficiario de la protección. En todo caso, la decisión acerca del levantamiento de la reserva y su alcance hará parte de la autonomía e independencia del fiscal delegado.
d) Informar a la Dirección de Protección y Asistencia el cambio de titular del despacho de la fiscalía, las rupturas de la unidad procesal o la redistribución o variación de asignación de noticias criminales, en las que se encuentran protegidos testigos, víctimas e intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
e) Mantener, bajo estricta reserva, la información concerniente a las personas amparadas o relacionadas con el Programa de Protección y Asistencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 418 de 1997.
f) Informar a la Dirección de Protección y Asistencia cuando sea requerido el testigo en audiencias, cuando la participación del beneficiario finalice en el proceso penal o cuando no requiera al testigo para que siga actuando en el proceso respectivo, con el fin de tramitar la desvinculación.
ARTÍCULO 21. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Las personas que se acojan al Programa se sujetarán a las condiciones que establezca la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Protección y Asistencia, en los términos establecidos en el artículo 69 de la Ley 418 de 1997 y las demás normas concordantes sobre la materia.
Las obligaciones de los beneficiarios serán explicadas en la jornada de ingreso al Programa o al momento de materializarse la medida de protección, se entregarán en documento al usuario quien, en señal de aceptación, suscribirá la copia a través de los mecanismos previstos para tal fin. Este documento hará parte integral del acto que formalizará la decisión de vincularse al Programa.
PARÁGRAFO. El Programa no asumirá el cumplimiento de obligaciones civiles, laborales, comerciales, fiscales ni administrativas adquiridas por el beneficiario antes de su vinculación ni mientras persista la medida de protección, salvo las contempladas en el compendio de obligaciones específicas para cada medida, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 418 de 1997 modificado por el artículo 27 de la Ley 782 de 2002.
ARTÍCULO 22. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La Dirección de Protección y Asistencia, o quien haga sus veces, otorgará protección integral y· asistencia social a los beneficiarios del Programa de Protección y Asistencia de conformidad con las condiciones establecidas en la normativa vigente y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal prevista por la Fiscalía General de la Nación para este concepto.
ARTÍCULO 23. MOMENTOS PROCESALES PARA LA PROTECCIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Los siguientes son momentos relevantes del proceso, que deben considerarse cuando se evalúe la vinculación de un candidato a protección por parte de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.
a) PROCESOS DE LEY 906 DE 2004: La protección bajo cualquier modalidad se dará siempre y cuando haya una indagación preliminar, y esté próxima la etapa de investigación y juicio hasta el momento en que se haya emitido sentencia o se haya cumplido la finalidad de la protección.
b) PROCESOS DE LEY 600 DE 2000: La protección bajo cualquier modalidad se dará siempre que haya, al menos, una investigación previa, de manera que con el testimonio del beneficiario se proceda a darle apertura a una instrucción formal y a emitir órdenes de captura.
El fiscal de conocimiento deberá impulsar prevalentemente la instrucción donde se encuentra el beneficiario como testigo, así como realizar las actividades necesarias para que en etapa de Juzgamiento no haya dilación injustificada del proceso. La protección finalizará al concluirse la audiencia pública que ponga fin al proceso, o antes, si se ha cumplido con la finalidad de la protección y se prevé que el beneficiario no va a ser requerido nuevamente en dicho proceso.
ARTÍCULO 24. COMUNICACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación es el único canal de comunicación entre el beneficiario, el fiscal de conocimiento u otras autoridades.
PARÁGRAFO. Las comunicaciones con la Dirección de Protección y Asistencia se realizarán por los medios legalmente habilitados y según lo especificado en la documentación interna del Programa de Protección y Asistencia.
ARTÍCULO 25. DESPLAZAMIENTO A DILIGENCIAS. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> El fiscal de conocimiento o la autoridad que requiera al beneficiario para diligencias judiciales o administrativas (presenciales o virtuales), deberá solicitar su desplazamiento a la Dirección de Protección y Asistencia por escrito a través de medios habilitados legalmente, mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de la diligencia, con el fin de adoptarlas medidas necesarias para garantizar la seguridad del protegido.
