Corte Suprema advierte riesgos de fraude a justicia transicional de la JEP. La defraudación del sistema de justicia transicional por parte de dichos sujetos, bajo el pretexto de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, no sólo repercute en la deslegitimación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, sino que implica un debilitamiento de la justicia ordinaria. El riesgo de avalar esos análisis laxos de competencia también conlleva el riesgo de atribuir a la JEP el conocimiento de fenómenos de criminalidad que, de entrada, carecen de conexidad material con el conflicto armado, como por apenas citar un ejemplo, eventos de corrupción judicial como el denominado “cartel de la toga”, donde se afirmó una conexidad consecuencial que, si bien puede predicarse del intento por evitar la judicialización de los crímenes cometidos en el marco del conflicto, carecen de nexo con el conflicto mismo, que es en relación con el cual se le otorgó competencia exclusiva a la JEP. Este, desde luego, no es el escenario para cuestionar los fundamentos de dichas determinaciones

Competencia para conocer de procesos en contra de fiscales adscritos a la JEP. El cargo de Fiscal de Apoyo II Adscrito a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para La Paz, ostenta la misma categoría de Seccional que el Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito; por consiguiente, el conocimiento de las actuaciones que se sigan contra tales funcionarios, por los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, corresponde en primera instancia a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, conforme el artículo 34, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal. No constituye óbice para la aplicación de la regla contenida en el artículo 34, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal que las ilicitudes por las cuales se convoca a juicio al procesado acaecieran antes del 6 de junio de 2019, día en que inició a regir la Ley 1957, "Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para La Paz", porque con independencia a ello, la Jurisdicción Especial para la Paz fue creada a través del Acto Legislativo 01 de 2017 como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, estableciéndose en el artículo 15 transitorio que su entrada en funcionamiento sería a partir de la aprobación del mencionado acto legislativo, esto es, el 4 de abril de 2017

Acogimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando un tercero o un agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública pretenden acceder a los beneficios y penas establecidos en el Acuerdo Final para la Paz, el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1820 de 2016, 1922 de 2018 y los decretos reglamentarios, es necesario el análisis por parte de la autoridad de la jurisdicción ordinaria que conoce el proceso, con miras a determinar si las conductas punibles cometidas por quien hace la petición, fueron ejecutadas con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto. En conclusión, (i) la manifestación de acogimiento a la JEP, presentada por un tercero o un agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública, en la jurisdicción ordinaria, sólo será remitida a esa jurisdicción si el funcionario judicial a cargo del proceso verifica que se reúnen los presupuestos de competencia material y personal. (ii) Si la petición es presentada directamente en la JEP, y una vez analizada la solicitud se concluye que es un asunto de su competencia, solicitará a la jurisdicción ordinaria la remisión del expediente. (iii) En el evento de presentarse criterios encontrados entre las dos jurisdicciones, se resolverán a través del conflicto de competencia

Competencia de la Corte Suprema de Justicia, respecto de un requerido que no acredita el factor personal para el conocimiento del asunto por la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora bien, respecto del alegato que reclama la remisión de este asunto a la JEP, bajo el entendido que sería dicha Jurisdicción Especial la competente para conocer del mismo en aplicación de la garantía de no extradición, se trata de un tema ya dilucidado tanto por la Corte al responder a idéntica petición dentro de este mismo trámite, como por la propia Sala de Revisión del Tribunal para la Paz. En efecto, en el auto por medio del cual negó la solicitud de remisión de este asunto a la JEP (11 de diciembre de 2018) y aquél que a su turno negó su reposición (10 de abril de 2019), advirtió la Corte que así como entendía no estar dado el factor personal de competencia de ser XXXX miembro o colaborador de las FARC-EP, este era un tema que debía ser dilucidado privativamente por la propia Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial. Por tanto, no proceden las alegaciones presentadas por el apoderado de XXX y tampoco hay lugar a considerar el manuscrito con similares pretensiones allegado extemporáneamente vía correo electrónico por el ciudadano requerido y su defensor. Se deberán acatar los derechos y garantías consagrados en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem

Exclusión de la lista de postulados por delitos dolosos cometidos después de su desmovilización. El criterio de la Sala en torno a la causal contenida en el numeral 5º del artículo 11A de la Ley 975 de 2005 ha sido uniforme en el sentido de indicar que se trata de una causal objetiva en virtud de la cual, cualquier infracción penal cometida después de la dejación de armas configura el motivo de exclusión examinado, siempre que se haya emitido sentencia de condena. Lo anterior porque la justicia transicional se dirige a los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley que deciden desmovilizarse y contribuir a la reconciliación nacional -Art. 2 Ley 975 de 2005-, lo cual supone el compromiso de respetar y acatar las obligaciones adquiridas de forma libre y voluntaria a cambio de obtener un tratamiento punitivo alternativo benigno en comparación a las penas de la justicia ordinaria. Sin embargo, la Sala no puede obviar la existencia de casos en los que la exclusión se torna desproporcionada ante el escaso impacto del accionar ilegal del postulado frente a los fines del proceso de Justicia y Paz, orientados a "facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de miembros de los grupos organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", según establece el artículo 1º de la Ley 975 de 2005. La colaboración eficaz con la reconstrucción de la verdad, como forma de satisfacer el derecho a la verdad que asiste a las víctimas y a la sociedad, por tanto, constituye un parámetro a considerar al momento de evaluar la exclusión del postulado, en particular en el inusual suceso que se analiza

¿La Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer de la solicitud de extradición de exintegrantes de las FARC? No, el artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 establece que la J.E.P. conocerá, de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva, de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo. En virtud de la competencia prevalente, preferente, absorbente y exclusiva de la J. E. P., las solicitudes de extradición que recaigan sobre ex integrantes de las FARC, desmovilizados en virtud del Acuerdo de Paz y que se hayan acogido a la J.E.P., han de ser conocidas por esa jurisdicción especial. Sólo ella es la habilitada constitucional y legalmente para calificar y constatar si se dan los presupuestos materiales para afirmar su competencia, a la luz de tres factores: i) en razón de la materia, delitos cometidos antes del 24 de noviembre de 2016, en el marco del conflicto; ii) el personal, por integrantes de las FARC desmovilizados en razón del Acuerdo de Paz que hagan parte de los listados oficiales y que se hayan sometido a la J.E.P. y iii) en razón del tiempo, por hechos ocurridos con anterioridad a la firma del Acuerdo.

Los postulados a la Ley de Justicia y Paz que se desmovilizaron de las FARC-EP se encuentran, por tanto, ante la disyuntiva de permanecer en el trámite de la Ley 975 de 2005 o solicitar su inclusión en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no pueden estar en los dos trámites transicionales al mismo tiempo (...) Si optan por solicitar la libertad condicionada prevista en la Ley 1820 de 2016 deberán someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como lo ordenan los artículos 35 y 36, al señalar que "el acta de compromiso que suscribirán las personas beneficiadas con las libertades previstas en este Capítulo, contendrá el compromiso de sometimiento y puesta a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz...", lo cual significa que al acogerse a la nueva jurisdicción tienen que abandonar la de Justicia y Paz, pues aunque los dos sistemas tienen como finalidad terminar con el conflicto armado interno y lograr la reconciliación y la paz nacional, cada uno tiene sus autoridades, procedimientos, sanciones y mecanismos de implementación que no permiten que se entremezclen y confundan

Los postulados a la Ley de Justicia y Paz que se desmovilizaron de las FARC-EP se encuentran, por tanto, ante la disyuntiva de permanecer en el trámite de la Ley 975 de 2005 o solicitar su inclusión en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no pueden estar en los dos trámites transicionales al mismo tiempo (...) Si optan por solicitar la libertad condicionada prevista en la Ley 1820 de 2016 deberán someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como lo ordenan los artículos 35 y 36, al señalar que "el acta de compromiso que suscribirán las personas beneficiadas con las libertades previstas en este Capítulo, contendrá el compromiso de sometimiento y puesta a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz...", lo cual significa que al acogerse a la nueva jurisdicción tienen que abandonar la de Justicia y Paz, pues aunque los dos sistemas tienen como finalidad terminar con el conflicto armado interno y lograr la reconciliación y la paz nacional, cada uno tiene sus autoridades, procedimientos, sanciones y mecanismos de implementación que no permiten que se entremezclen y confundan

