Los elementos sobre los cuales se estructura la responsabilidad fiscal se desarrollan según el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 esto es, la existencia de: a) un daño patrimonial al Estado; b) una conducta dolosa o culposa atribuible a la persona que realiza la gestión fiscal, y c) un nexo causal entre el daño y la conducta. El daño constituye el presupuesto central de la responsabilidad fiscal, sin su existencia no es posible configurar la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares en el manejo de fondos o bienes públicos, cuando con su conducta activa u omisiva se advierte un daño al patrimonio del Estado, y solo después de estructurado este, es posible el análisis de los demás elementos que configuran la responsabilidad fiscal. Por daño se entiende la lesión al patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal, antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías, el cual puede ocasionarse por la acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado

Incurre en nulidad el fallo que declaró fiscalmente responsable a la demandante por omitir el cumplimiento de sus funciones como directora de presupuesto de una entidad territorial, bajo el supuesto de permitir la inversión de los recursos de tesorería provenientes de los excedentes de liquidez de regalías en un patrimonio autónomo cuyo fideicomitente era un particular, cuando no se comprobó que aquella haya autorizado o suscrito el respectivo negocio. El Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión por medio de la cual la Contraloría sancionó a la exdirectora de Presupuesto del Meta. A la exfuncionaria se le había impuesto un fallo con responsabilidad fiscal por más de 15.000 millones de pesos. La Sala accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Concluyó que, si bien está probado que las competencias de la funcionaria frente a la administración del presupuesto departamental constituyen el ejercicio de una gestión fiscal, ello que no quiere decir que de sus actuaciones surgieran las autorizaciones necesarias para la inversión de los recursos, que fue la causa del detrimento patrimonial. Dado que no está demostrada acción u omisión dolosa o gravemente culposa en la que haya tenido parte la exfuncionaria frente a la producción del detrimento patrimonial, la alta corte dejó sin efectos la sanción y le impuso a la Contraloría el deber de pagarle a la parte demandante 30 salarios mínimos legales vigentes, como reparación al perjuicio moral que le ocasionó con su decisión

Los vacíos normativos en el procedimiento para determinar responsabilidad fiscal no pueden llenarse con conceptos ni normas del medio de control de repetición. Los vacíos que se presenten en el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal - regulado en la Ley 1474 - deben ser llenados con la aplicación de la Ley 610 de 2000. En igual sentido, la Ley 610 de 2000 también prevé la remisión a otras fuentes normativas en el artículo 66. De manera que el artículo 66 de la Ley 610 de 2000 prevé que el CPACA - es la primera normatividad de remisión para llenar los vacíos de los procedimientos ordinario y verbal de responsabilidad fiscal - en este último procedimiento, en caso de que la Ley 610 de 2000 no plantee una solución al vacío que eventualmente se presente en la aplicación de la Ley 1474 de 2011, puesto de acuerdo con el artículo 105 de esta última ley, en los aspectos no previstos se aplicará la Ley 610 de 2000. Para la Sala, atendiendo el hecho consistente en que los procedimientos ordinario y verbal de responsabilidad fiscal, es claro que las normas del procedimiento administrativo general regulado en el CPACA serán, entonces, las que servirán para llenar los vacíos que presenten las normas especiales - La Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011 -, en tanto son aquellas las que son compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal no resulta viable el traslado de conceptos ni de instituciones propias del medio de control de repetición a la responsabilidad fiscal, en tanto que la Ley 1474 de 2011 no estableció situaciones constitutivas de dolo y culpa grave en materia de prestación de servicios públicos

Se dejó en firme el fallo de responsabilidad fiscal que la Contraloría le atribuyó a la extesorera de la Universidad Surcolombiana (Usco) de Neiva (Huila), por no actuar con la suficiente diligencia para evitar que al menos 160 millones de pesos recibidos por la entidad por concepto de matrículas y otros derechos académicos entre 1997 y 1999 fueran extraídos de las arcas de esa institución. El Consejo de Estado ratificó el fallo del Tribunal, que declaró legal la actuación de la Contraloría al considera que la decisión no podía ser invalidada por el hecho de que la C. Constitucional hubiera declarado inconstitucional la norma que permitía establecer responsabilidad fiscal por culpa leve, como en el caso de la extesorera. Según la alta corte, la inconstitucionalidad de la norma fue posterior al juicio fiscal contra la exservidora y, adicionalmente, la jurisprudencia contencioso administrativa indica que el principio de favorabilidad, que permite que, ante el cambio de reglas para adelantar un proceso sancionatorio, se aplique la más favorable al procesado, no puede tener cabida en el caso de los juicios de responsabilidad fiscal. Además, el hecho de que la Fiscalía haya determinado que la demandante no tiene responsabilidad penal por estos hechos en nada incide en las conclusiones de la Contraloría, que la sancionó por omitir cumplir con todos los deberes asignados a su cargo, como el de la vigilancia y control a los fondos captados por pago de matrículas y otros derechos académicos

