Los elementos del tipo objetivo del delito de concusión son: (I) Sujeto activo: servidor público, conforme al artículo 123 de la Constitución, puede ser trabajador del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; (ii) Sujeto pasivo: el Estado; (iii) Verbo rector: Constreñir, inducir o solicitar. El 1º significa obligar o hacer presión sobre alguien con una finalidad determinada. El 2º, persuadir, convencer, llevar a alguien a la idea de algo. El 3º, que es solicitar, hace referencia a una petición expresa; (iv) Objeto jurídico y antijuridicidad material: la administración pública, concretamente su componente instituto funcional; (v) Objeto material: la persona a quien se le hace la exigencia o a quien se induce a la entrega; (vi) Ingrediente normativo: entrega o promesa de dinero, o cualquier otra utilidad; (vii) Otros ingredientes normativos que son comunes con otros tipos. Frente a la primera posibilidad, podría haber un concurso aparente con el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, con el principio de subsidiariedad, pues este punible refiere expresamente "fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles". En cuanto a lo segundo, los ingredientes "abuso del cargo o las funciones" hacen que el delito de concusión sea diferente a figuras delictivas como, por ejemplo, la extorsión. En el derecho disciplinario, por razón de lo ordenado en el numeral 1 artículo 48 Ley 734 de 2002, estos requisitos tendrán que observarse cuando sea necesario imputar el delito de concusión, situación en la cual el abuso del cargo o de las funciones tienen una amplitud todavía mayor

Se mantiene sanción contra policía que fue destituido por ingerir bebidas alcohólicas en servicio. En 2014 la Inspección General de la Policía ratificó la sanción disciplinaria que se le impuso al exuniformado, luego de que varios testimonios condujeran a concluir que, estando en servicio, ingirió bebidas embriagantes en un establecimiento comercial de Pisba (Boyacá) y en la misma estación de Policía de ese municipio. El exuniformado presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Casanare, buscando su reintegro y el pago de los dineros que dejó de percibir. La alta corte negó las pretensiones, al concluir que el proceso disciplinario que se adelantó fue respetuoso del derecho al debido proceso. Frente a la supuesta vulneración que sufrió el procesado por no haber sido sometido a una prueba de alcoholemia que demostrara científicamente que ingirió bebidas alcohólicas, el Consejo de Estado señaló que la violación a esta prohibición también puede ser probada a través de testimonios y otros elementos que deben ser examinados de manera integral. Como en este caso, cuando se conoció de la conducta no era viable confirmarla o descartarla mediante la prueba de alcoholemia, fue necesario acudir a pruebas testimoniales que, examinadas en conjunto, pusieron en evidencia la ocurrencia de la falta

La no elaboración de los estudios previos como conducta constitutiva de falta disciplinaria gravísima. La elaboración de los estudios previos sí hace parte de la fase precontractual, en la cual se encuentran, por un lado, aquellas actividades preparatorias y de planificación, y, por el otro, los trámites de selección del contratista. La expresión "etapa precontractual", referida en la legislación disciplinaria, no así en las normas contractuales, quiso recoger todas las irregularidades que eventualmente se presenten antes de la firma del contrato, siempre y cuando se concrete la regla que desconozca alguno de los principios de la contratación estatal. La obligación de la elaboración de los estudios, que se constituye en una regla que desarrolla tanto el principio de economía como el responsabilidad, hacen parte de lo que la Ley 734 de 2002 numeral 31 del artículo 48, denominó etapa precontractual, pues no se hizo ninguna excepción, clasificación o precisión para entender que en aquella expresión quedaban excluidas algunas actividades o deberes que deben cumplirse antes de la apertura formal del proceso contractual; y la ilustración de la jurisprudencia ratifica que en dicha etapa se comprenden todas las reglas que desarrollan los principios de economía y planeación, lo cual involucra el deber de que se realicen los respectivos estudios previos

Se negaron las pretensiones de la demanda que interpuso el exsubdirector general jurídico del IDÚ Inocencio Meléndez Julio contra la destitución e inhabilidad de 17 años que le impuso la Procuraduría General de la Nación en el 2011, por irregularidades en el desarrollo del proyecto de la fase III de Transmilenio. Para la Sala, la actuación de la Procuraduría se ajustó a los procedimientos legales, porque con la anuencia del exfuncionario se eliminaron requisitos de los anticipos para el desarrollo de la obra, con el fin de facilitar el acceso del contratista a estos dineros. Según el expediente, el contratista había incumplido con algunas exigencias, como la de programar la obra y metas de obra física y la de disponer de información sobre evaluación y revisión de estudios y diseños suministrados por el IDU. Sin embargo, con la intervención del investigado, tales previsiones fueron suprimidas, lo cual, dificultó el control y vigilancia del interventor del contrato sobre el anticipo. También sin justificación se omitió el deber de convocar una licitación pública, y el demandante aprobó jurídicamente lo que posteriormente se convirtió en la adición a cuatro contratos de obra y cinco proyectos de valorización por más de 70.000 millones de pesos, que eran independientes entre sí y no eran indispensables para la adecuación de la carrera 10 y la calle 26 al sistema Transmilenio

Con ocasión de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las AUC, el director de la DIPOL emitió la Orden de Servicio a través de la cual dispuso el fortalecimiento de la acción institucional en la zona de Santa Fe de Ralito. En esta labor se obtuvieron las grabaciones de varias llamadas telefónicas que se realizaron en la zona y en la cárcel de Itagüí, en las que figuraban como interlocutores miembros de las AUC, funcionarios del Gobierno y otras personalidades. Parte de la información que era recolectada de esa forma fue filtrada desde la DIPOL y cayó en manos de periodistas de una revista quienes la publicaron. La PGN inició un procedimiento disciplinario que derivó en la imposición de una sanción en contra del citado funcionario por haber incurrido en las faltas gravísimas tipificadas en el CDU y el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional. Si bien, la entidad demandada logró acreditar que mientras el (demandante) fue director de la DIPOL, se presentaron falencias respecto de la seguridad en las instalaciones y el manejo de la información de las cuales él tenía conocimiento, no se demostró que por su conducta activa u omisiva se hubiera permitido el acceso a personas no autorizadas a la información contenida en los equipos estatales de informática, de acuerdo con la falta gravísima por la que fue sancionado. Por lo tanto, si no se logró demostrar la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta del disciplinado y el resultado que allí se exige, esto es, el acceso de personas no autorizadas a los equipos estatales de informática, la conducta sería atípica respecto de dicha falta. Los actos administrativos demandados fueron expedidos con falsa motivación y se declarará su nulidad parcial respecto del segundo cargo por el que fue sancionado

Constituye falta gravísima consumir en lugares públicos sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica siempre que esa conducta afecte la función pública. La conducta reprochable se dio con ocasión del cargo del demandante en un evento de la Contraloría y constituye una infracción sustancial a sus deberes funcionales, porque vulneró la dignidad humana, afectó fines esenciales del Estado y desconoció los Tratados Internacionales que obligan a las autoridades a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer. En el ordinal 6 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 prohíbe a todo servidor público ejecutar actos de violencia en contra de sus superiores, subalternos, compañeros de trabajo y demás servidores públicos o dirigir en su contra injurias o calumnias. La actuación desplegada por el demandante sí se subsumió en los tipos disciplinarios que se desprenden del incumplimiento del deber impuesto en el ordinal 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y de la prohibición consagrada en el ordinal 6 del artículo 35 de la misma ley, toda vez que se probó que ejecutó actos de violencia y manifestó expresiones injuriosas en contra de una compañera, quien tenía la condición de servidora de la misma entidad

Proceso disciplinario, ejecución de contratos sin póliza de garantía. El cargo atribuido al actor en el proceso disciplinario fue la omisión en la aprobación de garantías, sin que se presentara variación en la segunda instancia, coexistiendo unidad objetiva de análisis entre las instancias procesales sobre un mismo cargo, pues si en determinado caso la segunda instancia realizó un examen más amplio sobre la omisión en la aprobación de pólizas respecto de los contratos, ello no significa variación o cambios sustantivos en la formulación inicial del cargo, menos vulneración a las garantías procesales, en especial al debido proceso y derecho de defensa. Para la Sala los actos acusados se tramitaron con absoluto respeto de las garantías constitucionales y legales que lo gobiernan, la demandada le brindó oportunidad de presentar descargos, controvertir las aportadas, se escuchó en versión libre y espontánea, conoció de las decisiones proferidas al interior del proceso, indagó lo favorable y lo desfavorable, sin que lograra desvirtuar su responsabilidad en los hechos materia de investigación

En materia disciplinaria, el proceso de subsunción típica de la conducta del procesado tiene ciertas especificidades que le diferencian del proceso de subsunción típica que realizan los jueces penales. en virtud de la admisibilidad del uso, en el ámbito disciplinario, de tipos abiertos y conceptos jurídicos indeterminados, el fallador disciplinario cuenta con un margen más amplio para realizar el proceso de subsunción típica - margen que se activa, se infiere necesariamente, cuando se está ante un tipo abierto o un concepto indeterminado, y que consiste esencialmente en que la autoridad disciplinaria puede -y debe- acudir a una interpretación sistemática de las normas invocadas para efectos de realizar la adecuación típica. Al momento de la formulación de los cargos en su condición de patrullero de la Policía Nacional, la Oficina Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá consideró que del material probatorio obrante dentro del expediente, era dable imputarle la falta gravísima contenida en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006

Medidas cautelares sobre actos definitivos sancionatorios expedido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación declaró responsable disciplinariamente al demandante y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años, por la comisión de las faltas gravísimas contenidas en los numerales 31, 60, y 37 del artículo 48 del Código Disciplinario Único. Competencia por delegación de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, para expedir los actos administrativos sancionatorios que destituyeron a un alcalde, tratándose de un asunto de "infracción manifiesta" de la Constitución y la ley. Del análisis y confrontación de las normas que se invocan y que han sido citadas en esta providencia, se tiene que en el acto sancionatorio la imputación se hizo a título de dolo bajo consideraciones, que a juicio de este Despacho no constituyen una motivación que de manera razonable y con suficiencia argumentativa y probatoria, permita atribuir sin dubitación alguna que la falta disciplinaria es imputable a título de dolo

¿Qué trámite debe seguir el Operador Disciplinario cuando los cargos imputados indican que unos por ser falta grave se adelantan por el proceso ordinario y otros por ser falta gravísima por el verbal? Ante la existencia de una falta gravísima, el procedimiento verbal atrae por su especialidad el trámite ordinario, habida cuenta que las faltas gravísimas escogidas por el legislador para ser resueltas por un proceso celero y ágil, tienen el común denominador del ejercicio claro y transparente de la función pública y, por ende, poseen un gran impacto social en el colectivo exigiendo del servidor público un mayor cuidado y probidad en su ejercicio y del ente investigador una decisión oportuna. Así, cuando haya diversidad de procedimientos el aplicable es el especial por fuero de atracción

Destitución mediante proceso disciplinario. Inexistencia de irregularidades. Falta gravísima; las conductas descritas en el artículo 25 de la Ley 200 de 1995 no son taxativas sino enunciativas