¿Cómo se debe entender la suspensión de procesos consagrada en el artículo 22 del Decreto 277 de 2017? Considera la Sala que la mencionada suspensión de los procesos debe ser interpretada de la siguiente manera: Dado el imperativo de conocer la verdad, no podrá suspenderse el curso de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, pero para tal efecto debe entenderse el ámbito de su investigación en los términos definidos en la Ley 906 de 2004, es decir, como la búsqueda y recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física en orden a reconstruir la conducta motivo de averiguación, de manera que se excluyen actividades tales como las órdenes de captura, los interrogatorios, la formulación de imputación, la imposición de medidas de aseguramiento, la acusación, etc. Y, desde luego, ello conlleva, con mayor razón, la suspensión de los juicios en trámite. En los procesos gobernados por la Ley 600 de 2000, únicamente y por los mismos argumentos, una vez dispuesta la suspensión, la Fiscalía sólo podrá adelantar labores de aseguramiento de las pruebas, sin que haya lugar a órdenes de captura, indagatorias, resoluciones de medidas de aseguramiento o acusación y tanto menos tramitar juicios o proferir sentencias

Libertad transitoria condicionada y anticipada establecida en la Ley 1820 de 2016. El Congreso de la República expidió la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, en desarrollo del procedimiento legislativo especial para la paz. La libertad transitoria condicionada y anticipada como su nombre lo indica, es provisional y previa y no implica, conforme lo establece el inciso 4 del artículo 51, "la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz" y tampoco conlleva la concesión de circunstancias atenuantes ni mucho menos la disminución de la respectiva sanción, pues se otorga mientras el beneficiario acude a la Jurisdicción Especial para la Paz y podrá ser revocada si no cumple las obligaciones contraídas en la respectiva acta de compromiso. Reitera la Corte que el derecho a beneficiarse del tratamiento diferenciado dependerá de que, como lo establece el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 2017, "el condenado reconozca verdad completa, detallada y exhaustiva" y cumpla las condiciones relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. Por tanto, si se sustrae de esos compromisos no se hará acreedor a las sanciones propias o alternativas de la Jurisdicción Especial para la Paz sino que se hará efectiva la pena impuesta por la justicia ordinaria. Ahora bien, la aplicación de los tratamientos penales especiales diferenciados previstos en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en la Ley 1820 de 2016 que conducirá en su momento el envío del proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz, implica reconocer que tal normatividad se ubica en el marco de la "justicia transicional" que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, ha sido admitida por la comunidad internacional, dado que tiene como supremo objetivo el restablecimiento de la paz interna, pero siempre y cuando se garantice que "las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de las mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban algún tipo de sanción"

Libertad transitoria condicionada y anticipada establecida en la Ley 1820 de 2016. El Congreso de la República expidió la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, en desarrollo del procedimiento legislativo especial para la paz. La libertad transitoria condicionada y anticipada como su nombre lo indica, es provisional y previa y no implica, conforme lo establece el inciso 4 del artículo 51, "la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz" y tampoco conlleva la concesión de circunstancias atenuantes ni mucho menos la disminución de la respectiva sanción, pues se otorga mientras el beneficiario acude a la Jurisdicción Especial para la Paz y podrá ser revocada si no cumple las obligaciones contraídas en la respectiva acta de compromiso. Reitera la Corte que el derecho a beneficiarse del tratamiento diferenciado dependerá de que, como lo establece el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 2017, "el condenado reconozca verdad completa, detallada y exhaustiva" y cumpla las condiciones relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. Por tanto, si se sustrae de esos compromisos no se hará acreedor a las sanciones propias o alternativas de la Jurisdicción Especial para la Paz sino que se hará efectiva la pena impuesta por la justicia ordinaria. Ahora bien, la aplicación de los tratamientos penales especiales diferenciados previstos en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en la Ley 1820 de 2016 que conducirá en su momento el envío del proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz, implica reconocer que tal normatividad se ubica en el marco de la "justicia transicional" que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, ha sido admitida por la comunidad internacional, dado que tiene como supremo objetivo el restablecimiento de la paz interna, pero siempre y cuando se garantice que "las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de las mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban algún tipo de sanción"