La Sección Primera explicó que no solo son sujetos de responsabilidad fiscal los servidores públicos y los particulares que de manera directa administren o manejen recursos o fondos públicos, sino también quienes encontrándose bajo esa misma circunstancia por su acción u omisión hayan incidido de manera determinante en causar un daño patrimonial. Al momento de establecer esta responsabilidad lo que importará será determinar si las funciones y obligaciones derivadas de su relación laboral o contractual son constitutivas o no de gestión fiscal, indistintamente de la clase de vinculación que estos tuvieren, "habida cuenta que su labor no se agota con la ejecución de unas labores o actividades específicas a su cargo, sino en el cumplimiento de los cometidos y los fines esenciales del Estado que habilita su colaboración en la función administrativa". El particular es titular de funciones públicas, correlativamente asume las consiguientes responsabilidades públicas, con todas las consecuencias que ello conlleva, en los aspectos civiles y penales, e incluso disciplinarios, según lo disponga el legislador

Se negaron las pretensiones de una demanda donde se pretendía dejar sin efectos una sanción fiscal que la Contraloría les impuso a unos exservidores distritales. Durante la gestión de Abel Rodríguez al frente de la Secretaría de Educación, el organismo adquirió un predio por 1.491'043.208 de pesos, pese a que el vendedor lo había comprado cinco meses atrás por solo 180 millones de pesos. Este proceso dio origen a un juicio de responsabilidad fiscal que terminó con una sanción contra el exfuncionario. Alegando que no se habían cumplido los presupuestos para declarar su responsabilidad, entre otros argumentos, el sancionado interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la decisión. El Consejo de Estado confirmo la decisión, al considerar que el demandante no expuso argumentos que condujeran a concluir que las apreciaciones sobre las que se edificó el fallo de la Contraloría no correspondían a la realidad. La corporación agregó que el accionante no se refirió a los elementos de prueba allegados al proceso, ni esgrimió ningún elemento que desvirtuara lo allí acreditado. Estas certezas conducen a concluir que la responsabilidad fiscal fue demostrada sin que se hiciera evidente ningún factor eximente de la misma

No se puede pasar por alto, que a pesar de que la declaración de responsabilidad fiscal tiene carácter resarcitorio mas no sancionatorio, lo cierto es que en toda actuación administrativa las autoridades, en este caso el ente de control departamental, estaba sometido al respeto por el principio de legalidad. Se equivocó la Contraloría General del Caquetá al haber fincado el fallo con responsabilidad fiscal en contra del ex alcalde del municipio de Albania, con fundamento en la violación de las normas del Decreto 126 de 1996 siendo que este acto administrativo tiene aplicación restringida para las entidades del orden nacional y no para las del nivel territorial como en este caso aconteció

La responsabilidad fiscal tiene como requisito sine qua non, el ejercicio de una conducta que causó un daño al patrimonio Estatal producto de la gestión fiscal, que como se ha advertido, para que le pueda ser imputada a un particular, debe tener bajo su órbita de desempeño, la administración o manejo sobre los recursos públicos que le hayan sido entregados, de lo contrario no procede

¿Se exime de responsabilidad fiscal al actor por el hecho de no haber suscrito el contrato materia de investigación fiscal? El tema no se limitaba simplemente a decir que como el actor no había adjudicado el medicamento y no había suscrito el contrato, el daño fiscal no se había presentado por lo que quedaba desvirtuada su responsabilidad fiscal. Considera la Sala que el anterior es un ligero juicio de valor, por cuanto no tuvo presente el Tribunal de primera instancia que se estaba frente a un proceso contractual en el que, a pesar de que el actor no fue quien suscribió como tal el contrato cuestionado, su aporte en el proceso pre contractual fue decisivo para el perfeccionamiento del mismo