Excepcionalmente, cuando por orden judicial se requiera la comparecencia del beneficiario en un término menor al mencionado en el acápite anterior, el Programa de Protección y Asistencia agotará los trámites necesarios para dar cumplimiento a la solicitud.
En las diligencias de campo u operativos donde se requiera la participación del beneficiario, la posición de garante frente al mismo será asumida por la autoridad competente que solicita dicha diligencia y deberá constar en documento escrito, a menos que provenga del fiscal de conocimiento, evento en el cual la Dirección de Protección y Asistencia continuará con la protección.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
ARTÍCULO 26. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Las medidas de protección se clasifican en:
a) Medidas de seguridad.
b) Medidas asistenciales.
ARTÍCULO 27. MEDIDAS DE SEGURIDAD. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Son acciones implementadas o recomendadas por la Dirección del Programa de Protección y Asistencia para prevenir la materialización de la amenaza o riesgo contra la vida, libertad, seguridad e integridad personal del beneficiario teniendo en cuenta el enfoque diferencial y de género. Las medidas de seguridad son:
a) Protección física en sede.
b) Esquema de seguridad.
c) Cambio de domicilio.
d) Cambio de lugar de trabajo.
e) Medidas tecnológicas.
f) Medidas de competencia del Fiscal General de la Nación.
PARÁGRAFO. Podrán implementarse medidas adicionales de seguridad en consideración a la calidad del protegido, la naturaleza y relevancia del proceso penal en el que interviene y las demás circunstancias específicas del caso.
La adopción de dichas medidas de protección estará sujeta a la disponibilidad logística y presupuestal del Programa, las condiciones de seguridad, orden público del país y a la autonomía del Director de Protección y Asistencia, con fundamento en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 28. MEDIDAS ASISTENCIALES. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Son medidas dirigidas a las personas protegidas, orientadas a la atención de necesidades fundamentales de alojamiento, manutención, vestuario, salud, apoyo psicosocial, proyección de vida, educación, formación para el trabajo y apoyo en el trámite de documentos, entre otras.
La adopción de dichas medidas de protección estará sujeta a la disponibilidad logística y presupuestal del Programa, las condiciones de seguridad, orden público del país y a la autonomía del Director de Protección y Asistencia, con fundamento en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 29. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Son las medidas asistenciales adicionales dispuestas durante el proceso de protección que, previa verificación, otorga el Director de Protección y Asistencia a los beneficiarios identificados como población diferencial y que contribuyen a mitigar las vulnerabilidades asociadas a.su condición y las desigualdades en el goce de sus derechos.
ARTÍCULO 30. PROTECCIÓN FÍSICA EN SEDE. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Es la ubicación temporal del beneficiario en una sede de seguridad, bajo las condiciones y restricciones que la Dirección de Protección y Asistencia determine.
Esta medida se ejecutará dentro del territorio nacional, fuera de la zona de riesgo determinada en la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo.
El Programa asumirá la protección integral de la persona, durante la permanencia en el Programa, hasta tanto se configure alguna de las causales de la terminación de la protección.
ARTÍCULO 31. ESQUEMA DE SEGURIDAD. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Es el dispositivo de protección, conformado por personal con habilidades técnicas y tácticas en seguridad, que se implementa de manera excepcional en favor de los beneficiarios del Programa, siempre y cuando la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo así lo recomiende.
PARÁGRAFO. Se podrán implementar esquemas de seguridad para comparecer a diligencias judiciales o administrativas, o atender diligencias personales, previa Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo o valoración de la Dirección de Protección y Asistencia, según corresponda.
ARTÍCULO 32. CAMBIO DE DOMICILIO. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Es el traslado de una persona o grupo familiar a otro lugar dentro del territorio nacional, fuera de la zona de riesgo establecida en la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo. La Dirección de Protección y Asistencia, bajo el principio de corresponsabilidad, brindará apoyo y acompañamiento para la ubicación en la nueva residencia, en procura de la satisfacción de las necesidades fundamentales de los beneficiarios.
En tanto permanezca vigente la medida, el Programa de Protección y Asistencia estará obligado a realizar los traslados a diligencias de carácter judicial o por solicitud de otras autoridades competentes. El beneficiario estará obligado a cumplir con las medidas de autoprotección y la correcta inversión de los recursos que el Programa le otorgue para atender sus necesidades fundamentales.
PARÁGRAFO. El beneficiario de la medida de cambio de domicilio permanecerá, en lo posible, en el lugar de residencia establecido en el documento que ordena la implementación de la medida. En caso de cambiar de residencia, deberá estar ubicado fuera de la zona de riesgo e informará inmediatamente a la Dirección de Protección y Asistencia su nueva ubicación.
ARTÍCULO 33. CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Es una medida administrativa consistente en la variación del sitio de trabajo del servidor de la Fiscalía General de la Nación a otro lugar del territorio nacional, alejado de la zona de riesgo. Esta medida deberá ser adoptada por la dependencia competente de la Entidad, previo concepto y recomendación de la Dirección de Protección y Asistencia, y con el consentimiento del servidor evaluado.
PARÁGRAFO. Esta medida podrá otorgarse al núcleo familiar, previa Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo.
ARTÍCULO 34. MEDIDAS TECNOLÓGICAS. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Abarca el empleo de herramientas tecnológicas informáticas y de telecomunicaciones especializadas para la seguridad personal, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), Botones de Seguridad (botones de pánico etc.), Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), audiencias virtuales, Videoconferencias, entre otras. Estas medidas podrán adoptarse de manera adicional a las demás medidas de protección.
ARTÍCULO 35. MEDIDAS DE COMPETENCIA DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Son medidas de competencia exclusiva del Fiscal General de la Nación el traslado al exterior y el cambio de identidad.
PARÁGRAFO. Las condiciones generales para la implementación de estas medidas se encuentran previstas en la Ley 418 de 1997 y las demás normas que la prorroguen o modifiquen.
ARTÍCULO 36. REVISIÓN A LOS FACTORES GENERADORES DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La Dirección de Protección y Asistencia revisará mínimo cada seis (6) meses, o cuando el Director de Protección y Asistencia lo determine, los factores contenidos en la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo a efectos de decidir la continuidad, modificación o terminación de la medida.
PARÁGRAFO. La revisión se realizará según las actividades previstas en la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo que la Dirección de Protección y Asistencia adelante.
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN, PERMANENCIA EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA Y TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN.
VINCULACIÓN AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA.
ARTÍCULO 37. SOLICITUD DE VINCULACIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Pueden solicitar la vinculación al Programa el funcionario judicial que adelanta la actuación, otro servidor público, o directamente el interesado, conforme a lo establecido en la presente resolución.
Analizada la solicitud de ingreso, la Dirección de Protección y Asistencia establecerá su competencia de manera expedita, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de esta. Si no es competencia del Programa, se trasladará a la entidad que corresponda, dentro de los términos establecidos en la norma vigente que regula el derecho de petición, y se informará al solicitante.
ARTÍCULO 38. TRÁMITE DE LA SOLICITUD. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Establecida la competencia frente a la solicitud de ingreso, la Dirección de Protección y Asistencia realizará la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo (ETAR) dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la asignación de la misión de trabajo que ordena el estudio.
De manera excepcional, el término establecido para realizar la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo podrá ser prorrogado por un término de diez (10) días hábiles. La solicitud de prórroga deberá estar sustentada de conformidad con los requisitos especificados en el Sistema de Gestión Integral.
