¿La prescripción de las acciones que se derivan de contratos de seguros - Art. 1081 C.Co. - es independiente o autónoma de la caducidad de la acción de responsabilidad fiscal prevista en el artículo 9o. de la Ley 610 de 2000, y por ende si es aplicable o no en caso de vinculación del garante como civilmente responsable en un proceso de responsabilidad fiscal, según el artículo 44 de la Ley 610 de 2000? El término de esa prescripción es distinto al término de vigencia de la póliza, que el siniestro debe ocurrir dentro de dicha vigencia para que nazca la obligación del garante o asegurador, y que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros empieza a correr desde cuando acontezca el siniestro o de que el beneficiario o la autoridad competente, como en este caso lo es la Contraloría General de la República, tenga conocimiento de su ocurrencia. Una es la acción de responsabilidad fiscal, que tiene como objeto los alcances fiscales o detrimentos patrimoniales que puedan surgir de la gestión fiscal, y otra es la acción derivada de un contrato de seguros, cuyo objeto es hacer efectivo el amparo dado mediante el mismo

El objeto de la responsabilidad fiscal consiste en que las personas encargadas de la recaudación, manejo o inversión de dineros públicos o de la custodia o administración de bienes del Estado, que por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, asuman una conducta que no está acorde con la ley - o cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas por aquélla-, deberán reintegrar al patrimonio público los valores correspondientes a todas las pérdidas, mermas o deterioros que como consecuencia se hayan producido. Las Contralorías pueden levantar, en cualquier momento, el fenecimiento de las cuentas, siempre que aparezcan pruebas sobre operaciones fraudulentas o irregulares y, si es el del caso, abrir el respectivo juicio fiscal, pues éste no tiene un término de caducidad. En cuanto al derecho al debido proceso, se reitera que la norma prevé el nombramiento de defensor de oficio en la etapa del juicio únicamente cuando no se haya podido notificar personalmente al interesado

El juicio de responsabilidad fiscal no es equiparable a la acción de reparación directa, y en consecuencia, no caduca a los dos años como se piensa en principio, pues el objeto y las personas sobre las que recae la responsabilidad son distintas. Se afirma que el juicio de responsabilidad fiscal no tiene un término de caducidad, ya que si se produce el levantamiento del fenecimiento de la cuenta, por encontrarse pruebas de operaciones irregulares relacionadas con ella o por aparecer nuevos elementos de juicio que desvirtúen que las actuaciones de los responsables del erario se ciñeron a los principios establecidos en la ley, la consecuencia lógica es que se inicie el respectivo juicio de responsabilidad fiscal, el cual concluirá con fallo con o sin responsabilidad fiscal

El Artículo 38 C.C.A. no es aplicable en cuanto a la caducidad de la acción fiscal, pues el fallo de responsabilidad fiscal no constituye una sanción de acuerdo a lo estipulado por el artículo 99 de la Ley 42 de 1993. Es por lo anterior, y de acuerdo al artículo 17 de la citada ley, que se afirma que dicho juicio de responsabilidad fiscal puede ser iniciado en cualquier momento, pues su ejercicio no está limitado en el tiempo. Esta tesis es la que se acepta, pues es la que corresponde a la naturaleza y el objeto de la función fiscal, y al principio constitucional que consagra la prevalencia del interés general. Es por esta razón, que se afirma que si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal.