¿En casos de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y ante la dificultad de las víctimas para recaudar las pruebas de estas violaciones, qué criterio de valoración probatoria debe adoptar el juez? La Sala recalca el criterio de flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, fundamentado en que en la mayoría de casos los sucesos ocurren en zonas alejadas de los centros urbanos y en contextos de impunidad, de modo que las víctimas usualmente luchan contra la dificultad o imposibilidad fáctica de acreditar las afrentas a sus derechos y libertades, sobre todo si no hubo una investigación adecuada por parte de las autoridades competentes. Es por eso que el juez administrativo debe acudir a criterios flexibles y privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia para reconstruir la verdad histórica de los hechos, garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y la igualdad de armas en el proceso. Esta postura es acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, relativa a que el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba en estos eventos. La defensa del Estado en casos de violaciones a Derechos Humanos no puede cimentarse en la imposibilidad de que el demandante obtenga y-o allegue pruebas, como ocurre en los procesos penales surtidos en el derecho interno, ya que el Estado tiene el control de los medios de convicción para contradecir, desvirtuar o aclarar las situaciones fácticas aducidas por los actores. Abona este criterio el artículo 175 del CPC, que indica que sirven como prueba "cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez". Vale decir, que no existe una tarifa legal en relación con las pruebas y el juez podrá acudir a los medios de convicción pertinentes y conducentes para establecer los hechos de relevancia jurídica del proceso

¿En qué consiste dejar indemne a la víctima en los casos de responsabilidad del estado por falla en la posición de garante de las fuerzas militares? - La Sala, incorporando lo dicho por la CIDH establece que la reparación integral tiene que ver, de un lado, con lograr que las victimas puedan mejorar la situación en la que las sumergió el daño, superar el miedo, la zozobra y la desesperanza así como recuperar su dignidad y autoestima de modo que les sea factible ejercer a cabalidad sus derechos y, de otro, con mostrar que el Estado se encuentra atento al restablecimiento de la confianza institucional resquebrajada frente a las víctimas directas e indirectas y la comunidad política que no entendería que causado el daño y habiéndole sido atribuido a su autoridades no se tenga que indemnizar plenamente

Naturaleza patrimonial de la responsabilidad del Estado. Dimensión del principio de reparación integral. Prevalencia en el ordenamiento interno de los derechos humanos. Causales de exoneración en falla del servicio. Alcance de los derechos a fundamentales a la honra y al buen nombre.

Improcedencia de citar al demandante como testigo. Alcance y valor probatorio de la sentencia penal condenatoria. Una sentencia penal no configura cosa juzgada frente a la responsabilidad extracontractual. Falla en el servicio por violación de los derechos humanos en la detención. Presunción judicial respecto del perjuicio moral por parentesco. Principio de reparación integral.

¿Qué suscede cuando existe un fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, adicionalmente, las partes se encuentran adelantando procesos judiciales - con la posibilidad de celebrar conciliaciones judiciales-, o conciliaciones prejudiciales en el derecho interno? ¿Procede la conciliación respecto de la violación de derechos humanos? Corte Interamericana de Derechos Humanos - Condena internacional por violación a derechos humanos. Derechos humanos - Violación. Indemnización de perjuicios.