PARÁGRAFO 1o. El Programa de Protección dará atención priorizada a las solicitudes de protección de poblaciones en condiciones de especial vulnerabilidad de competencia del programa y de acuerdo con las directrices emitidas por el Fiscal General de la Nación.
PARÁGRAFO 2o. Se oficiará a la Policía Nacional o a la Policía Judicial con el fin de que adopten las medidas preventivas, mientras se decide la vinculación o no al Programa de Protección, salvo manifestación expresa en contrario del solicitante, debidamente documentada.
PARÁGRAFO 3o. Cuando la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo establezca que no se cumplen las condiciones previstas en el artículo 38 de esta resolución se recomendará la no vinculación del candidato al Programa de Protección. En caso de no vinculación, la decisión será comunicada a la Policía Nacional y demás entidades pertinentes, para lo de su competencia, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin.
ARTÍCULO 39. REQUISITOS. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Para la vinculación al Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Consentimiento informado y expreso del evaluado, su representante o quien haga sus veces:
b) Existencia de una amenaza o riesgo (extraordinario o extremo) bajo los criterios previstos por la jurisprudencia vigente;
c) Existencia de nexo causal entre la intervención en el proceso penal y la situación de amenaza o riesgo (extraordinario o extremo) derivada de aquella;
d) Que la protección del peticionario no genere riesgos a las personas, la información, la infraestructura física y tecnológica al igual que a los recursos financieros de la Fiscalía General de la Nación.
ARTÍCULO 40. CLASIFICACIÓN DE LA VINCULACIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La vinculación de los beneficiarios al Programa, que realiza la Dirección de Protección y Asistencia, se clasifica en:
a) Vinculación ordinaria.
b) Vinculación extraordinaria
ARTÍCULO 41. VINCULACIÓN ORDINARIA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Es el ingreso de los candidatos al Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 39 de esta resolución y de conformidad con el procedimiento documentado en el Sistema de Gestión Integral.
ARTÍCULO 42. VINCULACIÓN EXTRAORDINARIA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Es el ingreso de los candidatos al Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación de manera excepcional, en los casos previstos en los artículos 43 y 44 de esta resolución y de conformidad con el procedimiento documentado dentro del Sistema de Gestión Integral.
Esta vinculación se clasifica en:
a) Vinculación extraordinaria inmediata
b) Vinculación extraordinaria condicionada
ARTÍCULO 43. VINCULACIÓN EXTRAORDINARIA INMEDIATA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La Dirección de Protección y Asistencia podrá vincular al candidato al Programa de manera excepcional e inmediata, sin previa Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo, en los siguientes casos:
a) Por orden judicial.
b) Por solicitud del fiscal de conocimiento a cargo del proceso penal.
c) Por solicitud del evaluador del Programa de Protección y Asistencia en desarrollo de sus labores de investigación.
d) Para víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado establecidos en la Ley 1719 de 2014, y
e) Para otros casos expresamente establecidos en la ley.
PARÁGRAFO. Una vez ejecutada la vinculación se adelantará la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo con la que se decidirá la continuidad, modificación o terminación de la medida.
ARTÍCULO 44. VINCULACIÓN EXTRAORDINARIA CONDICIONADA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Es la vinculación del beneficiario al Programa de Protección y Asistencia a solicitud del fiscal de conocimiento, previa Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo, sin que se cumpla el requisito de existencia de nexo causal previsto en el literal c) del artículo 39 de esta resolución.
La vinculación extraordinaria condicionada se otorgará por un plazo máximo de seis (6) meses improrrogables. Terminado el plazo se realizará seguimiento a los factores generadores de la protección y se decidirá la continuidad del beneficiario en el Programa.
La continuidad del beneficiario en el Programa de Protección dependerá de las medidas procesales de fondo que tome el fiscal de conocimiento con base en la intervención del protegido.