¿A partir de que momento empieza a correr el término de prescripción, en un proceso de responsabilidad fiscal que se inició en vigencia de la Ley 42 de 1993, pero cuya decisión definitiva se produjo en vigencia de la Ley 610 de 2000? - Deberá tenerse en cuenta la fecha del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, independientemente de que ésta sea anterior a la Ley 610 de 2000, porque es desde ahí en que, de acuerdo con la norma, se empieza a contabilizar el término de cinco (5) años dentro del cual debe proferirse la providencia en firme que declare la responsabilidad fiscal, so pena de que opere la prescripción de ésta. Por otro lado, la aplicación de la Ley 610 de 2000 a situaciones jurídicas en curso no implica el efecto retroactivo de la norma, sino el reconocimiento de su efecto general inmediato, el cual supone la proyección de las disposiciones de dicha ley a actuaciones iniciadas con anterioridad a su vigencia

Proceso de responsabilidad fiscal. El fallo que reconozca la responsabilidad fiscal solo puede proferirse cuando en el proceso obren las pruebas suficientes que conduzcan a la existencia del daño al patrimonio público y su cuantificación, y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente (dolo o culpa grave) y el daño ocasionado al erario. Se declara la nulidad de las resoluciones de la Contraloría General de la República por las cuales se declaró responsable fiscalmente al Gerente de la Caja Promotora de Vivienda Militar, porque no se demostró la existencia de un daño patrimonial. Si bien una inversión en una entidad financiera puede generar un riesgo, este no es indemnizable, por carecer del requisito de certeza sobre la producción o no de un daño . Debe estar demostrada la existencia del daño o tenerse la certeza de que habrá de producirse. Responsabilidad fiscal. Es independiente y autónoma de las responsabilidades penal o disciplinaria

Es función pública exclusiva y excluyente de la Contraloría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación. La regulación de los procedimientos, sistemas y principios del control fiscal, que comporta la determinación de la responsabilidad patrimonial de quienes ejercen gestión, es de reserva legal. Es por ello que ni en la Constitución Política de 1991, ni en la Ley 42 de 1993, se faculta expresamente a las Entidades Territoriales para reglamentar por vía administrativa el ejercicio del control fiscal, ni mucho menos el régimen de responsabilidad fiscal, sin perjuicio de las atribuciones que se les confieren para organizar sus contralorías desde el punto de vista administrativo y presupuestal

El objeto de la responsabilidad fiscal consiste en que las personas encargadas de la recaudación, manejo o inversión de dineros públicos o de la custodia o administración de bienes del Estado, que por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, asuman una conducta que no está acorde con la ley - o cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas por aquélla-, deberán reintegrar al patrimonio público los valores correspondientes a todas las pérdidas, mermas o deterioros que como consecuencia se hayan producido. Las Contralorías pueden levantar, en cualquier momento, el fenecimiento de las cuentas, siempre que aparezcan pruebas sobre operaciones fraudulentas o irregulares y, si es el del caso, abrir el respectivo juicio fiscal, pues éste no tiene un término de caducidad. En cuanto al derecho al debido proceso, se reitera que la norma prevé el nombramiento de defensor de oficio en la etapa del juicio únicamente cuando no se haya podido notificar personalmente al interesado

El juicio de responsabilidad fiscal no es equiparable a la acción de reparación directa, y en consecuencia, no caduca a los dos años como se piensa en principio, pues el objeto y las personas sobre las que recae la responsabilidad son distintas. Se afirma que el juicio de responsabilidad fiscal no tiene un término de caducidad, ya que si se produce el levantamiento del fenecimiento de la cuenta, por encontrarse pruebas de operaciones irregulares relacionadas con ella o por aparecer nuevos elementos de juicio que desvirtúen que las actuaciones de los responsables del erario se ciñeron a los principios establecidos en la ley, la consecuencia lógica es que se inicie el respectivo juicio de responsabilidad fiscal, el cual concluirá con fallo con o sin responsabilidad fiscal

El Artículo 38 C.C.A. no es aplicable en cuanto a la caducidad de la acción fiscal, pues el fallo de responsabilidad fiscal no constituye una sanción de acuerdo a lo estipulado por el artículo 99 de la Ley 42 de 1993. Es por lo anterior, y de acuerdo al artículo 17 de la citada ley, que se afirma que dicho juicio de responsabilidad fiscal puede ser iniciado en cualquier momento, pues su ejercicio no está limitado en el tiempo. Esta tesis es la que se acepta, pues es la que corresponde a la naturaleza y el objeto de la función fiscal, y al principio constitucional que consagra la prevalencia del interés general. Es por esta razón, que se afirma que si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal.