¿Existe responsabilidad patrimonial del Estado por omisión de las obligaciones legales de protección en caso de desastres naturales? No queda duda de la alteración al orden público que vivió el sector céntrico de la ciudad de Armenia el día 29 de enero de 1999, y de la destrucción y saqueo de la que fue víctima la sociedad "Bodegas del Quindío Ltda." por parte de los vándalos que arribaron a la ciudad de Armenia poco después del sismo del 25 de enero de 1999. Con el saqueo de las mercancías y elementos de trabajo se configuró una afectación y destrucción de los bienes muebles del establecimiento de comercio de la sociedad "Bodegas del Quindío Ltda.", representando una carga no soportable para los socios, derivando así un desmedro económico para éstos, generando además una afectación al desarrollo de una actividad económica que se constituía en empresa, la cual constitucionalmente encuentra especial protección dado que se consagra como la base del desarrollo

¿Qué valor probatorio puede dársele a un recorte de prensa? - Las informaciones de prensa no pueden ser valoradas probatoriamente para dar fe de los hechos, pero si exigen del juez no apartarse de la realizad o contexto que estas reflejan, más aún cuando estas permiten evidenciar un hecho notorio. Los artículos de prensa pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial. No puede considerarse a la información de prensa con la entidad de la prueba testimonial, sino con el valor que puede tener la prueba documental, no puede reputarse su inconducencia, o su inutilidad, y de esta manera la información periodística sólo en el evento de que existan otras pruebas puede tomarse como un indicio simplemente contingente y no necesario - Deber de responsabilidad especial y vigilancia- Responsabilidad del Estado

Se declara administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF -, de los perjuicios ocasionados por el estado de desnutrición de un menor a quien se retiró de su núcleo familiar y retornarlo en peores condiciones falleciendo posteriormente. Se ordena pagar perjuicios morales y se decretan medidas de justicia restaurativa. El daño antijurídico se encuentra acreditado. El daño antijurídico causado al menor durante la ejecución de la medida de protección es imputable al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar incurrió en una falla del servicio, porque no mejoró de manera alguna la condición del menor durante el tiempo de desarraigo de su núcleo familiar quien murió mientras se encontraba en su hogar biológico. La entidad demandada transgredió la dimensión objetiva de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad del menor que se encontraba bajo el cuidado de la entidad demandada. Con fundamento en el principio de reparación integral se decretan medidas de justicia restaurativa y garantías de no repetición

Acción de reparación directa. Segunda instancia. Inepta demanda. Excepción de inepta demanda. Improcedencia. Requisito formal y no sustancial de la demanda. Responsabilidad extracontractual del estado. Falla del servicio. Transgresión de las obligaciones que tiene a cargo el Estado. Régimen de responsabilidad subjetivo. Daño. Acreditación. Nexo de causalidad. Hecho y daño

Responsabilidad extracontractual del estado. Ingreso de menor al servicio de protección sin el lleno de los requisitos legales. Sustracción irregular de menor de su entorno familiar. Falla en el servicio. Abuso sexual de menores en hogar sustituto al servicio del ICBF. Indemnización de perjuicios. Procedencia

Representación judicial de la Nación. Valor probatorio de la información de prensa. Omisión de deber y cuidado respecto de la vida de un funcionario. Por los múltiples actos de violencia política que se presentaban en la región y contra el movimiento político al que pertenecía, hacía que la administración se encontrara en posición de garante frente a él.

Responsabilidad patrimonial del Estado por la omisión de la Fiscalía General de la Nación en el deber de protección de víctimas y testigos. En el presente proceso está configurada la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la falla del servicio en la cual incurrió, en tanto que su proceder omisivo resultó determinante en la producción del daño cuya indemnización se reclama.

¿Debe aprobarse o improbarse el acuerdo conciliatorio de carácter judicial, dentro de un proceso de reparación directa ejercido por falla en la prestación del servicio de protección a personas? Se encuentra plenamente probada la inejecución de la obligación de hacer, consistente en prestar seguridad y protección al diputado, sin importar, que para la prestación del servicio no existiera un horario establecido. Responsabilidad del estado de manera exclusiva.

Elementos para la configuración de la falla en el servicio de protección. Conocimiento de las amenazas por parte de las autoridades. Posición de garante en la falla del servicio de protección. La falla en el servicio de protección es diferente de la falla del servicio relativa. La administración pública tenía conocimiento de la situación y no adoptó las medidas necesarias para proteger la vida del ciudadano. La relatividad de la falla, en estos eventos, se relaciona con la imposibilidad de exigir de manera absoluta a la organización estatal, prevenir cualquier tipo de daño o resultado antijurídico, como quiera que el Estado no se encuentra en capacidad de brindar una protección personalizada a cada individuo que integra el conglomerado social.

Si bien el Estado Colombiano tiene el deber constitucional de proteger la vida de todas las personas residentes en el territorio nacional, dicha obligación cobra mayor fuerza cuando ciertas personas, bien por su condición política, ideológica, económica, religiosa o de cualquier otra índole, ven amenazada su integridad personal, como ocurrió en el presente caso particular con la muerte del dirigente político asesinado, crimen que pudo evitarse puesto que el Gobierno Nacional sabía de las amenazas de muerte que se cernían en su contra. Responsabilidad extracontractual del Estado. Proceso de reparación directa - Falla del servicio por muerte de dirigente político. Partido comunista colombiano - Asesinato de dirigentes