ARTÍCULO 45. PRESENTACIÓN DEL INFORME ETAR. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> El Informe de Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo (ETAR) que conceptúa la vinculación, no vinculación o terminación de la vinculación del candidato o beneficiario de la protección, deberá presentarse a la Unidad Jurídica de la Dirección de Protección y Asistencia o a los Grupos designados para el Estudio de Casos a Vincular o Desvincular del Programa de Protección y Asistencia para que se dé el trámite establecido en los procedimientos previstos para tal fin.
ARTÍCULO 46. CREACIÓN GRUPOS DE ESTUDIO DE CASOS A VINCULAR O DESVINCULAR DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Modificar parcialmente la Resolución número 0-0570 del 2 de abril de 2014 en el sentido de crear, al interior de la Dirección de Protección y Asistencia, el “Grupo de Estudio de Casos a Vincular en el Programa de Protección y Asistencia”, encargado de analizar el informe que contiene la Evaluación Técnica de Amenaza y recomendar al Director de Protección y Asistencia la medida de protección a implementar al beneficiario de la protección; y la creación del “Grupo de Estudio de Casos a Desvincular del Programa de Protección y Asistencia” encargado del análisis de la causal de terminación de la protección del beneficiario y de recomendar al Director de Protección y Asistencia o quien haga sus veces, la terminación de la protección. Las recomendaciones realizadas por los grupos mencionados no tendrán carácter vinculante.
ARTÍCULO 47. TÉRMINO PARA EL ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA DECISIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Realizada la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo y surtida la recomendación sobre la medida a adoptar en los casos que sea procedente por el “Grupo de Estudio de Casos a Vincular en el Programa de Protección y Asistencia”, la decisión se plasmará en acta debidamente motivada. La proyección de la decisión se realizará por la Unidad Jurídica de la Dirección de Protección y Asistencia o el área competente dentro de los diez (10) días contados a partir del día hábil siguiente a la asignación de la misión de trabajo que ordena la elaboración del acta.
ARTÍCULO 48. COMPETENCIA Y TÉRMINOS PARA DECIDIR. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> El Director de Protección y Asistencia, o quien haga sus veces, decidirá sobre la solicitud de ingreso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del proyecto de acta en el despacho.
ARTÍCULO 49. COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La decisión adoptada será comunicada al solicitante de la protección, al fiscal de conocimiento y a la Policía Nacional para lo de su competencia, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin, y a las demás entidades participantes, con fines informativos.
ARTÍCULO 50. RECURSOS. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Contra las decisiones emitidas por el Director de Protección y Asistencia, o quien haga sus veces, sobre la solicitud de ingreso al Programa de Protección, no procede recurso alguno.
ARTÍCULO 51. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La Dirección de Protección y Asistencia ejecutará las medidas de protección de su competencia dentro de la mayor brevedad posible conforme al procedimiento establecido.
PERMANENCIA EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA.
ARTÍCULO 52. PERMANENCIA EN EL PROGRAMA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La Dirección de Protección y Asistencia tiene la obligación de cumplir con las medidas de protección y asistencia establecidas a favor de los beneficiarios, mientras persista la vinculación al Programa. Asimismo, las personas vinculadas se comprometen a cumplir con todas las obligaciones que sean impuestas en atención a la medida de protección.
PARÁGRAFO. Las actividades que se desarrollan durante la permanencia del beneficiario en el Programa de Protección y Asistencia se describen en los documentos normalizados en el Sistema de Gestión Integral de la FGN.
TERMINACIÓN DE LA VINCULACIÓN AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA.
ARTÍCULO 53. TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La Dirección de Protección y Asistencia dará por terminada la protección para el titular o el beneficiario por extensión por las siguientes causales:
a) Por muerte.
b) Por renuncia.
c) Por modificación o extinción de los factores generadores de la medida de protección, como resultado de la revisión de estos.
d) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Programa de Protección y Asistencia.
e) Cuando sea objeto de una medida restrictiva de la libertad expedida por autoridad nacional o extranjera.
f) Cuando sea objeto de una medida de protección por parte de otra entidad.
g) Cuando se vea afectada de manera insuperable la seguridad del Programa o de la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO 1o. Las causales de la terminación de la protección para el titular son extensivas a los beneficiarios del grupo familiar, salvo el literal e), condicionado a la colaboración con la administración de justicia del titular y que de ello se desprendan factores de amenaza o riesgo (extraordinario o extremo) por extensión.
PARÁGRAFO 2o. Las causales de terminación de la protección de los literales c), d) y g) tendrán en cuenta los principios de proporcionalidad y ponderación conforme se recomiende en el grupo dispuesto para tal fin.
PARÁGRAFO 3o. Una vez termine la intervención procesal del testigo y previo concepto del fiscal de conocimiento e Informe de Seguimiento a la Participación, la Dirección de Protección y Asistencia procederá a la Reubicación Definitiva de los beneficiarios de la protección en un lugar del país alejado de la zona de riesgo, con el fin de salvaguardar su vida, libertad, seguridad e integridad, y cuando sea procedente, asignará recursos económicos destinados a ejecutar un plan de acción, dirigido a facilitar su reinserción social y educativa.
La reubicación definitiva estará sujeta a la disponibilidad logística y presupuestal del Programa, las condiciones de seguridad, orden público del país y a la autonomía del Director de Protección y Asistencia, con fundamento en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 54. TÉRMINO PARA EL ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA DECISIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Realizada la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo y surtida la recomendación sobre la procedencia de la terminación de la protección por el “Grupo de Estudio de Casos a Desvincular del Programa de Protección y Asistencia”, la decisión se plasmará en acta debidamente motivada. La proyección de la decisión se realizará por la Unidad Jurídica de la Dirección de Protección y Asistencia o el área competente dentro de los diez (10) días contados a partir del día hábil siguiente a la asignación de la misión de trabajo que ordena la elaboración del acta.
ARTÍCULO 55. COMPETENCIA Y TÉRMINOS PARA DECIDIR. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> El Director de Protección y Asistencia, o quien haga sus veces, decidirá sobre la terminación de la medida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del proyecto de acta en el despacho.
ARTÍCULO 56. COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE TERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La decisión adoptada sobre la terminación de la protección será comunicada al beneficiario, al fiscal de conocimiento y a la Policía Nacional para lo de su competencia, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin, y a las demás entidades participantes con fines informativos.
ARTÍCULO 57. RECURSOS. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Contra las decisiones emitidas por el Director de Protección y Asistencia, o quien haga sus veces, sobre la terminación de. las medidas de protección, no procede recurso alguno.
ARTÍCULO 58. EJECUCIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La Dirección de Protección y Asistencia ejecutará la decisión de terminar la medida de protección dentro de la mayor brevedad posible conforme al procedimiento establecido.
DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 59. PERIODO DE TRANSICIÓN. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> Establézcase un periodo de transición de cinco (5) meses contados a partir de la fecha de publicación de este acto administrativo, término en el cual la Dirección de Protección y Asistencia desarrollará las actuaciones de socialización de la Resolución y aquellas administrativas, financieras, jurídicas y operativas, que permitan implementar en su totalidad la reglamentación adoptada mediante el presente acto administrativo. Durante el periodo de transición se continuará aplicando la Resolución número 0-1006 de 2016.
ARTÍCULO 60. VIGENCIA. <Resolución derogada a partir del 16 de septiembre de 2024 por el artículo 61 de la Resolución 205 de 2024> La presente resolución entrará en vigencia cinco (5) meses después de su publicación, fecha a partir de la cual se entenderá derogada la Resolución número 0-1006 de 2016 expedida por el Fiscal General de la Nación, a excepción del parágrafo 2 del artículo 18 y el artículo 23 de la presente resolución, los cuales tendrán aplicación a partir de su publicación. Igualmente modifica parcialmente la Resolución número 0-0570 del 2 de abril de 2014.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de enero de 2024.
El Director de Protección y Asistencia (e),
Teniente Coronel Héctor Jairo López López.